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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESETipo test

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Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
19/12/2022

Categoría:
Historia

Número preguntas: 80
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La Constitución española establece, en su art. 18.2, la inviolabilidad del domicilio, y a su vez, las excepciones a la misma. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta? Flagrante delito, autorización judicial motivada y consentimiento del morador. Flagrante delito, autorización judicial, y consentimiento del titular. Flagrante delito, autorización judicial motivada, consentimiento del titular y en caso de catástrofe, calamidad pública o riesgo inminente. Flagrante delito, autorización judicial, consentimiento del titular y en caso de catástrofe, calamidad pública o riesgo inminente. .
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? La inviolabilidad del domicilio implica un derecho de no transgresión. Todo lugar donde se desarrolla la vida más íntima es, sin excepción, domicilio. Se considera domicilio aquel lugar donde se desarrolla la vida más íntima, aún de manera temporal. Los hijos mayores de edad del titular de la vivienda podrán dar consentimiento válido para la entrada en el domicilio. .
¿Cuál de las siguientes no es una de las características del secreto de las comunicaciones? Pretende evitar la interferencia de terceros, por tanto, lo que protege este derecho es exclusivamente la comunicación indirecta. El secreto protege solo el soporte y el mensaje, y no el momento, la duración y la identidad de los comunicantes. No rige entre los propios comunicantes, es decir, que si uno de los oradores da acceso a la conversación a un tercero o graba la conversación no vulnera el secreto de las comunicaciones. Quien intercepta un mensaje sin aprehender o manipular su soporte no vulnera el art. 18.3 CE, independientemente si esta conducta es casual o deliberada, pues se halla al alcance de cualquiera.
El Tribunal Constitucional establece en su sentencia 22/1984 la definición de “domicilio”. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Establece el domicilio como «un espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos o costumbres sociales y ejerce su libertad más íntima» (p.e.: las habitaciones de hotel). Establece el domicilio como «un espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos o costumbres sociales o ejerce su libertad más íntima» (p.e.: los garajes). Establece el domicilio como «un espacio en el cual el individuo vive aun estando sujeto a los usos o costumbres sociales y ejerce su libertad más íntima» (p.e.: habitaciones de hotel). Establece como domicilio “un espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos o costumbres sociales y ejerce su libertad más íntima” (p.e.: trasteros cuando no exista contigüidad directa con la vivienda). .
La regla de exclusión que afecta al secreto de las comunicaciones y a la inviolabilidad del domicilio implica que: a. Deriva del derecho de tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), lo que explica que toda información o prueba obtenida podrá hacerse valer aun si ha sido obtenida de forma ilícita. b. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de estos derechos sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática sea necesaria. c. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de estos derechos sino en tanto en cuanto esta injerencia esté autorizada por el juez competente en la materia, y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria. d. Deriva del derecho de tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), lo que explica que toda información o prueba obtenida solo podrá hacerse valer si ha sido obtenida de forma lícita, pues en caso contrario invalidará su apreciación por parte del juez.
Respecto a los principios rectores de la política social y económica: Se configuran como meras directrices al legislador que dependen de la disponibilidad financiera. Encarnan determinados valores o bienes jurídicos constitucionalmente dignos de protección. Su aplicación depende de las leyes que los desarrollen, y además podrán ser alegados frente a la jurisdicción ordinaria. Todas son correctas.
8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? La vulneración de los derechos fundamentales solo puede ser llevada a cabo por los poderes públicos. La vulneración de derechos fundamentales efectuada por particulares adquiere, en su caso, otra forma de protección, por ejemplo, penal. Las vulneraciones de derechos fundamentales pueden ser llevadas a cabo tanto por particulares como por los poderes públicos, de manera que en cualquier caso cabe un recurso de amparo constitucional. Las proposiciones a y b son correctas.
El principio de igualdad ante la ley trata: De la igualdad de todos los españoles ante los derechos y deberes previstos por el ordenamiento jurídico. De la igualdad de todos los ciudadanos ante los derechos y deberes previstos por el ordenamiento jurídico. De la igualdad de todos los españoles ante los derechos y privilegios previstos por el ordenamiento jurídico. De la igualdad de todos los ciudadanos ante los derechos y privilegios previstos por el ordenamiento jurídico.
