TEMA COMÚN Nº 1-2

¿En qué fecha se publicó en el Boletín Oficial del Estado y entró en vigor la Constitución Española de 1978?. El 6 de diciembre de 1978. El 27 de diciembre de 1978. El 29 de diciembre de 1978. El 31 de octubre de 1978.

Los valores superiores del ordenamiento jurídico proclamados en el artículo 1.1 de la Constitución son: Libertad, justicia, igualdad y solidaridad. Libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Dignidad, libertad, igualdad y justicia. Libertad, seguridad, igualdad y pluralismo político.

Conforme a su estructura formal, la Constitución Española de 1978 consta de: Preámbulo, Título Preliminar, diez Títulos numerados, 169 artículos, cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y una final. Preámbulo, once Títulos numerados y 169 artículos. Título Preliminar, diez Títulos y 170 artículos. Preámbulo, diez Títulos, 168 artículos y quince disposiciones adicionales.

La pieza técnica que permitió el tránsito ordenado del régimen anterior al Estado democrático, sin ruptura formal del ordenamiento, fue: La Ley 2/1977 de Reforma Constitucional. La Ley Fundamental de Bonn de 1949. La Ley 15/1976 de Cortes Constituyentes. La Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política.

¿Cuántos principios jurídicos garantiza el artículo 9.3 de la Constitución?. Cinco. Seis. Siete. Ocho.

¿Cuál de los siguientes NO es uno de los principios garantizados por el artículo 9.3 de la Constitución?. Jerarquía normativa. Eficacia administrativa. Seguridad jurídica. Interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Según el artículo 1.3 de la Constitución, la forma política del Estado español es: La Monarquía parlamentaria. La República parlamentaria. La Monarquía constitucional pura. El Estado federal.

Conforme al artículo 1.2 de la Constitución, la soberanía nacional reside en: Las Cortes Generales. El Rey como Jefe del Estado. Las nacionalidades y regiones que integran España. El pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

El plazo máximo de duración de la detención preventiva, transcurrido el cual el detenido debe ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial, es, conforme al artículo 17.2 de la Constitución: 24 horas. 48 horas. 72 horas. 96 horas.

El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional protege frente a violaciones de los derechos reconocidos en: Todo el Título I de la Constitución. El artículo 14, la Sección 1.ª del Capítulo II y la objeción de conciencia del artículo 30. Los artículos 14 a 38 de la Constitución. Exclusivamente los artículos 15 a 29.

¿Cuántas reformas ha experimentado la Constitución Española de 1978 hasta julio de 2026?. Cuatro. Tres. Dos. Cinco.

La cuarta reforma constitucional, que afectó al artículo 69.3, tuvo por objeto: Reducir el número total de senadores de doscientos ocho a doscientos. Suprimir los senadores de designación autonómica. Establecer la elección directa de la totalidad de los senadores. Que la isla de Formentera pase a elegir un senador propio, dejando de integrarse en la agrupación Ibiza-Formentera.

Según el artículo 53.3 de la Constitución, los principios rectores de la política social y económica del Capítulo III: Pueden alegarse directamente en recurso de amparo. Vinculan a los poderes públicos con la misma intensidad que los derechos fundamentales. Informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, y solo podrán alegarse ante la jurisdicción ordinaria conforme a las leyes que los desarrollen. Carecen de todo valor jurídico.

Durante la vigencia del estado de alarma, en materia de derechos fundamentales: Pueden suspenderse los derechos de los artículos 17, 19 y 21. No cabe la suspensión de derechos fundamentales, solo su limitación. Puede suspenderse el derecho de huelga del artículo 28.2. Pueden suspenderse todos los derechos del Título I.

La zona de policía y la zona de servidumbre del dominio público hidráulico tienen, respectivamente, una anchura de: 100 metros y 5 metros. 200 metros y 10 metros. 50 metros y 5 metros. 100 metros y 10 metros.

El artículo 149.1.22.ª de la Constitución atribuye al Estado competencia exclusiva sobre: Todos los aprovechamientos hidráulicos del territorio nacional. Únicamente las aguas subterráneas renovables. Las aguas minerales y termales. Los recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma.

La fuerza vinculante de los convenios colectivos, título constitucional del que deriva la eficacia normativa del IV Convenio Único del personal laboral de la AGE, se fundamenta en el artículo: 28.1 de la Constitución. 35.2 de la Constitución. 37.1 de la Constitución. 103.3 de la Constitución.

La declaración del estado de sitio corresponde a: El Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros. El Congreso de los Diputados, por mayoría absoluta, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Presidente del Gobierno, dando cuenta al Congreso. Las Cortes Generales en sesión conjunta por mayoría de tres quintos.

