Título VI

¿Cuál de las siguientes es cierta en relación con el ejercicio de la potestad reglamentaria?. Que los órganos de gobierno locales gozan de la potestad reglamentaria, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Que el Gobierno de la Nación puede ejercer la potestad reglamentaria. Que los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas gozan de la potestad reglamentaria, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos. Todas las respuestas son ciertas.

Los reglamentos y las disposiciones administrativas ejercen una función de desarrollo o colaboración con respecto a la Ley. ¿Pueden las mismas establecer penas o sanciones?. Sí, supletoriamente en defecto de Ley. No. No, salvo autorización expresa de una Ley. No, aunque sí pueden establecer graduaciones y plazos de ejecución de las mismas.

Además de la iniciativa legislativa recogida en el artículo 127 LPAC, ¿de qué gozan los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas?. De potestad para aprobar reales decretos-leyes y decretos legislativos en los términos previstos en el Reglamento de las Cámaras. De potestad para aprobar reales decretos-leyes y reales decretos legislativos en los términos previstos en la Constitución. De potestad para aprobar decretos-leyes y decretos legislativos en los términos previstos en la Constitución. De potestad para remitir decretos-leyes y reales decretos legislativos a las Cámaras, para su aprobación, enmienda o devolución.

¿Qué órganos pueden ejercer la iniciativa legislativa a nivel de Comunidad Autónoma?. Los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas en los términos establecidos por la Constitución y sus respectivos Estatutos de Autonomía. El órgano de gobierno de la Asambleas Legislativa de las Comunidades Autónomas en los términos establecidos por la Constitución y sus respectivos Estatutos de Autonomía. Ciertas A y B, según los casos. El presidente y vicepresidentes de las Comunidades Autónomas en los términos establecidos por la Constitución y sus respectivos Estatutos de Autonomía.

Según la LPAC, ¿Conforme a qué principio no actuarán las Administraciones Públicas en el ejercicio de la potestad reglamentaria?. Al de transparencia. Al de eficiencia. Al de seguridad jurídica. Todas las anteriores son falsas.

¿Además de la iniciativa legislativa recogida en el artículo 127 de la LPAC, de qué gozan de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas?. De potestad para remitir decretos-leyes y reales decretos legislativos a las Cámaras, para su aprobación, enmienda o devolución, de conformidad con lo establecido en la Constitución y en sus respectivos Estatutos de Autonomía. De potestad para aprobar decretos-leyes y decretos legislativos en los términos previsto en la Constitución, de conformidad con lo establecido en la Constitución y en sus respectivos Estatutos de Autonomía. De potestad para aprobar reales decretos-leyes y decretos legislativos en los términos previsto en el Reglamento de las Cámaras, de conformidad con lo establecido en la Constitución y en sus respectivos Estatutos de Autonomía. De potestad para aprobar reales decretos-leyes y reales decretos legislativos en los términos previsto en la Constitución, de conformidad con lo establecido en la Constitución y en sus respectivos Estatutos de Autonomía.

Según la LPAC, ¿qué motivo justifica la iniciativa normativa en virtud de los principios de necesidad y eficacia?. Una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. Que la iniciativa que se proponga deberá contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma. Que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios. Que se ejerza de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas.

¿A qué orden deberán ajustarse las disposiciones administrativas?. Al orden jerárquico señalado para cada Administración. Al principio de orden jerárquico establecido orgánicamente para cada Administración. Al orden de jerarquía que establecen las leyes. Al principio de jerarquía normativa señalado en el artículo 29.3 de la CE.

Además de la iniciativa legislativa recogida en el artículo 127 LPAC, ¿de qué goza el Gobierno de la Nación?. De potestad para aprobar reales decretos-leyes y decretos legislativos en los términos previstos en el Reglamento de las Cámaras. De potestad para remitir decretos-leyes y reales decretos legislativos a las Cámaras, para su aprobación, enmienda o devolución. De potestad para aprobar reales decretos-leyes y reales decretos legislativos en los términos previstos en la Constitución. De potestad para aprobar decretos-leyes y reales decretos legislativos en los términos previstos en la Constitución.

Según la LPAC, ¿qué justifica la iniciativa normativa en virtud de los principios de proporcionalidad?. Una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. Que la iniciativa que se proponga deberá contener una regulación exhaustiva para atender la necesidad a cubrir el interés general. Que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios. Que se ejerza de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas.

