Tema 56

57 (Año 2019) .- Señala la opción INCORRECTA respecto a las situaciones de riesgo en menores: A) Implica la separación del menor de su entorno familiar. B) La valoración de la situación de riesgo conllevará la elaboración y puesta en marcha de un proyecto de intervención social y educativo familiar. C) Se considerará indicador de riesgo el tener un hermano declarado en tal situación salvo que las circunstancias familiares hayan cambiado de forma evidente. D) La protección de los menores por los poderes públicos se realizará mediante la prevención, detección y reparación de situaciones de riesgo.

58 (Año 2019) .- Salvo que el interés superior del menor aconseje, excepcionalmente, la prórroga de la medida por la previsible reintegración familiar en un plazo breve de tiempo, la guarda voluntaria tendrá una duración máxima de: A) 6 meses. B) 1 año. C) 2 años. D) 3 años.

51 (p2019). Según Proyecto Educativo Marco para los centros de protección de menores en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía: A) En un mismo centro residencial pueden desarrollarse distintos programas, tanto en correspondencia con la posible distribución modular dle mismo, como si se incluye algún programa de aplicación individual. B) Cada centro se dedicará a un programa en concreto no pudiendo convivir diferentes programas. C) En todos los centros de menores se desarrollarán tantos programas como exija la población residente, incluyendo los programas de mayoría de edad.

52 (p2019). Entre las labores que el psicólogo tiene encomendadas en el Reglamento Marco de Organización y Funcionamiento de los Centros de Protección de Menores dependientes de la Junta de Andalucía están: A) Ofrecer apoyo psicológico a la familia, en los casos en los que sea viable el retorno de menores a la misma, maximizando las garantías de éxito de la salida del centro. B) Realizar los tratamientos sanitarios de acuerdo con lo establecido en el Plan de Intervención de cada menor. C) Liderar el Equipo Técnico de los centros residenciales.

13 (21). Los menores de 13 años en Andalucía: A) No pueden ser tutelados, salvo que ellos acepten. B) No pueden ser acogidos en un centro de Intervención en Problemas de Conductas. C) Solo pueden ingresar en un centro de protección de menores con carácter temporal. D) Pueden ser tutelados, pero los padres, tutores o guardadores mantendrán la Patria Potestad íntegramente hasta la fecha en que cumplan los 13 años.

14 (21). Según el Artículo 303 del Código Civil, el acogimiento de hecho: A) Requiere una medida administrativa de protección. Es motivo en sí mismo de desamparo. B) No es motivo de desamparo si se presta al menor la atención adecuada y no concurren circunstancias que requieran la adopción de medida de protección. C) Es autorizado por la administración mediante Resolución al respecto. D) Sólo en los supuestos contemplados en dichos artículos pueden tener forma legal, sin que tenga que intervenir la administración competente en materia de menores.

15 (21). Según se establece en la Ley 0rgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, en un centro residencial básico se puede aplicar como medida de seguridad: A) La contención mecánica. B) La contención física. C) La sujeción de las muñecas del menor con equipos homologados. D) Cualquiera de ellas si están recogidas en el Reglamento de Orden y funcionamiento del Centro. En cualquier caso, solo podrá aplicarse por el tiempo mínimo imprescindible, que no podrá ser superior a una hora.

16 (21). Según el Decreto 195/2020 por el que se regula la organización administrativa y la competencia de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de protección de menores, y salvo que se haya delegado dicha función, la competencia para determinar el régimen de relaciones personales de los menores tutelados corresponde a: A) La persona titular de la Delegación Territorial. B) La Comisión Provincial de Tutela y Guarda. C) El Juzgado de Familia correspondiente, previa propuesta de la persona Titular de la Delegación Provincial. D) La Jefatura del Servicio competente en Protección de Menores como instructor del Procedimiento iniciado.

17 (21). Según Proyecto Educativo Marco para los centros de protección de menores en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía: A) En un mismo centro residencial pueden desarrollarse distintos programas, tanto en correspondencia con la posible distribución modular del mismo, como si se incluye algún programa de aplicación individual. B) Cada centro residencial se dedicará a un programa concreto específico a las características de la población residenciada en ellos. C) En todos los centros de menores se desarrollarán tantos programas como exija la población residente, incluyendo los programas de mayoría de edad con el fin de garantizar la estabilidad de los menores en los recursos residenciales. D) Los menores sujetos a una medida de acogimiento residencial irán cambiando de centros residenciales para adaptarse a las fases evolutivas del mismo, terminando al cumplir los 18 años, en un centro de mayoría de edad (alta intensidad).

