El Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia fue aprobado como proposición no de ley por el Pleno del Congreso de los Diputados el:
4 de junio de 2002.
20 de julio de 2001.
28 de mayo de 2001.
16 de abril de 2002.
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En la carta se plantea que el ciudadano tiene derecho a recibir información general y actualizada sobre el funcionamiento de los juzgados y tribunales y sobre las características y requisitos genéricos de los distintos procedimientos judiciales, al explicar lo que se quiere expresar con:
Una justicia transparente.
Una Justicia moderna.
Una justicia comprensible.
Una Justicia abierta.
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Cuando se dice que el ciudadano que sea víctima de un delito tiene derecho a ser informado con claridad sobre su intervención en el proceso penal, las posibilidades de obtener la reparación del daño sufrido, así como sobre el curso del proceso, se habla de:
Una Justicia moderna y abierta a los ciudadanos.
Una Justicia que protege a los más débiles.
Las dos anteriores.
Ninguna de las anteriores.
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La LAJG tiene por objeto determinar el contenido del derecho a la asistencia jurídica gratuita al que se refiere la Constitución en:
El artículo 109 de la Constitución.
El artículo 119 de la Constitución.
El artículo 129 de la Constitución.
El artículo 117 de la Constitución.
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Señala la opción correcta.
La asistencia jurídica gratuita en el transcurso de una misma instancia se extiende a todos sus trámites e incidencias, incluida la ejecución, pero no podrá aplicarse a un proceso distinto.
Se reconocerá el derecho a la asistencia jurídica gratuita al actor una vez presentada la demanda, o al demandado una vez formulada su contestación.
La Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita estará presidida por un miembro del Ministerio Fiscal, designado por el Fiscal General del Estado.
En cada capital de provincia, en las ciudades de Ceuta y Melilla y en cada isla en que existan uno o más partidos judiciales, se constituirán dos Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita como órganos responsables.
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Se notificará al solicitante la resolución del derecho a la asisten cia jurídica gratuita, en el plazo máximo de:
Quince días.
Cinco días.
Diez días.
Tres días.
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El reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita llevará consigo la designación de abogado y, cuando sea preciso, de procurador de oficio:
En ningún caso puedan actuar simultáneamente un abogado de oficio y un procurador libremente elegido.
En ningún caso puedan actuar simultáneamente un procurador designado y un abogado de oficio.
Pueden actuar simultáneamente un abogado de oficio y un procurador designado.
Los dos pueden acordar la forma de trabajar.
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El plazo para la impugnación de las resoluciones, que de modo definitivo, reconozcan o denieguen el derecho a la asistencia jurídica gratuita será de:
Un mes.
Tres meses.
Dos meses.
Veinte días.
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Encuentra la opción incorrecta. El Plan de Transparencia Judicial constituye una herramienta básica de las Administraciones públicas y del Consejo General del Poder Judicial, en particular, para las siguientes finalidades:
El desarrollo del programa legislativo del Estado en materia procesal.
La coordinación presupuestaria en materia de retribuciones de los miembros de la carrera judicial, así como sobre los recursos humanos y materiales al servicio de la Administración de Justicia.
La actualización y modificación de la organización judicial.
El funcionamiento de los servicios de inspección sobre los juzgados y tribunales.
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No es una de las líneas de fuerza que caracterizan la existencia de una buena justicia:
La independencia, la imparcialidad, la competencia.
La imparcialidad.
La homogeneidad.
La competencia.
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Encuentre la alternativa falsa. La Comisión Nacional de Estadística Judicial habrá de impulsar la aprobación de los planes estadísticos, generales y especiales, de la Administración de Justicia, con sujeción a los siguientes principios, entre otros:
Validez y confidencialidad.
Pertinencia, especialidad y proporcionalidad.
Uniformidad y fiabilidad.
Imparcialidad e independencia profesional.
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Entre las finalidades del Plan de Transparencia que derivarían de este objetivo general se encuentran entre otras, las siguientes:
Prever y planificar las necesidades de creación de nuevos órganos judiciales o la modificación de la demarcación judicial así como prever y planificar las necesidades de creación de nuevos órganos del Ministerio Fiscal o la modificación de los actualmente existentes.
Comprobar la posibilidad de articular un sistema de sustituciones naturales entre titulares de órganos del mismo y, en su caso, de distinto orden jurisdiccional, en función de cargas de trabajo y cumplimiento de objetivos, identificando los tiempos medios de duración de las fases de cada uno de los procedimientos, su duración total y las desviaciones en el tiempo de tramitación de cada tipo de asunto con respecto a los plazos establecidos legalmente.
