TEMA 8

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Según el artículo 1 del Código Civil, ¿cuáles son las fuentes del ordenamiento jurídico español?. A) La Constitución, los tratados internacionales y la jurisprudencia, por ese orden de preferencia. B) La ley, la costumbre y los principios generales del Derecho. C) La ley, los reglamentos administrativos y los actos dictados por los órganos competentes. D) La ley, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y las instrucciones de las Administraciones públicas.

¿En qué condiciones puede aplicarse la costumbre como fuente del Derecho?. A) Siempre que exista una práctica reiterada, incluso aunque contradiga una ley vigente. B) Cuando una Administración pública la haya aplicado durante un período prolongado, sin necesidad de acreditar su existencia. C) En defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral ni al orden público y resulte probada. D) Únicamente cuando haya sido recogida previamente en una disposición reglamentaria.

¿Qué función desempeñan los principios generales del Derecho dentro del sistema de fuentes establecido por el Código Civil?. A) Prevalecen siempre sobre la ley cuando permiten una interpretación más favorable al ciudadano. B) Se aplican exclusivamente cuando no existe Constitución ni legislación escrita sobre la materia. C) Tienen la misma función que la jurisprudencia y solo pueden aplicarse después de una sentencia del Tribunal Supremo. D) Se aplican en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico.

¿Qué requisito establece el artículo 1 del Código Civil para la aplicación directa en España de las normas contenidas en los tratados internacionales?. A) Que el tratado haya sido aprobado mediante ley orgánica en todos los casos. B) Que las normas del tratado se hayan incorporado al ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el BOE. C) Que el Tribunal Supremo haya dictado previamente jurisprudencia reiterada sobre su contenido. D) Que el Consejo de Gobierno de cada comunidad autónoma autorice su aplicación en su territorio.

¿Qué papel atribuye el Código Civil a la jurisprudencia?. A) Constituye una fuente que puede derogar cualquier ley cuando exista doctrina reiterada. B) Sustituye a los principios generales del Derecho en todas las materias administrativas. C) Complementa el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establece el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar las fuentes del Derecho. D) Tiene carácter reglamentario y vincula exclusivamente a los órganos de la Administración General del Estado.

¿Qué obligación establece el Código Civil para jueces y tribunales respecto de los asuntos de los que conozcan?. A) Resolver únicamente cuando exista una ley escrita que regule expresamente el supuesto. B) Suspender el procedimiento cuando no exista una norma reglamentaria aplicable. C) Aplicar primero la costumbre y, si esta no existe, remitir el asunto al legislador. D) Resolver en todo caso, ateniéndose al sistema de fuentes establecido.

Si una ley no establece expresamente una fecha distinta de entrada en vigor, ¿cuándo comienza a regir según el artículo 2 del Código Civil?. A) A los veinte días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado. B) Al día siguiente de su publicación, aunque esta no se haya completado. C) A los quince días hábiles de su aprobación definitiva por las Cortes Generales. D) En la fecha en que el órgano administrativo competente publique sus instrucciones de aplicación.

Una ley posterior deroga una ley anterior y, tiempo después, la propia ley derogatoria resulta derogada. ¿Qué sucede con la primera ley?. A) Recupera automáticamente su vigencia desde el día en que desaparece la ley derogatoria. B) Recupera su vigencia cuando así lo determine el Tribunal Supremo mediante jurisprudencia reiterada. C) No recobra vigencia por la simple derogación de la ley que la había derogado. D) Recupera su vigencia si no existe otra ley que regule expresamente la misma materia.

¿Cuál es la regla general del artículo 2 del Código Civil respecto a la retroactividad de las leyes?. A) Todas las leyes son retroactivas salvo que el legislador lo prohíba expresamente. B) Las leyes administrativas tienen siempre efectos retroactivos desde la fecha de aprobación. C) Las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario. D) Únicamente las leyes orgánicas pueden establecer expresamente efectos retroactivos.

¿Qué describe la expresión costumbre secundum legem?. A) Una práctica social que contradice una ley escrita y pretende desplazarla. B) Una costumbre que interpreta, concreta o desarrolla una ley existente sin contradecirla. C) Una práctica que regula exclusivamente materias no contempladas por ninguna ley. D) Una doctrina reiterada establecida por el Tribunal Supremo al interpretar una norma.

¿Qué caracteriza a la costumbre praeter legem?. A) Se aplica con preferencia a cualquier ley posterior por su arraigo social. B) Solo puede utilizarse cuando ha sido aprobada expresamente por el Gobierno. C) Consiste en una práctica contraria a una disposición legal de rango superior. D) Regula materias no previstas por la ley y puede operar supletoriamente ante una laguna normativa.

¿Qué afirmación describe correctamente la costumbre contra legem?. A) Es la costumbre que completa una ley sin apartarse de su contenido. B) Es una práctica que se aplica cuando no existe ley, sin necesidad de prueba. C) Es una práctica contraria a una ley expresa, que no puede desplazarla por el mero hecho de ser reiterada. D) Es una modalidad de jurisprudencia que complementa el ordenamiento jurídico.

¿Qué consecuencia establece el artículo 1.2 del Código Civil para las disposiciones que contradigan otras de rango superior?. A) Se aplican si son posteriores y regulan una materia más específica. B) Conservan su validez hasta que el órgano que las dictó decida derogarlas. C) Se convierten automáticamente en disposiciones del mismo rango que la norma superior. D) Carecen de validez por contradecir una disposición de rango superior.

¿Qué afirmación refleja correctamente la relación entre ley y costumbre dentro del sistema de fuentes del Código Civil?. A) La costumbre prevalece sobre la ley cuando ha sido observada durante un período prolongado. B) La costumbre y la ley tienen idéntica preferencia y se aplican indistintamente. C) La costumbre se aplica en defecto de ley aplicable y debe reunir los requisitos establecidos legalmente. D) La costumbre solo puede aplicarse después de que el Tribunal Supremo la haya reconocido expresamente.

