TEMA 9. CONSTI/ADM

¿En qué precepto constitucional se basa la responsabilidad de la Administración Pública?. En el artículo 9.3 de la Constitución. En el artículo 106.2 de la Constitución. En el artículo 121 de la Constitución. En el artículo 149.1.18.ª de la Constitución.

¿Qué tipo de responsabilidad puede originarse por la actuación del Estado como entidad pública en el tráfico jurídico?. Únicamente responsabilidad contractual. Contractual, civil o extracontractual. Exclusivamente responsabilidad penal y disciplinaria. Responsabilidad patrimonial pura de derecho público.

¿En qué artículo de la Constitución Española se basa el principio general de responsabilidad del Estado?. Artículo 9.3. Artículo 106.2. Artículo 121. Artículo 149.1.18.ª.

¿Qué diferencia fundamental establece la Constitución entre la responsabilidad de la Administración Pública y la de la Administración de Justicia?. La de la Administración Pública se basa en el art. 106.2 (indemnización por lesión en bienes y derechos por el funcionamiento de servicios públicos, salvo fuerza mayor), mientras que la de Justicia se basa en el art. 121 (daños por error judicial y funcionamiento anormal de la justicia a cargo del Estado). La de la Administración Pública requiere dolo o culpa grave obligatoriamente, mientras que la de Justicia es siempre de carácter subjetivo. La de la Administración Pública se regula por derecho privado y la de Justicia por derecho público estricto. No existe distinción constitucional, aplicándose ambas bajo el mismo precepto orgánico.

¿A qué nivel territorial corresponde la competencia exclusiva en la regulación de la responsabilidad de las Administraciones Públicas según el artículo 149.1.18.ª de la Constitución?. Es competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas. Es competencia compartida entre el Estado y las Entidades Locales. Es competencia estatal. Es competencia de la Unión Europea mediante directivas de armonización.

¿Qué norma dejó sin vigor a partir del 2 de octubre de 2016 el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial?. La disposición derogatoria única de la Ley 39/2015. La disposición final primera de la Ley 40/2015. El Real Decreto-Ley 3/2016. La Ley Orgánica del Poder Judicial.

¿Qué regula específicamente la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en sus artículos 32 a 37?. El procedimiento administrativo común de tramitación. La regulación objetiva de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. El régimen disciplinario exclusivo de los funcionarios públicos de carrera. Las especialidades de la tramitación simplificada del procedimiento.

¿Dónde se regula el procedimiento administrativo común y las especialidades referentes a los procedimientos de responsabilidad patrimonial?. En la Ley 40/2015, de 1 de octubre. En el Capítulo II del Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En el Real Decreto 429/1993. En el Estatuto Básico del Empleado Público.

¿Cuáles son los dos supuestos específicos introducidos respecto a la responsabilidad patrimonial del Estado legislador por actos jurídicos (legislación)?. Lesiones por leyes orgánicas y por reales decretos-leyes. Lesiones por leyes declaradas inconstitucionales y lesiones causadas por normas contrarias al Derecho de la Unión Europea. Lesiones por leyes de presupuestos y por reglamentos ejecutivos autonómicos. Lesiones por actos parlamentarios no normativos y por circulares ministeriales.

¿Qué requisito procesal previo se exige para que proceda la indemnización si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional?. Haber recurrido la ley directamente ante el Tribunal Supremo en el plazo de dos meses. Que el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada. Haber presentado una reclamación previa por vía administrativa ante el Consejo de Ministros. No se exige ningún requisito procesal previo, bastando la declaración de inconstitucionalidad.

Además de la obtención de sentencia firme desestimatoria con alegación previa, ¿qué tres requisitos específicos deben cumplirse cuando la lesión deriva de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea?. Que la norma sea comunitaria directiva, que el daño supere los 50.000 euros y que exista culpa levísima de la institución emisora. Que la norma tenga por objeto conferir derechos a los particulares, que el incumplimiento esté suficientemente caracterizado y que exista una relación de causalidad directa entre el incumplimiento y el daño sufrido. Que el Estado miembro haya sido sancionado previamente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que el perjudicado sea una persona jurídica mercantil. Que la norma comunitaria sea un reglamento directamente aplicable y que se interponga recurso de anulación en plazo.

¿Qué requisitos son imprescindibles para que proceda la indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración según la introducción del apartado 2?. Únicamente los requisitos subjetivos y temporales. Requisitos subjetivos, objetivos y de actividad, abarcando a las personas, las lesiones padecidas y las lesiones antijurídicas que los ciudadanos no tengan el deber de soportar. Exclusivamente la existencia de dolo o culpa grave por parte de la autoridad. La previa declaración de lesividad del acto administrativo por los tribunales contencioso-administrativos.