Respecto al precepto que proclama el principio de igualdad ante la ley en el ordenamiento jurídico español (art. 14 CE), seleccione la afirmación correcta: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Vinculados todos los poderes públicos. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición, con excepción de una circunstancia personal o social. Vinculados todos los poderes públicos y particulares. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición, con excepción de una circunstancia personal o social. Vinculados todos los poderes públicos. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Vinculados todos los poderes públicos y particulares.
Los titulares del derecho reconocido en el art. 14 CE, sobre la igualdad ante la ley, son los: Entes Públicos. Residentes en España. Españoles. Ciudadanos.
Los posibles criterios de la igualdad de trato son sustancialmente dos: Igualdad numérica e igualdad en el acceso. Igualdad numérica e igualdad proporcional. Igualdad proporcional e igualdad en el acceso. Igualdad proporcional e igualdad en el punto de partida.
Los sujetos activos o titulares del derecho a la libertad y la seguridad son: Todas las personas físicas incluidos los extranjeros, así como las personas jurídicas. Las personas físicas y jurídicas, estando excluidos los extranjeros. Todas las personas físicas incluidos los extranjeros, estando excluidas las personas jurídicas ya que carecen de capacidad deambulatoria. Todas las personas físicas incluidos los extranjeros y las personas jurídicas en los casos que determine la ley.
De acuerdo al art. 17.2 CE, el plazo máximo de la detención preventiva: La constitución no establece un plazo máximo, por lo que éste será determinado dependiendo de las circunstancias del caso. «La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, en el plazo máximo de sesenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial», produciéndose una vulneración al derecho a la libertad y seguridad si no se respetara el plazo máximo. «La detención preventiva podrá durar más del tiempo estrictamente necesario si una vez expirado el plazo no se hubieran conseguido las respuestas necesarias para el esclarecimiento de los hechos». «La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, en el plazo máximo de sesenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial», no produciéndose una vulneración al derecho a la libertad y seguridad si no se respetara el plazo máximo.
Conforme al art. 17 CE, sobre el derecho a la libertad y a la seguridad: La privación de la libertad está sometida a reserva de ley. La privación de libertad sólo será lícita si responde a alguno de los supuestos legalmente previstos. La privación de libertad únicamente se establecerá en los casos y formas previstos por la ley. Todas las respuestas anteriores son correctas.
Respecto de la prisión provisional, ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta? Los supuestos en que cabe dictar prisión provisional, deben estar previstos por la ley y siempre y cuando existan indicios racionales de que el sospechoso del delito puede sustraerse a la acción de la justicia o puede delinquir de nuevo. Los supuestos en que cabe dictar prisión provisional, no están determinados ni por la ley ni por la Constitución. Los supuestos en que cabe dictar prisión provisional, deben estar determinados por la ley. Los supuestos en que cabe dictar prisión provisional, deben estar determinados por la ley, ante la sospecha de que el sospechoso puede sustraerse de la justicia o delinquir de nuevo, siendo suficiente la mínima sospecha sin ser necesario que existan indicios racionales para ello.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto del derecho de asociación es incorrecta? Las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada. Las asociaciones que persiguen fines o utilicen medios tipificados como delitos son ilegales. Se permiten asociaciones secretas siempre que no persigan fines ilícitos. Las asociaciones constituidas al amparo del art. 22 CE deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad.
Señale la afirmación correcta relativa al derecho de asociación: La proclamación del derecho de asociación como derecho fundamental implica, en definitiva, reconocer que el universo jurídico no se agota en el binomio Estado-ciudadanos, ya que estos pueden agruparse y organizarse libremente para perseguir sus propios objetivos, incluso si son contrarios a la ley en algunos casos. La proclamación del derecho de asociación como derecho fundamental implica, en definitiva, reconocer que el universo jurídico se agota en el binomio Estado-ciudadanos, ya que estos pueden agruparse y organizarse libremente para perseguir sus propios objetivos al margen de los poderes públicos. La proclamación del derecho de asociación como derecho fundamental implica, en definitiva, reconocer que el universo jurídico no se agota en el binomio Estado-ciudadanos, ya que estos pueden agruparse y organizarse libremente para perseguir sus propios objetivos al margen de los poderes públicos. La proclamación del derecho de asociación como derecho fundamental implica, en definitiva, reconocer que el universo jurídico no se agota en el binomio Estado-ciudadanos, ya que estos pueden agruparse y organizarse, siempre y cuando el Estado limite su autoorganización.
