Temas 26-27 + Repaso
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Título del Test:
![]() Temas 26-27 + Repaso Descripción: RECURSOS + DISCAPACIDAD |



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Una persona de 42 años, con un 68 % de discapacidad, solicita una pensión de incapacidad no contributiva. Ha residido legalmente en España durante seis años en total, pero solo los últimos dieciocho meses son inmediatamente anteriores a la solicitud.¿qué valoración procede?. A) Cumple la residencia porque supera cinco años, aunque haya interrupciones recientes. B) No cumple la residencia porque se exigen cinco años consecutivos antes de solicitarla. C) No cumple la residencia porque faltan seis meses del período inmediato exigido. D) Cumple la residencia si acredita que la discapacidad surgió antes de la interrupción. Una solicitante de PNC convive con su hermana y con el cónyuge de esta. No existen otros vínculos de parentesco entre ellos. Para delimitar su unidad económica de convivencia, ¿qué solución se ajusta al artículo 363.4 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015?. A) La integran la solicitante y su hermana, sin incorporar al cuñado por afinidad. B) La integran las tres personas, por existir un matrimonio dentro del domicilio. C) La integra la solicitante, pues la hermana constituye otra unidad con su cónyuge. D) La integran las tres personas si comparten de manera habitual los gastos domésticos. Una beneficiaria de PNC tiene reconocido un 78 % de discapacidad, pero no se ha acreditado que necesite otra persona para los actos esenciales de la vida. ¿Qué sucede con el complemento previsto para esa necesidad?. A) Se reconoce por el 50 % de su pensión individual al superar el 75 %. B) Se reconoce por el 25 % de la cuantía íntegra mientras se valora el apoyo. C) Requiere acreditar además la necesidad de otra persona; el grado no basta. D) Requiere un grado III de dependencia, que sustituye la valoración del apoyo. Una persona que ya percibe una PNC inicia una actividad lucrativa compatible con su situación. Durante los cuatro primeros años, la suma de la pensión y los ingresos de esa actividad supera el límite especial del artículo 366 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015. ¿Qué respuesta procede?. A) Minoración de la pensión hasta el límite. B) Minoración proporcional de la pensión y de su complemento por tercera persona. C) Suspensión de la pensión desde el mes en que se inicia la actividad lucrativa. D) Conservación de la pensión íntegra mientras las rentas laborales no alcancen el SMI. Una solicitud de PNC se presenta el 18 de febrero, cumpliéndose ya todos los requisitos. La resolución favorable se dicta el 20 de mayo. ¿Desde cuándo se producen sus efectos económicos ordinarios?. A) Desde el 18 de febrero, por reunir los requisitos al presentar la solicitud. B) Desde el 1 de marzo, primer día del mes siguiente al de la solicitud. C) Desde el 1 de mayo, primer día del mes en que se reconoce la prestación. D) Desde el 1 de junio, primer día del mes siguiente al de la resolución. Una perceptora de PNC cumple 65 años y teme perder el complemento reconocido por necesidad de otra persona. ¿Cuál es la consecuencia legal del cumplimiento de esa edad?. A) Debe solicitar una PNC de jubilación y acreditar diez años de residencia. B) Conserva la pensión básica, pero el complemento se extingue por razón de edad. C) Pasa a jubilación contributiva si acredita cotizaciones en cualquier régimen. D) Cambia la denominación de la pensión, sin modificar sus condiciones por ese motivo. Para acceder a la pensión de invalidez del SOVI, una persona acredita afiliación al antiguo Retiro Obrero, pero no acredita 1.800 días de cotización al SOVI anteriores al 1 de enero de 1967. ¿Qué valoración es correcta?. A) La afiliación sustituye la carencia si el cese laboral deriva de invalidez. B) La afiliación sustituye la carencia al alcanzar la edad ordinaria de 50 años. C) La afiliación no sustituye los 1.800 días exigidos para esta modalidad. D) La afiliación permite completar la carencia con cotizaciones posteriores a 1967. Una ONG estatal de discapacidad figura como beneficiaria de una subvención nominativa en los Presupuestos Generales del Estado. ¿Cuál es el cauce de concesión correspondiente a esa previsión?. A) Concurrencia competitiva, con puntuación adicional por la nominación presupuestaria. B) Concesión directa, en los términos del convenio y de la normativa reguladora. C) Concesión directa excepcional, previa acreditación de imposibilidad de convocatoria pública. D) Concurrencia no competitiva, mediante orden de solicitud hasta agotar el crédito. Una convocatoria estatal de subvenciones para actividades de interés social establece concurrencia competitiva y dispone de crédito insuficiente para financiar todas las solicitudes admisibles. ¿Qué criterio ordinario rige la adjudicación?. A) La prelación obtenida mediante los criterios publicados, dentro del crédito disponible. B) La fecha de presentación de cada solicitud completa, dentro del crédito disponible. C) El reparto proporcional entre solicitudes admisibles, aunque las bases no lo prevean. D) La financiación preferente de anteriores beneficiarios con justificación favorable. Una entidad solicita una subvención del tramo estatal regulado por el Real Decreto 821/2021 para una actividad social. ¿Qué circunstancia fundamenta adecuadamente su encaje en ese tramo?. A) Que la actividad se dirija a personas con discapacidad, cualquiera que sea su ámbito. B) Que la entidad tenga sede en Madrid y ejecute el proyecto en una comunidad autónoma. C) Que la actividad se encuadre en competencias de la AGE y la entidad cumpla el ámbito estatal exigido. D) Que el proyecto haya sido denegado previamente en la convocatoria autonómica correspondiente. Una persona con capacidad intelectual límite, incluida en el ámbito del Real Decreto 368/2021, inicia una actividad formativa y no alcanza un grado de discapacidad del 33 %. ¿Queda excluida por ese motivo del Programa Reina Letizia para la Inclusión?. A) No; las bases incluyen expresamente ese colectivo, sin perjuicio de los demás requisitos. B) Sí; el 33 % constituye el umbral común para todas las personas beneficiarias del programa. C) Sí; las medidas para capacidad intelectual límite se reservan a subvencionar empleadores. D) No; basta acreditar cualquier dificultad de aprendizaje, aunque no encaje en el citado real decreto. Una familia convive con una persona con discapacidad y necesita reformar su vivienda. A efectos de subvenciones y préstamos con subvención de intereses, ¿qué actuación encaja en el concepto de rehabilitación del artículo 33 del texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013?. A) Reformar una segunda residencia para incrementar su valor antes de destinarla al alquiler. B) Sustituir instalaciones de una vivienda arrendada a terceros, sin finalidad de accesibilidad. C) Adaptar la vivienda habitual y permanente para que resulte accesible al miembro con discapacidad. D) Ampliar la superficie de una vivienda de uso temporal, por pertenecer a una familia con discapacidad. Un centro especial de empleo incorpora a una trabajadora que necesita apoyos para adaptarse al puesto y mantener su actividad. ¿Qué intervención se corresponde con las unidades de apoyo a la actividad profesional?. A) Calificar el grado de discapacidad y decidir su revisión durante la relación laboral. B) Sustituir el puesto productivo por atención ocupacional hasta que desaparezcan los apoyos. C) Certificar una incapacidad permanente cuando se detectan dificultades de adaptación laboral. D) Valorar capacidades y exigencias del puesto, establecer apoyos y favorecer su progresión. Una persona percibe una pensión de incapacidad permanente total y solicita orientación sobre medidas de inclusión laboral. ¿Qué alcance tiene la previsión del artículo 35.1 del texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013?. A) Le reconoce un grado administrativo del 65 % para acceder a prestaciones de necesidad. B) Le atribuye condición de persona con discapacidad para cualquier beneficio fiscal o social. C) La considera persona con discapacidad a efectos del capítulo sobre derecho al trabajo. D) Condiciona esa consideración laboral a una resolución autonómica adicional del 33 %. Una empresa alega que adaptar el puesto de una persona con discapacidad le supone una carga excesiva. ¿Qué valoración exige el artículo 40.2 del texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013?. A) Considerar ayudas públicas, costes y dimensión y recursos de la organización. B) Comparar el coste de adaptación con el salario mensual de la persona afectada. C) Presumir la carga excesiva cuando la adaptación precise una subvención pública. D) Exigir la adaptación si existe ayuda, aunque esta no