Tipo test administrativo 1.2

34. En un procedimiento contencioso-administrativo en el que se recurre una resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón, se celebra la fase de práctica de las pruebas, habiendo propuesto ambas partes pruebas testificales, periciales y de interrogatorio de las partes. ¿En qué orden deberían practicarse estas pruebas?. A) Primero se llevará a cabo el interrogatorio de las partes, en segundo lugar, el de los testigos y, por último, los dictámenes periciales. B) Primero se llevará a cabo el interrogatorio de las partes, en segundo lugar, los dictámenes periciales y, por último, el interrogatorio a los testigos, ya que el orden de práctica de las pruebas es diferente en el orden contencioso-administrativo y en el civil. C) Primero se llevará a cabo el interrogatorio de las partes, en segundo lugar, el de los testigos y, por último, los dictámenes periciales, salvo que el juez decida otro orden. D) Primero se llevará a cabo el interrogatorio de los testigos, en segundo lugar, el de las partes y, por último, los dictámenes periciales.

35. María, estudiante de Derecho, se pregunta, ¿cuál de las siguientes situaciones puede ser constitutiva de un daño antijurídico que genera responsabilidad administrativa?. A) La contaminación acústica provocada por los fuegos artificiales lanzados con motivo de las fiestas patronales del municipio. B) Las pérdidas económicas que sufre una empresa por la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar. C) La muerte de un paciente en un hospital público como consecuencia de una enfermedad desconocida y de la que no existe cura en estos momentos.

36. Se podrán ejecutar provisionalmente las sentencias contra las que se haya interpuesto un recurso de casación cuando se den las siguientes circunstancias: A) Si lo solicita la parte favorecida por la sentencia y la ejecución no conlleva perjuicios de imposible reparación. B) Si lo solicita la parte favorecida por la sentencia y la ejecución no conlleva perjuicios de imposible o difícil reparación. C) Si se presta caución suficiente según el criterio del letrado de la Administración de Justicia. D) Cuando el interesado solicite la ejecución forzosa.

37. En cuanto a las medidas provisionales en los procedimientos sancionadores: A) Se podrá proceder, mediante acuerdo motivado, a la adopción de estas medidas de carácter provisional para que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiere recaer. B) Se podrá proceder, mediante acuerdo motivado, a la adopción de estas medidas de carácter provisional exclusivamente por razones de periculum in mora. C) No proceden en ningún caso. D) Solo podrán llevarse a cabo en determinados procedimientos especiales.

38. Siguiendo con el caso anterior, ¿a qué órgano habría de dirigirse?. A) l TSJ correspondiente al lugar de residencia del recurrente. B) A la AN. C) A la AP Madrid. D) Al TS.

39. José Luis, panadero de la ciudad de Valladolid, se encuentra inmerso en un procedimiento administrativo en relación con las licencias de su panadería. Hace 20 días recibió una notificación en la que el órgano administrativo le comunicaba la imposibilidad de seguir presentando más alegaciones. José Luis se pregunta si puede interponer recurso de alzada contra dicha resolución: A) No, deberá interponer recurso de reposición para obtener la revocación del acto administrativo que se estima contrario a Derecho. B) Siempre que el último acto administrativo o resolución no pusiese fin a la vía administrativa, José Luis podrá interponer recurso de alzada dentro del primer mes, si el acto fuera expreso. C) Deberá interponer recurso de alzada y potestativo de reposición contra el acto administrativo. D) Deberá interponer recurso de alzada para anular el acto administrativo sobre la base del abuso de derecho.

40. La infracción tributaria por imputar incorrectamente o no imputar bases imponibles, rentas o resultados por las entidades sometidas a un régimen de imputación de rentas: A) Se considerará siempre como grave. B) Se considerará siempre como muy grave. C) Se considerará siempre como leve. D) Podrá considerarse tanto grave como leve, dependiendo de las cuantías en cuestión.

41. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ Cantabria ha estimado el recurso contencioso-administrativo presentado contra una disposición de carácter general. La sentencia: A) Declarará que los artículos impugnados no son conforme a Derecho y anulará total o parcialmente la disposición recurrida. B) Anulará los preceptos recurridos y determinará la forma en que han de quedar redactados los preceptos anulados. C) Una vez que sea firme, afectará a los actos administrativos firmes que hayan aplicado los preceptos anulados, aunque no supusieran la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente. D) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

42. Pablo ha presentado un recurso contencioso-administrativo solicitando en la demanda, mediante otrosí, el recibimiento del proceso a prueba. Pablo se pregunta: ¿en qué casos podrá estimar el juez la inadmisibilidad del recibimiento del proceso a prueba?. A) El juez no estimará la práctica de las pruebas si las partes en sus escritos no han expresado de forma ordenada los hechos sobre los cuales haya de versar la prueba. B) El juez no estimará la práctica de las pruebas si no existiese una controversia sobre los hechos. C) El juez no estimará la práctica de la prueba si la prueba fuese ilícita. D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