¿Cuál es la posición de la Constitución Española en la jerarquía normativa general estudiada en el tema?. A) Se encuentra por debajo de las leyes orgánicas y de los tratados internacionales. B) Ocupa la posición superior de la jerarquía normativa interna y condiciona la validez del resto de las normas. C) Tiene el mismo rango que las leyes ordinarias y los reglamentos ejecutivos. D) Constituye una fuente supletoria que se aplica únicamente cuando no existe legislación ordinaria.

¿Qué materias reserva el artículo 81 de la Constitución a las leyes orgánicas?. A) Todas las materias relacionadas con la organización administrativa y el funcionamiento de los servicios públicos. B) Cualquier materia que el Gobierno considere de especial importancia política o económica. C) El desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas, los Estatutos de Autonomía, el régimen electoral general y las demás materias previstas por la Constitución. D) Exclusivamente las materias relativas a la Corona, las Cortes Generales y el Tribunal Constitucional.

¿Qué mayoría se exige para aprobar, modificar o derogar una ley orgánica?. A) Mayoría simple del Congreso y mayoría absoluta del Senado. B) Mayoría de tres quintos de ambas Cámaras en votación conjunta. C) Mayoría absoluta del Congreso en una votación inicial y mayoría simple en la votación final. D) Mayoría absoluta del Congreso de los Diputados en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

¿Cuál es la característica fundamental de la ley ordinaria frente a la ley orgánica?. A) Regula materias no reservadas constitucionalmente a ley orgánica y se aprueba conforme al procedimiento legislativo correspondiente. B) Tiene necesariamente un rango jerárquico inferior a las leyes orgánicas en todas las materias. C) Es una disposición reglamentaria que dicta el Gobierno para desarrollar una ley previa. D) Solo puede regular la organización interna de la Administración y nunca derechos u obligaciones.

¿Qué órgano puede recibir de las Cortes Generales una delegación legislativa para dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas?. A) El Tribunal Supremo, mediante una sentencia dictada en pleno. B) El Senado, a través de un acuerdo adoptado por su Mesa. C) El Gobierno, mediante una delegación legislativa otorgada por las Cortes Generales. D) Cualquier ministerio, siempre que exista un informe favorable de la Abogacía del Estado.

Cuando la delegación legislativa tiene por objeto la formación de un texto articulado, ¿mediante qué instrumento debe otorgarse?. A) Mediante un decreto-ley que establezca la urgencia de la regulación. B) Mediante una ley de bases que delimite el objeto, el alcance, los principios y los criterios de la delegación. C) Mediante una orden ministerial que autorice la redacción de los artículos correspondientes. D) Mediante una ley ordinaria que no necesita concretar el contenido de la delegación.

Si la delegación legislativa tiene por finalidad refundir varios textos legales en uno solo, ¿qué instrumento se utiliza?. A) Una ley de bases que permita modificar libremente todos los textos anteriores. B) Un reglamento ejecutivo aprobado por el Consejo de Ministros. C) Un decreto-ley dictado por el Gobierno por razones de extraordinaria y urgente necesidad. D) Una ley ordinaria que autorice la refundición y delimite su ámbito.

¿Cómo debe otorgarse la delegación legislativa al Gobierno conforme al artículo 82 de la Constitución?. A) De forma implícita, para cualquier materia relacionada con la competencia del Gobierno y por tiempo indefinido. B) Mediante acuerdo del Consejo de Ministros, sin necesidad de intervención de las Cortes Generales. C) De forma expresa, para una materia concreta y con fijación de un plazo para su ejercicio. D) Mediante una autorización general que permita al Gobierno decidir posteriormente qué materias regular.

¿Cuándo se entiende agotada la delegación legislativa concedida al Gobierno?. A) Cuando se publica la ley de delegación, aunque todavía no se haya dictado la norma delegada. B) Cuando transcurre la mitad del plazo previsto en la ley de delegación. C) Cuando el Congreso aprueba una resolución indicando que la delegación puede utilizarse. D) Cuando el Gobierno hace uso de ella mediante la publicación de la norma correspondiente.

¿Cuál de las siguientes limitaciones se impone expresamente a las leyes de bases?. A) No pueden autorizar al Gobierno a desarrollar ningún aspecto técnico de la materia delegada. B) No pueden permitir la aprobación de textos articulados por el Gobierno. C) No pueden autorizar la modificación de la propia ley de bases ni facultar para dictar normas con carácter retroactivo. D) No pueden establecer principios o criterios que orienten el ejercicio de la delegación legislativa.

¿Qué debe especificar la ley ordinaria que autoriza la refundición de varios textos legales?. A) Únicamente el título de la norma que se aprobará y la fecha prevista para su publicación. B) El ámbito normativo de la delegación y si esta se limita a formular un texto único o incluye regularizar, aclarar y armonizar los textos que se refunden. C) La composición del órgano administrativo encargado de tramitar cada una de las leyes refundidas. D) La mayoría parlamentaria que deberá obtener cada disposición incluida en el texto refundido.

¿Puede una delegación legislativa permitir que el Gobierno subdelegue la potestad recibida en autoridades distintas de él mismo?. A) Sí, siempre que la subdelegación se limite a materias de carácter administrativo. B) Sí, cuando la autoridad destinataria tenga competencia técnica sobre la materia. C) Sí, si la ley de delegación no contiene una prohibición expresa. D) No; la delegación legislativa no puede entenderse concedida para permitir esa subdelegación.

¿Qué prevé la Constitución respecto de los controles adicionales sobre el ejercicio de la delegación legislativa?. A) Que únicamente puede existir control parlamentario, quedando excluido cualquier control judicial. B) Que el Gobierno puede decidir libremente si somete la norma delegada a controles externos. C) Que la ley de delegación puede establecer fórmulas adicionales de control, sin perjuicio de la competencia propia de los tribunales. D) Que toda norma dictada por delegación debe ser ratificada por el Tribunal Constitucional antes de publicarse.