reduzca suficientemente la carga. Un trabajador por cuenta ajena incluido en el Régimen General acredita doce años efectivos con discapacidad del 67 %, sin necesidad de otra persona, y otros cuatro años efectivos con ese grado y necesidad acreditada de apoyo para actos esenciales. ¿Qué reducción de edad resulta de aplicar el Real Decreto 1539/2003 a esos períodos?. A) Cuatro años, aplicando 0,25 a todos los períodos con discapacidad superior al 65 %. B) Ocho años, aplicando 0,50 al conjunto por existir necesidad de apoyo al jubilarse. C) Seis años, aplicando 0,50 al primer período y sin reducción en el segundo. D) Cinco años, sumando tres del primer período y dos del segundo. Una trabajadora alcanza al final de su carrera un grado de discapacidad del 65 %. Durante los diez años anteriores había trabajado con un grado del 40 %. Para aplicar los coeficientes del Real Decreto 1539/2003, ¿cómo se tratan esos diez años?. A) Se computan con el coeficiente 0,25 al existir discapacidad antes del reconocimiento final. B) No se computan con esos coeficientes, pues no alcanzaban el grado exigido durante el trabajo. C) Se computan con el coeficiente 0,50 si la patología era la misma que causó el 65 %. D) Se computan por la mitad del tiempo, al estar el grado anterior entre el 33 % y el 65 %. Un trabajador reúne los requisitos de la jubilación por discapacidad del Real Decreto 1851/2009 y acredita quince años de trabajo efectivo con una patología del anexo, de los cuales cinco con grado igual o superior al 45 %. ¿Qué afirmación describe correctamente el requisito temporal específico?. A) Los cinco años con el 45 % pueden estar dentro del período mínimo de trabajo exigido. B) Los quince años deben haberse trabajado con un grado mínimo acreditado del 45 %. C) Los cinco años deben añadirse a los quince años mínimos trabajados con la patología. D) Los cinco años con el 45 % deben ser inmediatamente anteriores al hecho causante. Una persona de 56 años tiene reconocida una discapacidad del 46 %, pero ninguna patología de su certificado está incluida en el anexo del Real Decreto 1851/2009. ¿Puede acceder por esa vía de anticipación de la edad de jubilación?. A) Sí, si acredita al menos cinco años de cotización con ese grado reconocido. B) Sí, si la limitación funcional se considera irreversible en el informe médico. C) No, porque el umbral del 45 % no basta sin el encaje en las patologías del anexo. D) No, porque esa vía exige un grado del 65 % a quienes han cumplido 56 años. Para acreditar los requisitos del Real Decreto 1851/2009, una persona aporta un informe médico con la fecha de inicio de una patología del anexo. ¿Qué documentación cumple la función complementaria de acreditar el grado y su duración mínima?. A) Un informe de vida laboral que vincule cada contrato con las limitaciones funcionales. B) Un dictamen del servicio de prevención que cuantifique la dificultad para el puesto. C) Una declaración responsable sobre el momento en que aparecieron las limitaciones. D) Una certificación del IMSERSO o del órgano autonómico competente en discapacidad. Una persona cumple los requisitos tanto del Real Decreto 1539/2003 como del Real Decreto 1851/2009. ¿Cómo se articulan ambas vías de anticipación de la jubilación?. A) Se acumula la reducción por coeficientes a la edad mínima de 56 años. B) Puede optar por la aplicación del régimen que le resulte más favorable. C) Debe utilizar el régimen del 45 %, por ser la regulación posterior. D) Debe utilizar el régimen del 65 %, por reconocer un grado superior. En la jubilación regulada por el Real Decreto 1851/2009, ¿qué efecto tiene el período en que se reduce la edad de jubilación?. A) Cuenta como cotizado para determinar el porcentaje aplicable a la base reguladora. B) Cuenta como cotizado para completar la carencia mínima de acceso a la jubilación. C) Se incorpora como bases ficticias para elevar el promedio de la base reguladora. D) Se utiliza para completar los cinco años de discapacidad mínima del 45 %. Una persona con discapacidad del 40 % solicita la exención del IVTM para dos vehículos a su nombre, ambos destinados a su uso exclusivo y conducidos habitualmente por familiares para transportarla. ¿Qué respuesta se ajusta al artículo 93 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004?. A) Puede aplicarse a uno de los vehículos, sin exigir que lo conduzca la persona con discapacidad. B) Puede aplicarse a los dos vehículos si acredita que cumplen la finalidad de transporte exclusivo. C) Debe denegarse porque la exención exige conducción personal del vehículo por su titular. D) Debe denegarse porque la exención de vehículos ordinarios requiere un grado mínimo del 65 %. Al diseñar adaptaciones para una aspirante con discapacidad en un proceso selectivo, ¿qué combinación se ajusta al artículo 59.2 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015?. A) Adaptar el puesto tras el nombramiento, manteniendo sin ajustes el proceso selectivo. B) Adaptar las pruebas para todas las personas del cupo con idénticas medidas generales. C) Sustituir las pruebas por una valoración de capacidad funcional y antecedentes profesionales. D) Ajustar tiempos y medios durante el proceso y, tras superarlo, adaptar el puesto a las necesidades. Un informe social identifica que dos personas con deficiencias corporales semejantes presentan restricciones de participación diferentes por la accesibilidad y los apoyos disponibles. ¿Qué interpretación corresponde al modelo de valoración del Real Decreto 888/2022?. A) Las diferencias deben corregirse equiparando la participación a la intensidad de la deficiencia corporal. B) Las diferencias son relevantes porque el funcionamiento resulta de la interacción con factores contextuales. C) Las diferencias se incorporan a la valoración de la deficiencia corporal como diagnósticos adicionales. D) Las diferencias se valoran al conceder servicios, pero quedan fuera de la calificación de la discapacidad. Una persona desempleada con un 40 % de discapacidad solicita incorporarse al itinerario de una empresa de inserción regulada por la Ley 44/2007. ¿Qué comprobación resulta jurídicamente pertinente para acceder como persona trabajadora en inserción?. A) Comprobar que el grado reconocido alcanza el mínimo exigido para trabajar en un centro especial de empleo. B) Solicitar al equipo de valoración que convierta el porcentaje reconocido en un indicador de exclusión laboral. C) Acreditar los factores de vulnerabilidad o exclusión ante los servicios sociales o de empleo públicos competentes. D) Obtener del servicio de empleo la equiparación entre desempleo con discapacidad y exclusión social acreditada. En atención temprana, un niño de tres años presenta riesgo de alteraciones del desarrollo y dificultades de participación en su escuela infantil. ¿Qué diseño de intervención se ajusta mejor al enfoque integral?. A) Intervenir con el niño, la familia y el entorno, coordinando actuaciones sanitarias, educativas y sociales. B) Concentrar la intervención en las funciones afectadas y derivar la coordinación familiar al finalizar el tratamiento. C) Vincular la intervención social al reconocimiento previo de discapacidad y mantener mientras tanto el seguimiento sanitario. D) Organizar tratamientos por especialidades y reservar la evaluación de resultados a las pruebas clínicas individuales. Una persona permanece en su domicilio y necesita respuesta inmediata ante emergencias, inseguridad, soledad y aislamiento mediante comunicación y apoyo profesional. En el catálogo de la Ley 39/2006, ¿qué servicio responde específicamente a esta descripción?. A) Ayuda a domicilio, por su componente de atención personal y prevención del deterioro cotidiano. B) Centro de día, mediante seguimiento profesional sin necesidad de modificar la residencia habitual. C) Promoción de la autonomía personal, mediante entrenamiento periódico de habilidades instrumentales. D) Teleasistencia, mediante tecnologías de comunicación y medios personales de respuesta inmediata. Dentro del servicio de ayuda a domicilio del SAAD, se propone prestar únicamente limpieza y preparación de comidas. ¿En qué condiciones admite la Ley 39/2006 la prestación separada de estas actuaciones domésticas?. A) Cuando el servicio municipal estime conveniente organizarlas separadamente por disponibilidad de personal. B) Excepcionalmente, de forma justificada y cuando así lo disponga el programa individual de atención. C) Cuando la persona tenga reconocido el grado I, sin necesidad de motivación específica en su programa. D) Cuando la familia asuma la atención personal mediante una declaración incorporada a la solicitud inicial. Una persona usuaria de atención residencial precisa una estancia limitada tras una hospitalización, con previsión de retorno al domicilio. ¿Qué afirmación se ajusta al artículo 25 de la