Tema 6.2 Transverso
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Título del Test:
![]() Tema 6.2 Transverso Descripción: historia económica |



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Conforme al artículo 64 de la LO 3/2007, el Gobierno deberá aprobar un Plan para la igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado: Periódicamente. Anualmente. Al inicio de cada legislatura. Cada cuatro años. Según el artículo 67 de la LO 3/2007, las normas reguladoras de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado promoverán la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, impidiendo cualquier situación de discriminación profesional, especialmente, en el sistema de acceso, formación, ascensos, destinos y: Jornada de trabajo. Retribuciones. Vacaciones. Situaciones administrativas. ¿Qué órgano crea la LO 3/2007, en su artículo 78, como órgano colegiado de consulta y asesoramiento, con el fin esencial de servir de cauce para la participación de las mujeres en la consecución efectiva del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, y la lucha contra la discriminación por razón de sexo?. La Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres. La Conferencia Sectorial de igualdad entre mujeres y hombres. El Consejo de Participación de la mujer. El Instituto Nacional de la Mujer. Conforme al artículo 3 de la LO 1/2004, Con el fin de prevenir la violencia de género, en el marco de sus competencias, los poderes públicos deben impulsar: Cursos de información y sensibilización. Campañas de información y sensibilización. Programas de información y sensibilización. Jornadas de información y sensibilización. Según la Ley Orgánica de Medidas de Protección integral contra la Violencia de Género, contribuirá a desarrollar en el alumnado su capacidad para adquirir habilidades en la resolución pacífica de conflictos y para comprender y respetar la igualdad entre sexos: La educación infantil. La educación primaria. La Educación Secundaria Obligatoria. El bachillerato. La organización de los servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral por parte de las comunidades autónomas y las corporaciones locales, para las mujeres víctimas de violencia de género responderá a varios principios recogidos en el artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2004. Señala cual de los siguientes no es correcto: Multidisciplinariedad profesional. Actuación urgente. Atención alterna. Especialización de prestaciones. Según la Ley Orgánica de Medidas de Protección integral contra la Violencia de Género, la difusión de información es relativas a la Violencia sobre la Mujer garantizará, con la correspondiente objetividad informativa, la defensa de los derechos humanos, la libertad y dignidad de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijos. En particular, se tendrá especial cuidado en: El tratamiento gráfico de las informaciones. La descripción de las vejaciones. Respetar la presunción de inocencia. Preservar la identidad del maltratador. Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género se considerarán: Justificadas, cuando así lo determinen las autoridades judiciales. Justificadas en todo caso. Justificadas, cuando así lo determinan los servicios sociales de atención o servicios de salud, según proceda. Faltas leves. Cuando una persona o grupo en que se integra ese objeto de un trato discriminatorio debido a su relación con otra por motivo o por razón de discapacidad se produce: Discriminación directa. Discriminación indirecta. Discriminación relativa. Discriminación por asociación. El principio en virtud del cual las organizaciones representativas de personas con discapacidad y de sus familias participan, en los términos que establecen las leyes y demás disposiciones normativas, en relación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas oficiales que se desarrollan en la esfera de las personas con discapacidad, se llama principio de: Transversalidad. Participación activa. Normalización. Diálogo civil. El principio en virtud del cual las actuaciones que desarrollan las Administraciones Públicas no se limitan únicamente a planes, programas y acciones específicos, pensados exclusivamente para estas personas, sino que comprenden las políticas y líneas de acción de carácter general en cualquiera de los ámbitos de actuación pública, en donde se tendrán en cuenta las necesidades y demandas de las personas con discapacidad, es el principio de: Participación. Integridad. Transversalidad. Aplicación. Previa audiencia de los sectores interesados y de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias, el Gobierno establecerá un sistema arbitral que, sin formalidades especiales, atiende y resuelva con carácter vinculante y Ejecutivo para ambas partes, las quejas o reclamaciones de las personas con discapacidad en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación, siempre que no existan indicios racionales de delito, todo ello sin prejuicio de la protección administrativa y judicial que en cada caso proceda. el sometimiento de las partes al sistema arbitral será: Voluntario. Obligatorio. Recomendable. Necesario. Para facilitar la transición al empleo ordinario de las personas trabajadoras con discapacidad con especiales dificultades para el acceso al mismo, el RDL contempla la creación de: Centros especiales de empleo. Enclaves laborales. Entidades de economía social. Unidades de adaptación laboral. La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, llamada Ley de Dependencia, es: La Ley 36/2009, de 11 de