¿Qué presupuesto constitucional habilita al Gobierno para dictar un decreto-ley?. A) La existencia de una delegación legislativa expresa concedida mediante una ley de bases. B) La necesidad de desarrollar una ley ordinaria cuyo contenido no pueda aplicarse directamente. C) La concurrencia de una situación de extraordinaria y urgente necesidad, que permite dictar una disposición provisional con los límites establecidos por la Constitución. D) La autorización previa del Senado para regular materias que correspondan a la competencia del Estado.

¿Cuál de las siguientes materias se encuentra entre los límites materiales del decreto-ley establecidos en el artículo 86 de la Constitución?. A) Cualquier aspecto de la organización interna de los ministerios, sin excepción. B) Toda materia que tenga consecuencias económicas para el Estado. C) Cualquier materia regulada previamente mediante ley ordinaria. D) El régimen de las comunidades autónomas y el Derecho electoral general, junto con los demás ámbitos constitucionalmente protegidos.

¿Qué plazo tiene el Congreso de los Diputados para pronunciarse expresamente sobre la convalidación o derogación de un decreto-ley?. A) Veinte días hábiles desde su publicación en el BOE. B) Treinta días siguientes a su promulgación. C) Dos meses desde la entrada en vigor de la disposición. D) Quince días naturales desde su remisión al Senado.

¿Qué debe hacer el Congreso dentro del plazo constitucional respecto de un decreto-ley?. A) Aprobar necesariamente una ley orgánica que lo sustituya. B) Remitirlo al Senado para que este decida si lo mantiene en vigor. C) Pronunciarse expresamente sobre su convalidación o derogación. D) Solicitar siempre un dictamen vinculante del Tribunal Constitucional antes de votar.

¿Qué posibilidad contempla la Constitución respecto de un decreto-ley durante el plazo de convalidación?. A) Que el Gobierno lo transforme directamente en ley orgánica mediante un acuerdo del Consejo de Ministros. B) Que las comunidades autónomas lo convaliden para su respectivo territorio. C) Que el Senado lo sustituya por una disposición reglamentaria de idéntico contenido. D) Que las Cortes Generales lo tramiten como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

¿Qué permite una ley marco conforme al artículo 150.1 de la Constitución?. A) Transferir de forma definitiva todas las competencias estatales a las comunidades autónomas mediante un reglamento. B) Atribuir a todas o algunas comunidades autónomas la facultad de dictar normas legislativas dentro de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. C) Autorizar a los parlamentos autonómicos a aprobar leyes orgánicas propias en cualquier materia. D) Sustituir los Estatutos de Autonomía por disposiciones aprobadas directamente por el Gobierno.

¿Qué instrumento exige el artículo 150.2 de la Constitución para transferir o delegar a las comunidades autónomas facultades correspondientes a materias de titularidad estatal susceptibles de ello?. A) Un decreto del Consejo de Ministros que determine las competencias y los medios económicos. B) Una ley ordinaria aprobada exclusivamente por el Parlamento autonómico destinatario. C) Una ley orgánica que prevea la correspondiente transferencia de medios financieros y las formas de control que se reserve el Estado. D) Una orden ministerial que autorice a cada comunidad autónoma a ejercer las facultades transferidas.

¿En qué supuesto contempla el artículo 150.3 la aprobación de leyes de armonización?. A) Siempre que una comunidad autónoma apruebe una ley distinta de la legislación estatal. B) Cuando todas las comunidades autónomas soliciten conjuntamente la intervención del Estado. C) Exclusivamente cuando sea necesario ejecutar una sentencia del Tribunal Supremo. D) Cuando el interés general lo exija y las Cortes Generales aprecien la necesidad de establecer principios para armonizar disposiciones normativas autonómicas, incluso en materias atribuidas a estas.

¿Qué mayoría exige el artículo 150.3 de la Constitución para apreciar la necesidad de una ley de armonización?. A) La mayoría absoluta de cada una de las Cámaras de las Cortes Generales. B) La mayoría simple del Congreso y del Senado reunidos conjuntamente. C) La mayoría de tres quintos del Congreso y la mayoría simple del Senado. D) La mayoría absoluta del Congreso, sin necesidad de votación en el Senado.

¿Qué plazo ordinario tiene el Senado para vetar o enmendar un proyecto de ley aprobado por el Congreso y recibido por aquella Cámara?. A) Veinte días naturales desde su publicación oficial. B) Un mes desde la aprobación inicial por el Congreso. C) Dos meses, contados desde el día de recepción del texto. D) Treinta días hábiles desde la fecha de su remisión al Gobierno.

¿Qué mayoría necesita el Senado para aprobar un veto a un proyecto de ley?. A) Mayoría simple de los senadores presentes en la sesión. B) Mayoría de tres quintos de la Cámara. C) Unanimidad de los miembros del Senado. D) Mayoría absoluta del Senado.

Si el Senado ha interpuesto un veto, ¿cómo puede el Congreso ratificar el texto inicial conforme al artículo 90 de la Constitución?. A) Únicamente mediante unanimidad de los diputados presentes. B) Por mayoría absoluta, o por mayoría simple una vez transcurridos dos meses desde la interposición del veto. C) Solo mediante una nueva ley orgánica aprobada por ambas Cámaras. D) Mediante mayoría simple en cualquier momento, sin atender al plazo transcurrido.

¿Qué plazo tiene el Senado para vetar o enmendar un proyecto de ley declarado urgente por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados?. A) Quince días hábiles. B) Un mes natural. C) Dos meses desde su recepción. D) Veinte días naturales.

¿Qué diferencia general existe entre un reglamento ejecutivo y un reglamento independiente?. A) El ejecutivo tiene rango de ley y el independiente tiene rango inferior a una orden administrativa. B) El ejecutivo desarrolla o ejecuta una ley existente, mientras que el independiente regula autónomamente materias sin depender de una ley específica, dentro de los límites jurídicos aplicables. C) El ejecutivo lo aprueba el Parlamento y el independiente lo dicta exclusivamente un órgano judicial. D) El ejecutivo se dicta solo en situaciones de emergencia y el independiente únicamente para desarrollar leyes orgánicas.

