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TEMARIO ESPECÍFICO - TEST Nº19

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Título del Test:
TEMARIO ESPECÍFICO - TEST Nº19

Descripción:
Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

Fecha de Creación: 2026/03/08

Categoría: Otros

Número Preguntas: 46

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Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. La competencia es renunciable por los órganos que la tengan atribuida. La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos no podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquellos. La encomienda de gestión, la delegación de firma y la suplencia no suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. Si alguna disposición atribuye competencia a una Administración, sin especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos superiores competentes por razón de la materia y del territorio.

En referencia a los órganos administrativos, podrán delegar competencias relativas a: Asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado. La adopción de disposiciones de carácter general. La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso. El ejercicio de la potestad sancionadora.

En relación con la delegación de competencias entre órganos administrativos, no es cierto que: La delegación puede ser revocada en cualquier momento por el órgano que la haya conferido. La delegación de competencias atribuidas a órganos colegiados, para cuyo ejercicio ordinario se requiera un quórum especial, deberá adoptarse observando dicho quórum. Las competencias que se ejercen por delegación pueden ser delegadas. No podrán ser delegadas aquellas materias en que así se determine por norma con rango de ley.

En cuanto a la delegación de firma, es cierto que: La delegación de firma altera la competencia del órgano delegante. Para su validez es necesaria su publicación. Solo puede delegarse la firma en materias que se ostenten por atribución. En las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar la autoridad de procedencia.

En relación con los conflictos de atribuciones entre órganos administrativos, no es cierto que: El órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente. Los interesados que sean parte en el procedimiento podrán dirigirse al órgano que se encuentre conociendo de un asunto para que decline su competencia y remita las actuaciones al órgano competente. Los interesados podrán dirigirse al órgano que estimen competente para que requiera de inhibición al que esté conociendo del asunto. Los conflictos de atribuciones solo podrán suscitarse entre órganos de una misma Administración relacionados jerárquicamente.

En relación con las instrucciones y órdenes de servicio, no es cierto que: El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio supone la invalidez de los actos dictados por los órganos administrativos. Son normas de carácter interno, que no han de afectar a los administrados. No requieren un especial procedimiento de elaboración. Su cumplimiento se subordina al conocimiento de las mismas por sus destinatarios.

Señala la respuesta incorrecta. Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones se abstendrán de intervenir en el procedimiento: Cuando tengan interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquel. Si tienen parentesco de consanguinidad o de afinidad dentro del cuarto grado con cualquiera de los interesados. Tener amistad íntima con los administradores de entidades o sociedades interesadas o con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento. Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

Señala la respuesta correcta en relación con la abstención en el procedimiento: La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran motivos de abstención implicará necesariamente la invalidez de los actos en que hayan intervenido. Los órganos jerárquicamente superiores podrán ordenar a las personas en quienes se dé alguna de las circunstancias señaladas en el art. 23 de la LRJSP que se abstengan de toda intervención en el expediente. La no abstención en los casos en que proceda no dará lugar a responsabilidad. La enemistad manifiesta no es motivo de abstención en el procedimiento de una autoridad de la Administración Pública.

En lo concerniente a la recusación, a la que se refiere el art. 24 de la LRJSP: La recusación deberá promoverse por los interesados antes de que se inicie la tramitación del procedimiento. La recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda. Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de tres meses previos los informes y comprobaciones que considere oportunos. Contra las resoluciones adoptadas en esta materia cabe recurso de alzada.

Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante: Instrucciones y Órdenes de servicio. Circulares. Notas de servicio y Recomendaciones. Directrices y Avisos.

De conformidad con el artículo 8 de la Ley 40/2015, la competencia para el dictado de actos administrativos: Es irrenunciable y siempre se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia. Se puede delegar en todo caso. Es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación en los términos previstos en la ley. Es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación de firma o suplencia.

En ningún caso podrán ser objeto de delegación, tal y como dispone la Ley 40/2015, competencias relativas a: La resolución de los recursos de alzada. La adopción de disposiciones de carácter general. Las resoluciones en materia de personal. Las resoluciones de responsabilidad patrimonial.

Según dispone el artículo 23 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, es motivo de abstención: Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquel, ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del tercero, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas o con sus asesores o representantes legales. Haber prestado servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancias o lugar en los últimos dos años a persona natural interesada directamente en el asunto. Haber prestado servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancias o lugar en los últimos dos años a persona jurídica interesada directamente en el asunto.

La recusación de acuerdo con el artículo 24 de la LRJSP, la promueve: La autoridad. El superior jerárquico de la autoridad o funcionario. El interesado. El funcionario.

Según dispone el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, NO es un motivo de abstención: Haber tenido intervención como perito en el procedimiento de que se trate. Tener parentesco de afinidad dentro del segundo grado, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento. Tener parentesco de afinidad dentro del cuarto grado, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento. Haber tenido intervención como testigo en el procedimiento de que se trate.

