TEMA 9

El Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia fue firmado el: A) 22 de mayo de 2001. B) 28 de mayo de 2001. C) 28 de junio de 2001. D) 22 de junio de 2001.

La Conferencia Sectorial en materia de Administración de Justicia celebrada en Las Palmas tuvo lugar el: A) 28 de mayo de 2001. B) 22 de mayo de 2001. C) 22 de junio de 2001. D) 28 de junio de 2001.

La Carta de Derechos fue redactada por: A) El Ministerio de Justicia. B) La Comisión de Justicia del Congreso. C) Un Grupo de Trabajo constituido en el seno de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado. D) El CGPJ por mayoría cualificada.

La primera parte de la Carta desarrolla los principios de: A) Igualdad, mérito y capacidad. B) Transparencia, información y atención adecuada. C) Celeridad, economía y contradicción. D) Publicidad y gratuidad.

La segunda parte de la Carta se centra en: A) La modernización tecnológica de la Justicia. B) La protección de los profesionales jurídicos. C) La especial atención a ciudadanos más desprotegidos. D) Las relaciones entre los ciudadanos y los Abogados y Procuradores.

¿Cuál de los siguientes colectivos NO aparece expresamente mencionado en la segunda parte de la Carta como grupos desprotegidos?. A) Víctimas del delito. B) Menores de edad. C) Personas mayores de 65 años. D) Extranjeros inmigrantes en España.

En relación con las personas con discapacidad, la Carta menciona expresamente: A) Discapacidad sensorial, física, psíquica o psicológica. B) Discapacidad sensorial o psíquica. C) Discapacidad sensorial, física o psíquica. D) Cualquier tipo de discapacidad reconocida administrativamente.

La tercera parte de la Carta se refiere específicamente a: A) La relación del ciudadano con jueces y magistrados. B) La relación del ciudadano con la Administración pública en general. C) Los derechos característicos de la relación del ciudadano con Abogados y Procuradores. D) Los derechos laborales del personal judicial.

El seguimiento y evaluación del desarrollo y cumplimiento de la Carta se encomienda a: A) El Ministerio de Justicia. B) El CGPJ. C) La Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados. D) La Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado.

El derecho a recibir información general y actualizada sobre el funcionamiento de los juzgados comprende: A) Información sobre asuntos concretos aunque el solicitante no tenga interés legítimo. B) Información sobre características y requisitos genéricos de los distintos procedimientos judiciales. C) Información reservada de procesos penales en curso. A) Información sobre asuntos concretos siempre que el solicitante tenga interés legítimo.

La implantación de Oficinas de Atención al Ciudadano debe: A) Garantizarse únicamente en capitales de provincia. C) Asegurar su implantación en todo el territorio nacional. B) Dejarse a criterio de cada Comunidad Autónoma. D) Establecerse siempre donde exista Tribunal Superior de Justicia.

La información sobre el estado y actividad de los órganos jurisdiccionales será canalizada por: El Ministerio de Justicia y el CGPJ. El Ministerio de Justicia, las Provincias con competencias en la materia y el CGPJ. El Ministerio de Justicia, las CCAA con competencias en la materia y el CGPJ. Las Salas de Gobierno de los TSJ.

El derecho a conocer el contenido actualizado de las leyes españolas y de la Unión Europea debe garantizarse mediante: A) Publicación en BOE. B) Sistema electrónico de datos fácilmente accesible. C) Oficinas físicas provinciales. D) Solicitud motivada ante el órgano judicial.

Si se deniega el acceso a información procesal: A) Bastará comunicación verbal. B) Deberá notificarse por resolución judicial. C) Las autoridades o funcionarios expondrán por escrito los motivos si el ciudadano lo solicita. D) Solo puede denegarlo el juez.

Las notificaciones deberán: A) Mantener lenguaje técnico para preservar seguridad jurídica. B) Evitar elementos intimidatorios innecesarios. C) Ser revisadas por el CGPJ. D) Ser electrónicas.

¿Quién debe velar por el uso de lenguaje comprensible en vistas y comparecencias?. A) El Letrado de la Administración de Justicia. B) El Ministerio Fiscal. C) Los Jueces y Magistrados que dirijan los actos procesales. D) El Ministerio de Justicia.

Las resoluciones judiciales deben redactarse: B) De forma comprensible, con sintaxis y estructura sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico. b. c. d.

Los formularios serán gratuitos cuando: A) Siempre. B) Lo autorice el juez. C) No sea preceptiva la intervención de Abogado y Procurador. D) El ciudadano carezca de recursos.

El ciudadano tiene derecho a exigir que las actuaciones judiciales en las que resulte preceptiva su comparecencia se celebren con la máxima puntualidad. En caso de retraso o suspensión ¿quién informa al ciudadano?. El juez o el Secretario Judicial. El LAJ. Los funcionarios de la AJ. El Secretario Judicial.