¿Qué caracteriza a los reglamentos de necesidad según la clasificación recogida en el tema?. A) Son disposiciones dictadas exclusivamente para regular la organización interna de las Consejerías. B) Son normas aprobadas por las Cortes Generales mediante delegación legislativa. C) Son disposiciones que se dictan ante situaciones de urgencia o emergencia y pueden tener carácter temporal. D) Son reglamentos que desarrollan necesariamente una ley previa y mantienen siempre vigencia indefinida.

¿Qué diferencia existe entre los reglamentos generales y los reglamentos internos o especiales en la clasificación del tema?. A) Los generales solo afectan a los funcionarios y los internos vinculan a toda la ciudadanía. B) Los generales son siempre independientes de la ley y los internos siempre tienen rango legal. C) Los generales establecen un marco amplio para un conjunto de personas o situaciones, mientras que los internos o especiales se circunscriben a un ámbito específico. D) Los generales los aprueban las Cortes Generales y los internos únicamente los tribunales de justicia.

Según el artículo 128 de la Ley 39/2015 citado en el tema, ¿a quién corresponde el ejercicio de la potestad reglamentaria?. A) Exclusivamente a las Cortes Generales y al Parlamento de Andalucía. B) A cualquier empleado público que tenga atribuida la tramitación de un procedimiento administrativo. C) Únicamente al Gobierno de la Nación, con exclusión de las comunidades autónomas y de las entidades locales. D) Al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las comunidades autónomas conforme a sus Estatutos y a los órganos de gobierno locales dentro del marco aplicable.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja un límite material de la potestad reglamentaria conforme al artículo 128.2 de la Ley 39/2015?. A) Los reglamentos pueden contradecir una ley si desarrollan una materia técnica y existe informe favorable. B) Los reglamentos no pueden vulnerar la Constitución ni las leyes, ni regular materias reservadas a las Cortes Generales o a las asambleas legislativas autonómicas. C) Los reglamentos pueden regular cualquier materia reservada a la ley si el órgano competente justifica su urgencia. D) Las disposiciones administrativas pueden apartarse de la Constitución cuando así lo establezca un reglamento autonómico posterior.

¿Puede un reglamento tipificar por sí mismo infracciones administrativas o establecer penas y sanciones?. A) Sí, siempre que se trate de una infracción de carácter leve. B) Sí, cuando el reglamento haya sido aprobado por mayoría absoluta del Consejo de Gobierno. C) No; el artículo 128.2 citado en el tema excluye que los reglamentos tipifiquen infracciones o establezcan penas o sanciones. D) No, salvo que la disposición se publique simultáneamente en el BOE y en el BOJA.

¿Qué otros elementos no pueden establecer los reglamentos conforme al artículo 128.2 reproducido en el tema?. A) La organización interna de los servicios administrativos en cualquier circunstancia. B) Los procedimientos para solicitar información pública. C) Las normas de funcionamiento interno que no afecten a terceros. D) Tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público.

¿Qué establece el artículo 128.3 de la Ley 39/2015 sobre la jerarquía entre disposiciones administrativas?. A) La norma posterior prevalece siempre sobre la anterior, con independencia del rango de ambas. B) Las órdenes de las Consejerías prevalecen sobre los decretos del Consejo de Gobierno si regulan una materia más concreta. C) Las disposiciones administrativas deben ajustarse al orden de jerarquía establecido por las leyes y ninguna puede vulnerar otra de rango superior. D) Todas las disposiciones administrativas tienen idéntico rango, salvo que una ley establezca lo contrario expresamente.

¿Qué persigue el principio de seguridad jurídica en el ejercicio de la iniciativa normativa, conforme al artículo 129 citado en el tema?. A) Que las normas se aprueben sin trámites de participación para acelerar su aplicación. B) Que las Administraciones mantengan regulaciones distintas aunque regulen supuestos idénticos. C) Que la iniciativa normativa sea coherente con el ordenamiento y genere un marco estable, predecible, integrado, claro y comprensible. D) Que las normas tengan vigencia indefinida y no puedan modificarse por disposiciones posteriores.

Cuando una iniciativa normativa establece trámites administrativos adicionales o distintos de los previstos en la Ley 39/2015, ¿qué exige el precepto citado en el tema?. A) Que los trámites sean aprobados previamente por el Tribunal Supremo. B) Que se justifiquen atendiendo a la singularidad de la materia o a los fines perseguidos por la propuesta normativa. C) Que se incorporen necesariamente a una ley orgánica. D) Que sean autorizados individualmente por cada persona interesada en el procedimiento.

¿A quién se confiere con carácter general la habilitación para desarrollar reglamentariamente una ley según el artículo 129 reproducido en el tema?. A) A cualquier órgano administrativo dependiente del departamento que haya iniciado la tramitación. B) Exclusivamente a las personas titulares de las Consejerías, sin excepciones. C) A los órganos consultivos, por su independencia respecto del órgano promotor. D) Al Gobierno o Consejo de Gobierno respectivo; la atribución directa a otros órganos tiene carácter excepcional y debe justificarse en los términos previstos.

¿Cómo ejerce el Consejo de Gobierno de Andalucía la iniciativa legislativa conforme a la Ley 6/2006?. A) Mediante la publicación directa de las leyes en el BOJA, sin intervención del Parlamento. B) Mediante órdenes de las personas titulares de las Consejerías, que adquieren rango de ley. C) Mediante la aprobación de los proyectos de ley y su posterior remisión al Parlamento de Andalucía. D) Mediante la aprobación de decretos reglamentarios que sustituyen la tramitación parlamentaria.

