TEST TEMAS 12, 14 Y 15 + REPASO

¿Cuál es el objeto de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales?. a) Proteger de los riesgos inherentes a las tareas que desempeñan los trabajadores mediante la aplicación de medidas que favorezcan la participación responsable en los equipos de trabajo. b) Promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. c) Velar por la seguridad y la salud de los trabajadores mediante técnicas basadas en la observación, el estudio y la investigación. d) Todas las opciones anteriores son incorrectas.

De entre los mencionados, ¿a quién o a qué relaciones no se le aplica la Ley 31/1995?. a) A las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas. b) A las relaciones laborales reguladas en el Estatuto de los Trabajadores (es decir, trabajadores por cuenta ajena). c) A los socios capitalistas de las sociedades cooperativas. d) A ninguno de los señalados.

¿Qué se entiende por “condición de trabajo” según la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales?. a) Cualquier característica del trabajo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador. b) Cualquier característica de los locales, instalaciones y equipos del lugar de trabajo. c) Cualquier peculiaridad de la actividad laboral con influencia relevante en la salud del trabajador. d) Ninguna es correcta.

Cómo denomina la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, a “cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo”?. a) Condición de trabajo. b) Equipo de protección individual. c) Equipo de trabajo. d) Daños derivados del trabajo.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se considera “riesgo laboral”: a) Las enfermedades, patologías, lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. b) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa, con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. c) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. d) Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.

Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales ¿qué se entiende por “daños derivados del trabajo”?. a) Los procesos, actividades, operaciones, equipos o productos que, en ausencia de medidas preventivas específicas, originen riesgos. b) Cualquier característica del trabajo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador. c) Las enfermedades, patologías o lesiones padecidas por el trabajador. d) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.

Según el art. 8 de la Ley 31/1995, y en relación con las Instituciones de la Unión Europea, ¿qué órgano actuará como centro de referencia nacional, garantizando la coordinación y transmisión de la información que deberá facilitar a escala nacional, en particular respecto de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo y su red?. a) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social. b) El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. c) La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. d) Ninguna es correcta.

Según el artículo 8 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, cuál es el órgano técnico de la Administración General del Estado que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo así como la promoción y apoyo a la mejora de las mismas…. a) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social. b) La Organización Nacional de Prevención de Riesgos Laborales. c) La Comisión Nacional de Seguridad y Salud Laboral. d) El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Según dispone el artículo 9 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la función de vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales corresponde a: a) Servicios de Medicina Preventiva. b) Servicios de Prevención. c) Inspección de Trabajo y Seguridad Social. d) Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, señale cuál de las siguientes es una competencia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el ejercicio de la función de vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales: a) Asesoramiento técnico en la elaboración de la normativa legal y en el desarrollo de la normalización, tanto a nivel nacional como internacional. b) Elaborar los informes solicitados por los Juzgados de lo Social en las demandas deducidas ante los mismos en los procedimientos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. c) Colaborar con organismos internacionales y desarrollar programas de cooperación internacional en el ámbito de la prevención, facilitando la participación de las Comunidades Autónomas. d) Promoción y, en su caso, realización de actividades de formación, información, investigación, estudio y divulgación en materia de prevención de riesgos laborales.

Según el artículo 13 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, ¿cuál es el órgano colegiado asesor de las Administraciones Públicas en la formulación de las políticas de prevención y, además, el órgano de participación institucional en materia de seguridad y salud en el trabajo?. a) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social. b) La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. c) Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. d) Ninguna es correcta.

Para la Ley 31/2015, anteponer la protección colectiva a la individual es…. a) Un principio general de la acción preventiva. b) Una decisión exclusiva del Comité de Seguridad y Salud. c) Un criterio dejado a la decisión del empresario. d) Ninguna es correcta.

Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo: a) No deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores. b) Puede recaer parcialmente sobre los trabajadores. c) No deberá recaer en modo alguno sobre el empresario. d) Deberá recaer de cualquier modo sobre las Administraciones.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 15, relaciona los principios generales con arreglo a los que el empresario deberá aplicar las medidas que integran el deber general de prevención. Indique la opción INCORRECTA: a) Evitar los riesgos. b) Adaptar la persona al trabajo, así como la elección del equipo y los métodos de trabajo. c) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. d) Sustituir lo peligroso por lo que entraña poco o ningún peligro.

Según la Ley 31/1995, y en relación con el cumplimiento del deber de protección, señale ¿en qué momento el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva?. a) El empresario debe realizar una jornada formativa todos los años. b) En el momento de su contratación, siempre que la duración del contrato sea superior a un año. c) Cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe el trabajador. d) Ninguna es correcta.

