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De acuerdo con el artículo 55 de la Ley 39/2015, las actuaciones previas en los procedimientos de naturaleza sancionadora tienen como finalidad: Iniciar formalmente el procedimiento mediante acuerdo motivado del instructor. Determinar con la mayor precisión posible los hechos susceptibles de motivar la incoación, posibles responsables y circunstancias relevantes. Resolver anticipadamente el procedimiento cuando existan indicios racionales de infracción.

De acuerdo con el artículo 56 de la Ley 39/2015, las medidas provisionales adoptadas antes de la iniciación del procedimiento administrativo: Podrán mantenerse indefinidamente mientras exista riesgo para el interés público. Deberán confirmarse, modificarse o levantarse en el acuerdo de iniciación, que deberá dictarse dentro de los quince días siguientes a su adopción. Solo podrán adoptarse a solicitud del interesado y requerirán autorización judicial previa.

Según el artículo 56 de la Ley 39/2015, señale la INCORRECTA respecto de las medidas provisionales: Podrán alzarse o modificarse durante la tramitación del procedimiento por circunstancias sobrevenidas. No podrán adoptarse medidas que impliquen violación de derechos amparados por las leyes. Las medidas provisionales adoptadas antes de iniciar el procedimiento se mantendrán automáticamente aunque no se inicie el procedimiento en el plazo previsto.

De acuerdo con el artículo 57 de la Ley 39/2015, la acumulación de procedimientos administrativos: Solo podrá acordarse de oficio cuando los procedimientos se hayan iniciado de la misma forma. Podrá acordarse de oficio o a instancia de parte, siempre que exista identidad sustancial o íntima conexión y sea el mismo órgano el competente para tramitarlos y resolverlos. Podrá ser recurrida en alzada por los interesados que se consideren perjudicados.

De acuerdo con el artículo 58 de la Ley 39/2015, los procedimientos iniciados de oficio: Se iniciarán exclusivamente por propia iniciativa del órgano competente. Podrán iniciarse como consecuencia de denuncia, petición razonada de otros órganos, orden superior o propia iniciativa. Se entenderán iniciados automáticamente desde la presentación de la denuncia.

De acuerdo con el artículo 59 de la Ley 39/2015, se entiende por propia iniciativa: La actuación derivada exclusivamente del conocimiento directo de los hechos por el órgano instructor. La actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de circunstancias, conductas o hechos por el órgano competente para iniciar el procedimiento. La actuación iniciada necesariamente tras denuncia formulada por un interesado.

De acuerdo con el artículo 60 de la Ley 39/2015, en los procedimientos sancionadores la orden superior deberá expresar, en la medida de lo posible: Exclusivamente la infracción presuntamente cometida y su sanción correspondiente. La persona o personas presuntamente responsables, los hechos susceptibles de constituir infracción, su tipificación y el momento o período de producción de los hechos. Únicamente la identificación del órgano instructor y del órgano competente para resolver.