TIPO TEST PARTE 2

De conformidad con lo previsto en el artículo 134.7 de la Constitución Española: La Ley de Presupuestos puede crear tributos en desarrollo de las directrices de planificación económica. La Ley de Presupuestos puede crear tributos por razones de urgente necesidad. La Ley de Presupuestos puede crear tributos cuando lo exija el interés público. La Ley de Presupuestos no puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea.

Por lo previsto en el artículo 133.1 de la Constitución Española, la potestad originaria para establecer los tributos corresponde: Al Estado y a las Comunidades Autónomas mediante ley aprobada en la Cortes Generales o en la Asamblea legislativa de la Comunidad Autónoma. Exclusivamente al Estado, mediante ley. Al Estado, a las Comunidades Autónomas y a las entidades locales. Al Estado, a las Comunidades Autónomas, a las entidades locales y a los organismos públicos que integran la Administración Institucional.

Tal y como se establece en el artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, aprobar la relación de puestos de trabajo y la oferta de empleo de la Agencia Tributaria, así como sus modificaciones le corresponde a: El Ministro de Hacienda. El Presidente de la Agencia Tributaria. El Subsecretario de Hacienda. El Director General de la Agencia Tributaria.

Según la Disposición adicional decimoséptima de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la Agencia Estatal de Administración Tributaria se regirá: por lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y de forma supletoria por lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. por su legislación específica y únicamente de forma supletoria y en tanto resulte compatible con su legislación específica por lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. por su legislación específica y únicamente de forma supletoria y en tanto resulte compatible con su legislación específica por lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. por lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y de forma supletoria por lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Conforme a lo que determina el artículo 17 de la Constitución Española, indique cual de las siguientes es la afirmación correcta en relación con la detención preventiva: En todo caso, en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. En todo caso, en el plazo máximo de 48 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. En todo caso, en el plazo máximo de 24 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. En todo caso, en el plazo máximo de 36 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.

Según el artículo 59.3 de la Constitución Española, si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ésta será nombrada por las Cortes Generales. En ese caso, ¿de cuantas personas se compondrá?: De una, dos o tres personas. De dos o tres personas. De cuatro o cinco personas. De una, tres o cinco personas.

De conformidad con el artículo 159 de la Constitución Española, ¿de cuántos miembros se compone el Tribunal Constitucional?: De 12 miembros. De 9 miembros. De 15 miembros. De 10 miembros.

Tal y como se recoge en el artículo 68.1 de la Constitución Española, el Congreso se compone de: Un mínimo de 350 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca una ley. Un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual e indirecto, en los términos que establezca una ley. Un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley. Un mínimo de 300 y un máximo de 350 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, indirecto y secreto, en los términos que establezca la ley.

Indique cuál es el número mínimo de miembros de la Diputación Permanente de cada una de las Cámaras de las Cortes Generales según el artículo 78.1 de la Constitución Española: 12 miembros. 18 miembros. 21 miembros. 24 miembros.

Conforme a lo que determina el artículo 117.6 de la Constitución Española, indique cuál es la afirmación correcta en relación con los Tribunales de excepción: Se prohíben. Conocerán de los asuntos legalmente previstos. Conocerán en materia de derechos y libertades públicas. Actuaran sólo durante el estado de excepción.

Según el artículo 67 de la Constitución Española, ¿cuál es la afirmación correcta en relación con las reuniones de Parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria?: Las reuniones de Parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria no vincularán a las Cámaras, pero los Parlamentarios podrán ejercer sus funciones y ostentar sus privilegios. Las reuniones de Parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria no vincularán a las Cámaras, y no podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios. Las reuniones de Parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria vincularán a las Cámaras, y podrán ejercer sus funciones y ostentar sus privilegios. Las reuniones de Parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria vincularán a las Cámaras, pero no podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios.

El artículo 54 de la Constitución Española dice que una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como: Alto comisionado del Gobierno. Alto comisionado de las Cortes Generales. Alto comisionado del Consejo General del Poder Judicial. Alto comisionado del Estado.

Conforme a lo que determina el artículo 98 de la Constitución Española, indique cuál es la responsabilidad de los ministros del gobierno en su gestión: Es una responsabilidad directa. No es una responsabilidad directa sino emanada del conjunto del Gobierno. Es una responsabilidad directa del Presidente del Gobierno. No están sujetos a responsabilidad pues actúan bajo inmunidad parlamentaria.

De conformidad con el art. 98 de la Constitución Española, ¿puede el Gobierno estar compuesto por otros miembros, además del Presidente, de los Vicepresidentes en su caso y de los Ministros?: No, porque lo prohíbe expresamente ese artículo. Si. Ese artículo establece expresamente que estará compuesto por los miembros que establezca cada Ministro mediante orden ministerial. Si. Ese artículo establece expresamente que estará compuesto por los miembros que establezca la ley. Si. Ese artículo establece expresamente que estará compuesto por los miembros que designe el Poder Legislativo.

¿Qué dispone el artículo 102 de la Constitución Española respecto de la responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno?: Que será exigible, en su caso, ante la Audiencia Nacional. Que será exigible, en su caso, ante el Tribunal Constitucional. Que será exigible, en su caso, ante el Tribunal Supremo en pleno. Que será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Conforme a lo que dispone el artículo 140 de la Constitución Española respecto de los municipios, la afirmación correcta es: No tienen personalidad jurídica propia. Gozarán de personalidad jurídica plena. Tienen la personalidad jurídica de la Comunidad Autónoma en la que están integrados. Tienen la personalidad jurídica de la Provincia en la que están integrados.

Conforme a lo que dispone el artículo 141.4 de la Constitución Española, ¿cómo se denomina la administración propia que, en los archipiélagos, tendrán las islas?: Diputaciones. Consistorios y Concejos. Concejos abiertos. Cabildos o Consejos.

Según el artículo 147.3 de la Constitución Española, ¿qué tipo de norma requerirá la aprobación de la reforma de los Estatutos de Autonomía?: Ley orgánica. Ley ordinaria. Real Decreto Ley. Decreto legislativo.

Conforme al artículo 14.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas, indique en que momento las personas físicas podrán elegir si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no: Al inicio del procedimiento, no pudiendo ser modificado posteriormente el medio elegido. Las personas físicas no pueden elegir si se comunican con las Administraciones por medios electrónicos, pues ello siempre viene determinado por cada procedimiento. En todo momento, pero el medio elegido no puede ser modificado posteriormente. En todo momento, pudiendo el medio elegido ser modificado en cualquier momento.

Conforme a lo que determina el artículo 9.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿por quién se ejercerá el control del cumplimiento por la Administración General del Estado de las obligaciones contenidas en el Capítulo II, del título I de dicha Ley?: Por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Por el defensor del Pueblo. Por una sala especial integrada en la Audiencia Nacional. Por el Ministro competente en función de la materia de que se trate.

En relación con los tribunales y órganos de selección del personal de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, señale cual es la afirmación correcta, conforme a lo que dispone la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en su artículo 53: Responderán al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas. La presencia de mujeres y hombres vendrá determinada por la convocatoria del proceso selectivo al tratarse de una materia sujeta al principio de autoorganización de la Administración pública. Responderán al principio de presencia proporcional de mujeres y hombres en los términos que disponga la convocatoria, con referencia a los efectivos de personal con que cuente la Administración convocante. No es preciso que respondan al principio de equilibrada de mujeres y hombres, salvo que la Convocatoria del proceso selectivo disponga otra composición, atendiendo a las funciones correspondientes a las plazas convocadas.

Indique a cuáles de las siguientes Administraciones o entidades no son de aplicación las disposiciones contenidas en el Título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, de conformidad con lo que dispone el artículo 2.1 de dicha Ley: A las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras de la Seguridad Social. A las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en el artículo 2 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, sea superior al 50%. A las fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia de fundaciones. A las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en el artículo 2 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, sea inferior al 50%.