Señale la afirmación correcta teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 31/1995 sobre la vigilancia periódica de la salud a los trabajadores…. a) Los reconocimientos serán obligatorios. b) Solo son obligatorios los reconocimientos anuales. c) Solo son obligatorios cuando se cambia de puesto de trabajo. d) Solo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento.

Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo: a) Respetando siempre el derecho a la intimidad del trabajador. b) Respetando la dignidad de la persona. c) Respetando la confidencialidad de toda la información relacionada con el estado de salud del trabajador. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores, podrán ser usados con fines discriminatorios o en perjuicio del trabajador: a) No. b) Sólo en caso de enfermedades contagiosas. c) Sí, siempre que se notifique al trabajador afectado. d) Sí.

En relación con la protección de la maternidad establece la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, que…. a) Las trabajadoras en situación de embarazo no realizarán, en ningún caso, trabajos nocturnos ni a turnos. b) El riesgo para la salud de la trabajadora embarazada o feto debe ser certificado, exclusivamente, por los servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social. c) Si cambiar de puesto a la trabajadora no resultase técnica u objetivamente posible, o no pudiera razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá declararse el paso de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo. d) El empresario deberá determinar, previa consulta con los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, la relación de los puestos de trabajo exentos de riesgos para la trabajadora afectada.

Señale la edad que establece la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, al regular la protección de los menores: a) Menores de 14 años. b) Menores de 18 años. c) Menores de 16 años. d) Menores de 15 años.

¿Señala la Ley 31/1995 cuál es el nivel de protección en materia de seguridad y salud del que disfrutarán los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada?. a) Sí, señala que disfrutarán del mismo nivel que los restantes trabajadores de la empresa. b) Sí, señala que dado que realizarán su actividad durante un corto período de tiempo disfrutarán de un nivel ligeramente inferior de protección al de los restantes trabajadores de la empresa. c) La Ley 31/1995 no señala nada al respecto. d) Ninguna es correcta.

Cuando ante un riesgo grave e inminente el empresario no adopte o no permita la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, los representantes legales de estos podrán acordar por mayoría de sus miembros, la paralización de los trabajadores afectados por dicho riesgo. Tal acuerdo debe ser comunicado de modo inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, pero, ¿qué plazo señala la ley que tiene esta para anular o ratificar la paralización acordada?. a) 12 horas. b) 24 horas. c) 48 horas. d) 72 horas.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a los derechos de participación y representación de los trabajadores según la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales?. a) Los trabajadores no tienen derecho a ser consultados sobre las medidas de prevención de riesgos laborales. b) Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo. c) La consulta a los trabajadores es opcional y depende de la decisión del empresario. d) Solo los representantes de los trabajadores tienen derecho a participar en la evaluación de riesgos.

Señale la afirmación correcta en relación con los servicios de prevención: a) La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas debe realizarla el empresario, en función del tamaño y las características de la empresa. b) El empresario asumirá el desarrollo de la acción preventiva de acuerdo con alguna de las siguientes modalidades: asumiendo él personalmente tal actividad (han de cumplirse determinados requisitos y la empresa debe contar con hasta 10 trabajadores o hasta 25 -si la empresa dispone de un único centro de trabajo-), designando uno o varios trabajadores para llevarla a cabo, constituyendo un servicio de prevención propio o recurriendo a un servicio de prevención ajeno. c) Las actividades de prevención relativas a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser asumidas personalmente por el empresario. d) Todas son correctas.

Atendiendo a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, ¿cuántos Delegados de Prevención habrá en una empresa que cuenta con un número de 50 a 100 trabajadores?. a) Uno. b) Dos. c) Tres. d) Cuatro.

Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, los Delegados de Prevención: a) Serán elegidos, en cualquier caso, por el empresario. b) Serán designados por la Administración entre sus representantes. c) Serán designados por y entre los representantes del personal. d) Las respuestas B y C son correctas.

Según la Ley 31/1995, de Prevención de Riegos Laborales, ¿cuáles de las siguientes competencias corresponde a los Delegados de Prevención?. a) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. b) Fomentar la cooperación de los trabajadores en la redacción de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. c) Implantar en la empresa las medidas de prevención de riesgos laborales. d) Sancionar los incumplimientos de las medidas preventivas en la empresa.

¿Cuál es, según la Ley 31/1995, el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos?. a) El Comité de Seguridad y Salud. b) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social. c) El Comité de Empresa. d) Ninguna es correcta.

Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el Comité de Seguridad y Salud: a) Se reunirá trimestralmente. b) Se reunirá anualmente. c) Se reunirá siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el mismo. d) Las respuestas A y C son correctas.

La Constitución Española señala que la ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, ¿con que salvedad?. a) Salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado. b) Salvo en lo que afecte a la averiguación de los delitos. c) Salvo en lo que afecte a la intimidad de las personas. d) Todas las opciones anteriores se corresponden con excepciones (salvedades) al derecho de acceso.

Entre las características de la información se encuentra “la transparencia”, cuyas dos manifestaciones básicas son: a) La publicidad activa y el derecho de acceso a la información privada. b) La publicidad activa y el derecho de acceso a la información pública. c) La publicidad activa y el derecho de acceso a la información sectorial. d) Ninguna es correcta.

¿Qué distinción hace la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en sus arts. 2 al 4, entre los sujetos a los que le es de aplicación?. a) La pregunta está mal planteada, la Ley somete por igual a todos los sujetos que de forma directa o indirecta se financian con fondos públicos, independientemente de su naturaleza o función. b) Distingue entre sujetos a los que son exigibles las obligaciones de publicidad activa y lo relativo al Derecho de acceso a la información pública y aquellos a los que por su naturaleza privada únicamente les será exigible facilitar información cuando le sea solicitada. c) Distingue un primer grupo de sujetos a los que le son de aplicación las obligaciones de publicidad activa y lo relativo al Derecho de acceso a la información pública. Un segundo grupo a los que solo les será de aplicación lo relativo a las obligaciones de publicidad activa. Y por último un tercer grupo de sujetos que simplemente ha de facilitar información cuando le sea requerida. d)Ninguna es correcta.

De acuerdo con el art. 2.1. de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, las disposiciones sobre transparencia de la actividad pública: a) No serán de aplicación a la Casa de Su Majestad el Rey. b) Se aplicarán a la Casa de Su Majestad el Rey en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo. c) Se aplicarán a la Casa de Su Majestad el Rey únicamente en lo relativo a la publicidad activa. d) Se aplicarán a la Casa de Su Majestad el Rey en todos los extremos.

Según el art. 3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿a qué tipo de entidades privadas solo le son de aplicación las disposiciones del capítulo II (“publicidad activa”) del título I?. a) A las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 50% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000€. b) A las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 500.000 euros o cuando al menos el 50% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000€. c) A las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 50% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 10.000€. d) Ninguna es correcta.

A los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales, ¿qué normas del Título I de la Ley de Transparencia le son aplicables?. a) Las disposiciones relativas al publicidad activa y las referidas al Derecho de los ciudadanos al acceso a la información pública. b) Las disposiciones relativas a las obligaciones de publicidad activa, pero solo en su actividad sometida al Derecho Administrativo. c) Las disposiciones relativas a las obligaciones de publicidad activa. d) Las disposiciones relativas al Derecho de Acceso a la información.

¿Cómo denomina, de forma genérica, la Ley 19/2013 a la obligación de publicar de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública?. a) Publicidad pasiva. b) Publicidad proactiva. c) Publicidad activa. d) Ninguna es correcta.

Teniendo en cuenta lo señalado en la Ley 19/2013, ¿qué información de las siguientes debe ser objeto de publicación?. a) Información institucional, organizativa y de planificación. b) Información de relevancia jurídica. c) Información económica, presupuestaria y estadística. d) Toda la señalada (entre otras informaciones).

Según la Ley 19/2013, la publicación de la información relativa a los contratos menores podrá realizarse…. a) Anualmente. b) Semestralmente. c) Trimestralmente. d) Ninguna es correcta.

Señala la Ley 19/2013 que en relación con los contratos administrativos (y entre otros datos) se publicará la información estadística sobre el porcentaje de participación en contratos adjudicados, tanto en relación con su número como en relación con su valor, de la categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes). La publicación de esta información se realizará…. a) Anualmente, a partir de un año de la publicación de la norma. b) Semestralmente, a partir de un año de la publicación de la norma. c) Trimestralmente, a partir de un año de la publicación de la norma. d) Ninguna es correcta.

De acuerdo con el art. 14.1 de la Ley 19/2013, ¿cuál de las siguientes materias NO constituye un límite en la aplicación del principio de publicidad activa?. a) La defensa. b) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en los procesos de toma de decisión. c) La política económica y monetaria. d) La información relativa al grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos.

Es o son un límite al derecho de acceso a la información pública…. a) La seguridad pública. b) La seguridad nacional. c) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control. d) Todos los señalados.

