Temario general - Test nº3 - Tema 3 (extenso)

1. Uno de los objetos que regula la Ley 39/2015, de 1 de octubre, es el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas. ¿Cuál es la justificación jurídica de esta reserva material?. a) El Preámbulo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. b) La Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, de 26 de julio de 1957. c) El artículo 149.1.18 de la Constitución Española de 1978. d) La Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958.

2. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos. ¿A qué se refiere el concepto de validez de un acto administrativo?. a) La validez de un acto administrativo se refiere a la capacidad de este para generar efectos ante terceros. b) La validez de un acto administrativo se refiere a que la notificación del mismo se haya practicado de forma satisfactoria. c) La validez de un acto administrativo se refiere a que el acto administrativo se haya publicado si forma parte de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo. d) La validez de un acto administrativo se refiere a la adecuación a derecho de todos sus elementos.

3. El procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, que es objeto de regulación por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ¿incluye el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas?. a) No, el procedimiento de reclamación de responsabilidad de las administraciones públicas se regula por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial. b) Sí, el procedimiento de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas se incluye en el procedimiento administrativo común aunque la Ley 39/2015, de 1 de octubre, deriva su regulación al Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial. c) No, solo incluye el procedimiento sancionador. d) Sí.

4. ¿A qué capacidad se refiere el art. 3 de la Ley 39/2015, de 1 de diciembre, en relación con las personas físicas?. a) A la capacidad jurídica. b) A la capacidad para ser titular de derechos subjetivos. c) A la capacidad para ser titular de deberes jurídicos. d) A la capacidad de obrar.

5. Los menores de edad, ¿tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas?. a) Sí, en todo caso, para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. b) No, en ningún caso; únicamente tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, las personas físicas mayores de edad no incapacitadas. c) Sí, para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela, aunque sean menores incapacitados, siempre que la extensión de la incapacitación no afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate. d) Sí, excepto los menores incapacitados.

6. Excepto el supuesto previsto por el artículo 3.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los menores de edad no tienen capacidad para obrar ante las Administraciones Públicas, y necesitan de la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. En relación con la patria potestad, señala cuál de los siguientes enunciados es incorrecto: a) La patria potestad, como responsabilidad parental, se ejercerá siempre en interés de sus hijos, de acuerdo con su personalidad, y con respecto a sus derechos, su integridad física y mental. b) El ejercicio de la patria potestad comprende representar a sus hijos y administrar sus bienes. c) Los hijos emancipados están bajo la patria potestad de los progenitores. d) Si los hijos tuvieren suficiente madurez deberán ser oídos siempre antes de adoptar decisiones que les afecten.

7. ¿Quiénes de los siguientes están sujetos a tutela?. a) Los menores emancipados que estén bajo la patria potestad. b) Los menores no emancipados que no estén bajo la patria potestad. c) Los menores emancipados que no estén bajo la patria potestad. d) Los hijos no emancipados.

8. Tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas las personas jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. ¿En qué momento adquirirán esta capacidad?. a) Desde el instante mismo en que, con arreglo a derecho, hubiesen quedado válidamente constituidas. b) Las personas jurídicas adquirirán su capacidad de obrar en los mismos términos que las personas físicas. c) En el momento en que finalice su personalidad. d) Las personas jurídicas no tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas sino capacidad jurídica.

9. En aplicación del art. 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, NO tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: a) Las personas físicas incapacitadas. b) Las personas jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. c) Los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos e intereses cuya actuación les estuviese permitida por el ordenamiento jurídico, sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. d) Las asociaciones de interés público reconocidas por la ley.

10. Señala la respuesta incorrecta. La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación. En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como la desaparición sobrevenida del objeto de procedimiento, la resolución consistirá, conforme el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) En la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso. b) Con indicación de los hechos producidos. c) Con indicación de las normas aplicables. d) Con indicación de las pruebas practicadas.

11. La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla a cualquiera que sea su forma de iniciación. Se exceptúan de esta obligación, de acuerdo con el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) Los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio. b) Los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración. c) Los procedimientos sancionadores. d) Las respuestas a) y b) son correctas.

12. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa, conforme al artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas será: a) El fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. b) No podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor. c) No podrá exceder de seis meses salvo que venga previsto en la normativa comunitaria europea. d) Será de tres meses.