43. Matías decide recurrir la liquidación de un tributo realizada por la Agencia Estatal de Administración tributaria, por considerar que no es acorde al Ordenamiento jurídico. Ante tal situación: A) Matías está obligado presentar un recurso de reposición previamente a la reclamación económico-administrativa. B) Matías puede presentar un recurso de reposición con carácter previo a la reclamación económico administrativa. En este caso, no podrá promover la reclamación económico-administrativa hasta que el recurso se haya resuelto de forma expresa o hasta que pueda considerarlo desestimado por silencio administrativo. C) Matías debe interponer directamente un recurso contencioso-administrativo contra la liquidación en cuestión. D) Matías únicamente podrá presentar una reclamación económico-administrativa.

44. Javier ha presentado ante el Ayuntamiento de Alcobendas la preceptiva declaración responsable para instalar en un local comercial una librería, declaración a la que se acompaña el plano del local y el proyecto de adecuación del mismo. En el escrito manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa para ejercer esa actividad en el citado local y que dispone de la documentación que así lo acredita, así como que se compromete a mantener el cumplimiento de los requisitos mientras permanezca abierto el local. Sin embargo, con posterioridad, los técnicos municipales constatan que tanto los planos como el proyecto técnico presentado contienen datos inexactos y falsos de carácter esencial. ¿Qué puede hacer el Ayuntamiento de Alcobendas?. A) Incoar un procedimiento sancionador en todo caso. B) El Ayuntamiento podrá ordenar la paralización del ejercicio de la actividad, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que se pudieran exigir a D. Javier. C) Nada, puesto que el Ordenamiento jurídico establece una presunción iuris et de iure de veracidad de la documentación presentada por el interesado. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

45. La posibilidad de ejecutar provisionalmente los pronunciamientos de condena contenidos en una resolución se somete, en general, a una serie de cautelas, entre las que cabe destacar: A) Un juicio de previsibilidad sobre la revisión del ejecutado. B) La prestación de garantía suficiente. C) La cuantía del procedimiento. D) Las respuestas a) y b) son correctaS.

46. Lucas desea incoar un procedimiento de responsabilidad patrimonial contra una Administración de la comunidad autónoma de Andalucía. Lucas ha contratado a un abogado porque desearía que le asesorase sobre la siguiente cuestión: ¿cuáles son los criterios que se habrán de utilizar para calcular la cuantía de la indemnización?. A) La cuantía de la indemnización se calculará exclusivamente con los baremos que aporta la Administración, el valor del mercado y los criterios contenidos en la Ley del Contrato de Seguro. B) La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que se reconozca la indemnización en vía administrativa y se tendrán en cuenta los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley General Presupuestaria. C) La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que se inició el procedimiento administrativo y se tendrán en cuenta los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley General Presupuestaria. D) La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al índice de garantía de la competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada.

47. Un procedimiento tributario podrá terminar: A) Por resolución, desistimiento o renuncia al derecho en que se fundamenta la solicitud. B) Por imposibilidad material por causas sobrevenidas, por caducidad o por el cumplimiento de la obligación que motivó el inicio del procedimiento. C) Por cualquier causa prevista en el Ordenamiento tributario. D) Todas las respuestas anteriores son correctaS.

48. La falta de notificación o la notificación defectuosa de un determinado acto administrativo: A) No afecta a la validez del acto, pero sí a su eficacia, que quedará demorada hasta que aquella se produzca. B) No afectará a la eficacia del acto, pero sí a su validez, que quedará demorada hasta que se proceda a la correcta notificación. C) No es determinante para la anulabilidad de los actos tributarios. D) Las respuestas b) y c) son correctas.

49. Carlos quiere reclamar al Ayuntamiento de Oviedo una indemnización por los daños que sufrió su coche por la caída de unos escombros de un inmueble municipal que estaba siendo reparado por personal del Ayuntamiento. ¿Cuál es el plazo máximo del que dispone para iniciar el procedimiento?. A) Dispone del plazo de 1 año a partir del día que le cayeron los escombros. Transcurrido el año sin haber iniciado el procedimiento, la acción prescribirá. B) Dispone del plazo de 6 meses a partir del día que le cayeron los escombros. Transcurridos los 6 meses sin haber iniciado el procedimiento, la acción prescribirá. C) Dispone del plazo de 4 años a partir del día que le cayeron los escombros. Transcurridos los 4 años sin haber iniciado el procedimiento, la acción caducará. D) Dispone del plazo de 1 año a partir del día que pueda cuantificarse económicamente la indemnización. Transcurrido el año sin haber iniciado el procedimiento, la acción prescribirá.

50. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es la verdadera: A) La resolución que ponga fin al procedimiento debe resolver todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo. B) En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si procede. C) Las respuestas a) y b) son verdaderas. D) En la resolución se pueden aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoración jurídica.

51. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta: A) Las sanciones administrativas que sean de naturaleza pecuniaria podrán implicar, subsidiariamente, privación de libertad. B) Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad. C) Las sanciones administrativas, que no sean de naturaleza pecuniaria, podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

52. El juez de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Alcobendas, acuerda de oficio el recibimiento a prueba y la práctica de una prueba pericial, a fin de determinar con mayor precisión los hechos que fundamentarán su sentencia. ¿Podrán las partes del procedimiento intervenir de algún modo en la práctica de la prueba pericial?. A) No tendrán intervención en la prueba pericial. B) Podrán impugnar la prueba practicada al carecer el juez de competencia para acordar la práctica de la prueba una vez finalizado el período de prueba. C) Las partes únicamente podrán tachar a los peritos. D) Las partes podrán, entre otras cosas, solicitar aclaraciones del dictamen pericial emitido, así como formular las tachas que pudieren afectar al perito.

53. En un proceso contencioso administrativo en el que la parte demandada sea un ente local, ¿quién será el responsable de la representación y defensa del ente local en el proceso?. A) El ente local siempre irá asistido por abogados del Estado. B) El ente local irá asistido en todo caso por los letrados que pertenezcan al servicio jurídico del ente local. C) La representación y defensa de los entes locales corresponderán a los letrados que sirvan en los servicios jurídicos de dichas Administraciones públicas, salvo que designen abogado colegiado que les represente y defienda. D) Los entes locales no pueden estar asistidos por abogados porque vulneraría el principio de igualdad de partes.

54. A la sociedad PUENTES, SL le ha sido concedida recientemente por una Administración de Extremadura una concesión de ejecución de obras y explotación de servicio público. ¿Cuál será la duración máxima de dicha concesión?. A) 25 años como máximo al tratarse de un contrato de ejecución de obras y explotación de servicio público. B) 40 años como máximo al tratarse de un contrato de ejecución de obras y explotación de servicio público. C) 60 años como máximo al tratarse de un contrato de ejecución de obras y explotación de servicio público. D) 30 años como máximo al tratarse de un contrato de ejecución de obras y explotación de servicio público.

55. Sofía, que es funcionaria, ha tenido conocimiento recientemente de una sentencia del TSJ de Valencia estimando un recurso interpuesto por otro funcionario que se encontraba en idéntica situación personal a la suya. Pese a que Sofía interpuso la pertinente reclamación ante el Ayuntamiento en su momento, no recurrió al contencioso-administrativo. En este caso, ¿podría Sofía conseguir la extensión de los efectos de la sentencia ahora conocida en la que se estima la pretensión de un funcionario en una situación idéntica a la suya?. A) Sí, puesto que el principio de igualdad recogido en la Constitución la legitima para ello. B) La extensión de los efectos no será admisible por haber consentido Sofía su resolución. C) La contestación a esta pregunta dependerá del plazo transcurrido desde la reclamación de Sofía hasta la estimación de la pretensión del funcionario en situación idéntica. D) No, porque los tribunales juzgarán de acuerdo a los criterios individualizados de cada caso, sin que proceda extender los efectos de una determinada sentencia a otro procedimientO.

56. Lakshmi, de nacionalidad pakistaní, está incursa en un procedimiento administrativo que puede tener como resultado la expatriación a su país de origen y desea conocer sus derechos en relación con dicho procedimiento: A) Tendrá derecho a asistencia letrada y de un intérprete si carece de recursos económicos suficientes. B) No tendrá asistencia letrada ni de intérprete por tratarse de un procedimiento administrativo. C) No tiene derecho a asistencia letrada, pero sí de intérprete. D) No tiene derecho a asistencia jurídica gratuita en los procesos administrativos por no tener residencia ni nacionalidad españolas.

57. ¿Qué podrá hacer el juez si la Administración incumpliera la sentencia condenatoria que le obliga a realizar una determinada actividad o a dictar un acto?. A) Ejecutar la sentencia a través de sus propios medios o requiriendo la colaboración de las autoridades y agentes de la Administración condenada o, en su defecto, de otras Administraciones públicas, con observancia de los procedimientos establecidos al efecto. B) Adoptar las medidas necesarias para que el fallo adquiera la eficacia que, en su caso, sería inherente al acto omitido, entre las que se incluye la ejecución subsidiaria con cargo a la Administración condenada. C) Las respuestas a) y b) son correctas. D) Ejecutar la sentencia a través de los medios de sus órganos inferiores jerárquicos o requiriendo la colaboración de las autoridades y agentes de la Administración condenada o, en su defecto, de otras Administraciones públicas, con observancia de los procedimientos establecidos al efecto.

58. La Sección de lo contencioso-administrativo de los Tribunales de Instancia no tiene competencia objetiva para conocer sobre: A) Las resoluciones que se dicten en materia de extranjería por la administración periférica del Estado o por los órganos competentes de las comunidades autónomas. B) Las resoluciones que acuerden la inadmisión de las peticiones de asilo político. C) Las autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento del titular cuando ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la Administración pública. D) Las impugnaciones contra actos de las juntas electorales de zona y las formuladas en materia de proclamación de candidaturas y candidatos efectuada por cualquiera de las juntas electorales.

59. El riesgo operacional en las concesiones administrativas: A) Nunca le es transmitido al concesionario, pues deberá hacerse cargo la Administración en condiciones de funcionamiento normal. B) Se transmitirá únicamente en las concesiones de explotación de obras. C) Se transmitirá únicamente en las concesiones que otorguen derechos de explotación de los servicios. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcTa.

60. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora: A) Deberán establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a órganos distintos. B) Podrán imponer sanciones con ausencia de trámite de alegaciones mediante procedimiento simplificado, en casos de urgencia. C) Deberán estar estatutariamente establecidos. D) Las respuestas a) y c) son correctas.

61. En el caso de que se firme un acta con acuerdo, ¿sería aplicable algún tipo de reducción en la sanción?. A) Sí, del 30% de la cuantía de la sanción. B) Sí, del 65% de la cuantía de la sanción. C) No, en ningún caso procederá la reducción de la sanción. D) No, únicamente procederá una reducción del 30% de la sanción cuando se firme un acta de conformidad con acuerd.

62. La LCSP contempla dentro de su ámbito subjetivo: A) Partidos políticos, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales y asociaciones profesionales. B) Únicamente los partidos políticos y las organizaciones sindicales. C) Únicamente las asociaciones profesionales. D) Únicamente las organizaciones empresariale.

63. Según la LEF, las tasaciones de los bienes y derechos susceptibles de ser expropiados deberán referirse al valor que tuvieren: A) Al tiempo de iniciarse el expediente del justiprecio. B) A la fecha de iniciación del expediente de expropiación. C) Al tiempo de constituirse el jurado provincial de expropiación. D) A la fecha del acta de ocupación.

64. En un procedimiento administrativo, ¿sobre quién recae la carga de la prueba?Indique la respuesta correcta: A) Sobre la Administración, ya que es la encargada de aportar las pruebas necesarias que demuestren la comisión de la infracción. B) Sobre el interesado o administrado, ya que las actuaciones de la Administración tienen presunción iuris tantum de validez y admiten prueba en contrario. C) No existe norma especial para los procedimientos administrativos, por lo que rige la regla general según la cual incumbe la carga de la prueba a quien alegue los hechos en que funden sus derechos. D) Sobre el interesado, en todo caso, salvo que los hechos sean irrelevantes a juicio de la Administración, o sean admitidos por ambas partes, o de cuya existencia presume la ley.

65. Bernardo está preparando las oposiciones para ser juez, y está estudiando los distintos tipos de resoluciones procesales, en particular las sentencias, y se plantea una duda: ¿sobre qué se pronuncia el fallo de las sentencias en el orden contencioso administrativo?. A) La inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo. B) La estimación o desestimación de las pretensiones del recurrente. C) El pronunciamiento que corresponda respecto a las costas procesales. D) Todas las respuestas anteriores son correctaS.

66. Las liquidaciones tributarias serán provisionales, entre otros, en los siguientes supuestos: A) Cuando alguno de los elementos de la obligación tributaria se determine en función de los correspondientes a otras obligaciones que no hubieran sido comprobadas. B) Cuando existan elementos de la obligación tributaria cuya comprobación con carácter definitivo no hubiera sido posible durante el procedimiento. C) Las respuestas a) y b) son correctas. D) Cuando se realice una comprobación de valor y sea el objeto único de la regularización.

67. Borja inició en su día un procedimiento de responsabilidad patrimonial de una comunidad autónoma por el que reclama 25.000 euros. Hoy le han notificado la resolución que resuelve en contra de sus intereses y, por ello, pretende recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa. ¿Ante qué órgano debe interponer el mencionado recurso?. A) Sección de lo contencioso-administrativo de los Tribunales de Instancia. B) Sección de lo contencioso-administrativo de los Tribunales Centrales de Instancia. C) Salas de lo contencioso-administrativo de los TSJ. D) Sala de lo Contencioso-Administrativo de la AN.