Ley 39/2006?. A) La atención residencial puede ser temporal por convalecencia, además de existir estancias permanentes. B) La atención residencial exige vocación de permanencia; la convalecencia se atiende mediante centro de día. C) La temporalidad residencial se vincula al descanso del cuidador, quedando la convalecencia fuera del servicio. D) La estancia residencial temporal requiere transformar previamente el recurso en establecimiento sanitario. Una persona con discapacidad necesitada de especial protección denuncia lesiones del artículo 149 del Código Penal. Sus ingresos superan los umbrales ordinarios de justicia gratuita. ¿Qué respuesta corresponde a la Ley 1/1996?. A) Debe tramitar el reconocimiento excepcional, limitado a ingresos no superiores al quíntuplo del IPREM. B) Puede obtener asistencia gratuita después de que una sentencia firme confirme la condición de víctima. C) Tiene derecho inmediato, con independencia de sus recursos, en los términos previstos para esa condición de víctima. D) Puede recibir orientación gratuita inicial, pero la defensa procesal queda sometida al umbral ordinario. Una persona con discapacidad física grave necesita atención integral continuada, no presenta posibilidades razonables de recuperación profesional y encuentra grandes dificultades para recibir cuidados en su entorno familiar. ¿Qué recurso del IMSERSO se corresponde mejor con este perfil?. A) Un CAMF, por su orientación asistencial integral y de mantenimiento de capacidades y autonomía. B) Un CRMF, por organizar la atención residencial en torno a itinerarios de recuperación profesional. C) El CEADAC, por atender de forma general a personas con discapacidad física de cualquier etiología. D) El CREAP, por desarrollar programas de rehabilitación destinados a la discapacidad física grave. Una persona en edad laboral con discapacidad física sobrevenida conserva posibilidades razonables de recuperación profesional. Precisa rehabilitación, orientación y formación adaptada para reincorporarse al empleo. ¿Qué combinación caracteriza la intervención de un CRMF?. A) Atención residencial estable y mantenimiento funcional, sin que la recuperación laboral determine el programa. B) Rehabilitación médico-funcional, apoyo psicosocial y formación profesional articulados en un programa individual. C) Valoración del grado de discapacidad y emisión de la resolución administrativa que habilita para trabajar. D) Intermediación laboral y selección de puestos, con derivación externa de las actuaciones rehabilitadoras. ¿Qué perfil se ajusta específicamente al ámbito de intervención del CEADAC, sin prejuzgar el cumplimiento de sus restantes criterios de admisión?. A) Persona con enfermedad neurodegenerativa progresiva que precisa seguimiento residencial de larga duración. B) Persona con discapacidad intelectual congénita que solicita formación ocupacional y apoyo residencial estable. C) Persona con daño cerebral adquirido no progresivo que puede beneficiarse de rehabilitación integral especializada. D) Persona con discapacidad física que necesita acreditar su grado para acceder a una prestación económica. En la planificación de un alta hospitalaria se busca un recurso de referencia para discapacidad neurológica que facilite la transición a la vida comunitaria, especialmente en lesión medular, daño cerebral adquirido o ELA. ¿Qué centro responde a esa configuración?. A) El CRE Alzheimer de Salamanca, por su especialización en rehabilitación neurológica tras cualquier alta hospitalaria. B) El CREAP de Valencia, por su función de transición comunitaria de las enfermedades neurológicas orgánicas. C) El CREER de Burgos, por asumir con carácter general las lesiones medulares y cerebrales adquiridas. D) El CREDINE de Langreo, por su especialización en discapacidad neurológica y transición a la comunidad. Un centro de referencia estatal desarrolla investigación, formación de profesionales, difusión de buenas prácticas y programas de atención especializada. ¿Qué interpretación describe correctamente su función de referencia?. A) Se concreta en recibir derivaciones desde otras comunidades, mientras la investigación es ajena a su misión. B) Complementa la atención especializada con generación y transferencia de conocimiento al conjunto del sector. C) Equivale a ejercer la dirección jerárquica de los servicios autonómicos destinados a la misma población. D) Consiste en reconocer prestaciones económicas estatales y fijar el grado de discapacidad de sus usuarios. Un hijo con un 50 % de discapacidad genera la asignación económica por hijo a cargo mientras es menor de edad. Al cumplir dieciocho años mantiene ese porcentaje. ¿Qué requisito de discapacidad resulta exigible para continuar como causante adulto?. A) Mantener al menos el 33 %, siempre que persista la convivencia y dependencia económica. B) Alcanzar el 50 %, por ser el límite inferior de la clase de discapacidad grave. C) Tener reconocido un grado igual o superior al 65 %, además de los restantes requisitos. D) Tener reconocido al menos el 75 %, aunque no precise ayuda para los actos esenciales. Un hijo adulto con un 68 % de discapacidad vive con el progenitor beneficiario y obtiene rendimientos anuales del trabajo iguales al 95 % del SMI anual. ¿Qué efecto tiene ese trabajo sobre la condición de hijo a cargo?. A) No la pierde por ese solo hecho, al mantenerse la convivencia y no superar el 100 % del SMI anual. B) La pierde al darse de alta como trabajador, aunque sus rendimientos sean inferiores al SMI anual. C) La conserva si trabaja por cuenta ajena, pero la pierde si obtiene esos ingresos por cuenta propia. D) La conserva únicamente cuando su afiliación coincide con el régimen de Seguridad Social del progenitor. Se reconoce una pensión no contributiva de incapacidad a una persona adulta que ya es causante de una asignación por hijo a cargo con discapacidad. ¿Qué regla debe aplicarse respecto de ambas prestaciones?. A) Acumularlas hasta el límite de ingresos de la unidad económica de convivencia de la pensión. B) Mantener la asignación y reducir la pensión no contributiva en el importe de aquella. C) Compatibilizarlas cuando la asignación se abone al progenitor y la pensión al hijo. D) Aplicar la incompatibilidad legal y ejercitar la opción por una de las prestaciones. Una persona solicita por primera vez el subsidio de garantía de ingresos mínimos del antiguo sistema de prestaciones de la LISMI. ¿Qué orientación es correcta?. A) Puede tramitarse una nueva alta cuando el grado de discapacidad alcance el 65 % y exista carencia de rentas. B) No admite nuevas altas; los derechos anteriores pueden mantenerse conforme a su régimen transitorio. C) Puede reconocerse si se renuncia previamente a solicitar una pensión no contributiva de incapacidad. D) Se reconoce como complemento de la pensión no contributiva cuando esta no alcanza el SMI anual. Al examinar la asistencia sanitaria y prestación farmacéutica del Real Decreto 383/1984, ¿qué combinación de requisitos específicos y contenido es correcta?. A) Discapacidad de al menos el 33 %, ausencia del derecho sanitario indicado en la norma y dispensación gratuita de medicamentos. B) Discapacidad de al menos el 65 %, cobertura sanitaria contributiva previa y reembolso parcial de medicamentos. C) Discapacidad de al menos el 33 %, reconocimiento de dependencia y copago farmacéutico según grado. D) Discapacidad de al menos el 75 %, necesidad de tercera persona y cobertura limitada a rehabilitación funcional. Una persona consulta si puede solicitar por primera vez una pensión asistencial del Fondo de Asistencia Social regulada por el Real Decreto 2620/1981. ¿Qué respuesta distingue correctamente acceso y mantenimiento?. A) La nueva solicitud procede si se acredita discapacidad del 65 % antes de la entrada en vigor de la LGSS de 2015. B) La pensión puede reconocerse cuando la cuantía autonómica de renta mínima sea inferior a la antigua ayuda. C) El cierre de nuevas solicitudes extinguió también los derechos de quienes ya eran beneficiarios. D) Estas pensiones están suprimidas para nuevos reconocimientos, sin perjuicio del mantenimiento de derechos anteriores. Una residente efectiva y empadronada en una comunidad autónoma solicita la asignación por hijo a cargo. Debe acreditarse el grado de discapacidad del hijo. ¿Cómo se distribuyen las competencias ordinarias?. A) El INSS reconoce tanto el grado de discapacidad como la asignación, mediante un único expediente técnico. B) El órgano autonómico competente reconoce el grado y el INSS gestiona la asignación familiar. C) El IMSERSO reconoce el grado en todo el Estado y el órgano autonómico gestiona la asignación familiar. D) El equipo multiprofesional concede la asignación y el INSS certifica el porcentaje a efectos económicos. Respecto de la composición de