TEMA 42

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¿Cuál es el objetivo principal del Reglamento (UE) n.º 910/2014, conocido como eIDAS?. Regular exclusivamente el archivo electrónico de documentos. Regular la identificación electrónica y los servicios de confianza. Establecer el régimen jurídico de los empleados públicos. Regular únicamente la protección de datos sanitarios.

¿Qué artículo de la Constitución Española contempla la limitación legal del uso de la informática para garantizar el honor, la intimidad y el pleno ejercicio de los derechos?. Artículo 14. Artículo 16. Artículo 18. Artículo 20.

Según el artículo 18 de la Constitución Española, el secreto de las comunicaciones se garantiza especialmente respecto de las comunicaciones: Postales, telegráficas y telefónicas. Exclusivamente electrónicas. Administrativas y judiciales. Informáticas y bancarias.

Según la Ley Orgánica 4/2001, si un escrito de petición presenta defectos subsanables, ¿qué plazo se concede al peticionario para corregirlos?. Diez días. Quince días. Veinte días. Un mes.

Si el peticionario no subsana los defectos dentro del plazo establecido, se le tendrá por: Desestimada su petición por silencio administrativo. Inadmitida automáticamente sin notificación. Desistido de su petición, notificándose el archivo con expresión de la causa. Obligado a presentar una nueva petición en diez días.

La declaración de inadmisibilidad de una petición debe acordarse y notificarse, según el artículo 9 de la Ley Orgánica 4/2001, dentro de los: Quince días hábiles siguientes a la presentación. Treinta días naturales siguientes a la presentación. Cuarenta y cinco días hábiles siguientes a la presentación. Tres meses siguientes a la presentación.

Si no se notifica la inadmisibilidad de una petición dentro del plazo previsto en la Ley Orgánica 4/2001, se entenderá que: La petición ha sido admitida a trámite. La petición ha sido desestimada. La petición queda suspendida. La petición debe reiterarse.

Una vez admitida a trámite una petición, ¿cuál es el plazo máximo para contestarla y notificar la contestación?. Un mes desde la admisión. Dos meses desde la notificación. Tres meses desde la presentación. Seis meses desde la presentación.

Según la Ley Orgánica 3/2018, el tratamiento de datos personales de un menor puede fundarse únicamente en su consentimiento cuando sea: Mayor de doce años. Mayor de catorce años. Mayor de dieciséis años. Mayor de dieciocho años.

El tratamiento de datos de menores de catorce años basado en el consentimiento será lícito si consta el consentimiento: Del Ministerio Fiscal. Del centro educativo. Del titular de la patria potestad o tutela. De cualquier familiar mayor de edad.

Según la Ley Orgánica 3/2018, las imágenes captadas mediante sistemas de videovigilancia deben suprimirse, como regla general, en un plazo máximo de: Quince días desde su captación. Un mes desde su captación. Dos meses desde su captación. Seis meses desde su captación.

Cuando las imágenes de videovigilancia deban conservarse para acreditar actos que atenten contra personas, bienes o instalaciones, deberán ponerse a disposición de la autoridad competente en un plazo máximo de: Veinticuatro horas desde la captación. Cuarenta y ocho horas desde la captación. Setenta y dos horas desde que se tenga conocimiento de la existencia de la grabación. Cinco días desde que se tenga conocimiento de la grabación.

Según el artículo 48 de la Ley Orgánica 3/2018, el mandato de la Presidencia y del Adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos tiene una duración de: Tres años, renovables una vez. Cuatro años, no renovables. Cinco años, renovables por otro período de igual duración. Seis años, renovables indefinidamente.

A efectos del Reglamento General de Protección de Datos, se considera dato personal: Únicamente el nombre y los apellidos de una persona. Toda información sobre una persona física identificada o identificable. Exclusivamente la información económica. Cualquier dato relativo a una persona jurídica.

¿Cuál de las siguientes actuaciones constituye un tratamiento de datos personales según el RGPD?. Únicamente la destrucción de documentos en papel. Solo la recogida automatizada de datos. La recogida, conservación, consulta, utilización o supresión de datos personales. Exclusivamente la comunicación de datos a terceros.

La seudonimización consiste en tratar datos personales de manera que: Se conviertan necesariamente en datos anónimos irreversibles. No puedan atribuirse al interesado sin utilizar información adicional, conservada por separado y protegida. Puedan publicarse libremente sin restricciones. Se eliminen todos los datos identificativos sin posibilidad de recuperación.

¿Quién es el responsable del tratamiento según el RGPD?. La persona que recibe necesariamente los datos. La persona física o jurídica u organismo que determina los fines y medios del tratamiento. Exclusivamente el delegado de protección de datos. Cualquier tercero que acceda a la información.

El encargado del tratamiento es quien: Determina siempre por sí solo los fines del tratamiento. Trata datos personales por cuenta del responsable del tratamiento. Autoriza todas las transferencias internacionales de datos. Ejerce necesariamente las funciones de autoridad de control.

Cuando una persona ejerce los derechos contemplados en los artículos 15 a 22 del RGPD, el responsable debe facilitar información sobre sus actuaciones, como regla general, en el plazo de: Diez días. Quince días. Un mes. Tres meses, en todos los casos.

El plazo anterior del RGPD puede prorrogarse otros dos meses cuando: Lo solicite cualquier empleado público. Lo exija necesariamente la existencia de datos sanitarios. Sea necesario por la complejidad y el número de solicitudes, informando al interesado dentro del primer mes y exponiendo los motivos. El responsable no disponga de personal suficiente, sin necesidad de informar.

Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, las personas físicas pueden elegir si se comunican electrónicamente con las Administraciones Públicas: Solo al iniciar un procedimiento. En todo momento, salvo que estén obligadas a relacionarse por medios electrónicos. Únicamente cuando lo autorice el órgano competente. Solo cuando el procedimiento tenga carácter tributario.

¿Cuál de los siguientes sujetos está obligado a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas para realizar cualquier trámite de un procedimiento administrativo?. Todas las personas físicas, sin excepción. Únicamente las personas mayores de edad. Las personas jurídicas. Todos los jubilados.

También están obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración: Las entidades sin personalidad jurídica. Todos los familiares de un interesado. Cualquier ciudadano que tenga correo electrónico. Todas las personas físicas, aunque no exista norma que lo establezca.

Los profesionales que requieren colegiación obligatoria deben relacionarse electrónicamente con la Administración: Para cualquier asunto personal, aunque no guarde relación con su profesión. Para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones en ejercicio de su actividad profesional. Únicamente cuando actúen como representantes de una empresa. Solo si el procedimiento se inicia de oficio.

Según la Ley 39/2015, los empleados de las Administraciones Públicas están obligados a relacionarse electrónicamente con ellas: Para todos sus asuntos particulares. Para los trámites y actuaciones que realicen por razón de su condición de empleado público, en la forma que se determine reglamentariamente. Únicamente para solicitar vacaciones. Solo cuando ocupen puestos directivos.

¿Qué se entiende por expediente administrativo según el artículo 70 de la Ley 39/2015?. El conjunto de normas aplicables a una materia. El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. Únicamente la resolución final del procedimiento. El conjunto de comunicaciones internas de una unidad administrativa.

Como regla general, los expedientes administrativos tendrán: Formato exclusivamente físico. Formato electrónico. Formato verbal, salvo que se solicite copia. Formato libre, sin requisitos de ordenación.

Cuando se remite un expediente electrónico, debe enviarse: Sin índice, si contiene menos de diez documentos. Completo, foliado, autentificado y acompañado de un índice igualmente autentificado. Únicamente con la resolución final. Con los documentos ordenados alfabéticamente, sin necesidad de autenticación.

¿Cuál de los siguientes elementos no forma parte, como regla general, del expediente administrativo según el artículo 70 de la Ley 39/2015?. La resolución administrativa. Las pruebas que deban integrarlo. Los borradores y las notas de carácter auxiliar o de apoyo. Las notificaciones del procedimiento.

Según la Ley 40/2015 ¿qué es una sede electrónica?. Cualquier página web privada que publique información administrativa. Una dirección electrónica disponible para la ciudadanía cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias. Una aplicación informática de uso exclusivo del personal funcionario. Un registro físico de documentos.

El establecimiento de una sede electrónica conlleva para su titular responsabilidad respecto de: La integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios accesibles a través de ella. La aprobación de todas las leyes publicadas en internet. La contratación de todos los proveedores informáticos. La veracidad de cualquier página web enlazada, sin excepción.

¿Cuál de los siguientes principios debe respetarse en la creación de sedes electrónicas según la Ley 40/2015?. Exclusividad territorial. Secreto general de los contenidos. Interoperabilidad. Acceso exclusivo mediante certificado físico.

¿Qué es un portal de internet conforme al artículo 39 de la Ley 40/2015?. El punto de acceso electrónico que permite acceder por internet a información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente. El sistema exclusivo de firma del personal funcionario. El registro electrónico de salida de documentos. Una base de datos reservada a los órganos judiciales.

Las Administraciones Públicas pueden identificarse mediante: Una contraseña personal de cualquier empleado público. Un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos. Únicamente la firma manuscrita del titular de la Administración. Una dirección de correo electrónico sin mecanismos adicionales.

¿Qué se entiende por actuación administrativa automatizada según el artículo 41 de la Ley 40/2015?. Cualquier actuación que se inicie mediante una solicitud electrónica. Cualquier actuación realizada íntegramente por medios electrónicos en un procedimiento administrativo, sin intervención directa de un empleado público. Toda actuación realizada por un funcionario que utilice un ordenador. Cualquier comunicación interna entre dos unidades administrativas.

En una actuación administrativa automatizada, debe establecerse previamente: Exclusivamente la persona que recibirá la notificación. El órgano u órganos competentes para definir las especificaciones, programar, mantener, supervisar y controlar la calidad del sistema y, en su caso, auditarlo. Únicamente la empresa que suministra el programa informático. El número de ciudadanos que utilizarán el sistema, sin más requisitos.

¿Cuál de los siguientes sistemas puede utilizarse para firmar actuaciones administrativas automatizadas?. El sello electrónico de una Administración Pública. Una firma manuscrita escaneada sin ningún otro mecanismo. Una contraseña de acceso a internet. Una dirección de correo electrónico genérica.

Según el artículo 42 de la Ley 40/2015, otro sistema de firma posible para actuaciones administrativas automatizadas es: El código seguro de verificación vinculado a la Administración u órgano correspondiente. El número de teléfono del interesado. La firma de cualquier testigo. El número de expediente, por sí solo.

Cuando una Administración Pública utiliza medios electrónicos, su actuación se realizará, como regla general, mediante la firma electrónica de: Cualquier ciudadano que tenga acceso al expediente. El titular del órgano o el empleado público. La empresa que mantiene el sistema informático. El destinatario de la notificación.

Según la Ley 40/2015, los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán por medios electrónicos: Solo cuando el interesado lo solicite. Únicamente si contienen datos personales. Salvo cuando no sea posible. Solo durante el año en que se generen.

Según el artículo 44 de la Ley 40/2015, los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas se consideran válidos a efectos de: Autenticación e identificación de emisores y receptores, en las condiciones previstas legalmente. Sustituir cualquier resolución administrativa. Eliminar las obligaciones de protección de datos. Evitar la conservación de documentos.

Cuando los participantes en un entorno cerrado de comunicaciones pertenecen a distintas Administraciones Públicas, las condiciones y garantías del intercambio se establecerán mediante: Una instrucción verbal. Un convenio suscrito entre ellas. Una resolución judicial en todos los casos. Un acuerdo privado entre los empleados que intervengan.

El artículo 46 de la Ley 40/2015 exige que los soportes de almacenamiento de documentos electrónicos cuenten con medidas de seguridad que garanticen, entre otros aspectos: Exclusivamente la rapidez de consulta. La integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación. Únicamente la identificación del órgano emisor. La eliminación automática de todos los documentos al finalizar el procedimiento.

Según el artículo 46 bis de la Ley 40/2015, los sistemas de información y comunicaciones relativos a determinados registros de población, datos fiscales y datos de usuarios del Sistema Nacional de Salud deberán ubicarse y prestarse: En territorio español exclusivamente. En cualquier país del mundo. Dentro del territorio de la Unión Europea. Únicamente en Andalucía.

Según el artículo 155 de la Ley 40/2015, una Administración Pública que facilite a otra el acceso a datos personales debe especificar: Las condiciones, protocolos y criterios funcionales o técnicos necesarios para acceder con garantías de seguridad, integridad y disponibilidad. Únicamente el nombre del empleado que solicita los datos. Solo la fecha de creación de los datos. Exclusivamente el presupuesto destinado al sistema informático.

El tratamiento ulterior de datos personales para fines de archivo en interés público, investigación científica e histórica o fines estadísticos: Se considera siempre incompatible con los fines iniciales. No se considera incompatible con los fines iniciales en los términos contemplados en el artículo 155. Está prohibido a todas las Administraciones Públicas. Solo puede realizarse con autorización judicial.

El Esquema Nacional de Interoperabilidad comprende criterios y recomendaciones relacionados con: La seguridad, conservación y normalización de la información, los formatos y las aplicaciones. La selección y promoción de empleados públicos. La regulación exclusiva de los contratos administrativos. La elaboración de los presupuestos autonómicos.

