TESTS EJECUCIÓN DE PENAS

Puede definirse el Derecho Penitenciario como: a) El conjunto de normas jurídicas que disciplinan la ejecución de las penas y de las medidas de seguridad privativas y no privativas de libertad. b) El conjunto de normas jurídicas que disciplinan la ejecución de las penas privativas de libertad, pero no de las medidas de seguridad. c) El conjunto de normas jurídicas que disciplinan la ejecución de las penas y de las medidas de seguridad privativas de libertad. d) Ninguna de las anteriores.

En el régimen actual de suspensión de ejecución de pena contenido en el Código Penal podemos encontrar: a) Un régimen ordinario y uno extraordinario. b) Un régimen ordinario, uno especial para reos no habituales y un régimen extraordinario para condenados drogodependientes. c) Un régimen ordinario y un régimen especial para reos no habituales. d) La suspensión de la ejecución de la pena no se contiene en el Código Penal, sino en la Ley Orgánica General Penitenciaria.

Las condiciones previstas por el art. 80.1 CP para la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad serán (elige la incorrecta): a) Que el condenado haya delinquido por primera vez. b) Que la pena o la suma de las penas impuestas no sea superior a tres años. c) Que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieran originado. d) Que se haya hecho efectivo el decomiso acordado en la sentencia.

Cristina ha sido condenada por el Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia nº 18 de Madrid como autora de dos delitos contra la seguridad vial, más concretamente, de conducción bajo la influencia de sustancias psicotrópicas y negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia, y un delito de lesiones, a un total de 4 años de prisión. Cristina no ha satisfecho la responsabilidad civil. Sin embargo, en el proceso penal quedó acreditado, y así se recoge en Sentencia, que Cristina cometió el delito “a causa de su dependencia a las sustancias” psicotrópicas mencionadas. ¿Podrá acordarse en este caso la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad?. a) Sí, con tal de que se certifique, por centro público o privado homologado, que Cristina se encuentra ya deshabituada o sometida a tratamiento para tal fin en el momento de decidir sobre la suspensión. b) No, dado que Cristina ha sido condenada a penas que exceden de los dos años de prisión. c) Sí, dado que no ha satisfecho la responsabilidad civil derivada de los delitos cometidos. d) Sí, al tratarse de delitos contra la seguridad vial, que no revisten especial gravedad.

Anna ha sido condenada por el Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia nº 7 de Barcelona como autora de dos delitos de homicidio imprudente, imponiéndosele por cada uno de ellos la pena de prisión de 2 años, privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante 4 años, e inhabilitación especial para el derecho del sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Carece de antecedentes penales o condenas previas. Anna ha satisfecho las elevadas responsabilidades civiles causadas. ¿Podrá acordarse en este caso la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad?. a) No, dado que la suma de las penas impuestas exceden de dos años de prisión. b) Sí, dado que, aunque la suma de las penas impuestas excede de dos años de prisión, Anna no es reo habitual, y ha satisfecho la responsabilidad civil. c) No, la suspensión de ejecución de penas no está prevista para delitos cometidos mediante vehículos a motor. d) Sí, dado que el delito es imprudente.

Tal y como está consagrado, el principio de resocialización en el ordenamiento jurídico español asumiría las siguientes formas: a) Primordialmente constituiría el fin que debe perseguir la ejecución, no de toda forma de sanción penal, sino de las penas –y medidas de seguridad– privativas de libertad. b) En la medida en que se trata de un mandato dirigido al legislador, el art. 20 CE también contiene un criterio político criminal dentro de la fase de ejecución que resultaría inoperativo en el momento de formular la amenaza penal, impidiendo al legislador la imposición de penas incompatibles con la finalidad que proclama. c) Autores como García del Blanco no lo consideran un derecho a favor de la sociedad o el Estado. d) La a) y la c) son correctas.