¿Cómo matiza específicamente el artículo 34.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público el ámbito de los daños indemnizables?. Establece que serán indemnizables todos los daños patrimoniales derivados de cualquier actuación pública sin excepción. Dispone que solo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que este no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. Limita la indemnización únicamente a los daños causados por el funcionamiento anormal de los servicios públicos. Excluye de toda indemnización a las personas jurídicas de derecho privado.

¿Qué establece el apartado 2.1 (Requisitos subjetivos) respecto al derecho de los particulares a ser indemnizados?. Tienen derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar. Solo percibirán indemnización si demuestran la culpabilidad directa del funcionario actuante mediante sentencia penal firme. Tienen derecho a una compensación económica automática cada vez que un reglamento administrativo restrinja sus expectativas de lucro. Carecen de derecho subjetivo frente a la Administración central, debiendo reclamar exclusivamente ante las autoridades locales.

¿Cómo ha interpretado la Jurisprudencia el término "particulares" a efectos de la titularidad del derecho a la indemnización?. Se interpreta de forma restrictiva, limitándolo a las personas físicas de nacionalidad española residentes en el territorio de la Administración causante. Se interpreta como un concepto estanco que excluye a las entidades de derecho público y a los Ayuntamientos. Debe ser objeto de una amplia interpretación, incluyendo a cualquier sujeto que se considere lesionado por la actividad de la Administración (por ejemplo, Ayuntamientos, personas físicas, personas jurídicas y entidades locales). Se circunscribe exclusivamente a los administrados que mantengan una relación contractual previa con el sector público.

¿Qué se exige en primer lugar dentro de los requisitos objetivos en cuanto a la lesión patrimonial?. Que la lesión sea meramente moral, general y de carácter colectivo para toda la ciudadanía. Que se produzca una lesión patrimonial antijurídica, de modo que el Estado está obligado a indemnizar aquellas lesiones que sean contrarias al ordenamiento y no aquellas que el administrado tenga el deber jurídico de soportar (como los impuestos). Que la Administración actúe exclusivamente bajo normas de derecho privado sin cobertura de interés general. Que la lesión derive de un acto lícito no susceptible de fiscalización judicial.

¿Qué dispone la ley respecto a los daños derivados de hechos o circunstancias imprevisibles según el estado de los conocimientos técnicos?. Serán indemnizables al 100% con cargo a los presupuestos generales del Estado. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de las técnicas existentes en el momento de su producción (sin perjuicio de prestaciones asistenciales o económicas). Obligan a la apertura automática de un expediente disciplinario a la autoridad competente. Se equiparan a los supuestos de fuerza mayor y obligan a la reparación solidaria.

Qué requisitos específicos se exigen para que proceda la indemnización cuando la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional?. Haber interpuesto recurso de inconstitucionalidad directo en el plazo de quince días. Que el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada. Que la ley haya sido aprobada por unanimidad en las Cortes Generales. Que el daño supere el umbral económico de los 50.000 euros.

¿Cuáles son los tres requisitos adicionales que deben cumplirse cuando la lesión es consecuencia de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea?. Que el Estado miembro sea reincidente, que la directiva no haya sido transpuesta y que exista dolo ministerial. Que la norma tenga por objeto conferir derechos a los particulares, que el incumplimiento esté suficientemente caracterizado, y que exista una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación impuesta y el daño sufrido. Que la sanción comunitaria sea firme y que el recurso se formule ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Que la norma comunitaria sea un reglamento y que el perjudicado sea una empresa transnacional.

¿Desde qué momento temporal produce efectos la sentencia que declare la inconstitucionalidad de una ley o el carácter contrario al Derecho de la UE a efectos de responsabilidad?. Desde la entrada en vigor de la norma anulada. Desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado o en el Diario Oficial de la Unión Europea, según el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa. Desde la fecha en que el particular sufrió efectivamente el perjuicio patrimonial. Transcurrido un año desde la firmeza de la resolución judicial.

¿Cuál es el límite temporal de los daños indemnizables en los supuestos de leyes inconstitucionales y normas contrarias al Derecho de la Unión Europea?. Los producidos en el plazo de los 3 años anteriores a la publicación de la sentencia. Los producidos en el plazo de los 5 años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad o la contrariedad al Derecho de la UE, salvo que la sentencia disponga otra cosa. Los producidos desde el nacimiento histórico de la norma sin limitación temporal. Únicamente los daños causados con posterioridad a la interposición de la reclamación.