18 (21). La Ley 4/2021, de 27 de julio de Infancia y Adolescencia de Andalucía establece que cuando la Entidad Pública considere que no procede declarar la situación de desamparo, pese a la propuesta en tal sentido formulada por la administración pública competente para apreciar la situación de riesgo: A) Lo pondrá en conocimiento del Defensor del Menor y del Ministerio fiscal. B) Nombrará un defensor judicial, como establece el Artículo 235 del Código Civil, que vele por los intereses del menor. C) Instará al Juzgado de Familia correspondiente, mediante propuesta motivada, la asunción de medidas de protección. D) Lo pondrá en conocimiento de la administración pública que haya intervenido en la situación de riesgo y del Ministerio Fiscal.

13 (24). La prueba preconstituida se utiliza en la declaración en el proceso penal de menores y personas con discapacidad necesitadas de especial protección. ¿Cuáles son los objetivos?: A) Minimizar el riesgo de victimización primaria. B) Minimizar el riesgo de victimización secundaria, y salvaguardar la calidad del testimonio como elemento probatorio. C) Evitar que en el momento de la declaración la víctima tenga contacto directo con el agresor y constituir un entorno donde la persona de especial protección pueda sentirse segura. D) Que el testimonio sea obtenido por psicólogos forenses evitando contaminar a la persona de especial protección.

14 (24). Desde la psicología forense se puede determinar que el impacto psíquico del delito está modulado por distintos factores (Ramírez y Fernández, 2011): A) Situacionales, de vulnerabilidad y de protección. B) De personalidad y madurez evolutiva. C) Del tiempo de exposición y de la madurez evolutiva. D) Del grado de afectividad con el agresor, y la existencia o no de violencia y/o amenazas.

94 (Alcala G 2025). En relación a los derechos y deberes contemplados en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, señala la respuesta correcta: a) La Ley contempla deberes de los menores en los ámbitos escolar y social, pero no en el familiar. b) Los menores, independientemente de su edad y madurez, deberán asumir y cumplir los deberes, obligaciones y responsabilidades inherentes o consecuentes a la titularidad y al ejercicio de los derechos que tienen reconocidos en todos los ámbitos de la vida. c) Entre los derechos recoge la libertad ideológica. d) Todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, sólo en el ámbito público.

95 (Alcala G 2025). Según la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, se entenderá que existe situación de desamparo cuando se dé alguna o algunas de las siguientes circunstancias con la suficiente gravedad que, valoradas y ponderadas conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad, supongan una amenaza para la integridad física o mental del menor (señala la incorrecta): a) El abandono del menor. b) La inducción a la mendicidad, delincuencia o prostitución, o cualquier otra explotación del menor de similar naturaleza o gravedad. c) La utilización, por parte de los progenitores del castigo habitual y desproporcionado y de pautas de corrección violentas que, sin constituir un episodio severo o un patrón crónico de violencia, perjudiquen su desarrollo. d) La ausencia de escolarización o falta de asistencia reiterada y no justificada adecuadamente al centro educativo y la permisividad continuada o la inducción al absentismo escolar durante las etapas de escolarización obligatoria.

112 (Alcala G 2025). Según el ACUERDO de 25 de noviembre de 2003, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar, señala la incorrecta: a) Puede ocurrir que los menores dejen de acudir a los centros educativos porque se dedican a algún tipo de actividad laboral o prelaboral consentida o impuesta por las condiciones de vida de su entorno sociofamiliar. b) El Plan Integral establece medidas para la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar, sin entrar a analizar las causas del mismo. c) En ocasiones es la propia institución escolar la que por su dificultad para la adaptación a las necesidades y características del alumnado favorece la desmotivación para las tareas escolares, la asistencia irregular y el abandono prematuro y el absentismo. d) El absentismo puede originarse al verse inmerso el alumno/a en un determinado ambiente de amigos y grupo de iguales, por las condiciones generales del barrio o zona donde vive y por determinados condicionamientos culturales.

8 (Diputación 25).- Según la orden de la consejería de educación, del 19 septiembre de 2005, de desarrollo de determinados aspectos del plan integral para la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar. De los cuales se considera. A) Que existe una situación de absentismo escolar cuando las faltas de asistencia sin justificar al cabo de un mes sean de cinco días lectivos en Educación Secundaria Obligatoria. B) Veinticinco horas de clases en Educación Primaria, o el equivalente al 25% de días lectivos o de horas de clase, respectivamente. C) Cuando a juicio de los tutores o tutoras y del equipo docente que atiende al alumnado, la falta de asistencia al centro puede representar un riesgo para la educación del alumno o alumna, se actuará de forma inmediata. D) Treinta horas de clases en Educación Primaria, o el equivalente al 25% de días lectivos o de horas de clase, respectivamente.

