TIPO TEST PARTE 1

En el artículo 21 de la Constitución se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho: Necesitará autorización previa del Presidente del Gobierno. Necesitará autorización previa de la correspondiente Delegación o Subdelegación del Gobierno. No necesitará autorización previa. Necesitará autorización previa de las Cortes Generales.

Tal y como se establece en el artículo 162.1 de la Constitución, están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad: El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 75 Diputados, 75 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. El Presidente del Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. El Presidente del Gobierno, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y el Ministerio Fiscal.

Tal y como se dispone en el artículo 36.1 f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿cuál de las siguientes es una competencia propia de las diputaciones provinciales?. Protección de la salubridad pública. Conservación o mantenimiento de centros sanitarios asistenciales de titularidad de la Comunidad Autónoma. Asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria, en periodo voluntario y ejecutivo, y de servicios de apoyo a la gestión financiera de los municipios con población inferior a 20.000 habitantes. Promoción de la cultura y equipamientos culturales.

Según el artículo 100.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de los siguientes es un medio de ejecución forzosa?: La imposición inmediata. La multa coercitiva. La sanción personal. La declaración de responsabilidad.

El Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia como instrumento necesario para la consecución de los objetivos previstos en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención de las personas en situación de dependencia: Es creado por la Administración General del Estado, de forma unilateral y de aplicación en todas las Comunidades Autónomas. Cada Comunidad Autónoma, en virtud de sus competencias que asume a través de sus Estatutos, determinará su propio Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia. Es creado por la propia Ley 39/2006, de 14 de diciembre, previendo la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas. Es creado por la Administración General de Estado con un contenido mínimo que podrá ser desarrollado por las Comunidades Autónomas con la participación delos Entes Locales.

Señale en que modalidad de delegación de competencias se transfiere, además de su ejercicio, la titularidad de la competencia, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre: Desconcentración. Dejación de funciones. Delegación de firma. Encomiendas de gestión.

En relación al recurso de alzada, ¿Cuál de las siguientes es la afirmación verdadera?: Las resoluciones que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. El plazo para la interposición del recurso de alzada será de tres meses si el acto fuera expreso. El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo. Contra la resolución de un recurso de alzada no cabe ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso potestativo y previo de reposición, en determinados casos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.4 de la Constitución, el Fiscal General del Estado será nombrado por: El Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. El Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. El Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. El Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Ministerio Fiscal.

Considerando el artículo 21.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, indique cuál de las siguientes facultades NO podrá ejercer el Presidente del Gobierno en funciones: Representar al Gobierno. Proponer al Rey la celebración de un referéndum consultivo. Interponer el recurso de inconstitucionalidad. Resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los diferentes Ministerios.

¿Quién convoca el referéndum establecido en el artículo 92 de la Constitución?: El Rey, mediante propuesta del Gobierno, previamente autorizado por el Senado. El Presidente del Gobierno, previamente autorizado por el Congreso de los Diputados. El Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizado por el Congreso de los Diputados. El Presidente del Gobierno, previamente autorizado por el Consejo de Ministros.

Según el artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia. La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia suponen alteración de la titularidad de la competencia. La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos no podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes. Si alguna disposición atribuye competencia a una Administración, sin especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos superiores competentes por razón de la materia y del territorio.

Conforme al artículo 150 de la Constitución, el Estado podrá dictar leyes para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, cuando así lo exija el interés general. ¿Qué mayoría se requiere para que las Cortes Generales aprecien la necesidad de dictar leyes de armonización?: Mayoría de 3/5 de cada Cámara. Mayoría absoluta de cada Cámara. Mayoría simple de cada Cámara. Mayoría de 2/3 de cada Cámara.

Conforme al artículo 10.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, NO es una circunstancia que permita el nombramiento de funcionarios interinos: La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera. La sustitución transitoria de los titulares. El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un periodo de 12 meses. La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a 3 años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.

En la fase de instrucción del procedimiento administrativo común (Ley 39/2015, de 1 de octubre, artículo 77.2), cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo: No superior a treinta días ni inferior a diez. No inferior a diez días ni superior a quince. No superior a treinta días ni inferior a cinco. No inferior a quince días ni superior a treinta.