Según el artículo 9 de la Ley 40/2015, la delegación de competencias: Será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya conferido. Es irrevocable. Será revocable solo por el Consejo de Gobierno. Será revocable solo por el Consejo de Ministros.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 5.3 de la Ley 40/2015, ¿qué requisito de los siguientes debe cumplirse para la creación de cualquier órgano administrativo?. Determinar su forma de descentralización en la Administración Pública de que se trate. Fijar los objetivos de interés común a cumplir. La dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento. Deben cumplirse todos los requisitos anteriores.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 40/2015, ¿cómo es la competencia que ejerce un órgano administrativo que la tenga atribuida como propia?. Es compartida con el órgano superior jerárquico. Es irrenunciable. Es renunciable ante el órgano superior. Es renunciable ante el órgano superior del mismo ente.

Señala la respuesta correcta según el artículo 8 de la Ley 40/2015: Se pueden crear órganos que supongan duplicación de otros ya existentes. La delegación de firma y la suplencia alteran la titularidad de la competencia. La encomienda de gestión supone alteración de la titularidad de la competencia. Salvo los casos de avocación o delegación la competencia es irrenunciable.

Señala la respuesta correcta. Según el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas no podrán delegar el ejercicio de competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes. No podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a asuntos que se refieran a las relaciones con las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Se podrán delegar las competencias relativas a asuntos que se refieran a las relaciones con las Cortes Generales. Podrá ser objeto de delegación la resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Ley 40/2015, ¿dónde deberán publicarse la delegación de competencias y su revocación?. En el Boletín Oficial del Estado, siempre. En el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma. En el Diario Oficial de la Provincia. El medio de publicación dependerá de la Administración a la que pertenezca el órgano delegante y del ámbito territorial de competencia de este.

Conforme al artículo 9 de la Ley 40/2015: La delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya conferido. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación se consideran dictadas por el órgano delegado. Salvo autorización expresa de un Reglamento, no podrán delegarse competencias que se ejerzan por delegación. La delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya aceptado.

¿Cuál de las respuestas referidas a la avocación es correcta, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público?. La avocación se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados, si los hubiere, con anterioridad a la iniciación del procedimiento. Contra el acuerdo de avocación solo cabrá el recurso de alzada. La avocación se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados, si los hubiere, con anterioridad a la resolución final que se dicte. Contra el acuerdo de avocación solo cabrá el recurso de reposición.

De acuerdo con el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿qué supone la encomienda de gestión?. Supone cesión de elementos sustantivos de la competencia. Supone cesión de titularidad de la competencia. Supone la avocación del órgano superior, que la podrá ejercer cuando lo estime oportuno. Supone cesión de la realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 11.3.b) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿qué ocurre cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos de distintas Administraciones?. Se formalizará en la forma que normativamente se establezca. Se formalizará mediante firma del correspondiente convenio en ellas. Se formalizará mediante firma del correspondiente contrato administrativo entre ellas. Se formalizará mediante firma del correspondiente concierto en ellas.

¿Cuál es el órgano técnico de cooperación de la Administración General del Estado, de las administraciones de las Comunidades Autónomas y en las Entidades Locales en materia de administración electrónica?. El Consejo Técnico de Cooperación de Administración Electrónica. La Comisión Sectorial de Administración Electrónica. La Comisión Sectorial de Administración Electrónica. El Comité Sectorial de Administración Electrónica.

¿De quién depende la Comisión Sectorial de Administración Electrónica a tenor de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen jurídico del sector público?. De la Federación Española de Municipios y Provincias. De la Secretaría General de Administración Digital. De la Conferencia Sectorial de Administración Pública. Del Secretario General de Administración Digital del Ministerio de Política Territorial.

Señala una de las funciones que desarrolla la Comisión Sectorial de la administración electrónica: Impulsar el desarrollo de la administración electrónica en España. Asegurar la cooperación entre las Administraciones Públicas para proporcionar información administrativa clara, actualizada e inequívoca. Asegurar la compatibilidad e interoperabilidad de los sistemas y aplicaciones empleados por las Administraciones Públicas. Todas las respuestas son correctas.

Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen respecto de los documentos almacenados: La integridad, autenticidad, confidencialidad, seguridad y conservación de los documentos. La integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, garantía y conservación de los documentos. La integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos. La invulnerabilidad, autenticidad, confidencialidad, calidad, seguridad y conservación de los documentos.

¿Qué Título de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, regula las relaciones interadministrativas?. II. III. IV. V.

Las decisiones adoptadas por las Comisiones Bilaterales de Cooperación revestirán la forma de: Orden. Recomendación. Acuerdo. Dictamen.

En relación a las Comisiones Territoriales de Coordinación, señala la respuesta correcta: Sus decisiones adoptarán la forma de recomendaciones. Tendrán composición bilateral. Se regulan en el artículo 155. El régimen de las convocatorias y la secretaría será el mismo que el establecido para las Conferencias Sectoriales en los artículos 149 y 150, salvo la regla prevista sobre quién debe ejercer las funciones de secretario, que se designará según su reglamento interno de funcionamiento.

