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podrá archivar las actuaciones y prescindir de la propuesta de resolución. Y si no lo hiciere, podrá declarar esta circunstancia en la propuesta de resolución. elevará el expediente al órgano competente para resolver para que decida si procede el archivo de las actuaciones. podrá archivar las actuaciones y prescindir de la propuesta de resolución. Y si no lo hiciere, podrá declarar esta circunstancia en la propuesta de resolución. dará traslado al presunto responsable para que alegue lo que a su derecho convenga. podrá archivar provisionalmente las actuaciones hasta que se pronuncie el órgano competente para resolver.

El órgano competente para fijar el importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad, es: el ministro de justicia. el secretario de estado. el consejo general del poder judicial. el consejo de ministros.

Señala la opción incorrecta. De acuerdo con el artículo 36 de la Ley 40/2015, la Administración, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento. Los trámites que deben seguirse son: Alegaciones durante un plazo de quince días. Práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano competente estime oportunas durante un plazo de quince días. Formulación de la propuesta de resolución en un plazo de un mes a contar desde la incoación del procedimiento. audiencia durante el plazo de 10 dias.

En el ámbito de la responsabilidad patrimonial de la Administración, cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a ______ euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. Completa el espacio en blanco con una de las siguientes opciones: 100.000. 75.000. 50.000. 30.000.

De acuerdo con la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, salvo previsión legal distinta, las multas por infracciones a las Ordenanzas locales deberán respetar la siguiente cuantía máxima para las infracciones de carácter grave: 3.000 euros. 2.500 euros. 1.500 euros. 1.000 euros.

La Ley 40/2015 establece que, si la ley correspondiente no establece plazos, las infracciones de carácter leve prescriben en el plazo de: 3 años. 2 años. 1 año. seis meses.

Sobre la iniciación de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, señala la afirmación incorrecta: el procedimiento se instruirá, aunque los particulares presuntamente lesionados no se personen en el plazo establecido.. es necesario que no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado. se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de veinte días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho. los particulares presuntamente lesionados podrán proponer cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento de su derecho.

Señala la opción incorrecta. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, las condiciones en las que puede darse la imposición de sanciones administrativas son las siguientes: sujeción de la potestad sancionadora al principio de legalidad, lo que determina la necesaria cobertura de ésta en una norma con rango legal o reglamentario. la interdicción de las penas de privación de libertad, a las que pueda llegarse de modo directo o indirecto a partir de las infracciones sancionadas; límite que no es aplicable al régimen disciplinario militar, tal y como se deriva, a sensu contrario, del art. 25.3 de la Constitución. el respeto de los derechos de defensa reconocidos en el art. 24 de la Constitución, que son de aplicación a los procedimientos que la Administración siga para la imposición de sanciones, y. la subordinación de la potestad sancionadora de la Administración a la autoridad judicial, que consiste en el control posterior de los actos sancionadores por la jurisdicción contencioso-administrativa y la preferencia de la jurisdicción penal en el enjuiciamiento y determinación de los hechos susceptibles de ser enjuiciados por el orden administrativo y aquella jurisdicción.

Samanta presenta en el Ayuntamiento de Las Rozas una denuncia al advertir que determinados vecinos lanzan desde sus ventanas desperdicios a la vía pública. ¿Qué resulta preciso para que, en su caso, la Administración motive la no iniciación de procedimiento por tales hechos y le notifique la decisión de iniciarlo o no?. nada, ya que la Administración viene obligada por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. que la denuncia invoque un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas. que solicite expresamente la incoación del procedimiento que corresponda. nada, ya que la Administración no está obligada a realizar comunicaciones a quienes no tiene la condición de interesados, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Señala la opción incorrecta. La denuncia, para ser tomada en consideración, deberá expresar en todo caso: la identidad de quien la presenta. la identificación de los presuntos responsables. la fecha en que se produjeron los hechos. el relato de los hechos que pudieran constituir infracción.