temas 13 y 14

Señale la afirmación INCORRECTA sobre el objeto de la Ley 4/2013 (art. 1): Regula el procedimiento y los requisitos para la rectificación registral relativa al sexo y, en su caso, al nombre, así como sus efectos. Prevé medidas específicas de prevención, corrección y eliminación de la discriminación únicamente en el ámbito público. Establece los principios de actuación de los poderes públicos y regula derechos y deberes de personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas. Su finalidad es garantizar y promover el derecho a la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, así como de sus familias.

El art. 2 aplica la Ley a toda persona física o jurídica, pública o privada, que resida, se encuentre o actúe en territorio español, «cualquiera que fuera» su situación. ¿Cuál de estas circunstancias NO se menciona expresamente?. Estado civil. Situación administrativa. Nivel de ingresos. Origen racial o étnico.

Sobre la discriminación múltiple e interseccional (art. 3.c), señale la correcta: La discriminación múltiple se produce cuando concurren o interactúan diversas causas generando una forma específica de discriminación. Hay discriminación múltiple cuando una persona es discriminada, de manera simultánea o consecutiva, por dos o más causas de las previstas en la Ley y/o por otras previstas en la Ley 15/2022, de 12 de julio. Solo existe discriminación múltiple cuando las causas se dan de forma consecutiva y no simultánea. La discriminación interseccional exige que al menos una de las causas sea ajena a la Ley 15/2022.

Una empresa descarta a un candidato porque cree, equivocadamente, que es una persona trans. Según el art. 3, ¿qué tipo de discriminación se produce?. Discriminación por error. Discriminación por asociación. Discriminación indirecta. Discriminación interseccional.

Respecto a las medidas de acción positiva (art. 3.f), señale la correcta: Son diferencias de trato de carácter indefinido, aplicables aunque hayan desaparecido las situaciones de desventaja. Solo pueden ser adoptadas por la Administración General del Estado. Están orientadas únicamente a prevenir la discriminación, no a compensarla. Son aplicables en tanto subsistan las situaciones de discriminación o desventaja que las justifican, y han de ser razonables y proporcionadas.

Según el art. 3.l, las familias homoparentales son las compuestas por personas lesbianas, gais o bisexuales con: Descendientes de cualquier edad que convivan con ellas. Descendientes menores de edad que se encuentren de forma estable bajo guardia, tutela o patria potestad, o con descendientes mayores de edad con discapacidad a cargo. Descendientes menores de edad, o mayores de edad en situación de dependencia. Descendientes menores de edad bajo patria potestad exclusivamente.

El art. 3.p considera discriminatoria toda inducción, orden o instrucción de discriminar. ¿Cómo ha de ser la inducción?. Genérica, directa y reiterada. Concreta, expresa y reiterada. Directa, escrita y eficaz. Concreta, directa y eficaz para hacer surgir en otra persona una actuación discriminatoria.

Señale la definición INCORRECTA según el art. 3: Expresión de género: manifestación que cada persona hace de su orientación sexual. Identidad sexual: vivencia interna e individual del sexo tal y como cada persona la siente y autodefine, pudiendo o no corresponder con el sexo asignado al nacer. Persona trans: persona cuya identidad sexual no se corresponde con el sexo asignado al nacer. Orientación sexual: atracción física, sexual o afectiva hacia una persona.

Conforme al art. 4 (Deber de protección), los poderes públicos desarrollarán: Las medidas que estimen oportunas para fomentar la igualdad de trato, con independencia de sus competencias. Únicamente medidas de reconocimiento y protección, correspondiendo la promoción a las entidades del tercer sector. En el ámbito de sus competencias, todas las medidas necesarias para reconocer, garantizar, proteger y promover la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familias. Medidas de protección dirigidas exclusivamente a las personas LGTBI, no a sus familias.

Las campañas de sensibilización y divulgación del art. 6 han de dirigirse: Exclusivamente a los ámbitos educativo y laboral. A toda la sociedad, y en especial a los ámbitos donde la discriminación afecte a sectores de población más vulnerables. Únicamente a las personas LGTBI y a sus familias. Al personal al servicio de las Administraciones públicas, como parte de su formación inicial.