noviembre. La Ley 63/2004, de 19 de diciembre. La Ley 34/2006, de 19 de noviembre. La Ley 39/2006, de 14 de diciembre. Las organizaciones de carácter privado surgidas de la iniciativa ciudadana o social, bajo las diferentes modalidades que responden a criterios de solidaridad, con fines de interés general y ausencia de ánimo de lucro, que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales, constituyen lo que la Ley de Dependencia denomina: Sector primario. Tercer sector. Servicios privados. Sector complementario. Para que cualquier español pueda ser titular de los derechos propios de las personas en situación de dependencia, es necesario residir en territorio español y haberlo hecho durante: Cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. Diez años, de los cuales cinco deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. Cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. Los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. De acuerdo con la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, “Cualquier conducta realizada por razón de alguna de las causas de discriminación previstas en esta ley, con el objetivo o la consecuencia de atentar contra la dignidad de una persona o grupo en que se integra y de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.” es la definición de: Acoso discriminatorio. Discriminación por asociación. Discriminación indirecta. Homofobia. ¿Cuál es el órgano de participación ciudadana en materia de derechos y libertades de las personas LGTBI. El Consejo de Participación de las Personas LGTBI. La Comisión de Participación de las Personas LGTBI. La Comisión Interministerial de las Personas LGTBI. El Consejo Territorial de Participación de las Personas LGTBI. ¿A quién corresponde la elaboración de la estrategia estatal para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI?. Al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Al Ministerio de la Presidencia. Al Ministerio de Igualdad. Al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán tener en cuenta, en sus políticas de empleo, el derecho de las personas a no ser discriminadas por razón de las causas previstas en la ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. A estos efectos adoptarán medidas adecuadas y eficaces que tengan por objeto: (Señale la incorrecta). Promover en el ámbito de la formación profesional para personas trabajadoras el respeto a los derechos de igualdad de trato y de oportunidades y no discriminación de las personas LGTBI. Apoyar la realización de campañas divulgativas sobre la igualdad de trato y de oportunidades y la discriminación de las personas LGTBI por parte de los agentes sociales. Impulsar la elaboración de códigos éticos y protocolos en las Administraciones públicas y en las empresas que contemplen medidas de protección frente a toda discriminación por razón de las causas previstas en esta ley. Promocionar medidas para la igualdad de trato y de oportunidades de las personas LGTBI en las convocatorias de subvenciones de fomento del empleo. Señale la respuesta correcta en relación a la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI: Las empresas de más de ciento cincuenta personas trabajadoras deberán contar, en el plazo de doce meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley, con un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, que incluya un protocolo de actuación para la atención del acoso o la violencia contra las personas LGTBI. Las empresas de más de ciento cincuenta personas trabajadoras deberán contar, en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley, con un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, que incluya un protocolo de actuación para la atención del acoso o la violencia contra las personas LGTBI. Las empresas de más de cincuenta personas trabajadoras deberán contar, en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley, con un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, que incluya un protocolo de actuación para la atención del acoso o la violencia contra las personas LGTBI. Las empresas de más de cincuenta personas trabajadoras deberán contar, en el plazo de doce meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley, con un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, que incluya un protocolo de actuación para la atención del acoso o la violencia contra las personas LGTBI. Son medidas relacionadas con el ámbito de la familia, la infancia y la juventud, reconocida por la Ley 4/2023: Protección frente a la discriminación de las familias LGTBI. Integración familiar y social de personas menores de edad y jóvenes LGTBI. Formación, información, asesoramiento y apoyo. Todas las respuestas son correctas. A tenor de lo dispuesto por la Ley 4/2023, podrá solicitar por sí misma, ante el Registro Civil, la rectificación de la mención registral relativa al sexo…. Toda persona mayor de dieciocho años. Toda persona de nacionalidad española mayor de dieciocho años. Toda persona de nacionalidad española mayor de dieciséis años. Ninguna respuesta es correcta. Señale la incorrecta: “El derecho de las víctimas de violencia a la asistencia integral y especializada comprenderá, al menos…”: Asistencia psicológica y orientación jurídica. Información y orientación accesibles sobre sus deberes, así como sobre los recursos disponibles. Atención a las necesidades laborales y sociales que en su caso presente la víctima. Servicios de traducción e interpretación, incluidos los servicios de interpretación o videointerpretación en lengua de signos. |