Consultar el tiempo medio de duración de procedimientos similares y poder contrastar la desviación producida con respecto a la media, así como conocer número de señalamientos y celebración de juicios por juez en los órganos de la misma clase de un mismo partido judicial.
Todas las alternativas son correctas.
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Encuentra la respuesta incierta. Para la consecución del objetivo general de transparencia, resultan primordiales, entre otros, los siguientes instrumentos:
Arquitectura procesal.
Tecnologías de la información y comunicaciones.
Buenas prácticas procesales.
Registros de la Administración de Justicia.
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El Plan de Transparencia contiene el compromiso del Gobierno de proceder al impulso y entrada en funcionamiento de la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico, creada con objeto de alcanzar la aspiración de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia consistente en:
Desechar fórmulas y expresiones anacrónicas o vacías de contenido que no proporcionan ninguna información.
Obtener una Justicia comprensible.
Prestar atención a la comprensibilidad de las citaciones que las Oficinas judiciales dirijan a los ciudadanos.
Desechar expresiones vacías de contenido que no proporcionan ninguna información.
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Un instrumento relevante en el Plan de Transparencia Judicial es el mejor desarrollo del derecho de los ciudadanos a formular quejas, conforme al Reglamento, los interesados podrán presentar sus quejas o denuncias, así como en general iniciativas y sugerencias relativas al funcionamiento de los Juzgados y Tribunales, en:
El Consejo General del Poder Judicial.
Las Oficinas de Atención al Ciudadano.
Los órganos judiciales o en los de gobierno.
Todas las opciones son correctas.
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La progresiva eliminación de fronteras en el seno de la Unión Europea, la creación de un Espacio Judicial Europeo y la consolidación de una delincuencia organizada de carácter transnacional convierten al auxilio entre autoridades en herramienta indispensable para:
a) La lucha contra la delincuencia.
b) La recepción de las demandas recibidas de las autoridades judiciales europeas.
c) La protección de los derechos de los más necesitados.
Las opciones a y c son correctas.
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Al objetivo de lograr un sistema de transparencia al servicio de los poderes públicos y los ciudadanos, habrá de contribuir también:
El conocimiento exacto y detallado de las condiciones de titularidad o arrendamiento de cada uno de los edificios judiciales.
El conocimiento de las características, superficie, estructura, división interna, servicios con los que cuente y posibilidad o no de instalar en ellos nuevas oficinas judiciales.
La adecuada adopción de decisiones en materia de demarcación y planta judicial el conocimiento de los datos relativos a distancias entre las distintas sedes judiciales y de éstas con respecto a las ciudades que se encuentran en su circunscripción.
Todas las opciones son correctas.
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Encuentra la opción falsa. Instrumento eficaz para la consecución de los objetivos del Plan de Transparencia habrán de ser las circulares e instrucciones de servicio que dicten los Secretarios de Gobierno y los Secretarios Coordinadores Provinciales en el ámbito de sus respectivas competencias, que deberán hacerse cumplir por los Letrados de la Administración de Justicia que dirijan los Servicios Comunes Procesales o por aquellos otros que tengan su puesto
Organizar la entrega de formularios a bajo coste, para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos ante los tribunales cuando no sea preceptiva la intervención de abogado y procurador, a través de las Oficinas judiciales, las Unidades Administrativas y las Fiscalías.
Integrar en las cédulas de citación a testigos y, en su caso, en los modelos de telegramas que se les envíen, la necesaria información sobre su derecho a reclamar la correspondiente indemnización, poniendo a su disposición en la Oficina judicial documentación informativa sobre qué gastos pueden ser reclamados y cómo han de justificarse e incluso impresos para su solicitud.
Organizar instrumentos para dar a conocer en cada hito del procedimiento dónde se encuentra éste físicamente, a cuyo fin habrán de realizarse las correspondientes anotaciones en los registros informáticos que controlen el tránsito de expedientes entre las Unidades Procesales de Apoyo Directo y los Servicios Comunes Procesales o las Fiscalías, en su caso.
Establecer mecanismos ágiles y adecuados de notificación de todas las resoluciones judiciales a las que pueda tener acceso el interesado en el procedimiento y de ejecución efectiva de las previsiones legales tendentes a que el ciudadano afectado pueda tener copia de cuantas resoluciones le afecten.