Sobre el art. 7 (Estadísticas y estudios), señale la correcta: Los datos de los estudios, memorias o estadísticas se desglosarán en todo caso por causas discriminatorias. Los estudios y encuestas sobre la situación de las personas LGTBI se realizarán con periodicidad bienal. Queda prohibido el tratamiento de datos personales en estudios sobre personas LGTBI. Los datos se desglosarán por las causas discriminatorias previstas en la Ley siempre que sea posible, y los responsables deberán garantizar seguridad y confidencialidad y, cuando proceda, anonimizar o seudonimizar los datos.

Según el art. 8, ¿en el seno de qué órgano se adoptan los planes y programas conjuntos de actuación de las Administraciones para integrar la igualdad de trato y no discriminación?. La Conferencia Sectorial de Igualdad. La Conferencia de Presidentes. El Consejo de Participación de las Personas LGTBI. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Sociales.

El Consejo de Participación de las Personas LGTBI presenta una memoria de su actividad. ¿Con qué periodicidad y cómo se examina (art. 9.3)?. Anual, remitida al Pleno del Congreso de los Diputados. Semestral, remitida al Consejo de Ministros. Semestral; la presidenta la remite a las Cortes Generales para su examen por las Comisiones de Igualdad del Congreso y del Senado. Trimestral, remitida al Defensor del Pueblo.

¿Cuál es la naturaleza y la adscripción del Consejo de Participación de las Personas LGTBI (art. 9)?. Órgano consultivo adscrito al Ministerio de Derechos Sociales. Órgano colegiado del art. 22.3 de la Ley 40/2015, dependiente de la Presidencia del Gobierno. Órgano colegiado del art. 15 de la Ley 40/2015, dependiente del Ministerio de Igualdad. Órgano colegiado de los previstos en el art. 22.3 de la Ley 40/2015, dependiente del Ministerio de Igualdad a través de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género.

En materia de empleo público (art. 11), las Administraciones implantarán medidas para la promoción y defensa de la igualdad de trato en el acceso y la carrera profesional: Previo informe de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. Previa negociación con las organizaciones sindicales, de conformidad con la normativa aplicable. Previa consulta al Consejo de Participación de las Personas LGTBI. Previa aprobación de la Conferencia Sectorial de Igualdad.

¿Qué establece el art. 12.2 sobre las pruebas selectivas de acceso al empleo público?. Las Administraciones públicas incluirán en los programas de las pruebas selectivas formación y conocimientos sobre igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI. Las Administraciones públicas podrán incluir voluntariamente estos contenidos en los programas. Estos contenidos se incluirán únicamente en las pruebas de promoción interna. Estos contenidos se incluirán solo en los procesos selectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad y las fuerzas armadas.

El art. 13 (Documentación administrativa) establece que las Administraciones competentes adoptarán las medidas necesarias para procurar que la documentación y los formularios sean adecuados a: La diversidad en materia de orientación sexual y expresión de género, exclusivamente. La identidad sexual de las personas trans, previa rectificación registral. La diversidad en materia de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales y a la diversidad familiar. La normativa de protección de datos y a la diversidad familiar, únicamente.

Según el art. 2.1 de la Norma Foral 1/2016, ¿cómo se aplica la norma a las Juntas Generales de Bizkaia?. A todas sus actividades, igual que a la Diputación Foral. A ninguna de sus actividades, por su autonomía parlamentaria. Solo a sus actividades sujetas a derecho administrativo, conforme a la disposición adicional quinta. Solo a la publicidad activa económico-financiera, pero no al derecho de acceso.

Una entidad privada queda sujeta a las obligaciones de publicidad activa por razón de las ayudas públicas forales (art. 2.2) cuando, en un ejercicio presupuestario, recibe: Ayudas o subvenciones de al menos 50.000 euros, o que supongan el 30 % de sus ingresos anuales. Ayudas o subvenciones de al menos 100.000 euros, o que supongan el 40 % de sus ingresos anuales, siempre que en este último caso alcancen como mínimo 5.000 euros. Cualquier ayuda o subvención foral, con independencia de su cuantía. Ayudas de al menos 100.000 euros y, además, el 40 % de sus ingresos anuales, de forma acumulativa.