¿Qué características objetivas debe presentar inexcusablemente el daño alegado según la letra b) del apartado 2.2?. Ha de ser eventual, hipotético e inescrutable. Ha de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. Ha de ser generalizado, no evaluable y de titularidad difusa. Ha de ser meramente futuro y condicionado al devenir económico general.

¿Cómo define el texto el concepto de fuerza mayor a efectos de romper el nexo causal?. Un acontecimiento previsible pero evitable imputable directamente a la negligencia del servicio público. Un daño que resulta de un acontecimiento previsto o imprevisto, pero en todo caso irresistible y ajeno al ámbito dominado por la Administración en cuanto que es exterior a su propia organización o esfera de actividad (excluyendo el deber de reparar). La simple interferencia de un tercero con culpa levísima en la ejecución del servicio. La falta de diligencia ordinaria por parte de la propia víctima del perjuicio.

¿Qué efecto produce la interferencia de la conducta de la víctima o de un tercero en el proceso causal del daño?. Modera la indemnización a la mitad aplicando la compensación de culpas. Es preciso que exista y se pruebe una relación no solo directa sino exclusiva; desde el momento en que se aprecia la interferencia de la víctima o de un tercero, se desvirtúa la conexión del daño con la actividad de la Administración. Obliga a la Administración a responder solidariamente junto con el tercero. Transfiere la competencia de resolución al orden jurisdiccional penal obligatoriamente.

¿Cómo se regula la responsabilidad patrimonial cuando la Administración actúa en relaciones de derecho privado (directamente o a través de entidades de derecho privado)?. Se rige exclusivamente por el Código Civil de forma aislada, sin intervención del derecho administrativo. Su responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto en los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015, incluso cuando concurra con sujetos de derecho privado o se exija directamente a la entidad de derecho privado o a la entidad que cubra su responsabilidad. Queda exenta de toda indemnización patrimonial al actuar como un particular más. Se somete obligatoriamente al arbitraje de equidad mercantil.

¿Cómo aborda el artículo 33 de la Ley 40/2015 la concurrencia de varias Administraciones Públicas en la producción de un daño (actuación conjunta)?. Exime de responsabilidad a todas ellas salvo a la Administración central del Estado. Establece que las Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso, de forma solidaria (pudiendo el instrumento jurídico regulador determinar la distribución de la responsabilidad entre ellas). Divide la indemnización de forma estrictamente proporcional a los ingresos tributarios de cada entidad. Impide al ciudadano reclamar hasta que se determine judicialmente la culpa individual de cada funcionario.

En otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones que no deriven de fórmulas conjuntas de actuación formal, ¿en base a qué criterios se fijará la responsabilidad para cada una de ellas?. Atendiendo exclusivamente al número de empleados públicos destinados en cada organismo. Atendiendo a los criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención (siendo solidaria cuando no sea posible dicha determinación). Según la antigüedad en la creación de cada una de las Administraciones implicadas. Por partes iguales de forma obligatoria e improrrogable.

¿Cuál es la regla general para determinar la Administración pública competente para incoar, instruir y resolver los procedimientos en los que exista una responsabilidad concurrente?. La fijada en los Estatutos o reglas de la organización colegiada, y en su defecto, la Administración pública con mayor participación en la financiación del servicio. Siempre el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes con carácter exclusivo. La Administración que elija libremente el lesionado en su escrito de reclamación. El Consejo de Estado de forma directa sin intervención de los órganos instructores.

Cuando se trate de procedimientos de responsabilidad patrimonial con concurrencia de varias Administraciones, ¿qué obligación formal tiene la Administración competente respecto al resto de Administraciones implicadas?. Notificarles la resolución definitiva una vez dictada sin darles audiencia previa. Consultar a las restantes Administraciones implicadas para que, en el plazo de quince días, estas puedan exponer cuanto consideren procedente. Requerirles la consignación previa del 50% del importe total de la indemnización estimada. Trasladarles el expediente completo para que asuman la instrucción de forma rotatoria.

¿En qué debe concretarse la indemnización según el inicio del apartado 2.4?. En una compensación exclusivamente moral y simbólica otorgada de oficio. En una cuantía que el particular recibirá en compensación del perjuicio causado por la actividad de la Administración que no tenga la obligación jurídica de soportar. En una sanción disciplinaria directa contra el personal al servicio de la Administración. En la entrega forzosa de bienes patrimoniales de titularidad pública.