13. De acuerdo con el artículo 21.3.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa se contará en los procedimientos iniciados de oficio: a) Desde la fecha del acuerdo de iniciación. b) Desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente en su tramitación. c) Desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano receptor de la solicitud. d) Desde la fecha de notificación del acuerdo de iniciación.

14. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa se contará en los procedimientos a solicitud del interesado: a) Desde la fecha del acuerdo de iniciación. b) Desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación o desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. c) Desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano receptor de la solicitud. d) Desde la fecha de notificación del acuerdo de iniciación.

15. En todo caso, las Administraciones Públicas informarán a los interesados del plazo máximo normativamente establecido para la resolución y notificación de los procedimientos, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo, incluyendo dicha mención en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio, o en comunicación que les dirigirá al efecto dentro de: a) Los diez días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación. b) Los diez días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro del órgano receptor. c) Los diez días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación o en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. d) Los diez días naturales siguientes a la recepción de la solicitud en el registro del órgano receptor.

16. Conforme el artículo 30.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Común de las Administraciones Públicas, siempre que por ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otra cosa, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que estos son: a) Hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y los declarados festivos. b) Naturales, y se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones. c) Hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos. d) De fecha a fecha.

17. Señala la respuesta incorrecta. De acuerdo con el artículo 30.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si el plazo se fija en meses o años, estos se computarán: a) A partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del acto de que se trate. b) A partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del acto de que se trate. c) Desde el día siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. d) Desde el día en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo.

18. Los registros telemáticos permitirán la entrada de documentos electrónicos a través de las redes abiertas de telecomunicación todos los días del año: a) Durante las veinticuatro horas del día. b) Desde las 20 a las 24 horas. c) Desde las 00 hasta las 8 horas. d) Desde las 15 hasta las 24 horas.

19. En el procedimiento administrativo, si los plazos se expresan en días, conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) Se entenderán hábiles excluyéndose los domingos. b) Se entenderán hábiles excluyéndose los sábados, los domingos y festivos. c) Se entenderán naturales. d) Se computarán todos los días del plazo.

20. Si en el mes de vencimiento, no hubiera día equivalente a aquel en que se comienza el plazo, este plazo se entenderá que expira: a) El subsiguiente día hábil. b) El primer día del mes sucesivo. c) El día siguiente. d) El último día del mes.

21. Si el mes de vencimiento, no hubiera día equivalente a aquel en que se comienza el plazo, este plazo se entenderá que expira: a) Se computa el plazo hasta el último día hábil. b) Se computará el plazo con un día menos. c) Se prorrogará al primer día hábil siguiente. d) Al computarse de fecha a fecha se incluirá en el cómputo.

22. Los plazos expresados en días comenzarán a computarse: a) A partir del día de la fecha de notificación. b) A partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate. c) A partir de la fecha indicada en la notificación. d) A partir de la fecha en que se haya dictado.

23. Tal y como se establece en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando los plazos de señalen por horas, se entienden que son hábiles: a) Todas las horas del día que formen parte de un día hábil. b) Desde las 9:00 hasta 20:00 horas de cada día hábil. c) Los plazos de computan por días, no por horas. d) Todas las horas del día que formen parte de un día (excepto domingos y festivos).

24. Señala la respuesta incorrecta. Según el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de Derecho: a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. b) Los actos que resuelven procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos, reclamaciones previas a la vía judicial y procedimientos de arbitraje. c) Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. d) Los actos declarativos de derechos.

25. De acuerdo con el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con carácter general, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde: a) La fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. b) Su notificación. c) Su publicación. d) La aprobación superior.

26. De acuerdo con el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: a) Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico. b) Los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la jerarquía. c) Los actos que tengan un contenido imposible. d) Los actos de la Administración que incurran en desviación de poder.

27. Son anulables, de acuerdo con el artículo 48.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. b) Los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. c) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. d) Los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia.

28. Conforme con el artículo 48.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el defecto de forma de los actos de las Administraciones Públicas solo determinará la anulabilidad: a) Siempre. b) Nunca. c) Cuando el acto carezca de los requisitos formales, dando lugar a la indefensión de los interesados. d) Cuando el acto administrativo se notifique fuera de plazo, no siendo esencial el término o plazo.