El Esquema Nacional de Seguridad tiene por objeto: Establecer la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos. Regular la jornada laboral del personal informático. Determinar el contenido de todos los expedientes administrativos. Sustituir el Reglamento General de Protección de Datos.

Antes de adquirir, desarrollar o mantener una aplicación informática, las Administraciones Públicas deben consultar: El directorio general de aplicaciones dependiente de la Administración General del Estado, para comprobar si existen soluciones reutilizables. Exclusivamente el registro de personal de su comunidad autónoma. Únicamente el catálogo de empresas privadas. El Registro Electrónico Único de su Administración.

Si existe una aplicación disponible para su reutilización que satisface total o parcialmente las necesidades de una Administración, su utilización será obligatoria, salvo que: La aplicación haya sido desarrollada por otra Administración. El sistema no sea el preferido por los empleados. La decisión de no reutilizarla se justifique en términos de eficiencia, conforme a la normativa indicada. La aplicación tenga más de un año de antigüedad.

¿Qué artículo del Estatuto de Autonomía para Andalucía, según el tema, garantiza el derecho de acceso, corrección y cancelación de los datos personales en poder de las Administraciones públicas andaluzas?. Artículo 18. Artículo 32. Artículo 64. Artículo 81.

Según el artículo 81 de la Ley 9/2007, de la Administración de la Junta de Andalucía, el derecho de petición ante la Administración autonómica puede incluir: Exclusivamente solicitudes de subvenciones. Sugerencias relativas al funcionamiento de los servicios públicos, cuando no exista un procedimiento específico para su atención y respuesta. Únicamente recursos administrativos. Solo reclamaciones judiciales.

El Registro Electrónico Único previsto en el artículo 82 de la Ley 9/2007 es único para la Administración de la Junta de Andalucía y determinadas entidades, entre ellas: Todas las empresas privadas que contraten con la Junta. Las agencias públicas empresariales, agencias de régimen especial y determinados consorcios cuando ejerzan potestades administrativas. Todas las entidades bancarias que operen en Andalucía. Cualquier asociación inscrita en Andalucía.

El Registro Electrónico Único de la Junta de Andalucía debe ser interoperable con: Exclusivamente los registros de las consejerías. Los registros del resto de Administraciones Públicas, conforme a la legislación aplicable. Únicamente los registros de las entidades locales andaluzas. Solo los registros de la Administración General del Estado.

Según el artículo 83 de la Ley 9/2007, el Registro Electrónico Único estará asistido por: Las oficinas de asistencia en materia de registros que se determinen reglamentariamente. Exclusivamente las oficinas de correos. Las unidades de contratación de cada consejería. Los órganos judiciales de cada provincia.

Según el artículo 17 del Decreto 622/2019, ¿qué tipos de sedes electrónicas puede crear la Administración de la Junta de Andalucía?. Generales, provinciales y municipales. Generales, derivadas y compartidas. Estatales, autonómicas y europeas. Ordinarias, extraordinarias y temporales.

La creación de sedes electrónicas de la Junta de Andalucía tendrá lugar mediante: Decreto aprobado necesariamente por el Consejo de Gobierno. Resolución del órgano judicial competente. Orden de las consejerías competentes en materia de administración pública y transformación digital. Acuerdo verbal de la persona titular de cada órgano.

¿Cuál de los siguientes contenidos debe figurar entre los servicios mínimos de toda sede electrónica de la Junta de Andalucía?. El listado de todos los empleados públicos de la Administración autonómica. El acceso al Registro Electrónico Único y al calendario de días inhábiles. Los expedientes personales de todos los ciudadanos. Las claves privadas de los sistemas de firma electrónica.

Según el artículo 25 del Decreto 622/2019, la plataforma GUIA es: Una plataforma de pagos electrónicos dirigida a la ciudadanía. La plataforma corporativa de la Junta de Andalucía encargada de gestionar las autorizaciones de acceso a los sistemas de información. Un sistema de archivo de expedientes judiciales. El registro de convenios con entidades privadas.

Según el artículo 28 del Decreto 622/2019, el Registro Electrónico Único funcionará: Únicamente durante el horario de apertura de las oficinas de asistencia. De lunes a viernes, excepto festivos. Ininterrumpidamente para la recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones, salvo interrupciones justificadas por mantenimiento técnico u operativo indispensable. Solo durante el horario laboral de los empleados públicos.