Si una actuación se suspende: Se comunicará con al menos 48 horas de antelación, salvo fuerza mayor. Se comunicará con al menos 24 horas de antelación, salvo fuerza mayor. Se comunicará con antelación suficiente para evitar desplazamiento, salvo fuerza mayor. Se comunicará con antelación suficiente para que el ciudadano pueda llegar correctamente, salvo fuerza mayor.

La comparecencia personal solo podrá exigirse cuando: A) Lo solicite el juez. B) Sea habitual en el procedimiento. C) Sea estrictamente indispensable conforme a la Ley. D) Lo solicite la parte contraria.

Las indemnizaciones por desplazamientos: A) Se tramitarán conforme al orden ordinario. B) Se tramitarán de urgencia. C) Se tramitarán con preferencia y máxima celeridad. D) Solo procederán en vía contencioso-administrativa.

La identidad de la autoridad que atiende al ciudadano podrá no facilitarse: Cuando esté justificado por razones de seguridad en todo tipo de causas. En cualquier procedimiento penal. Cuando esté justificado por razones de seguridad solo en causas criminales. Cuando lo autorice el CGPJ.

Las declaraciones y vistas se celebrarán siempre con presencia de Juez o Tribunal: A) En materia penal. B) Si lo solicita la parte contraria. C) De acuerdo con lo previsto en las leyes. D) En todo caso.

El derecho a utilizar la lengua oficial elegida se ejerce: A) En cualquier órgano judicial de España. B) Solo ante el Tribunal Supremo. C) Con la Administración de Justicia del territorio de su Comunidad. D) Solo en procesos penales.

Las reclamaciones y quejas relativas al incorrecto funcionamiento de la AJ, presentadas por el ciudadano, deberán responderse: En 15 días. En 2 meses. En 1 mes. Con la mayor celeridad, sin plazo máximo.

Las reclamaciones deberán responderse: A) Solo ante el CGPJ. B) Solo ante el órgano judicial. C) Ante múltiples órganos, incluidos CGPJ, Ministerio y CCAA competentes. D) Solo por vía telemática.

La responsabilidad por error judicial o funcionamiento anormal dará lugar a: A) Responsabilidad disciplinaria automática del juez. B) Indemnización reclamable conforme a la Ley. C) Nulidad automática del procedimiento. D) Revisión obligatoria.

El programa de previsiones de duración de procedimientos será elaborado por: A) Solo el Ministerio de Justicia. B) El Ministerio de Justicia, el CGPJ y el Congreso. C) El Ministerio de Justicia y el CGPJ. D) El Ministerio de Justicia y el Congreso.

El ciudadano tiene derecho a que no se le exija la aportación de documentos que obren en poder de: Las AAPP. El Ministerio Fiscal. El CGPJ. Juzgados y Tribunales.

Los documentos electrónicos tendrán plena validez: En todo caso. En vía contencioso-administrativa. Cuando quede acreditada su integridad y autenticidad conforme a la ley. Nunca.

El derecho de la víctima a ser informada comprende: A) La reparación del daño y el curso del proceso. B) La intervención en el proceso penal y las posibilidades de reparación del daño. C) La intervención en el proceso penal, la reparación del daño y el curso del proceso. D) La intervención en el proceso penal, la reparación del daño y la resolución final.

El conocimiento efectivo de resoluciones que afecten a la seguridad de la víctima se asegura especialmente: A) En delitos violentos. B) En casos de terrorismo. C) En casos de violencia dentro de la familia. D) En delitos contra la libertad sexual.

La obligación de evitar la coincidencia entre víctima y agresor en dependencias judiciales: A) Es potestativa del juez. B) Se adoptará cuando lo solicite la víctima. C) Implicará la adopción de las medidas necesarias. D) Solo rige en violencia de género.

La especial vigilancia en violencia doméstica o de género corresponde: A) Al Ministerio Fiscal. B) A los Jueces. C) A autoridades y funcionarios. D) A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La protección inmediata y efectiva frente a violencia física o psíquica se predica especialmente en el ámbito: Laboral. Escolar. Familiar. Penitenciario.

Los instrumentos de localización y teleasistencia: A) Podrán autorizarse por el CGPJ. B) Se facilitará su uso cuando resulten necesarios. C) Son obligatorios en violencia de género. D) Solo podrán utilizarse en fase de ejecución.

El derecho de la víctima frente a publicidad no deseada sobre su vida privada debe ser velado por: A) El juez. B) El Ministerio Fiscal. C) Jueces, Magistrados y Ministerio Fiscal. D) El Letrado de la Administración de Justicia.

La comparecencia del menor deberá adecuarse a: A) Su edad. B) Su desarrollo físico. C) Su situación y desarrollo evolutivo. D) Su grado de madurez procesal.

El derecho del menor a ser oído requiere: A) Haber cumplido 12 años. B) Estar representado por abogado. C) Tener suficiente juicio. D) Solicitud del Ministerio Fiscal.

El Ministerio Fiscal: A) Decide si el menor será oído. B) Sustituye al menor en su declaración. C) Vela por la efectividad del derecho del menor y le presta asistencia. D) Solo interviene en jurisdicción penal.