TEMAS 5. LOPDGDD Y LEY TRANSPARENCIA DE ANDALUCÍA. SAS

Según lo dispuesto por el artículo 13.3 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, a los efectos establecidos en el artículo 12.5 del Reglamento (UE) 2016/679, se podrá considerar repetitivo: A) El ejercicio del derecho de acceso en más de una ocasión durante el plazo de 6 meses, a menos que exista causa legítima para ello. B) El ejercicio del derecho de acceso en más de una ocasión durante el plazo de 9 meses, siempre que exista causa legítima para ello. C) El ejercicio del derecho de acceso en más de una ocasión durante el plazo de 12 meses, a menos que exista causa legítima para ello. D) El ejercicio del derecho de acceso en más de una ocasión durante el plazo de 18 meses, siempre que exista causa legítima para ello.

Según el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y conforme establece el artículo 5.1.d) del Reglamento (UE) 2016/679, los datos: A) Serán inexactos si hubiesen sido obtenidos por el responsable del tratamiento. B) Serán exactos y, si fuere necesario, actualizados. C) Serán para una pluralidad de finalidades requiriendo el consentimiento general para su tratamiento. D) Personales de un menor sólo podrán ser tratados si el menor que consiente es menor de 14 años.

Conforme el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de éste estarán sujetas al deber de confidencialidad al que se refiere el artículo 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679, que se mantendrá: A) Aún cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento. B) Durante los cuatro años siguientes a la intervención en el tratamiento de datos que corresponda. C) Durante los cinco años siguientes a la intervención en el tratamiento de datos que corresponda. D) Sólo si coexiste con el deber de secreto profesional de conformidad.

La protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales es un derecho fundamental protegido mediante: A) Ley Orgánica. B) Ley Ordinaria. C) Reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo. D) Reglamento General de Protección de Datos.

Según el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, para poder considerar que el consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales es inequívoco: A) Se requerirá declaración jurada del interesado donde manifieste su conformidad. B) Se precisa contrato de cesión de datos personales. C) Deberá existir una declaración del interesado o una acción positiva que manifieste su conformidad. D) Bastará con el consentimiento por silencio, casillas ya marcadas o inacción.

La información al interesado sobre el tratamiento de datos carácter personal, ha de ser: A) Voluntaria por parte del encargado del tratamiento. B) Previa al consentimiento. C) Anónima, con respecto al responsable del fichero. D) Solicitada por el interesado.

Según el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, cuál de los siguientes no es un derecho del interesado: A) Derecho de acceso del interesado, de rectificación y supresión. B) Derecho a la limitación del tratamiento. C) Derecho a la portabilidad de datos. D) Todos los anteriores son derechos del interesado según el RGPD UE 2016/679.

De acuerdo con el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, el responsable del tratamiento notificará una violación de la seguridad de los datos personales a la autoridad de control competente, ¿En cuál de los siguientes tiempos?. A) Sin dilación indebida. B) 72 horas para más tardar. C) Puede tardar más de 72 horas, pero indicando los motivos de la dilación. D) Todas las opciones son correctas.

Según el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, el responsable del tratamiento o responsable es: A) La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento. B) La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo al que se comuniquen datos personales, se trate o no de un tercero. C) La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento. D) persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u organismo distinto del interesado, del responsable del tratamiento, del encargado del tratamiento y de las personas autorizadas para tratar los datos personales bajo la autoridad directa del responsable o del encargado.

Conforme a la Ley Orgánica de Protección de datos, son derechos de cualquier persona respecto de sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento: A) Derecho de subrogación. B) Derecho de rectificación. C) Derecho de oposición. D) B) y C) son correctas.

El Reglamento (UE) 2016/679, Europeo de Protección de Datos Personales, ha requerido modificar la legislación española en esta materia, materializada en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. Según estas normativas legales vigentes, se entiende por "dato de carácter personal" a: A) Cualquier información concerniente a personas físicas o jurídicas, identificadas o identificables. B) Cualquier información concerniente a personas físicas o jurídicas, identificadas o identificables, siempre y cuando no afecten a un tercero. C) Cualquier información concerniente a personas físicas, identificadas o identificables. D) Cualquier información en soporte papel concerniente a personas físicas, identificadas o identificables.

