Trabajador Social 2026

El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo Segundo, Sección 1ª de la Constitución Española, se tutelará mediante: a) Recurso de amparo. b) Recurso de inconstitucionalidad. c) Recurso contencioso-administrativo. d) Recurso de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales.

Conforme a la Constitución Española, ¿Cuál de los siguientes derechos es un derecho fundamental?: a) Derecho a la propiedad privada. b) Derecho al trabajo. c) Derecho a defender a España. d) Derecho a la libertad de cátedra.

Son elementos del Municipio: a) El territorio, la población y el gobierno municipal. b) El territorio y la población. c) El territorio, la población y la organización. d) La población y la organización.

De acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los acuerdos de las corporaciones locales se adoptan, como regla general: a) Por mayoría cualificada. b) Por mayoría simple. c) Por mayoría absoluta. d) Por mayoría cualificada de 2/3 del número legal de miembros del Pleno.

Cuáles son los principios de atribución de competencias de municipios de Canarias, según de la Ley 7/2015, de 1 de abril: a) Autonomía funcional, cooperación, solidaridad y responsabilidad. b) Proximidad, participación ciudadana, coordinación interadministrativa y sostenibilidad. c) Garantía de la autonomía municipal, máxima proximidad, igualdad de la ciudadanía, suficiencia financiera y estabilidad presupuestaria. d) Descentralización, eficiencia administrativa, autonomía local y transparencia.

De acuerdo con el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de los siguientes enunciados relativos a los derechos del interesado en el procedimiento administrativo (SEÑALAR LA OPCIÓN DE RESPUESTA INCORRECTA): a) A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses. b) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. c) A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia. d) A presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario.

Según el artículo 48 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, serán anulables los actos de las Administraciones Públicas en los casos siguientes: a) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. b) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta. c) Los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. d) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.

Según el artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas el recurso extraordinario de revisión se interpone contra: a) Cualquier acto administrativo. b) Actos que no agotan la vía administrativa. c) Actos que agotan la vía administrativa. d) Actos firmes exclusivamente.

La obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado primero del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se sujetará al siguiente régimen: a) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. b) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio. c) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser desestimatoria del mismo. d) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.

De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en los supuestos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas el daño causado a los particulares será indemnizable cuando: a) Sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. b) Sea efectivo, observable y cuantificable. c) Sea objetivo, observable, cuantificable e individualizable. d) Sea efectivo y evaluable económicamente, con independencia de su individualización respecto de una persona o grupo de personas.

El artículo 49 de la Ley 40/2025, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que los convenios deben incluir el plazo de vigencia: a) Que no podrá ser inferior a 2 años, salvo que normativamente se prevea un plazo inferior. b) Que no podrá ser superior a 4 años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior. c) Que no podrá ser inferior a 4 años, salvo que normativamente se prevea un plazo inferior. d) Que no podrá ser superior a 2 años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.

De conformidad con el artículo 8 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, NO se encuentra dentro de la clasificación de empleado público: a) El personal directivo profesional. b) El personal eventual. c) El personal funcionario interino. d) El personal laboral.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.7 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los sistemas selectivos de personal laboral fijo serán: a) Oposición, concurso-oposición, o concurso de valoración de méritos. b) Oposición y concurso-oposición. c) Oposición, concurso-oposición, concurso de valoración de méritos y libre designación. d) Oposición, concurso-oposición y libre designación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, podrán formar parte de los órganos de selección: a) El personal de elección o de designación política. b) Los funcionarios interinos. c) El personal eventual. d) El personal laboral.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 15, establece los principios de la acción preventiva (SEÑALAR LA OPCIÓN DE RESPUESTA INCORRECTA): a) Evitar los riesgos. b) Adaptar el trabajo a la persona, así como la elección del equipo y los métodos de trabajo. c) Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. d) Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva.

Según el artículo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, es obligación del trabajador: a) Proveerse de los medios y equipos de protección necesarios para su seguridad. b) Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras. c) No existen obligaciones de los trabajadores, éstas son del empresario. d) Evaluar los planes y programas de prevención de riesgos en la empresa.