Desde el punto de vista jurídico, ¿qué se entiende por persona?. Solo el ser humano individual. Todo ente con aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Únicamente los entes con ánimo de lucro. Cualquier organización de personas, tenga o no capacidad jurídica.

La capacidad jurídica se define como: La aptitud para realizar eficazmente actos jurídicos. La aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. La aptitud para contratar y litigar. La aptitud para administrar bienes propios y ajenos.

¿Cuándo comienza la capacidad jurídica de la persona física según el Código Civil?. Desde la concepción. Desde la inscripción en el Registro Civil. Desde el nacimiento con vida y entero desprendimiento del seno materno. Desde que han transcurrido 24 horas de vida.

Tras la reforma de la Ley 8/2021, la regla general respecto de las personas con discapacidad es que: Carecen de capacidad de obrar y requieren tutor. Se les atribuye solo capacidad jurídica, pero no capacidad de obrar. Mantienen su plena capacidad jurídica, incluidos los actos de ejercicio, con las medidas de apoyo necesarias. Pueden ser privadas de la capacidad jurídica mediante resolución judicial.

El principio general del artículo 29 del Código Civil sobre el concebido (“nasciturus”) implica que: Es persona y tiene plena capacidad jurídica. Se le tiene por nacido para todos los efectos, sin condición alguna. Solo se le reconoce personalidad si vive 24 horas. Se le tiene por nacido para los efectos que le sean favorables, si finalmente nace con las condiciones del artículo 30.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre la muerte en el Código Civil?. La personalidad civil puede extinguirse por muerte o por declaración judicial de ausencia. La personalidad civil se extingue exclusivamente por la muerte. La personalidad civil se extingue por la muerte o por la incapacitación. La personalidad civil se extingue por la muerte o por transcurso del tiempo.

En caso de duda sobre quién ha muerto antes entre dos personas llamadas a sucederse recíprocamente, el Código Civil: Presume que ha muerto primero el de mayor edad. Presume que ha muerto primero el de menor edad. Presume la conmoriencia y no hay transmisión de derechos entre ellos. Establece que la herencia se defiere siempre al más joven.

¿Qué prueba oficialmente el nacimiento de una persona física?. El certificado médico de nacimiento. La declaración de los progenitores ante el juez. La inscripción en el Registro Civil. El parte facultativo firmado por el médico.

¿Cuál de los siguientes sujetos está obligado a promover la inscripción del nacimiento según la Ley del Registro Civil?. Únicamente los progenitores. Exclusivamente el personal médico. La dirección del hospital, el personal sanitario que asista al parto fuera de centro, los progenitores y, en su defecto, el pariente más próximo o cualquier mayor de edad presente. Solo la madre del nacido.

¿Qué son personas jurídicas según el artículo 35 del Código Civil?. Únicamente las sociedades mercantiles. Solo las fundaciones de interés general. Las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas por la ley, y las asociaciones de interés particular a las que la ley conceda personalidad propia. Cualquier grupo de personas que actúe conjuntamente en el tráfico jurídico.

Respecto de la naturaleza de las personas jurídicas, la teoría de la ficción (Savigny) sostiene que: La persona jurídica es una realidad social previa al Derecho. La persona jurídica es una forma de realidad jurídica derivada de la actuación social. La persona jurídica es una ficción creada por el Derecho, que solo existe si el Estado la reconoce. La persona jurídica es siempre una comunidad natural de personas.

La teoría de la realidad jurídica de Ferrara sostiene, en síntesis, que: La persona jurídica es una ficción sin contenido. La persona jurídica es una realidad física y biológica. La persona jurídica no tiene realidad alguna, solo es patrimonio con titular indeterminado. La persona jurídica es una realidad jurídica, sin realidad física, que actúa como sujeto unitario de derechos y obligaciones.

En nuestro Derecho, el sistema general de constitución de las personas jurídicas es: Sistema de libre constitución sin requisitos legales. Sistema de concesión, que exige un acto expreso del Estado. Sistema normativo, que reconoce la personalidad cuando se cumplen los requisitos legales, siendo la inscripción un medio de publicidad y control. Sistema mixto, siempre mediante autorización administrativa específica.

Una diferencia básica entre asociación y fundación es que: La asociación se basa en un patrimonio y la fundación en personas. La asociación se basa en un conjunto de personas; la fundación en un patrimonio afecto a un fin. Solo las asociaciones persiguen fines de interés general. Solo las fundaciones tienen personalidad jurídica.

Según el Código Civil, las personas jurídicas de Derecho público se caracterizan por: No tener nunca fines de interés general. Estar sometidas siempre a normas de Derecho privado. Participar, en todo o en parte, de la soberanía o potestad pública del Estado y someterse a normas de Derecho público. Ser exclusivamente sociedades mercantiles estatales.

La extinción de una persona jurídica, según el artículo 39 del Código Civil, implica que: Sus bienes se reparten siempre entre los socios fundadores. Sus bienes se aplican a los fines previstos en leyes, estatutos o cláusulas fundacionales; en defecto de previsión, a fines análogos en interés de la región, provincia o municipio beneficiarios. Los bienes revierten al Estado sin excepción. Los bienes se reparten siempre entre los acreedores por orden de preferencia.

¿Qué es la representación en sentido jurídico, según la concepción clásica?. Actuar siempre en nombre propio y por cuenta ajena. Actuar en nombre y por cuenta de otro, de forma que los efectos del negocio se producen directamente en la esfera jurídica del representado. Actuar en interés propio con facultades de disposición ajena. Gestionar hechos materiales por encargo de otro sin producir efectos jurídicos.

¿Cuál es la diferencia esencial entre representación directa e indirecta?. En la directa se actúa en nombre propio; en la indirecta en nombre ajeno. En la directa se actúa en nombre y por cuenta del representado; en la indirecta, en nombre propio pero por cuenta ajena. En la directa nunca hay poder de representación; en la indirecta siempre lo hay. En la directa el representante asume todas las obligaciones; en la indirecta ninguna.

Tras la Ley 8/2021, las medidas de apoyo a las personas con discapacidad deben: Sustituir siempre la voluntad de la persona con discapacidad. Basarse en el criterio exclusivo del juez. Estar inspiradas en el respeto a la dignidad, voluntad, deseos y preferencias de la persona, y ajustarse a los principios de necesidad y proporcionalidad. Limitarse a la tutela como única figura posible.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada: En el Boletín Oficial del Estado. En los medios de comunicación social con los que se hubiese suscrito el oportuno convenio. En la Sede electrónica o página web de la entidad obligada. El en Boletín oficial del Estado o de la Comunidad Autónoma que corresponda.

El Consejo General del Poder Judicial estará integrado, según el artículo 566 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial: Por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 20 Vocales, de los cuales 12 serán Jueces o Magistrados en servicio activo en la carrera judicial y 8 juristas de reconocida competencia. Por el Presidente del Tribunal Constitucional, que lo presidirá, y por 12 Vocales, de los cuales 6 serán Jueces o Magistrados en servicio activo en la carrera judicial y 6 juristas de reconocida competencia. Por el Presidente del Consejo de Estado, que lo presidirá, y por 8 Vocales, de los cuales 4 serán Jueces o Magistrados y 4 juristas. Por el Presidente del Tribunal Constitucional, que lo presidirá, y por 20 Vocales, de los cuales 10 serán Jueces o Magistrados en servicio activo en la carrera judicial y 10 juristas de reconocida competencia.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, determina que se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que: Sea, haya sido o pudiera ser tratada en atención a su sexo, de manera más favorable que otra en situación comparable. Sea, haya sido o pudiera ser tratada en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. Haya sido objeto de alguna práctica aparentemente neutra y que le pone en desventaja respecto a personas del otro sexo. Pudiera ser tratada de manera de manera más favorable en cualquier situación.

En relación con la ampliación de plazos (Ley 39/2015, de 1 de octubre, artículo 32) en el procedimiento administrativo, señale cuál de las siguientes afirmaciones sería la correcta: La Administración, salvo precepto en contrario, sólo podrá conceder una ampliación de los plazos establecidos a petición de los interesados y siempre que no exceda de un tercio de los mismos. La ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido no se aplicará a los procedimientos tramitados por las misiones diplomáticas y oficina consulares. Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación, serán susceptibles de recurso.