¿Qué trámite previo a la elaboración del anteproyecto de ley recoge el artículo 43.2 de la Ley 6/2006 citado en el tema?. A) Una votación inicial del Parlamento de Andalucía sobre el texto completo. B) Una consulta pública previa conforme a la normativa básica estatal y a la normativa andaluza de participación ciudadana indicada. C) La publicación definitiva de la ley en el BOJA para recibir alegaciones posteriores. D) Un dictamen vinculante del Tribunal Constitucional sobre la oportunidad de la iniciativa.

¿Qué documento acompaña al anteproyecto de ley conforme al procedimiento descrito en el tema?. A) Una memoria que se limita a calcular el coste de impresión y publicación de la norma. B) Una sentencia que confirme anticipadamente la constitucionalidad del texto. C) Un informe que sustituye todos los trámites de audiencia, consulta e información pública. D) Una Memoria de Análisis de Impacto Normativo que reúne información sobre la justificación, oportunidad, necesidad e impactos de la propuesta.

¿Cuál de los siguientes elementos forma parte de los trámites de elaboración normativa andaluza descritos en el material?. A) La autorización previa del Senado para todos los reglamentos autonómicos. B) La ratificación obligatoria del Tribunal Supremo antes de publicar cualquier disposición. C) Los informes jurídicos y de los órganos competentes que resulten preceptivos, incluidos los de la Secretaría General Técnica y el Gabinete Jurídico, así como los dictámenes consultivos que procedan. D) La aprobación de todos los proyectos por unanimidad de las personas titulares de las Consejerías.

¿Cuál es el plazo mínimo ordinario de audiencia e información pública que recoge el tema para la elaboración de reglamentos andaluces?. A) Diez días naturales, sin posibilidad de reducción. B) Veinte días hábiles en todos los procedimientos, incluso los urgentes. C) Treinta días hábiles, salvo autorización judicial. D) Quince días hábiles, con posibilidad de reducirlo motivadamente a siete días hábiles en los términos previstos en el texto.

¿En qué supuestos contempla el material que puede prescindirse de la audiencia o información pública durante la elaboración normativa?. A) Siempre que el órgano promotor considere que el proyecto es sencillo, aunque no motive su decisión. B) En los supuestos previstos en el texto, como determinadas normas presupuestarias u organizativas o cuando concurra un interés público grave, conforme a las condiciones aplicables. C) Cuando el proyecto tenga menos de diez artículos o no modifique ninguna norma anterior. D) Siempre que la disposición haya sido redactada por funcionarios con experiencia en la materia.

¿Qué requisito de publicación señala el tema para la entrada en vigor de una disposición reglamentaria andaluza?. A) Es suficiente una circular interna remitida a los órganos administrativos afectados. B) Basta con publicar un resumen del contenido de la disposición en el portal de transparencia. C) La publicación íntegra de la disposición en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. D) Debe publicarse únicamente en el BOE, aunque sea una disposición propia de Andalucía.

¿Qué supuestos de urgencia recoge el artículo 45 bis de la Ley 6/2006 citado en el material?. A) Cualquier retraso administrativo y cualquier preferencia del órgano promotor. B) Exclusivamente la existencia de una emergencia declarada judicialmente. C) La conveniencia de evitar la participación pública en normas de contenido técnico. D) Entre otros, la necesidad de cumplir plazos para transponer directivas de la Unión Europea y la concurrencia de circunstancias extraordinarias e imprevisibles que exijan una aprobación urgente.

¿Qué efecto general tiene la tramitación urgente sobre los plazos del procedimiento de elaboración normativa andaluz, según el tema?. A) Duplica los plazos ordinarios para garantizar una mayor participación. B) Elimina automáticamente todos los informes jurídicos y consultivos. C) Reduce a la mitad los plazos y establece reglas específicas para determinados trámites, incluida la audiencia e información pública de siete días hábiles. D) Convierte automáticamente la disposición reglamentaria en un decreto-ley con rango de ley.

¿Qué ocurre con la consulta pública previa en la tramitación urgente descrita en el artículo 45 bis?. A) Debe realizarse durante un plazo doble del ordinario. B) Se sustituye necesariamente por una votación del Parlamento de Andalucía. C) No se realiza el trámite de consulta pública previa en el procedimiento urgente descrito en el material. D) Solo puede omitirse después de obtener autorización del Consejo Consultivo en todos los casos.

¿Qué efecto tienen los informes preceptivos que llegan fuera de plazo durante la tramitación urgente descrita en el tema?. A) El procedimiento queda automáticamente archivado hasta que se reciban todos los informes. B) La norma se considera aprobada por silencio positivo. C) Todos los informes tardíos se consideran desfavorables y obligan a reiniciar la tramitación. D) Su retraso no paraliza la continuación del procedimiento, conforme a la regla de urgencia recogida en el material.

¿Qué forma adoptan las decisiones de la Presidencia de la Junta de Andalucía que deben formalizarse de esa manera conforme al artículo 46 de la Ley 6/2006?. A) Decretos de la Presidencia, firmados exclusivamente por el Presidente o Presidenta de la Junta de Andalucía. B) Órdenes de la Consejería competente, firmadas por todos los miembros del Consejo de Gobierno. C) Acuerdos del Parlamento de Andalucía, firmados por la Mesa de la Cámara. D) Resoluciones del Consejo Consultivo, firmadas por la persona titular de la Consejería promotora.

¿Qué decisiones adoptan la forma de decreto acordado en Consejo de Gobierno conforme al artículo 46 del material?. A) Todas las decisiones de una Consejería, incluidas las instrucciones internas de carácter ordinario. B) Únicamente los actos administrativos individuales que no tengan efectos generales. C) Las normas reglamentarias del Consejo de Gobierno y las resoluciones que deban adoptar esa forma jurídica. D) Las decisiones del Parlamento de Andalucía que se aprueben por mayoría absoluta.

¿Qué son los acuerdos del Consejo de Gobierno conforme al artículo 46 de la Ley 6/2006 recogido en el tema?. A) Disposiciones con rango de ley aprobadas por delegación del Parlamento. B) Normas reglamentarias que deben publicarse siempre como decretos. C) Decisiones del Consejo de Gobierno que no deban adoptar la forma de decreto. D) Instrucciones dictadas exclusivamente por las personas titulares de las Secretarías Generales Técnicas.