¿Cómo ejerce el Gobierno de la Nación la iniciativa legislativa prevista en la CE según la LPAC?. Mediante la aprobación de los anteproyectos de Ley y la ulterior remisión de los proyectos de Ley a las Cortes Generales para su elaboración definitiva. Mediante la elaboración y aprobación de los anteproyectos de Ley y la ulterior remisión de los proyectos de Ley a las Cortes Generales. Mediante la elaboración y aprobación de los anteproyectos de Ley y la ulterior remisión de las Leyes a las Cortes Generales. Mediante la elaboración y aprobación de los anteproyectos de decretos-ley y la ulterior remisión de los proyectos de Ley a las Cortes Generales.

¿Cuál de las siguientes es falsa en relación con el ejercicio de la potestad reglamentaria?. Que los órganos de gobierno locales gozan de la potestad reglamentaria, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Que el ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación de conformidad con lo establecido en su respectivo Estatuto de funcionamiento. Que los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas gozan de la potestad reglamentaria, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos. Todas las respuestas anteriores son falsas.

Los reglamentos y las disposiciones administrativas ejercen una función de desarrollo o colaboración con respecto a la Ley. ¿Pueden establecerse tributos reglamentariamente?. Sí, supletoriamente en defecto de Ley. No, aunque sí pueden establecerse graduaciones, reducciones, exenciones y fórmulas de cálculo de la base imponible. No. No, salvo autorización expresa de Ley.

Según la LPAC, ¿qué justifica la iniciativa normativa en virtud de los principios de proporcionalidad?. Una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. Que la iniciativa que se proponga deberá contener una regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma. Que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios. Que se ejerza de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas.

A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, según la LPAC ¿cómo se ejercerá la iniciativa normativa?. De tal manera que la iniciativa que se proponga deberá contener una regulación exhaustiva para atender la necesidad a cubrir con el interés general. Impidiendo que existan otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios. De manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas. Basándose en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución.

¿Cuál de las siguientes alternativas es correcta en relación con el ejercicio de la potestad reglamentaria?. Que el ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación. Los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas gozan de la potestad reglamentaria, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos. Los órganos de gobierno locales gozan de la potestad reglamentaria, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Todas las opciones son ciertas.

¿Cuál de las siguientes respuestas es correcta en relación con el ejercicio de la potestad reglamentaria?. Que los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas gozan de la potestad reglamentaria, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos. Los órganos de gobierno locales gozan de la iniciativa legislativa. Que el ejercicio de la iniciativa legislativa corresponde al Gobierno de la Nación de acuerdo con lo previsto en la Constitución y la Ley 7/1985, de 2 de abril. Todas las alternativas anteriores son falsas.

¿A qué deberán ajustarse las disposiciones administrativas?. Al orden de jerarquía que establecen las leyes. Ninguna podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior. Ciertas A y B. A que, cuando la naturaleza de la materia así lo exijan, las leyes podrán habilitar directamente disposiciones administrativas.

Los reglamentos ejercen una función de desarrollo o colaboración con respecto a la Ley. ¿Qué limitacione se establecen en la LPAC respecto de los mismos?. No podrán tipificar delitos, faltas, o infracciones administrativas. No podrán establecer penas o sanciones. No podrán establecer tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público. Todas las anteriores son ciertas.

Los reglamentos y las disposiciones administrativas ejercen una función de desarrollo o colaboración con respecto a la Ley. ¿Pueden establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público mediante disposiciones administrativas.?. No. Sí, supletoriamente en defecto de Ley. No, salvo autorización expresa de una Ley. No, aunque sí pueden establecer graduaciones, reducciones, tipo aplicables y fórmulas de cálculo de la base patrimonial.

Según la LPAC, ¿dónde deberá quedar reflejada la adecuación a los principios que adornan el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria por parte de las Administraciones Públicas?. En la exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento. En la exposición de motivos de los proyectos de reglamento. En el preámbulo de los anteproyectos de ley. En en el preámbulo o la exposición de motivos, según se trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento.

¿Cómo se procederá cuando la iniciativa normativa establezca trámites adicionales o distintos a los contemplados en la LPAC?. Deberán motivarse, facilitando su conocimiento y comprensión. Deberán posibilitar que los potenciales destinatarios tengan una participación activa en la elaboración de dichos procedimientos. Deberán justificarse atendiendo a la singularidad de la materia o a los fines perseguidos por la propuesta. Todas las anteriores son ciertas.

Según la LPAC, ¿Conforme a qué principio actuarán las Administraciones Públicas en el ejercicio de la iniciativa legislativa?. Al de proporcionalidad. Al de necesidad. Al de eficacia. Todas las anteriores son ciertas.