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El Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia fue firmado:
El 8 de abril de 2002
El 23 de enero de 2003
El 28 de mayo de 2001
El 8 de marzo de 2000
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La elaboración de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia atenderá a los principios de:
Transparencia
Información
Atención adecuada
Todas las respuestas anteriores son correctas
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La Carta de los Derechos de los Ciudadanos ha sido redactada:
Por un Grupo de Trabajo constituido en el seno de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado
Por un Grupo de Trabajo constituido en el seno del Congreso de los Diputados
Por un Grupo de Trabajo constituido en el seno del Senado
Por un Grupo de Trabajo constituido en el seno de las Cortes
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La cuarta parte de la Carta de Derechos se denomina:
“Una Justicia Moderna y Abierta a los Ciudadanos”
“Una Justicia que protege a los más débiles”
“Una relación de confianza con Abogados y Procuradores”
“Eficacia de la Carta de Derechos”
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Según la Carta de Derechos:
El ciudadano no puede exigir una formación específica al profesional designado por el turno de oficio en los supuestos de asistencia jurídica gratuita
El ciudadano tiene derecho a exigir una formación específica al profesional designado por el turno de oficio en los supuestos de asistencia jurídica gratuita
El ciudadano tiene derecho a exigir una formación de calidad al profesional designado por el turno de oficio en los supuestos de asistencia jurídica gratuita
El ciudadano no tiene derecho a exigir una formación al profesional designado por el turno de oficio en ningún caso
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Los Colegios respectivos establecerán un sistema para que el ciudadano pueda conocer de forma efectiva:
Las sanciones disciplinarias, no canceladas, impuestas a un profesional en todo el territorio nacional
Las sanciones disciplinarias, canceladas, impuestas a un profesional en todo el territorio nacional
Las sanciones disciplinarias, canceladas o no, impuestas a un profesional en todo el territorio nacional
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
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La tercera parte de la Carta de Derechos se denomina:
“Una Justicia Moderna y Abierta a los Ciudadanos”
“Una Justicia que protege a los más débiles”
“Una relación de confianza con Abogados y Procuradores”
“Eficacia de la Carta de Derechos”
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Conseguir una Administración de Justicia responsable ante los ciudadanos, quienes podrán formular sus quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de la misma y exigir, en caso necesario, las reparaciones a que hubiera lugar, se recoge en la Carta de Derechos en su parte:
Primera
Segunda
Tercera Cuarta
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La especial atención a la víctima del delito, sobre todo en los supuestos de violencia doméstica y de género, se recoge en la Carta de Derechos en su parte:
Primera Segunda Tercera
Cuarta.
La protección de los menores de edad intenta evitar:
Que se vea afectado su correcto desarrollo evolutivo
Que se vea traumatizado por el delito
Que se vea involucrado en delitos
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
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¿Qué parte de la Carta se ocupa de aquellos derechos que son característicos de la relación del ciudadano con los Abogados y Procuradores?
Primera
Segunda
Tercera
Cuarta.
¿A quién se encomienda el seguimiento y evaluación del desarrollo y cumplimiento de la Carta?
A la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados
A la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de las Cortes
A la Comisión de Justicia e Interior del Senado
A la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados
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El ciudadano tiene derecho a recibir información general y actualizada sobre:
El funcionamiento de los juzgados y tribunales
Las características y requisitos genéricos de los distintos procedimientos judiciales
Las respuestas a) y b) son correctas
Las respuestas a) y b) son incorrectas
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El ciudadano tiene derecho a conocer el contenido actualizado de las leyes españolas y de la Unión Europea mediante:
Un sistema electrónico de datos fácilmente accesible
Un sistema telemático de datos fácilmente reconocible
Un sistema digital de datos fácilmente utilizable
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
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El ciudadano tiene derecho a conocer el contenido y estado:
De todos los procesos
De los procesos en los que tenga interés legítimo
De los procesos penales
De los procesos civiles
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El ciudadano tiene derecho a ser atendido de forma respetuosa y adaptada a sus circunstancias:
Psicológicas
Sociales
Culturales
Todas las respuestas anteriores son correctas
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¿Cuál de las siguientes opciones es incorrecta?
