La terminación y ejecutividad actos administrativos.

De acuerdo con el artículo 98.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿en cuál de los siguientes casos los actos administrativos no serán inmediatamente ejecutivos?. Cuando se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que cabe algún recurso en vía administrativa. Cuando el acto administrativo imponga una obligación pecuniaria a favor de la Administración. Cuando la disposición del acto así lo establezca. Cuando se trate de una resolución firme.

Según el principio de autotutela declarativa, ¿qué implica la presunción de legalidad de los actos administrativos recogida en la Ley 39/2015?. Que los actos administrativos son válidos y producen efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que la ley disponga lo contrario. Que la Administración debe solicitar la autorización judicial para ejecutar sus propios actos. Que todos los actos administrativos tienen que ser aprobados por un tribunal para ser válidos. Que los actos administrativos no pueden ser recurridos ante los tribunales de lo contencioso-administrativo.

En el contexto de la ejecución forzosa de los actos administrativos (artículos 97-105 de la Ley 39/2015), ¿cuál de los siguientes NO es un medio de ejecución forzosa permitido?. Apremio sobre el patrimonio. Multa coercitiva. Compulsión sobre las personas. Ejecución directa sin previo requerimiento.

De acuerdo con el artículo 101 de la Ley 39/2015, el apremio sobre el patrimonio es un medio de ejecución forzosa utilizado habitualmente por la Administración para: Cobrar multas derivadas de procedimientos penales. Exigir el cumplimiento de actos administrativos que no pueden ser realizados por terceros. Cobrar cantidades líquidas adeudadas a la Administración que no han sido abonadas voluntariamente. Impedir que se interpongan recursos administrativos.

¿Qué requisito es necesario, según el artículo 100.3 de la Ley 39/2015, para que la Administración pueda proceder a la ejecución forzosa que implique la entrada en un domicilio privado?. La simple notificación al administrado. La obtención del consentimiento del interesado o la oportuna autorización judicial. La aprobación de una disposición legal específica. La existencia de un acto administrativo firme e inapelable.

¿Cuál es la diferencia fundamental entre la autotutela declarativa y la autotutela ejecutiva en el marco de la Ley 39/2015?. La autotutela declarativa se refiere a la presunción de legalidad de los actos administrativos, mientras que la autotutela ejecutiva permite la imposición coactiva de los mismos. La autotutela declarativa requiere siempre intervención judicial, mientras que la autotutela ejecutiva no. La autotutela declarativa está limitada a actos administrativos en materia sancionadora, mientras que la autotutela ejecutiva no. La autotutela declarativa implica la anulación de los actos administrativos si no son ejecutados, mientras que la autotutela ejecutiva no.

Según el artículo 98 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de los siguientes supuestos NO suspende la ejecutividad de un acto administrativo?. La interposición de un recurso de reposición en un procedimiento sancionador. La resolución de un recurso contencioso-administrativo. Una disposición que establezca expresamente lo contrario. La necesidad de autorización superior para su ejecución.

Según el artículo 100 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de los siguientes NO es un medio de ejecución forzosa previsto en la normativa?. Apremio sobre el patrimonio. Compulsión sobre las personas. Retención de bienes personales sin notificación previa. Multa coercitiva.

De acuerdo con el artículo 47 de la Ley 39/2015, ¿cuál de las siguientes situaciones NO constituye una causa de nulidad de pleno derecho?. Un acto administrativo que lesiona derechos fundamentales. Un acto dictado por un órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia. Un acto administrativo con un defecto de forma que no afecta a su contenido. Un acto administrativo que tiene un contenido imposible.

Según el artículo 107 de la Ley 39/2015, ¿en qué plazo máximo puede la Administración declarar la lesividad de un acto favorable para los interesados?. En un plazo de dos años desde la fecha del acto administrativo. En un plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento. En un plazo de cuatro años desde la fecha del acto administrativo. En cualquier momento, ya que la lesividad es imprescriptible.

De acuerdo con el artículo 100 de la Ley 39/2015, ¿qué principio debe respetarse siempre en la ejecución forzosa de actos administrativos?. Principio de eficiencia. Principio de proporcionalidad. Principio de efectividad. Principio de legalidad.

Según el artículo 106 de la Ley 39/2015, ¿cuál de los siguientes es un requisito para la declaración de nulidad de un acto administrativo por parte de la Administración?. Plazo de prescripción de seis meses desde la fecha del acto. Dictamen favorable del Consejo de Estado o del órgano consultivo equivalente. Obligación de indemnizar automáticamente a los interesados afectados. Suspensión automática de la ejecución del acto durante el procedimiento.

(Artículo 84, Ley 39/2015) ¿Cuál de los siguientes supuestos NO pondría fin a un procedimiento administrativo según el artículo 84 de la Ley 39/2015?. La resolución definitiva que decida sobre todas las cuestiones planteadas. El desistimiento del interesado antes de que se dicte la resolución definitiva. La imposibilidad material de continuar el procedimiento por causas sobrevenidas. La suspensión del procedimiento por falta de actividad del interesado durante tres meses.

(Artículo 85, Ley 39/2015) En un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, ¿qué sucede según el artículo 85 de la Ley 39/2015?. Se archiva el procedimiento sin imposición de sanción, pues se reconoce la responsabilidad. Se puede resolver el procedimiento con la imposición de la sanción correspondiente. El procedimiento continúa hasta la resolución final, ignorando el reconocimiento de responsabilidad. La sanción impuesta es siempre menor del 20% del importe propuesto inicialmente.

(Artículo 86, Ley 39/2015) Según el artículo 86 de la Ley 39/2015, la terminación convencional de un procedimiento administrativo requiere que los acuerdos: Sean aprobados por el Consejo de Ministros en cualquier caso, independientemente de la materia. Modifiquen las competencias atribuidas a los órganos administrativos para adaptarlas a las necesidades del acuerdo. No versen sobre materias no susceptibles de transacción y respeten el ordenamiento jurídico. Sean siempre vinculantes y finalizadores del procedimiento, sin posibilidad de que se inserten en el procedimiento previo a la resolución.

(Artículo 88, Ley 39/2015) Según el artículo 88 de la Ley 39/2015, en los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución: Puede agravar la situación inicial del interesado si así lo considera la Administración. Debe ser congruente con las peticiones formuladas por el interesado, sin que pueda agravar su situación inicial. No está sujeta a congruencia con las peticiones formuladas y puede resolver cuestiones no planteadas. Debe coincidir exactamente con la propuesta formulada por el órgano instructor, sin posibilidad de modificación.

(Artículo 89, Ley 39/2015) En un procedimiento sancionador, según el artículo 89 de la Ley 39/2015, el órgano instructor puede finalizar el procedimiento sin formular una propuesta de resolución cuando: Los hechos probados no constituyan, de modo manifiesto, infracción administrativa. Exista controversia sobre los hechos y las pruebas presentadas por el interesado sean insuficientes. El órgano instructor considere que la sanción propuesta es desproporcionada. Los hechos sean parcialmente acreditados, pero no se pueda identificar al responsable.

(Artículo 95, Ley 39/2015) Según el artículo 95 de la Ley 39/2015, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la caducidad se produce cuando: Se produce la inactividad de la Administración por un plazo superior a seis meses. Se paraliza el procedimiento por causa imputable al interesado durante tres meses, sin que se haya advertido previamente. El interesado no realiza las actividades necesarias para reanudar la tramitación tras ser advertido de la posible caducidad por la Administración. No se recibe respuesta por parte del interesado en un plazo de diez días desde la notificación de un requerimiento.

(Artículo 84, Ley 39/2015) ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente una causa de terminación del procedimiento por imposibilidad material según la Ley 39/2015?. La imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, siempre que se justifique adecuadamente y se dicte la resolución motivada. La imposibilidad material de continuarlo por falta de recursos de la Administración, sin necesidad de resolución. La imposibilidad de encontrar al interesado después de tres intentos de notificación por la Administración. La imposibilidad material de resolver en el plazo previsto, extendiendo automáticamente el procedimiento.

(Artículo 85, Ley 39/2015) Según la Ley 39/2015, en un procedimiento sancionador donde el presunto infractor realiza el pago voluntario de una sanción pecuniaria antes de la resolución final, ¿qué efectos tiene esto sobre el procedimiento?. El procedimiento se suspende hasta que se verifiquen todos los pagos. El procedimiento se termina salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada y la indemnización por daños y perjuicios. El procedimiento continúa normalmente, y el pago voluntario no afecta la resolución final. El procedimiento se archiva automáticamente, con la imposición de una reducción del 50% de la sanción inicial.

(Artículo 86, Ley 39/2015) ¿Cuál de las siguientes condiciones es necesaria para que un acuerdo de terminación convencional sea válido según el artículo 86 de la Ley 39/2015?. Que el acuerdo sea suscrito únicamente entre órganos administrativos. Que el acuerdo modifique la competencia de los órganos administrativos para ajustarse al contenido del pacto. Que el acuerdo no verse sobre materias no susceptibles de transacción y tenga como objetivo satisfacer el interés público. Que el acuerdo sea secreto y no se publique bajo ninguna circunstancia.

(Artículo 88, Ley 39/2015) En cuanto al contenido de la resolución, según el artículo 88 de la Ley 39/2015, ¿qué aspecto es incorrecto?. La resolución debe decidir todas las cuestiones planteadas por los interesados. En procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la resolución puede agravar la situación inicial si se considera necesario. La resolución debe estar motivada en los casos previstos en el artículo 35 de la Ley 39/2015. La resolución debe incluir información sobre los recursos que procedan contra la misma.

(Artículo 89, Ley 39/2015) En un procedimiento sancionador, ¿cuándo NO es necesario formular una propuesta de resolución según el artículo 89 de la Ley 39/2015?. Cuando la infracción ha prescrito. Cuando los hechos constituyen una infracción administrativa pero no se ha identificado al infractor. Cuando los hechos no resultan acreditados. Cuando no existe responsabilidad administrativa debido a la falta de dolo.

(Artículo 95, Ley 39/2015) Según el artículo 95 de la Ley 39/2015, en un procedimiento iniciado a solicitud del interesado, si la Administración declara la caducidad del procedimiento por inactividad imputable al interesado, ¿qué efecto tiene esto?. La Administración puede continuar el procedimiento de oficio si lo considera necesario. La caducidad implica la prescripción automática de las acciones administrativas y del interesado. La caducidad no produce por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración. La caducidad del procedimiento interrumpe el plazo de prescripción de las acciones del particular.

Según el Artículo 90 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la resolución de procedimientos sancionadores es incorrecta?. La resolución debe incluir la valoración de las pruebas practicadas, especialmente aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión. La resolución puede aceptar hechos distintos a los determinados durante el procedimiento si hay una diferente valoración jurídica. La resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa. Si el órgano competente considera que la infracción o sanción es más grave que la propuesta, debe notificar al inculpado para que aporte alegaciones en un plazo de quince días.

De acuerdo con el Artículo 91 de la Ley 39/2015, en un procedimiento de responsabilidad patrimonial, si transcurren seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa, ¿qué interpretación debe hacerse?. Se entenderá que la resolución es favorable al particular y se reconocerá su derecho a la indemnización. Se entenderá que la resolución es contraria a la indemnización del particular. Se entenderá que el procedimiento se ha caducado y debe ser archivado. La falta de resolución no tiene implicaciones automáticas, debiendo esperar una resolución expresa de la administración.

En virtud del Artículo 92 de la Ley 39/2015, ¿cuál de los siguientes órganos NO tiene competencia para resolver procedimientos de responsabilidad patrimonial en el ámbito de la Administración General del Estado?. El Ministro respectivo. El Consejo de Ministros. El órgano administrativo que haya instruido el procedimiento. Los órganos determinados por una ley específica o en los casos del Artículo 32.3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

Según el Artículo 21 de la Ley 39/2015, ¿en cuál de los siguientes casos NO se requiere que la Administración dicte una resolución expresa?. En un procedimiento iniciado a solicitud del interesado. En un procedimiento de oficio para sancionar una infracción administrativa. En procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación. En procedimientos donde se produce la prescripción del derecho objeto del procedimiento.

En base al Artículo 24 de la Ley 39/2015, ¿cuál de las siguientes situaciones justificaría que el silencio administrativo fuera negativo en un procedimiento iniciado a solicitud del interesado?. Solicitud para la concesión de una licencia de construcción en suelo urbano. Solicitud de una subvención para un proyecto de investigación. Solicitud de acceso a una actividad sujeta a razones imperiosas de interés general. Solicitud para la apertura de un expediente de revisión de oficio.

Según el Artículo 25 de la Ley 39/2015, ¿qué sucede si en un procedimiento iniciado de oficio y destinado a imponer sanciones no se dicta y notifica una resolución expresa dentro del plazo máximo establecido?. La solicitud del interesado se entenderá estimada por silencio positivo. Se considerará que el procedimiento ha caducado y deberá archivarse. La administración puede emitir la resolución en cualquier momento, sin necesidad de cumplir plazos. Se concederán automáticamente los derechos reclamados por el interesado.

De acuerdo con el artículo 94 de la Ley 39/2015, ¿en qué momento puede el interesado presentar el desistimiento en un procedimiento administrativo iniciado a su solicitud?. En cualquier momento del procedimiento, siempre que no se haya dictado una resolución definitiva por la Administración. Solo durante la fase de alegaciones del procedimiento, antes de la resolución definitiva por parte de la Administración. En cualquier momento del procedimiento, incluso después de dictada la resolución definitiva, si no ha sido ejecutada. Solo antes de que la Administración realice un acto de trámite que implique la continuación del procedimiento.

Según el artículo 95 de la Ley 39/2015, ¿cuándo puede la Administración acordar la caducidad de un procedimiento iniciado a solicitud del interesado?. Cuando el interesado no realiza ninguna actuación durante un plazo de tres meses, sin necesidad de advertencia previa. Solo si la Administración advierte al interesado de que la falta de actuación durante tres meses resultará en la caducidad, y este plazo se consume sin respuesta del interesado. En cualquier momento si el procedimiento se paraliza por causa imputable a la Administración. Siempre que el procedimiento se paralice por más de seis meses, independientemente de la causa.

En virtud del artículo 96 de la Ley 39/2015, ¿qué ocurre si, tras la notificación de la tramitación simplificada, alguno de los interesados manifiesta su oposición expresa?. La Administración puede continuar con la tramitación simplificada si lo considera conveniente. La Administración debe seguir la tramitación ordinaria del procedimiento. La tramitación simplificada solo se suspende si todos los interesados manifiestan su oposición expresa. La oposición de un interesado no afecta a la tramitación simplificada y se sigue con la misma.

De acuerdo con la regulación de la renuncia en el artículo 94 de la Ley 39/2015, ¿qué sucede si existen terceros interesados que desean continuar el procedimiento tras la renuncia del interesado principal?. La renuncia se acepta automáticamente, sin posibilidad de continuación del procedimiento por terceros interesados. La renuncia solo afectará al interesado que la haya formulado, y los terceros interesados podrán instar la continuación del procedimiento en un plazo de diez días. La renuncia debe ser rechazada si existen terceros interesados que se oponen. La renuncia afecta a todos los interesados, pero la Administración puede decidir continuar el procedimiento si lo considera de interés general.

Según el artículo 96.6 de la Ley 39/2015, ¿cuál es el plazo máximo para resolver un procedimiento administrativo que se tramite de manera simplificada?. 20 días a contar desde la notificación de la tramitación simplificada al interesado. 30 días a contar desde la notificación de la tramitación simplificada al interesado. 15 días a contar desde el inicio del procedimiento simplificado. 60 días a contar desde la solicitud de tramitación simplificada por parte del interesado.