El artículo 45 de la Constitución configura el medio ambiente como: Un derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y, simultáneamente, un deber de conservarlo. Un derecho fundamental susceptible de recurso de amparo. Un principio de la organización territorial del Estado. Una competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas.

Conforme al artículo 25.3 de la Constitución, la Administración civil: Puede imponer sanciones privativas de libertad cuando la ley expresamente lo autorice. Puede imponer arresto sustitutorio por impago de multa. Puede imponer privación de libertad únicamente en materia de seguridad ciudadana. No podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad.

La reserva de ley orgánica del artículo 81.1 de la Constitución alcanza, en materia de derechos, a: Todo el Título I sin distinción. Los principios rectores del Capítulo III. El desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Los derechos y deberes de los ciudadanos de la Sección 2.ª.

Aprobada una reforma constitucional por el procedimiento del artículo 167, será sometida a referéndum cuando lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación: Una quinta parte de los miembros del Congreso. Una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Dos tercios del Senado. El Gobierno mediante acuerdo del Consejo de Ministros.

En el sistema de clasificación profesional del IV Convenio Único, el Grupo profesional M1 se corresponde con: Grado, Licenciatura o Ingeniería Superior. Diplomatura, Ingeniería Técnica o ciclo formativo de grado superior. Bachiller o ciclo formativo de grado medio. Educación Secundaria Obligatoria.

El Defensor del Pueblo, conforme al artículo 54 de la Constitución, es: Un órgano dependiente del Gobierno con potestad sancionadora. Un órgano jurisdiccional especializado en derechos fundamentales. Un órgano integrado en el Tribunal Constitucional. Alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I.

El procedimiento agravado de reforma del artículo 168 exige, entre otros requisitos: Mayoría de tres quintos de cada Cámara y referéndum potestativo. Mayoría absoluta del Congreso y disolución del Senado. Mayoría de dos tercios de cada Cámara, disolución inmediata de las Cortes, ratificación por las nuevas Cámaras, aprobación por dos tercios y referéndum obligatorio. Mayoría de dos tercios del Congreso y referéndum potestativo a solicitud de una décima parte de los senadores.

En cuanto a su valor jurídico, el Preámbulo de la Constitución: Tiene valor normativo directo pleno equiparable al articulado. Carece de valor normativo directo, pero opera como criterio hermenéutico. Tiene rango de ley orgánica. Posee fuerza derogatoria autónoma sobre normas anteriores.

Según el artículo 3.1 de la Constitución, el castellano es: La lengua española oficial del Estado, con el deber de conocerla y el derecho a usarla. Una de las lenguas cooficiales en pie de igualdad con las demás. Lengua de uso obligatorio exclusivo en toda la Administración. Lengua oficial sin deber alguno de conocimiento.

De la Ley Fundamental de Bonn de 1949, la Constitución de 1978 incorpora, por su carácter derivado, singularmente: El sistema autonómico y el principio dispositivo. El Tribunal de Cuentas y la planificación económica. La Monarquía parlamentaria y el refrendo. El recurso de amparo, el contenido esencial de los derechos y la moción de censura constructiva.

El estado de excepción, conforme al artículo 116 y a la Ley Orgánica 4/1981, tiene una duración máxima de: Quince días improrrogables. Quince días prorrogables con autorización del Congreso. Treinta días, prorrogables por otros treinta. Duración indefinida hasta cese de la causa.

El artículo 15 de la Constitución, respecto de la pena de muerte, establece que: Se mantiene permitida para los delitos más graves. Queda abolida, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Se permite en supuestos de terrorismo. Se admite mediante autorización judicial específica.

El artículo 132.1 de la Constitución inspira el régimen jurídico de los bienes de dominio público en los principios de: Inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad. Alienabilidad, prescriptibilidad y libre disposición. Embargabilidad limitada y afectación revocable. Disponibilidad plena por su titular.

El artículo 12 de la Constitución fija la mayoría de edad de los españoles en: Los dieciséis años. Los veintiún años. Los diecinueve años. Los dieciocho años.

La suspensión individual de derechos prevista en el artículo 55.2 de la Constitución opera: Durante la declaración del estado de alarma. En relación con huelgas declaradas ilegales. En relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas, con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario. En la persecución de delitos económicos graves.

El procedimiento agravado de reforma del artículo 168 se aplica a la revisión total y a la parcial que afecte a: El Título VII, sobre Economía y Hacienda, y el Título VIII. El Título Preliminar, la Sección 1.ª del Capítulo II del Título I o el Título II. Cualquier artículo de la Constitución. El Capítulo III del Título I, sobre principios rectores.

El artículo 106.2 de la Constitución reconoce a los particulares: El derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, salvo fuerza mayor. El derecho a indemnización solo cuando exista dolo del funcionario. El derecho a indemnización únicamente en los supuestos de expropiación forzosa. La exención total de responsabilidad de la Administración.

El artículo 103.1 de la Constitución dispone que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de: Legalidad, publicidad e irretroactividad. Unidad, autonomía y solidaridad. Mérito, capacidad y publicidad. Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

La garantía expropiatoria del artículo 33.3, aplicable a las ocupaciones necesarias para reparar un cajero de canal, exige: Que la privación de bienes pueda hacerse sin indemnización cuando concurra interés general. Únicamente la concurrencia de utilidad pública, sin más requisitos. Causa justificada de utilidad pública o interés social, la correspondiente indemnización y conformidad con lo dispuesto por las leyes. Un simple acuerdo del Consejo de Ministros.

Las Confederaciones Hidrográficas que gestionan las cuencas intercomunitarias tienen la naturaleza jurídica de: Órganos administrativos sin personalidad jurídica propia. Organismos autónomos, dotados de personalidad jurídica propia y adscritos al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Sociedades mercantiles estatales. Administraciones hidráulicas autonómicas.

El artículo 10.1 de la Constitución declara fundamento del orden político y de la paz social: La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la ley y a los derechos de los demás. La soberanía nacional residente en el pueblo español. El pluralismo político y la libertad de partidos. La libertad de empresa en el marco de la economía de mercado.

En materia de libertad de sindicación, el artículo 28.1 de la Constitución establece que: La afiliación sindical es obligatoria para todos los trabajadores. Se prohíbe a los sindicatos formar organizaciones sindicales internacionales. Se excluye de su ejercicio a la totalidad de los funcionarios públicos. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.

En relación con la libertad de expresión e información, el artículo 20.2 de la Constitución: Permite la censura previa con autorización judicial. Admite la censura previa en materias que afecten a menores. Prohíbe cualquier tipo de censura previa. Reserva la censura previa al Gobierno en casos de orden público.

El artículo 30.4 de la Constitución constituye la base constitucional de: El servicio militar obligatorio permanente. El sistema de protección civil y de los deberes de los ciudadanos en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. La objeción de conciencia al servicio militar. El sistema tributario justo.

Conforme al artículo 16 de la Constitución, en materia de libertad religiosa: Ninguna confesión tendrá carácter estatal. La Iglesia Católica es la confesión estatal oficial. Se prohíbe toda relación de cooperación con las confesiones. Se obliga a los ciudadanos a declarar su religión ante los poderes públicos.

El procedimiento de habeas corpus, previsto en el artículo 17.4 de la Constitución, se regula por: La Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional. La Ley Orgánica 4/1981, de los estados de alarma, excepción y sitio. La Ley Orgánica 3/1981, del Defensor del Pueblo. La Ley Orgánica 6/1984, reguladora del procedimiento de habeas corpus.

El artículo 10.2 de la Constitución obliga a interpretar las normas relativas a los derechos fundamentales: Exclusivamente según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Conforme a la costumbre y a los principios generales del Derecho. De conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Sin referencia alguna al Derecho internacional.

La segunda reforma constitucional, de 2011, que afectó al artículo 135, tuvo por objeto: El sufragio pasivo de los ciudadanos de la Unión en elecciones municipales. El principio de estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. La terminología relativa a las personas con discapacidad. La elección de senador propio por la isla de Formentera.

El artículo 148.1.10.ª de la Constitución permite a las Comunidades Autónomas asumir competencias sobre: Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma, así como las aguas minerales y termales. Las aguas que discurren por más de una Comunidad Autónoma. La legislación básica sobre protección del medio ambiente. Las obras públicas de interés general del Estado.

El procedimiento preferente y sumario del artículo 53.2 de la Constitución se caracteriza por: Una cognición plena sobre todas las cuestiones del litigio. Una tramitación ordinaria sin prioridad especial. Ser un cauce reservado exclusivamente al orden penal. Una tramitación prioritaria (preferencia) y una cognición limitada a la lesión del derecho fundamental (sumariedad).

La tercera reforma constitucional, de 2024, que afectó al artículo 49, tuvo por objeto: Introducir el principio de estabilidad presupuestaria. Sustituir la terminología de «disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos» por «personas con discapacidad», con un enfoque de autonomía personal e inclusión social. Permitir el sufragio de los extranjeros en elecciones municipales. Atribuir a Formentera un senador propio.

De las cuarenta y cuatro plazas convocadas para la especialidad de Instalaciones Hidráulicas y Plantas Potabilizadoras, la distribución entre turno libre y cupo de reserva es: Todas al turno libre, sin reserva alguna. Cuarenta al turno libre y cuatro al cupo de reserva. Treinta y nueve al turno libre y cinco al cupo de reserva para personas con discapacidad general. Treinta y cinco al turno libre y nueve al cupo de reserva.