Una entidad privada con fines exclusivos de interés social o cultural, con presupuesto inferior a 50.000 euros y cuya mayor parte de ayudas proviene de la Diputación Foral, sujeta a obligaciones de publicidad activa (art. 2.3): Queda exenta de toda obligación de publicidad activa. Debe cumplirlas obligatoriamente por sus propios medios en el Portal de Transparencia. Solo debe cumplirlas si recibe más de 100.000 euros. Podrá cumplirlas con los medios electrónicos que la Diputación Foral ponga a su disposición.

Señale la afirmación INCORRECTA sobre los restantes sujetos obligados del art. 2: Quien presta servicios públicos o ejerce potestades administrativas forales, por contrato, concesión u otra fórmula, debe suministrar previo requerimiento la información necesaria. La obligación de suministrar información se extiende a las personas adjudicatarias de contratos del sector público, en los términos que prevea cada contrato. Los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales que actúen en Bizkaia y reciban subvenciones con fondos públicos forales quedan sujetos a la publicidad activa y a suministrar información cuando se les requiera. Las personas prestadoras de servicios públicos están obligadas a suministrar la información de forma periódica y por iniciativa propia, sin necesidad de requerimiento.

Conforme al art. 5.3, la Administración foral y el sector público foral aprobarán un Plan de Transparencia: Cada tres años, global y único, que fijará objetivos mínimos de publicidad activa y podrá añadir nuevas exigencias. Cada año, uno por cada departamento foral. Cada cinco años, aplicable solo a la Diputación Foral. Cada tres años, uno por cada entidad del sector público foral.

Señale cuál NO es una de las dimensiones de la publicidad activa del art. 5: Institucional. Empleo público. Participación ciudadana. Políticas sectoriales.

Respecto al incumplimiento de la publicidad activa (art. 13), señale la correcta: El incumplimiento reiterado de las personas responsables tendrá la condición de falta leve. Los órganos competentes podrán requerir el cumplimiento, de oficio o a instancia de cualquier ciudadano, y el incumplimiento reiterado de las personas responsables tendrá la condición de falta grave. El requerimiento solo puede hacerse de oficio, nunca a instancia de la ciudadanía. El incumplimiento reiterado conlleva el cese automático en el cargo, sin expediente disciplinario.

Sobre el derecho de acceso a la información pública (art. 18), señale la correcta: La solicitud debe motivarse siempre. Es necesario acreditar la condición de persona interesada. Los límites pueden ser superiores a los de la legislación general de transparencia. Solo se puede denegar cuando se compruebe que el acceso causa un daño efectivo al interés público o vulnera la protección de datos personales, ponderando la trascendencia del daño.

En cuanto a los límites del art. 21, la Norma Foral establece que: Son propios y más amplios que los de la legislación general para el derecho de acceso. Solo operan frente al derecho de acceso, no frente a la publicidad activa. Son los establecidos en la legislación general de transparencia, tanto para la publicidad activa como para el acceso. Los fija cada entidad en su plan de transparencia.

La Comisión de Reclamaciones en materia de Transparencia (art. 28) está integrada por: Tres miembros titulares y tres suplentes, funcionariado de carrera de la Diputación Foral del Grupo A1, con licenciatura o grado en Derecho y al menos cinco años de experiencia profesional. Cinco miembros titulares y cinco suplentes, del Grupo A1, con licenciatura o grado en Derecho. Tres miembros titulares y tres suplentes, del Grupo A2, con al menos diez años de experiencia. Tres miembros titulares, sin suplentes, ajenos a la Diputación Foral y de reconocido prestigio.

Sobre la naturaleza y el mandato de la Comisión de Reclamaciones (arts. 27 y 28), señale la correcta: Órgano jerárquicamente dependiente del Diputado General, con mandato de dos años. Órgano colegiado con autonomía funcional, adscrito solo a efectos presupuestarios y de medios materiales al Departamento de Administración Pública y Relaciones Institucionales, con mandato de cuatro años. Órgano unipersonal designado por las Juntas Generales, con mandato de seis años. Órgano consultivo del Departamento de Hacienda, sin autonomía funcional.