¿Cómo se formalizan las órdenes de las personas titulares de Vicepresidencias y Consejerías cuando afectan a más de un órgano?. A) Mediante firma exclusiva del Presidente de la Junta de Andalucía. B) Mediante la firma conjunta de las personas titulares de los órganos afectados, conforme a la regla descrita en el material. C) Mediante la firma de la Presidencia del Parlamento y del Consejo Consultivo. D) Mediante acuerdo de todas las entidades locales de Andalucía afectadas por la disposición.

¿Qué relación existe entre la potestad reglamentaria del Consejo de Gobierno y la de las Consejerías según la jerarquía normativa descrita en el tema?. A) Las órdenes de las Consejerías prevalecen sobre los decretos del Consejo de Gobierno si se aprueban posteriormente. B) Ambas potestades tienen idéntico rango y pueden ejercerse indistintamente sobre cualquier materia. C) Las Consejerías pueden modificar mediante orden cualquier decreto aprobado por el Consejo de Gobierno. D) Las disposiciones de las Consejerías deben respetar las disposiciones de rango superior, incluidos los decretos del Consejo de Gobierno.

¿Qué es la Memoria de Análisis de Impacto Normativo conforme al Decreto 622/2019 citado en el tema?. A) Un informe facultativo que solo se redacta cuando la norma tiene un coste presupuestario elevado. B) Un documento que sustituye a los informes jurídicos y a los trámites de participación ciudadana. C) Un documento preceptivo que unifica la información que acompaña a los anteproyectos de ley, proyectos de decretos legislativos y proyectos de disposiciones reglamentarias, justificando su oportunidad, necesidad e impactos. D) Una memoria que se elabora exclusivamente después de que la norma haya entrado en vigor.

¿En qué supuesto puede elaborarse una MAIN abreviada según el Decreto 622/2019?. A) Siempre que el proyecto tenga naturaleza reglamentaria y lo promueva una Consejería. B) Cuando la norma tenga impactos económicos significativos y requiera una tramitación especialmente compleja. C) Cuando el órgano directivo aprecie que no existen impactos relevantes o que los impactos en los ámbitos indicados no son significativos. D) Únicamente cuando el Consejo Consultivo de Andalucía lo solicite mediante dictamen.

¿Qué debe incluir el análisis de oportunidad de una MAIN completa?. A) Solo la fecha estimada de aprobación y el órgano administrativo encargado de publicarla. B) La identificación de los fines y objetivos, las alternativas estudiadas y la justificación de la necesidad de la norma y de su adecuación a los principios de buena regulación. C) Exclusivamente la relación de disposiciones que se derogarán, sin explicar por qué resulta necesaria la propuesta. D) Una relación de las personas que han intervenido en la redacción, sin valorar las alternativas normativas.

¿Qué aspectos debe recoger el análisis jurídico de la MAIN conforme al contenido descrito en el tema?. A) Únicamente la legislación estatal, excluyendo las normas autonómicas y de la Unión Europea. B) Solo la denominación de la norma y el órgano que la aprobará. C) La relación de los funcionarios que han emitido informes y la fecha de cada reunión de trabajo. D) Las referencias normativas relevantes del Derecho nacional, autonómico y de la Unión Europea, la distribución de competencias, la justificación del rango y otros extremos jurídicos previstos.

Si un proyecto normativo regula un procedimiento administrativo, ¿qué factores debe analizar la MAIN?. A) Únicamente el número de formularios que se utilizarán durante su tramitación. B) Solo el coste de los equipos informáticos que necesitará el órgano gestor. C) Los factores relacionados con el plazo máximo, el impacto organizativo y de personal, la simplificación, las cargas administrativas, la digitalización, la automatización y otros elementos previstos en el tema. D) Exclusivamente si el procedimiento puede resolverse mediante una reunión presencial.

¿Qué debe valorar el análisis de impacto económico-financiero y presupuestario de la MAIN?. A) Únicamente el coste de publicar la disposición en el boletín oficial. B) Solo las repercusiones sobre el presupuesto del Parlamento de Andalucía. C) Las consecuencias sobre los sectores o agentes afectados y una estimación de la incidencia sobre los ingresos y gastos públicos en los ejercicios presupuestarios correspondientes. D) Exclusivamente el coste de los recursos humanos del órgano que haya redactado el proyecto.

¿En qué circunstancias contempla el tema la inclusión de un apartado sobre medios electrónicos en la MAIN?. A) Solo cuando el proyecto crea una Consejería nueva. B) Cuando el proyecto regula un procedimiento administrativo, guarda relación directa con las tecnologías de la información y comunicación o requiere de manera relevante esas tecnologías. C) Únicamente cuando el texto regula sanciones administrativas. D) En todos los proyectos normativos, aunque no tengan relación con procedimientos ni tecnologías.

¿Qué carácter tiene el análisis coste-beneficio dentro de la MAIN según el Decreto 622/2019 reproducido en el tema?. A) Es obligatorio en todos los proyectos y sustituye al resto de los análisis de impacto. B) Solo puede realizarlo el Consejo Consultivo de Andalucía. C) Está prohibido cuando el proyecto afecta a ingresos o gastos públicos. D) Tiene carácter potestativo, salvo que una norma específica o sectorial lo exija, y debe resumir los costes y beneficios directos e indirectos.

¿Qué debe reflejar la MAIN respecto de la consulta pública previa?. A) Solo el número de visitas que haya recibido la página web del órgano promotor. B) Una relación de las personas que no participaron en la consulta. C) Un resumen de las principales aportaciones recibidas y, si se prescinde del trámite, la justificación motivada de las razones aplicables. D) Únicamente el texto definitivo de la norma, sin referencia a las aportaciones recibidas.

