Tema 4. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del De

Entre los principios de actuación de las Administraciones Públicas mencionados en el artículo 103 de la Constitución Española de 1978, se encuentra el de: Autonomía. Igualdad de trato. Coordinación. Indemnización.

Según la Constitución Española de 1978, los Decretos Legislativos pueden: Refundir textos legales. Regular el desarrollo directo de los derechos fundamentales y libertades públicas. Fijar directrices a desarrollar por el gobierno en un texto refundido. Delegar en el gobierno cualesquiera materias.

Las disposiciones aprobadas por el/la Presidente/a del Gobierno de la Nación, revisten la forma de: Orden del Presidente/a del Gobierno. Decreto del Presidente/a del Gobierno. Real Decreto del Presidente/a del Gobierno. Acuerdo del Presidente/a del Gobierno.

Cuando una disposición ministerial afecte a varios departamentos ministeriales, revestirá la forma de: Real Decreto. Decreto. Orden del Ministro de la Presidencia. Real Decreto de la Presidencia del Gobierno.

¿Qué dispone el artículo 103 de la Constitución Española de 1978?. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y particulares. Una ley Orgánica regulará el estatuto de los funcionarios públicos. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la Constitución y la ley. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

Según el artículo 106.1 de la Constitución Española, ¿cuál de las siguientes respuestas es correcta?. Los Juzgados controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta al principio de jerarquía normativa que la justifican. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y administrativa, así como el sometimiento de la Administración a los fines públicos que la justifican. Los Juzgados controlan la potestad reglamentaria, de autoorganización y administrativa, así como el sometimiento de la Administración a los fines públicos que la justifican. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.

¿En qué artículo de nuestra Constitución, quedan sujetos los poderes públicos "a la Constitución y al resto del Ordenamiento jurídico"?. 9.1. 103.1. 97. 98.

Señale la opción correcta respecto al artículo 103 de la Constitución Española de 1978, que establece los principios que deben regir las actuaciones de las Administraciones Públicas: Eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno al Derecho. Eficacia, transparencia, descentralización y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

¿Cuándo serán de aplicación en España las normas jurídicas contenidas en los Tratados Internacionales?. Tras su ratificación por acuerdo del Consejo de Ministros. Tras la ratificación por el Estado Español. Tras su íntegra publicación en el Boletín Oficial del Estado. Tras su ratificación por las Cortes Generales.

¿Qué implica el principio de reserva de ley?. Que la ley se sitúa en la posición más alta en la pirámide normativa. Que determinadas materias no pueden ser reguladas a través de reglamentos. Que las leyes autonómicas, al no ser elaboradas por el Parlamento Español, no son directamente aplicables. Que las leyes ordinarias y orgánicas son las únicas normas jurídicas con rango legal.

El segundo periodo ordinario de sesiones es según establece el artículo 73 de la Constitución Española: De agosto a diciembre. De enero a junio. De febrero a junio. De septiembre a diciembre.

¿Cuál de las siguientes materias no puede ser regulada por una Ley Orgánica, según el art. 81 de la Constitución Española de 1978?. La creación de las policías dependientes de las Comunidades Autónomas. Los términos del referéndum. Las bases de la organización militar. La Ley de presupuestos.

De Conformidad con el artículo 2 del Código Civil, ¿cuándo entrarán las leyes en vigor?. A los 20 días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, si en ellas no se dispone otra cosa. A los 15 días naturales de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, si en ellas no se dispone otra cosa. A los 20 días hábiles de su completa publicación en el diario Oficial correspondiente. A los 15 días hábiles de su completa publicación en el diario Oficial correspondiente.

Según el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, entre los principios de buena regulación, se encuentra: Coordinación. Lealtad Institucional. Eficacia. Publicidad.

Según el art. 127 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los respectivos órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas, en relación con la iniciativa legislativa y potestad para dictar normas con rango de ley podrán: Aprobar reales decretos- leyes y reales decretos legislativos, de conformidad con lo establecido en la Constitución. Aprobar reales decretos- leyes y reales decretos legislativos, de conformidad con lo establecido en la Constitución y en sus respectivos Estatutos de Autonomía. Aprobar normas equivalentes a reales decretos- leyes y reales decretos legislativos en su ámbito territorial, de conformidad con lo establecido en la Constitución y en sus respectivos Estatutos de Autonomía. Sólo el Gobierno de España tiene potestad para dictar decretos leyes y decretos legislativos.

Las leyes de bases según dispone el artículo 82 de la Constitución Española: Delimitarán con precisión el objeto y el alcance de las leyes orgánicas. Delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que ha de seguirse en su ejercicio. Delimitarán con precisión los principios y criterios que han de seguirse en el ejercicio de la delegación legislativa. Delimitarán con precisión el objeto y alcance de las leyes orgánicas.

En referencia a los Estados de alarma, excepción y de sitio: Se encuentran regulados en el artículo 116 de la Constitución Española y en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de Estados de Alarma, Excepción y Sitio. La declaración de alguno de estos estados podrán modificar el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la constitución y en las leyes. El estado de alarma será declarado por un plazo mínimo de quince días, y necesitará autorización del Congreso de los diputados para ser prorrogado. El Estado de alarma será declarado por un plazo máximo de quince días, y necesitará autorización del Congreso y del Senado para ser prorrogado.

Una vez aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su presidente dará inmediata cuenta del mismo al Presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste. Si el Senado se opone con un veto, el Congreso ha de ratificar por mayoría simple: (artículo 90 de la Constitución Española). El texto inicial, si no han transcurrido dos meses desde la interposición del veto. El veto, si no han transcurrido dos meses desde la interposición del mismo. El veto, si han transcurrido dos meses desde la interposición del mismo. El texto inicial, si han transcurrido dos meses desde la interposición del veto.

¿Quién tiene la potestad para declarar si existen o no estipulaciones contrarias a la Constitución Española de 1978 contenidas en un tratado internacional?. De acuerdo con el artículo 96.1 de la Constitución Española, el Gobierno. De acuerdo con el artículo 95.1 de la Constitución Española, cualquiera de las cámaras. Según el artículo 95.2 el Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción. Según el artículo 95.1 el Gobierno o cualquiera de las cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción.