TIPO TEST TEMA 7 8 9 10 11 Y 12 ADMINISTRATIVO

A tenor del artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con la eficacia de los actos administrativos, señale la respuesta CORRECTA: Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, sin que sea posible la eficacia demorada de los mismos. Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia competencia no deben ser observados por los órganos administrativos que no dependan jerárquicamente del que dictó el acto y no pertenezcan a la misma Administración. Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, siempre que los supuestos de hecho necesarios se produzcan con posterioridad a la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto.

El artículo 39 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación a los efectos de las Administraciones Públicas sujetos a Derecho Administrativo establece lo siguiente: Se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, en todo caso. Su eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior. En ningún caso podrán tener carácter retroactivo. Se presumirán válidos y producirán efectos al día siguiente de la fecha en que se publiquen, en todo caso.

Según el Artículo 117 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indicar el plazo en el que se entenderá suspendida la ejecución de un acto impugnado desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para decidir sobre la misma. 30 días hábiles. 3 meses. 1 mes. 20 días naturales.

En relación con las condiciones generales para la práctica de las notificaciones que se establecen en el artículo 41 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la afirmación CORRECTA: Se efectuarán por medios electrónicos las notificaciones que contengan medios de pago a favor de los obligados. Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos, y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. El interesado podrá identificar un dispositivo electrónico y/o una dirección de correo electrónico que servirán para el envío de los avisos informativos de puesta a disposición de las notificaciones, y por lo tanto, considerarlas también practicadas. Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquella que se hubiera producido en último lugar.

De conformidad con el artículo 43 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido, desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido: 10 días naturales. 10 días hábiles. 5 días naturales. 5 días hábiles.

En cuanto a la declaración de lesividad para el interés público de un acto anulable, el artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece: Las Administraciones Públicas deberán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables y posteriormente declararán su lesividad para el interés público. La declaración de lesividad será susceptible de recurso ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, previa declaración de lesividad. Un acto anulable puede ser declarado como lesivo por la Administración General del Estado o por las Comunidades Autónomas, y también por la Administración Local a través del Pleno de la Corporación.

Según lo establecido en el artículo 96 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de forma simplificada deberán ser resueltos en un plazo máximo de: 1 mes, a contar desde el día siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada. 30 días, a contar desde el día siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada. 20 días, a contar desde el día siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada. 15 días, a contar desde el día siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 75.1, define al acto de instrucción como aquel acto necesario para: Ordenar todas las fases del procedimiento administrativo. Asegurar la eficacia de la resolución del procedimiento administrativo. Garantizar los derechos de defensa del interesado en el procedimiento administrativo. Determinar, conocer y comprobar los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución.

En relación con el inicio del procedimiento por denuncia regulado en el artículo 62 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la afirmación INCORRECTA: La presentación de una denuncia confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento. Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presentan y el relato de los hechos que se ponen en conocimiento de la Administración. Cuando la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas la no iniciación del procedimiento deberá ser motivada y se notificará a los denunciantes la decisión de si se ha iniciado o no el procedimiento. Se entiende por denuncia, el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo.

En relación con la iniciación del procedimiento de oficio por la Administración que se establece en el Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la afirmación CORRECTA: En los procedimientos que se inicien como consecuencia de orden superior, se entiende la misma como la emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del competente para la iniciación del procedimiento. En los procedimientos que se inicien por petición razonada de otros órganos, la petición vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento. En los procedimientos iniciados por denuncia, no será necesario expresar la identidad de la persona o personas que las presentan, aunque sí recogerán el relato de los hechos que se ponen en conocimiento de la Administración. En los procedimientos iniciados por denuncia, el hecho de la presentación confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento.

Según el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración podrá adoptar medidas provisionales para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello. Señale la respuesta CORRECTA en relación con la adopción de dichas medidas: Se adoptarán a petición del órgano superior al competente para iniciar o instruir el procedimiento. Deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, dentro de los 15 días siguientes a su adopción. Contra el acuerdo de iniciación, en el que se confirmen, modifiquen o levanten las medidas provisionales, no cabe recurso alguno. En todo caso, se extinguirán antes de que surta efectos la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente.

Según lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta correcta en relación con la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común: No se podrá acordar la tramitación simplificada en el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora. Se podrá acordar por la Administración Pública, de oficio o a solicitud del interesado, cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen. Los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán resolverse en 60 días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento. Acordada la tramitación simplificada del procedimiento, el órgano competente no puede acordar, en un momento posterior, continuar con arreglo a la tramitación ordinaria.

De conformidad con el artículo 62 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, relativo al inicio del procedimiento por denuncia, cuando la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas, la no iniciación del procedimiento: Solo se notificará cuando los hechos constituyan infracción administrativa. Deberá ser motivada y se notificará a los denunciantes. No precisará motivación. Solo se notificará al denunciante si reúne la condición de interesado.

Señale la afirmación INCORRECTA en relación con la regulación de la tramitación simplificada del procedimiento administrativo prevista en el artículo 96 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Los interesados podrán solicitar la tramitación simplificada del procedimiento. Si el órgano competente para la tramitación aprecia que no concurre alguna de las razones previstas, podrá desestimar dicha solicitud, en el plazo de quince días desde su presentación. Cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen, las Administraciones Públicas podrán acordar, de oficio o a solicitud del interesado, la tramitación simplificada del procedimiento. Cuando la Administración acuerde de oficio la tramitación simplificada del procedimiento deberá notificarlo a los interesados. Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en treinta días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento.

En relación con el trámite de información pública regulado en el artículo 83 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta INCORRECTA: La comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, la condición de interesado. La incomparecencia en este trámite impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento. Se publicará un anuncio en el Diario oficial correspondiente a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente, o la parte del mismo que se acuerde. El anuncio señalará el lugar de exhibición, debiendo estar en todo caso a disposición de las personas que lo soliciten a través de medios electrónicos en la sede electrónica correspondiente.

Señale la respuesta CORRECTA en relación a la acumulación de los procedimientos, regulada en el artículo 57 de la Ley 39/2015, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Contra el acuerdo de acumulación procederá recurso de alzada. Contra el acuerdo de acumulación procederá recurso potestativo de reposición. Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno. Contra el acuerdo de acumulación procederá cualquiera de los recursos previstos en vía administrativa.

De acuerdo con el artículo 87 de la Ley 39/2015, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula las actuaciones complementarias, señale la afirmación CORRECTA: Antes de dictar resolución, el órgano competente para tramitar podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento. No tendrán la consideración de actuaciones complementarias los informes que preceden inmediatamente a la resolución final del procedimiento. Antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento. Tendrán la consideración de actuaciones complementarias los informes que preceden inmediatamente a la resolución final del procedimiento. Antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento. No tendrán la consideración de actuaciones complementarias los informes que preceden inmediatamente a la resolución final del procedimiento. Con anterioridad al inicio del procedimiento, el órgano competente para resolver podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento. No tendrán la consideración de actuaciones complementarias los informes que preceden inmediatamente a la resolución final del procedimiento.

En relación con la Caducidad del procedimiento administrativo, según el artículo 95 de la Ley 39/2015, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta CORRECTA: La caducidad producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración. La caducidad producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración y los procedimientos prescritos no interrumpirán el plazo de caducidad. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados interrumpirán el plazo de prescripción. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.

Según el artículo 58, de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los procedimientos se iniciarán de oficio: Exclusivamente como consecuencia de una orden superior recibida por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación. Por iniciativa de la persona o personas presuntamente responsables. Por acuerdo del órgano competente. La propuesta será iniciada por cualquier órgano administrativo.