29. La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan. Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse, de conformidad con el artículo 52.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por: a) El órgano competente cuando sea inferior jerárquico del que dictó el acto viciado. b) El órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado. c) El órgano competente por razón de la materia. d) El órgano competente por razón del territorio.

30. Son actos anulables de acuerdo con el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) Los de contenido imposible. b) Los que carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin. c) Los dictados prescindiendo total y absolutamente de los procedimientos legalmente establecidos para ellos. d) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido por las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

31. De todas las resoluciones citadas a continuación, ¿cuáles de ellas no necesitarán ser motivadas?. a) Las que sigan el criterio seguido en actuaciones precedentes. b) Los acuerdos de suspensión de actos. c) Las que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales. d) Las que resuelven los recursos.

32. ¿En qué casos un defecto de forma determinará la anulabilidad del acto?. a) Cuando carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a indefensión. b) Cuando sean insubsanables. c) Solo en los casos en los que se dé lugar a indefensión. d) Solo cuando carezcan de los requisitos formales indispensables.

33. Como norma general, los actos administrativos serán válidos y producirán efectos salvo que, en ellos, se disponga otra cosa: a) Los 20 días de dictarse el acto. b) Desde que se aprueben por el superior jerárquico. c) Desde la publicación en el Boletín correspondiente. d) Desde que se dicten.

34. La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo: a) Implicará la de las partes del mismo independientes de aquella. b) Implicará la de las partes del mismo independientes de aquella, salvo cuando la administración proceda a la convalidación del acto. c) No implicará necesariamente la de las partes del mismo independientes de aquella. d) No implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero.

35. Los actos de las Administraciones Públicas no son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. b) Los que tengan un contenido imposible. c) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. d) Los que sean constitutivos de infracción administrativa y se dicten como consecuencia de esta.

36. Los que tuviera la condición de interesados en un procedimiento administrativo, podrán conocer el estado de la tramitación del mismo: a) En el trámite de audiencia. b) En el trámite de información pública. c) En cualquier momento. d) Solo cuando lo permita el instructor del procedimiento.

37. ¿En qué título de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se tratan las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común?. a) Título I. b) Título II. c) Título III. d) Título IV.

38. En relación a las medidas provisionales, no es cierto que: a) Solo podrán adoptarse antes de iniciarse el procedimiento administrativo. b) Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieran ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción. c) Se extingan cuando surta efectos la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente. d) No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes.

39. Una vez adoptadas medidas provisionales antes de la iniciación del procedimiento, deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse a partir de su adopción, dentro de: a) Los 10 días siguientes. b) Los 15 días siguientes. c) Los 20 días siguientes. d) Los 30 días siguientes.

40. Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de (señalar la respuesta incorrecta): a) Efectividad. b) Menor onerosidad. c) Intencionalidad. d) Proporcionalidad.

41. En relación a la acumulación de procedimientos regulada en el artículo 57 de la LPACAP, no es cierto que: a) Los procedimientos tengan que guardar identidad sustancial o íntima conexión. b) Contra el acuerdo de acumulación no proceda recurso alguno. c) Que deba ser el mismo órgano que dispone la acumulación quien deba tramitar y resolver el procedimiento. d) La acumulación siempre se deberá disponer de oficio.

42. La propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el mismo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento, bien ocasionalmente o bien por tener atribuidas funciones de inspección, averiguación o investigación: a) Vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento, en todo caso. b) Faculta al órgano competente a ceder al órgano que la formuló la competencia para iniciar el procedimiento, guardándose él la instrucción y resolución del mismo. c) No vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento, si bien deberá comunicar al órgano que la hubiera formulado los motivos por los que, en su caso, no procede la iniciación. d) Vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento, si el órgano que formuló la propuesta de iniciación pertenece a la misma Administración.

43. En relación al inicio del procedimiento por denuncia, es cierto que: a) Si los hechos pudieran constituir una infracción administrativa, la denuncia deberá recoger la identificación de los presuntos responsables para que se pueda iniciar el procedimiento. b) Cuando la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas no se podrá dictar la no iniciación del procedimiento. c) Cuando el denunciante haya participado en la comisión de una infracción de esta naturaleza y existan otros infractores, el órgano competente no podrá eximir al denunciante del pago de la multa u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario que le correspondiera a cambio de aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción. d) La presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición del interesado en el procedimiento.