¿A qué limitación se encuentran sometidos los reglamentos?. No podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas normativas que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia del gobierno de la nación u órganos administrativos de las Comunidades Autónomas. No podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. No podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales u órganos administrativos de las Comunidades Autónomas. A las propias del ámbito competencial parlamentario, así como a las propias de la CE.

¿Cuál de las siguientes respuestas no es cierta en relación con el ejercicio de la potestad reglamentaria?. Que el ejercicio de la iniciativa legislativa corresponde al Gobierno de la Nación de acuerdo con lo previsto en la Constitución y la Ley 7/1985, de 2 de abril. Que los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas gozan de la potestad reglamentaria, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos. Los órganos de gobierno locales gozan de potestad reglamentaria. Todas las alternativas anteriores son falsas.

¿Puede realizarse habilitación para el desarrollo reglamentario de una ley a Autoridades independientes u otros organismos?. Sí, si tienen atribuida esta potestad para aprobar normas en desarrollo o aplicación de las mismas, cuando la naturaleza de la materia así lo exija. Sí, excepcionalmente, debiendo justificarse en la ley habilitante. No, dado que se establece exclusiva del Gobierno o Consejo de Gobierno respectivo. No, dado que sería una habilitación nula de pleno derecho.

¿En aplicación de qué principio las Administraciones Públicas definirán claramente los objetivos de las iniciativas normativas y su justificación en el preámbulo o exposición de motivos?. En aplicación del principio de participación. En aplicación del principio de eficacia. En aplicación del principio de transparencia. En aplicación del principio de libre acceso.

Cuando la iniciativa legislativa afecte a gastos e ingresos públicos presentes o futuros procede realizar una cuantificación y valoración de sus repercusiones y efectos. ¿A qué principios debe supeditarse?. A los de prudencia contable y sostenibilidad financiera. A los de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. A los de estabilidad presupuestaria y prudencia contable. A los de sostenibilidad presupuestaria y equilibrio financiero.

¿Qué efectos tendrá la publicación de los diarios o boletines oficiales en las sedes electrónicas de la Administración, Órgano, Organismo público o Entidad competente?. Los mismos efectos que los atribuidos a su edición impresa, en las condiciones y con las garantías que cada Administración Pública determine. Efectos supletorios a los señalados a su edición empresa, aunque con las garantías que determina la LPAC. En las condiciones y con las garantías que cada Administración Pública determine, efectos complementarios los atribuidos a su edición impresa. En las condiciones y con las garantías que cada Administración Pública determine, efectos facultativos, siendo preferente la edición impresa.

Las Administraciones Públicas deberán revisar su normativa vigente de manera periódica, pero su resultado deberá plasmarse en un informe. ¿Qué es predicable del mismo?. Que se hará público. Que deberá determinarse por la normativa reguladora de la Administración correspondiente el detalle, periodicidad y el órgano encargado del mismo. Ciertas A y B. Que deberá adaptarse a los principios normalizados de buen gobiernos señalados en la Ley 9/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

¿Cuál de las siguientes normas deberá publicarse en el diario oficial correspondiente?. Las normas con rango de Ley. Los reglamentos. Las disposiciones administrativas. Todas las anteriores son ciertas.

¿Puede otorgarse habilitación para el desarrollo reglamentario de una ley de forma directa a órganos dependientes o subordinados de los titulares de los departamentos ministeriales o de las consejerías del Gobierno?. No, dado que tiene carácter supletorio. No, dado que se establece exclusiva del Gobierno o Consejo de Gobierno respectivo. Sí, excepcionalmente, debiendo justificarse en la ley habilitante. No, dado que sería una habilitación nula de pleno derecho.

¿En aplicación de qué principio deben posibilitar las Administraciones Públicas el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y documentos propios de su proceso de elaboración?. Eficacia. Transparencia. Participación. Libre acceso.

¿Qué carácter tendrá la publicación del Boletín Oficial del Estado en las sede electrónica Organismo competente?. Complementario y auténtico. Complementario a la edición en papel. Oficial y auténtico. Auténtico y supletorio.

¿Qué norma reguladora de la transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno es citada en la LPAC?. El Real Decreto-ley 19/2013, de 9 de diciembre. El Real Decreto-legislativo 19/2013, de 9 de diciembre. El Real Decreto 19/2013, de 9 de diciembre. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre.

¿En aplicación de qué principio las Administraciones Públicas posibilitarán que los potenciales destinatarios de las normas tengan una participación activa en la elaboración de las mismas?. Participación. Eficacia. Transparencia. Libre acceso.

¿Qué normas deberán publicarse en el diario oficial correspondiente para que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos?. Las disposiciones administrativas. Las normas con rango de Ley. Los reglamentos. Todas las anteriores deberán.

¿Qué normas deberán publicarse en el diario oficial correspondiente?. Los reglamentos. Las disposiciones administrativas. Las normas con rango de Ley. Todas las anteriores son ciertas, para que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos.

Las normas con rango de ley, los reglamentos y disposiciones administrativas, habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente para que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos. ¿Pueden establecerse otros medios de publicidad?. Sí, adicionalmente, y de manera preceptiva, las Administraciones Públicas deberán establecer otros medios de publicidad complementarios. Sí, adicionalmente, y de manera facultativa, las Administraciones Públicas podrán establecer otros medios de publicidad complementarios. Sí,complementariamente, y de manera facultativa, las Administraciones Públicas podrán establecer otros medios de publicidad supletorios. Sí, supletoriamente, y de manera preceptiva, las Administraciones Públicas deberán establecer otros medios de publicidad complementarios.

Las Administraciones Públicas deberán revisar su normativa vigente de manera periódica, pero ¿con qué objeto?. Por adaptarla a los principios de buena fe y confianza legítima y para comprobar la medida en que las normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y si estaba justificado y correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas. Por adaptarla a los principios de eficacia y buen gobierno y para comprobar la medida en que las normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y si estaba justificado y correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas. Por adaptarla a los principios de transparencia y buenas regulación y para comprobar la medida en que las normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y si estaba justificado y correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas. Para adaptarla a los principios de buena regulación y para comprobar la medida en que las normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y si estaba justificado y correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas.

¿Cómo debe actuarse cuando la iniciativa normativa afecte a gastos o ingresos públicos presentes o futuros?. Se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al cumplimiento de los criterios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al cumplimiento de los principios de prudencia contable y sostenibilidad financiera. Se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al cumplimiento del criterio de sostenibilidad financiera.

¿En aplicación de qué principio la iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos?. Participación. Eficacia. Transparencia. Eficiencia.

¿Qué trámite precisa el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos?. Que previamente a la elaboración del proyecto o anteproyecto de Ley o reglamento, se sustancia una consulta pública facultativa. Que previamente a la elaboración del proyecto o anteproyecto de Ley o reglamento, se sustanciará una consulta popular. Que previamente a la elaboración del proyecto o anteproyecto de Ley o reglamento, debe sustanciarse una consulta pública acerca de la idoneidad del proyecto. Que con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de Ley o reglamento, debe sustanciarse una consulta pública.

¿Qué efectos se derivan de la publicación del Boletín Oficial del Estado en la sede electrónica del Organismo competente?. Los previstos en el título preliminar del CC y en las restantes normas aplicables. Los que se determinen reglamentariamente. Los que se determinen legal o reglamentariamente. Los previstos en el CC y en los títulos preliminares de las restantes normas aplicables.

Según la LPAC, el procedimiento de elaboración de las normas con rango de ley y reglamentos precisa que, con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustancie una consulta pública acerca de una serie de cuestiones. ¿Cuál de las siguientes no es una de ellas?. La necesidad y oportunidad de su aprobación. Los destinatarios de la norma. Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

¿Con qué periodicidad deberán las Administraciones Públicas hacer público el plan normativo?. Periódicamente. Mensualmente para adaptarla a normas superiores en vigor. Cada tres años, de manera preceptiva. Anualmente.

¿Con qué frecuencia deberán revisar su normativa vigente las Administraciones Públicas?. Cada tres años, de manera preceptiva. Periódicamente. Anualmente. Anualmente para adaptarla a normas superiores en vigor.

¿Qué contendrá el Plan Normativo que deberán hacer público las Administraciones Públicas?. Las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en sucesivos ejercicios. Las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente. Las propuestas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente. Las propuestas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en los próximos 5 años.

¿Con qué frecuencia deberán revisar las Administraciones Públicas su normativa vigente?. Periódicamente. Anualmente. Cada tres años, de manera preceptiva. Anualmente para adaptarla a normas superiores en vigor.

Tal y como establece la LPAC en su artículo 133, la consulta, audiencia e información pública deberá realizarse de forma tal que los potenciales destinatarios de las norma y quienes realicen aportaciones sobre ella tengan la posibilidad de emitir su opinión. ¿Qué se hace preciso para lograr tal fin?. Que el plazo no sea inferior a 20 días ante de la aprobación de la norma. Que se pongan a su disposición los documentos necesarios, que serán claros, concisos y reunir toda la información precisa para poder emitir un dictamen preceptivo sobre la materia. Que los mismos estén redactados de forma sencilla. Todas las anteriores son falsas.

Según la LPAC, el procedimiento de elaboración de las normas con rango de ley y reglamentos precisa que, con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustancie una consulta pública acerca de una serie de cuestiones. ¿Cuál de las siguientes es una de ellas?. Los objetivos de la norma. Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. La necesidad y oportunidad de su aprobación. Todas las anteriores son ciertas.

¿Dónde deberá publicarse el Plano Normativo de las Administraciones Públicas?. En el Portal de Transparencia de la correspondiente Administración Pública. En el Portal de Transparencia de la correspondiente Administración Pública, así como el Diario Oficial correspondiente. En el Portal de Transparencia de la correspondiente Administración Pública, así como en el BOE. Todas las anteriores son falsas o pregunta mal formulada.

¿A quién serán conferidos, con carácter general, las habilitaciones para el desarrollo reglamentario de una ley?. Al Gobierno o Consejo de Gobierno respectivo. De forma directa a los titulares de los departamentos ministeriales o de las consejerías de Gobierno. Ciertas A y B, según los casos. A las Cortes Generales o Asamblea Legislativa o parlamento autonómico correspondiente.

¿En virtud de qué norma deben posibilitar las Administraciones Públicas el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de elaboración?. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El Real Decreto-ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El Real Decreto 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Todas las anteriores son falsas o pregunta mal formulada.

¿Puede otorgarse habilitación para el desarrollo reglamentario de una ley de forma directa a los titulares de los departamentos ministeriales o de las consejerías del Gobierno de una Comunidad Autónoma?. No, dado que tiene carácter supletorio. Sí, excepcionalmente, debiendo justificarse en la ley habilitante. Sí, si tienen atribuida esta potestad para aprobar normas en desarrollo o aplicación de las mismas, cuando la naturaleza de la materia así lo exija. No, dado que se establece exclusiva del Gobierno o Consejo de Gobierno respectivo.

Según la LPAC, el procedimiento de elaboración de las normas con rango de ley y reglamentos precisa que, con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustancie una consulta pública ¿Cómo se realizará tal consulta?. A través de la web de transparencia de la Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma. A través de la web de la Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma. A través de la web del diario oficial correspondiente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma. Todas las anteriores son falsas.

¿En qué ocasiones puede omitirse la consulta pública regulada en el primer apartado del artículo 133 LPAC?. En el caso de normas presupuestarias u organizativas de la AGE, la Administración autonómica, la Administración local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas. Cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen. Ciertas A y B. Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia.

¿En virtud de qué norma deben posibilitar las Administraciones Públicas el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de elaboración?. Del Real Decreto-ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Del Decreto-ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Del Real Decreto 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Todas las anteriores son falsas.

¿Con qué periodicidad deberán revisar las Administraciones Públicas hacer público el Plan Normativo que contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente?. Cada 3 años, de manera preceptiva. Periódicamente. Anualmente. Trimestralmente si hubiera que adaptarlas a normas superiores.

Según la LPAC, el procedimiento de elaboración de las normas con rango de ley y reglamentos precisa que, con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustancie una consulta pública acerca de una serie de cuestiones. ¿Cuál de las siguientes es una de ellas?. Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. La necesidad y oportunidad de su aprobación. Todas las anteriores son ciertas.

¿En qué ocasiones puede omitirse la consulta, audiencia e información pública previstos en el primer ¡ artículo 133 LPAC?. En el caso de normas presupuestarias u organizativas de la AGE, la Administración autonómica, la Administración local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas. Cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen. Ciertas A y B. En el caso de normas tributarias sujetas a la prohibición de la iniciativa legislativa regulada en la CE.

Según la LPAC, sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, ¿Cómo debe actuarse cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas?. El portal web competente publicará el texto en el centro directivo correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. El portal web competente publicará el texto en el centro directivo correspondiente, con el objeto de dar información pública por un plazo no inferior a 20 días a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. El centro directivo competente publicará el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. El centro directivo competente publicará el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar información pública por un plazo no inferior a 20 días a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.

Tal y como establece la LPAC, la consulta, audiencia e información pública, deberán realizarse de forma tal que los potenciales destinatarios de la norma y quienes realicen aportaciones sobre ella tengan la posibilidad de emitir su opinión. ¿Qué se hace preciso para lograr tal fín?. Que se pongan a su disposición los documentos necesarios, que serán claros, concisos y reunir toda la información precisa para poder pronunciarse sobre la materia. Que los mismos estén redactados de forma sencilla. Que el plazo no sea inferior a 20 días antes de la aprobación de la norma. Todas las anteriores son correctas.