TÍTULO IV – EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN

Según el artículo 97 CE, el Gobierno dirige: Solo la política interior. La política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. La política exterior y la defensa, pero no la Administración. La Administración civil, pero no la militar.

El Gobierno ejerce la función ejecutiva y: La potestad legislativa. La potestad reglamentaria. La potestad judicial. La potestad constituyente.

Según el artículo 98 CE, el Gobierno se compone de: Presidente y Ministros. Presidente, Vicepresidentes, Ministros y demás miembros que establezca la ley. Presidente, Ministros y Secretarios de Estado. Presidente, Ministros y Delegados del Gobierno.

Los miembros del Gobierno son políticamente responsables: Solo ante el Rey. Ante el Congreso de los Diputados. Ante el Senado. Ante ambas Cámaras.

Según el artículo 99 CE, el Rey propone candidato a Presidente del Gobierno: Libremente. Tras consultar a los grupos políticos con representación parlamentaria. A propuesta del Senado. A propuesta del Tribunal Constitucional.

El candidato a Presidente del Gobierno debe obtener: Mayoría absoluta en primera votación. Mayoría simple en primera votación. Mayoría absoluta o simple según el turno. Mayoría de dos tercios.

Si tras dos meses desde la primera votación ningún candidato obtiene la confianza: El Rey nombra Presidente al candidato más votado. Se repiten las elecciones. El Gobierno continúa indefinidamente en funciones. El Congreso elige por mayoría simple.

Según el artículo 100 CE, los Ministros son nombrados y separados por: El Presidente del Gobierno. El Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno. El Congreso. El Senado.

El Gobierno cesa: Solo por dimisión del Presidente. Por pérdida de confianza parlamentaria, dimisión o fallecimiento del Presidente. Solo tras elecciones generales. Solo por moción de censura.

Tras el cese, el Gobierno continúa en funciones: Hasta que el Rey nombre un Gobierno provisional. Hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno. Solo durante 30 días. Hasta que el Congreso lo decida.

Según el artículo 103 CE, la Administración Pública sirve con objetividad: A los intereses del Gobierno. A los intereses del Estado. A los intereses generales. A los intereses de las Cortes Generales.

La Administración actúa con sometimiento pleno a: La ley y al Gobierno. La ley y al Derecho. La ley y a la Constitución exclusivamente. La ley y a las Cortes Generales.