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares: a) Deberán aprobarse previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato. b) Podrán ser modificados con posterioridad a su aprobación, por cualquier motivo. c) La modificación de los pliegos no conllevará la retroacción de actuaciones. d) Podrán aprobarse con posterioridad a la autorización del gasto, siempre y cuando se haga constar en el anuncio de licitación, o de no existir esta, antes de su adjudicación.

Según lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, señalar que servicio mínimo de los que se enumeran a continuación no es obligatorio en todos los municipios: a) Acceso a núcleos de población. b) Tratamiento de residuos. c) Cementerio. d) Alcantarillado.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las entidades sin personalidad jurídica tienen: a) El derecho de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, pudiendo elegir el medio en cualquier momento del procedimiento, siempre y cuando quede constancia de la decisión. b) El deber de relacionarse con las Administraciones Públicas en cualquier tipo de procedimiento, salvo que lo hagan por medio de representante. c) La obligación de relacionarse con la Administración Pública por medios electrónicos. d) No pueden relacionarse con la Administración Pública.

La protección de datos personales viene regulada por: a) Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. b) Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los derechos digitales. c) Ley Orgánica 3/2018, de 3 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. d) Ley Orgánica 18/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los derechos digitales.

De conformidad con el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, relativo a los procedimientos de concesión, señalar cuál de las siguientes subvenciones puede concederse de forma directa: a) Con carácter general, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. b) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. c) En ningún supuesto podrán otorgarse subvenciones de forma directa salvo que la cuantía sea inferior a la que se determine en la convocatoria. d) Cuando lo determine discrecionalmente la Administración Pública sin necesidad de justificación.

El artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establece que el incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención, supondría la procedencia del reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente: a) Desde el momento de la solicitud de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta. b) Desde el momento de la solicitud de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la no justificación de la subvención. c) Desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la no justificación de la subvención. d) Desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta.

Según lo establecido en el artículo 57 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la falta de justificación del empleo dado a los fondos recibidos una vez transcurrido el plazo establecido para su presentación: a) Es una infracción leve. b) Es una infracción grave. c) Es una infracción muy grave. d) No es una infracción.

De acuerdo con el artículo 51 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, entre los criterios de actuación de las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias y en aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres, éstas deberán (SEÑALAR LA OPCIÓN DE RESPUESTA INCORRECTA): a) Establecer medidas efectivas de protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. b) Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la promoción profesional. c) Fomentar la formación en igualdad, tanto en el acceso al empleo público como a lo largo de la carrera profesional. d) Favorecer la presencia predominante de mujeres en los órganos de selección y valoración.

¿En qué vía se ubica el Centro Municipal de Igualdad de la Villa de Ingenio?. a) Calle José Suárez Martín. b) Avenida de América. c) Calle Ramón y Cajal. d) Avenida de Carlos V.

Según lo dispuesto en el artículo 34.1 de la Ley 9/1998, de 22 de julio, sobre prevención, asistencia e inserción social en materia de drogodependencias, son competencias de los municipios (SEÑALAR LA OPCIÓN DE RESPUESTA INCORRECTA): a) El establecimiento de los criterios que regulan la localización, distancia y características que deberán reunir los establecimientos de suministro y venta de bebidas alcohólicas. b) El otorgamiento de la autorización de apertura a locales o lugares de suministro y venta de bebidas alcohólicas. c) La aprobación de la normativa de autorización de apertura y funcionamiento y de acreditación de centros de atención de drogodependientes. d) La colaboración con los sistemas educativo y sanitario en materia de educación para la salud.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 4/1998, de 15 de mayo, de Voluntariado de Canarias, la citada Ley tiene por objeto: a) El reconocimiento, la ordenación y la promoción de la acción voluntaria como expresión de solidaridad y pluralismo, así como fomentar la participación de los ciudadanos y ciudadanas de Canarias en organizaciones sin ánimo de lucro y facilitar las relaciones que se entablen entre las Administraciones Públicas, las entidades que desarrollen actividades de aquella naturaleza y las personas voluntarias que participen en su ejecución. b) El reconocimiento, la ordenación y la promoción de la acción voluntaria como expresión de solidaridad y pluralismo, así como fomentar la participación de la ciudadanía de Canarias en organizaciones con ánimo de lucro y facilitar las relaciones que se entablen entre las Administraciones Públicas. c) El reconocimiento, la ordenación y la promoción de la acción voluntaria mediante la creación de un sistema obligatorio de prestación de servicios sociales coordinado directamente por la Administración Pública. d) El reconocimiento, la ordenación y la promoción de la acción voluntaria mediante la creación de un sistema obligatorio de prestación de servicios sociales coordinado directamente por la Administración Pública, así como, la supervisión y control de las actividades mercantiles realizadas por entidades privadas con fines lucrativos en el ámbito de la acción social en Canarias.

