Tema 5: Simulacro

1.- Conforme establece expresamente el artículo 38, apartado 1 de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la sede electrónica se define como: a) Un portal web. b) Un servidor de Internet. c) Una dirección de correo electrónico. d) Una dirección electrónica.

2.- Según el artículo 42 de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el código seguro de verificación vinculado a la Administración Pública: a) Permite intercambiar documentos entre registros interoperables. b) Permite limitar los accesos al documento a las personas autorizadas. c) Es una herramienta necesaria para la incorporación a los documentos electrónicos de la firma electrónica de cargo. d) Permite la comprobación de la integridad del documento.

3.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante el uso de: a) Un sello electrónico o firma electrónica. b) Una firma electrónica basada en un certificado electrónico reconocido o cualificado. c) Un código seguro de verificación basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado. d) Un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado.

4.- De acuerdo con el artículo 38 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, una sede electrónica es. a) Aquella dirección informática, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias. b) Aquella dirección electrónica, disponible para los interesados a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias. c) Aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias. d) Ninguna de las anteriores opciones es la correcta.

5.- De acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, sobre Régimen Jurídico del Sector Público, en materia de sedes electrónicas, indique cuál es la afirmación correcta: a) El acto o resolución de creación de una sede electrónica será publicado en el boletín oficial que corresponda, pero no será obligatoria esta publicación en el caso de creación de sedes electrónicas asociadas. b) La sede electrónica se define como el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública que permite el acceso a través de internet a la información publicada sobre la misma. c) Las sedes electrónicas utilizarán, para identificarse y garantizar una comunicación segura con las mismas, certificados reconocidos o cualificados de autenticación de sitio web o medio equivalente. d) La sede electrónica se configura como el punto de acceso general electrónico de una Administración Pública que facilita el acceso a los servicios, trámites o información de los órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes de la misma.

6.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y transacciones respetará los principios de: a) Transparencia, calidad y seguridad. b) Accesibilidad y uso de acuerdo con las normas establecidas al respecto, estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos. c) Transparencia, calidad, seguridad y accesibilidad. d) Transparencia, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad y neutralidad.

7.- De conformidad con lo previsto en el artículo 5, apartado 4 de la Ley 19/2013, de 9 de Diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Ley podrá reutilizarse utilizando los medios electrónicos puestos a su disposición por la Administración Pública de la que provenga la mayor parte de las ayudas o subvenciones públicas percibidas: a) Cuando se trate de entidades sin ánimo de lucro que persigan exclusivamente fines de interés social o cultural y cuyo presupuesto sea inferior a 5.000 euros. b) Cuando se trate de entidades sin ánimo de lucro que persigan exclusivamente fines de interés social o cultural y cuyo presupuesto sea inferior a 35.000 euros. c) Cuando se trate de entidades sin ánimo de lucro que persigan exclusivamente fines de interés social o cultural y cuyo presupuesto sea inferior a 30.000 euros. d) Cuando se trate de entidades sin ánimo de lucro que persigan exclusivamente fines de interés social o cultural y cuyo presupuesto sea inferior a 50.000 euros.

8.- Sobre la base de lo establecido en el artículo 19 de la Ley 19/2013, de 9 de Diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, ¿Qué plazo se les concederá a estos para realizar las alegaciones que estimen oportunas?: a) Cinco días. b) Veinte días. c) Diez días. d) Quince días.

9.- De acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, cuando un ciudadano ejerce su derecho de acceso a la información mediante solicitud: a) Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. La oposición al acceso en ningún caso suspenderá la tramitación del procedimiento ni el plazo para dictar resolución, que deberá ser motivada. b) Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo de diez días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. La oposición al acceso en ningún caso suspenderá la tramitación del procedimiento ni el plazo para dictar resolución, que deberá ser motivada. c) Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo de diez días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. Si hay oposición el acceso sólo tendrá lugar cuando, habiéndose concedido dicho acceso, haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso administrativo sin que se haya presentado o haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la información. d) Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. Si hay oposición el acceso sólo tendrá lugar cuando, habiéndose concedido dicho acceso, haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso administrativo sin que se haya presentado o haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la información.

10.- Una de las siguientes afirmaciones no es correcta, señálela. Conforme a las previsiones de la Ley 19/2013, de 9 de Diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, las disposiciones del Capítulo II del Título Primero de dicha Ley son aplicables a: a) Organizaciones empresariales. b) Entidades privadas que perciban durante el período de un año subvenciones públicas en cuantía superior a 100.000 euros. c) Entidades privadas en las que, al menos, el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 15.000 euros. d) Las organizaciones sindicales.