10 (p2025). ¿Cuál es el primer paso para intervenir ante un posible caso de desprotección infantil?: A) Aplicar medidas legales directamente. B) Detectar y valorar la situación de riesgo. C) Entregar al menor a otro tutor.

62 (Diputación 2025).- El decreto 100/2022, de 7 de junio, por el que se regula el programa de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o desprotección, establece lo siguiente: A) Su objetivo principal es apoyar a familias con menores, promoviendo el bienestar y la protección de los menores. B) La derivación al programa es a través de los Servicios Sociales Comunitarios exclusivamente. C) Si a lo largo del proceso de tratamiento la familia deja de colaborar o no acepta la continuidad en el mismo, se podrá proponer la declaración de situación de riesgo como establece la ley. D) El número de equipos y su composición establece que son únicamente tres profesionales de diversas disciplinas por ámbito de actuación.

1 (Bollullos 25). En relación a la Ley 1/98, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor. En su artículo 8 sobre la Prevención de malos tratos y de la explotación, señale la correcta: a) Las Administraciones públicas de Andalucía desarrollarán programas destinados a adoptar medidas preventivas para evitar que se produzcan situaciones de malos tratos físicos, psíquicos o sexuales, uso y tráfico de estupefacientes, drogas tóxicas y sustancias psicotrópicas, mendicidad infantil, explotación laboral, exposición y venta de menores o cualquier otra circunstancia que pueda interpretarse como explotación de los mismos. b) Para la detección y denuncia de las situaciones señaladas en el apartado anterior, las Administraciones públicas de Andalucía establecerán los mecanismos de coordinación adecuados exclusivamente en el ámbito de los servicios sociales. c) Cuando se detecte la existencia de malos tratos, se procederá siempre implementando el protocolo de urgencia, al objeto de salvaguardar la protección del menor.

9 (Bollullos 25). De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Orden 19 de septiembre de 2005. Se considerará que existe absentismo escolar cuando (señala la correcta): a) Las faltas de asistencia sin justificar al cabo de un mes sean de cinco días lectivos en Educación Primaria y veinticinco horas de clases en Educación Secundaria Obligatoria, o el equivalente al 25% de días lectivos o de horas de clase, respectivamente. b) Las faltas de asistencia sin justificar al cabo de un mes sean de 8 días lectivos en Educación Primaria y veinticinco horas de clases en Educación Secundaria Obligatoria, o el equivalente al 25% de días lectivos o de horas de clase, respectivamente. C) Las faltas de asistencia sin justificar al cabo de un mes sean de cinco días lectivos en Educación Primaria y veinte horas de clases en Educación Secundaria Obligatoria, o el equivalente al 25% de días lectivos o de horas de clase, respectivamente.

71 (Bollullos 25). Dentro de las necesidades físicas en la infancia y en la adolescencia tendríamos (señala la correcta): a) Alimentación, Temperatura, Higiene, Salud, Sueño y Actividad Física. b) Alimentación, afecto, escolarización y protección ante otros. c) Alimentación, Apego Seguro, autocuidado y parentalidad positiva.

72 (Bollullos 25). Dentro de los indicadores psicosociales, desde el trabajo en Servicios Sociales Comunitarios, tiene especial interés la identificación de indicadores de riesgo psicosocial. Entre ellos se encuentran (señalar la incorrecta): a) Menores que faltan al menos una vez a la semana a la escuela sin justificación. b) Padre que castiga y hace sentir culpable y/o humilla a sus hijos/as. c) Menores que realizan demasiadas actividades extraescolares a la semana.

102 (Bollullos 25). En relación a las áreas a explorar en la fase de evaluación familiar tenemos (señala la incorrecta): a) Historia del caso en los Servicios Sociales, Situación socioeconómica de la familia: vivienda, situación económica y situación laboral de los miembros de la familia. b) Situación de los niños, niñas o adolescentes: salud física, área escolar y situación cognitiva, situación emocional y características comportamentales, relaciones sociales. c) Profesionalmente, deben intervenir mayormente el/la psicólogo/a y el/la educador/a social; el/la trabajador/a social interviene en un rol más secundario desde el SIVO.

116 (p25). ¿En qué situación ingresaría Ana, una menor de 10 años que no encuentra a sus padres, a tenor del Artículo 14 de la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, en el centro de protección?: A) Atención Provisional. B) Atención Básica. C) Atención Inmediata.