El hecho de que sea el Reglamento Penitenciario -y no la LOGP- el que establece un régimen sancionador de las conductas de los internos: a) Ha sido declarado inconstitucional por parte del Tribunal Constitucional, por entrar en contradicción con el principio de legalidad en materia sancionadora consagrado por el art. 25 CE. b) Ha sido declarado constitucional por parte del Tribunal Supremo. c) El Tribunal Constitucional ha declarado que, en la medida en que la relación entre el establecimiento penitenciario y el interno constituye una relación de especial sujeción, el principio de legalidad no puede regir con la intensidad que rige para el resto de la ciudadanía. d) La b) y la c) son correctas.

En relación a la ejecución de penas privativas de libertad impuestas en sentencias frente a las que se interpone y se admite a trámite un recurso de amparo: A) La suspensión de la ejecución de la pena es la regla general. B) La suspensión de la ejecución de la pena es excepcional. C) La suspensión de la ejecución de la pena se limitará a aquellos casos en los que la ejecución de la resolución judicial que impone la pena cause un perjuicio de tal entidad que «haga perder al amparo su finalidad, además de la irreparabilidad para los derechos fundamentales del condenado que implicaría la ejecución. D) La b) y la c) son correctas.

Como consecuencia de una reyerta en una conocida discoteca de la localidad, Xavi fue condenado por el Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia nº 2 de Eivissa, mediante sentencia firme, a cumplir una pena de prisión de un año y tres meses por un delito de lesiones. La propia sentencia establece la suspensión de la pena de prisión, condicionada a no volver a delinquir durante un tiempo determinado. ¿Cuál será el plazo de suspensión de ejecución de la pena?. a) De 3 a 5 años. b) De 2 a 4 años. c) De 1 a 3 años.. d) De 2 a 5 años.

Los baremos que han sido valorados por el Tribunal Constitucional para concretar la procedibilidad de la suspensión de ejecución de penas privativas de libertad en caso de admisión a trámite de recursos de amparo: a) La gravedad de los hechos imputados, el bien jurídico protegido y su trascendencia social. b) La duración de la pena impuesta. c) El tiempo que reste de cumplimiento de la pena. d) Todos los anteriores.

-En los establecimientos penitenciarios denominados “de preventivos” podrán ingresar: a) Los presos preventivos según mandamiento de prisión preventiva. b) Los detenidos a consecuencia de una orden de detención. c) Los penados en sentencia firme condenados a penas no superiores a seis meses de prisión. d) Todas son correctas.

En los establecimientos penitenciarios denominados “de cumplimiento” podrán ingresar: a) Los presos preventivos según mandamiento de prisión preventiva. b) Los condenados por sentencia firme. c) Los detenidos a consecuencia de una orden de detención. d) Todas son correctas.

Son resoluciones hábiles para producir la privación de libertad de un individuo: a) La orden de detención dictada por la Policía, el Ministerio Fiscal o un Juez. b) El mandamiento de prisión provisional dictado por el Ministerio Fiscal. c) La sentencia no firme. d) Todas son correctas.

Julia ha sido condenada por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Alcobendas como autora de dos delitos leves de hurto, regulados en el artículo 234.2 del Código Penal, a la pena de 3 meses de multa y dos meses de multa respectivamente. Como regla general, y dada la naturaleza de las penas impuestas, para el cumplimiento de estas penas: a) Se seguirá el orden de su respectiva gravedad para su cumplimiento sucesivo. b) Se le impondrán todas las penas correspondientes a las diversas infracciones para su cumplimiento simultáneo. c) Se impondrá la pena prevista para la infracción más grave en su mitad superior. d) Se impondrá una pena a tanto alzado, teniendo en cuenta el perjuicio total causado.

Diego ha sido condenado mediante sentencia firme a más de 130 años como autor de múltiples delitos de elaboración y distribución de pornografía infantil, de los art. 189.1 y 189.2 CP, cometidos sobre más de 30 víctimas menores de edad, sancionándose cada uno de ellos con pena de 7 años de prisión. La pena máxima que podrá cumplir según el art. 76 CP será de: a) Quince años. b) Diez años. c) Treinta años. d) Veinte años.

Así costa acreditado en autos que Javier, con ánimo de lucrarse, envió a Marcos, conocido inversor inmobiliario, un correo electrónico falseado, en el que se hacía pasar por el CEO de un fondo de Real Estate, y le solicitaba realizar una inversión por valor de 250.000 € a una cuenta bancaria de ese fondo, abierta en Sevilla, la cual, realmente, era titularidad de una empresa pantalla. Gracias a esta acción, Javier consiguió que Marcos, engañado, realizase la disposición patrimonial por la cuantía indicada. Una vez abiertas Diligencias Previas, y comprobada por el Juzgado la cuenta de destino, se descubre que el dinero desapareció el mismo día en que llegó, y consigue relacionar a Javier tanto con el correo electrónico como con la empresa pantalla. A la hora de elaborar nuestro escrito de acusación, calificamos tales hechos como constitutivos de un delito de estafa del art. 248 CP en concurso medial con un delito de usurpación de estado civil del art. 401 CP. La penalidad consistirá entonces en: a) Será castigada con la pena señalada para la infracción más grave, que se impondrá en su mitad superior, pudiendo llegar hasta la mitad inferior de la pena superior en grado. b) Se impondrá una pena superior a la que habría correspondido, en el caso concreto, por la infracción más grave, y que no podrá exceder de la suma de las penas concretas que hubieran sido impuestas separadamente por cada uno de los delitos. Dentro de estos límites, el juez o tribunal individualizará la pena conforme a los criterios expresados en el artículo 66. En todo caso, la pena impuesta no podrá exceder del límite de duración previsto en el artículo anterior. c) Se aplicará en su mitad superior la pena prevista para la infracción más grave, sin que pueda exceder de la que represente la suma de las que correspondería aplicar si se penaran separadamente las infracciones. Cuando la pena así computada exceda de este límite, se sancionarán las infracciones por separado. d) Dado que aprovechó idéntica ocasión, solamente se le castigará por uno de los delitos cometidos, si bien habrá de resarcir la responsabilidad civil por todos ellos.

En el concurso real de delitos, para el cumplimiento de las penas impuestas: a) Se impondrán todas las penas correspondientes a las diversas infracciones para su cumplimiento simultáneo, si fuera posible. b) Se impondrá una pena a tanto alzado, atendiendo al perjuicio total causado. c) Se impondrá la pena prevista para la infracción más grave, en su mitad superior. d) Se seguirá el orden de su respectiva gravedad para su cumplimiento sucesivo.

En los casos de delito continuado, si se tratare de infracciones contra el patrimonio …. a) Se impondrá la pena prevista para la infracción más grave, en su mitad superior. b) Se impondrá la pena prevista para la infracción más grave, en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la mitad inferior de la pena superior en grado. c) Se impondrá la pena prevista para la infracción más grave. d) Se impondrá la pena atendiendo al perjuicio total causado.

Martín ha venido ejerciendo como gerente desde el año 2010 hasta el 2018 para una conocida asociación de policías nacionales. Una vez celebradas nuevas elecciones, y sustituida la cúpula de gobierno de la asociación, la nueva Junta Directiva descubre irregularidades en la gestión de Martín, que incluirían múltiples desvíos de fondos sociales para atender gastos de naturaleza personal, razón por la que se pusieron los hechos en conocimiento de la autoridad judicial, quien en el año 2020 dicta sentencia condenando a Martín como autor de un delito continuado de apropiación indebida. En este caso: a) Dado que se trata de un delito continuado, será castigado con la pena señalada para la infracción más grave, que se impondrá en su mitad superior, pudiendo llegar hasta la mitad inferior de la pena superior en grado. b) Dado que se trata de un delito continuado, será castigado con la pena señalada para la infracción más grave, sin que pueda exceder de la que represente la suma de las que correspondería aplicar si se penaran separadamente las distintas apropiaciones. c) Dado que se trata de un delito continuado, se le impondrá una pena superior a la que habría correspondido, en el caso concreto, por la infracción más grave, y que no podrá exceder de la suma de las penas concretas que hubieran sido impuestas separadamente por cada una de las apropiaciones. d) Dado que se trata de un delito continuado, será castigado con la pena señalada para la infracción más grave, que se impondrá en su mitad inferior, pudiendo llegar hasta la mitad superior de la pena inferior en grado.

Para resolver el incidente de acumulación de condenas, que regula el artículo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, será órgano judicial competente: a) El Juez o Tribunal que hubiera dictado la última sentencia. b) El Juez o Tribunal que hubiera dictado la primera sentencia. c) El Juez de Vigilancia Penitenciaria. d) El Juez o Tribunal que conozca de la ejecutoria.

El régimen general de suspensión de ejecución del resto de la pena de prisión y concesión de la libertad condicional del artículo 90.1 del Código Penal, precisa de: a) Que el penado se encuentre clasificado en segundo grado de tratamiento. b) Que se hayan extinguido la ⅓ parte de la pena impuesta. c) Que se haya observado por parte del penado buena conducta. d) Todas las anteriores.

El régimen excepcional que puede acordarse para la suspensión de ejecución del resto de la pena de prisión y la concesión de la libertad condicional del artículo 90.2 del Código Penal, precisa, entre otros requisitos, de: a) Que se hayan extinguido las ¾ partes de la condena. b) Que se haya extinguido ⅓ de la condena. c) Que se hayan extinguido las ⅔ partes de la condena. d) Ninguna de las anteriores.

Eduardo, interno, ha sido sancionado por la administración penitenciaria como responsable de una falta disciplinaria grave. Dicha infracción prescribirá a los: a) Seis meses. b) Tres años. c) Un año. d) Dos años.

Según el Reglamento Penitenciario, el órgano competente para la concesión de salidas de fin de semana es: a) El Juez sentenciador. b) El Juez de Vigilancia Penitenciaria, únicamente. c) La Junta de Tratamiento, únicamente. d) La Junta de Tratamiento, aunque el Centro Directivo puede aprobar salidas de fin de semana en horarios distintos a los establecidos en el Reglamento Penitenciario.

Son causas de concesión de un permiso extraordinario (señala la respuesta incorrecta): a) Alumbramiento de la esposa o persona con la que el recluso se halle ligado por semejante relación de afectividad. b) Cualquier enfermedad de los padres, cónyuge, hijos, hermanos y otras personas íntimamente vinculadas con los internos. c) Importantes y comprobados motivos de análoga naturaleza. d) No hay respuesta incorrecta.

-¿Qué recurso podrá interponerse contra aquella resolución de la Junta de Tratamiento por la que se deniegue un permiso ordinario o se estime una petición por menos días de los pretendidos?. a) Recurso de reforma ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria. b) Recurso de queja ante el Juez sentenciador. c) Recurso de súplica ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria. d) Recurso de queja ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria.

Durante el régimen penitenciario le corresponderá conceder y anotar recompensas a: a) El Equipo Técnico asignado. b) El Juez de Vigilancia Penitenciaria. c) La Junta de Tratamiento. d) La Comisión Disciplinaria.

Las faltas muy graves podrán sancionarse: a) Con aislamiento en celda de seis a catorce días, en todo caso. b) Con aislamiento hasta un máximo de diecisiete fines de semana. c) Con aislamiento en celda de seis a catorce días, si bien únicamente en el caso de que se haya manifestado una evidente agresividad o violencia el interno, o cuando altere reiterada y gravemente la normal convivencia del Centro Penitenciario. d) La b) y la c) son correctas.

A Juan le ha sido denegada la libertad condicional por parte del Juez de la Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal de Instancia. Frente a dicha decisión podrá formular: a) Recurso de reforma, y contra su desestimación, recurso de apelación ante el tribunal sentenciador. b) Exclusivamente recurso de apelación ante el tribunal sentenciador. c) Exclusivamente reforma ante el mismo juez. d) Ninguna de las anteriores.

De cuántos días de permisos ordinarios podrá disfrutar al año un penado que se encuentre clasificado en segundo grado?: a) Hasta un máximo de 24 días, divididos en dos semestres de 12 días cada uno. b) Hasta un máximo de 18 días, divididos en dos semestres de 9 días cada uno. c) Hasta un máximo de 36 días, divididos en dos semestres de 18 días cada uno. d) Hasta un máximo de 48 días, divididos en dos semestres de 24 días cada uno.