Según la Ley 19/2013, ¿tiene el interesado la obligación de motivar su solicitud de acceso a la información pública?. a) Sí, en todo caso. b) Sí, en algunos casos. c) No. d) Ninguna es correcta.

Según la Ley 19/2013, la solicitud de acceso a la información pública: a) Podrá ser dirigida a un partido político, organización sindical u organización empresarial, dado que estas entidades están sujetas a las obligaciones recogidas en el capítulo III del Título I de dicha ley. b) Ha de estar motivada en todo caso. c) Puede recoger los motivos por los que el interesado solicita la información, en cuyo caso se tendrán en cuenta cuando se dicte resolución. d) Ninguna es correcta.

Según la Ley 19/2013, si la información pública solicitada contuviere datos personales que revelen ideología o afiliación sindical, ¿se concedería el acceso a dicha información?. a) Sí, pero se exigirá el consentimiento expreso del afectado. b) Sí, pero se exigirá el consentimiento expreso y por escrito del afectado. c) Sí, pero se exigirá el consentimiento expreso o tácito del afectado. d) Ninguna es correcta.

Según la Ley 19/2013, ¿cuál de las siguientes es una causa de inadmisión de una solicitud de acceso a la información?. a) Las dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se conozca el competente. b) Las relativas a información para cuya divulgación no sea necesaria una acción previa de reelaboración. c) Que la solicitud de información no esté debidamente motivada. d) Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general.

De acuerdo con la Ley 19/2013, en una solicitud de derecho de acceso a la información pública, si ha existido oposición de tercero: a) No podrá concederse el acceso a la información pública. b) El acceso sólo tendrá lugar cuando así lo confirme el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. c) El acceso sólo tendrá lugar cuando, habiéndose concedido dicho acceso, haya transcurrido el plazo para interponer reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sin que se haya formalizado o haya sido resuelta confirmando el derecho a recibir información. d) El acceso sólo tendrá lugar cuando, habiéndose concedido dicho acceso, haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo sin que se haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir información.

Según la Ley 19/2013, frente a una resolución que deniegue el acceso a la información pública: a) No cabe recurso alguno. b) Podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. c) Podrá interponerse un recurso de alzada ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, previo a su impugnación en vía contencioso-administrativo. d) Ninguna es correcta.

Según la Ley 9/2013, cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información, se pedirá al solicitante que la concrete ¿en qué plazo?. a) 30 días. b) 15 días. c) 10 días. d) Ninguna es correcta.

La resolución en la que se conceda o deniegue el derecho de acceso a la información pública deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado, ¿en qué plazo máximo desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver?. a) En el plazo máximo de seis meses. b) En el plazo máximo de tres meses. c) En el plazo máximo de un mes. d) Ninguna es correcta.

Según la Ley 9/2013, las resoluciones que se dicten en relación con el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, ¿en cuál de los siguientes supuestos deberá ser motivada?. a) Cuando denieguen el acceso a la información solicitada. b) Cuando concedan un acceso parcial a la información solicitada. c) Cuando permitiendo el acceso a la información solicitada haya habido oposición por parte del interesado. d) En todos los supuestos señalados.

Según la Ley 19/2013, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución de una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno será de…. a) Seis meses. b) Tres meses. c) Dos meses. d) Un mes.

En relación con la pregunta anterior, transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido…. a) Estimada. b) Desestimada. c) Parcialmente estimada. d) Ninguna es correcta.

Según la Ley 9/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿a quién comunicará el Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno las resoluciones que dicte frente a las reclamaciones formuladas ante el Consejo por denegación del derecho de acceso a la información pública?. a) Al Presidente del Gobierno. b) Al titular del Ministerio de Justicia. c) Al Gobierno. d) Al Defensor del Pueblo.

Según la Ley 19/2013, ¿qué tendría que hacer los altos cargos a los que se les aplica esta ley si recibiesen un obsequio de (mayor) relevancia institucional (hablamos de un obsequio que supere los usos habituales, sociales o de cortesía?. a) La Ley 19/2013 no establece ninguna obligación al respecto, por lo tanto, podría quedárselo pasando a engrosar su patrimonio personal. b) Darle publicidad y agradeciendo de forma pública el regalo recibido. c) Incorporarlo al patrimonio de la Administración pública correspondiente. d) Ninguna es correcta.

Según la Ley 19/2013, los sancionados por la comisión de una infracción muy grave serán destituidos del cargo que ocupen salvo que ya hubiesen cesado y no podrán ser nombrados para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado durante ¿qué período?. a) Durante un período de entre uno y cinco años. b) Durante un período de entre uno y tres años. c) Durante un período de entre cinco y diez años. d) Durante un período de entre tres y cinco años.