los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad, ¿qué mínimo común establece el Real Decreto 888/2022?. A) Un médico y un psicólogo, pudiendo incorporarse el área social cuando existan barreras ambientales relevantes. B) Un médico, un psicólogo y un trabajador social con idéntica estructura orgánica fijada para todo el Estado. C) Profesionales de las áreas sanitaria y social, con titulación mínima de grado universitario o equivalente. D) Profesionales del área social, con apoyo sanitario externo mediante los informes clínicos aportados por la persona. Tras evaluar a una persona, el equipo multiprofesional emite dictamen propuesta. ¿Qué relación existe entre este documento y la resolución del reconocimiento?. A) El dictamen contiene la propuesta técnica y la Administración competente dicta la resolución expresa basándose en él. B) El dictamen constituye la resolución definitiva y la Administración se limita a expedir una tarjeta acreditativa. C) La resolución se sustituye por el informe social cuando este permite establecer las barreras ambientales. D) El dictamen se comunica al interesado después de que el INSS confirme el porcentaje propuesto por el equipo. Una solicitud de reconocimiento del grado de discapacidad se presenta el 10 de enero y se resuelve favorablemente el 20 de mayo. ¿Qué combinación de plazo máximo, efectos y validez territorial es correcta?. A) Tres meses; efectos desde la valoración presencial; validez limitada a la comunidad que resuelve. B) Seis meses; efectos desde la resolución; validez nacional previa ratificación al cambiar de domicilio. C) Tres meses; efectos desde la solicitud; validez nacional mientras no se modifique el empadronamiento. D) Seis meses; efectos desde la solicitud; validez del reconocimiento en todo el territorio del Estado. Transcurren ocho meses desde la resolución de grado de discapacidad y la persona acredita documentalmente cambios sustanciales que pueden modificarlo. ¿Puede solicitar revisión antes de dos años?. A) Sí, porque esos cambios acreditados constituyen una excepción al plazo general de dos años. B) No, salvo que la resolución inicial hubiera reconocido un grado de discapacidad superior al 65 %. C) Sí, pero sus efectos quedan necesariamente aplazados hasta cumplirse dos años desde la resolución inicial. D) No, porque antes de dos años solo pueden corregirse errores aritméticos sin nueva valoración. El órgano competente acuerda tramitar con urgencia una solicitud de grado por razones humanitarias debidamente motivadas. ¿Qué efecto específico establece el Real Decreto 888/2022?. A) Sustituye el dictamen multiprofesional por un informe social y permite resolver sin aplicar los baremos. B) Reduce a la mitad los plazos establecidos para los trámites del procedimiento de reconocimiento. C) Reconoce provisionalmente un grado del 33 % hasta que finalice la valoración ordinaria. D) Transfiere el expediente al IMSERSO para que resuelva con independencia del domicilio de la persona. Una persona tenía reconocido un 40 % de discapacidad antes de entrar en vigor el Real Decreto 888/2022. Posteriormente se inicia una revisión. ¿Qué regla transitoria es correcta?. A) Debió solicitar un nuevo reconocimiento al entrar en vigor la norma para conservar el porcentaje anterior. B) La revisión posterior debe aplicar el baremo antiguo por haberse reconocido inicialmente con él. C) Conserva el reconocimiento sin nueva valoración obligatoria inicial; la revisión posterior aplica el nuevo real decreto. D) Conserva el porcentaje anterior, pero debe obtener un segundo reconocimiento para que tenga validez estatal. ¿Qué asociación entre instrumento y dimensión evaluada es correcta en el Real Decreto 888/2022?. A) BDGP: desempeño en el entorno; BLA: barreras ambientales; BRP: estructuras corporales; BFCA: capacidad. B) BDGP: estructuras corporales; BLA: desempeño en el entorno; BRP: capacidad; BFCA: barreras ambientales. C) BDGP: barreras ambientales; BLA: capacidad; BRP: desempeño en el entorno; BFCA: funciones corporales. D) BDGP: funciones y estructuras corporales; BLA: capacidad; BRP: desempeño y participación; BFCA: barreras ambientales. Una valoración arroja un grado de discapacidad ajustado del 48 % y una puntuación de ocho puntos en el BFCA. Considerando exclusivamente la adición de barreras ambientales, ¿qué resultado procede?. A) Un 56 %, por suma directa de ambos resultados dentro del límite global de cien puntos. B) Un 49 %, porque la adición no puede cambiar la clase de discapacidad en la que se sitúa el GDA. C) Un 50 %, porque la adición permite acceder al límite inferior de la clase inmediatamente superior. D) Un 48 %, porque las barreras ambientales solo pueden sumarse a partir de un GDA del 50 %. Una persona obtiene un grado final del 30 %. ¿Qué afirmación distingue correctamente la clase de gravedad del umbral general del 33 %?. A) Se encuentra en la clase 2, moderada, aunque el 30 % no alcanza por sí mismo el umbral general del 33%. B) Se encuentra en la clase 1, leve, porque la clase moderada comienza al alcanzarse el 33%. C) Se encuentra en la clase 2 y esa clasificación equivale, por sí sola, al reconocimiento de al menos un 33%. D) Se encuentra en la clase 3, grave, aunque debe obtener tres puntos ambientales para acreditar discapacidad. En una entrevista social aparecen dos datos: falta de transporte accesible en la localidad y estrategias personales de afrontamiento. ¿Cómo deben distinguirse en la evaluación contextual?. A) Ambos deben puntuarse como barreras ambientales, al influir en el funcionamiento de la persona. B) El transporte se incorpora a la deficiencia corporal y el afrontamiento a las limitaciones de movilidad. C) El transporte puede constituir una barrera ambiental; el afrontamiento es un factor personal contextual. D) El afrontamiento se puntúa en el BFCA y el transporte se excluye por depender de políticas públicas. Al recoger información para el cuestionario de desempeño en el procedimiento de valoración de discapacidad, una persona explica cómo realiza actividades en casa con apoyos y en su entorno comunitario habitual. ¿Qué debe reflejar principalmente esta evaluación?. A) La ejecución máxima que alcanzaría en un entorno estandarizado, prescindiendo del contexto cotidiano. B) La gravedad de las alteraciones anatómicas, deducida de la frecuencia de apoyos familiares recibidos. C) La renta disponible y el coste de los servicios, transformados en un porcentaje de participación. D) Las dificultades de desempeño en su contexto real, conforme al período y criterios del instrumento. Una vez evaluadas todas las actividades del BLA, la limitación final en el dominio de movilidad es del 25 %. ¿Qué conclusión procede conforme al artículo 4.3.b del Real Decreto 888/2022?. A) Se determina movilidad reducida y dificultades para utilizar transportes colectivos, sin que ello conceda por sí solo una prestación. B) Se precisa alcanzar el 33 % en ese dominio para determinar dificultades de uso del transporte colectivo. C) Se determina necesidad de tercera persona, por equivaler ese resultado al grado I de dependencia. D) Se concede el subsidio de movilidad, pues ese porcentaje sustituye a sus restantes requisitos. Para acreditar la necesidad del concurso de tercera persona a los efectos previstos en el artículo 4.3.a del Real Decreto 888/2022, ¿qué regla resulta aplicable?. A) Alcanzar un 75 % de discapacidad basta, aunque el baremo de dependencia no determine ningún grado. B) Aplicar el baremo de dependencia y obtener una puntuación que dé lugar a cualquiera de sus grados. C) Obtener al menos un grado II de dependencia, quedando excluido el grado I para estos efectos. D) Alcanzar un 25 % en movilidad y acreditar convivencia con una persona cuidadora no profesional. En el BFCA, sobre un factor ambiental existe información insuficiente para determinar la gravedad de la barrera; otro factor resulta inapropiado para el ciclo o proyecto vital de la persona. ¿Qué calificadores corresponden, respectivamente?. A) 0 y 8: ausencia de barrera y barrera sin especificar. B) 9 y 0: barrera no aplicable y ausencia de barrera. C) 8 y 9: barrera sin especificar y barrera no aplicable. D) 4 y 8: barrera completa y barrera sin especificar. De acuerdo con el Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, ¿qué referencia temporal se utiliza en el baremo de evaluación del desempeño y las restricciones en la participación —BRP-QD—?. A) El desempeño durante el último mes, con posibilidad de ampliar el periodo a seis meses cuando así lo considere el técnico evaluador. B) El desempeño durante los últimos seis meses, con posibilidad de reducir el periodo a un mes cuando lo solicite la persona interesada. C) El desempeño desde la estabilización clínica, tomando un mínimo de seis meses para asegurar la persistencia de las restricciones. D) El desempeño durante el