Tema 9 L

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿quién tiene capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas?. Las personas físicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles, no así las personas jurídicas. Los menores de edad para el ejercicio y defensa de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico, con la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Los menores de edad incapacitados para el ejercicio y defensa de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico, con la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica cuando la ley lo declare expresamente.

¿En cuál de los siguientes casos no será necesario acreditar la condición de representante del interesado en los procesos administrativos?. Formular solicitudes. Presentar declaración responsable. Renunciar a derechos. Actos y gestiones de mero trámite.

Cuando en una solicitud, comunicación o escrito figuren varios interesados... Si no se ha señalado a ninguno de ellos, el sistema de registro escogerá aleatoriamente a uno de los interesados para las actuaciones derivadas del proceso. Se hará saber a los interesados la vulneración del recurso de forma y se les instará a formular la solicitud, comunicación o escrito de manera individual. Se tratarán de manera individual, pudiendo dar lugar a actuaciones específicas para cada uno de ellos. Se deberá señalar expresamente a uno de ellos. En su ausencia, se tomará al que figure en primer término para las actuaciones que se den lugar.

Las Administraciones Públicas, cuando el interesado quiera desistir de una acción, le requerirán a este... Para el desistimiento no es necesario aportar nada. Identificación mediante DNI o sistemas basados en certificados electrónicos. Firma. Identificación, mediante DNI o sistemas basados en certificados electrónicos, y firma obligatoria.

Según la Ley 39/2015, para el ejercicio de sus derechos, las personas podrán elegir en cualquier caso... Si se comunican con la Administración a través de medios electrónicos o no. La lengua a usar en el procedimiento, siempre que esta sea una de las oficiales del Estado. Ambas son correctas. Ninguna de las anteriores es correcta.

Los siguientes documentos no requieren de firma electrónica según la Ley 39/2015: Documentos con carácter meramente informativo. Documentos que no forman parte de un expediente administrativo. Ambas son correctas. Ninguna es correcta.

Respecto a los plazos en los procedimientos administrativos de las Administraciones del Estado, de manera general... Cuando se hable de días, se entenderá que se refiere a días naturales. Cuando el último día de plazo sea inhábil, se entenderá que el plazo acaba a última hora hábil del último día hábil. La aplicación de la tramitación de urgencia a un procedimiento no será razón suficiente para reducir los plazos previamente establecidos. La Administración podrá conceder de oficio o a petición de los interesados una ampliación de los plazos establecidos, pero esta no podrá exceder de la mitad del tiempo estipulado en inicio.

Dentro de las garantías del procedimiento administrativo, ¿cuál de los siguientes no está contemplado como un derecho de la persona interesada?. A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. A la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario, en procedimientos de naturaleza sancionadora. A cumplir las obligaciones de pago a través de medios electrónicos. A formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior a la resolución del mismo.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, una vez iniciado el procedimiento, se podrán adoptar medidas provisionales para asegurar la eficacia de la resolución, de acuerdo con los principios de... Seguridad jurídica, proporcionalidad y jerarquía normativa. Imparcialidad, proporcionalidad y eficiencia administrativa. Imparcialidad, seguridad jurídica y jerarquía normativa. Proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.

Las fases de un procedimiento administrativo son: Iniciación, instrucción y ejecución. Iniciación, instrucción y finalización. Iniciación, apertura o incoación de expediente, instrucción y ejecución. Iniciación, ordenación, instrucción, finalización y ejecución.

¿Es lícito que el instructor de un procedimiento rechace pruebas a propuesta del interesado?. Sí, si son manifiestamente improcedentes. Sí, si se consideran innecesarias. Sí, en ambos casos anteriores. No, ya que el interesado tiene derecho a aportar las pruebas que considere oportunas.

¿Cuál de las siguientes alternativas no vale por sí misma para poner fin a un procedimiento administrativo?. Resolución. Caducidad. Renuncia al derecho en que se funda la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico. Fallecimiento del interesado.

En un procedimiento sancionador el infractor reconoce su responsabilidad: El órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento sin que sea necesaria la propuesta de resolución. Se le aplicará hasta un 30% máximo de reducción sobre el importe de la sanción. Se le aplicará hasta un 20% máximo de reducción sobre el importe de la sanción. Si la sanción tiene carácter pecuniario, el pago voluntario en cualquier momento anterior anterior a la resolución implicará la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a indemnizaciones por daños y perjuicios.

La ejecución forzosa por parte de las Administraciones Públicas se efectuará por los siguientes medios: Apremio sobre el patrimonio. Ejecución subsidiaria y compulsión sobre las personas. Multa coercitiva. Todas las opciones son correctas.