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La cualidad que permite y facilita el acceso de los ciudadanos a la información publica en poder de la Administración dentro de los límites establecidos por la legislación vigente, se Conoce Como: Accesibilidad. Transparencia. Objetividad. Buen gobierno.

En el Capítulo 1 del Título 1: "Transparencia de la actividad pública" de la Ley 19/2013, concretamente en el art. 3, se señala que serán objeto de aplicación de las disposiciones las entidades privadas: En cuyo capital social la participación, directa o indirecta, sea superior al 50 por 100. Que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros. Con personalidad jurídica propia, vinculadas a cualquiera de las Administraciones Públicas o dependientes de ellas. Que tengan atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre un determinado sector o actividad.

A tenor del artículo 3 de la Ley 19/2013 ¿qué parte de esta ley es de aplicación a los partidos políticos?. El título 1, referido a la transparencia de la actividad pública. Del título 1, el capítulo III referido al derecho de acceso a la información publica. La Ley en su totalidad. Del título I, el capítulo II, referido a la publicidad activa.

Según el artículo 5.4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia acceso a la información pública y buen gobierno, la información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web: De una manera clara, estructurada y entendible para los interesados. Obligatoriamente, en formatos reutilizables. Previa autorización del órgano inmediatamente superior al responsable de la sede electrónica o página web. En los términos que establezca una ley.

Según el artículo 5.5 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia acceso a la información pública y buen gobierno, toda la información será comprensible, de acceso fácil y gratuito y estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad suministrada por medios o en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de: Igualdad de oportunidades. No discriminación. Eficacia. Accesibilidad universal y diseño para todos.

Conforme al artículo 6.1 de la Ley 19/2013, los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación del título 1 publicarán información relativa a las funciones que desarrollan, la normativa que les sea de aplicación así como a su estructura organizativa. A estos efectos, para identificar a los responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional, deberán incluir: Los currículos de los órganos directivos unipersonales. Las declaraciones de bienes de los órganos directivos. Un organigrama actualizado. La relación de puestos directivos.

En virtud del artículo 7 de la Ley •19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿deben publicar las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, las directrices, instrucciones, órganos? acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros organos?. No, en ningún caso. Sí, en todo caso. si, siempre que no tengan efectos juridicos. si, en la medida en que supongan una interpretacion del derecho o tengan efectos juridicos.

Segun el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información publica y buen gobierno, relativo a la información de relevancia juridica: Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, publicarán los proyectos de Reglamento cuya iniciativa les corresponda. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, no publicarán los proyectos de Reglamento cuya iniciativa les corresponda. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, no podran publicar los anteproyectos de ley hasta su aprobacion. Las Administraciones Públicas, no podran publicar los proyectos de decretos legislativos cuando se soliciten los dictamenes a los organos consultivos.

Conforme al artículo 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia , acceso a la información pública y buen gobierno, NO es necesario que los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de su título 1 deban hacer pública, la siguiente información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión econó-mica o presupuestaria: La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas. Las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales, con especial referencia a los datos relativos a la localización concreta de los bienes inmuebles. Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de las entidades incluidas en el ámbito de la aplicación del citado título 1. Igualmente, se harán públicas las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo. Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados públicos así como las que autoricen el ejercicio de actividad privada al cesede los altos cargos de la Administración General del Estado o asimilados según la normativa autonómica o local.

Según el artículo 9.1 de la Ley 19/2013, el cumplimiento por la Administra-10. General del Estado de las obligaciones de publicidad activa será objeto de con-trol por parte de: El Ministerio competente en materia de Administraciones Públicas. El Defensor del Pueblo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. La Inspección de Servicios.

En virtud del artículo 1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el Portal de la Transparencia; proporcionará información estructurada sobre los documentos y recursos de información con vistas a facilitar la identificación y búsqueda de la información, en base al principio de: Interoperabílidad. Accesibilidad. Reutilización. Disponibilidad.

La iniciativa normativa de las Administraciones Públicas debe evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar la gestión de los recursos públicos, en aplicación del principio de: Accesibilidad. Eficacia. Simplicidad. Seguridad jurídica.

El cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, podrá realizarse utilizando los medios electrónicos puestos a su disposición por la Administración Pública de la que provenga la mayor parte de las ayudas o sub-venciones públicas percibidas cuando se trate de entidades sin ánimo de lucro que persigan exclusivamente fines de interés social o cultural y cuyo presupuesto sea inferior a: 50.000 euros. 100.000 euros. 200.000 euros. 250.000 euros.

La transparencia de la actividad pública, respecto a la casa de su Majestad el Rey: No se aplica. Se aplica en todas sus actividadades. Se aplica en sus actividades sujetas al Derecho administrativo. Se aplica solo en sus actividades de indole politica.

A menos que el afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso, el acceso únicamente caso de que se contase con el consenti se podrá autorizar en miento expreso y por escrito del afectado, cuando: La información Contuviera datos personales que revelen la ideología, afiliación sin-dical, religión o creencias. La información incluyese datos personales que hagan referencia al origen racial, a la salud o a la vida sexual. La información contuviera datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor. La información incluyese datosgenéticos o biométricos.