último año, seleccionando el mes de mayor limitación como referencia para la puntuación. En la concepción de Las Heras y Cortajarena, ¿qué elemento fundamenta el carácter social de una necesidad?. A) Su reconocimiento administrativo como carencia susceptible de atención mediante una prestación pública. B) Su incidencia sobre la sociedad y la necesidad de una respuesta procedente de esta para alcanzar una solución adecuada. C) Su manifestación simultánea en un número significativo de personas que solicitan una misma intervención. D) Su identificación profesional mediante indicadores que acrediten una distribución desigual de los recursos disponibles. En la teoría de las necesidades de Doyal y Gough, ¿qué función desempeñan la salud física y la autonomía personal respecto de la participación social y la persecución de fines propios?. A) Constituyen resultados del reconocimiento social cuya relevancia depende de las expectativas de cada comunidad. B) Actúan como motivaciones individuales cuya intensidad determina el orden en que deben satisfacerse las restantes necesidades. C) Expresan preferencias personales que adquieren carácter básico cuando son compartidas por la mayoría de una sociedad. D) Constituyen condiciones previas universalizables que hacen posible participar socialmente y perseguir objetivos propios. En la objetivación de las necesidades sociales, ¿cómo se relacionan la utilización de características medibles y el establecimiento de prioridades?. A) Las características medibles se valoran mediante criterios normativos, por lo que la priorización conserva un componente valorativo y político. B) Las características medibles permiten obtener una jerarquía técnica, reservándose los juicios de valor para la ejecución de las intervenciones. C) Las características medibles determinan la prioridad cuando existe consenso, haciendo innecesaria la explicitación de los valores empleados. D) Las características medibles fijan la importancia de las necesidades, mientras que los factores organizativos intervienen después de establecer su orden. Conforme al artículo 363.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, ¿qué tratamiento reciben los ingresos laborales al recuperar, cuando proceda, la pensión no contributiva de incapacidad tras la extinción del contrato o el cese de la actividad por cuenta propia?. A) Se computan proporcionalmente al número de meses trabajados, distribuyendo su importe entre los meses restantes del ejercicio. B) Se excluyen los obtenidos después del cese, manteniéndose el cómputo de los percibidos durante la actividad. C) No se computan las rentas de esa actividad percibidas en el ejercicio económico en que se produce la extinción o el cese. D) Se computan con la reducción general del 35 %, aplicándose la exclusión desde el ejercicio económico siguiente. Según el artículo 364.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, cuando conviven varios beneficiarios de PNC con personas no beneficiarias y procede reducir las pensiones por superarse el límite de acumulación de recursos, ¿cómo se distribuye esa reducción, sin perjuicio de la garantía mínima legal?. A) En proporción a la cuantía de pensión reconocida a cada beneficiario antes de practicar la reducción. B) Disminuyendo en igual cuantía cada una de las pensiones para no sobrepasar el límite aplicable. C) En proporción a los ingresos personales computables que aporte cada beneficiario a la unidad económica. D) Aplicándola primero a la pensión de mayor importe hasta igualarla con la de menor cuantía. Conforme al artículo 57 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿qué tratamiento corresponde a los periodos de excedencia, reducción de jornada y permisos destinados a proteger la maternidad y facilitar la conciliación en los concursos para la provisión de puestos de trabajo?. A) Se computan para determinar la antigüedad exigida para participar, pero su valoración como mérito depende de las bases de cada convocatoria. B) Se computan a efectos del trabajo desarrollado y de los correspondientes méritos en la valoración del concurso. C) Se computan como mérito relativo a la conciliación, mediante una puntuación diferenciada de la correspondiente al trabajo desarrollado. D) Se computan a efectos del trabajo desarrollado cuando durante esos periodos se haya mantenido la prestación efectiva de servicios. Según el artículo 73 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿cómo se configura el alcance de las acciones de responsabilidad social de las empresas en materia de igualdad?. A) Como actuaciones voluntarias cuyo ámbito se circunscribe a las relaciones laborales de la empresa con su plantilla. B) Como actuaciones obligatorias de proyección social que completan las medidas incluidas en los planes de igualdad. C) Como actuaciones voluntarias orientadas al entorno social, quedando las medidas internas reservadas al plan de igualdad. D) Como actuaciones voluntarias dirigidas a promover la igualdad en el seno de la empresa o en su entorno social. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, ¿qué requisitos debe reunir la inducción a discriminar para ser considerada discriminatoria?. A) Debe ser concreta, directa y eficaz para hacer surgir en otra persona una actuación discriminatoria. B) Debe ser expresa, pública y reiterada para generar un contexto favorable a la actuación discriminatoria. C) Debe ser concreta, jerárquica y vinculante para imponer a otra persona una actuación discriminatoria. D) Debe ser directa, persistente y difundida para favorecer la aceptación social de la actuación discriminatoria. Conforme al artículo 52 de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, ¿en qué ámbitos deben establecerse prioritariamente las medidas de acción positiva de la Estrategia estatal para la inclusión social de las personas trans?. A) En los ámbitos laboral, educativo, cultural y de participación política. B) En los ámbitos sanitario, deportivo, residencial y de acceso a la justicia. C) En los ámbitos laboral, educativo, sanitario y de vivienda. D) En los ámbitos educativo, económico, de protección social y de seguridad ciudadana. Según el artículo 16 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ¿qué función corresponde a la Comisión contra la Violencia de Género constituida en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud?. A) Aprobar con carácter vinculante los protocolos sanitarios autonómicos y supervisar su ejecución mediante instrucciones a los servicios de salud. B) Prestar apoyo técnico y orientar la planificación de las medidas sanitarias, además de evaluar y proponer las necesarias para aplicar el protocolo sanitario. C) Coordinar la asistencia social integral de las víctimas y determinar los recursos sanitarios que deben incorporarse a los programas individuales de atención. D) Elaborar las directrices de política criminal que deben aplicar los profesionales sanitarios en la detección y comunicación de situaciones de violencia. Conforme al artículo 20.1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ¿cómo se articula la unidad de dirección letrada en la defensa de las víctimas?. A) Se establece para los procesos penales derivados de la violencia, mientras que los restantes procedimientos requieren una dirección letrada independiente. B) Se extiende a los procedimientos con causa directa en la violencia, quedando los de causa indirecta sujetos a una nueva designación profesional. C) Se configura como una posibilidad condicionada a que todos los procedimientos se tramiten ante órganos del mismo orden jurisdiccional. D) Debe mantenerse en los procesos y procedimientos administrativos relacionados directa o indirectamente con la violencia, siempre que garantice debidamente el derecho de defensa. En el IV Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado y en los Organismos Públicos vinculados o dependientes de ella, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de octubre de 2025, ¿qué orientación define el eje «Medidas instrumentales para la transformación organizacional»?. A) La adquisición de competencias individuales mediante programas de sensibilización y formación especializada en igualdad. B) La corrección de las desigualdades profesionales mediante actuaciones centradas en la carrera administrativa y las condiciones retributivas. C) La producción periódica de información homogénea para conocer la situación de la igualdad y evaluar su evolución. D) La incorporación estructural de la perspectiva de género a la cultura y al funcionamiento administrativo, incluida la normativa, la planificación y la contratación. Conforme al artículo 6 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, ¿qué efecto produce la integración de centros y servicios en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia?. A) Conserva su