Señale la respuesta correcta relativa al derecho fundamental de reunión y manifestación: En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad. A su vez, la autoridad tiene que aceptarla, y solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad. No obstante, la autoridad nunca podrá prohibirlas. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones no se dará comunicación previa alguna a la autoridad.
Señale la respuesta correcta respecto a las siguientes afirmaciones relativas a la objeción de conciencia: La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y extranjeros que estén viviendo en territorio español y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y extranjeros que estén viviendo en territorio español por más de 5 años y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, nunca pudiendo imponer una prestación social sustitutoria.
Los extranjeros: Gozarán en España de algunas de las libertades públicas que garantiza el Título I de la Constitución. Gozarán en España de las libertades públicas garantizadas en el Título I de la Constitución, en los términos que establezcan los tratados y la ley. Gozarán en España de las libertades públicas garantizadas en el Título Preliminar de la Constitución. Ninguna de las anteriores respuestas.
El derecho de asilo se reconoce: Sólo a los extranjeros. Sólo a los extranjeros y apátridas. A los extranjeros y apátridas en cualquier caso. A los extranjeros y apátridas en los términos que establezca la ley.
Los españoles tienen derecho: A elegir libremente su residencia, a tenor de lo dispuesto en el art. 19 CE. A elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional, a tenor de lo dispuesto en el art. 19 CE. A circular por territorio extranjero, a tenor de lo dispuesto en el art. 21 CE. A elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional y extranjero, a tenor de lo dispuesto en el art. 19 CE.
El derecho de los españoles a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca, ¿podrá ser limitado? Sí, por cualquier motivo. No, por ningún motivo. No podrá serlo por motivos políticos. No podrá serlo por motivos políticos o ideológicos.
El art. 20.1 CE: Reconoce el derecho a la libertad de expresión e información y diseña el marco jurídico general de los medios de comunicación. Reconoce el derecho a la libertad de expresión e información y manifiesta que solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. Reconoce el derecho a la libertad de expresión e información, siempre que se produzca en el marco de la reunión pacífica y sin armas. Reconoce el derecho a la libertad de expresión e información y que no cabe censura previa ante publicaciones o manifestaciones.
Son titulares del derecho a la libertad de expresión e información: Los ciudadanos españoles, de cualquier género o raza y sin que quepa discriminación alguna por razones de ideología. Los ciudadanos españoles, ya que estamos ante un derecho del que gozan las personas por el mero hecho de serlo. Los ciudadanos españoles y extranjeros, así como las personas jurídicas, ya que estamos ante un derecho del que gozan las personas por el mero hecho de serlo y que resulta de interés tanto para particulares como para empresas. Los ciudadanos españoles y extranjeros, así como las personas jurídicas, porque así se reconoce expresamente en el art. 20 CE.
El juicio sobre la veracidad de los hechos para diferenciar entre información y manifestación (expresión), de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, exige: Comprobar la veracidad inquebrantable de los hechos, es decir, que resulta irrefutable Comprobar que el sujeto actúa con buena fe y diligencia, salvo en los casos en que hechos objetivos y juicios de valor se entremezclan La presunción de la veracidad de todo lo que se manifieste, ya que lo opuesto significaría la transmisión de rumores o sucesos inventados y exigiría a los informadores de un examen detallado sobre lo que informan, lo que impediría la publicación de la mayoría de noticias Comprobar que el sujeto actúa con buena fe y diligencia, más allá de que los hechos sean más o menos certeros. Esto supone valorar la actuación del informante y el esfuerzo de este por alcanzar la verdad.
La doctrina del reportaje neutral del Tribunal Constitucional: Encuentra su base en la jurisprudencia americana del ‘neutral reportaje doctrine’ y sirve como criterio de ponderación para los casos en los que se produce un conflicto entre la defensa del derecho al honor y el derecho a la libertad de información. Requiere la simple veracidad objetiva de la declaración y la identificación de su autor. Encuentra su base en la jurisprudencia americana del ‘neutral reportaje doctrine’ y sirve como criterio de ponderación para los casos en los que se produce un conflicto entre la defensa del derecho al honor y el derecho a la libertad de información. Requiere la simple veracidad objetiva de la declaración y la identificación de su autor, así como que el plazo existente entre la manifestación originaria y la publicación sea menor al plazo estipulado por Ley. Encuentra su base en la jurisprudencia americana del ‘neutral reportaje doctrine’ y sirve como criterio de ponderación para los casos en los que se produce un conflicto entre la defensa del derecho a la libre circulación y el derecho a la libertad de información. Requiere la simple veracidad objetiva de la declaración y la identificación de su autor, así como que el plazo existente entre la manifestación originaria y la publicación sea menor al plazo estipulado por Ley. Encuentra su base en la jurisprudencia americana del ‘neutral reportaje doctrine’ y sirve como criterio de ponderación para los casos en los que se produce un conflicto entre la defensa del derecho a la libertad de empresa y el derecho a la libertad de información. Requiere la simple veracidad objetiva de la declaración y la identificación de su autor.
¿Quiénes, de entre estas opciones, están legitimados a interponer un recurso de amparo? El presidente del Gobierno. El Ministerio Fiscal. 50 senadores. 50 senadores y 50 diputados.
¿Ante qué derechos pueden los ciudadanos solicitar la tutela bajo un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad ante tribunales ordinarios? Artículo 14 y la Sección I del Capítulo II. Capítulo II. Título I. Título I y II.
¿Tiene el Tribunal Constitucional jurisdicción para conocer recursos de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el art. 53.2 CE? No, en todo caso. Sí, en todo caso. Sí, aunque no si el recurso es en materia del art 14 CE. Sí, aunque no si el recurso es en material del Título II.
Contra actuaciones administrativas, los requisitos para su disposición: Ha de interponerse en el plazo de veinte días, siendo necesario haber agotado previamente la vía judicial procedente. Ha de interponerse en el plazo de un año, sin ser necesario haber agotado previamente la vía judicial procedente. Ha de interponerse en el plazo de veinte días, siendo que sea necesario haber agotado previamente la vía judicial procedente. Ha de interponerse en plazo de un mes, avisando al Ministerio Fiscal. .
El derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, garantizado en el art. 18 CE, será protegido civilmente frente a: Todo género de intromisiones ilegítimas. Opiniones manifestadas por diputados o senadores en el ejercicio de sus funciones. Intromisiones bajo autorización expresa del titular del derecho. Todo género de intromisiones legítimas.
El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen es: Inalienable. Todas son correctas. Irrenunciable. Imprescriptible.
En el derecho fundamental a la propia imagen, el consentimiento a la utilización por terceros de la propia imagen es: Solo revocable en algunos casos concretos. Irrevocable Siempre revocable. Solo revocable a través de sentencia judicial.
El derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, garantizado en el art. 18 CE, será protegido ¿…? frente a todo género de intromisiones ilegítimas: Civilmente. Penalmente. Solidariamente. Legalmente.
La visión tradicional del derecho a la propia imagen lo configura como: Un derecho fundamental autónomo. Una manifestación del derecho a la intimidad. Un derecho fundamental autónomo, y considera que el derecho a la intimidad es una manifestación del derecho a la propia imagen. Un derecho no fundamental.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Los principios rectores de la política social y económica gozan de invocabilidad directa conforme al art. 53.3 CE. La Constitución española tiene un carácter normativo indiscutible conforme al art. 9.1 CE. La protección jurisdiccional reforzada está perfectamente delimitada a los artículos contenidos en la Sección 1ª del Capítulo II, del Título I, a tenor del art. 53.2 CE. Todas las respuestas son falsas. .
Son derechos de la personalidad: Únicamente derechos fundamentales. Pueden ser tanto derechos fundamentales como derechos que tradicionalmente son de rango legislativo. Únicamente derechos de rango legislativo. Ninguna de las anteriores es correcta.
¿En qué año se firma el CEDH? 1960 1945 1950 1953.
¿Cuál es una vía de acceso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Petición de opinión consultiva por el Comité de Ministros. Demanda de un Estado parte contra otro. Demanda individual «presentada por cualquier persona física, organización no gubernamental o grupo de particulares que se considere víctima de una violación, por una de las Altas Partes Contratantes, de los derechos reconocidos en el Convenio o sus protocolos». Todas son correctas.
¿Qué dispone el art. 46.1 CEDH? «Las Partes se comprometen a acatar las sentencias definitivas del Tribunal en los litigios en que sean partes». «Las Altas Partes Contratantes se comprometen a acatar las sentencias definitivas del Tribunal en los litigios en que sean partes». «Las Altas Partes Contratantes se comprometen a acatar las sentencias del Tribunal en los litigios en que sean partes». «Las Altas Partes Contratantes se comprometen a acatar las sentencias definitivas del Tribunal en todos los litigios».
¿Hasta qué año no hubo en España ninguna norma tendente a facilitar la plena eficacia de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? 2015 2010 2000 2021.
La jurisprudencia constitucional española… Es muy poco indulgente con las diferenciaciones basadas en los criterios expresamente prohibidos. Es muy poco restrictiva con las diferenciaciones basadas en los criterios expresamente prohibidos. Es muy restrictiva con las diferenciaciones basadas en los criterios expresamente prohibidos. Es muy indulgente con las diferenciaciones basadas en los criterios expresamente prohibidos.
La diferenciación normativa es: Discriminatoria, no solo cuando es arbitraria o irrazonable, sino también cuando se funda en uno de los criterios tácitamente prohibidos: nacimiento, raza, sexo, religión, opinión. Discriminatoria, no solo cuando es irrazonable, sino también cuando se funda en uno de los criterios tácitamente prohibidos por la jurisprudencia: nacimiento, raza, sexo, religión, opinión. Discriminatoria solo cuando es irrazonable: nacimiento, raza, sexo, religión, opinión. Discriminatoria, no solo cuando es arbitraria o irrazonable, sino también cuando se funda en uno de los criterios expresamente prohibidos: nacimiento, raza, sexo, religión, opinión.
La “acción positiva” es: Una expresión de origen europeo que designa todo trato formalmente desigual cuya finalidad es avanzar hacia la igualdad legal. Una expresión de origen europeo que designa todo trato formalmente igualitario cuya finalidad es avanzar hacia la igualdad sustancial. Una expresión de origen norteamericano que designa todo trato formalmente igualitario cuya finalidad es avanzar hacia la igualdad legal. Una expresión de origen norteamericano que designa todo trato formalmente desigual cuya finalidad es avanzar hacia la igualdad sustancial.
Las leyes que apliquen la acción positiva deben carácter: Temporal. Permanente. Disuasorio. Feminista.
¿Qué se entiende por “la delimitación de los derechos fundamentales”? Se entiende por “delimitaciones” aquellas intervenciones tendentes a completar la indeterminación del texto constitucional, fijando hasta dónde llega un derecho. Son las medidas de alcance general o particular, que reducen el ámbito de aplicabilidad de un derecho. Son las medidas de alcance general que reducen el ámbito de aplicabilidad de un derecho. Se entiende por “delimitaciones” aquellas intervenciones tendentes a completar la indeterminación del texto constitucional o de algún precepto legal.
La concepción predominante del contenido de los derechos fundamentales… No traza ninguna distinción neta entre lo incluido y excluido, sino que tiende a ver los derechos fundamentales. Traza distinciones netas entre lo incluido y excluido sin tender a ver los derechos fundamentales. No traza ninguna distinción neta entre lo incluido y excluido, pero no tiende a ver los derechos fundamentales. Traza distinciones netas entre lo incluido sin tender a ver los derechos fundamentales.
¿Qué significa que, ante la indeterminación en los enunciados, convenga tomar como punto de partida que toda situación potencialmente cubierta por el valor constitucionalmente proclamado merezca prima facie? Significa que para dejar fuera del ámbito del derecho, a una situación que está dentro del halo de incertidumbre, es preciso que haya razones que justifiquen dicha exclusión. Significa que para dejar fuera del ámbito del derecho, a una situación que está dentro del halo de incertidumbre, no es preciso que haya razones que justifiquen dicha exclusión. Significa que cualquier situación puede quedar fuera del ámbito del derecho siempre que así lo determine un juez. Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
¿Qué requisitos son necesarios para que sea válido un acto de los poderes públicos que incide en los derechos e intereses de los particulares? Que la intervención sea adecuada, necesaria y proporcionada para alcanzar el fin que se propone. Que la intervención conlleva un sacrificio del derecho o interés sobre el que se produce la intervención pública. Que la intervención sea adecuada y necesaria para alcanzar el fin que se propone. Que la intervención sea adecuada, aunque no tenga por qué ser estrictamente necesaria ni proporcionada para alcanzar el fin que se propone.
En lo referente a la producción artística, ¿puede el sentido de la moralidad y el pudor socialmente predominantes, en especial por lo que se refiere a la sexualidad, erigirse en criterio para prohibir o sancionar obras artísticas? Los sentimientos morales predominantes en un momento y lugar dados no pueden convertirse en canon de lo que es artísticamente lícito. Los sentimientos morales predominantes en un momento y lugar dados, podrían convertirse en canon de lo que es artísticamente lícito si dichos sentimientos representan una mayoría social. Los sentimientos morales predominantes en momento y lugar dados, son los cánones de lo que es artísticamente lícito en lo que se refiere a la obscenidad, pero no a la sensibilidad. Los sentimientos morales predominantes en momento y lugar dados, son los cánones de lo que es artísticamente lícito en lo que se refiere a la obscenidad y a la sensibilidad.
¿Cuál es la finalidad de los tratados internacionales en relación con los derechos humanos? Regular todas las actividades de los miembros de una comunidad o sitio en general. Ejercer la jurisdicción, es decir, resolver litigios con eficacia de cosa juzgada y de cumplir otros actos que las leyes que los organizan les puedan atribuir. La unificación legislativa de las naciones en materia de derechos humanos. Delimitar el núcleo indisponible de esos derechos y, por tanto, imponer barreras al legislador.
El principio de aconfesionalidad del Estado… Defiende la absoluta indiferencia estatal hacia el fenómeno religioso. Supone que el Estado ha de mantener una actitud laicista frente al hecho religioso. Elimina cualquier tipo de confusión entre los fines religiosos y estatales, a tenor del art. 16.3 CE. Significa que, aunque exista una religión oficial, el estado permite la práctica de otras religiones.
¿Cuál es el instrumento normativo a través del que se establecen y regulan relaciones de cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas que no tienen personalidad jurídica propia? El artículo 7 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa exige que la aprobación definitiva de los acuerdos de cooperación y su consiguiente inserción en el ordenamiento español se haga por ley de las Cortes Generales. El artículo 7 de la Ley de Libertad Religiosa exige que la aprobación definitiva de los acuerdos de cooperación y su consiguiente inserción en el ordenamiento español se haga por ley de las Cortes Generales. El artículo 7 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa exige que la aprobación definitiva de los acuerdos de cooperación y su consiguiente inserción en el ordenamiento español se haga por Reglamento. Bastará únicamente que se halle inscrita en el Registro de Entidades Religiosas.
La faceta negativa de la libertad ideológica y religiosa garantiza… Tener ideas y creencias que uno mismo estime más adecuadas, sin sufrir presión o represalia alguna. Manifestar las propias ideas y creencias, comportarse de acuerdo a ellas, hacer proselitismo. Que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencia. Todas las respuestas son correctas.
¿Quién puede ser sujeto activo o titular de la libertad ideológica y religiosa? Todos los seres humanos, cualquiera que sea su nacionalidad Los españoles, grupos y ciertas personas jurídicas (comunidades). Los españoles, grupos, ciertas personas jurídicas (comunidades) y de acuerdo al Tribunal Constitucional, ciertas corporaciones de derecho público (STC 64/1988). Ninguna de las anteriores respuestas.
Seleccione la respuesta correcta sobre la interpretación de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución española: Los tratados internacionales sobre derechos humanos tienen carácter vinculante para la interpretación de los derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos, a tenor del art. 10.2 CE. Los tratados internacionales sobre derechos humanos tienen carácter declarativo y complementario para la interpretación de los derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos, a tenor del art. 10.2 CE. Los jueces y tribunales españoles están obligados a interpretar la aplicación de los derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos primero, a tenor de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y, subsidiariamente, según los tratados internacionales sobre derechos humanos. Ninguna de las anteriores respuestas.
