Trabajador/a social 2

Señale la respuesta correcta respecto a las directoras y directores generales según la Norma Foral 6/2005: Son altos cargos de la Diputación Foral. Su designación y cese se efectuará por Decreto Foral del Consejo de Gobierno Foral. Son altos cargos de la Diputación Foral. Su designación y cese se efectuará por Decreto Foral del Diputado o Diputada General. Son altos cargos de la Diputación Foral. Su designación y cese se efectuará por Orden Foral del Diputado o Diputada General. Son altos cargos de la Diputación Foral. Su designación y cese se efectuará por Acuerdo del Consejo de Gobierno Foral.

Según la Norma Foral 6/2005, los órganos superiores de la Administración Foral son: Los órganos superiores de la Administración Foral son el Consejo de Gobierno Foral, el Diputado o Diputada General, las diputadas y diputados forales y las directoras y directores generales. Los órganos superiores de la Administración Foral son el Consejo de Gobierno Foral, el Diputado o Diputada General, y las diputadas y diputados forales. Los órganos superiores de la Administración Foral son el Consejo de Gobierno Foral y el Diputado o Diputada General. Los órganos superiores de la Administración Foral son el Diputado o Diputada General, y las diputadas y diputados forales.

Según la Norma Foral 6/2005, señale la respuesta correcta sobre los Departamentos de la Diputación Foral de Gipuzkoa: Toda variación en el número, denominación y competencias de los Departamentos y la creación, fusión, supresión y reforma de los mismos se establecerá por Decreto Foral del Consejo de Gobierno Foral. En cada Departamento habrá una Secretaría Técnica que tendrá atribuidas las competencias sobre servicios comunes que determine el Decreto Foral de estructura orgánica de aquel, y en todo caso ejercerá las funciones genéricas de Secretaría y asesoramiento jurídico en las materias propias del Departamento y las de control de legalidad y control del gasto de los Órganos del Departamento. Corresponde al Diputado o Diputada Foral correspondiente, conjuntamente con el diputado o diputada foral que tenga atribuidas las competencias en materia de organización y servicios generales, la aprobación de la estructura orgánica de cada uno de los Departamentos mediante Orden Foral. Los Departamentos estarán bajo la superior dirección de un director o directora general.

Según la Norma Foral 6/2005, las disposiciones de carácter general de la Diputación Foral adoptarán la siguiente forma: Decretos Forales del Consejo de Gobierno Foral y del Diputado o Diputada General y Ordenes Forales, dictadas por las diputadas y diputados forales titulares de los Departamentos. Acuerdos del Consejo de Gobierno Foral, Decretos Forales del Diputado o Diputada General y Ordenes Forales, dictadas por las diputadas y diputados forales titulares de los Departamentos. Acuerdos del Consejo de Gobierno Foral y Ordenes Forales del Diputado o Diputada General y de las diputadas y diputados forales titulares de los Departamentos. Decretos Forales del Consejo de Gobierno Foral y Ordenes Forales del Diputado o Diputada General y de las diputadas y diputados forales titulares de los Departamentos.

Según la Norma Foral, 6/2005, todas las disposiciones de carácter general: Se publicarán en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y entrarán en vigor a los 15 días de su publicación, salvo disposición en contrario. Se publicarán en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y en el Boletín Oficial del País Vasco y entrarán en vigor a los 15 días de su publicación, salvo disposición en contrario. Se publicarán en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y entrarán en vigor a los 20 días de su publicación, salvo disposición en contrario. Se publicarán en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y en el Boletín Oficial del País Vasco y entrarán en vigor a los 20 días de su publicación, salvo disposición en contrario.

Según la Norma Foral, 6/2005, los actos del Consejo de Gobierno Foral adoptarán la forma de: Acuerdo. Decreto Foral. Orden Foral. Resolución.

Según la Norma Foral, 6/2005, las resoluciones del Diputado o Diputada General adoptarán la forma de: Acuerdo. Decreto Foral. Orden Foral. Resolución.

Según la Norma Foral, 6/2005, las resoluciones de las diputadas y diputados forales adoptarán la forma de: Acuerdo. Decreto Foral. Orden Foral. Resolución.