titularidad, pero transfiere su administración a la comunidad autónoma que reconoce las prestaciones. B) Mantiene su gestión, pero modifica su dependencia orgánica para integrarlos en la estructura administrativa del Sistema. C) Los incorpora a una red de utilización pública sin alterar el régimen jurídico de su titularidad, administración, gestión y dependencia orgánica. D) Los incorpora a una red de titularidad compartida, conservando las entidades de origen sus funciones de gestión ordinaria. Según el artículo 9.1 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, ¿cómo se determina el nivel mínimo de protección garantizado?. A) Por el Gobierno, oído el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. B) Por acuerdo del Consejo Territorial, que adquiere eficacia mediante su incorporación a los convenios con las comunidades autónomas. C) Por las comunidades autónomas, dentro de los límites comunes aprobados anualmente por el Consejo Territorial. D) Por el Gobierno, previa propuesta vinculante de las comunidades autónomas formulada en el Consejo Territorial. Conforme al artículo 16.3 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, ¿qué exigencia se establece para los centros y servicios privados no concertados que atiendan a personas en situación de dependencia?. A) La acreditación únicamente resulta exigible cuando atiendan a personas beneficiarias de una prestación económica vinculada al servicio. B) Deben obtener una acreditación estatal cuando sus servicios no se financien mediante un concierto autonómico. C) Deben formalizar un convenio de colaboración con la comunidad autónoma antes de solicitar su acreditación. D) Deben contar con la debida acreditación de la comunidad autónoma correspondiente. Conforme al artículo 29.1 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, ¿a quién corresponde determinar la prestación económica para cuidados en el entorno familiar dentro del Programa Individual de Atención?. A) A la persona beneficiaria, mediante su elección entre las modalidades de intervención adecuadas a su grado. B) A los servicios sociales, mediante una decisión que debe ratificar la persona propuesta como cuidadora. C) A la Administración competente, a propuesta de los servicios sociales. D) Al órgano de valoración, mediante su inclusión en el dictamen de reconocimiento del grado. De acuerdo con el artículo 30 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, ¿qué circunstancia permite revisar el grado reconocido aunque no se haya producido una mejoría o un empeoramiento de la situación de dependencia?. A) La detección de un error de diagnóstico o en la aplicación del baremo correspondiente. B) La modificación de la capacidad económica que altere la participación en el coste del servicio. C) La disponibilidad de un recurso distinto que permita atender las necesidades reconocidas. D) Todas son correctas. Conforme al artículo 44.2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, ¿qué combinación de circunstancias permite calificar como leve una infracción tipificada en el artículo 43?. A) La ausencia de intencionalidad y la inexistencia de perjuicio económico para la Administración. B) La comisión por negligencia grave y la reparación del perjuicio antes de iniciarse el procedimiento. C) La ausencia de reincidencia y la inexistencia de un daño permanente para la persona afectada. D) La comisión por imprudencia o simple negligencia y la ausencia de perjuicio directo para las personas en situación de dependencia. Conforme al artículo 32.3 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, ¿qué relación debe existir entre la aportación anual de cada comunidad autónoma y la financiación estatal del Sistema?. A) La aportación autonómica debe igualar, como mínimo, la financiación estatal del nivel acordado, excluyendo del cálculo el nivel mínimo. B) La aportación autonómica debe igualar, como mínimo, la financiación estatal del nivel mínimo, sin computar los convenios de cooperación. C) La aportación autonómica debe ser, al menos, igual a la aportación estatal correspondiente conjuntamente al nivel mínimo y al nivel acordado. D) La aportación autonómica debe cubrir la diferencia entre el coste de las prestaciones reconocidas y la participación económica de sus beneficiarios. Según el artículo 27.5 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, ¿cómo deben integrarse los elementos personales y contextuales en la valoración de la dependencia?. A) Los informes de salud determinan el grado, mientras que el entorno y las ayudas prescritas se consideran posteriormente al elaborar el programa individual de atención. B) La valoración incorpora los informes de salud y del entorno, considerando también, cuando proceda, las ayudas técnicas, órtesis y prótesis prescritas. C) La valoración incorpora los informes de salud y del entorno, pero determina la capacidad funcional prescindiendo del efecto de las ayudas prescritas. D) Los informes del entorno determinan la necesidad de apoyo, mientras que los informes de salud se utilizan para acreditar la permanencia de la situación. Conforme a los criterios de aplicación del BVD recogidos en el anexo I del Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, ¿cómo deben valorarse las deficiencias derivadas de patologías que cursan por brotes?. A) Tomando como referencia el funcionamiento durante el brote de mayor gravedad documentado en el informe de salud. B) Atendiendo al funcionamiento observado el día de la visita, siempre que coincida con un periodo sin manifestaciones agudas. C) Valorando la situación basal, estimada de acuerdo con la frecuencia, duración y gravedad de los brotes. D) Calculando la media entre la capacidad funcional durante los brotes y la existente en los periodos de remisión. Según el anexo I del Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, al aplicar el BVD, ¿qué criterio permite diferenciar un desempeño negativo por dependencia de otro debido a causas distintas?. A) La existencia de limitaciones permanentes y la necesidad de apoyo personal imprescindible en la mayoría de las ocasiones o siempre que se realiza la tarea. B) La existencia de un diagnóstico acreditado y la recepción habitual de ayuda, aunque esta responda a pautas familiares de sobreprotección. C) La falta de ejecución autónoma de la tarea y la disponibilidad de otra persona que asuma su realización en el entorno habitual. D) La presencia de dificultades funcionales y la conveniencia de apoyo personal para reducir el esfuerzo durante la ejecución de la tarea. Conforme al anexo I del Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, cuando una persona necesita distintos tipos de apoyo para realizar adecuadamente una misma tarea del BVD, ¿cuál debe seleccionarse?. A) El que implique mayor sustitución de la persona, aunque se necesite de forma menos habitual. B) El que exija mayor tiempo de intervención a quien presta la ayuda durante la ejecución de la tarea. C) El que corresponda al problema de funcionamiento considerado principal en el informe de salud. D) El que resulte más frecuente entre los distintos tipos de apoyo necesarios para esa tarea. Según los criterios de aplicación de la EVE recogidos en el anexo II del Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, ¿qué función cumple el diagnóstico de una enfermedad en la valoración de las personas menores de tres años?. A) Determina la puntuación inicial, que posteriormente se corrige mediante la observación de las adquisiciones evolutivas. B) Aporta información sobre la condición de salud, pero no constituye por sí mismo un criterio de valoración. C) Permite asignar el grado cuando acredita una enfermedad crónica, quedando la observación directa para las revisiones posteriores. D) Sustituye la valoración del desarrollo cuando identifica necesidades de apoyo sanitario de carácter prolongado. De acuerdo con el anexo II del Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, ¿qué régimen de revisión corresponde a la valoración realizada mediante la EVE?. A) Tiene carácter no permanente, con revisiones semestrales desde la fecha de reconocimiento y aplicación del BVD al finalizar el tercer año de percepción. B) Tiene carácter permanente si la condición de salud es irreversible, manteniéndose la EVE hasta que se produzca una modificación funcional. C) Tiene carácter no permanente, con revisiones de oficio a los 6, 12, 18, 24 y 30 meses de edad y nueva evaluación mediante el BVD a los 36 meses. D) Tiene carácter no permanente, con revisiones a los 12, 24 y 36 meses de edad y aplicación del BVD cuando se solicite una prestación diferente. Conforme al artículo 21 de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, ¿qué régimen de acreditación se aplica a la circunstancia de no estar unido a otra persona por vínculo matrimonial o como pareja de