Según la Ley 19/2013, ¿quién es el competente para imponer las sanciones cuando el alto cargo tenga la condición de Secretario de Estado?. a) El Ministro del que dependa. b) El Consejo de Ministros. c) El Presidente del Gobierno. d) Las Cortes Generales.

Y si quien comete la infracción fuese un Subsecretario de un departamento ministerial, ¿quién sería el competente para imponer la sanción?. a) El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (hoy Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública). b) El Consejo de Ministros. c) Las Cortes Generales. d) Ninguna es correcta.

¿Cuál es el plazo de prescripción de las infracciones muy graves recogidas en la Ley 19/2013?. a) Cinco años. b) Cuatro años. c) Tres años. d) Ninguna es correcta.

Señale la afirmación correcta sobre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno…. a) Es una Autoridad Administrativa Independiente (AAI). b) Tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. c) Actúa con autonomía y plena independencia en el cumplimiento de sus fines. d) Todas son correctas.

Señale la afirmación correcta sobre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: a) Está compuesto por los siguientes órganos: La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, y por el Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que lo será también de su Comisión. b) Entre sus funciones está la de promover la transparencia de la actividad pública. c) Entre sus funciones se encuentra velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno. d) Todas son correctas.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 19/2013, no es miembro de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno…. a) Un representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. b) Un representante del Defensor del Pueblo. c) Un representante de la Agencia de Protección de Datos. d) Un representante del Consejo de Estado.

Señale la afirmación correcta sobre la condición de miembro de la Comisión del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: a) Exigirá dedicación exclusiva. b) En todo caso dará derecho a remuneración. c) No exigirá dedicación exclusiva ni dará derecho a remuneración con excepción de su Presidente. d) Ninguna es correcta.

Según la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, el Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es nombrado…. a) Por un período no renovable de 4 años. b) Por un período renovable de 4 años. c) Por un período no renovable de 5 años. d) Por un período renovable de 5 años.

En relación con la pregunta anterior, ¿cómo se efectúa su nombramiento?. a) Mediante ley orgánica, a propuesta del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (hoy Ministerio para la Transformación Digital y de la Administración Pública). b) Mediante ley, a propuesta del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (hoy Ministerio para la Transformación Digital y de la Administración Pública). c) Mediante Real Decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (hoy Ministerio para la Transformación Digital y de la Administración Pública). d) Ninguna es correcta.

El Portal de Transparencia contendrá información publicada de acuerdo con las prescripciones técnicas que se establezcan reglamentariamente que deberían adecuarse a los siguientes principios…. a) Claridad, profundidad e interoperabilidad. b) Accesibilidad, transparencia y seguridad. c) Accesibilidad, interoperabilidad y reutilización. d) Transparencia, simplicidad y reutilización.

Según la Ley 19/2013, es función de las Unidades de Información de Transparencia: a) Recabar y difundir la información a la que se refiere el capítulo II del Título I de dicha Ley (capítulo dedicado a la publicidad activa). b) Recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a la información. c) Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información. d) Todas las señaladas (entre otras).

Señale la afirmación correcta sobre los tipos de Unidades de Información de Transparencia (UITS)…. a) Hay una UIT en cada departamento ministerial. b) Hay UIT singulares (como por ejemplo la de la AEPD o la de la Casa Real y Secretaría General de la Presidencia del Gobierno. c) Hay una UIT central. d) Todas son correctas.

¿En qué año la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible?. a) 1960. b) 1993. c) 2015. d) 2025.

¿Cuál es el ODS 1 de la Agenda 2030?. a) Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible (de forma resumida “hambre cero”).. b) Fin de la pobreza. c) Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. d) Ninguna es correcta.

Señale la afirmación incorrecta sobre la Agenda 2030: a) Incluye 17 ODS y 169 metas, que son integradas e indivisibles. b) Los ODS combinan tres dimensiones del desarrollo sostenible (económica, social y ambiental) que se agrupan en 5 áreas clave: personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas. c) Los gobiernos son los principales responsables de realizar, en el plano nacional, regional y mundial, el seguimiento y examen de los progresos conseguidos en el cumplimiento de los objetivos y las metas. d) Todas son correctas.

El V Plan de Gobierno abierto de España tiene entre sus líneas de acción…. a) Impulsar la supervisión pública en todo el ciclo presupuestario y de gasto. b) Fortalecer la transparencia y la supervisión pública de la Inteligencia Artificial (IA) y los marcos de protección de datos. c) Administración abierta: asegurar una atención de calidad para toda la ciudadanía. d) Todas son correctas.

