TEMA 41. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de

La Constitución Española: Establece la protección de datos de carácter personal como derecho, a partir de la primera reforma (1992). Limita el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Fue la primera en el mundo en incluir la protección de los datos de carácter personal como derecho. Fue la primera en Europa en incluir la protección de los datos de carácter personal como obligación.

El Reglamento está compuesto por: 29 disposiciones iniciales, 173 artículos agrupados en 11 capítulos y 7 disposiciones transitorias. 173 disposiciones iniciales y 99 artículos agrupados en 11 capítulos. 173 disposiciones de iniciales (146 de obligado cumplimiento y 27 a las que se pueden adherir o no los Estados Miembros) y 99 artículos agrupados en 11 capítulos. 173 artículos, 11 capítulos que agrupan los 99 títulos.

El Reglamento establece normas relativas a la protección de: La personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación. La personas físicas y jurídicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación. La personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación de tales datos. La personas físicas y jurídicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación de tales datos.

El Reglamento se aplicará a los tratamientos: Automatizados (total o parcialmente) y a los no automatizados. Cualquier fichero o tratamiento que contenga datos personales de ciudadanos de Estados miembros de la Unión Europea. Realizado por personas físicas para actividades personales o domésticas, cuando se utilicen medios electrónicos para el almacenamiento y/o gestión. Tratamientos cuyo responsable o encargado del tratamiento esté establecido en la Unión Europea.

Los datos serán tratados de manera: Lícita, legal y transparente. Lícita, leal y transparente. Legal, integral y transparente. Lícita, legal y transmisible.

La autoridad de control: Es una autoridad pública dependiente del gobierno de cada Estado miembro. Habrá una y solo una por Estado miembro y se coordinarán a través de la Comisión Europea. Tiene una función exclusivamente divulgativa e informativa para los interesados, pero no puede imponer multas o amonestaciones (esto se reserva al poder judicial). La Agencia Española de Protección de Datos es una autoridad de control.

Indicar la afirmación correcta: Antes de empezar a utilizar los datos, los tratamientos deben ser inscritos en un registro custodiado por una autoridad de control ubicada en el país del responsable o del encargado del tratamiento. El responsable del tratamiento tiene una “responsabilidad proactiva”, es decir, que debe cumplir la norma y ser capaz de demostrarlo. El responsable del tratamiento promoverá auditorías respecto a los tratamientos con una frecuencia no inferior a 5 años. Los resultados de las auditorías promovidas por el responsable del tratamiento deberán remitirse a la autoridad de control con una frecuencia no superior a 5 años.

Indicar la afirmación correcta: Antes de empezar a utilizar los datos, los tratamientos deben ser inscritos en un registro custodiado por una autoridad de control ubicada en el país del responsable o del encargado del tratamiento. El responsable del tratamiento tiene una “responsabilidad proactiva”, es decir, que debe cumplir la norma y ser capaz de demostrarlo. El responsable del tratamiento promoverá auditorías respecto a los tratamientos con una frecuencia no inferior a 5 años. Los resultados de las auditorías promovidas por el responsable del tratamiento deberán remitirse a la autoridad de control con una frecuencia no superior a 5 años.

Los derechos conocidos como ARCO son los de: Acceso, renuncia, cancelación y oposición. Acceso, rectificación, contribución y oposición. Acceso, rectificación, cancelación y oposición. Acceso, rectificación, cancelación y operatividad.

Indica la afirmación correcta: El interesado tiene derecho a tutela judicial efectiva contra una autoridad de control y contra el responsable o el encargado del tratamiento. El interesado tiene derecho a tutela judicial efectiva contra una autoridad de control, pero, contra el responsable o el encargado del tratamiento solo podrá ejercer reclamación ante la autoridad de control, que es la única que podrá en su caso ejercer acciones legales contra el responsable o encargado del tratamiento, en representación del interesado. Los interesados (o sus herederos) son los únicos que podrán recibir indemnizaciones por perjuicios materiales o inmateriales, por parte del responsable o encargado del tratamiento. El interesado podrá dar mandato a una entidad, organización o asociación sin ánimo de lucro para que le represente, siempre y cuando, el responsable o encargado del tratamiento, estén ubicados en un Estado Miembro distinto al del interesado, o bien, la infracción se haya realizado en un Estado Miembro distinto al de la residencia del interesado.

Las infracciones graves se sancionarán con: Una multa administrativa de 10.000.000€ como mínimo o, tratándose de una empresa, de una cuantía equivalente al 2% como mínimo del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior. Una multa administrativa de 10.000.000€ como máximo o, tratándose de una empresa, de una cuantía equivalente al 2% como máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior. Una multa administrativa de 20.000.000€ como mínimo o, tratándose de una empresa, de una cuantía equivalente al 4% como mínimo del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior. Una multa administrativa de 20.000.000€ como máximo o, tratándose de una empresa, de una cuantía equivalente al 4% como máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior.

Las infracciones muy graves se sancionarán con: Una multa administrativa de 10.000.000€ como mínimo o, tratándose de una empresa, de una cuantía equivalente al 2% como mínimo del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior. Una multa administrativa de 10.000.000€ como máximo o, tratándose de una empresa, de una cuantía equivalente al 2% como máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior. Una multa administrativa de 20.000.000€ como mínimo o, tratándose de una empresa, de una cuantía equivalente al 4% como mínimo del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior. Una multa administrativa de 20.000.000€ como máximo o, tratándose de una empresa, de una cuantía equivalente al 4% como máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior.