Test Título preliminar Ley 40/2015, 1 de octubre, Parte9

1. En los casos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere los apartados 4 y 5 del artículo 32, salvo que la sentencia disponga otra cosa, serán indemnizables los daños producidos en el plazo de: los 2 años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea. los 5 años posteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea. los 2 años posteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea. los 5 años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea.

2. La indemnización de las lesiones producidas al particular se calculará: con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal. con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación de expropiación forzosa y demás normas aplicables. ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado. todas son correctas.

3. La cuantía de la indemnización se calculará con referencia a: el día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Centro de Investigaciones Sociológicas, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada. la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad, sin perjuicio de su actualización al día en que la lesión efectivamente se produjo con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Centro de Investigaciones Sociológicas, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada. el día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada. la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad, sin perjuicio de su actualización al día en que la lesión efectivamente se produjo con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada.

4. Cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público y siempre que exista acuerdo con el interesado, la indemnización procedente podrá (señala la incorrecta): sustituirse por una compensación en especie. ser abonada mediante pagos periódicos. sustituirse por una compensación variable y diferida. todas son correctas.

5. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial, los particulares exigirán: directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio. directamente a las autoridades y personal al servicio de la Administración Pública las indemnizaciones por los daños y perjuicios que hayan ocasionado. indiferentemente a la Administración Pública correspondiente o a las autoridades y personal a su servicio las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por estas últimas. ninguna es correcta.

6. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves: de oficio en vía penal, previa instrucción del correspondiente procedimiento. de oficio en vía administrativa, sin instrucción de procedimiento. de oficio en vía administrativa, previa instrucción del correspondiente procedimiento. de oficio en vía penal, sin instrucción de procedimiento.

7. Para la exigencia de la responsabilidad de las autoridades al servicio de la Administración y, en su caso, para su cuantificación, se ponderará: (señala la incorrecta). el resultado dañoso producido. el grado de culpabilidad. la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso. la reincidencia en el acto doloso.

8. Respecto al procedimiento para la exigencia de la responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, el plazo para realizar alegaciones será de: 5 días. 10 días. 15 días. 20 días.

9. Respecto al procedimiento para la exigencia de la responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, el plazo para la práctica de las pruebas será de: 5 días. 10 días. 15 días. 20 días.

10. Respecto al procedimiento para la exigencia de la responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, el plazo para la audiencia será de: 5 días. 10 días. 15 días. 20 días.

11. Respecto al procedimiento para la exigencia de la responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, el plazo para la formulación de la propuesta de resolución será de: 5 días desde la finalización del trámite de audiencia. 10 días desde la finalización de la práctica de las pruebas. 5 días desde la finalización de la práctica de las pruebas. 10 días desde la finalización del trámite de audiencia.

12. Respecto al procedimiento para la exigencia de la responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, el plazo para la resolución por el órgano competente será de: 5 días. 10 días. 15 días. 20 días.

13. Respecto al procedimiento para la exigencia de la responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, la resolución declaratoria de responsabilidad: pondrá fin a la vía administrativa. no pondrá fin a la vía administrativa. pondrá fin a la vía administrativa en determinados casos. ninguna es correcta.

14. Se exigirá de acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente: la responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas. la responsabilidad civil derivada del delito. a y b son correctas. a y b son incorrectas.

15. La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas: suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, incluso cuando la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial. no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial. no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, incluso cuando la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial. suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial.

16. La sede electrónica es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a: una Administración Pública. a uno o varios organismos públicos en el ejercicio de sus competencias. a una o varias entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias. todas son correctas.

17. No es correcto respecto a las sedes electrónicas: el establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma. las sedes electrónicas dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean necesarias. la publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y transacciones respetará los principios de accesibilidad y uso de acuerdo con las normas establecidas al respecto, estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos. la Administración General del Estado determinará las condiciones e instrumentos de creación de las sedes electrónicas, con sujeción a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad.

18. Se entiende por portal de internet el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a (señala la incorrecta): una Administración Pública. un organismo público. una entidad de Derecho Privado. todas son correctas.

19. Se entiende por portal de internet el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a: la información publicada. la sede electrónica correspondiente. a y b son correctas. a y b son incorrectas.

20. Las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante el uso de: cualquier sistema electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de protección de datos. cualquier sistema electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de protección de datos. un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.