TEMA 34

En los contratos que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, los criterios relacionados con la calidad deberán representar, al menos: El 40% de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas. El 50% de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas. El 51% de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas. El 60% de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas.

En relación a la ejecución de los contratos, es cierto que: Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración deberá resolver el contrato. La constitución en mora del contratista precisará intimación previa por parte de la Administración. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Los contratistas que tengan derecho de cobro frente a la Administración, no podrán ceder el mismo.

No se consideran contratos de suministros: Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades del adquirente. Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas, y la cesión del derecho de uso de estos últimos. Los de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida. Los de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empresario deban ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la entidad contratante, aun cuando esta se obligue a aportar, total o parcialmente, los materiales precisos.

En relación a las consultas preliminares del mercado para la preparación del contrato, es cierto que: De las consultas realizadas se ha de intentar obtener un objeto contractual tan concreto y delimitado que únicamente se ajuste a las características técnicas de uno de los consultados. Las consultas realizadas podrán comportar ventajas respecto de la adjudicación del contrato para las empresas participantes en aquellas. Durante el proceso de consultas, el órgano de contratación podrá revelar a los participantes en el mismo las soluciones propuestas por los otros participantes. Con carácter general, el órgano de contratación al elaborar los pliegos deberá tener en cuenta los resultados de las consultas realizadas.

La clasificación de las empresas tendrá una vigencia de: Dos años. Tres años. Cinco años. Indefinida, en tanto se mantengan por el empresario las condiciones y circunstancias en que se basó su concesión.

Señalar la opción incorrecta. Solo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas: Que tengan plena capacidad de obrar. Que no estén incursas en una prohibición de contratar. Que tengan la nacionalidad española. Que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional o se encuentren debidamente clasificadas.

No será exigible la clasificación en los contratos de servicios a partir de un valor estimado inferior a: 100.000 euros. 60. 000 euros. 200.000 euros. Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario.

Por cuál de las siguientes razones, en virtud del artículo 39.2 de la Ley 9/2017, los contratos celebrados por poderes adjudicadores serán nulos de pleno derecho: Los encargos que acuerden los poderes adjudicadores para la ejecución directa de prestaciones a través de medios propios, cuando no observen alguno de los requisitos establecidos relativos a la condición de medio propio. El incumplimiento de las circunstancias y requisitos exigidos para la modificación de los contratos. Todas aquellas disposiciones, resoluciones, cláusulas o actos emanados de cualquier poder adjudicador que otorguen, de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier Administración. El incumplimiento de las normas establecidas para la adjudicación de los contratos basados en un acuerdo marco celebrado con varios empresarios o de los contratos específicos basados en un sistema dinámico de adquisición en el que estuviesen admitidos varios empresarios, siempre que dicho incumplimiento hubiera determinado la adjudicación del contrato de que se trate a otro licitador.

En qué tipo de contratos se ha de justificar adecuadamente en el expediente el informe de insuficiencia de medios: En los contratos de servicios. En los contratos de suministros. En los contratos de concesión de obras. En los contratos de obras.

En el procedimiento abierto, la apertura de las proposiciones por parte del órgano competente para su valoración deberá efectuarse en el plazo máximo, contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas, de: 10 días. 15 días. 20 días. 1 mes.

En un contrato de concesión de obras, cuando no esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, el concesionario vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera incurrido como consecuencia de la explotación de las obras que sean objeto de la concesión, se considerará que el mismo asume un riesgo: Operacional. Virtual. General. Provisional.

En relación a las prerrogativas de la Administración Pública en los contratos administrativos, es cierto que: Las facultades de inspección implican un derecho general del órgano de contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades. Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas no es obligatoria la audiencia al contratista. El contratista tiene derecho a declarar la responsabilidad imputable al órgano de contratación a raíz de la ejecución del contrato.

En cuál de los siguientes casos se considerará que la oferta presentada en una licitación es inaceptable: Cuando se haya recibido fuera de plazo. Cuando muestre indicios de colusión o corrupción. Cuando haya sido considerada anormalmente baja por el órgano de contratación. Cuando haya sido presentada por licitador que no posea la cualificación requerida.

