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Título I de la Constitución Española
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Título del Test:
Título I de la Constitución Española

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Constitución Española

Fecha de Creación: 2026/11/18

Categoría: Otros

Número Preguntas: 100

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Según el artículo 10.1, ¿cuáles son fundamento del orden político y de la paz social?. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás. La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. El respeto a la ley, a la Constitución y a los derechos humanos.

¿Conforme a qué textos se interpretarán las normas relativas a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución (art. 10.2)?. La Declaración Universal de Derechos Humanos y las leyes orgánicas que los desarrollen. La Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Únicamente el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la ley española.

Según el art. 11.2, ¿quién no podrá ser privado de su nacionalidad?. Ningún español. Ningún español de origen. Ningún español, salvo por sentencia judicial firme. Los españoles por naturalización.

El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad (art. 11.3): Con cualquier país miembro de la Unión Europea. Con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. Con los países limítrofes y del norte de África. Con cualquier país del mundo que reconozca un derecho recíproco.

Según el artículo 12, los españoles son mayores de edad: A los 16 años para el ámbito laboral y a los 18 para el resto. A los dieciocho años. A los veintiún años. A la edad que determine la ley civil.

Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el Título I (art. 13.1): En los términos que establezcan las leyes orgánicas. En los términos que establezcan los tratados y la ley. En igualdad de condiciones que los españoles, en todo caso. Siempre que exista reciprocidad.

¿Quiénes pueden ser titulares del derecho de sufragio pasivo en las elecciones municipales según el art. 13.2 de la CE?. Únicamente los españoles. Los españoles y, atendiendo a criterios de reciprocidad, los extranjeros si se establece por tratado o ley. Los ciudadanos de la Unión Europea exclusivamente. Cualquier extranjero residente legalmente en España.

La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de (art. 13.3): Legalidad. Reciprocidad. Igualdad. Humanidad.

A efectos de la extradición, quedan excluidos los delitos políticos, no considerándose como tales (art. 13.3): Los delitos de rebelión. Los actos de terrorismo. Los delitos de sedición. Los delitos contra la Corona.

El derecho de asilo en España será gozado por los ciudadanos de otros países y los apátridas (art. 13.4): En los términos que establezca la ley. Conforme a lo que disponga el Ministerio del Interior. En los términos de los tratados internacionales ratificados por España. Directamente por la Constitución.

El artículo 14 consagra la igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de: Nacimiento, raza, sexo, religión o patrimonio. Nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Nacimiento, raza, sexo, identidad de género, religión o nivel económico. Origen, nacionalidad, sexo, religión o condición social.

Según el art. 15, queda abolida la pena de muerte: En todo caso. Salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Salvo lo que puedan disponer las leyes penales para actos de terrorismo con resultado de muerte. Salvo en estado de sitio.

Según el art. 16.1, la libertad ideológica, religiosa y de culto tiene como única limitación en sus manifestaciones: El respeto a los derechos de los demás. La protección de la juventud y de la infancia. La necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. La moral pública y las buenas costumbres.

Según el art. 16.2, nadie podrá ser obligado a declarar sobre: Su ideología, religión o creencias. Su afiliación sindical. Sus convicciones políticas exclusivamente. Sus bienes y patrimonio.

Respecto a la religión, la Constitución establece en el art. 16.3 que: España es un Estado aconfesional y laico, sin relación con ninguna confesión. La religión católica es la oficial del Estado. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Se mantendrán relaciones de cooperación únicamente con la Iglesia Católica.

Según el art. 17.2, la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones y, en todo caso, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición judicial en el plazo máximo de: 24 horas. 48 horas. 72 horas. 5 días.

Según el art. 17.3, la persona detenida tiene derecho a ser informada: En el plazo máximo de 24 horas de sus derechos. De forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención. Por escrito y en presencia de abogado, de los hechos que se le imputan. Mediante lectura de sus derechos antes del interrogatorio policial.

Según el art. 17.4, la ley regulará un procedimiento para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente denominado: Amparo judicial. Suspensión de detención. Habeas corpus. Alarde.

El artículo 18.2 establece que el domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de: Sospecha de delito. Delito de terrorismo. Flagrante delito. Indicios racionales de criminalidad.

Se garantiza el secreto de las comunicaciones (art. 18.3) y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo: Autorización del Ministerio del Interior. Estado de excepción o sitio. Resolución judicial. Consentimiento de una de las partes.

Los españoles tienen derecho a entrar y salir libremente de España. Este derecho no podrá ser limitado (art. 19): Bajo ninguna circunstancia. Por motivos de salud pública. Por motivos políticos o ideológicos. Por motivos de seguridad nacional.

El artículo 20.1 reconoce varios derechos, entre ellos: A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. A la libertad de cátedra. Todos los anteriores son correctas.

Según el art. 20.2, el ejercicio de los derechos de libertad de expresión y de información: Puede restringirse por censura previa en caso de estado de excepción. No puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Podrá restringirse por razones de seguridad nacional. Podrá someterse a autorización administrativa previa.

Las libertades reconocidas en el artículo 20 tienen su límite especialmente en (art. 20.4): La seguridad nacional y el orden público. El derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. El respeto a los poderes públicos y a las instituciones del Estado. El mantenimiento del orden constitucional.

Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de (art. 20.5): Autorización gubernativa. Orden del Ministerio Fiscal. Resolución judicial. Decisión del Ministerio del Interior.

El derecho de reunión pacífica y sin armas (art. 21.1): Necesitará autorización previa en todo caso. Necesitará comunicación previa en todo caso. No necesitará autorización previa. Está sujeto a autorización gubernativa si supera las 50 personas.

En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, la autoridad sólo podrá prohibirlas cuando (art. 21.2): No se haya solicitado autorización con 15 días de antelación. Existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. Se interrumpa el tráfico rodado. No se garantice la limpieza del lugar tras la reunión.

Según el art. 22, son ilegales las asociaciones que: Persigan fines de lucro no declarados. No estén inscritas en el registro correspondiente. Persigan fines o utilicen medios tipificados como delito. Fomenten el odio ideológico.

Las asociaciones constituidas al amparo del artículo 22 deberán inscribirse en un registro: Como requisito para su constitución. A los solos efectos de publicidad. Para adquirir personalidad jurídica. A efectos de control tributario.

Según el art. 22.4, las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de: Orden del Ministerio del Interior. Acuerdo del Consejo de Ministros. Resolución judicial motivada. Sentencia firme del Tribunal Constitucional.

El artículo 22.5 prohíbe las asociaciones: De carácter paramilitar y secretas. De carácter lucrativo sin autorización. Monopolísticas y oligopolísticas. Anticonstitucionales y subversivas.

Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos (art. 23.1): Exclusivamente a través de representantes políticos. Directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. A través de la iniciativa legislativa popular en todo caso. Mediante referéndum consultivo anual.

Según el art. 23.2, los ciudadanos tienen derecho a acceder a las funciones y cargos públicos: Según su capacidad y mérito. En condiciones de igualdad, con los requisitos que señalen las leyes. Sin más requisitos que la nacionalidad española. A través de oposición libre en todo caso.

Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales, sin que en ningún caso pueda producirse (art. 24.1): Discriminación. Indefensión. Retraso. Injusticia.

El artículo 24.2 reconoce el derecho a: Un Juez ordinario predeterminado por la ley. La defensa y a la asistencia de letrado. Un proceso público sin dilaciones indebidas. Todas las anteriores son correctas.

La ley regulará los casos en que no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos por razón de (art. 24.2): Parentesco o secreto profesional. Amistad íntima o parentesco. Secreto de Estado o profesional. Religión o parentesco.

Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa (art. 25.1): Según la jurisprudencia aplicable. Según el derecho natural. Según la legislación vigente en aquel momento. Según los principios generales del derecho.

Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia (art. 25.2): La reeducación y reinserción social. El castigo y la ejemplaridad. La expiación del delito y la seguridad ciudadana. La reparación a las víctimas y la reeducación.

El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales, a excepción de los que se vean expresamente limitados por (art. 25.2): El Reglamento Penitenciario. El contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. La decisión del Juez de Vigilancia Penitenciaria en cada momento. La conducta del interno en prisión.

La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen (art. 25.3): Pérdida de derechos civiles. Multas superiores a los límites legales. Privación de libertad. Inhabilitación para el ejercicio de profesión.

Los Tribunales de Honor están prohibidos (art. 26): En todos los ámbitos sin excepción. En el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales. En el ámbito militar y en la Administración de Justicia. En el ámbito de la Administración civil exclusivamente.

Según el art. 27.2, la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a: Los principios de mérito y capacidad. Los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Los valores católicos y occidentales. La unidad de la Nación española.

Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que (art. 27.3): Determine la Administración educativa. Esté de acuerdo con sus propias convicciones. Se imparta de manera obligatoria en los centros públicos. Concorde con la religión mayoritaria de la sociedad española.

Según el art. 27.4, la enseñanza básica es: Obligatoria, gratuita y laica. Obligatoria y gratuita. Gratuita pero voluntaria a partir de los 14 años. Obligatoria hasta los 18 años y gratuita en centros públicos.

Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a (art. 27.6): La programación general de la enseñanza. Los principios constitucionales. Los requisitos establecidos por el Ministerio de Educación. El pluralismo ideológico.

Intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos (art. 27.7): Exclusivamente los profesores y los padres. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos, en los términos que la ley establezca. El claustro de profesores y el director del centro. La Administración local y autonómica correspondiente.

Según el art. 27.10, se reconoce la autonomía de las Universidades: Plenamente y sin restricciones normativas. En los términos que la ley establezca. Únicamente para las Universidades públicas. Sujeta al control del Ministerio competente en todo momento.

Todos tienen derecho a sindicarse libremente, pero la ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a (art. 28.1): Jueces y Magistrados. Las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar. Los altos cargos de la Administración. Los funcionarios públicos en general.

La libertad sindical comprende el derecho a (art. 28.1): Fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección. Formar confederaciones. Fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Todas las respuestas son correctas.

La ley que regule el ejercicio del derecho a la huelga establecerá las garantías precisas para asegurar (art. 28.2): El orden público y la paz social. El funcionamiento de las empresas estratégicas. El mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. La mediación y el arbitraje obligatorio.

El derecho de petición de los españoles podrá ejercerse (art. 29.1): Sólo de forma individual y por escrito. Individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley. Individual y colectiva, verbalmente o por escrito. A través de representantes legales obligatoriamente.

Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados podrán ejercer el derecho de petición (art. 29.2): Sólo colectivamente. Individual o colectivamente, con arreglo a su legislación específica. Sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica. Tienen prohibido el ejercicio del derecho de petición.

Según el art. 30.1, los españoles tienen el derecho y el deber de: Defender a España. Contribuir a los gastos públicos. Trabajar. Proteger el medio ambiente.

Según el art. 30.4, podrán regularse mediante ley los deberes de los ciudadanos en los casos de: Estado de alarma, excepción y sitio. Grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Movilización general. Crisis económica severa.

Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de (art. 31.1): Legalidad y equidad. Proporcionalidad y solidaridad. Igualdad y progresividad. Generalidad y eficacia.

El sistema tributario justo, en ningún caso, tendrá alcance (art. 31.1): Retroactivo. Confiscatorio. Desproporcionado. Sancionador.

Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público (art. 31.3): Por Real Decreto. Por acuerdo del Consejo de Ministros. Con arreglo a la ley. Por ley orgánica.

El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio (art. 32.1): Con plena igualdad de derechos y deberes. Con plena igualdad jurídica. En los términos que establezca el Código Civil. Sin discriminación por razón de sexo.

Según el art. 33.1, se reconoce el derecho a: La vivienda digna y a la intimidad. La propiedad privada y a la herencia. El patrimonio histórico y la cultura. La libre empresa y el comercio.