Según la Norma Foral, 6/2005, los actos dictados por las directoras y directores generales adoptarán la forma de: Acuerdo. Decreto Foral. Orden Foral. Resolución.

Según la Norma Foral, 6/2005, las resoluciones dictadas por las diputadas y diputados forales: No ponen fin a la vía administrativa. Ponen fin a la vía administrativa. No ponen fin a la vía administrativa, salvo que se señale lo contrario en la propia resolución. Ponen fin a la vía administrativa, salvo que se señale lo contrario en la propia resolución.

Las Provincias: Gozan de idéntica autonomía que los municipios para la gestión de los intereses respectivos. Gozan de menor autonomía que los municipios para la gestión de los intereses respectivos. Gozan de mayor autonomía que los municipios para la gestión de los intereses respectivos. No gozan de autonomía para la gestión de los intereses respectivos.

Según el art. 3.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las entidades locales territoriales son las siguientes: El ayuntamiento, el concejo abierto y las mancomunidades. El municipio, la provincia y la isla. Las comarcas, las áreas metropolitanas y las mancomunidades. El distrito, la comarca y el ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local tiene que estar integrada: Por el Alcalde y el resto de concejales de su candidatura. Por el Alcalde y los concejales que decida libremente el Alcalde. Por el Alcalde y los concejales que decida libremente el Alcalde, pero sin que superen el tercio del numero legal de los mismos. Por el Alcalde y un tercio del número legal de concejales, en proporción a su representación.

La aprobación de las ordenanzas locales corresponde a: El Pleno, pero las que no requieren mayoría cualificada pueden delegarse en la Junta de Gobierno Local. El Pleno, pero las que no requieren mayoría cualificada pueden delegarse en la Junta de Gobierno Local o en el Alcalde. El Pleno, pero todas pueden delegarse en la Junta de Gobierno Local. El Pleno.

Según el artículo 20.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, la organización municipal responde a las siguientes reglas: El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, la Junta de Gobierno Local y el Pleno existen en todos los ayuntamientos. El Alcalde, la Junta de Gobierno Local y el Pleno existen en todos los ayuntamientos. El Alcalde y el Pleno existen en todos los ayuntamientos. El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los ayuntamientos.

En el ámbito municipal la aceptación de la delegación de competencias hecha por otras Administraciones públicas corresponde a: El Pleno. La Junta de Gobierno Local. Los Tenientes de Alcalde. El Alcalde.

No tienen la condición de entidades locales territoriales: El Municipio y las Comarcas. Las Islas en los archipiélagos balear y canario. Las Provincias y Mancomunidades de Municipios. Las Mancomunidades de Municipios.

De acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local: La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios. La Junta de Gobierno Local existe en los municipios con población inferior a 5.000 habitantes, si así lo dispone su reglamento orgánico. La Comisión Especial de Cuentas sólo existe en los municipios con población superior a 5.000 habitantes. Corresponde a la Junta de Gobierno Local el control y fiscalización de los órganos de gobierno.

Son órganos necesarios en todos los ayuntamientos: El alcalde o la alcaldesa, los y las tenientes de alcalde o alcaldesa, el Pleno y la Comisión Especial de Cuentas. El alcalde o la alcaldesa, la Junta de Gobierno Local y el Pleno. El alcalde o la alcaldesa, las comisiones informativas y el Pleno. El alcalde o la alcaldesa, la Comisión Especial de Quejas y Sugerencias y el Pleno.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas a la administración local es INCORRECTA?. Las competencias de las Entidades Locales pueden ser propias o atribuidas por delegación. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, podrán delegar en las Entidades Locales el ejercicio de sus competencias. Las competencias propias de los Municipios, las Provincias y demás Entidades Locales territoriales solo podrán ser determinadas por Ley. Las Provincias no podrán realizar la gestión ordinaria de servicios propios de la Administración autonómica.

Corresponde al Alcalde: La aprobación de las ordenanzas. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales. Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales. La aprobación inicial del planeamiento general prevista en la legislación urbanística.