¿Qué debe hacerse con la MAIN cuando se producen novedades significativas durante la tramitación del proyecto normativo?. A) Sustituirla automáticamente por una memoria abreviada. B) Mantenerla inalterada para evitar diferencias entre la versión inicial y la definitiva. C) Actualizar su contenido, especialmente en lo relativo a la tramitación, los informes, las observaciones y las alegaciones recibidas. D) Eliminar los apartados relativos a las consultas y los informes ya emitidos.

¿Qué contenido mínimo debe incluir la MAIN abreviada conforme al artículo 7 ter del Decreto 622/2019 citado en el tema?. A) Únicamente el órgano promotor, el título de la norma y la fecha prevista de publicación. B) La oportunidad, la distribución de competencias, las normas derogadas si procede, los impactos económico-financieros y presupuestarios, de género, infancia y familia, los medios electrónicos y la descripción de la tramitación y las consultas. C) Todos los apartados de la MAIN completa, sin posibilidad de adaptar su contenido. D) Exclusivamente un resumen ejecutivo y una relación de los informes favorables.

¿Qué debe justificar el órgano directivo competente cuando opta por elaborar una MAIN abreviada?. A) Que el proyecto ha sido aprobado previamente por el Parlamento de Andalucía. B) Que todos los impactos de la norma son necesariamente positivos. C) Los motivos por los que procede utilizar la modalidad abreviada en lugar de elaborar la memoria completa. D) Que no será necesario publicar la norma en el boletín oficial correspondiente.

¿Qué finalidad tiene el Plan de Calidad y Simplificación Normativa citado en el artículo 9 del Decreto 622/2019?. A) Aprobar automáticamente nuevas sanciones administrativas para los incumplimientos normativos. B) Sustituir las normas vigentes por instrucciones internas de las Consejerías. C) Revisar, simplificar y, en su caso, consolidar las disposiciones vigentes del Derecho propio de Andalucía. D) Eliminar los trámites de consulta e información pública de todos los procedimientos.

¿Con qué periodicidad se elabora el Plan de Calidad y Simplificación Normativa de Andalucía según el material?. A) Anualmente, mediante una orden de cada Consejería. B) Cada cuatro años, mediante decreto de la Presidencia. C) Cada seis meses, mediante acuerdo del Parlamento de Andalucía. D) Cada dos años, correspondiendo al Consejo de Gobierno aprobarlo mediante acuerdo.

¿Qué debe contener el análisis de la MAIN relacionado con la creación de nuevos órganos administrativos?. A) Solo la denominación del órgano y la ubicación física de sus oficinas. B) La acreditación de que las funciones y atribuciones del nuevo órgano no coinciden con las de otros órganos existentes, en los términos previstos en el tema. C) Una relación de las personas que ocuparán los puestos antes de que se apruebe la norma. D) La autorización del Tribunal Supremo para crear una unidad administrativa.

¿Qué debe analizarse respecto a las cargas administrativas que introduce una propuesta normativa?. A) Si resulta conveniente aumentar las cargas para todos los destinatarios, con independencia de su utilidad. B) Únicamente el número de páginas de los formularios que se utilizarán. C) La necesidad de las cargas, su impacto y el coste de cumplimiento para quienes deban soportarlas, procurando evitar cargas innecesarias o accesorias. D) Exclusivamente el coste que supone para la Administración imprimir la documentación.

¿Qué debe reflejar la descripción de la tramitación incluida en la MAIN?. A) Solo las fechas de inicio y finalización del procedimiento. B) Únicamente los informes favorables recibidos, excluyendo los desfavorables. C) La identidad de todas las personas que hayan accedido al expediente administrativo. D) Los trámites realizados, las aportaciones recibidas y su valoración, así como la forma en que se reflejan en el texto o las razones para no incorporarlas, y la justificación de la urgencia si procede.

¿Qué debe valorar la MAIN en relación con el impacto por razón de género y los efectos sobre infancia, adolescencia y familia?. A) Únicamente el número de personas que podrían presentar alegaciones al proyecto. B) Los impactos de la propuesta en esos ámbitos, atendiendo a los objetivos de igualdad de oportunidades y trato y a los efectos que correspondan sobre infancia, adolescencia y familia. C) Exclusivamente las repercusiones económicas de la norma sobre las familias numerosas. D) Solo las consecuencias que hayan sido señaladas expresamente por el Consejo Consultivo.

¿Qué información de relevancia jurídica deben publicar las Administraciones andaluzas conforme al artículo 13 de la Ley 1/2014 citado en el tema?. A) Únicamente las leyes aprobadas definitivamente por el Parlamento de Andalucía. B) Todas las conversaciones internas de los órganos administrativos, aunque carezcan de efectos jurídicos. C) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas que interpreten el Derecho o tengan efectos jurídicos, además de las restantes categorías previstas en el precepto. D) Exclusivamente las resoluciones judiciales firmes que afecten a la Administración autonómica.

¿Qué obligación establece la Ley 1/2014 respecto a la normativa vigente de la Comunidad Autónoma de Andalucía?. A) Publicarla únicamente cuando un ciudadano solicite acceso a ella. B) Actualizarla una vez cada cuatro años, coincidiendo con la renovación del Parlamento. C) Publicar solo las disposiciones que tengan efectos económicos sobre la ciudadanía. D) Mantenerla permanentemente actualizada y a disposición de la ciudadanía.

¿Qué información sobre las competencias autonómicas debe publicarse conforme al artículo 13.3 de la Ley 1/2014?. A) Una relación de las deliberaciones internas que hayan realizado todos los órganos de la Junta. B) Una relación de las competencias y de los traspasos de funciones y servicios asumidos por la Comunidad Autónoma de Andalucía. C) Únicamente las competencias que hayan sido transferidas durante el año en curso. D) Una relación de las competencias de las entidades locales de toda España, con independencia de Andalucía.