hecho?. A) Se acredita mediante declaración responsable, cuya presentación excluye la exigencia posterior de documentación complementaria. B) Se acredita mediante declaración jurada o afirmación solemne incorporada a la solicitud, sin perjuicio de que la entidad gestora requiera acreditación adicional ante una duda fundada. C) Se acredita necesariamente mediante certificaciones negativas del Registro Civil y del registro de parejas de hecho correspondiente al domicilio. D) Se acredita mediante declaración jurada, que debe ser ratificada ante la entidad gestora antes de resolver cualquier solicitud. Según el artículo 6.2 de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, ¿cómo afecta a la unidad de convivencia la separación transitoria de uno de sus integrantes por estudios, trabajo, tratamiento médico, rehabilitación u otras causas similares?. A) Mantiene la convivencia siempre que exista dependencia económica respecto de la unidad, aunque deje de cumplirse el requisito de residencia en España. B) Mantiene la convivencia únicamente cuando la ausencia no supera noventa días naturales dentro de cada año. C) Suspende la pertenencia a la unidad durante la separación, recuperándose esta condición al restablecerse la convivencia efectiva. D) No rompe la convivencia, siendo requisito para conservar la condición de integrante la residencia efectiva, legal y continuada en España. De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, cuando el abandono del domicilio por desahucio permite reconocer una unidad de convivencia independiente pese a convivir con personas vinculadas por parentesco, ¿qué límite temporal se establece para esa consideración?. A) Los tres años siguientes a la fecha en que se hubieran producido los hechos que fundamentan la situación especial. B) Los tres años siguientes a la resolución que reconozca el derecho a la prestación. C) Los dos años siguientes a la incorporación al domicilio de los familiares con quienes se convive. D) El tiempo durante el que persista la vulnerabilidad económica, sin límite temporal específico. Conforme al artículo 8.3 de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, ¿qué circunstancia permite considerar como domicilio una determinada zona de una vivienda utilizada por una persona sola o por una unidad de convivencia?. A) La distribución estable de los espacios entre sus residentes, acreditada mediante una declaración conjunta de las personas empadronadas. B) La existencia de presupuestos separados para atender los gastos ordinarios, acreditada mediante justificantes bancarios. C) La acreditación mediante título jurídico del uso exclusivo de esa zona por la persona o unidad de convivencia. D) La inscripción de sus ocupantes en hojas padronales diferenciadas, aunque compartan indistintamente todas las dependencias. Según el artículo 13.4 de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, cuando unos mismos hijos forman parte de distintas unidades familiares en un supuesto de custodia compartida establecida judicialmente, ¿qué criterio determina su adscripción a efectos de calcular la cuantía de la prestación?. A) Su incorporación proporcional a ambas unidades, atendiendo al tiempo de convivencia fijado judicialmente. B) Su consideración como integrantes de la unidad en la que se encuentren domiciliados. C) Su incorporación a la unidad con menores ingresos computables, con independencia del domicilio. D) Su consideración como integrantes de la unidad que haya solicitado primero la prestación, mientras subsista la custodia compartida. Según el artículo 205.1.b) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, cuando se accede a la jubilación contributiva desde una situación de alta o asimilada al alta sin obligación de cotizar, ¿cómo se determina el período de referencia para acreditar la carencia específica de dos años?. A) Se toman los quince años inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud. B) Se toman los quince años inmediatamente anteriores al cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación. C) Se toman los quince años inmediatamente anteriores a la fecha en que cesó la obligación de cotizar. D) Se toman los quince años inmediatamente anteriores a la resolución de reconocimiento de la pensión. Conforme al artículo 42.1.e) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, ¿cómo se delimita el ámbito material de las prestaciones de servicios sociales incluidas en la acción protectora?. A) Comprende la formación y rehabilitación de personas con discapacidad y la asistencia a personas mayores, pudiendo extenderse a otras materias en que se considere conveniente. B) Comprende la formación y rehabilitación de personas con discapacidad y la asistencia a personas mayores, condicionadas al reconocimiento previo de una pensión contributiva. C) Comprende la rehabilitación profesional y la asistencia a personas mayores, quedando las restantes actuaciones sociales fuera de la acción protectora. D) Comprende la atención a personas con discapacidad y mayores, siempre que las actuaciones tengan una finalidad sanitaria y sean dispensadas por los servicios de salud. De acuerdo con el artículo 48.4 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 9/2025, de 29 de julio, ¿qué régimen corresponde a las dos semanas de suspensión por nacimiento y cuidado de menor que pueden disfrutarse hasta que el hijo o la hija cumpla ocho años?. A) Constituyen un período adicional a las diecinueve semanas y deben disfrutarse de forma ininterrumpida. B) Forman parte de las diecinueve semanas y deben disfrutarse en un único período al finalizar las once semanas de distribución voluntaria. C) Forman parte de las diecinueve semanas y pueden distribuirse en períodos semanales acumulados o interrumpidos; en monoparentalidad son cuatro semanas. D) Constituyen un período adicional a las diecinueve semanas y pueden distribuirse por días completos; en monoparentalidad son cuatro semanas. Según el artículo 185 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, ¿cómo se determina la cuantía del subsidio por ejercicio corresponsable del cuidado del lactante?. A) Aplicando el 100 % de la base reguladora de incapacidad temporal por contingencias profesionales, proporcionalmente a la reducción de jornada. B) Aplicando el 100 % de la base reguladora de incapacidad temporal por contingencias comunes, proporcionalmente a la reducción de jornada. C) Aplicando el 100 % de la base reguladora de incapacidad temporal por contingencias comunes, sin ajuste por la reducción de jornada. D) Aplicando el 75 % de la base reguladora de incapacidad temporal por contingencias comunes, proporcionalmente a la reducción de jornada. Conforme al artículo 220.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, cuando el acceso a la pensión de viudedad de una persona separada judicialmente o divorciada está condicionado a ser acreedora de una pensión compensatoria que se extingue por el fallecimiento del causante, ¿qué sucede si la cuantía de viudedad calculada supera la de la pensión compensatoria?. A) Se reconoce la cuantía íntegra de viudedad, porque la pensión compensatoria opera únicamente como requisito de acceso. B) Se reconoce la cuantía íntegra de viudedad durante dos años y posteriormente se ajusta al importe de la pensión compensatoria. C) Se reduce la base reguladora en el importe de la pensión compensatoria antes de aplicar el porcentaje de viudedad. D) Se reduce la cuantía de la pensión de viudedad hasta alcanzar el importe de la pensión compensatoria. En la evolución histórica de la Seguridad Social española, ¿en qué fecha comenzó la vigencia del nuevo sistema configurado a partir de la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963 y desarrollado por el texto articulado de 1966?. A) El 1 de enero de 1964. B) El 1 de enero de 1966. C) El 1 de enero de 1967. D) El 1 de enero de 1974. Según el artículo 157 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, ¿qué trámite debe comprender necesariamente el procedimiento para incorporar nuevas enfermedades al cuadro de enfermedades profesionales?. A) Un informe vinculante del Instituto Nacional de la Seguridad Social. B) Una propuesta conjunta de las mutuas colaboradoras que protejan la actividad afectada. C) Una autorización de la autoridad sanitaria autonómica del territorio donde se haya detectado la enfermedad. D) Un informe preceptivo del ministerio competente en materia de sanidad. Conforme al artículo 174.5 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, si la prestación de incapacidad permanente reconocida supera la cuantía percibida durante la prolongación de efectos económicos de la incapacidad temporal, ¿desde cuándo produce efectos aquella?. A) Desde el día siguiente al de la extinción de la incapacidad temporal. B) Desde la fecha de emisión del dictamen-propuesta del equipo de evaluación de incapacidades. C) Desde la fecha de la resolución que reconoce la incapacidad permanente, sin retroacción. D) Desde el día siguiente al de la notificación de la resolución de reconocimiento. De acuerdo con el artículo 195.