La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia: Es meramente programática. Es vinculante. Es dogmágtica sin vinculaciones legales. Ninguna es correcta.
La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia fue aprobada el: 26 de abril de 2002. 16 de abril de 2003. 6 de abril de 2003. 16 de abril de 2002.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia?: Dicho texto se ha elaborado en la forma prevenida para los reglamentos. Dicho texto se elaboró mediante una proposición de ley. El texto fue elaborado por un grupo de trabajo. El texto ha sido objeto de ratificación por parte de las Cortes Generales.
El derecho de acceso, por parte de los interesados, a los libros, archivos y registros judiciales: Solo queda restringido en aquellos supuestos en que tengan carácter reservado en virtud de una ley orgánica. Queda restringido en aquellos supuestos en que tengan carácter reservado. Queda restringido en aquellos supuestos en que no tengan los mismos carácter reservado. No podrá quedar restringido por ninguna causa. .
¿Quiénes canalizarán la información sobre el estado, actividad y asuntos tramitados y pendientes de todos los órganos jurisdiccionales de España a la que tienen derecho los ciudadanos?: Ministerio de Justicia. Comunidades Autónomas con competencias en la materia. Consejo General del Poder Judicial. Todas son correctas. .
En cuanto al uso de la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma, la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia reconoce dicho derecho conforme: A lo dispuesto en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía. A lo dispuesto en la LOPJ, Estatutos de Autonomía, y las normas que lo desarrollen. A lo dispuesto en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía y en la LOPJ. A lo dispuesto en la LOJP.
El seguimiento y evaluación de lo dispuesto en la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia es competencia: Del Ministerio de Justicia y de los órganos competentes de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia. Consejo General del Poder Judicial. De la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados. Ninguna es correcta. .
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia?: El ciudadano tiene derecho a ser protegido adecuadamente cuando declare como testigo, y no le es aplicable cuando actúe como parte en el procedimiento judicial. El ciudadano tiene derecho a ser protegido adecuadamente cuando declare como testigo y como perito, y no le es aplicable cuando actúe como parte en el procedimiento judicial. El ciudadano tiene derecho a ser protegido adecuadamente cuando declare como testigo o colabore de cualquier forma con la Administración de Justicia. El ciudadano tiene derecho a ser protegido adecuadamente cuando declare solamente como testigo, o cuando actúe como parte en el procedimiento judicial. .
La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia: Tiene rango de ley. Es una ley orgánica. Tiene rango de ley orgánica. No tiene carácter de ley.
¿Cuál de los siguientes no es un principio en el marco del Plan de Transparencia Judicial?: Pertinencia. Jerarquía profesional. Fiabilidad. Especialidad.
Es un objetivo del Plan de Transparencia Judicial: Implantar nuevos criterios de gestión del servicio. Contribuir a la planificación y evaluación de políticas legislativas adecuadas. Mejorar el acceso a la información sobre la actividad judicial. Todas son correctas. .
Respecto de la Comisión Nacional de Estadística Judicial, no es correcto que: Su sede se encuentra en Madrid. Sus competencias se extienden a todo el territorio nacional. Puede actuar en Pleno y en Comisión Tecnológica. Las rotaciones del cargo de Secretario del Pleno serán bienales. .
El menor de edad que tuviere suficiente juicio tiene derecho a ser oído en todo proceso judicial, ¿quién velará por la efectividad de este derecho?: El juez del proceso. El Letrado de la Administración de Justicia. El Ministerio Fiscal. Ninguna es correcta. .
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a lo dispuesto en la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia? Los recursos que se interpongan contra resoluciones judiciales tendrán que ser resueltos, como máximo, dentro del plazo de un mes. Toda reclamación que se interponga contra una resolución judicial tendrá que ser resueltos, como máximo, dentro del plazo de un mes. Las quejas o reclamaciones que se interpongan contra el incorrecto funcionamiento de la Administración de Justicia tendrán que ser resueltos, como máximo, dentro del plazo de un mes. Las reclamaciones que se interpongan solicitando indemnización por el mal funcionamiento de la Adminstración de Justicia deberán ser resueltos, como máximo, dentro del plazo de un mes. .
Los extranjeros inmigrantes en España tienen derecho a recibir una protección adecuada de la Administración de Justicia, ¿quiénes velarán por el cumplimiento de este derecho en todo momento?: El Ministerio de Justicia. El Ministerio Fiscal. Los Jueces y Tribunales. Son correctas b) y c). .
El programa de previsiones de duración de los distintos procedimientos judiciales: No se realizará respecto al orden jurisdiccional penal. Sólo se realizará respecto al orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Se realizará respecto a todos los órdenes jurisdiccionales. Son correctas a) y b). .
El programa de previsiones de duración de los distintos procedimientos judiciales a que hace referencia la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, será elaborado: Por el CGPJ y por el Ministerio de Justicia. Por el Ministerio de Justicia y las CCAA con competencias en la materia. Por el CGPJ y las CCAA con competencias en la materia. Ninguna es correcta. .
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia?: El ciudadano tiene derecho a consultar el expediente disciplinario de un abogado o de un procurador. El ciudadano tiene derecho a conocer si sobre un abogado o procurador han recaído sanciones disciplinarias o si se ha presentado una queja contra ellos. El ciudadano tiene derecho a conocer todas las sanciones disciplinarias que hayan recaído sobre un abogado o procurador. El ciudadano tiene derecho a conocer, a través del Colegio Profesional correspondiente, si un abogado o procurador ha sido objeto de alguna sanción disciplinaria, no cancelada, por alguna actuación profesional.
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Las sanciones disciplinarias, no canceladas, recaídas en abogados y procuradores serán puestas en conocimiento de los ciudadanos, en su caso: Por el propio órgano jurisdiccional ante el que se haya actuado dicho profesional. Por el propio Colegio Profesional. Por el CGPJ o por el Ministerio de Justicia. Por el Ministerio de Justicia o el órgano competente de la CCAA con competencias en la materia.
La inscripción de demandados en el Registro Central de Rebeldes Civiles precisa: Que sean demandados en cualquier procedimiento civil cuyo domicilio se desconozca. Que sean demandados en procedimientos civiles del 250 LEC. Que las averiguaciones de domicilio a que se refiere el art. 156 de la LEC no hayan tenido resultado positivo. Son correctas a) y c). .
En el Punto Neutro Judicial: Se registran las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia. Es un servicio de naturaleza técnica que presta el Consejo General del Poder Judicial. Constituye el nodo de comunicaciones a través del cual las CCAA con competencias asumidas en materia de Justicia acceden a las distintas aplicaciones centralizadas. Son correctas b) y c). .
El sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia se regula en: Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero. Real Decreto 5/2000, de 6 de febrero. Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.1 Real Decreto 93/2006, de 3 de febrero.
El ciudadano tiene derecho a exigir una formación de calidad al profesional designado por el turno de oficio en los supuestos de asistencia jurídica gratuita. ¿Quién adoptará las medidas adecuadas para asegurar el cumplimiento de dicho derecho?: El Ministerio de Justicia. El Consejo General del Poder Judicial. Los Colegios de Abogados. La Comunidad Autónoma con competencias en la materia. .
El Plan de Transparencia Judicial fue aprobado mediante: Ley 15/2003, de 26 mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal. Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2005. Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita. Resolución del Consejo de Ministros de 28 de octubre de 2005.
La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia: Figuraba en la Constitución como proyecto a desarrollar. Figura inserta en el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia. Se estableció como prioridad en el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia. En la Ley Orgánica del Poder Judicial figuraban sus líneas básicas y el compromiso a ser desarrollada. .
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