44. Los procedimientos administrativos se iniciarán: a) Únicamente de oficio. b) Únicamente a solicitud de personas interesadas. c) De oficio o a solicitud de personas interesadas. d) A solicitud de cualquier persona, aunque no sea interesada.

45. Si la solicitud de iniciación del procedimiento no reúne los requisitos exigidos por la legislación aplicable, se requerirá al interesado para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, en un plazo de: a) 7 días. b) 10 días. c) 15 días. d) 20 días.

46. El documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho, es denominado en el LPACAP: a) Declaración responsable. b) Comunicación. c) Solicitud. d) Instancia.

47. En relación a la declaración responsable y la comunicación, es cierto que: a) Ambas deben presentarse antes del inicio de la actividad. b) La declaración responsable podrá presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad. c) La comunicación podrá presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad cuando la legislación correspondiente lo prevea expresamente. d) Ambas podrán presentarse dentro de un plazo posteior al inicio de la actividad.

48. El procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de: a) Transparencia y publicidad. b) Coordinación y operatividad. c) Sigilio y seguridad jurídica. d) Efectividad y proporcionalidad.

49. Salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto, los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse a partir del siguiente día al de la notificación del correspondiente acto, en el plazo de: a) 5 días. b) 7 días. c) 10 días. d) 15 días.

50. Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento: a) No suspenderán la tramitación del mismo, excepto las que se refieran a la nulidad de actuaciones. b) Salvo la recusación; no suspenderán la tramitación del procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones. c) Suspenderán la tramitación del procedimiento, excepto la recusación y las que se refieran a la nulidad de actuaciones. d) Suspenderán la tramitación del procedimiento, incluso la recusación y las cuestiones incidentales que se refieran a la nulidad de actuaciones.

51. El artículo 77 de la LPACAP prevé un período extraordinario de prueba a petición de los interesados, que podrá acordar el instructor cuando lo considere necesario, por un plazo: a) No inferior a 10 días. b) No superior a 30 ni inferior a 10 días. c) No superior a 10 días. d) De 10 días.

52. Salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor, los informes deben emitirse a través de medios electrónicos en el plazo de: a) 10 días. b) 15 días. c) 20 días. d) 30 días.

53. El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de este lo requiera, podrá acordar un período de información pública que se anunciará en el Diario Oficial correspondiente, determinando el plazo para formular alegaciones, que en ningún caso podrá ser: a) Superior a 30 días. b) Inferior a 10 días. c) Inferior a 20 días. d) Superior a 20 días.

54. En relación a la resolución del procedimiento, no es cierto que: a) La resolución que ponga fin al procedimiento deba decidir todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo. b) En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por este, pudiéndose agravar su situación inicial. c) La aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma. d) Sin perjuicio de la forma y lugar señalados por el interesado para la práctica de las notificaciones, la resolución del procedimiento se dictará electrónicamente.

55. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea, este plazo no podrá exceder de: a) 2 meses. b) 3 meses. c) 4 meses. d) 6 meses.

56. Cuando una Administración Pública requiera a otra para que anule o revise un acto que entienda que es ilegal y que constituya la base para el que la primera haya de dictar en el ámbito de sus competencias: a) Podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento y notificar la resolución. b) Suspenderá el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento y notificar la resolución. c) Podrá anular el procedimiento. d) Deberá anular el procedimiento.

57. La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo. Cuando se trate de constituciones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados, el órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de manifiesto a aquellos, para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de pruebas, por un plazo: a) De 10 días. b) Máximo de 10 días. c) De 15 días. d) Máximo de 15 días.

58. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para entenderla: a) Desestimada por silencio administrativo. b) Desestimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho Internacional aplicable en España establezcan lo contrario. c) Estimada por silencio administrativo. d) Estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho Internacional aplicable en España establezcan lo contrario.