La vulneración de un derecho reconocido solo mediante tratado internacional, sin equivalente en la Constitución española… No determina la inconstitucionalidad de las leyes. No puede ser objeto de recurso de amparo. No puede ser objeto del procedimiento preferente y sumario. Todas las anteriores respuestas son correctas.
El derecho subjetivo proviene de… La dignidad. El iusnaturalismo racionalista. La interpretación del derecho positivo. Todas las respuestas.
¿Cuál de las siguientes frases sobre la concepción formal del constitucionalismo es correcta? Solo son derechos fundamentales aquellos que están declarados en normas constitucionales o, al menos, en normas de rango supralegal. Son derechos fundamentales aquellos declarados en leyes ordinarias. Según la concepción formal, lo más característico es que los derechos fundamentales no vinculan a los poderes públicos. En la concepción formal la ley ordinaria está por encima de la Constitución.
¿En qué parte de la Constitución española está garantizada la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos? En el Título V de la Constitución. En el Capítulo II del Título I de la Constitución, en su sección I. No es un derecho reconocido en nuestra Constitución. En el Capítulo I del Título III de la Constitución.
Los derechos encarnan ciertos valores básicos que constituyen… El fundamento del orden político y paz social. La jurisdicción y las Cortes Generales. Los principios básicos de igualdad social y el funcionamiento del orden político. Las Cortes Generales y la paz social.
¿Cuál de estas afirmaciones es correcta acerca del art. 53.1 CE aplicable a todos los enunciados recogidos en el Título I de la Constitución? Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo. 161, 1, a). Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II del presente Título vinculan a todos los poderes públicos y a todo aquel que posee la ciudadanía española. Las respuestas a y b son correctas.
¿Cuál de estas cuestiones es correcta acerca del art. 53.2 CE aplicable a todos los enunciados recogidos en el Título I de la Constitución? Cualquier ciudadano europeo podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección I del Capítulo II del Título I ante los Tribunales europeos por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección I del Capítulo II del Título I ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección I del Capítulo II del Título I ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de igualdad y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Supremo. Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
¿Es lícito prohibir o limitar la investigación científica? En principio no, ya que la racionalidad científica exige la libertad de investigación con la única excepción de que para ello se empleen medios inmorales para dicha investigación en cuyo caso sí se podrá limitar o incluso prohibir. La posibilidad de prohibir o limitar una investigación en base a los medios empleados, va en contra de la libertad de investigación por lo que no sería posible intervenir una investigación científica en ningún caso. La investigación científica, al ser dependiente de las decisiones políticas y empresariales, siempre podrá ser limitada o prohibida si así se decide. La investigación científica, al ser dependiente de las decisiones únicamente políticas, podrá ser limitada pero nunca prohibida. .
En lo que se refiere a la creación de medios de comunicación, estos deben ser… Libres en virtud de la libertad de expresión e información así como de la libertad de empresa Libres en virtud de la libertad de expresión e información Libres en virtud de la libertad de información y de empresa Libres en virtud de la libertad de información .
En lo referente al derecho de rectificación de los medios de comunicación… Debe hacerse por escrito, en los siete días siguientes a la divulgación de la información limitándose a los hechos reputados inexactos y no debe ser mayor que la noticia originaria. Debe hacerse por escrito, en los siete días siguientes a la divulgación de la información limitándose a los hechos reputados inexactos pudiendo aumentar la extensión de la noticia originaria. Debe hacerse por escrito, en los treinta días siguientes a la divulgación de la información limitándose a los hechos reputados inexactos y pudiendo aumentar la extensión de la noticia originaria. Debe hacerse por escrito, en los treinta días siguientes a la divulgación de la información limitándose a los hechos reputados inexactos y no debe ser mayor que la noticia originaria.
¿Qué dispone el art. 53.3 CE? El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. El reconocimiento, la unión y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. El reconocimiento, la unión y la protección de los derechos fundamentales reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Todas son incorrectas.
