Teoria MAD OF 26

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución Española, son valores superiores del ordenamiento jurídico: La libertad, la justicia, la solidaridad y el pluralismo político. La libertad, la igualdad, la solidaridad y el pluralismo político. La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. la libertad, la justicia, la igualdad y la unidad.

Los derechos fundamentales y libertades públicas se regulan en: La Sección segunda, Capítulo II, Título III de la Constitución Española. La Sección primera, Capítulo I, Título IV de la Constitución Española. La Sección segunda, Capítulo II, Título II de la Constitución Española. La Sección primera, Capítulo II, Título I de la Constitución Española.

Según lo dispuesto en el artículo 9 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, aprobado mediante Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero: La Asamblea ejerce la potestad ejecutiva de la Comunidad. La Asamblea ejecuta el presupuesto de la Comunidad. La Asamblea impulsa, orienta y controla la acción del Gobierno. La Asamblea designa a los Vicepresidentes y Consejeros.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, aprobado mediante Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero: La Asamblea funcionará en Pleno y por Secciones. Los Diputados de la Asamblea se constituirán en Grupos Parlamentarios, cuyos portavoces integrarán la Junta de Portavoces. La Asamblea funcionará solo por Comisiones. La Diputados de la Asamblea se constituirán en Grupos Parlamentarios, cuyos portavoces integrarán la Junta Administrativa.

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 38/2023, de 23 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, forma parte de la Administración de la Comunidad de Madrid: La Consejería de Transportes y Medio Ambiente. La Consejería de Digitalización. La Consejería de Empleo. La Consejería de Servicios Sociales.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/1984, de 19 de enero, reguladora de la Administración institucional de la Comunidad de Madrid, los organismos autónomos se crearán por: Ley. Real Decreto. Decreto. Orden.

Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Constitución Española, la delegación legislativa deberá otorgarse mediante: Una ley orgánica cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley de bases cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. Una ley ordinaria cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley orgánica cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. Una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados y una ley orgánica cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. Una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.

Con respecto a la potestad reglamentaria, el artículo 97 de la Constitución Española establece lo siguiente: El Congreso de los Diputados ejerce la potestad reglamentaria. El Presidente ejerce la potestad reglamentaria. El Gobierno ejerce la potestad reglamentaria. El Senado ejerce la potestad reglamentaria.

Según lo establecido en el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes: Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho. Sólo serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, si son dictados por un órgano incompetente. Serán motivados, pero no se exige exponer los fundamentos de derecho. No necesitan ser motivados.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos, salvo que en ellos se disponga otra cosa, desde: El día después de la fecha en que se dicten. La fecha en que se dicten. Que el interesado lo reciba. Que se publiquen.

Según lo establecido en el artículo 71 de la Ley 39/2015, 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el procedimiento sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en los siguientes trámites: Solo en la fase de instrucción. Solo en la fase de finalización. En todos sus trámites. En todos sus trámites, menos en la fase de ordenación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de: Diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto. Quince días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto. Veinte días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto. Cinco días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.

Según lo establecido en el artículo 12 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, conocerá de los recursos de casación en cualquiera de sus modalidades: La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. La Sala de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. El Tribunal Constitucional.

En virtud de lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, el plazo para interponer el recurso contencioso- administrativo, contado desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso, será de: 10 días. 15 días. 2 meses. 6 meses.

Según el artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, tienen derecho al acceso a la información pública: Únicamente los ciudadanos españoles autorizados. Exclusivamente las personas mayores de 21 años. Solo los ciudadanos españoles mayores de 21 años. Todas las personas, en los términos previstos en artículo 105.b) de la Constitución Española.

De acuerdo con el artículo 9 del Decreto 229/2023, de 6 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, la Dirección General que tiene atribuidas las competencias en materia de Atención al Ciudadano y Transparencia es: Dirección General de Coordinación de la Transparencia, dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local. Dirección General de Atención al Ciudadano y Transparencia, dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. Dirección General de Atención al Ciudadano y Transparencia, dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local. Dirección General de Coordinación de la Transparencia, dependiente de la Consejería de Digitalización.

De conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en los contratos del sector público podrán incluirse cualesquiera pactos, cláusulas y condiciones: Siempre que no sean contrarios a la constitución española y a la buena fe. Siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración. Siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a la buena fe. Siempre que no sean contrarios al interés privado y al ordenamiento jurídico.

Según lo indicado en el artículo 37 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, las entidades del Sector Público no podrán contratar verbalmente, salvo: Que lo autorice el Consejo de Ministros. Que el contrato tenga carácter de excepcionalidad. Que el contrato tenga carácter de emergencia. Que se establezca de forma reglamentaria.

Si atendemos a lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos se clasifican en: Funcionarios de carrera; funcionarios de empleo; estatutarios; personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal y personal eventual. Funcionarios de carrera; funcionarios interinos; personal laboral temporal y personal eventual por circunstancias de la producción. Funcionarios de carrera; funcionarios interinos; personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal y personal eventual. Funcionarios de carrera; funcionarios interinos; personal laboral contratado por circunstancias de la producción y personal directivo profesional.