El contenido de los derechos a la propiedad privada y a la herencia será delimitado por (art. 33.2): El interés económico del Estado. Su función social, de acuerdo con las leyes. Los fines de interés general. La utilidad pública, mediante la correspondiente indemnización.

Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por (art. 33.3): Causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. Resolución judicial firme y mediante justiprecio. Interés nacional, previo pago de la indemnización que estipule la Administración. Necesidad pública inminente declarada por el Gobierno.

Se reconoce el derecho de fundación (art. 34.1): Para cualquier fin lícito. Para fines de interés general, con arreglo a la ley. Para fines sociales y benéficos exclusivamente. Siempre que no tengan ánimo de lucro encubierto.

Según el art. 35.1, todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho a: Un trabajo estable y bien remunerado. El trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente. La prestación por desempleo si no consiguen trabajo. Un puesto de trabajo acorde a su formación y mérito.

En relación a la remuneración por el trabajo, el art. 35.1 establece que: Debe garantizarse el salario mínimo interprofesional. En ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. Debe ser igual para el mismo tipo de trabajo, sea cual sea la edad. Debe fijarse por convenio colectivo en todo caso.

La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios Profesionales deberán ser (art. 36): Transparentes. Representativos. Democráticos. Libres.

La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como (art. 37.1): La mediación en caso de conflicto colectivo. La fuerza vinculante de los convenios. La eficacia erga omnes de todos los acuerdos laborales. La prohibición de la huelga durante la vigencia del convenio.

La ley que regule el ejercicio del derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo incluirá las garantías precisas para asegurar (art. 37.2): El respeto a los bienes de la empresa. El mantenimiento de la productividad mínima. El funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad. El derecho al trabajo de quienes no secunden la huelga.

Se reconoce la libertad de empresa en el marco de (art. 38): La economía planificada. La economía de mercado. El Estado del bienestar. La función social de la propiedad.

Los poderes públicos garantizan y protegen el ejercicio de la libertad de empresa y la defensa de la productividad, de acuerdo con (art. 38): El crecimiento del producto interior bruto. Las leyes del mercado y la libre competencia. Las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. Los intereses de consumidores y usuarios.

Según el art. 39.1, los poderes públicos aseguran la protección de la familia en los ámbitos: Social, económico y cultural. Social, económico y jurídico. Sanitario, económico y educativo. Moral, jurídico y social.

Los poderes públicos aseguran la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres (art. 39.2): Sólo si son familias numerosas. Sólo dentro del matrimonio. Cualquiera que sea su estado civil. Si carecen de recursos económicos.

Según el art. 39.2, la ley posibilitará: El divorcio y la separación de mutuo acuerdo. La investigación de la paternidad. La custodia compartida como norma general. La adopción por familias monoparentales.

Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio (art. 39.3): Durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda. Hasta que alcancen la independencia económica. Hasta los 25 años si continúan estudiando. De forma indefinida si carecen de ingresos.

Según el art. 40.1, de manera especial los poderes públicos realizarán una política orientada: Al control de la inflación. Al pleno empleo. A la estabilidad presupuestaria. Al aumento del salario mínimo.

Los poderes públicos velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario mediante (art. 40.2): El fomento del teletrabajo y la conciliación. La limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados. La jubilación anticipada en profesiones de riesgo. El incremento de los días de permiso por asuntos propios.

Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice prestaciones sociales suficientes, especialmente en caso de (art. 41): Enfermedad grave. Desempleo. Jubilación. Orfandad y viudedad.

Según el art. 41, la asistencia y prestaciones complementarias de la Seguridad Social serán: Obligatorias para las empresas. De gestión privada bajo supervisión pública. Libres. Limitadas por la capacidad presupuestaria del Estado.

El Estado orientará su política hacia el retorno de (art. 42): El talento científico e investigador emigrado. Las empresas deslocalizadas a otros países. Los trabajadores españoles en el extranjero. El patrimonio histórico expoliado.

Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de (art. 43.2): Hospitales públicos y privados concertados. Medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Campañas de vacunación e inspecciones sanitarias. Un sistema nacional de salud universal y gratuito.

Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y (art. 43.3): La dieta mediterránea. El deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio. El turismo interior. Los hábitos de vida saludables y la prevención de adicciones.

Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a (art. 44.1): La vivienda digna, a la que todos tienen derecho. La justicia gratuita para quienes carezcan de recursos. La cultura, a la que todos tienen derecho. Las nuevas tecnologías de la información.

Según el art. 45.1, todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de: Protegerlo. Mejorarlo. Conservarlo. Respetarlo.

Para quienes violen lo dispuesto respecto al medio ambiente, se establecerán, en los términos que la ley fije (art. 45.3): Sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado. Sanciones administrativas exclusivamente. Multas coercitivas y el decomiso de los bienes empleados. Trabajos en beneficio de la comunidad.

La ley penal sancionará los atentados contra (art. 46): El medio ambiente y los recursos naturales. El patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España. La propiedad intelectual y los derechos de autor. La integridad física y moral de las personas.

Según el art. 47, los poderes públicos regularán la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para: Proteger el medio ambiente urbano. Impedir la especulación. Fomentar la construcción de vivienda pública. Garantizar el derecho a la propiedad.

Respecto a las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos, el art. 47 establece que: Pertenecerán íntegramente a los propietarios del suelo. Revertirán en el municipio donde se generen. La comunidad participará en ellas. Serán expropiadas por el Estado.

Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo (art. 48): Político, social, económico y cultural. Democrático, laboral y formativo. Económico, cívico y deportivo. Social, educativo y recreativo.

Según el actual artículo 49 (reformado en 2024), ejercen los derechos previstos en el Título I en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas: Los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. Las personas con discapacidad. Las personas con diversidad funcional. Los minusválidos y dependientes.

El artículo 49 establece que se atenderán particularmente las necesidades específicas de: Los ancianos y niños con discapacidad. Las personas con alto grado de dependencia. Las mujeres y los menores con discapacidad. Las personas con discapacidad intelectual grave.

Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en (art. 49.2): Centros especializados y residencias adecuadas. Entornos universalmente accesibles. El mercado laboral ordinario y protegido. Condiciones de gratuidad total.

Según el art. 50, los poderes públicos garantizarán la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad mediante: El fomento de planes de pensiones privados. Un sistema de asistencia social integral. Pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas. Ayudas directas y exenciones fiscales.

Los poderes públicos promoverán el bienestar de los ciudadanos de la tercera edad mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de (art. 50): Salud, vivienda, cultura y ocio. Dependencia, soledad y movilidad. Alimentación, transporte, sanidad y esparcimiento. Atención domiciliaria y plazas residenciales.

Según el art. 51.1, los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces: La seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. Sus derechos de desistimiento y garantía. La información veraz sobre los productos y servicios. La libre elección y la indemnización de daños.

En el marco de la defensa de los consumidores y usuarios, la ley regulará (art. 51.3): El comercio exterior y las importaciones. El comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales. La publicidad engañosa y los monopolios. El control de precios de los productos de primera necesidad.

La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser (art. 52): Democráticos. Transparentes. Participativos. Conformes a la ley.

¿En qué artículo de la Constitución se establece el derecho a no declarar contra sí mismos y a no confesarse culpables?. Artículo 17. Artículo 24. Artículo 25. Artículo 18.

Según el art. 23.1, la participación en los asuntos públicos mediante representantes libremente elegidos en elecciones periódicas se realiza por: Sufragio universal, igual, libre, directo y secreto. Sufragio universal. Mayoría absoluta. Voto censitario.

El derecho a la tutela efectiva de jueces y tribunales implica que en ningún caso pueda producirse: Un error judicial. Una condena injusta. Indefensión. Prisión preventiva superior al límite legal.

Según el art. 38, los poderes públicos garantizan y protegen el ejercicio de la libertad de empresa y la defensa de: El libre comercio internacional. Los derechos de los trabajadores. La productividad. La soberanía económica nacional.

¿Qué artículo consagra que la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes son fundamento del orden político y de la paz social?. Artículo 1. Artículo 9. Artículo 10. Artículo 14.

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