Dentro de la mediación familiar, el principio de confidencialidad implica: a) Publicidad del proceso. b) Uso libre en juicio. c) Reserva de la información. d) Registro obligatorio.

La estructura funcional del sistema de los servicios sociales se organiza en: a) Atención hospitalaria. b) Atención primaria y comunitaria y atención especializada. c) Atención estatal y autonómica. d) Atención pública y privada.

La planificación del sistema público de servicios sociales en Canarias, se desarrollará a través de: a) El catálogo de prestaciones. b) El plan estratégico de servicios sociales. c) El mapa de servicios sociales. d) El reglamento de centros.

Dentro del Plan Concertado una de las prestaciones básicas de Servicios Sociales es: a) La información, orientación y asesoramiento a los ciudadanos en relación con los derechos que les asisten y los recursos sociales existentes. b) Los Puntos de Encuentro Familiar. c) Los Centros de Atención Primaria del Servicio Canario de la Salud. d) Los Centros Educativos de Infantil y Primaria.

El objeto de la Ley 39/2006 de 4 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia es: a) Regular exclusivamente prestaciones económicas. b) Garantizar la igualdad territorial en sanidad. c) Regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho a la autonomía personal y atención a la dependencia. d) Establecer un sistema sancionador estatal.

Los órganos consultivos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia tienen como función principal: a) Ejercer potestad sancionadora. b) Gestionar prestaciones directamente. c) Informar, asesorar y formular propuestas para el funcionamiento del sistema. d) Aprobar presupuestos.

Según el Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre por el que se regulan las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, la intensidad del servicio de ayuda a domicilio se determina principalmente por: a) La renta del beneficiario. b) El número de horas mensuales, según grado de dependencia. c) La edad del solicitante. d) El lugar de residencia.

El Decreto 67/2012, de 20 de julio, por el que aprueban los centros y servicios que actúan en el ámbito de la promoción de la autonomía personal tiene por objeto: a) Regular prestaciones económicas. b) Regular los centros y servicios que actúen en el ámbito de la promoción de la autonomía personal. c) Regular la Seguridad Social. d) Establecer pensiones.

Los centros y servicios previstos en el Decreto 67/2012 de 20 de julio, por el que se aprueban los centros y servicios en el ámbito de la promoción de la autonomía personal, deben disponer de: a) Estatutos. b) Reglamento de Régimen Interior y un Plan General de Intervención. c) Convenios. d) Solo licencias.

El objeto de la Ley 3/1996 de 11 de julio, de participación de las personas mayores y de la solidaridad entre generaciones es: a) Regular pensiones. b) Crear un sistema de participación social y de protección de los derechos de los mayores residentes en Canarias. c) Establecer servicios sanitarios. d) Regular la dependencia.

El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, tiene por objeto: a) Regular únicamente las medidas de accesibilidad universal en los servicios públicos. b) Garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato de las personas con discapacidad. c) Establecer el procedimiento de reconocimiento del grado de discapacidad. d) Regular exclusivamente los derechos sociales de las personas con discapacidad.

Según el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (en adelante RDL 1/2013), ¿Cuál de las siguientes afirmaciones ES CORRECTA respecto al derecho al trabajo?. a) La finalidad de la política de empleo es incrementar la contratación pública de personas con discapacidad, sin incluir medidas de apoyo para el mantenimiento del empleo. b) Las personas con discapacidad solo pueden ejercer su derecho al trabajo mediante empleo protegido o empleo autónomo. c) El empleo ordinario incluye tanto empresas privadas como administraciones públicas, así como los servicios de empleo con apoyo. d) El acceso al empleo público se regirá por las normas específicas de discapacidad contenidas en el RDL 1/2013, con independencia de la normativa general de función pública.

La Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, en su artículo cuarto sobre modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, señala que en los procesos que participen personas con discapacidad, se realizarán las adaptaciones y ajustes necesarios para garantizar su participación en los procesos judiciales: a) Solo se realizarán si lo solicita la persona con discapacidad. b) Solo pueden ser acordados por el Ministerio Fiscal. c) Podrán realizarse a petición de las partes, del Ministerio Fiscal o de oficio por el Tribunal. d) Únicamente se aplicarán en la fase de juicio oral.

¿Cuál es el plazo máximo para resolver y notificar la resolución en el procedimiento de reconocimiento del grado de discapacidad?. a) 3 meses. b) 6 meses. c) 9 meses. d) 12 meses.

Según el artículo 369 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, tendrán derecho a la pensión no contributiva de jubilación las personas que: a) Hayan cumplido 60 años y residido 5 años en España. b) Hayan cumplido 65 años y carezcan de rentas superiores a los límites del artículo 363. c) Hayan cotizado al menos 5 años y residido 2 en España. d) Hayan cumplido 67 años y no tengan ingresos de ningún tipo.

Según la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, la competencia para el conocimiento de expediente de tutela, curatela o guarda de hecho corresponde a: a) Exclusivamente al Ministerio Fiscal. b) Al Juzgado de Primera Instancia del domicilio de la persona menor de edad o persona con discapacidad. c) A la Audiencia Provincial. d) Al Juzgado de Paz del municipio donde resida el tutelado.

Quién puede promover un expediente de provisión de medidas de apoyo (curatela), según la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria?. a) Únicamente el Ministerio Fiscal. b) Solo los familiares de primer grado. c) El propio interesado, el Ministerio Fiscal o cualquier persona que acredite interés legítimo. d) Solo el tutor previamente designado.

De acuerdo con la Ley 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia, las medidas de protección frente a la violencia sobre la infancia y adolescencia incluyen: a) Exclusivamente medidas de prevención y protección. b) Medidas de prevención, detección precoz, protección y reparación del daño. c) Únicamente medidas de sanción penal del agresor. d) Medidas limitadas al ámbito educativo.

A efectos de la interpretación y aplicación en cada caso del interés superior del menor, se tendrán en cuenta los siguientes criterios generales (SEÑALAR LA OPCIÓN DE RESPUESTA INCORRECTA): a) La protección del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo del menor y la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, físicas y educativas como emocionales y afectivas. b) La consideración de los deseos, sentimientos y opiniones del menor, así como su derecho a participar progresivamente, en función de su edad, madurez, desarrollo y evolución personal, en el proceso de determinación de su interés superior. c) La preservación de la identidad, cultura, religión, convicciones, orientación e identidad sexual o idioma del menor, así como la no discriminación del mismo por éstas o cualesquiera otras condiciones, incluida la discapacidad, garantizando el desarrollo armónico de su personalidad. d) El irreversible efecto del transcurso del tiempo en su desarrollo.

Según el artículo 7 de la Ley orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, el sistema educativo español deberá integrar contenidos basados en: a) La educación sexual exclusivamente biológica. b) La coeducación y la pedagogía feminista sobre educación sexual e igualdad de género. c) La prevención penal y criminológica. d) La educación afectivo-sexual solo en Bachillerato.

Respecto al acogimiento residencial en centros de protección específicos de personas menores de edad con problemas de conducta (SEÑALAR LA OPCIÓN DE RESPUESTA INCORRECTA): a) En el caso de las personas menores de edad con discapacidad, los apoyos especializados que precise se le proporcionarán solo en el centro. b) El acogimiento residencial en estos centros se realizará exclusivamente cuando no sea posible la intervención a través de otras medidas de protección. c) Destinados al acogimiento residencial de personas menores de edad en situación de guarda o tutela de la Entidad Pública, diagnosticados con problemas de conducta, que presenten conductas disruptivas o di-sociales recurrentes, transgresoras de las normas sociales y los derechos de terceros. d) Esté justificado por sus necesidades de protección y determinado por una valoración psicosocial especializada.

La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia establece que las medidas de protección no permanentes que se adopten respecto a las personas menores de tres años se revisarán cada: a) Tres meses. b) Seis meses. c) Nueve meses. d) Doce meses.

Según el artículo 5.2 de la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral al Menor en Canarias, ¿qué principio rige la distribución de funciones entre Administraciones Públicas Canarias?. a) Centralización para garantizar uniformidad. b) Máxima proximidad al ciudadano y atención al hecho insular. c) Colaboración interadministrativa. d) Coordinación interadministrativa.

Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral al Menor en Canarias, ¿qué competencia municipal está directamente vinculada a la prevención primaria según el artículo 12?. a) La creación de unidades de atención inmediata. b) La promoción de actividades formativas y de derechos de la persona menor de edad. c) La guarda provisional. d) La declaración de riesgo.

Según el artículo 42 de la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral al Menor en Canarias, en las situaciones de riesgo la actuación de administrativa se orientará a obtener (SEÑALAR LA OPCIÓN DE RESPUESTA INCORRECTA): a) La disminución de los factores de riesgo. b) La promoción de los factores de protección de la persona menor de edad y su familia. c) El seguimiento de la evolución de la persona menor de edad en su familia. d) La permanencia del menor en su entorno familiar.

Según se establece en el Decreto 54/1998, de 17 de abril, por el que se regulan las actuaciones de amparo de los menores en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la resolución que declare la situación de desamparo de la persona menor de edad será notificada en la forma legalmente establecida a los padres, tutores o guardadores en el plazo de: a) Veinticuatro horas, con indicación de los recursos que procedan ante la jurisdicción voluntaria. b) Cuarenta y ocho horas, con indicación de los recursos que procedan ante la jurisdicción voluntaria. c) Setenta y dos horas, con indicación de los recursos que procedan ante la jurisdicción voluntaria. d) Doce horas, con indicación de los recursos que procedan ante la jurisdicción voluntaria.

Según se establece en el Decreto 54/1998, de 17 de abril, por el que se regulan las actuaciones de amparo de los menores en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, el plazo para incorporar al expediente de acogimiento familiar el informe socio-familiar de los solicitantes emitido por los servicios sociales municipales correspondientes a su domicilio será de: a) Un mes. b) Dos meses. c) Tres meses. d) Seis meses.

Según la Ordenanza específica reguladora de las prestaciones económicas gestionadas por los Servicios Sociales municipales de la Villa de Ingenio, ¿Cuál es la cuantía a conceder para ayudas económicas de alimentación básica de cuatro (4) miembros?. a) 25% del IPREM. b) 35% del IPREM. c) 40% del IPREM. d) 50% del IPREM.

El Reglamento de Gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio del municipio de Ingenio establece que dicho servicio, se prestará todos los días del año a excepción de sábados, domingos y festivos. ¿Cuál es el límite máximo de horas de prestación del servicio al mes?. a) 30 horas. b) 40 horas. c) 44 horas. d) 60 horas.

¿Cuál es la Ley Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres?. a) Ley 1/2010, de 26 de noviembre. b) Ley 1/2010, de 26 de febrero. c) Ley 1/2010, de 16 de noviembre. d) Ley 1/2010, de 16 de febrero.

El derecho de las mujeres víctimas de violencia de género a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida según la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, hace referencia a: a) Derecho a la información. b) Derecho a la atención integral. c) Derecho a la atención sanitaria. d) Derechos laborales y de Seguridad Social.

¿Cómo se acredita la situación de violencia de género en el caso de víctimas mayores de edad, según la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género? (SEÑALAR LA OPCIÓN DE RESPUESTA INCORRECTA): a) Informe del Ministerio Fiscal. b) Orden de protección. c) Informe de los servicios sociales. d) Documentos sanitarios oficiales.

Los servicios y centros que integran el sistema asistencial previsto en la Ley 16/2003, de prevención y protección integral de las mujeres contra la violencia de género, se clasifican en: a) Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas, Hogares Familiares, Centros de Salud y Centros de Acogida Inmediata. b) Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas, Centros de Acogida Inmediata, Casas de Acogida y Pisos Tutelados. c) Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas, Residencias y albergues, Casas de Acogida y Pisos Tutelados. d) Dispositivo de Emergencia para Mujeres Víctimas, Centros de Acogida Inmediata, Casas de Acogida y Pisos Tutelados.

La Ley 4/2015 de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito en su artículo 6, establece que toda víctima tiene, en el momento de presentar su denuncia, los siguientes derechos: a) A ser informada, en lengua que comprenda, sin retrasos innecesarios, de la fecha, hora y lugar del juicio. b) A la asistencia lingüística gratuita y a la traducción escrita de la copia de la denuncia presentada. c) A ejercer la acción penal y acción civil, siendo asistido por abogado de oficio si así fuera necesario. d) A que se le notifique la resolución por la que se acuerde o no iniciar el procedimiento penal.

Según la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, en el caso de las víctimas menores de edad, víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección y víctimas de violencias sexuales, además de las medidas previstas en la meritada norma, se adoptarán, de acuerdo con lo dispuesto en: a) La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. b) La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. c) El Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. d) La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.

En la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del Sistema de Protección a la infancia y la adolescencia, se establece el derecho de la persona menor de edad a ser oído y escuchado. ¿Quién determina el grado de madurez para que pueda ejercitar este derecho por sí mismo o a través de la persona que designe para que le represente?. a) Sus representantes legales, salvo que exista conflicto de intereses. b) El Ministerio Fiscal en todo caso. c) Personal especializado. d) Cualquier empleado público designado por la Administración.

El ámbito de aplicación de la Ley 16/2019 de 2 de mayo de Servicios Sociales de Canarias: a) Se aplicará solamente a los servicios sociales de las administraciones públicas de la Comunidad autónoma de Canarias. b) Se aplicará al conjunto de actuaciones propias de los servicios sociales que se presten por las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias y por entidades vinculadas dependientes de estas, así como entidades privadas. c) Se aplicará a los servicios a nivel Estatal. d) Se aplicará solamente a las entidades privadas que tengan relación con los servicios sociales.

¿Quién puede ejercer como mediador familiar?. a) Cualquier persona mayor de edad. b) Solo abogados en ejercicio. c) Profesionales cualificados inscritos en el registro correspondiente. d) Funcionarios judiciales exclusivamente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las sanciones que se podrán imponer en caso de infracciones graves, podrán consistir en: a) Pérdida, durante un plazo de hasta tres años, de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de la Administración u otros entes públicos. b) Pérdida durante un plazo de hasta cinco años de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de las Administraciones públicas u otros entes públicos. c) Pérdida durante un plazo de hasta diez años de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de las Administraciones públicas u otros entes públicos. d) Pérdida indefinida de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de las Administraciones públicas u otros entes públicos.

¿La realización efectiva de qué derecho consagrado en el artículo 2 de la Constitución española garantiza el Estado?. a) La realización efectiva del derecho a la indisolubilidad de la constitución. b) La realización efectiva del derecho de igualdad. c) La realización efectiva del derecho de solidaridad. d) La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas.

En la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del Sistema de Protección a la infancia y la adolescencia, se establece el derecho de la persona menor de edad a ser oído y escuchado. En todo caso, ¿a qué edad se considera que tiene suficiente madurez?. a) A los doce años cumplidos. b) Cuando sea mayor de doce años. c) A los catorce años cumplidos. d) Cuando sea mayor de catorce años.

Según la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia no es un indicador de desamparo: a) El abandono del menor, bien porque falten las personas a las que por ley corresponde el ejercicio de la guarda, o bien porque éstas no quieran o no puedan ejercerla. b) La ausencia de escolarización o falta de asistencia reiterada y no justificada adecuadamente al centro educativo y la permisividad continuada o la inducción al absentismo escolar durante las etapas de escolarización obligatoria. c) La inducción a la mendicidad, delincuencia o prostitución, o cualquier otra explotación del menor de similar naturaleza o gravedad. d) La negligencia en el cuidado de las personas menores de edad.

Respecto a la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, el Grado III corresponde a: a) Dependencia leve. b) Gran dependencia. c) Dependencia moderada. d) Dependencia temporal.

A los efectos de la Ley de Contratos del Sector Público, se considera que forman parte del sector público las siguientes entidades: (SEÑALAR LA OPCIÓN DE RESPUESTA INCORRECTA). a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y las Entidades que integran la Administración Local. b) Las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social. c) Los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas y las autoridades administrativas independientes. d) Las fundaciones privadas en las que el patrimonio de estas esté integrado en más de un 50 por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por sujetos integrantes del sector público con carácter permanente.