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El Artículo 1 de la Ley de Contratos establece que la misma, tiene por objeto regular la contratación: De las Administraciones Públicas. De los poderes adjudicadores. Del sector público. Del Estado.

Conforme al artículo 1 de la Ley de Contratos del Sector Público, la contratación se debe ajustar a los principios de: Libertad de acceso a las licitaciones y publicidad. Libertad de acceso a las licitaciones y publicidad y transparencia de los procedimientos. Libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores. Libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores y el de coordinación.

Se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre que guarde relación con el objeto del contrato: En toda contratación pública. En las contrataciones públicas y privadas. Solo con carácter facultativo. En los contratos de las Administraciones de carácter social.

La Ley de Contratos del Sector Público establece que se facilitará el acceso a la contratación pública de: Las pequeñas y medianas empresas. Las pequeñas y medianas empresas, así como de las empresas de economía social. Las anteriores y las comunidades de bienes. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

A efectos de la Ley de Contratos del Sector Público se entenderá que un contrato tiene carácter oneroso en los casos: En que el contratista obtenga algún tipo de beneficio económico, ya sea de forma directa o indirecta. Solo cuando el beneficio sea directo. Siempre que haya un gasto. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refiere la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y la legislación de régimen local, así como los consorcios regulados por la legislación aduanera: No forman parte del sector público. Solo forman parte cuando estén adscritos al Estado. No es correcto lo relativo a la legislación aduanera. Forman parte del sector público.

A efectos de la Ley de Contratos del Sector Público, no se entenderá por fundaciones públicas aquellas: Que se constituyan de forma inicial, con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o bien reciban dicha aportación con posterioridad a su constitución. Que el patrimonio de la fundación esté integrado en más de un 50 por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por sujetos integrantes del sector público con carácter permanente. Que la mayoría de derechos de voto en su patronato corresponda a representantes del sector público. Que desarrollen su actividad en el marco de las políticas públicas definidas en los principios rectores de la política social y económica.

Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social: No forman parte del sector público. Solo forman parte cuando estén adscritos al Estado. Forman parte del sector público salvo las creadas en el País Vasco o Navarra. Forman parte del sector público.

Las Diputaciones Forales y las Juntas Generales de los Territorios Históricos del País Vasco en lo que respecta a su actividad de contratación: Tienen la consideración de Administración Pública. Lo anterior no es correcto, solo forman parte del sector público. Lo anterior es incorrecto, son un simple poder adjudicador, pero no administración pública. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

No se considerarán poderes adjudicadores, a efectos de la Ley de Contratos del Sector Público: Las Administraciones Públicas. Las fundaciones públicas. Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Las empresas constructoras.

Quedarán sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público, las Corporaciones de derecho público: Siempre. Cuando cumplan los requisitos para ser poder adjudicador de acuerdo con el apartado tercero, letra d) del artículo 3 Ley de Contratos del Sector Público. Nunca. Cuando lo dispongan sus Estatutos.

Quedan excluidos del ámbito de la Ley de Contratos del Sector Público los convenios que celebren las entidades del sector público con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado: Siempre. Siempre que su contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley de Contratos del Sector Público, o en normas administrativas especiales. Nunca. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Se excluyen del ámbito de la Ley de Contratos del Sector Público: Los acuerdos que celebre el Estado con otros Estados o con otros sujetos de derecho internacional. Solo los acuerdos que celebre el Estado con otros Estados. Solo los acuerdos con otros sujetos de derecho internacional. No se excluye ninguno de los anteriores.

Las autorizaciones y concesiones sobre bienes de dominio público y los contratos de explotación de bienes patrimoniales distintos a los definidos en el artículo 14 Ley de Contratos del Sector Público: Se encuentran excluidas de la Ley de Contratos del Sector Público. Se encuentran excluidas de la Ley de Contratos del Sector Público salvo que la ocupación sea por más de cinco años. Se sujetan a la Ley de Contratos del Sector Público. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Quedan excluidos de la Ley de Contratos del Sector Público los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, valores negociables y propiedades incorporales: Siempre. A no ser que recaigan sobre programas de ordenador y deban ser calificados como contratos de suministro o servicios, que tendrán siempre el carácter de contratos privados y se regirán por la legislación patrimonial. Nunca. Siempre salvo que su valor sea inferior a 40.000 euros.

La relación de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la legislación laboral: Se sujeta a la Ley de Contratos del Sector Público. Queda excluida del ámbito de la presente Ley. Es anterior la correcta pero solo para el personal laboral. Es correcta la respuesta a), pero solo en el caso de los funcionarios.

A efectos de la Ley de Contratos, por «obra» se entenderá: El resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que tenga por objeto un bien inmueble. La anterior y la realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o de su vuelo, o de mejora del medio físico o natural. Lo anterior y la dotación de mobiliario en las mismas. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Con carácter general se considera como una obra completa: La susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra. La que permite su ejecución autónoma y uso independiente. La que se ha ejecutado de acuerdo con el proyecto inicial sin perjuicio de las modificaciones debidamente aprobadas. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

En el contrato de concesión de servicios, el derecho de explotación de los servicios implicará: La transferencia al concesionario del riesgo operacional. Que el poder adjudicar conserve el riesgo operacional. Que no exista riesgo operacional. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Los contratos que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada: Son contratos de obra. Son contratos privados. Son contratos de servicios. Son contratos de suministros.