¿Qué apartados de la Ley 40/2015 determinan los criterios de valoración, espacio temporal y posible sustitución de la indemnización?. Los apartados 2 a 4 del artículo 34. Los artículos 32 y 33 de forma exclusiva. Los apartados 3, 4 y 5 del artículo 36. El artículo 37 en su integridad.

¿Qué criterios de valoración generales establece la Ley para concretar la cuantía indemnizatoria?. Únicamente los valores catastrales fijados por los Ayuntamientos. Los criterios establecidos por la legislación fiscal, los criterios de expropiación forzosa y demás normas aplicables (siendo siempre predominantes las valoraciones que rigen el mercado), y en los casos de muerte o lesiones corporales se tomara como referencia la valoración incluida en los baremos de la Seg Social. Exclusivamente el coste de reposición material de los bienes destruidos. La estimación pericial judicial sin atender a normas administrativas ni de mercado.

¿Qué referencia especial se permite tomar en los casos de muerte o lesiones corporales?. Los baremos fijados por los convenios colectivos del sector privado. La valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social. Los criterios indemnizatorios establecidos en el Código Penal para delitos imprudentes. La estimación discrecional del órgano instructor del procedimiento.

¿A qué momento temporal se remite la ley para el cálculo inicial de la indemnización?. Al día en que se interpone formalmente la reclamación patrimonial. Al día en que la lesión efectivamente se produjo. A la fecha de la resolución firme en vía administrativa o contenciosa. Al año natural siguiente a la publicación de la norma causante del daño.

¿Cómo se actualiza la cuantía indemnizatoria hasta la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad?. Con arreglo al Índice de Precios al Consumo (IPC) general. Con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística. Mediante un tipo de interés fijo legal publicado trimestralmente por el Banco de España. Según la evolución del Euríbor a un año.

¿Cómo se exigen los intereses por demora en el pago de la indemnización fijada?. Con arreglo a lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o, en su caso, a las normas presupuestarias de las Comunidades Autónomas. Conforme al régimen general de intereses moratorios del Código Civil para obligaciones mercantiles. Aplicando un recargo ejecutivo automático del 20% tras el primer mes de impago. Mediante apremio judicial directo en el orden jurisdiccional penal.

¿Qué modalidades de sustitución de la cuantía indemnizatoria prevé la ley por resultar más adecuadas para lograr la reparación debida?. Únicamente la dación en pago de bienes inmuebles de dominio público. La sustitución por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, siempre que convenga al interés público y exista acuerdo con el interesado. La conversión de la deuda en acciones de entidades mercantiles participadas por la Administración. El canje por bonos de deuda pública de carácter indefinido.

¿Quién fija el importe de las indemnizaciones en los supuestos específicos de lesiones producidas por leyes declaradas inconstitucionales o normas contrarias al Derecho de la UE?. El Consejo de Ministros, previo dictamen preceptivo del Consejo de Estado. El Tribunal Constitucional de oficio mediante sentencia estimatoria. El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes mediante orden ministerial directa. El órgano consultivo de la Comunidad Autónoma afectada.

¿Qué órgano ministerial se encarga de tramitar el procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones en los casos de leyes inconstitucionales y normas contrarias al Derecho de la UE?. El Ministerio de Hacienda. El Ministerio del Interior. El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

¿Cómo se define el concepto de "autoridad" a efectos generales y normativos según el texto?. Cualquier empleado público que desempeñe funciones administrativas de carácter temporal o interino. La persona que está investida por suficiente poder dentro de la organización administrativa para dar órdenes y exigir que sean cumplidas por los subordinados, reputándose autoridad a efectos penales (art. 24 del Código Penal) al que por sí solo o como miembro de corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia (incluyendo diputados, senadores, parlamentarios europeos y fiscales). Exclusivamente los miembros del Gobierno central y los consejeros de las Comunidades Autónomas. Todo aquel que participe en el ejercicio de funciones públicas por nombramiento de autoridad competente.

¿Cómo define y clasifica el Estatuto Básico del Empleado Público a los empleados públicos (funcionario)?. Como las personas que desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales, clasificándose en funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral (fijo, por tiempo indefinido o temporal) y personal eventual. Únicamente en funcionarios de carrera y personal laboral fijo. En personal directivo, funcionarios de empleo y personal contratado en régimen de derecho privado mercantil. En autoridades superiores, órganos colegiados de control y personal subalterno.