En relación con el derecho a la libertad religiosa, ¿qué declara la Constitución española? La reconoce. La garantiza. La reconoce y la garantiza. La reconoce, la garantiza y la protege. .
¿En qué consiste la igualdad en el contenido de la ley? El legislador no puede dar un trato distinto a personas que, según cualquier criterio que resulte legítimo adoptar, se hallen en la misma situación. Los Tribunales pueden dar un trato distinto a personas, que según cualquier criterio que resulte legítimo adoptar, se hallen en la misma situación. Utilización de un lenguaje neutro en la redacción. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. .
¿Qué son los derechos públicos subjetivos? Son los que los españoles tienen contra el tribunal de justicia. Aquellos derechos que los españoles pueden ejercer entre ellos. Aquellos vistos en el convenio europeo de derechos humanos. Aquellos derechos que los particulares ostentan frente al Estado.
¿Cómo se encuentra la pena de muerte? Derogada. Abolida, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Aceptada para delitos de terrorismo. En proceso de derogación.
¿Está prohibida la censura previa? Siempre, salvo en caso de resolución judicial. Siempre. La Constitución Española guarda silencio. De acuerdo al desarrollo legislativo, siempre está prohibida salvo veto del Consejo de Ministros. .
¿Cómo se regulan los derechos fundamentales? Solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades. Mediante la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Mediante normas establecidas en la Constitución española. Por reglamentos independientes.
¿Desde qué idea se pueden limitar determinados derechos? Ofrecen demasiadas garantías al ciudadano. Los derechos reconocidos por la Constitución, en cuanto bienes de relevancia constitucional sólo pueden delimitar al ser limitados desde la idea de salvaguardar otros derechos o bienes de igual relevancia constitucional. Desde la idea de lesionar los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Desde la idea que afectan negativamente a un particular y este puede pedir la modificación de aquellos preceptos que le dañen.
¿Qué función es la que debe desempeñar el legislador en los derechos fundamentales? Al legislador sujeto a la Constitución le corresponde concretar o desarrollar el contenido de los derechos, así como regular las condiciones de su ejercicio. Simplemente debe opinar sobre su uso en casos prácticos. Solo le corresponde determinar su contenido. Solo le corresponde regular las condiciones de su ejercicio.
¿Sobre qué principio se basa la limitación de los derechos fundamentales? Principio interés público. Principio actos propios. Principio de proporcionalidad. Principio de igualdad ante la ley. .
El secuestro de las publicaciones, grabaciones y otros medios de información consagrado en el art. 20.5 CE… Está prohibido en todos los casos, a diferencia de la censura previa, que solo puede ser llevada a cabo en virtud de resolución judicial. Solo puede versar sobre el contenido de la publicación que entre en colisión con otro bien jurídico constitucionalmente relevante, manteniendo pública toda aquella parte que no colisione. Se llevará a cabo únicamente en virtud de resolución judicial, y deberá, en todo caso, respetar el contenido de la publicación que no entre en colisión con otro bien jurídico o prepondere sobre este. Ninguna de las anteriores respuestas.
Seleccione la respuesta correcta: La censura previa está prohibida en todos los casos, mientras que la reserva jurisdiccional del secuestro de publicaciones podrá quedar suspendida en los estados de excepción y sitio. La censura previa y la reserva administrativa del secuestro de publicaciones podrán quedar suspendidas en los estados de excepción y sitio. La censura previa está prohibida en todos los casos, mientras que la reserva jurisdiccional del secuestro de publicaciones podrá quedar suspendida en los estados de alarma, excepción y sitio. Los estados de excepción y sitio podrán suspender la prohibición de censura previa, pero en ningún caso la reserva jurisdiccional del secuestro de publicaciones.
¿Bajo qué criterio, según el art. 96.1 CE. pueden ser las disposiciones de los tratados internacionales derogadas, modificadas o suspendidas? De forma plena, sobre el conjunto del Tratado y con el consentimiento de las Cortes Generales. En la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional. Se exigirá mayoría absoluta del Consejo de la Unión Europea, en una votación final sobre el conjunto del tratado. Se presenta en el Tribunal Constitucional, siendo el objeto de este proceso la protección frente a las vulneraciones de los derechos y libertades reconocidos en los artículos 14 a 29 y 30.2 de la Constitución.
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