De acuerdo con el Art. 80 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, relativo a la emisión de informes, señale la respuesta CORRECTA: Los informes serán emitidos a través de cualquier medio y de acuerdo con los requisitos que señala el artículo 26, en el plazo de 10 días. Salvo disposición expresa en contrario, serán facultativos y vinculantes. Salvo disposición expresa en contrario, serán facultativos y no vinculantes. El órgano competente para la emisión de los informes será exclusivamente la Administración Pública que tramite el procedimiento.

Según el artículo 75 de la Ley 39/2015, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse: En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales. En la forma que resulte más conveniente para la Administración. En la forma que sea más conveniente para la Administración pero sólo en aquellos casos que no afecte a los intereses de terceros. En la forma que resulte más conveniente para la Administración o, en su caso, para terceros afectados.

De acuerdo con el artículo 76 de la Ley 39/2015, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación a las alegaciones dentro de la fase de instrucción del procedimiento administrativo, señale la afirmación CORRECTA: Las alegaciones realizadas acerca de los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos preceptivamente señalados o la omisión de trámites que se subsanen antes de la resolución definitiva del asunto, sólo podrán ser efectuadas con anterioridad al trámite de audiencia. Las alegaciones realizadas, documentos y elementos de juicio aportados, en cualquier momento anterior al trámite de audiencia, serán tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la correspondiente propuesta de resolución. Los interesados podrán, con posterioridad al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio. Las alegaciones, no generarán en ningún caso la exigencia de la correspondiente responsabilidad disciplinaria.

Señale la afirmación CORRECTA respecto a las medidas provisionales en la iniciación de un procedimiento administrativo: Se podrán adoptar medidas provisionales incluso en los casos que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados. No se podrán adoptar medidas provisionales que impliquen violación de derechos amparados por las leyes. Las medidas provisionales no podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento. En todo caso, se extinguirán cuando se dicte la propuesta de resolución.

En la fase de instrucción del procedimiento administrativo común (Ley 39/2015, de 1 de octubre, artículo 77.2), cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo: No superior a 30 días ni inferior a 10. No inferior a 10 días ni superior a 15. No superior a 30 días ni inferior a 5. No inferior a 15 días ni superior a 30.

Un órgano administrativo competente para resolver y tramitar un procedimiento dispone su acumulación a otros con los que guarda identidad sustancial. Contra el acuerdo de acumulación, según el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ¿qué recurso procede?: No procede recurso alguno. Recurso de alzada. Recurso de reposición. Recurso extraordinario.

A tenor de lo determinado en el artículo 115.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la ausencia de la calificación de un recurso administrativo por parte del recurrente: Determinará que el órgano competente dé un plazo de 10 días al interesado para que subsane el recurso presentado. No será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter. Se entenderá que es una queja en todo caso, y no se tramitará como recurso. El órgano competente calificará el documento como viciado de origen y determinará su anulabilidad. Se podrá convalidar si en un plazo no superior a 3 días, el interesado subsana sus defectos.

En relación con las previsiones relativas a la ordenación del procedimiento contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la afirmación INCORRECTA: En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia. Las personas designadas como órgano instructor o, en su caso, los titulares de las unidades administrativas que tengan atribuida tal función serán responsables directos de la tramitación del procedimiento y, en especial, del cumplimiento de los plazos establecidos. De acuerdo con el principio de simplificación administrativa, se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo. Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones suspenderán la tramitación del mismo, salvo la recusación.

Conforme al Capítulo II del Título V de la Ley 39/2015 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa, si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer: Recurso de alzada. Recurso de reposición. Recurso extraordinario de revisión. No procede interponer recurso administrativo.

Señale cuál de los siguientes sujetos NO se considera interesado en el procedimiento administrativo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales que sean titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. Aquellos cuyos intereses legítimos puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento una vez recaída resolución definitiva.