Señale la afirmación incorrecta en relación con la Constitución: a) La Constitución se publicó el 29 de diciembre de 1978 y entró en vigor ese mismo día. b) La Constitución se estructura en un Preámbulo (que no obliga), 11 títulos (tres de ellos se dividen en capítulos), 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y una disposición final. Tiene 169 artículos. c) El título Preliminar de la Constitución se ocupa, entre otras cuestiones, de los valores superiores del ordenamiento jurídico español (libertad, justicia, igualdad y pluralismo político), del castellano (deber de conocer/derecho a usar), de la bandera y de las Fuerzas Armadas. d) Modificar (reformar) cualquier artículo del Título preliminar exigiría aplicar el procedimiento de reforma contenido en el art. 167 (también conocido como procedimiento ordinario o simplificado).

Según el artículo 10 de la Constitución Española de 1978, las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con: a) Los dictámenes de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. b) Todos aquellos acuerdos ratificados por el Parlamento de la Unión Europea. c) La jurisprudencia que emane del Tribunal Constitucional. d) La Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

No es un derecho fundamental (recogido en el Título I, Capitulo II, Sección 1ª)…. a) El derecho de reunión. b) El derecho de sindicación. c) El derecho a la propiedad privada. d) El derecho a la educación.

El artículo 19 de la Constitución Española de 1978 reconoce el derecho de los españoles a: a) La integridad física y moral. b) La propia imagen. c) Circular por el territorio nacional. d) Elegir su residencia fiscal y laboral.

Al Congreso de diputados le corresponde la declaración del estado de ... a) Sitio. b) Sitio y excepción. c) Alarma y excepción. d) Excepción.

La suspensión de ciertos derechos constitucionales respecto de personas concretas precisará, en cualquier caso: a) Intervención judicial y adecuado control administrativo. b) Intervención judicial y adecuado control parlamentario. c) Intervención policial y adecuado control judicial. d) Ninguna es correcta.

Conforme al artículo 107 de la Constitución Española, el supremo órgano consultivo del Gobierno es: a) El Congreso de los Diputados. b) El Consejo Supremo Consultivo. c) El Consejo de Estado. d) La Comisión Consultiva del Gobierno.

Señale la afirmación incorrecta: a) Corresponde al Presidente del Gobierno crear, modificar y suprimir, por Real Decreto, los departamentos ministeriales, así como las Secretarías de Estado. b) Para la aprobación de una moción de censura se requiere mayoría absoluta del Congreso. c) Un gobierno en funciones no podrá aprobar el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado, pero sí podrá presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado. d) Para la aprobación de una cuestión de confianza se exige mayoría simple del Congreso.

Señale la afirmación correcta: a) Se llama “proyecto de ley” a la iniciativa legislativa del Gobierno. b) El gobierno además de tener iniciativa legislativa (no es el único que la tiene) puede elaborar dos normas con rango de ley (decreto ley y decreto legislativo). c) Los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa. d) Todas las opciones anteriores son correctas.

¿A quién le corresponde la representación ordinaria del Estado en la Comunidad Autónoma conforme a lo dispuesto en el artículo 152 de la Constitución Española de 1978?. a) Al Delegado del Gobierno. b) Al Presidente del Gobierno. c) Al Presidente de la Comunidad Autónoma. d) Al Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.

Señale la afirmación incorrecta: a) Las Administraciones Públicas, según el art. 103 de la Constitución, sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación y sometimiento pleno a la ley y al derecho. b) En la AGE, según la Ley 40/2015, son órganos superiores los Ministros y los Secretarios de Estado. c) Los Secretarios Generales tienen rango de subsecretarios (al igual que los Delegados del Gobierno). d) Los Subdelegados del Gobierno tienen la condición de “alto cargo”.

¿Cómo se lleva a cabo el nombramiento de los Secretarios de Estado conforme al artículo 15 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno?. a) Por el Congreso de los Diputados, a propuesta del Presidente del Gobierno. b) Por el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno. c) Por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno o del miembro del Gobierno a cuyo Departamento pertenezcan. d) Por Orden Ministerial, previo conocimiento del Consejo de Ministros.

Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿a quién de los siguientes órganos le corresponde la competencia de desempeñar la jefatura superior de todo el personal del Departamento?. a) Los Secretarios de Estado. b) Los Subsecretarios. c) Los Directores Generales. d) Los Subdirectores Generales.