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, ¿cuál es el período mínimo de cotización exigido, con carácter general, para acceder a una incapacidad permanente parcial derivada de enfermedad común?. A) Mil ochocientos días dentro de los diez años anteriores al inicio de la incapacidad temporal. B) Mil ochocientos días dentro de los cinco años anteriores a la declaración de incapacidad permanente. C) Mil ochocientos días dentro de los diez años anteriores a la extinción de la incapacidad temporal de la que derive. D) Mil ochocientos días durante la vida laboral, de los cuales una quinta parte debe situarse en los diez años anteriores al hecho causante. Según el artículo 198.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, ¿qué criterio determina la compatibilidad de la pensión de incapacidad permanente total con el salario de un trabajo posterior?. A) Que el trabajo se desarrolle en una empresa distinta de aquella en la que se produjo la incapacidad. B) Que las funciones desempeñadas no coincidan con las que dieron lugar a la incapacidad permanente total. C) Que la jornada del nuevo trabajo sea inferior a la mitad de la realizada antes del reconocimiento. D) Que el salario del nuevo trabajo no supere el importe mensual de la pensión reconocida. Conforme al artículo 198.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, ¿qué sucede con el complemento de gran incapacidad destinado a remunerar a la persona que atiende al beneficiario cuando este realiza un trabajo incompatible con la pensión?. A) Se suspende conjuntamente con la pensión y se recupera cuando finaliza la actividad laboral. B) Se reduce en proporción a la jornada laboral, conservándose únicamente la parte correspondiente al tiempo no trabajado. C) Se mantiene si los ingresos laborales no superan el salario mínimo interprofesional. D) No se suspende por la realización de ese trabajo, aunque se suspenda el pago de la pensión. De acuerdo con el artículo 200.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, ¿qué régimen temporal se aplica a las revisiones de incapacidad permanente fundadas en error de diagnóstico?. A) Pueden realizarse en cualquier momento antes de alcanzar la edad mínima de jubilación a la que remite el precepto, sin esperar al plazo de revisión señalado. B) Deben respetar el plazo fijado en la resolución, salvo que exista acuerdo entre la entidad gestora y la persona beneficiaria. C) Pueden realizarse durante los dos años siguientes al reconocimiento inicial, transcurridos los cuales el diagnóstico adquiere carácter definitivo. D) Pueden realizarse sin límite de edad, siempre que el error afecte a la contingencia determinante de la incapacidad. En la organización del Plan Nacional sobre Drogas, ¿qué función corresponde a la Conferencia Sectorial como órgano de cooperación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas?. A) Resolver las solicitudes individuales de acceso a los dispositivos autonómicos de tratamiento y rehabilitación. B) Establecer prioridades y estrategias generales compartidas y favorecer la coordinación de las actuaciones de las administraciones participantes. C) Asumir la dirección técnica de los centros autonómicos de adicciones mediante instrucciones asistenciales de aplicación directa. D) Autorizar los programas preventivos municipales como requisito previo para su incorporación a los planes autonómicos. Conforme a los artículos 2 y 3 del Real Decreto 1113/2015, de 11 de diciembre, ¿qué naturaleza tiene la participación del Consejo Español de Drogodependencias y otras Adicciones en las políticas estatales sobre adicciones?. A) Constituye un mecanismo de inspección de las redes asistenciales, con facultades para corregir sus procedimientos técnicos. B) Constituye un instrumento de gestión conjunta de centros, mediante la incorporación de las entidades sociales a su dirección. C) Constituye un órgano de representación territorial encargado de negociar las transferencias de competencias asistenciales. D) Constituye un cauce de consulta, asesoramiento técnico y participación institucional y social en las actuaciones estatales. En el marco de la Ley 17/2003, de 29 de mayo, reguladora del Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, ¿qué órgano interviene específicamente en la distribución y asignación de los recursos del Fondo?. A) La Mesa de Coordinación de Adjudicaciones. B) La Comisión Interautonómica del Plan Nacional sobre Drogas. C) El Consejo Español de Drogodependencias y otras Adicciones. D) La Conferencia Sectorial del Plan Nacional sobre Drogas. En la Encuesta sobre Alcohol y otras Drogas en España —EDADES—, desarrollada en el sistema de información del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, ¿cuál es la delimitación de su población de referencia?. A) Población de 15 a 64 años residente en España, tanto en hogares como en establecimientos colectivos. B) Población de 18 a 64 años residente en hogares, con independencia de su situación laboral. C) Población de 15 a 64 años residente en hogares, con independencia de que consuma sustancias. D) Población de 15 a 64 años atendida por servicios sanitarios o sociales por problemas relacionados con sustancias. ¿Qué alcance atribuyó el Plan de Acción sobre Adicciones 2021–2024 a la propuesta de consensuar una cartera mínima de servicios en reducción de la demanda?. A) Delimitar las prestaciones de desintoxicación y tratamiento farmacológico que debían ofrecer los dispositivos especializados. B) Comprender programas de prevención, asistencia e incorporación social, incluyendo las adicciones comportamentales. C) Establecer un catálogo de intervenciones asistenciales cuya aplicación sustituyera los programas preventivos autonómicos. D) Unificar los servicios de tratamiento de drogas ilegales, manteniendo fuera de la cartera las actuaciones de incorporación social. De acuerdo con el artículo 18 de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, ¿qué régimen corresponde al traslado permanente de un menor protegido a otra comunidad autónoma cuando su familia permanece en la comunidad de origen y se prevé una reintegración familiar a corto o medio plazo?. A) La comunidad de destino debe asumir la medida, aunque la comunidad de origen conserve la intervención con la familia. B) La medida queda sometida a ratificación por la comunidad de destino, que asume el seguimiento del menor y de su familia. C) Se mantiene la medida adoptada y la entidad pública del lugar de residencia del menor colabora en el seguimiento de su evolución. D) La comunidad de origen mantiene la medida durante tres meses, transcurridos los cuales debe trasladar su titularidad a la de destino. Conforme al artículo 12 de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, ¿cuál es la periodicidad de revisión de los acogimientos permanentes?. A) Cada seis meses durante el primer año y cada doce meses a partir del segundo. B) Cada tres meses durante el primer año y cada seis meses a partir del segundo. C) Cada seis meses durante los dos primeros años y cada doce meses desde el tercero. D) Cada doce meses desde su constitución, con independencia del tiempo transcurrido. Según el artículo 7.1 de la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, ¿qué configuración corresponde a la medida de realización de tareas socioeducativas?. A) Actividades educativas realizadas durante un período de internamiento, como preparación para la incorporación del menor a su entorno. B) Actividades educativas integradas en una medida de libertad vigilada, sujetas al seguimiento de las reglas de conducta impuestas. C) Actividades no retribuidas de interés social o en beneficio de personas en situación de precariedad, condicionadas al consentimiento del menor. D) Actividades específicas de contenido educativo realizadas sin internamiento ni libertad vigilada. De acuerdo con el artículo 12 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 1774/2004, ¿qué tratamiento debe darse a la documentación relativa al menor cuando finaliza su estancia en el centro?. A) El centro conserva los originales y remite a la entidad pública una copia de los documentos relevantes para el seguimiento posterior. B) El centro remite todos los documentos a la entidad pública para integrarlos en el expediente personal, sin conservar copia alguna. C) El centro remite la documentación judicial a la entidad pública y conserva la documentación técnica bajo reserva profesional. D) El centro remite todos los documentos a la entidad pública y conserva una copia hasta que finalice la ejecución de todas las medidas. |