Conforme determina el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre respecto de la cuota de reserva de puestos para personas con discapacidad, indique cual es la afirmación correcta: Las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores vendrán obligadas a que de entre ellos, al menos, el 3% sean trabajadores con discapacidad. Las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores vendrán obligadas a que de entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores con discapacidad. Las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores vendrán obligadas a que de entre ellos, al menos, el 5% sean trabajadores con discapacidad. Las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores vendrán obligadas a que de entre ellos, al menos, el 1% sean trabajadores con discapacidad.

Conforme al artículo 2, apartado d), del Real Decreto Legislativo 1/2013, cuando una disposición legal o reglamentaria, una cláusula convencional o contractual, un pacto individual, una decisión unilateral o un criterio o práctica, o bien un entorno, producto o servicio, aparentemente neutros, puedan ocasionar una desventaja particular a una persona respecto de otras por motivo de, o por razón de discapacidad, siempre que objetivamente no respondan a una finalidad legítima y que los medios para la consecución de esta finalidad no sean adecuados y necesarios, existe: Discriminación indirecta. Discriminación directa. Discriminación estructural. Discriminación subjetiva.

Cuál de los siguientes no es un derecho individual ejercido colectivamente, de los contemplados en el artículo 15 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre: A la libertad sindical. A la negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones de trabajo. A la libre asociación profesional. Al planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 1 del Código Civil, las disposiciones que contradigan otra de rango superior: Habrán de ser desarrolladas en detalle. Derogaran la norma a la que contradigan. Serán objeto de interpretación. Carecerán de validez.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 87.1.b. del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales cuando sean autorizados para realizar una misión en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional: Por periodo determinado superior a 6 meses. Por periodo determinado superior a 3 meses. Por periodo determinado superior a 2 meses. Por periodo determinado superior a 5 meses.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, ¿en qué consiste la carrera vertical?: En la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo y de conformidad con lo establecido en la letra b) del artículo 17 y en el apartado 3 del artículo 20 del Estatuto Básico del Empleado Público. En el ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión establecidos en el capítulo III del título V del Estatuto Básico del Empleado Público. En el ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, a otro superior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto Básico del Empleado Público. En el acceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupo profesional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Estatuto Básico del Empleado Público.

En cuál de los siguientes preceptos normativos se determina que el ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno: En el artículo 1001 del Código Civil. En el artículo 48 de la ley del Gobierno. En el artículo 97 de la Constitución Española. En el artículo 136 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Según determina el artículo 81 de la Constitución Española, la aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá: Mayoría absoluta del Senado, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Mayoría simple del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Mayoría simple del Congreso y mayoría simple del Senado, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

El artículo 37.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que: Son anulables las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria y nulas aquellas que incurran en alguna de las causas recogidas en el artículo 45. Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria, así como aquellas que incurran en alguna de las causas recogidas en el artículo 47. Son anulables las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria y aquellas que incurran en alguna de las causas recogidas en el artículo 45. Son anulables las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria y aquellas que incurran en alguna de las causas recogidas en el artículo 46.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 117. 3. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ¿Qué plazo ha de transcurrir para que la ejecución del acto impugnado se entienda suspendida a partir de la entrada en registro de la solicitud de suspensión de ese acto?: Un mes. Dos meses. Tres meses. Quince días.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 39.1. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ¿Desde cuándo los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo producirán efectos?: Pasados dos días desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Pasados tres días desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Desde el día siguiente a la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

Conforme al artículo 90 de la Constitución Española, ¿de qué plazo dispone el Senado para vetar o enmendar un proyecto de ley en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados?: Treinta días naturales. Diez días naturales. Veinte días naturales. Quince días naturales.

Según el artículo 288, párrafo segundo del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el reglamento: Obliga al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios. Es obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en los Estados miembros. Manifiesta el criterio de una institución comunitaria sobre un asunto determinado, a iniciativa propia. Manifiesta el criterio de una institución comunitaria sobre un asunto determinado, previa solicitud de otra institución u órgano de la Unión.

Según determina el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ¿Dentro de qué plazo toda notificación deberá ser cursada a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado?. Deberá ser cursada dentro del plazo de cinco días. Deberá ser cursada dentro del plazo de diez días. Deberá ser cursada dentro del plazo de tres días. Deberá ser cursada dentro del plazo de un mes.

De conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a los efectos previstos en dicha Ley, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos: Cuando los miembros que los integren sean mayores de edad. Cuando la Ley así lo declare expresamente. Cuando se personen en el procedimiento. Cuando lo soliciten mediante escrito motivado.

Por el artículo 7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán: Con el de mayor edad, y, en su defecto con el que expresamente hayan señalado. Con el de mayor edad, y, en su defecto, con el que figure en primer término. Con el de mayor edad, y, en su defecto, con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado. Con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y, en su defecto, con el que figure en primer término.

De conformidad con el artículo 24.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el certificado acreditativo del silencio producido se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver, desde que expire el plazo máximo del procedimiento, en el plazo de: Treinta días. Cinco días. Diez días. Quince días.

Según el artículo 75.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿en qué forma habrán de practicarse los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados?: En la forma que determinen la práctica y los usos administrativos. En la forma que sea más conveniente para el órgano instructor. En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales. En la forma que permita llevar a cabo los sucesivos actos en la sede del órgano instructor.

Por imposición del artículo 84.2. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la imposibilidad material de continuar el procedimiento por causas sobrevenidas: Producirá la retroacción de actuaciones. Producirá la apertura de la fase de alegaciones. Producirá la suspensión del procedimiento. Producirá la terminación del procedimiento.

Según el artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando se trate de la causa a) prevista en el apartado uno de dicho artículo, el recurso extraordinario de revisión se interpondrá dentro del plazo de: Dos años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. Seis años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. Cinco años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. Cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.

Según el artículo 122.2. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo en el supuesto previsto en el artículo 24.1, tercer párrafo de dicha Ley, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución que resuelva el recurso de alzada será de: 2 meses. 1mes. 3 meses. 6 meses.

De conformidad con lo previsto en el artículo 124.2. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición será de: 2 meses. 1 mes. 3 meses. 6 meses.

Uno de los principios en que se basa la ordenación del sistema tributario español, recogido en artículo 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, es el de: Generalidad. Especialidad. Regresividad. Proporcionalidad.

De conformidad con lo previsto en el artículo 134. 7. de la Constitución Española: La Ley de Presupuestos puede crear tributos en desarrollo de las directrices de planificación económica. La Ley de Presupuestos puede crear tributos por razones de urgente necesidad. La Ley de Presupuestos puede crear tributos cuando lo exija el interés público. La Ley de Presupuestos no puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea.

Por lo previsto en el artículo 133.1 de la Constitución Española, la potestad originaria para establecer los tributos corresponde: Al Estado y a las Comunidades Autónomas mediante ley aprobada en la Cortes Generales o en la Asamblea legislativa de la Comunidad Autónoma. Exclusivamente al Estado, mediante ley. Al Estado, a las Comunidades Autónomas y a las entidades locales. Al Estado, a las Comunidades Autónomas, a las entidades locales y a los organismos públicos que integran la Administración Institucional.

al y como se establece en el artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, aprobar la relación de puestos de trabajo y la oferta de empleo de la Agencia Tributaria, así como sus modificaciones le corresponde a: El Ministro de Hacienda. El Presidente de la Agencia Tributaria. El Subsecretario de Hacienda. El Director General de la Agencia Tributaria.

Según la Disposición adicional decimoséptima de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la Agencia Estatal de Administración Tributaria se regirá…: … por lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y de forma supletoria por lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. … por su legislación específica y únicamente de forma supletoria y en tanto resulte compatible con su legislación específica por lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. … por su legislación específica y únicamente de forma supletoria y en tanto resulte compatible con su legislación específica por lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. … por lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y de forma supletoria por lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.