Tema 7 y 8 - Ayuntamiento C2

¿Qué ley regula con carácter general el procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas en España?. a) Ley 39/2015, de 1 de octubre. b) Ley 40/2015, de 1 de octubre. c) Ley 7/1985, de 2 de abril. d) Constitución Española de 1978.

El principio que obliga a la Administración a actuar sirviendo con objetividad los intereses generales y con sometimiento pleno a la Constitución y al Derecho se denomina: a) Principio de legalidad. b) Principio de arbitrariedad. c) Principio de jerarquía flexible. d) Principio de discrecionalidad absoluta.

La fase del procedimiento administrativo que comprende el conjunto de actos realizados para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución es la: a) Fase de instrucción. b) Fase de iniciación. c) Fase de ejecución. d) Fase de terminación.

Con carácter general, y salvo que una norma con rango de ley disponga otra cosa, el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa en un procedimiento administrativo es de: a) Tres meses. b) Seis meses. c) Diez días. d) Un año.

El principio por el cual los procedimientos se tramitarán utilizando medios electrónicos, respetando los derechos de los ciudadanos, se conoce como: a) Principio de eficiencia y servicio electrónico. b) Principio de presencialidad obligatoria. c) Principio de restricción digital. d) Principio de analogía documental.

Los procedimientos administrativos podrán iniciarse: a) Únicamente de oficio por la propia Administración. b) De oficio o a solicitud de interesado. c) Exclusivamente a instancia de los tribunales de justicia. d) Solo mediante denuncia ciudadana anónima obligatoria.

¿Qué nombre recibe el documento o acto que pone fin al procedimiento administrativo ordinario resolviendo las cuestiones planteadas?. a) Acuerdo de acumulación. b) Resolución. c) Providencia de apremio. d) Recurso de alzada.

El principio de celeridad en el procedimiento administrativo implica que: a) Los plazos pueden ignorarse si hay mucho volumen de trabajo. b) Se impulsará de oficio en todos sus trámites, agilizando el procedimiento. c) Los interesados tienen la obligación de resolver los expedientes por delegación. d) Se deben duplicar los trámites para evitar errores.

Si transcurrido el plazo máximo para resolver y notificar un procedimiento iniciado a solicitud del interesado se produce el silencio administrativo, este tendrá carácter: a) Favorable o estimatorio por regla general (salvo excepciones previstas en leyes o normativa europea). b) Desestimatorio por regla general, salvo los supuestos en que se establezca lo contrario. c) Nulo de pleno derecho automáticamente. d) De caducidad definitiva del expediente sin derecho a recurso.

La fase de iniciación de un procedimiento administrativo a instancia de parte se realiza mediante: a) Un decreto del alcalde. b) La presentación de una solicitud por parte del interesado. c) Una orden de la inspección de trabajo. d) Un requerimiento judicial previo.

¿Cuál de las siguientes formas de terminación del procedimiento administrativo no implica una resolución expresa sobre el fondo del asunto?. a) La estimación total de la solicitud. b) La desestimación motivada. c) El desistimiento y la renuncia. d) La resolución de inadmisión por causas legales.

El principio de contradicción en la fase de instrucción garantiza que: a) La administración actúe sin oír a los administrados para ganar tiempo. b) Los funcionarios decidan en secreto las sanciones. c) Los interesados puedan alegar y aportar documentos en defensa de sus derechos durante el procedimiento. d) No se admitan pruebas testificales bajo ningún concepto.

En los procedimientos iniciados de oficio, la falta de resolución expresa y su notificación en plazo produce por lo general: a) La estimación automática de la pretensión de la administración. b) La suspensión de la eficacia de la norma local. c) La caducidad del procedimiento (si es desfavorable) o la prescripción del derecho (si es favorable). d) La aprobación directa por el pleno municipal.

El trámite de audiencia al interesado, integrado en la fase de instrucción, tiene lugar: a) Antes de que se inicie el expediente para evitar alegaciones. b) Una vez dictada y notificada la resolución definitiva. c) Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución. d) Solo cuando lo solicite el ministerio fiscal.

El conjunto ordenado de trámites y actuaciones conducidas por la Administración para la adopción de una decisión se define jurídicamente como: a) Un recurso contencioso-administrativo. b) Un reglamento orgánico. c) El procedimiento administrativo. d) Un contrato menor de servicios.

El principio de transparencia y participación ciudadana en el procedimiento administrativo garantiza que: a) Cualquier ciudadano pueda modificar las resoluciones firmes a su antojo. b) Los expedientes sean públicos para toda la población mundial sin restricciones de datos personales. c) Se elimine por completo el secreto profesional de los funcionarios. d) Los ciudadanos puedan acceder a los archivos y registros administrativos en los términos previstos legalmente.

¿Cómo se denomina el acto administrativo por el cual un interesado manifiesta su voluntad de no continuar con el procedimiento iniciado por él mismo?. a) Desestimación. b) Caducidad. c) Aceptación. d) Desistimiento.

En relación con el cómputo de plazos por días en la Ley 39/2015, salvo que se disponga otra cosa, se entienden: a) Días naturales. b) Días inhábiles exclusivamente. c) Días laborables bancarios. d) Días hábiles, excluyendo los sábados, los domingos y los declarados festivos.

La obligación de la Administración de dictar resolución expresa en todos los procedimientos y de notificar la misma tiene como principal excepción: a) Los casos de terminación por pacto o convenio, los procedimientos de mediación y los supuestos de archivo por satisfacción extraprocesal. b) Cualquier procedimiento que supere los dos años de tramitación. c) Los expedientes de contratación menor. d) Las solicitudes presentadas fuera del horario de oficina.

La fase de ejecución de los actos administrativos tiene como finalidad: a) Estudiar la viabilidad teórica de las ordenanzas fiscales. b) Archivar los documentos antes de su paso por el registro central. c) Someter el expediente a la aprobación del Defensor del Pueblo. d) Hacer efectivos los mandatos y obligaciones contenidos en las resoluciones administrativas cuando los obligados no los cumplan voluntariamente.

¿Qué ley regula los derechos y obligaciones de los ciudadanos y de las Administraciones Públicas en cuanto a la tramitación electrónica y las normas comunes de actuación?. a) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. b) La Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público únicamente. c) La Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local. d) La Ley Orgánica de Protección de Datos.

Según la normativa vigente, ¿Quiénes tienen la obligación de relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas?. a) Las personas jurídicas, colectivos sin personalidad jurídica, y determinados profesionales colegiados, entre otros. b) Exclusivamente los funcionarios públicos en activo. c) Únicamente los ciudadanos mayores de edad de nacionalidad española. d) Solo aquellas personas que residan fuera del territorio nacional.

Las antiguas oficinas tradicionales de registro de documentos se han transformado normativamente en: a) Oficinas de asistencia en materia de registros. b) Delegaciones provinciales de hacienda. c) Centros de atención telefónica exclusiva. d) Archivos generales de depósito histórico.

El sistema de asistencia en materia de registros tiene entre sus funciones principales: a) Auxiliar a los interesados que lo soliciten en la presentación electrónica de documentos y solicitudes. b) Resolver directamente los recursos extraordinarios de revisión. c) Sancionar a los ciudadanos que presenten escritos fuera de plazo. d) Emitir certificados digitales de identidad sin validez legal.

En relación con el derecho a la presentación de quejas y sugerencias por el funcionamiento de los servicios públicos, su regulación general establece que: a) No tienen la consideración de recursos administrativos y su presentación no suspende los plazos de los procedimientos. b) Tienen el valor de un recurso contencioso-administrativo directo. c) Obligan a la administración a indemnizar automáticamente al ciudadano. d) Solo pueden presentarse de forma presencial y mediante comparecencia personal obligatoria.

Una persona física no obligada a relacionarse electrónicamente con la Administración: a) Pierde todos sus derechos si presenta un escrito en papel. b) Puede elegir en todo momento si se comunica con la Administración por medios electrónicos o no. c) Está obligada a usar certificado digital obligatoriamente para cualquier trámite menor. d) Solo puede presentar escritos los fines de semana.

¿Qué ocurre si un ciudadano obligado a relacionarse electrónicamente presenta una solicitud presencialmente en papel ante una oficina de asistencia?. a) Se tramita de forma preferente y prioritaria. b) La administración le requerirá para que la subsane a través de su presentación electrónica. c) Se considera automáticamente aprobada por silencio positivo. d) El registro tiene prohibido recibir el documento bajo sanción penal.

El Registro Electrónico General de cada Administración Pública permite la presentación de: a) Únicamente solicitudes dirigidas al Ministerio de Hacienda. b) Cualquier solicitud, escrito o comunicación dirigido a cualquier órgano de esa Administración o entidad vinculada. c) Solo documentos mercantiles entre empresas privadas. d) Exclusivamente denuncias de carácter anónimo.

Respecto a las quejas formuladas por los ciudadanos ante la deficiente prestación de un servicio público: a) Dan lugar a la apertura de un juicio oral automático. b) La administración correspondiente está obligada a informar al ciudadano sobre las actuaciones realizadas en un plazo determinado. c) Caducan a los tres días de su presentación si no hay respuesta de la policía local. d) Tienen carácter vinculante para modificar las leyes autonómicas.

El principio de actuación administrativa que garantiza el uso de lenguas oficiales en los procedimientos de acuerdo con la legislación aplicable se enmarca dentro de: a) Las normas de competencia territorial estricta. b) Las reglas generales de actuación y relaciones entre las Administraciones y los ciudadanos. c) La potestad reglamentaria exclusiva de los ayuntamientos insulares. d) Los estatutos de las empresas de transporte urbano.

Con la transformación de las oficinas tradicionales de registro en oficinas de asistencia en materia de registros: a) Se suprime la obligación de expedir copias auténticas. b) Se centralizan todos los servicios en la capital del Estado exclusivamente. c) Se facilita la digitalización y el acceso universal a los servicios electrónicos para aquellos ciudadanos que carezcan de medios. d) Se privatiza la gestión de los archivos municipales por completo.

Entre los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas se incluye el derecho a: a) Elegir libremente el color del papel de sus escritos. b) No aportar datos y documentos que ya se encuentren en poder de las Administraciones Actuantes. c) Exigir la presencia física del alcalde en su domicilio para firmar instancias. d) Modificar los plazos de caducidad de los expedientes.

Si un ciudadano presenta un documento en una oficina de asistencia en materia de registro de una administración distinta a la competente: a) El documento se archiva inmediatamente por incompetencia manifiesta. b) Se devuelve físicamente al interesado para que viaje a la otra ciudad. c) Se remite al órgano competente utilizando las redes de interoperabilidad y registros interadministrativos. d) Se considera como no presentado a todos los efectos legales.

El canal de quejas y sugerencias tiene como finalidad principal: a) Imponer multas coercitivas a los funcionarios díscolos. b) Sustituir por completo a los juzgados de lo contencioso-administrativo. c) Conocer las inquietudes y deficiencias percibidas por los ciudadanos para mejorar la calidad de los servicios públicos. d) Recaudar tasas municipales adicionales por reclamaciones comerciales.

La validez y eficacia de los documentos electrónicos emitidos por las Administraciones Públicas requieren: a) Estar impresos en papel couché y firmados con pluma estilográfica. b) Contar con el sello húmedo tradicional de la alcaldía. c) Utilizar firma electrónica basada en certificados reconocidos o cualificados y garantizar su autenticidad e integridad. d) Publicarse obligatoriamente en el tablón de anuncios físico del ayuntamiento.

En relación con la asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados, las oficinas públicas: a) Tienen prohibido ayudar a los ciudadanos en operaciones informáticas. b) Cobran una tasa especial por cada clic realizado en el ordenador público. c) Solo prestan ayuda a los empleados municipales. d) Deben asistir al interesado en la identificación y firma electrónica si este lo solicita para la presentación de su escrito.

Las copias auténticas de documentos públicos administrativos o privados: a) Solo pueden ser expedidas por los notarios del Colegio de Ibiza. b) Carecen de validez jurídica fuera de la comunidad autónoma donde se emiten. c) Tienen validez únicamente durante el año natural en que se solicitan. d) Garantizan la coincidencia con el documento original y tienen plena validez en las Administraciones Públicas.

El Registro Electrónico de cada Administración Pública se rige por el principio de: a) Cierre patronal los días laborables por la tarde. b) Acceso restringido exclusivamente a las empresas contratistas. c) Disponibilidad intermitente sujeta a disponibilidad del servidor local. d) Disponibilidad de acceso las 24 horas de todos los días del año, con las salvedades de mantenimiento técnico.

¿Qué diferencia fundamental existe entre una queja administrativa y un recurso administrativo?. a) No existe ninguna diferencia jurídica, son sinónimos exactos. b) La queja la resuelve el juez y el recurso lo resuelve el alcalde. c) El recurso impugna un acto administrativo formal buscando su anulación o modificación, mientras que la queja denuncia deficiencias de funcionamiento. d) La queja es obligatoria y el recurso es completamente voluntario.

Respecto al régimen de identificación de los ciudadanos en sus relaciones electrónicas con las administraciones, se aceptarán: a) Únicamente claves verbales dichas por teléfono fijo. b) Fotografías del DNI enviadas por mensajería instantánea. c) Contraseñas simples compartidas sin encriptar. d) Sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y sistemas de clave concertada (Cl@ve) contemplados legalmente.