59. De acuerdo con la LPACAP, en los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, estos podrán entender estimadas por silencio administrativo sus solicitudes: a) En todos los casos, sin excepción alguna. b) En los procedimientos de ejercicio del derecho de petición a que se refiere el artículo 29 de la Constitución. c) En todos los casos, salvo que una norma con rango de ley o norma de Derecho Comunitario Europeo establezca lo contrario. d) En los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones.

60. La LPACAP establece que en los procedimientos iniciados de oficio la falta de resolución expresa: a) Exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver. b) En procedimientos que reconozcan derechos, los interesados que hubieran comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo. c) En procedimientos que reconozcan derechos, los intereses que hubieran comparecido podrán entender estimadas sus pretensiones por silencio administrativo. d) En procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras susceptibles de producir efectos de gravamen, no se producirá la caducidad.

61. En los Procedimientos iniciados a solicitud del interesado, paralizados por causa imputable al mismo, se producirá la caducidad del procedimiento una vez haya transcurrido desde la advertencia al interesado por parte de la Administración: a) 1 mes. b) 2 meses. c) 3 meses. d) 15 días.

62. Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplicada deberán ser resueltos en un plazo, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado de acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento, de: a) 15 días. b) 20 días. c) 30 días. d) 2 meses.

63. Los interesados podrán solicitar la tramitación simplificada del procedimiento. Si el órgano competente para la tramitación aprecia que no concurre alguna de las razones que lo aconsejen, podrá desestimar dicha solicitud en el plazo desde su presentación, de: a) 5 días. b) 7 días. c) 10 días. d) 15 días.

64. ¿Incluyen el trámite de audiencia los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada?. a) No, si la tramitación simplificada ha sido acordada por solicitud de los interesados. b) Sí, en todo caso. c) No, en ningún caso. d) Únicamente cuando la resolución vaya a ser desfavorable para el interesado.

65. Contra una disposición administrativa de carácter general es posible interponer el siguiente recurso administrativo: a) Alzada. b) De revisión. c) Económico-administrativo. d) Ninguno.

66. Contra los actos firmes en vía administrativa, el único recurso administrativo que se puede interponer es: a) El de reposición. b) El extraordinario de revisión. c) El de alzada. d) Ninguno.

67. Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico: a) No agotan la vía administrativa. b) Son firmes. c) Son susceptibles de recurso de alzada. d) Ponen fin a la vía administrativa.

68. La indicación del medio a través del cual deben efectuarse las notificaciones en el escrito de interposición de un recurso administrativo: a) Es obligatoria para el particular. b) No es necesaria. c) Se deja al arbitrio de la Administración Pública. d) Es facultativa para el interesado.

69. Cuando, habiéndose recurrido un acto por vicio de forma, el órgano competente para resolverlo no estime procedente resolver sobre el fondo: a) Se ordenará la retroacción del procedimiento al momento en que el vicio se cometió, como regla general. b) Convalidará dicho vicio. c) Declarará la inadmisibilidad del recurso. d) Optará por alguna de las anteriores medidas.

70. Si el órgano que debe resolver un recurso se encuentra con cuestiones nuevas que no han sido alegadas por los interesados: a) Desenvolverá el expediente para que se dicte un nuevo acto, teniendo en cuenta dichas cuestiones. b) Decidirá el recurso, aunque se agrave la situación del recurrente, pero dándole previa audiencia. c) No las tendrá en cuenta a la hora de resolver. d) Nada de lo expuesto es correcto.

71. La sustitución del recurso de alzada por un procedimiento de arbitraje: a) Es la regla general. b) Puede ser legal. c) Está prohibido. d) Es nula de pleno derecho.

72. Si el recurso de alzada se presenta ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido: a) Lo remitirá al órgano decisor. b) Declarará su inadmisibilidad. c) Lo desestimará. d) Resolverá el misterio.

73. Una circunstancia que debe darse en un acto para que proceda contra el mismo el recurso de alzada es que: a) Agote la vía administrativa. b) No sea definitivo en vía administrativa. c) No sea susceptible de otro recurso. d) Sea de trámite no cualificado.

74. El plazo de interposición del recurso de alzada es de: a) Quince días. b) Un mes, si el acto recurrido es expreso. c) Dos meses. d) Depende de los casos.