¿Qué plazo máximo se establece en el artículo 124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para dictar y notificar la resolución de un recurso potestativo de reposición?: 1 mes. 3 meses, si el acto fuera expreso. 15 días, si el acto fuera expreso. 3 meses.

De conformidad con el artículo 125 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se podrá interponer recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial no firme, anterior o posterior a aquella resolución. Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de derecho. Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de resolución administrativa. Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.

De conformidad con el artículo 116 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuál de las siguientes circunstancias NO es una causa de inadmisión de los recursos administrativos: Carecer de legitimación el recurrente. Haber transcurrido el plazo para interponer el recurso. Carecer el recurso manifiestamente de fundamento. Error o ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente, siempre que se deduzca su verdadero carácter.

Indique el plazo para interponer recurso extraordinario de revisión conforme a lo previsto en el Artículo 125 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 1 mes. 4 años ó 3 meses dependiendo de las circunstancias que concurran de acuerdo con lo establecido en dicho artículo. 1 año. 6 meses.

De acuerdo con el artículo 118 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario, se pondrán de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a 10 días ni superior a 15, formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes. El plazo para poder realizarlo será: 15 días en todo caso. No inferior a 15 días ni superior a 30 días. No inferior a 10 días ni superior a 15 días. 20 días en todo caso.

Señale cuál de las siguientes afirmaciones sobre la notificación de las resoluciones y actos administrativos es CORRECTA: Cuando las resoluciones y actos administrativos tengan por destinatarios a más de un interesado, las Administraciones Públicas podrán adoptar las medidas necesarias para la protección de los datos personales que figuren en ellas. Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitieran alguno de los demás requisitos previstos, no surtirán efectos en ningún caso hasta que se subsanen dichas deficiencias. La notificación deberá indicar si pone o no fin a la vía administrativa y podrá indicar, si así lo estima conveniente el órgano que la dicta, los recursos que procedan en vía administrativa y el plazo para interponerlos. A los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar si se va a agotar el plazo máximo de duración del procedimiento, será suficiente que la notificación contenga parte del texto de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado.

En relación con la interposición de un recurso en vía administrativa y de acuerdo con el artículo 115 de la Ley 39/2015, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta CORRECTA: El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente será obstáculo para su tramitación aunque se pueda deducir su verdadero carácter. El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, aunque no se deduzca su verdadero carácter. El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente será obstáculo para su tramitación en todo caso. El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter.

En relación con el recurso de alzada previsto en el artículo 121 de la Ley 39/201, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta CORRECTA: El recurso de alzada tendrá que interponerse en todo caso y exclusivamente, ante el órgano que dictó el acto que se impugna. Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, éste deberá remitirlo al competente en el plazo de quince días, con su informe pero sin necesidad de remitir el expediente. Son susceptibles de recurso de alzada las resoluciones y actos que pongan fin a la vía administrativa. El recurso de alzada podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo.

Según el artículo 122 de la Ley 39/2015, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación al recurso de alzada: El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de 3 meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 24.1.3 de la Ley. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de 6 meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 24.1.3 de la Ley. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de 3 meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender estimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 24.1.3 de la Ley. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de 6 meses. Transcurrido este plazo, se entenderá desestimado el recurso, aunque posteriormente recayese una resolución expresa estimatoria.

De acuerdo con el artículo 123 de la Ley 39/2015, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación al recurso potestativo de reposición: Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el superior jerárquico del órgano que los dictó o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Los actos administrativos que no pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Los actos administrativos que no pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el superior jerárquico del que los dictó o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Según el artículo 116 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, entre las causas de inadmisión de un recurso se encuentra la siguiente: No haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso. Carecer de legitimación el recurrente. Tratarse de un acto susceptible de recurso. Ser competente el órgano administrativo.