El ciudadano tiene derecho a exigir que las actuaciones judiciales en las que resulte preceptiva su comparecencia se celebren con la máxima puntualidad
El juez o el Letrado de la Administración de Justicia deberá informar al ciudadano sobre las razones del retraso o de la suspensión de cualquier actuación procesal a la que estuviera convocado
La suspensión se comunicará al ciudadano, salvo causa de fuerza mayor, con antelación suficiente para evitarle gastos
El ciudadano tiene derecho a que su comparecencia personal ante un órgano de la Administración de Justicia resulte lo menos gravosa posible
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El ciudadano tiene derecho a formular reclamaciones, quejas y sugerencias relativas al incorrecto funcionamiento de la Administración de Justicia, así como a recibir respuesta a las mismas con la mayor celeridad y, en todo caso, dentro del plazo de:
1 mes 2 meses 3 meses 15 días.
Las reclamaciones e indemnizaciones de los ciudadanos por el funcionamiento de la Justicia se tramitarán con:
Preferencia y celeridad
Preferencia y ordenación
Celeridad y ordenación
Preferencia y adecuación al efecto
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¿Quién debera informar al ciudadano sobre las razones del retraso o de la suspensión de cualquier actuación procesal a la que estuviera convocado?
El Secretario.
El funcionario del Cuerpo de Gestión
El Funcionario del Cuerpo de Auxilio judicial.
El juez o el secretario.
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El ciudadano tiene derecho a conocer la identidad y categoría de la autoridad o funcionario que le atienda. ¿Está afirmación es cierta?
No, salvo cuando este justificado por razones de seguridad en causas criminales.
Si, salvo cuando esté justificado por razones de seguridad en causas criminales.
Si, en todo caso.
No, en todo caso.
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Las respuestas a las sugerencias, reclamaciones y quejas de los ciudadanos relativas al incorrecto funcionamiento de la Administración de Justicia, se realizaran con la mayor cerelidad, y en todo caso:
Dentro del plazo de 2 meses
Dentro del plazo de 3 meses
Dentro del plazo de 1 mes
Dentro del plazo de 15 días.
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Se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita a personas fisicas cuyos ingresos económicos no superen:
El doble del iprem
El salario mínimo interprofesional.
El triple del salario mínimo interprofesional.
Ninguna es cierta.
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Según la Ley 1/96 y en los tratados y convenios internacionales sobre la materia, tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita, siempre que acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
Los ciudadanos españoles
Los extranjeros que se encuentren en España.
Los nacionales de los demás Estados miembros.
Todas son ciertas.
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Tendrán tambíen derecho a la asistencia jurídica gratuita en todo caso:
Las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad social.
Las personas físicas.
Todas las personas jurídicas.
Todas son correctas.
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El ciudadano tiene derecho a recibir información transparente sobre :
El estado de los asuntos tramitados
La actividad de los asuntos tramitados
Sobre los asuntos tramitados y los pendientes
Todas son ciertas
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Los interesados tendrán acceso a los registros judiciales:
Que no tengan carácter reservado.
Aunque tengan carácter reservado.
Sólo los concernientes al interesado.
Sólo aquéllos para los que esté autorizado.
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El ciudadano tiene derecho a disponer de los formularios necesarios:
En todo caso, sea preceptiva la intervención de abogado y procurador o no.
Siempre que no sea preceptiva la intervención de abogado y procurador y previo pago al decanato.
Siempre que no sea preceptiva la intervención de abogado y procurador y de forma gratuita.
Los formularios estarán a disposición de los abogados y procuradores.
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Los clientes tienen derecho a que se les entregue:
a) Por su abogado presupuesto previo que contenga el coste aproximado de la intervención y la forma de pago.
b) Por su procurador presupuesto previo que contenga el coste aproximado de la intervención y la forma de pago.
A) y b) son correctas.
Solo deben ser informados por su abogado o por su procurador del coste aproximado del proceso y la posible condena en costas.
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El derecho a la asistencia jurídica gratuita comprende:
Asesoramiento y orientación gratuitos con carácter previo al inicio del proceso.
Asistencia de Abogado al detenido o preso.
Defensa y representación gratuitas por Abogado y Procurador en el procedimiento judicial.
Todas son correctas.
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Quién de los siguientes será responsable de “canalizar” la información para facilitar su consulta a los ciudadanos:
Consejo General de Poder Judicial.
Ministerio de Justicia.
Comunidades Autónomas con competencias en la materia.
Todas las respuestas son correctas.
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Según la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, el ciudadano tiene derecho a conocer el contenido actualizado de las leyes:
a) Españolas.
b) De todos los países del mundo.
c) De la Unión Europea.
Las respuestas a y c son correctas.
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