El vigente Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) establece, entre los derechos de los ciudadanos, los de acceso, rectificación, cancelación y oposición (conocidos con el acrónimo ARCO) de los datos personales que las empresas u organismos oficiales recogen sobre ellos. En el caso del derecho de acceso, ¿de qué plazo disponen los responsables de los datos para localizar la información, contestar al afectado y preguntarle el medio por el que desea recibir la información?. A) Diez días. B) Tres meses. C) No hay un plazo máximo establecido para ello. D) Un mes.

La legislación vigente sobre protección de datos personales ha ampliado los derechos ciudadanos más allá de los cuatro clásicos conocidos como derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación o supresión, y oposición), incorporando los derechos conocidos por el acrónimo "POL", de manera que ahora se habla de derechos ARCO-POL. Entre estos tres nuevos derechos en la protección de datos personales están los siguientes, EXCEPTO: A) Portabilidad. B) Legitimación. C) Olvido. D) Limitación del tratamiento.

Según la actual Ley Orgánica vigente de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales ¿quién puede acceder a los datos personales de una persona fallecida? (Señale la respuesta INCORRECTA). A) Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho así como sus herederos. B) Las personas o instituciones a las que el fallecido hubiese designado expresamente para ello. C) En los fallecidos menores de edad, sus padres y representantes legales o, en el marco de sus competencias, el Ministerio Fiscal. D) Los profesionales sanitarios que lo atendieron en vida.

Según dispone la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, el tratamiento de datos de salud que estén regulados en las leyes y sus disposiciones de desarrollo relacionadas en el apartado 1 de la Disposición adicional decimoséptima: A) Se encuentran amparados en las letras g), h), i) y j) del artículo 9.2 del Reglamento (UE) 2016/679. B) No será de aplicación cuando el tratamiento es necesario para fines de medicina preventiva o laboral, evaluación de la capacidad laboral del trabajador, diagnóstico médico, prestación de asistencia o tratamiento de tipo sanitario o social, o gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social. C) El tratamiento es necesario con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos. D) Todas las anteriores son ciertas.

De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos personales: A) El consentimiento tácito del interesado es condición legítima para el tratamiento de sus datos personales. B) Las Administraciones Públicas, por su propia naturaleza, no están obligadas a recabar el consentimiento para el tratamiento de datos personales. C) El responsable del tratamiento, cuando el tratamiento de datos personales sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal, no está obligado a recabar el consentimiento del interesado. D) El consentimiento expreso es genérico e independiente de las actividades de tratamiento y de los fines de éstas.

Según la vigente ley de protección de datos personales (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre), ¿quién puede acceder a los datos de las personas fallecidas?. A) Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, así como sus herederos. B) Las personas o instituciones a las que el fallecido hubiese designado expresamente para ello. C) Sus representantes legales, en caso de que las personas fallecidas fuesen menores de edad o personas con discapacidad. D) Todos los anteriores.

La norma jurídica vigente, con rango de Ley Orgánica, que regula la protección de datos personales en España, es: A) La Ley Orgánica 41/2002. B) La Ley Orgánica 15/1999. C) La Ley Orgánica 3/2018. D) La Ley Orgánica 14/2021.

La vigente Ley Orgánica de Protección de Datos Personales incorpora los derechos digitales, traspone en nuestro país normativa europea (Reglamento UE 2016/679), y deroga la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Pero, ¿cuándo se publicó y entró en vigor la nueva Ley?. A) 2016. B) 2017. C) 2018. D) 2019.

Según la Ley Orgánica de Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales, el derecho a la portabilidad viene regulado en el artículo: A) 8. B) 15. C) 17. D) 20.

Según la Ley Orgánica de Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales, el derecho a la limitación del tratamiento viene regulado en el artículo: A) 12. B) 13. C) 15. D) 16.

Según la Ley Orgánica de Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales, el derecho de rectificación viene recogido en el artículo: A) 12. B) 13. C) 14. D) 15.

Según la Ley Orgánica de Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de los datos personales de un menor de edad, únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de: A) 17 años. B) 16 años. C) 15 años. D) 14 años.

Según la Ley Orgánica de Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales, el derecho de oposición viene recogido en el artículo: A) 18. B) 16. C) 14. D) 12.