75. Para que se entienda positivo el silencio administrativo en el recurso de alzada: a) Basta con que no se conteste el recurso en el plazo establecido. b) Ha de no contestarse el recurso que se plantee contra un acto presunto. c) El acto ha de ser no declarativo de derechos. d) Ha de ser un acto contra el que no es posible interponer el recurso de revisión.

76. El plazo para entender desestimado por silencio administrativo el recurso de reposición es de: a) Un mes. b) Tres meses. c) Dos meses. d) Ninguno, al ser el silencio de carácter positivo.

77. Una característica de los actos contra los que es posible interponer recurso de revisión es que son: a) Firmes. b) Susceptibles de recurso ordinario. c) Erróneos desde el punto de vista jurídico. d) Todo lo anterior es cierto.

78. Se puede plantear el recurso de revisión en el plazo de cuatro años desde que se notificó el acto recurrido en el caso de que: a) El acto no sea firme. b) Al dictar el acto se haya incurrido en error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. c) El recurso se base en cualquiera de los restantes supuestos que la ley recoge. d) Recaiga sentencia judicial firme declarando la ilegalidad del acto.

79. La terminación presunta del recurso de revisión se dará: a) A los tres meses de su interposición. b) Al mes de su interposición. c) No cabe. d) Solo en el supuesto de que se base en manifiesto error de derecho.

80. El recurso de revisión por manifiesto error de hecho debe plantearse: a) A los tres meses desde que se produjo. b) A los cuatro años desde que se conoció. c) Dentro de los cuatro años desde la notificación del acto. d) No puede darse nunca aisladamente.

81. La revisión de los actos por los recursos administrativos: a) Corresponde a la propia Administración Pública. b) Supone una actuación excepcional por la Administración Pública sobre sus actos firmes. c) Compete a los órganos jurisdiccionales de lo contencioso-administrativo. d) Se da solo en supuestos tasados y límites.

82. El recurso de alzada contra el acto de un órgano administrativo que actúa por delegación lo resuelve: a) Este mismo órgano. b) Este mismo órgano en virtud de la delegación que ostenta. c) Su superior jerárquico. d) Nada de lo anterior es cierto.

83. Para plantear un recurso administrativo: a) Hay que tener capacidad jurídica, sin requerirse la capacidad de obrar. b) Basta con la capacidad de obrar. c) Se requiere, siempre, ser titular de un derecho subjetivo afectado por el acto que se recurre. d) Ha de ostentarse la condición de interesado.

84. Cuando existan terceros interesados en un acto recurrido: a) Deben personarse en el expediente que se siga tras el recurso. b) Debe enviárseles copia del recurso, conminándoles a personarse. c) El envío de la copia se efectúa para que realicen, si lo desean, las alegaciones que estimen oportunas. d) A no ser los que interponen el recurso, no es necesario darles cuenta de este.

85. La revocación por la Administración Pública de un acto administrativo de gravamen o no declarativo de derechos: a) Ha de efectuarse a instancia de los particulares. b) Está prohibida. c) Se puede efectuar en cualquier momento, siempre que no se infrinja el ordenamiento jurídico. d) Requiere previo dictamen del Consejo de Estado.

86. En la Administración General del Estado, la revisión de oficio de un acto dictado por un Secretario de Estado compete al: a) Consejo de Ministros. b) Ministro respectivo. c) Presidente del Gobierno de la Nación. d) Ministro de la Presidencia.

87. Un acto anulable puede ser revisado de oficio por la Administración Pública, una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó: a) Sí, cuando así lo dictamine el Consejo de Estado. b) No. c) Sí, cuando incurra en nulidad de pleno derecho y así lo dictamine el Consejo de Estado. d) Sí, cuando la ilegalidad sea manifiesta y así lo dictamine el Consejo de Estado.

88. Entre los límites de la revisión de los actos administrativos se encuentra: a) La prescripción de la acción. b) Su ilegalidad manifiesta. c) Que atente a derechos subjetivos. d) Que incurra en nulidad de pleno derecho.

89. El dictamen del Consejo de Estado manifestando que existe una nulidad de pleno derecho en un acto, respecto a su revisión de oficio, es: a) Facultativo y no vinculante. b) Preceptivo y vinculante. c) Preceptivo y no vinculante. d) Facultativo y vinculante.