El objeto de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de: Responsabilidad penal de las autoridades. Reclamación de deudas entre particulares. Responsabilidad de las Administraciones Públicas. Selección de personal estatutario.

La Ley 39/2015 se aplica al sector público, el cual comprende, según el artículo 2.1.c): Las empresas privadas con participación estatal mínima del 10 %. Las organizaciones sindicales y empresariales. Las entidades que integran la Administración Local. Los partidos políticos y las fundaciones vinculadas a ellos.

A los efectos previstos en la Ley 39/2015, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: Solo los mayores de edad. Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate. Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela, incluyendo los menores incapacitados, incluso cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate. En todo caso, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos.

Según la Ley 39/2015, se consideran interesados en el procedimiento administrativo: Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan intereses personales que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento una vez haya recaído resolución definitiva. Todas las personas con capacidad de obrar.

Según la Ley 39/2015, señale la respuesta correcta: Para formular solicitudes en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación. Para presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos y para los actos y gestiones de mero trámite, se presumirá aquella representación. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación. Para interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos y para los actos y gestiones de mero trámite, se presumirá aquella representación. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación. Para desistir de acciones y renunciar a derechos y para los actos y gestiones de mero trámite, se presumirá aquella representación. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación. Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación.

Según la Ley 39/2015, cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán: Con todos ellos. Con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y, en su defecto, con el que figure en primer término. Con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y, en su defecto, con el que tenga mayor edad. Con el que tenga mayor edad.

Según la Ley 39/2015, para interponer recursos las Administraciones Públicas requerirán a los interesados: El uso obligatorio de firma. Que actúen mediante un abogado de forma obligatoria. Que actúen mediante un abogado de forma obligatoria, si se trata de un recurso de alzada. Que únicamente acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos en la Ley.

Según la Ley 39/2015, señale la respuesta correcta: Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no. Las entidades sin personalidad jurídica podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. Las personas jurídicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas.

Según la Ley 39/2015, en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas: Las personas físicas. Las personas jurídicas. Las personas físicas y las personas jurídicas. Las personas físicas, las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica.

Según la Ley 39/2015, la Administración: Está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación, exceptuando los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración. Está obligada, en todo caso, a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. No está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento. No está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en ningún caso.

Según la Ley 39/2015, el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se suspenderá en el siguiente caso: Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, por el del plazo concedido, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015. Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados, y la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora, que también deberá serles comunicada. Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento, desde que ésta se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del recusado. Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento.

Según la Ley 39/2015, señale la respuesta correcta respecto a los procedimientos iniciados a solicitud del interesado: La resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. La resolución expresa posterior a la producción del acto se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio. En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo y en los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio. En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio y en los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.

Según la Ley 39/2015, en los procedimientos iniciados de oficio de los que pudiera derivarse el reconocimiento de derechos, el vencimiento del plazo máximo sin resolución expresa: Producirá la caducidad del procedimiento. Permitirá a los interesados entender estimadas sus pretensiones por silencio administrativo, salvo en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición. Permitirá a los interesados entender estimadas sus pretensiones por silencio administrativo. Permitirá a los interesados entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.

Según la Ley 39/2015, tendrán la consideración de copias auténticas de un documento público administrativo: Las fotocopias simples realizadas por el interesado. Las realizadas por los órganos competentes de las Administraciones Públicas en las que quede garantizada la identidad del órgano que ha realizado la copia y su contenido. Cualquier documento escaneado enviado por correo electrónico. Las fotografías realizadas con un dispositivo móvil, siempre y cuando se envíen posteriormente mediante firma electrónica autorizada del interesado.

Según la Ley 39/2015, los interesados tienen derecho a no aportar documentos que: Consideren confidenciales o íntimos. Ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. Tengan una antigüedad superior a 5 años. Tengan un coste de expedición superior a 20 euros.

Según la Ley 39/2015, siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días: Se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. Se entiende que éstos son naturales, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. Se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos. Se entiende que éstos son naturales, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos.

Según la Ley 39/2015, señale la respuesta correcta respecto al cómputo de plazos: Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate y no podrán tener una duración superior a cuarenta y ocho horas, en cuyo caso se expresarán en días. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá que el plazo expira en el primer día hábil anterior. Si el plazo se fija en meses, si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el primer día del siguiente mes.

Según la Ley 39/2015, señale la respuesta correcta respecto a las reglas de funcionamiento del registro electrónico: Permitirá la presentación de documentos todos los días hábiles del año durante las veinticuatro horas. Permitirá la presentación de documentos todos los días hábiles del año durante la jornada laboral de la Administración Pública correspondiente. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá el primer día hábil anterior.

Según la Ley 39/2015, señale la respuesta correcta respecto a la ampliación de plazos: La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan, aun cuando con ello se perjudiquen derechos de terceros. La petición de los interesados sobre la ampliación deberá producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate y la decisión sobre la ampliación deberá adoptarse dentro de los diez días hábiles siguiente al vencimiento del plazo. Cuando una incidencia técnica haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema o aplicación que corresponda, y hasta que se solucione el problema, la Administración podrá determinar una ampliación de los plazos no vencidos, debiendo publicar en la sede electrónica tanto la incidencia técnica acontecida como la ampliación concreta del plazo no vencido. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación podrán recurrirse de acuerdo con lo previsto en el artículo 112 y siguientes de la ley.

Según la Ley 39/2015, los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que: El interesado sea una persona física. El interesado solicite que se realice a través de otros medios. Una incidencia técnica lo impida, en cuyo caso se realizará de forma verbal. Su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.

Según la Ley 39/2015, señale la respuesta correcta respecto a la notificación: Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. La notificación deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente. Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior, surtirán efecto a desde la fecha en que se dicten, siempre y cuando el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que proceda. Con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos, las Administraciones Públicas enviarán un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado que éste haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo correspondiente o en la dirección electrónica habilitada única. La falta de práctica de este aviso impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.

Según la Ley 39/2015, en las notificaciones practicadas en papel, de no hallarse presente el interesado en el momento de la entrega, podrá hacerse cargo de la misma: Cualquier persona mayor de 14 años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Cualquier persona mayor de 14 años que sea familiar de primer grado y que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Cualquier vecino mayor de edad y haga constar su identidad. Cualquier persona mayor de edad que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.

Según la Ley 39/2015, en todo caso, los actos administrativos serán objeto de publicación, surtiendo ésta los efectos de la notificación, entre otros, en el siguiente caso: Cuando se trate de actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. Cuando se trate de actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. Cuando se trate de actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como cuando acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio. Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo. En este caso, la convocatoria del procedimiento deberá indicar el medio donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos.

Según la Ley 39/2015, son anulables los actos de la Administración que: Lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. Sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta. Se dicten prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.

Señale la respuesta correcta respecto a los límites a la extensión de la nulidad o anulabilidad de los actos: La nulidad o anulabilidad de un acto implicará la de los sucesivos en el procedimiento. La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo implicará la de las partes del mismo independientes de aquélla. El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción. La Administración podrá convalidar los actos nulos.

De acuerdo con la Ley 39/2015, los procedimientos: Se iniciarán siempre de oficio. Se iniciarán siempre a solicitud del interesado. Podrán iniciarse de oficio o a solicitud del interesado. Podrán iniciarse de oficio o a solicitud de los interesados, cuando el número de interesados sea significativo.

Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver: Podrá adoptar, únicamente de oficio y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad. Podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad. Podrá adoptar, únicamente de oficio y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, con independencia de que existiesen elementos de juicio suficientes para ello. Podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, con independencia de que existiesen elementos de juicio suficientes para ello.

Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas: En los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados. En todos los casos. Solo en los procedimientos sancionadores. Solo en los procedimientos de responsabilidad patrimonial.

No se podrán adoptar medidas provisionales: Que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes. Cuando así lo solicite la persona interesada. Cuando el plazo para la resolución del procedimiento sea menor a 1 año. Cuando otras administraciones públicas puedan ser afectadas por las medidas a adoptar y muestren su disconformidad en un plazo de 10 días hábiles.