La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales NO será de aplicación: A) A los tratamientos excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento general de protección de datos por su artículo 2.2, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 3 y 4 de este artículo. B) A los tratamientos de datos de personas fallecidas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3. C) A los tratamientos sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas. D) Todas las respuestas son correctas.

Según la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el derecho de acceso viene regulado en el artículo: A) 8. B) 15. C) 13. D) 20.

Según la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el derecho de supresión viene regulado en el artículo: A) 8. B) 15. C) 17. D) 20.

“El personal implicado en los procesos asistenciales a los pacientes, queda obligado a no revelar datos de su proceso”. Sobre esta afirmación es cierto que: A) La obligación es sólo para los centros sanitarios públicos. B) Es cierta, no puede revelarse ninguna información del proceso asistencial. C) Se puede revelar información necesaria en los casos y con los requisitos previstos expresamente en la legislación vigente. D) La obligación es solo para el personal no sanitario.

Es objeto de la Ley Orgánica 3/2018: A) Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución. B) El derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales. C) Adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, y completar sus disposiciones. D) Todos los anteriores son objeto de la Ley Orgánica 3/2018.

El celador/a, en el ejercicio de su trabajo, puede tener acceso a datos personales de los pacientes y usuarios, como el nombre, número de identificación personal, edad o número de historia clínica. Ello le obligará, según la vigente Ley Orgánica 3/2018: A) A la debida confidencialidad. B) Al secreto profesional. C) A registrarlo todo en una libreta o en un medio digital, para no olvidarlo. D) A pedirle permiso al paciente o usuario para manejar esos datos.

El vigente RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea (Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos) establece unos principios generales relativos al tratamiento de los datos personales, entre los que se encuentran los siguientes, EXCEPTO: A) Principios de licitud, lealtad y transparencia. B) Principio de limitación del plazo de conservación. C) Principio de seguridad digital. D) Principio de minimización de datos.

La Ley 3/2018 (LOPDGDD), establece que los derechos ARCO se deben resolver en el plazo de: A) 30 días. B) 90 días. C) 1 año. D) 2 semanas.

Según el artículo 15.1 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), ¿de quién tendrá el interesado derecho a obtener confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen?. A) Del responsable del tratamiento. B) De la Agencia Estatal de Protección de Datos. C) Del Centro Europeo para la Transparencia Algorítmica. D) Del Servicio de Lista Robinson.

Conforme el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de éste estarán sujetas al deber de confidencialidad al que se refiere el artículo 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679, que se mantendrá: A) Aún cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento. B) Durante los cuatro años siguientes a la intervención en el tratamiento de datos que corresponda. C) Durante los cinco años siguientes a la intervención en el tratamiento de datos que corresponda. D) Sólo si coexiste con el deber de secreto profesional de conformidad.

Según el artículo 5.1 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), entre los principios relativos al tratamiento se encuentra la: A) Normalización de datos. B) Exactitud. C) Limitación del plazo de supresión. D) Integridad y autenticidad.

De acuerdo con el artículo 13.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el derecho de acceso se entenderá otorgado si el responsable del tratamiento facilitara al afectado un sistema de acceso remoto, directo y seguro a los datos personales que garantice el acceso a su totalidad: A) Previa solicitud del afectado, que deberá ser resuelta en el plazo improrrogable de un mes. B) Siempre que el afectado asuma los costes asociados al ejercicio del derecho de acceso. C) Siempre que el afectado sea mayor de 18 años. D) De modo permanente.

¿Cuál de estos derechos NO se encuentra entre los reconocidos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales?. a) Derecho a la limitación del tratamiento. b) Derecho de rectificación. c) Derecho a la portabilidad. d) Derecho de reposición.

Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, ¿pueden los herederos solicitar al responsable o encargado del tratamiento de datos el acceso a los de carácter personal de la persona fallecida?. a) No, porque el tratamiento de los datos personales de personas fallecidas no entran dentro del ámbito de aplicación de la citada Ley Orgánica. b) Únicamente puede accederse a los datos y solicitar la rectificación o supresión, en su caso, si el fallecido fuese una persona discapacitada o menor de edad. c) Solo pueden dirigirse al encargado del tratamiento de los datos para acceder a los datos de carácter patrimonial del causante. d) Sí, salvo que el fallecido lo hubiere prohibido expresamente o así lo establezca una ley.