¿La publicación de un proyecto de reglamento implica necesariamente que se haya abierto un trámite de audiencia pública?. A) Sí, siempre que el proyecto se publique en el portal de transparencia de la Junta. B) Sí, porque la publicación y la audiencia pública son trámites equivalentes. C) No; el artículo 13 de la Ley 1/2014 establece que la publicación de un proyecto de reglamento no supone necesariamente la apertura de un trámite de audiencia pública. D) No, porque los proyectos de reglamento nunca pueden someterse a audiencia pública.

¿Qué información debe publicarse sobre las normas que se encuentran en curso de elaboración?. A) Únicamente el título de la norma, sin información sobre su contenido o tramitación. B) Solo la fecha prevista para su aprobación definitiva. C) La identidad de todas las personas que hayan intervenido en su redacción. D) Una relación actualizada que indique el objeto de las normas y su estado de tramitación.

¿Qué documentación se contempla publicar en relación con los expedientes de elaboración de normas, conforme al artículo 13 de la Ley 1/2014?. A) Solo el texto definitivo, una vez aprobado y publicado oficialmente. B) La MAIN y los demás informes que conformen los expedientes de elaboración, con ocasión de la publicidad prevista en el precepto. C) Únicamente los informes favorables emitidos por órganos consultivos. D) Exclusivamente la memoria económica, quedando excluidos los restantes informes del expediente.

¿Qué prevé el artículo 13 de la Ley 1/2014 respecto de los documentos que deban someterse a información pública durante su tramitación?. A) Que solo se publiquen si una persona interesada presenta una solicitud formal. B) Que se mantengan reservados hasta la entrada en vigor de la norma. C) Que se publiquen los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban someterse a información pública durante su tramitación. D) Que se sustituyan por un resumen elaborado por el órgano administrativo promotor.

¿Qué regla de publicidad recoge el material respecto de los proyectos de normas autonómicas y de los momentos de su tramitación?. A) Que únicamente se publican cuando ya han entrado en vigor. B) Que solo se publican si el Consejo Consultivo emite un dictamen favorable. C) Que nunca se publican antes de la aprobación definitiva del texto. D) Que deben publicarse en los momentos procedimentales previstos, incluidos los relacionados con los trámites de audiencia o información pública y los dictámenes indicados en el precepto.

¿Cuál es la diferencia esencial entre un decreto-ley y un decreto legislativo?. A) El decreto-ley desarrolla una ley de bases y el decreto legislativo se dicta exclusivamente por urgencia. B) El decreto-ley responde a una situación de extraordinaria y urgente necesidad; el decreto legislativo se dicta por el Gobierno en ejercicio de una delegación legislativa otorgada por las Cortes Generales. C) Ambos son reglamentos administrativos, pero el decreto-ley tiene una duración superior. D) El decreto-ley requiere siempre autorización previa del Senado y el decreto legislativo no tiene rango de ley.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la relación entre un reglamento y una ley?. A) El reglamento puede modificar una ley anterior cuando regula una materia más específica. B) La disposición reglamentaria posterior prevalece sobre la ley siempre que haya sido aprobada por el órgano competente. C) El reglamento puede regular materias reservadas a la ley si se acompaña de una MAIN completa. D) El reglamento está subordinado a la Constitución y a las leyes, y no puede contradecirlas ni vulnerar las disposiciones de rango superior.

Una ley no establece una fecha específica de entrada en vigor. ¿Qué regla se aplica conforme al artículo 2 del Código Civil?. A) Entra en vigor el día de su aprobación parlamentaria, aunque no se haya publicado. B) Entra en vigor al día siguiente de su publicación parcial en el BOE. C) Entra en vigor a los veinte días de su completa publicación en el BOE. D) Entra en vigor cuando el órgano administrativo competente publique las instrucciones necesarias para ejecutarla.

¿Qué diferencia existe entre una ley de bases y una ley ordinaria de delegación para refundir textos legales?. A) La ley de bases se utiliza para refundir textos y la ley ordinaria para aprobar textos articulados. B) La ley de bases se utiliza para formar textos articulados, mientras que una ley ordinaria puede autorizar la refundición de varios textos legales en uno solo. C) La ley de bases tiene rango reglamentario y la ley ordinaria tiene rango constitucional. D) Ambas se utilizan indistintamente y no necesitan precisar el objeto ni el alcance de la delegación.

¿Qué consecuencia tiene que una disposición reglamentaria contradiga una ley vigente?. A) La disposición reglamentaria modifica tácitamente la ley si fue aprobada con posterioridad. B) Ambas normas se aplican simultáneamente, salvo que exista una sentencia judicial. C) La ley queda suspendida hasta que el Gobierno apruebe una nueva disposición reglamentaria. D) El reglamento no puede prevalecer sobre la ley por su rango inferior y debe respetar la jerarquía normativa.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la finalidad de la MAIN en la elaboración de normas?. A) Sustituir los informes jurídicos, los trámites de participación y la publicación oficial. B) Justificar exclusivamente el coste presupuestario de una norma, sin analizar otros impactos. C) Reunir y justificar información sobre la oportunidad, necesidad, contenido e impactos de la propuesta normativa, incorporando los análisis previstos en el procedimiento. D) Determinar por sí sola la fecha de entrada en vigor de la disposición y su rango jerárquico.

¿Cuál de las siguientes opciones resume correctamente varios principios esenciales del procedimiento de elaboración normativa estudiado?. A) La potestad reglamentaria permite apartarse de la ley cuando existe urgencia, la MAIN es siempre facultativa y la publicación oficial puede sustituirse por una circular interna. B) La audiencia pública debe omitirse siempre en la tramitación urgente, los reglamentos pueden crear sanciones y las disposiciones inferiores prevalecen si son posteriores. C) La iniciativa normativa no requiere justificar sus impactos, la consulta pública sustituye a todos los informes y la publicación en el BOJA es opcional. D) La potestad reglamentaria debe respetar la jerarquía normativa; el procedimiento incorpora los trámites e informes que correspondan; la MAIN analiza la propuesta y sus impactos, y la publicación oficial resulta esencial para la entrada en vigor en los términos previstos.