¿Qué considera el apartado 2 del artículo 24 del Código Penal a efectos penales respecto al funcionario público?. Solo a los funcionarios de carrera que hayan superado las pruebas selectivas correspondientes. Todo el que por disposición inmediata de la ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas. Exclusivamente a las autoridades con mando o jurisdicción propia. Al personal laboral de carácter temporal adscrito a servicios mercantiles.

¿Cómo deben exigir los particulares la indemnización por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal al servicio de la Administración?. Directamente al empleado público causante ante la jurisdicción civil de primera instancia. Obligatoriamente a través de demanda penal conjunta contra el superior jerárquico. Directamente a la Administración Pública correspondiente. Mediante arbitraje de equidad ante el Consejo de Estado.

¿Qué debe hacer la Administración una vez que hubiere indemnizado a los lesionados por la actuación de sus autoridades y personal?. Asumir el coste íntegro sin posibilidad de repercusión para proteger al empleado público. Exigir de oficio en vía administrativa la responsabilidad de sus autoridades y demás personal a su servicio, cuando hubieran incurrido en dolo, culpa o negligencia graves (previa instrucción de expediente con audiencia). Repercutir la mitad de la cuantía mediante deducción automática en la nómina del funcionario sin necesidad de expediente. Reclamar la cantidad exclusivamente por vía judicial civil de forma potestativa.

¿Qué cuatro criterios enumera la Ley 40/2015 para ponderar la cuantificación de la responsabilidad de las autoridades y funcionarios?. El tiempo de servicio en la Administración, el nivel de complemento de destino, el salario anual y la edad del empleado. El resultado dañoso producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso. La existencia de seguro de responsabilidad civil, el presupuesto del organismo, el tipo de contrato y la jurisdicción competente. El informe favorable del sindicato, la gravedad de la sanción disciplinaria, el daño moral y la reincidencia.

¿Cuáles son los trámites y plazos esenciales que debe constar en el procedimiento administrativo para exigir la responsabilidad a las autoridades y personal al servicio de la Administración?. Alegaciones durante 15 días, prueba durante 15 días, audiencia durante 10 días, propuesta de resolución en 5 días y resolución en 5 días. Alegaciones en 10 días, prueba en 10 días, audiencia en 5 días y resolución en un mes. Audiencia previa de un mes y resolución definitiva del Consejo de Ministros en dos meses. Reclamación inicial de 30 días y recurso de alzada preceptivo en el mismo plazo.

¿Qué efectos produce la resolución declaratoria de responsabilidad dictada en el expediente instruido al personal al servicio de la Administración?. Pone fin a la vía administrativa (todo ello sin perjuicio de pasar, si procede, el tanto de culpa a los tribunales competentes). Requiere la homologación previa del Tribunal de Cuentas para ser ejecutiva. Queda en suspenso hasta que se resuelva el recurso contencioso-administrativo correspondiente. Obliga al reingreso inmediato del funcionario en un cuerpo de inferior categoría.

¿Cómo se clasifica doctrinalmente la responsabilidad en la que puede incurrir un empleado público según el apartado 3.1?. Responsabilidad civil, administrativa y penal. Responsabilidad contractual, extracontractual y mercantil. Responsabilidad política, constitucional y presupuestaria. Responsabilidad patrimonial pura, subsidiaria y solidaria.

¿Qué regla de prioridad establece el artículo 37.2 de la Ley 40/2015 en relación con la exigencia de responsabilidad penal al personal al servicio de las Administraciones Públicas?. La exigencia de responsabilidad penal suspende siempre y en todo caso todos los procedimientos de responsabilidad patrimonial. La exigencia de responsabilidad penal no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial. La vía administrativa excluye por completo la persecución penal de los delitos cometidos por funcionarios. El orden penal debe esperar a que la Administración resuelva definitivamente el expediente disciplinario interno.

¿Qué regla específica establece el artículo 35 de la Ley 40/2015 respecto a la responsabilidad civil cuando las Administraciones Públicas actúan en relaciones de derecho privado?. Que se exigirá de conformidad con lo previsto en los artículos 32 y siguientes de dicha ley, incluso cuando concurra con sujetos de derecho privado o la responsabilidad se exija directamente a la entidad de derecho privado a través de la cual actúe la Administración o a la entidad que cubra su responsabilidad. Que se regirá exclusivamente por el Código Civil, excluyendo por completo la normativa administrativa general. Que la Administración queda exenta de toda responsabilidad civil si actúa mediante sociedades mercantiles de capital íntegramente público. Que la acción civil debe entablarse obligatoriamente ante los tribunales del orden social o mercantil de forma potestativa.