No podrán ser objeto de los contratos de servicios: Los que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. Los que impliquen el desarrollo o mantenimiento de aplicaciones informáticas. Los que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial. Los que tengan por objeto la prestación de actividades docentes en centros del sector público desarrolladas en forma de cursos de formación o perfeccionamiento del personal al servicio de la Administración.

En los contratos de carácter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales de acuerdo con disposiciones legales o reglamentarias o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado, la subcontratación: Está prohibida. Supondrá que se produzca una restricción efectiva de la competencia. Requerirá siempre autorización expresa del órgano de contratación. Deberá estar prevista en los pliegos.

Con carácter previo a la decisión de construir y explotar en régimen de concesión unas obras, el órgano que corresponda de la Administración concedente deberá acordar la realización de: Un estudio de viabilidad. Un proyecto de obras. Un replanteo de obras. Una garantía provisional.

Los contratos que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles, son: Contratos de servicios. Contratos de suministro. Contratos de obras. Contratos de gestión de servicios públicos.

Cuál de las siguientes es una causa de anulabilidad del contrato: El incumplimiento de las circunstancias y requisitos exigidos para la modificación de los contratos. La falta de publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Haber llevado a efecto la formalización del contrato, en los casos en que se hubiese interpuesto el recurso especial en materia de contratación sin respetar la suspensión automática del acto recurrido en los casos en que fuera procedente. La falta de capacidad de obrar o de solvencia económica, financiera, técnica o profesional.

Están incluidos en el ámbito de la Ley de Contratos del Sector Público: La relación de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la legislación laboral. Las relaciones jurídicas consistentes en la prestación de un servicio público cuya utilización por los usuarios requiera el abono de una tarifa, tasa o precio público de aplicación general. Los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación. Los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

Según el art. 13.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos de obras se referirán: A una obra completa. A una superficie acotada. A un área concreta. A un plan urbanístico determinado.

El artículo 127 de la Ley de Contratos del Sector Público, define como “cualquier documento, certificado o acreditación que confirme que las obras, productos, servicios, procesos o procedimientos de que se trate cumplen determinados requisitos” a: La prescripción técnica. La etiqueta. La clasificación. El expediente de contratación.

En los procedimientos restringidos, el órgano de contratación: Podrá negociar los términos del contrato con los solicitantes o candidatos. Deberá fijar el número máximo de candidatos a los que se invitará a presentar oferta. Podrá establecer los criterios objetivos de solvencia una vez anunciada la licitación. Seleccionará aquellos empresarios que, a su solicitud y en atención a su solvencia, podrán presentar proposiciones.

En los casos en que un elemento del contrato mixto sea una obra, deberá elaborarse un proyecto y tramitarse como para los contratos de obras, a partir de que la obra supere: Los 20.000 euros. Los 50.000 euros. Los 100.000 euros. Los 250.000 euros.

La contratación administrativa en el sector público viene regulada por;. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre. La Ley 6/2017, de 24 de octubre. La Ley 3/2017, de 27 de junio. La Ley 4/2017, de 25 de septiembre.

Será causa de resolución del contrato el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o en el contrato, en cualquier actividad, por un plazo, incluidas las posibles prórrogas, superior a (a partir de): La mitad del plazo de duración inicial del contrato. Un tercio del plazo de duración inicial del contrato. Un cuarto del plazo de duración inicial del contrato. Un quinto del plazo de duración inicial del contrato.

Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional: El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente administrativo, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, incluso el de la existencia de crédito suficiente. El órgano de contratación, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, una vez tramite el correspondiente expediente administrativo. El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente administrativo, ordenará la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, con sujeción a los requisitos formales establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público. El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente administrativo, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, salvo el de la existencia de crédito suficiente.

Según el artículo 3.2. de la LCSP, tienen la consideración de Administración Pública: Las autoridades administrativas independientes. Las fundaciones públicas. Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Las Entidades Públicas Empresariales.

Los contratos que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada se consideran: Contratos de concesión de servicios. Contratos de suministros. Contratos privados. Contratos de servicios.