La condición de funcionario de la Comunidad de Madrid se perderá, según lo establecido en el artículo 29 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, por alguna de las causas siguientes: Renuncia escrita del interesado. Pérdida de la nacionalidad española. Imposición de sanción disciplinaria que suponga la separación del servicio, cuando aquélla adquiera firmeza. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Según el artículo 2 apartado 1 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, NO es un principio fundamental del sistema de la Seguridad Social: Universalidad. Subsidiariedad. Unidad. Solidaridad.

De acuerdo al artículo 9 apartado 1 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el sistema de la Seguridad Social está integrado por los siguientes regímenes: Régimen Único y Régimen Complementario. Régimen Contributivo y Régimen Asistencial. Régimen General y regímenes especiales. Régimen General, los Servicios Comunes y las Entidades Gestoras.

Si la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente: Se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior hasta la publicación de los nuevos en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» y su entrada en vigor. Se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior hasta la publicación de los nuevos en el «Boletín Oficial del Estado». Se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos en el Pleno de la Asamblea. Se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos en la Mesa de la Asamblea.

De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Española: El Estado tiene competencia exclusiva en materia de Hacienda general y Deuda del Estado. El Estado solo tiene competencia para dictar la legislación básica en materia de Hacienda general y Deuda del Estado. La Hacienda general será competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas. La Hacienda general será competencia compartida entre Comunidades Autónomas y las Haciendas Locales.

De acuerdo a lo dispuesto en la Constitución Española, el principio de igualdad entre hombres y mujeres está recogido en: El artículo 8. El artículo 7.2. El artículo 14. El artículo 15.

Según el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone: Ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razones de sexo, especialmente las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. Ausencia de represalias laborales. Ausencia de igualdad de oportunidades. Ausencia de Indemnidad frente a represalias.

De acuerdo con el artículo 6 apartado 2 del Decreto 127/2022, de 7 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan aspectos relativos a los servicios electrónicos y a la comisión de redacción, coordinación y seguimiento del portal de internet de la Comunidad de Madrid, la disponibilidad del Registro Electrónico General de la Comunidad de Madrid para cualquier ciudadano es: De lunes a viernes, en horario ininterrumpido. Coincidiendo con el horario de apertura de las oficinas de registro presenciales. Todos los días laborables del año, durante 12 horas. Todos los días del año durante las veinticuatro horas.

Conforme al artículo 43 apartado 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la notificación por medios electrónicos haya sido expresamente elegida por el interesado se entenderá rechazada cuando: Hayan transcurrido 15 días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Hayan transcurrido 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Hayan transcurrido 15 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Hayan transcurrido 10 días hábiles desde disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

Conforme al artículo 31 de la de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a efectos de cómputo de plazos en los registros electrónicos el calendario de días inhábiles que se aplica es: El calendario laboral general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Exclusivamente el calendario del Municipio donde resida el interesado. El determinado por la sede electrónica del registro de cada Administración Pública u Organismo, atendiendo al ámbito territorial en el que ejerza sus competencias y al calendario previsto en el artículo 30.7 del la citada Ley. El calendario administrativo establecido por la Unión Europea.

Conforme al artículo 16 de la de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando los documentos se presenten de manera presencial ante las Administraciones Públicas, la oficina de asistencia en materia de registros debe: Devolver el original al interesado y digitalizarlo para su incorporación al expediente administrativo electrónico. Conservar el original en soporte papel para su custodia permanente. Remitir copia compulsada al Archivo intermedio. Remitir el documento original al Archivo Central para su posterior digitalización. PREGUNTAS DE RESERVA.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Constitución española, son fundamentos del orden político y de la paz social (Señale la respuesta INCORRECTA): La dignidad de la persona. El libre desarrollo de la empresa privada. El respeto a la ley. El respeto a los derechos de los demás.

Según lo establecido en el artículo 47 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, serán nulos de pleno derecho, entre otros: Los actos con defecto de forma. Los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. La realización de actuaciones fuera de plazo. Los actos con defecto de forma y tiempo.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las retribuciones básicas, que se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, estarán integradas única y exclusivamente por: El salario y los trienios. El salario, los trienios y la productividad. El salario y el complemento específico. El salario y el complemento de destino.

Conforme al artículo 19 del Real Decreto 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, las bases de cotización: Tienen un tope máximo fijado cada año por la Ley de Presupuestos Generales del estado y como tope mínimo las cuantías del salario mínimo interprofesional. Tienen un tope inferior equivalente al 15% del salario mínimo interprofesional. No tienen ningún tope inferior ni superior. Tienen un tope superior equivalente al 80% del salario mínimo interprofesional.

El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de: Catorce años. Doce años. Diez años. Tres años.