¿Qué órgano de cooperación ejerce funciones de consulta y adopción de acuerdos que tengan por objeto la mejora de la coordinación entre las respectivas Administraciones en asuntos que afecten de forma singular a la Comunidad Autónoma, a la ciudad de Ceuta o a la ciudad de Melilla?. Las Comisiones Bilaterales de Cooperación. Las Conferencias Sectoriales. Las Comisiones Territoriales de Coordinación. Los grupos de trabajo.

El Director del Grupo de trabajo, podrá solicitar con el voto favorable de la mayoría de sus miembros, la participación en el mismo de las organizaciones representativas de intereses afectados, con el fin de recabar propuestas o formular consultas y deberá ser un representante de: La Administración Central. La Administración Institucional. La Administración General del Estado. Ninguna es correcta.

No corresponde a la Secretaría de las Conferencias Sectoriales: Redactar y autorizar las actas de las sesiones. Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados. Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden del Presidente. Moderar el desarrollo de los debates.

Cada Conferencia Sectorial tendrá un secretario que será designado por: El Secretario de Estado. Un miembro del Consejo de Gobierno. El Delegado del Gobierno. El Presidente de la Conferencia.

En relación a las Conferencias Sectoriales es cierto que: Disponen de su reglamento de organización y funcionamiento interno aprobado por sus miembros. No tiene representación de Ceuta y Melilla. No es necesario su inscripción en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación para su válida constitución. Todas son correctas.

¿Qué forma revestirán las decisiones adoptadas por las Comisiones Territoriales de Coordinación?. Dictamen. Resolución. Acuerdo. Orden.

En relación a la convocatoria de las reuniones de las Conferencias Sectoriales es cierto que: Se desarrollan en el artículo 140 de la Ley 40/2015. Corresponde al Director General acordar la convocatoria de las reuniones por iniciativa propia. La convocatoria de las reuniones será al menos una vez al año o cuando lo soliciten, al menos, la tercera parte de sus miembros. Todas son correctas.

Establecer planes específicos de cooperación entre Comunidades Autónomas en la materia sectorial correspondiente, procurando la supresión de duplicidades, y la consecución de una mejor eficiencia de los servicios públicos es función de: La Conferencia de Presidentes. Las Conferencias Sectoriales. Las Comisiones Sectoriales. Los Grupos de trabajo.

La Conferencia de Presidentes regulada en el artículo 146 de la Ley 40/2015: Es un órgano unilateral. Tiene por objeto la deliberación de asuntos y la adopción de acuerdos de interés para el Estado y las Comunidades Autónomas. La preside un ministro del Gobierno. Todas son correctas.

¿De qué plazo disponen los órganos de cooperación y los convenios vigentes, a contar desde la entrada en vigor de la Ley 40/2015, para solicitar su inscripción en el Registro Electrónico Estatal?. Dos años. Un año. Nueve meses. Seis meses.

¿Cuándo quedarán extinguidos los órganos de cooperación?. Si no se han reunido en un plazo de cinco años desde su creación o en un plazo de cinco años desde la entrada en vigor de la Ley 40/2015. Si a los dos años de la entrada en vigor de la Ley 40/2015, no se han reunido. Si no se han reunido en el plazo de tres años desde su creación o en un plazo de tres años desde la entrada en vigor de la Ley 40/2015. Ninguna es correcta.

Según el artículo 152 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la presidencia de la Comisión Sectorial corresponderá a: Un empleado público laboral del Ministerio correspondiente. Un funcionario del Ministerio correspondiente. El Secretario de Estado que sea designado al efecto por el Ministro correspondiente. El Secretario de Estado de Administraciones Públicas.

Cada Administración, conforme a lo indicado en el artículo 155.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, deberá facilitar el acceso de las restantes Administraciones Públicas a los datos relativos a los interesados que obren en su poder: Especificando las condiciones, restricciones y criterios funcionales o técnicos necesarios para acceder a dichos datos con las máximas garantías de seguridad, integridad y disponibilidad. Especificando las condiciones, protocolos y criterios funcionales o técnicos necesarios para acceder a dichos datos con las máximas garantías de seguridad, accesibilidad y disponibilidad. Especificando las condiciones, protocolos y criterios funcionales o técnicos necesarios para acceder a dichos datos con las máximas garantías de seguridad, integridad y disponibilidad. Especificando las condiciones, restricciones y criterios funcionales o técnicos necesarios para acceder a dichos datos con las máximas garantías de seguridad, accesibilidad y disponibilidad.

El Esquema Nacional de Interoperabilidad comprende, conforme al artículo 156.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el conjunto de criterios y recomendaciones sobre: Materia de seguridad, conservación y ejecución de la información, de los modelos y de las aplicaciones. Materia de seguridad, confidencialidad y normalización de la información, de los formatos y de las aplicaciones. Materia de seguridad, conservación y normalización de la información, de los formatos y de las aplicaciones. Materia de seguridad, conservación y digitalización de la información, de los modelos y de las aplicaciones.

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