Señale la afirmación INCORRECTA en relación con la actividad administrativa impugnable en la Jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con las previsiones del capítulo 1 de Título III de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa: La falta de impugnación directa de una disposición general o la desestimación del recurso que frente a ella se hubiera interpuesto no impiden la impugnación de los actos de aplicación de las mismas fundada en que tales disposiciones no son conformes a Derecho. Es admisible el recurso contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho, en los términos establecidos en la Ley. Es admisible el recurso contencioso-administrativo respecto de los actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma. En caso de vía de hecho, el interesado podrá formular requerimiento a la Administración actuante, intimando su cesación. Si dicha intimación no hubiere sido formulada o no fuere atendida dentro de los 10 días siguientes a la presentación del requerimiento, podrá deducir directamente recurso contencioso-administrativo.

Según lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, el plazo de interposición del recurso contencioso-administrativo será: 2 meses contados desde el día siguiente al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera un acto expreso. 3 meses a contar a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. 15 días si se dirigiera contra una actuación en vía de hecho. 1 mes contado desde el día siguiente al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera un acto expreso.

Según el artículo 3 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ¿qué actos estarán excluidos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo?: Los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de contratación de las Administraciones públicas. Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho público, adoptados en el ejercicio de funciones públicas. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive. El recurso contencioso-disciplinario militar.

Conforme al artículo 10.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, NO es una circunstancia que permita el nombramiento de funcionarios interinos: La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera. La sustitución transitoria de los titulares. El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de 9 meses, dentro de un periodo de 12 meses. La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a 3 años, ampliable hasta 12 meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.

Señale la respuesta correcta. Conforme al artículo 97.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las infracciones graves prescriben: A los 2 años. Al año. A los 6 meses. A los 3 años.

Según el artículo 89.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones públicas durante un periodo mínimo de: 4 años. 2 años. 5 años. 3 años.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la situación de excedencia voluntaria por interés particular es correcta según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público?: Se concede automáticamente a petición del funcionario sin necesidad de resolución administrativa. No es necesario haber prestado un período mínimo de servicios previos para solicitarla. Durante el tiempo que dure esta excedencia, el funcionario conserva su puesto de trabajo. Su concesión está supeditada a las necesidades del servicio.

Si operan al cónyuge de mi hermana y la intervención requiere reposo domiciliario, ¿cuántos días de permiso me corresponden según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público?: Ninguno, porque no hay relación de consanguinidad. 4 días hábiles si es en distinta localidad. 4 días hábiles, independientemente de la localidad donde ocurra la intervención. 5 días hábiles, porque se trata de un familiar de primer grado de afinidad.

En el artículo 14 del Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado se recogen los derechos de carácter individual que tienen los empleados públicos en correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio. ¿Cuál de los siguientes derechos NO está recogido en el citado artículo?: A la libre asociación profesional. Al ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. La formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral. A la intimidad en el uso de dispositivos digitales puestos a su disposición y frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización.

Según lo dispuesto en el artículo séptimo de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones, respecto de la compatibilidad de dos actividades públicas, los servicios prestados en el segundo puesto o actividad: No se computarán a efectos de trienios, pero si a efectos de derechos pasivos. Si computarán tanto a efectos de trienios como de derechos pasivos. No se computarán a efectos de trienios ni de derechos pasivos, pudiendo suspender la cotización a este último efecto. No se computarán a efectos de trienios ni de derechos pasivos, pudiendo el funcionario escoger por cuál de los puestos efectuar la cotización.

Quienes accedan por cualquier título, a un nuevo puesto del sector público que, con arreglo a la Ley 53/1984, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, resulte incompatible con el que vinieran desempeñando: Lo comunicarán al departamento de personal que les indicará cuál de los dos debe desempeñar. Habrá de optar por uno de ellos dentro del plazo de toma de posesión. Lo comunicarán al departamento de personal que les indicará cuál de los dos debe desempeñar, pero percibiendo siempre las retribuciones correspondientes al puesto que las tuviera más elevadas. Habrá de optar por uno de ellos en los 3 meses inmediatamente siguientes a la toma de posesión.