En lo que respecta a los datos sobre las personas físicas fallecidas a que se refiere el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos de Carácter Personal, señale la opción correcta: a) Los familiares no podrán acceder a los datos personales cuando lo prohíba una norma reglamentaria. b) Los herederos podrán acceder a los datos de carácter patrimonial del causante en todo caso. c) Sólo podrán acceder a los datos personales los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. d) Los herederos sólo podrán ejercitar el derecho de cancelación.

La normativa vigente y de máximo rango legal en el ámbito de la Unión Europea (UE), sobre la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, y a la libre circulación de estos datos, es: A) El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016. B) El Tratado de Lisboa, firmado en 2007. C) La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. D) La Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).

Según el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, "esta ley orgánica no será de aplicación" en tres de los supuestos señalados en las respuestas siguientes. Marque la respuesta INCORRECTA: A) A los tratamientos excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento general de protección de datos por su artículo 2.2, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 3 y 4 de este artículo. B) A los tratamientos de datos de personas fallecidas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3 de esta Ley. C) A los tratamientos sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas. D) A los tratamientos de datos llevados a cabo con ocasión de la tramitación por los órganos judiciales de los procesos de los que sean competentes, así como el realizado dentro de la gestión de la Oficina Judicial.

¿Cuál de los siguientes principios NO es uno de los relativos al tratamiento de datos?. A) Tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado. B) Adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados. C) Exactos y, si fuera necesario, actualizados. D) Digitalizados y gestionados mediante sistemas de información.

Entre los principios recogidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales se encuentran: A) Exactitud de los datos. B) Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos. C) Categorías específicas de datos. D) Las respuestas A) y B) son correctas.

Según la vigente Ley de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (Ley Orgánica 3/2018), la siguiente definición: "Dato que no puede asociarse a una persona identificada o identificable, por haberse destruido el nexo con toda información que identifique al sujeto, o porque dicha asociación exige un esfuerzo no razonable, entendiendo por tal el empleo de una cantidad de tiempo, gastos y trabajo desproporcionados", se refiera a: A) Dato anónimo. B) Dato codificado o reversiblemente disociado. C) Dato anonimizado o irreversiblemente disociado. D) Dato consentido.

Los responsables y encargados del tratamiento de datos, así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de éste, estarán sujetas al deber de: A) Sigilo. B) Custodia. C) Confidencialidad. D) Cuidado.

La confidencialidad y seguridad de la información clínica se encuentra regulada en: (Examen promoción interna Celador Conductor abril 2025). A) Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea. B) Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. C) Reforma del Estatuto de Autonomía. D) Las respuestas A), B) y C) son correctas.

En el artículo 7 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía se reconoce uno de los siguientes derechos: A) A obtener una resolución motivada. B) A oponerse al cumplimiento de algún trámite no preceptivo. C) Al tratamiento de la información publicada. D) A la actuación automatizada de los procedimientos.

El derecho de acceso a la información pública, a tenor de lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía: A) Podrá ser restringido o denegado en los términos previstos en la legislación básica. B) Sólo podrá ser limitado por razones de orden público. C) Podrá ser restringido durante un período de tiempo indeterminado. D) Será total, en todo caso.

El artículo 32 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, en el ámbito de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales, determina que el plazo máximo para dictar y notificar la resolución de una solicitud de acceso a la información pública será de: A) 10 días hábiles desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. B) 15 días hábiles desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. C) 20 días hábiles desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. D) 30 días hábiles desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.

La Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, según dispone su artículo 1, tiene por objeto: A) La regulación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de la transparencia en el derecho de acceso a la información pública. B) La regulación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de la transparencia en el derecho a la protección de datos personales. C) La regulación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de la transparencia en el derecho al trámite de audiencia. D) La regulación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de la transparencia en el derecho de acceso a la presentación electrónica de solicitudes.