En relación con la nulidad o anulabilidad de un acto administrativo, según el artículo 49 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común: La nulidad implicará, en todo caso, la de los sucesivos actos del procedimiento. La conversión sólo se aplicará a los actos anulables. La nulidad o anulabilidad no implicará la de los sucesivos actos en el procedimiento que sean independientes del primero. La convalidación se aplicará tanto a los actos nulos como a los anulables.

Señale la respuesta correcta. Conforme al artículo 97.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las infracciones graves prescriben: A los 2 años. Al año. A los 6 meses. A los 3 años.

Conforme al artículo 86 de la Constitución los Decretos-leyes deberán ser sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados en el plazo de: 20 días siguientes a su promulgación. 40 días siguientes a su promulgación. 60 días siguientes a su promulgación. 30 días siguientes a su promulgación.

Un órgano administrativo competente para resolver y tramitar un procedimiento dispone su acumulación a otros con los que guarda identidad sustancial. Contra el acuerdo de acumulación, según el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ¿qué recurso procede?: No procede recurso alguno. Recurso de alzada. Recurso de reposición. Recurso extraordinario.

Conforme a lo establecido en el artículo 74 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, los Subdelegados del Gobierno en las provincias son nombrados: Por Real Decreto del Presidente del Gobierno. Por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Presidente del Gobierno. Por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio de Administraciones Públicas. Por el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, pertenecientes a Cuerpos o Escalas clasificados como subgrupo A1.

Según lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas, las Administraciones Públicas podrán habilitar para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados: Únicamente a personas físicas inscritas en el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración del Estado. Con carácter general o específico a entidades de derecho público autorizadas. Con carácter general a funcionarios públicos autorizados. Con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas.

Según el artículo 116 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, entre las causas de inadmisión de un recurso se encuentra la siguiente: No haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso. Carecer de legitimación el recurrente. Tratarse de un acto susceptible de recurso. Ser competente el órgano administrativo.

Según el artículo 55 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, indique cuál de los siguientes órganos NO es órgano directivo en la Administración General del Estado: Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas. Los Secretarios Generales Técnicos. Los Secretarios de Estado. Los Subdirectores Generales.

Según el artículo 167.1 de la Constitución, los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por: Una mayoría de 3/5 de cada una de las Cámaras. Una mayoría de 2/3 en el Congreso de los Diputados y una mayoría de 3/5 en el Senado. Una mayoría de 2/3 en cada una de las Cámaras. Mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.

¿Cuál de los siguientes derechos NO está recogido en el artículo 13 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?: A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración. A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. A utilizar las lenguas cooficiales en todo el territorio nacional, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley.

Tal y como se establece en el artículo 20 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, las víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito: En cualquier momento. En el mismo momento de la interposición de la denuncia. En el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia. En el momento inmediatamente posterior a la interposición de la denuncia.

Según el artículo 20.5 de la Constitución Española de 1978, sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de: Resolución del Ministerio de Interior. Resolución de la Dirección General de Medios de Comunicación. Resolución del Ministerio de Justicia. Resolución judicial.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 17.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas respecto a los archivos electrónicos: Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos que correspondan a procedimientos finalizados. Los documentos deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta durante un plazo de 20 años. Los datos no podrán ser trasladados a otros formatos o soportes. No se contempla en ningún caso la eliminación de dichos documentos por la normativa aplicable.

Según el artículo 89.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones públicas durante un periodo mínimo de: 4 años. 2 años. 5 años. 3 años.

Tal y como se establece en el artículo 16 del Tratado de la Unión Europea y respecto de la composición del Consejo, este: Estará compuesto por los Representantes Permanentes de los Estados miembros ante la Unión Europea, facultados para comprometer al Gobierno del Estado miembro al que representan y para ejercer el derecho de voto. Estará compuesto por los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, así como por su Presidente y por el Presidente de la Comisión. Participará en sus trabajos el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Estará compuesto por un representante de cada Estado miembro, de rango ministerial, el Presidente de la Comisión Europea y el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Estará compuesto por un representante de cada Estado miembro, de rango ministerial, facultado para comprometer al Gobierno del Estado miembro al que represente y para ejercer el derecho de voto.