¿Cuáles son los dos frentes jurídicos principales que se abren para exigir la responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas según el texto?. El Tribunal de Cuentas y la jurisdicción contencioso-administrativa especial. El Código Penal de 1995 (tipificando delitos contra la Administración pública y contra las garantías constitucionales) y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (por la responsabilidad civil derivada del delito para la restitución, reparación e indemnización). El Estatuto Básico del Empleado Público y el Reglamento de Régimen Disciplinario. Las directivas de la Unión Europea sobre delitos económicos y la Ley General Presupuestaria.

¿Cómo se divide y se regula la responsabilidad administrativa del funcionario según el apartado 3.1.3?. En responsabilidad civil directa y responsabilidad subsidiaria ante el Tribunal Supremo. En responsabilidad interna (exigida de oficio por la Administración cuando hubiere indemnizado directamente a los lesionados por dolo, culpa o negligencia graves) y responsabilidad disciplinaria (sanciones impuestas por los superiores jerárquicos independientemente de las penales, reguladas en leyes como la Ley 30/1984, el Reglamento de Régimen Disciplinario y el Texto Refundido del EBEP). En responsabilidad presupuestaria y responsabilidad contable exclusiva ante el Tribunal de Cuentas. En responsabilidad contractual y responsabilidad extracontractual de carácter meramente voluntario.

¿Qué dos derechos de los interesados en el procedimiento administrativo deja patente la Ley de Procedimiento Administrativo Común en relación con las reclamaciones patrimoniales?. El derecho a la gratuidad de la justicia y el derecho a la asistencia jurídica gratuita. El derecho a identificar a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos (art. 53.1.b de la Ley 39/2015) y el derecho a exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades cuando así corresponda legalmente (art. 13.f). El derecho a interponer recursos potestativos de reposición y el derecho a la indemnización automática por silencio positivo. El derecho a la representación procesal obligatoria y el derecho de acceso a los archivos electrónicos judiciales.

¿Cuál es el plazo general de prescripción del derecho a reclamar en los procedimientos de responsabilidad patrimonial, tanto de oficio como a solicitud de interesado, y cómo se computa en caso de daños físicos o psíquicos?. Plazo de cinco años desde la producción del hecho lesivo; tratándose de daños físicos o psíquicos, desde la fecha del alta médica hospitalaria ordinaria. Plazo de tres años desde la notificación del acto administrativo; en daños físicos o psíquicos, desde la interposición de la demanda judicial. Plazo de un año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo; en caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. Plazo imprescriptible si la lesión deriva de una norma con rango de ley declarada inconstitucional.

¿Cuál es el plazo de prescripción aplicable en los casos de responsabilidad patrimonial surgidos por lesiones producidas por leyes declaradas inconstitucionales o por normas contrarias al Derecho de la Unión Europea?. Prescribirá a los seis meses de la firmeza de la sentencia desestimatoria en primera instancia. Prescribirá al año de la publicación en el Boletín Oficial del Estado o en el Diario Oficial de la Unión Europea, según el caso, de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al Derecho de la Unión Europea. Prescribirá a los cinco años contados desde la promulgación inicial de la norma viciada. No prescribe nunca mientras el particular mantenga la titularidad de los bienes afectados.

¿Qué especialidades y requisitos específicos exige la Ley 39/2015 para el inicio a solicitud del interesado de un procedimiento especial?. Aportar los datos generales de identificación y además: las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre estas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial (si fuera posible), el momento en que la lesión efectivamente se produjo, acompañada de alegaciones, documentos, información y proposición de prueba concretando los medios. Presentar exclusivamente peritaje judicial emitido por perito insaculado y aval bancario del 20% del importe reclamado. Acreditar el agotamiento previo de la vía civil ordinaria frente a la empresa concesionaria del servicio. Demostrar fehacientemente la intencionalidad dolosa del agente público causante del perjuicio.

¿En qué supuestos normativos es preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma durante la instrucción del procedimiento de responsabilidad patrimonial?. En todos los procedimientos sin excepción, cualquiera que sea su cuantía o complejidad técnica. Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros (o a la establecida en la legislación autonómica), así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado. Únicamente cuando el reclamante sea una entidad local o un Ayuntamiento de gran población. Cuando el importe reclamado supere el presupuesto anual del ministerio u organismo autónomo demandado.