11.- De conformidad con el artículo 20 de la Ley 19/2013, de 9 de Diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, con carácter general la resolución que conceda o deniegue el derecho de acceso a la información pública deberá notificarse en el plazo de: a) Un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. b) Dos meses desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. c) Tres meses desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. d) Quince días desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.

12.- De acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de Diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, publicarán: a) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos. b) Los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda. c) Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un período de información pública durante su tramitación. d) Todas las anteriores opciones son correctas.

13.- De acuerdo con el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de Diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se inadmitirán a trámite las solicitudes de acceso a información: a) Que se refieran a información que contenga datos personales. b) Que no estén suficientemente motivadas. c) Que se refieran a actividad sujeta a Derecho Administrativo. d) Que tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de la Ley.

14.- De acuerdo con el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de Diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución de una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno será de: a) Tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada. b) Tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá estimada. c) Un mes, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada. d) Un mes, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá estimada.

15.- De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de Diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, si la información incluyese datos personales que hagan referencia a la salud o a la vida sexual el acceso: a) Sólo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera amparado por una norma con rango de ley. b) Sólo se podrá autorizar si el afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso. c) No se podrá autorizar en ningún caso. d) Sólo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso y por escrito del afectado.

16.- Según el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de Diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes de acceso a la información pública: a) Relativas a datos acerca del origen racial, la salud o la vida sexual de terceras personas. b) Relativas a creencias religiosas o ideologías políticas de terceras personas. c) Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general. d) Relativas a información para cuya divulgación no sea necesaria una acción previa de reelaboración.

17.- Conforme al artículo 35 de la Ley 19/2013, de 9 de Diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno: a) Es un órgano que forma parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. b) Forma parte de la misma un representante del Defensor del Menor. c) El Presidente es elegido por el resto de los miembros de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno. d) Forman parte de la misma el número de Diputados no inferior a tres, que establezca el Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

18.- Conforme a lo establecido en el artículo 26 de la Ley 19/2013, de 9 de Diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y el buen gobierno, los principios de buen gobierno adecuarán su actividad a los: a) Principios de actuación y principios económicos. b) Principios generales y principios de actuación. c) Principios de coordinación y principios de colaboración interministerial. d) Principios de eficiencia y principios de transparencia.

19.- De acuerdo con el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de Diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se inadmitirán a trámite las solicitudes de acceso a información: a) Que se refieran a información que contenga datos personales. b) Que no estén suficientemente motivadas. c) Que se refieran a actividad sujeta a derecho administrativo. d) Que tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de la Ley.

20.- De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento, como regla general, cuando sea mayor de: a) Quince años. b) Diecisiete años. c) Dieciséis años. d) Catorce años.

21.- ¿Pueden las personas vinculadas a un fallecido por razones familiares o de hecho, así como sus herederos dirigirse al responsable o encargado del tratamiento al objeto de solicitar el acceso a los datos personales de aquella y, en su caso, su rectificación o supresión?: a) Sí, en todo caso. b) Sí, salvo que la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una ley. c) No, en ningún caso. d) No, a no ser que la persona fallecida lo hubiese autorizado expresamente.

22.- Conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años: a) Se exceptúan los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento. b) No se exceptúan los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento. c) Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales no prevé este supuesto pues pertenece a otro ámbito sectorial. d) La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales sólo habla de los mayores de dieciocho años a lo largo de su articulado.

23.- Según el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los deberes de confidencialidad y de secreto profesional de los responsables y encargados del tratamiento de datos se mantendrán: a) Hasta que finalice la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento. b) Aun cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento. c) Hasta un máximo de cuatro años después de que finalice la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento. d) Hasta el plazo que acuerden el obligado y el responsable o encargado del tratamiento.

24.- Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, podrán llevar a cabo el tratamiento de imágenes a través de sistemas de cámaras o videocámaras con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de sus instalaciones, y: a) No podrán captarse imágenes de la vía pública en ningún caso. b) Sólo podrán captarse imágenes de la vía pública en la medida en que resulte imprescindible para la finalidad mencionada. c) Podrán captarse imágenes de la vía pública en todo caso, con la sola limitación de que no se capten imágenes de un domicilio privado. d) La captación de imágenes de un domicilio privado está justificada si fuese necesaria para garantizar la seguridad de bienes o instalaciones estratégicos.

25.- Según el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se entiende por consentimiento del afectado: a) Toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que acepta el tratamiento de datos personales que le conciernen. b) Toda manifestación de voluntad libre, específica o genérica, informada e inequívoca por la que acepta el tratamiento de datos personales que le conciernen. c) Toda manifestación de voluntad libre, específica o genérica, informada o publicada, e inequívoca por la que acepta el tratamiento de datos personales que le conciernen. d) Todas las anteriores opciones son correctas.