117 (p25). ¿En qué tipo de centro debería producirse el ingreso de Ana, una menor de 10 años que no encuentra a sus padres, tras la orden de ingreso de Fiscalía?: A) En el más cercano al domicilio de la menor. B) En un Centro de Acogida Inmediata. C) En un Centro Residencial Básico.

De acuerdo con la normativa vigente en Andalucía, ¿cuál es la duración máxima permitida para la guarda voluntaria, considerando las posibles prórrogas excepcionales por reintegración familiar?. A. Dos años. B. Seis meses. C. Un año. D. Tres años.

En el contexto de la intervención en situaciones de riesgo en menores, ¿cuál de las siguientes afirmaciones define correctamente la naturaleza de esta medida?. A. Implica necesariamente la separación del menor de su núcleo familiar de origen. B. Conlleva la elaboración de un proyecto de intervención social y educativo familiar sin separación del entorno. C. Se declara exclusivamente cuando existe un abandono total de las funciones parentales. D. La valoración de riesgo es un procedimiento puramente sancionador para los progenitores.

¿Qué restricción de edad establece la normativa andaluza para el ingreso en centros de Intervención en Problemas de Conducta?. A. Solo pueden ingresar menores a partir de los 16 años. B. El límite se establece en los 12 años, coincidiendo con la madurez suficiente. C. Los menores de 13 años no pueden ser acogidos en este tipo de centros. D. No existe límite de edad siempre que haya una orden judicial previa.

Según el Proyecto Educativo Marco de Andalucía, ¿cuál es la configuración permitida respecto a los programas en los centros de protección?. A. Está prohibido que menores con diferentes medidas de protección compartan el mismo recinto. B. Un mismo centro puede desarrollar distintos programas mediante una distribución modular. C. Los programas de mayoría de edad son obligatorios en todos los centros residenciales. D. Cada centro debe dedicarse exclusivamente a un único programa específico.

En relación a la revisión de las medidas de protección no permanentes, ¿qué periodicidad establece la Ley Orgánica 1/1996 para menores de tres años?. A. Se revisarán cada seis meses, al igual que el resto de menores. B. Cada mes durante el primer semestre y luego semestralmente. C. La primera revisión es al año y luego trimestralmente. D. Se revisarán obligatoriamente cada tres meses.

Según la Orden de 19 de septiembre de 2005 en Andalucía, ¿cuándo se considera técnicamente que existe una situación de absentismo escolar en Educación Primaria?. A. Cuando se alcancen las veinticinco horas de clase sin justificar al mes. B. Cuando el tutor determine que existe un riesgo tras tres faltas consecutivas. C. Cuando el alumno falte el 10% de los días lectivos del trimestre. D. Cuando las faltas sin justificar al mes sean de cinco días lectivos.

Al interpretar el 'interés superior del menor' según la Ley 4/2021 de Andalucía, ¿cuál de estos elementos se considera un elemento de ponderación específico?. A. La disponibilidad inmediata de plazas en acogimiento residencial. B. La necesidad de garantizar su igualdad y no discriminación por su especial vulnerabilidad. C. El interés económico de la administración pública encargada de la tutela. D. El deseo de los progenitores de mantener la patria potestad a toda costa.

En el marco de un procedimiento de protección, si la Entidad Pública decide no declarar el desamparo a pesar de la propuesta de la administración de riesgo, ¿a quién debe informar obligatoriamente según la Ley 4/2021?. A. Exclusivamente al Defensor del Menor de Andalucía. B. Únicamente a los padres o tutores legales del menor. C. A la administración pública que intervino en el riesgo y al Ministerio Fiscal. D. Al Juzgado de Guardia de forma inmediata.

¿Cuál es la función primordial de la 'prueba preconstituida' en el proceso penal que involucra a menores?. A. Minimizar el riesgo de victimización secundaria y salvaguardar la calidad del testimonio. B. Sustituir la labor del psicólogo forense por una grabación de audio. C. Permitir que el agresor pueda interrogar directamente al menor en un entorno seguro. D. Acelerar los plazos judiciales para dictar sentencia en menos de 72 horas.

En relación al acogimiento de hecho según el Artículo 303 del Código Civil, ¿cuándo se considera que no es motivo automático de desamparo?. A. Siempre que el acogedor de hecho tenga parentesco hasta el cuarto grado. B. Solo si ha sido autorizado previamente por una Resolución Administrativa. C. Si se presta al menor la atención adecuada y no hay circunstancias que requieran medidas de protección. D. Cuando el menor es mayor de 12 años y acepta la situación de forma voluntaria.