¿Qué especialidades exige la Ley 39/2015 cuando el procedimiento de responsabilidad patrimonial se inicia de oficio por petición razonada de otros órganos?. Que la petición deberá individualizar la lesión producida en una persona o grupo de personas, su relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público, su evaluación económica si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo. Que el órgano requirente deposite fianza previa en la Caja General de Depósitos para cubrir las costas del procedimiento. Que el Consejo de Ministros autorice expresamente la iniciación en el plazo de diez días naturales. Que se notifique de forma simultánea al Ministerio Fiscal para la persecución de posibles ilícitos penales.

¿Qué exigencia específica impone la Ley a las autoridades cuando el procedimiento de responsabilidad patrimonial se inicia por denuncia?. Archivar automáticamente la denuncia transcurrido el plazo preclusivo de un mes sin actividad probatoria. Obligar a motivar y notificar a los denunciantes la iniciación o no del procedimiento, proscribiendo la arbitrariedad en la toma de decisiones basada en la legislación vigente. Trasladar la condición de interesado al denunciante para que asuma la representación procesal de los perjudicados. Requerir al denunciante una tasación pericial contradictoria firmada por perito colegiado.

Cuando los procedimientos de responsabilidad patrimonial se inician de oficio, ¿a quién se notifica el acuerdo de iniciación y qué plazo de 10 días se les concede?. Se notifica a los funcionarios presuntamente responsables, concediéndoles 10 días para abonar voluntariamente la indemnización reclamada. Se notifica a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de 10 días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo. Se notifica al Consejo de Estado para que emita dictamen preceptivo en el plazo improrrogable de 10 días. Se notifica al contratista adjudicatario del servicio público para que suspenda de forma inmediata la ejecución del contrato en el plazo de 10 días.

¿A qué principios fundamentales está sometida la fase de ordenación del procedimiento de reclamación patrimonial según el texto?. Al principio de jerarquía normativa, el principio de publicidad registral y el principio de doble instancia obligatoria. Al principio de celeridad (impulsándose de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos), respetando los principios de transparencia y publicidad, y el principio de simplificación administrativa (acordando en un solo acto todos los trámites que admitan impulso simultáneo). Al principio de rogación exclusiva a instancia de parte y el principio de preclusión procesal estricta. Al principio de discrecionalidad técnica y el principio de inmediatez formal ante el órgano superior jerárquico.

¿Qué regla especial establece el artículo 81 de la Ley 39/2015 respecto a la emisión de informes durante la instrucción de los procedimientos de responsabilidad patrimonial frente al carácter general facultativo de los mismos?. Los informes serán todos ellos vinculantes y de carácter decisorio para el órgano instructor. Será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de diez días el plazo de su emisión. Se suprime la emisión de informes técnicos internos para agilizar los plazos máximos de resolución. Únicamente se emitirá informe si lo solicita expresamente el Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico.

¿Qué previsión específica se establece en relación con el contratista durante la instrucción del procedimiento de responsabilidad patrimonial (art. 82.5 de la Ley 39/2015 y art. 32.9 de la Ley 40/2015)?. Dar audiencia al contratista para que pueda presentar alegaciones, notificarle cuantas actuaciones se realicen en el procedimiento al efecto de que se persone en el mismo, exponga lo que a su derecho convenga y proponga cuantos medios de prueba estime necesarios. Trasladarle automáticamente la obligación de pago íntegro de la indemnización fijada en vía administrativa. Eximirle de toda responsabilidad civil y administrativa sin necesidad de personación formal en el expediente. Requerirle la aportación de aval solidario por el importe total de la obra pública ejecutada.

¿Cómo se regula la suspensión del transcurso del plazo máximo legal para resolver y notificar la resolución en el procedimiento de responsabilidad patrimonial cuando se solicitan informes preceptivos?. El plazo se suspende automáticamente por tiempo indefinido hasta que el órgano emisor decida pronunciarse. El transcurso del plazo máximo se podrá suspender en cuanto se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición (que deberá comunicarse a los interesados) y la recepción del informe (que igualmente deberá ser comunicada), no pudiendo exceder en ningún caso de 3 meses. La solicitud de informes preceptivos no interrumpe ni suspende en ningún caso el cómputo del plazo máximo de resolución. La suspensión se prorroga automáticamente por periodos trimestrales sucesivos si el informe no es recibido en plazo.