¿De quién dependen jerárquicamente los Directores Insulares?. a) Del Delegado del Gobierno. b) Del Subdelegado del Gobierno en la provincia, cuando este cargo exista. c) Ambas son correctas. d) Ninguna es correcta.

Señale la afirmación correcta sobre los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: a) Serán nombrados y separados por Real Decreto del Presidente del Gobierno. b) Son órganos directivos con rango de Subsecretario que dependen orgánicamente del Ministerio competente por razón de la materia. c) Tienen la condición de alto cargo. d) Representan ordinariamente al Estado en el territorio de la respectiva Comunidad Autónoma.

Señale la afirmación correcta: a) Entre las “vías” para convertirse en Comunidad Autónomo nos encontramos con las previstas en los siguientes artículos: 143, 144 y 151. b) La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. c) En relación con la organización provincial es correcto señalar que existen en todas las Diputaciones: el Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno. d) Todas son correctas.

Según establece la Constitución Española de 1978, ¿en qué materias no pueden asumir competencias las Comunidades Autónomas?: a) Los montes y aprovechamientos forestales. b) Ferias interiores. c) Administración de Justicia. d) Sanidad e higiene.

Teniendo en cuenta lo establecido en el art. 149 de nuestra Constitución, no es una competencia exclusiva del Estado…. a) Bases del régimen minero y energético. b) Legislación laboral. c) Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos. d) La promoción del deporte y la adecuada utilización del ocio.

Las fuentes del derecho español están enumeradas en el artículo 1 del Código Civil, que establece lo siguiente: a) Podrán tener validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior cuando una norma en forma de Ley así lo disponga. b) Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales serán de aplicación directa en España aunque no se haya producido su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado. c) Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. d) Ninguna es correcta.

La reforma de nuestra Constitución por el procedimiento agravado exige la aprobación ¿de qué mayoría de cada Cámara? (Entre otros requisitos). a) 1/3. b) 2/3. c) 3/5. d) Mayoría absoluta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se considera interesado en el procedimiento administrativo: a) Aquellos cuyos intereses legítimos puedan resultar afectados por la resolución y no se personen en el procedimiento. b) El que, sin haber iniciado el procedimiento, tenga derechos que no resulten afectados por la decisión que en el mismo se adopte. c) Quien lo promueva como titular de derecho legítimo. d) Ninguna es correcta.

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación a sus efectos, los actos administrativos (completar): a) Nunca se les podrá otorgar eficacia retroactiva. b) Podrá otorgársele eficacia retroactiva por razones de interés general. c) Siempre se les podrá otorgar eficacia retroactiva. d) Excepcionalmente tendrán eficacia retroactiva cuando produzcan efectos favorables al interesado.

¿Para cuál de las siguientes actuaciones requerirán las Administraciones Públicas a los interesados el uso obligatorio de firma, en los términos del artículo 11 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?. a) Interponer acciones. b) Formular denuncias. c) Presentar comunicaciones. d) Desistir de derechos.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si una persona obligada a relacionarse con la Administración por medios electrónicos presenta una solicitud presencialmente y, después de ser requerida por la Administración para que subsane, realiza la presentación electrónica, se considerará como fecha de presentación de la solicitud: a) La fecha en que haya sido presentada presencialmente. b) La fecha en que haya sido presentada presencialmente, salvo que hubiera transcurrido el plazo previsto en la norma para la presentación de las solicitudes, en cuyo caso se entenderá presentada en la fecha en que la solicitud haya sido presentada electrónicamente. c) La fecha en que haya sido presentada electrónicamente. d) Ninguna es correcta.

Según se establece en el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con respecto al cómputo de plazos administrativos: a) Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. b) Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo únicamente los domingos y los declarados festivos. c) Los plazos expresados en días se contarán desde el mismo día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo. d) Ninguna es correcta.

El artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la tramitación de urgencia NO expresa que: a) Se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario. b) Se reducirán a la mitad los plazos relativos a la presentación de solicitudes y recursos. c) No cabrá recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento. d) La pregunta está mal planteada, dicho artículo expresa todo lo señalado en las opciones anteriores.

Según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, toda notificación de un acto administrativo deberá ser cursada: a) Dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. b) Dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que se dictó el acto. c) Dentro del plazo de diez días a partir del día siguiente de la fecha en que se haya dictado el acto. d) Ninguna es correcta.

Las notificaciones se practicarán preferentemente, según establece el artículo 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) Por medios electrónicos. b) En el domicilio. c) Personalmente. d) Ninguna es correcta.

En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, conforme establece el artículo 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el derecho a reclamar prescribirá: a) A los cinco meses de producirse el hecho lesivo. b) A los seis meses de producirse el hecho lesivo. c) En los casos de daños de carácter físico a los tres meses de que se manifieste el daño producido. d) Al año de producirse el acto que motive la indemnización.

Señale la afirmación incorrecta en relación con el contenido de la ley 39/2015: a) Salvo disposición expresa en contrario los informes serán facultativos y no vinculantes. b) Los interesados podrán aducir alegaciones en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. c) La Administración viene obligada a resolver de todos los asuntos de que conozca, si bien hay 2 excepciones. d) La pregunta está mal planteada, todas las opciones anteriores son correctas.

Según el artículo 16 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, las modalidades de carrera profesional son: a) Carrera horizontal, carrera vertical, promoción interna vertical y promoción interna horizontal. b) Carrera vertical, carrera horizontal, consolidación de grado y formación permanente. c) Carrera horizontal y ascensos internos específicos. d) Carrera vertical, carrera horizontal y carrera "per saltum".

El ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, a otro superior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), se denomina: a) Carrera vertical. b) Carrera horizontal. c) Promoción interna horizontal. d) Promoción interna vertical.

El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), regula en su artículo 15 una serie de derechos individuales que se ejercen de forma colectiva por el personal empleado público, indica este tipo de derecho entre los siguientes: a) A la libre asociación profesional. b) Al ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. c) A las vacaciones, descansos, permisos y licencias. d) Ninguna es correcta.

Conforme al artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de: a) Un año. b) Dos años. c) Tres años. d) Cuatro años.

De acuerdo con lo establecido en el artículo quinto de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, ¿es compatible el desempeño de un puesto de funcionario de carrera de la Administración General del Estado con el de cargo electivo, miembro de una corporación local?. a) Sí, salvo que en la corporación local desempeñe cargos retribuidos en régimen de dedicación exclusiva. b) Sí, puesto que el derecho al sufragio pasivo prima sobre la condición de funcionario. c) No, debe pasar a situación de excedencia por cargo electo. d) No, salvo que se trate de municipios de más de dos millones de habitantes.

Según la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, quedan exceptuadas del régimen de incompatibilidades de la presente Ley la dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias en Centros oficiales destinados a la formación de funcionarios o profesorado, cuando no tenga carácter permanente o habitual ni supongan más ¿de cuántas horas al año?. a) De noventa horas al año. b) De setenta y cinco horas al año. c) De setenta horas al año. d) De sesenta y cinco horas al año.

Señale la afirmación incorrecta sobre el IV Convenio: a) Se estructura en 16 títulos (que incluyen 124 artículos), 12 disposiciones adicionales, 13 disposiciones transitorias, 1 disposición final y 5 anexos. b) El IV Convenio será de aplicación al personal laboral de la AGE y sus organismos autónomos. No obstante, se incluye asimismo en el ámbito de aplicación de esta norma al personal laboral que preste servicios en la Administración de justicia no transferida, en el Consejo de Seguridad Nuclear, en la AEPD, en Trabajo penitenciario y formación para el empleo (entre otros). c) El IV Convenio contempla 6 grupos profesionales. d) El sistema de clasificación que contempla el IV Convenio se estructura en grupos profesionales, familias profesionales y/o especialidades. La familia profesional agrupa unitariamente las aptitudes profesionales, las titulaciones y el contenido general de la prestación laboral que se corresponde con las mismas.

De acuerdo con el IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, registrado y publicado mediante Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, ¿cuál de las siguientes opciones se considera órgano de representación unitaria de este personal laboral?. a) El delegado o delegada sindical. b) El delegado o delegada de personal. c) La sección sindical. d) El comité de Seguridad y Salud.

Según el IV Convenio, ¿cuál es el tiempo mínimo de permanencia en la situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar?. a) No se exige ningún tiempo mínimo de permanencia en dicha situación. b) El mismo que el establecido para la excedencia voluntaria por interés particular. c) Dos años. d) Tres años.

De acuerdo con el artículo 14.1 de La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: a) La protección del patrimonio histórico. b) La protección del medio ambiente. c) La igualdad de género. d) La protección de la salud.

La Ley 2/2023, conocida como la Ley de protección al denunciante (ley que busca proteger a las personas que informan sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción, garantizando la confidencialidad y la protección de quienes denuncien) establece que las empresas, a partir de un determinado número de trabajadores, deben contar con un sistema de información (SII) y un canal de denuncias, ¿cuál es ese cierto número?. a) 250 o más trabajadores. b) 100 o más trabajadores. c) 50 o más trabajadores. d) Ninguna es correcta.