Si la información pública solicitada incluyese datos personales que hagan referencia a la salud: Sólo se concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del in-terés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada. Solo podrá autorizarse el acceso al propio afectado o a su representante. Solo se podrá autorizar el acceso en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado. Solo se podrá autorizar el acceso en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si el acceso estuviera amparado por una norma con rango de ley.

Señalar la opción incorrecta. El derecho de acceso a la información pública podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: Los intereses económicos y comerciales. La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión. El honor de los funcionarios o cargos directivos. La protección del medio ambiente.

Señalar la opción incorrecta. La solicitud de acceso a la información pública podrá representarse por cualquier medio que permita tener constancia de: La identidad del solicitante. La información que se solicita. Una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones. La motivación de la solicitud.

Cuando la solicitud de información pública no identifique de forma suficien-te la información, se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de. 10 días. 15 días. 20 días. 30 días.

En relación a la solicitud de acceso a la información pública, es cierto que: Los solicitantes de información podrán dirigirse a las Administraciones Públicas cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado en el territorio en el que radique la administracion en cuestión. El solicitante está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. El solicitante podrá expone" los motivos por los que solicita la información, en cuyo caso deberán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. La ausencia de motivación será por si sola causa de rechazo de la solicitud.

Según el artículo 19.3 de la Ley 19/2013, si la información solicitada afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les conce-derá un plazo, para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas, de: Siete días. Diez días. Quince días. Veinte días.

La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso a información públi-ca deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan soli-citado en el plazo máximo, desde la recepción de la solicitud por el órgano compe-tente para resolver, de: 10 días. 15 días. 20 días. 1 mes.

La motivación de una solicitud de acceso a la información, según la Ley 19/2013: Es requisito ineludible para que se facilite la información. Será causa de rechazo de la solicitud. Las dos respuestas anteriores son ciertas. Se deja a la decisión del solicitante.

El acceso a la información pública requiere: Solicitud previa. Acreditación de la condición de interesado. Motivación expresa. La utilización de medios telemáticos.

Transcurrido el plazo máximo para resolver una solicitud de acceso a información Publica, sin que se haya dictado y notificado resolucion expresa se entenderá: Que la solicitud ha sido desestimada. Que la solicitud se inadmitía a trámite. Que el plazo para resolver queda prorrogado. Que se suspende el plazo para dictar resolución.

. En relación a la formalización del acceso a información pública, es ciertoque: El acceso a la información ha de realizarse por vía electrónica. Si ha existido oposición de tercero, el acceso sólo tendrá lugar cuando habiéndose concedido dicho acceso, haya transcurrido el plazo para interponer recurso 'contencioso administrativo sin que se haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la información. Si la información ya ha sido publicada, la resolución se ha de limitar a indicar al so-licitante cómo puede acceder a ella. En todo caso, la expedición de copias o la trasposición de la información a un for-mato diferente al original dará lugar a la exigencia de exacciones en los términos previs-tos en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, o, en su caso, conforme a la normativa autonómica o local que resulte aplicable.

Atendiendo al artículo 26 de la Ley 19/2013, cuál de las siguientes opciones contiene un principio general de buen gobierno al que habrán de adecuar su activi-dad las personas comprendidas en el ámbito de aplicación del título II: Guardarán la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos con motivo u ocasión del ejercicio de sus competencias. No se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus fun-dones y se abstendrán de intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad. Respetarán el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un criterio inde-pendiente y ajeno a todo interés particular. Desempeñarán sus funciones con transparencia.

Uno de los siguientes principios de buen gobierno recogidos en el artículo 26 i lo de actuación: de la Ley 19/2013, está considerado como un principio de actuacion: Asumirán la responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias y de los orga-nismos •que dirigen, sin perjuicio de otras que fueran exigibles legalmente. Ejercerán sus funciones con dedicación al servicio público, absteniéndose de cual-quier conducta que sea contraria a estos principios. Mantendrán una conducta digna y tratarán a los ciudadanos con esmerada corrección. No se valdrán de su posición en la Administración para obtener ventajas personales o materiales.

Según el artículo 30 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transpareno acceso a la información pública y buen gobierno, los sancionados por la comisior de una infracción muy grave serán destituidos del cargo que ocupen salvo que vil hubiesen cesado y no podrán ser nombrados para ocupar ningún puesto de (1 alto cargo o asimilado durante un periodo: Entre cinco y diez años. Entre dos y cinco años. Entre tres y quince años. No inferior a 10 años.

El Plan de Calidad de los Recursos Humanos de los Servicios Generales de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, aprobado por Reso-lución de 16 de enero de 2014 de la consejera de Administraciones Públicas, pretende el reforzamiento de los equipos de trabajo y de las relaciones personales a través de: La gestión por objetivos. La gestión por procesos. La gestión por competencias. La gestión por preferencias.