¿Qué especialidades exige el artículo 86.5 de la Ley 39/2015 para la terminación convencional y qué pronunciamientos concretos debe contener obligatoriamente la resolución expresa del procedimiento (artículo 91)?. La terminación convencional requiere fijar la cuantía y el modo de indemnización según los criterios del art. 34 de la Ley 40/2015; y la resolución debe pronunciarse inexcusablemente sobre la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida, y sobre la valoración del daño causado, la cuantía y el modo de la indemnización. La terminación convencional exige el pago al contado y la resolución se limita a declarar la caducidad del expediente por silencio administrativo positivo. El acuerdo convencional requiere la homologación judicial civil y la resolución solo precisa determinar el órgano competente para el pago presupuestario. La terminación convencional está prohibida en materia de responsabilidad patrimonial, debiendo dictarse siempre resolución motivada sobre la culpa penal del funcionario.

¿Qué efecto jurídico se produce transcurridos 6 meses desde que se inició el procedimiento de responsabilidad patrimonial sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o se haya formalizado acuerdo, y a quién corresponde resolver en el ámbito de la Administración General del Estado?. Se entiende estimada la solicitud por silencio administrativo positivo; y en la AGE resuelve el Tribunal Supremo. Podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular (silencio desestimatorio); y en el ámbito de la AGE los procedimientos se resolverán por el Ministro respectivo o por el Consejo de Ministros en los casos de lesiones por leyes inconstitucionales y normas contrarias al Derecho de la UE. Se produce la caducidad automática del expediente con archivo de actuaciones; y resuelve el Consejo de Estado directamente. Se entiende reconocido el derecho a percibir el 50% de la cantidad reclamada; y resuelve el Ministerio de Hacienda.

¿Qué presupuesto habilitante y qué plazo máximo de resolución rigen para la tramitación simplificada del procedimiento de responsabilidad patrimonial según el artículo 96.4 de la Ley 39/2015?. El órgano competente puede acordar de oficio la tramitación simplificada si considera inequívoca la relación de causalidad entre el servicio y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía, debiendo resolverse en el plazo de treinta días desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada. Requiere solicitud imperativa del interesado y el plazo máximo de resolución se fija inexcusablemente en quince días hábiles. Se aplica de forma obligatoria a todas las reclamaciones inferiores a 3.000 euros con un plazo de resolución de diez días. Exige dictamen preceptivo del Consejo de Estado en el plazo improrrogable de dos meses.

¿Qué ocurre si durante la tramitación simplificada del procedimiento se solicita el dictamen preceptivo del Consejo u órgano consultivo y este es contrario al fondo de la propuesta de resolución?. El órgano competente ordenará el archivo definitivo del expediente por falta de fundamentos jurídicos. El órgano competente para resolver acordará continuar el procedimiento con arreglo a la tramitación ordinaria (lo que se notificará a los interesados), entendiéndose convalidadas todas las actuaciones realizadas durante la tramitación simplificada a excepción del dictamen. Quedará vinculado por el sentido negativo del dictamen, debiendo desestimar automáticamente la reclamación del particular sin más trámite. Se elevará el expediente al Consejo de Ministros para que decida mediante real decreto en el plazo improrrogable de quince días.

¿Qué trámites específicos, enumerados de la a) a la h), integran exclusivamente el procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado de forma simplificada según el apartado 4.4?. a) Inicio del procedimiento de oficio o a solicitud del interesado; b) Subsanación de la solicitud presentada, en su caso; c) Alegaciones formuladas al inicio del procedimiento durante el plazo de 5 días; d) Trámite de audiencia, únicamente cuando la resolución vaya a ser desfavorable para el interesado; e) Informe del servicio jurídico, cuando este sea preceptivo; f) Informe del Consejo General del Poder Judicial, cuando este sea preceptivo; g) Dictamen del Consejo Estado u órgano consultivo equivalente en los casos en que sea preceptivo (con suspensión automática); h) Resolución. a) Inicio; b) Período ordinario de prueba de 15 días; c) Audiencia general de 15 días; d) Informes preceptivos de todas las administraciones concurrentes; e) Dictamen vinculante del Tribunal Supremo; f) Propuesta de resolución en 10 días; g) Publicación en el BOE; h) Resolución ministerial. a) Denuncia previa; b) Requerimiento de subsanación de 10 días; c) Práctica de pruebas conjuntas; d) Trámite de audiencia a contratistas; e) Informe de la Intervención General; f) Dictamen del Tribunal de Cuentas; g) Acuerdo de terminación convencional; h) Archivo definitivo. a) Iniciación de oficio; b) Alegaciones de 15 días; c) Prueba de 15 días; d) Audiencia de 10 días; e) Propuesta de resolución de 5 días; f) Resolución en 5 días; g) Recurso de alzada; h) Ejecución forzosa.