Entre las funciones de la Comisión de Reclamaciones (art. 29) figura resolver las reclamaciones frente a: Solo las denegaciones expresas del derecho de acceso. Cualquier acto de la Diputación Foral en materia de transparencia, incluida la publicidad activa. La denegación expresa o presunta del acceso a la información pública. Las sanciones disciplinarias impuestas por incumplimiento de las obligaciones de transparencia.

Según el art. 1 del Decreto Foral 81/2023, el objetivo básico del sector público foral de Bizkaia es: Garantizar la ciberseguridad de todos los sistemas de información como prioridad estratégica. Lograr la plena digitalización de los servicios forales. Cumplir el RGPD y el Esquema Nacional de Seguridad. Lograr el mayor nivel de calidad de vida posible para la sociedad de Bizkaia, dentro de las competencias del EAPV y de la LTH.

El art. 2 (Marco normativo) del Decreto Foral 81/2023 cita expresamente: El Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, del Esquema Nacional de Seguridad. El Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, del Esquema Nacional de Seguridad. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

El Acuerdo de la Diputación Foral de Bizkaia de 18 de febrero de 2020, citado en el art. 2 como complemento del marco normativo, se refiere a: El Código de Conducta Informático. La política de teletrabajo. El Registro de Actividades de Tratamiento, conforme al art. 30 del RGPD. El estatuto del dato.

Según el art. 3, ¿qué propiedad de la seguridad de la información consiste en que las actuaciones de una entidad puedan ser imputadas exclusivamente a dicha entidad?. Trazabilidad. Autenticidad. Integridad. Disponibilidad.

El ámbito de aplicación del Decreto Foral 81/2023 (art. 4.2) alcanza a: Solo al personal funcionario de la Diputación Foral. A todo el personal con acceso a la información, salvo el personal laboral temporal. Solo al personal de la Diputación Foral, sin alcanzar a las entidades forales ni a terceros. A todas las unidades de la estructura orgánica y a todo el personal con acceso a la información, sea cual sea su destino, condición o relación laboral, y a las terceras partes que usen servicios externos o reciban información cedida, que quedan sujetas a la política.

El art. 6 (Concienciación y formación) prevé que la formación para grupos específicos cuyas necesidades del puesto lo requieran se imparta: Con carácter voluntario. Con carácter preferente y, en su caso, obligatorio. Con carácter exclusivamente obligatorio. Solo al personal técnico de las entidades forales.

El principio de diferenciación de responsabilidades (art. 7) implica que: Un único responsable asume todos los roles para evitar conflictos. La seguridad y la explotación de los sistemas recaen en la misma unidad. Se separan los roles de responsable de la información, del servicio, de seguridad y del sistema, con mecanismos de coordinación y resolución de conflictos, y la seguridad se separa de la explotación de los sistemas. Cada entidad foral fija libremente qué roles existen, sin necesidad de coordinarlos.

¿Qué artículos integran, respectivamente, los Capítulos I, II y III del Decreto Foral 81/2023?. Arts. 1 a 3; arts. 4 a 6; art. 7. Arts. 1 a 2; arts. 3 a 5; arts. 6 a 9. Arts. 1 a 4; arts. 5 y 6; arts. 7 a 10. Arts. 1 a 3; arts. 4 a 7; arts. 8 a 10.

Según el art. 7, las entidades serán responsables del cumplimiento de la política y deberán poder demostrarlo. ¿Qué principio recoge esta idea?. Proporcionalidad. Vigilancia continua y reevaluación periódica. Limitación de la finalidad. Responsabilidad proactiva.

En el principio de seguridad del entorno tecnológico (art. 7), ¿quién actúa como administrador de seguridad del sector público foral?. Lantik S.A.M.P. Ejie S.A. Izfe S.A. El Gabinete de Estrategia Digital y Corporativa.