Son principios básicos regulados en el artículo 6 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía: A) Principio de transparencia, en cuya virtud las entidades sujetas a lo dispuesto en la presente ley son responsables del cumplimiento de sus prescripciones. B) Principio de no discriminación tecnológica, en cuya virtud la información se facilitará de la forma que resulte más simple e inteligible atendiendo a la naturaleza de la misma y a las necesidades de las personas con circunstancias especiales que les dificulten el ejercicio del derecho. C) Principio de accesibilidad, por el que se proporcionará información con vistas a facilitar la identificación de los datos personales solicitados y búsqueda de la información. D) Principio de reutilización, en cuya virtud se fomentará que la información sea publicada en formatos que permitan su reutilización de acuerdo con la legislación aplicable en materia de reutilización de la información del sector público.

La Administración de la Junta de Andalucía tiene la obligación de publicar, según dispone el artículo 10 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, información relativa a: A) Las indemnizaciones percibidas por los responsables de cada unidad administrativa. B) La identificación de las personas que gozan de dispensa total de asistencia al trabajo. C) Las delegaciones de competencias vigentes. D) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de servicios previos que afecten a los empleados públicos.

¿Dónde se establece que todas las Administraciones Públicas andaluzas habrán de acometer una revisión, simplificación y, en su caso, una consolidación normativa de sus ordenamientos jurídicos?: A) En la vigente Constitución Española de 1978. B) En la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. C) En la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. D) En la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, entre los principios básicos que se tendrán en cuenta en la interpretación y aplicación de esta ley se encuentra el principio de: A) Buena fe administrativa. B) Celeridad. C) Integridad. D) Reutilización.

¿Cuál de las siguientes obligaciones deben cumplir las personas interesadas cuando ejerzan su derecho de acceso a la información pública de acuerdo con lo establecido en el art. 8 de la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía?. A) El derecho de acceso se realizará con respeto a los principios de adecuación y finalidad legitima, sin que dicho acceso pueda afectar a información de terceras personas, sin consentimiento previo de esta. B) Realizar el acceso a la información de manera concreta y ante el órgano que dispone de la misma salvo que lo desconozca, en cuyo caso podrá dirigirlo a la consejería competente en materia de transparencia. C) Realizar el acceso a la información de forma que no se vea afectada la eficacia del funcionamiento de los servicios públicos. D) Cuando el acceso se realice de forma presencial en un archivo o dependencia pública, tendrá que realizarse en el horario previsto para ello al objeto de que no se vea afectada la eficacia del funcionamiento de dicho servicio.

El instrumento a través del que se da publicidad activa a los procedimientos administrativos a los efectos contemplados en el artículo 14 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía es: A) El Catálogo de Procedimientos y Publicidad Activa. B) El Registro de Procedimientos y Servicios. C) Las Cartas de Servicios. D) El Catálogo de Procedimientos y Servicios.

Según los principios básicos establecidos en el artículo 6 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, el principio de transparencia se relaciona con la obligación: A) Que tienen las entidades y demás personas jurídicas de facilitar información completa y autentica para conocimiento público. B) De hacer accesible toda la información pública sin que puede ser retenida salvo para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley. C) De arbitrar los medios necesarios para dar cumplimiento a los derechos establecido en la Ley y especialmente el derecho de acceso a la información. D) De facilitar información cierta y exacta, asegurando que procede de fuentes fiables y que se destina al cumplimiento de fines lícitos.

Estarán sujetas a las disposiciones de La Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, solo en lo que afecta al ejercicio de sus funciones de carácter administrativo: A) Fundaciones del sector público, las Sociedades Mercantiles y las corporaciones de derecho público andaluzas y entidades asimilables. B) La Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo Andaluz y el Parlamento de Andalucía. C) Las Universidades Públicas Andaluzas y sus entidades instrumentales. D) Ninguna de las anteriores es correcta.

Según el artículo 2 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, ¿qué se entiende por publicidad activa?. A) Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. B) La obligación de las personas y entidades a las que hacen referencia los artículos 3 y 5 de hacer pública por propia iniciativa, en los términos previstos en la presente ley, la información pública de relevancia que garantice la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de su actuación pública. C) Posibilidad de acceder a la información pública que obre en poder de las entidades sujetas al ámbito de la presente ley con seguridad sobre su veracidad y sin más requisitos que los establecidos en la misma y en la normativa básica estatal. D) Dirección electrónica disponible a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía, que tiene por objeto poner a disposición de la ciudadanía toda clase de servicios e informaciones relacionadas con la Comunidad Autónoma de Andalucía de manera totalmente gratuita, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora de la información y atención a la ciudadanía y la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos.