TRAMI QUE MI MIX

La CE entró en vigor: a. 27 diciembre. b. 28 diciembre. c. El mismo día de su publicación.

La CE fue ratificada por las cortes: a. 31 octubre. b. 6 diciembre. c. La pregunta no es correcta.

La CE tiene: a. Título preliminar y 11 títulos. b. 11 títulos. c. 10 títulos.

¿Cuántos artículos tiene la Constitución de 1978?. a. 169. b. 179. c. 153.

¿Qué contiene el Preámbulo?. a. Los principios y valores fundamentales. b. Los fines a los que aspira la Constitución. c. El objetivo por el que se realiza.

¿Qué contiene el Título Preliminar?. a. Los fines a los que aspira la Constitución. b. Los derechos y deberes fundamentales. c. Los principios y valores fundamentales.

¿Qué contiene el Título I de la Constitución?. a. Los derechos y deberes fundamentales. b. Los principios y valores fundamentales. c. Los derechos humanos fundamentales.

¿Qué contiene el Título II de la Constitución?. a. La Corona. b. Las Cortes Generales. c. El Gobierno y la Administración.

¿Qué contiene el Título III de la Constitución?. a. La Corona. b. Las Cortes Generales. c. El Gobierno y la Administración.

¿Qué contiene el Título IV de la Constitución?. a. La Corona. b. El Gobierno y la Administración. c. Las Cortes Generales.

¿Qué contiene el Título V de la Constitución?. a. Las relaciones entre el Gobierno y la Corona. b. Las relaciones entre la Corona y las Cortes Generales. c. Las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.

¿Qué contiene el Título VI de la Constitución?. a. El Poder Judicial. b. El Tribunal Constitucional. c. La elaboración de leyes.

¿Qué contiene el Título VII de la Constitución?. a. El Poder Judicial. b. Economía y Hacienda. c. Hacienda.

¿Qué contiene el Título VIII de la Constitución?. a. La organización de las regiones y naciones territoriales del Estado. b. La organización de las naciones territoriales del Estado. c. La organización territorial del Estado.

¿Qué contiene el Título IX de la Constitución?. a. El Poder Judicial. b. La reforma Constitucional. c. El Tribunal Constitucional.

¿Qué contiene el Título X de la Constitución?. a. La reforma Constitucional. b. El Tribunal Constitucional. c. El Poder Judicial.

¿Cuántas disposiciones adicionales tiene la Constitución?. a. 5. b. 4. c. 9.

¿Cuántas disposiciones transitorias tiene la Constitución?. a. 4. b. 9. c. 5.

¿Cuántas disposiciones derogatorias tiene la Constitución?. a. 4. b. 1. c. 9.

¿Cuántas disposiciones finales tiene la Constitución?. a. 1. b. 4. c. 9.

La CE tiene: a. 9 disposiciones adicionales. b. 4 transitorias. c. 1 final y 1 derogatoria.

Donde se establece en la CE que la nación española tiene la voluntad de consolidar un estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular: a. Título preliminar. b. Preámbulo. c. Artículo 10.

Señala el correcto: a. España se constituye en un Estado democrático y social de Derecho. b. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho. c. La soberanía nacional reside en las Cortes Generales.

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a: a. A la autonomía de los pueblos que la integran. b. A la autonomía de las nacionalidades que la integran. c. A la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran.

El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen: a. el deber de usarla y el derecho a conocerla. b. el deber de conocerla. c. el deber de conocerla y el derecho a usarla.

Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con : a. La Constitución. b. La ley. c. Sus Estatutos.

Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas: a. Estas no se utilizarán junto con la bandera de España. b. Se utilizarán junto con la bandera de España solo en los actos oficiales. c. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.

Los partidos políticos: a. Contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. b. Concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. c. Se regulan en el artículo 7 de la Constitución.

Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales: a. Son instrumento fundamental para la participación política. b. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a los estatutos de autonomía. c. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión: a. Defender la soberanía e independencia de España. b. Garantizar su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. c. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar.

Están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico: a. Los poderes públicos. b. Los ciudadanos. c. A y b son correctas.

La Constitución garantiza el principio de: a. Legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas. b. La retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. c. La a y la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Cuantos artículos tiene el título preliminar: a. 8. b. 9. c. 10.

17. El título I de la CE es: a. Derechos y libertades. b. Derechos y deberes fundamentales. c. Deberes y derechos fundamentales.

El título I CE está integrado por los artículos. a. 10 a 55. b. 5 capítulos. c. A y b son correctas.

El artículo 10 CE se encuentra en: a. El capítulo I Título I. b. Capítulo II Título I. c. Título I.

El capítulo II título I está integrado por: a. Artículos 14 a 29. b. Artículos 15 a 29. c. Artículo 14 y dos secciones.

La sección 1ª capítulo II Título I es: a. De los derechos y deberes de los ciudadanos. b. Derechos y libertades. c. De los derechos fundamentales y de las libertades públicas.

El capítulo III título I es: a. De los principios rectores de la política social y económica. b. De las garantías de las libertades y derechos fundamentales. c. De la suspensión de los derechos y libertades.

Capítulo IV título I de la CE es: a. De las garantías de derechos fundamentales y de las libertades. b. De las garantías de las libertades y derechos fundamentales. c. De la suspensión de los derechos y libertades.

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna, se recoge en el artículo: a. 13. b. 14. c. 15.

libertad ideológica, religiosa y de culto, artículo: a. 15. b. 16. c. 17.

Queda abolida la pena de muerte: a. En todo caso. b. Salvo lo que pueda disponer la ley. c. Se recoge en el artículo 15.

Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en: a. La Constitución. b. En el artículo 17. c. Código Penal.

La detención preventiva no podrá durar más: a. Del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, el plazo máximo de24 horas. b. 48 horas. c. En todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.

Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. Artículo: a. 16. b. 17. c. 18.

El procedimiento de habeas corpus se regulará por: a. Ley. b. Ley Orgánica. c. Código Penal.

El plazo máximo de duración de la prisión provisional se regulará por: a. Ley. b. Ley Orgánica. c. Código Penal.

derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Artículo: a. 18. b. 19. c. 20.

El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse sin: a. consentimiento del titular o resolución judicial siempre. b. consentimiento del titular o resolución de la administración. c. a salvo en caso de flagrante delito.

Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Artículo: a. 19. b. 20. c. 21.

derecho a entrar y salir libremente de España: a. Este derecho podrá ser limitado en cualquier caso. b. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos. c. B e ideológicos.

Derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, se recoge en el artículo: a. 19. b. 20. c. 21.

El ejercicio de derechos del art. 20 puede restringirse mediante: a. Real Decreto del Gobierno. b. Ordenanza municipal. c. No puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de: a. Real Decreto del Gobierno. b. Ordenanza municipal. c. Solo resolución judicial.

Las libertades del artículo 20 tienen su límite en. a. El respeto a los derechos reconocidos en el Título Preliminar. b. En los preceptos de las leyes que lo desarrollen. c. La b y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas: a. El ejercicio de este derecho necesitará autorización previa. b. Se regula en el artículo 21. c. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que podrá prohibirlas entre otras razones, cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

Se reconoce el derecho de asociación: a. Artículo 22. b. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito podrán ser ilegales. c. deberán inscribirse en un registro a los efectos de validez.

Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades. a. En virtud de resolución judicial motivada. b. No se prohíben las asociaciones secretas. c. Ni las de carácter paramilitar.

Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos. a. Solo directamente. b. Solo por medio de representantes. c. Directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.

Los ciudadanos, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes. Artículo: a. 22. b. 23. c. 24.

Derecho a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales: a. Solo de derechos. b. Solo de intereses legítimos. c. Artículo 24.

La ley regulará los casos en que no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos por razón de: a. De parentesco. b. De secreto profesional. c. A y b son correctas.

Por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento nadie puede ser: a. Condenado. b. Sancionado. c. A y b son correctas.

Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad. a. No estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y podrán consistir en trabajos forzados. b. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. c. Podrán tener derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.

La Administración civil podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad. a. Artículo 25. b. Artículo 26. c. Ninguna es correcta.

Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales. Artículo: a. 26. b. 27. c. 28.

Derecho a la educación se recoge en el artículo: a. 26. b. 27. c. 28.

Es correcto: a. La enseñanza básica es obligatoria y no gratuita. b. Se reconoce solo a las personas jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. c. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.

En que artículo se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca. a. 27. b. 28. c. 29.

Es correcto: a. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar pero no exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar. b. La ley regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. c. La libertad sindical no comprende el derecho a fundar sindicatos, pero sí el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a formar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.

La ley que regule el ejercicio del derecho de huelga establecerá. a. Las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios de la comunidad. b. Las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de algunos servicios de la comunidad. c. Las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Derecho de petición se regula en el artículo: a. 28. b. 29. c. 30.

Tendrán el derecho de petición, en la forma y con los efectos que determine la ley. a. Los mayores de edad. b. Todos los españoles. c. Españoles y extranjeros.

El Derecho de petición es: a. Individual y colectiva. b. Verbalmente. c. A y por escrito.

Podrán ejercer el derecho de petición sólo individualmente: a. Todos los españoles. b. Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar. c. Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.

La primera reforma constitucional consistió en: a. Añadir, en el artículo 13.2, la expresión "y pasivo" referida al ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales. b. El procedimiento de reforma fue el del artículo 167. c. Todas son correctas y fue el 28 de agosto de 1992.

La reforma del artículo 135 de la Constitución persiguió: a. Garantizar el principio de estabilidad presupuestaria vinculando a todas las Administraciones Publicas. b. Reforzar el compromiso de España con la Unión Europea y garantizar la sostenibilidad económica y social. c. Ambas son correctas y fue el 27 de septiembre de 2011.

Las garantías de las derechos y libertades fundamentales se regulan en: a. Capítulo IV. b. Artículo 53. c. Todas son falsas.

Vinculan a todos los poderes públicos: a. Los derechos y libertades del capítulo II Tít. I. b. Artículos 14 a 38. c. Ambas son correctas.

Los derechos y libertades del capítulo II Tít. I: a. Solo podrán regularse por Ley Orgánica, que deberá respetar su contenido esencial. b. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial. c. La b y se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a).

Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección 1.ª del Capítulo Segundo ante los Tribunales ordinarios: a. Por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad. b. Solo los artículos de la Sección 1ª. c. A y a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo Tercero: a. Informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. b. En cualquier caso podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria. c. Ninguna es correcta.

El Defensor del Pueblo: a. Se regulará por ley. b. Por reglamento. c. Por la Ley Orgánica 3/1981 de 6 de abril.

El Defensor del Pueblo: a. Es el alto comisionado del Gobierno, regulado en el artículo 54 de la CE. b. Designado por éste para la defensa de los derechos comprendidos en este Título II. c. Es el alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.

El artículo 55 de la Constitución regula: a. Las garantías de las libertades y derechos fundamentales. b. Los principios rectores. c. La suspensión de los derechos y libertades.

Los derechos reconocidos en los artículos 17 (dº a la libertad y seguridad, la duración de la detención preventiva, dº del detenido y habeas corpus, plazo máximo duración prisión provisional), 18, apartados 2(inviolabilidad del domicilio) y 3(secreto comunicaciones), artículos 19(libertad de residencia y circulación), 20, apartados 1, a)(dº a expresar y difundir libremente ideas) y d)(dº a comunicar y recibir libremente información) , y 5 (secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información), artículos 21(dº de reunión), 28, apartado 2(dº de huelga), y artículo 37, apartado 2(derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo), podrán ser suspendidos cuando se acuerde: a. La declaración del estado de excepción. b. La declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. c. B y se exceptúa de lo establecido anteriormente el artículo 17.3 (dº del detenido) para el supuesto de declaración de estado de excepción.

Los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2 (duración detención preventiva), y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos: a. Para cualquier persona que ha cometido un delito. b. Para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. c. Una ley podrá determinar la forma y los casos en los que se suspenderán, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario.

La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica a la que se refiere el artículo 55.2 de la CE: a. Producirá responsabilidad civil. b. Producirá responsabilidad penal. c. No producirá responsabilidad.

La Corona se regula en el Título: a. II. b. III. c. Cap. 5º Tit. I.

Qué artículo establece que el Rey es el jefe de estado: a. 55. b. 56. c. 57.

El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de: a. Su unidad. b. Permanencia. c. A y b y arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica.

El Rey ejerce las funciones que le atribuyen expresamente: a. La Constitución. b. Las leyes y el presidente del congreso. c. La Constitución y las leyes.

Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan: a. A su dinastía Borbónica. b. A la casa real. c. A la Corona.

La persona del Rey es: a. inviolable y está sujeta a responsabilidad. b. Sus actos podrán estar refrendados. c. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65, 2.

La sucesión en el trono seguirá el orden: a. Regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea posterior a las anteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos. b. Regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de menos edad a la de mas. c. Regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.

El Príncipe heredero: a. Solo desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España. b. Extinguidas todas las líneas llamadas en derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la Corona en la forma que más convenga al gobierno de España. c. Extinguidas todas las líneas llamadas en derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España.

Señala la correcta: a. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del Rey, quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes. b. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley. c. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica.

Señala la incorrecta: a. La Reina consorte o el consorte de la Reina podrán asumir funciones constitucionales, como lo dispuesto para la Regencia. b. La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia. c. Cuando el Rey fuere menor de edad, el padre o la madre del Rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona, según el orden establecido en la Constitución, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia y la ejercerá durante el tiempo de la minoría de edad del Rey.

Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad: a. Y la imposibilidad fuere reconocida por el Congreso entrará a ejercer inmediatamente la Regencia el Príncipe heredero de la Corona, si fuere mayor de edad. b. Si no fuere mayor de edad, se procederá de la manera prevista para la regencia, hasta que el Príncipe heredero alcance la mayoría de edad. c. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ésta será nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá de tres o cinco personas.

Señala la correcta: a. Para ejercer la Regencia es preciso ser mayor de edad. b. La Regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre de las Cortes Generales. c. Para ejercer la Regencia es preciso ser español y mayor.

Será tutor del Rey menor: a. La persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español. b. Si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre; En su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey. c. La persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre; mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey.

Señala la incorrecta: a. El ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o representación política. b. El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas. c. El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento que el Rey.

Señala la incorrecta, Corresponde al Rey: a. Sancionar y promulgar las leyes. b. Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución. c. Convocar a referéndum en los casos previstos en la ley.

Señala la incorrecta, Corresponde al Rey: a. Proponer el candidato a Presidente de Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución. b. Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente del congreso. c. Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes.

Señala la incorrecta, Corresponde al Rey: a. Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, siempre, a petición del Presidente del Gobierno. b. El mando supremo de las Fuerzas Armadas. c. Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. d. El Alto Patronazgo de las Reales Academias.

Al Rey no le corresponde: a. Manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes. b. Previa autorización del Congreso, declarar la guerra y hacer la paz. c. Previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz.

El refrendo se regula en el artículo: a. 63. b. 64. c. 65.

Los actos del Rey serán refrendados por: a. El Presidente del Gobierno. b. Los Ministros competentes. c. Por ambos.

La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por: a. El Presidente del Congreso. b. El Presidente del Gobierno. c. El Ministro competente.

De los actos del Rey serán responsables: a. Nadie. b. La Reina. c. Las personas que los refrenden.

Señala la incorrecta: a. El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma. b. El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa. c. Necesita el refrendo del Ministro competente para realizar ambas funciones.

Las Cortes Generales se regulan en: a. Tit. III. b. Tit. IV. c. Tit. V.

El Tít. III es formado por: a. 2 capítulos. b. 3 capítulos. c. 4 capítulos.

El capítulo I del Título III se llama: a. De las cámaras. b. De la elaboración de las leyes. c. De los tratados internacionales.

Señala la correcta: a. Las Cortes Generales representan a los ciudadanos y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. b. Las Cortes Generales ejercen la potestad ejecutiva del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución. c. Las Cortes Generales son inviolables.

Señala la incorrecta: a. Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso. b. Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo. c. Las reuniones de Parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria vincularán a las Cámaras, pero no podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios.

Que ley regula la elección de los diputados y senadores: a. Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen electoral general. b. Ley 5/1985, de 19 de junio, del Régimen electoral general. c. El reglamento 5/1985, de 19 de junio, del Régimen electoral general.

El Congreso se compone de: a. Un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados. b. Elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. c. Ambas son correctas y son 350 diputados.

Señala la incorrecta: a. La circunscripción electoral es la provincia. b. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por dos Diputados. La ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción de dos diputados y distribuyendo los demás en proporción a la población. c. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional.

El Congreso es elegido por cuatro años. El mandato de los Diputados termina: a. Cuatro años después de su elección. b. O el día de la disolución de la Cámara. c. Ambas son correctas.

Son electores y elegibles, señala la incorrecta. a. Todos los españoles. b. Todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos. c. La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España.

Las elecciones tendrán lugar: a. Entre los 25 días y 35 días desde la terminación del mandato. b. Entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato. c. Dentro de los veinticinco días siguientes a la terminación del mandato.

El Congreso electo deberá ser convocado: a. Dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones. b. Entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato. c. Dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración del mandato.

El Senado es la Cámara de representación proporcional: a. Es la Cámara de representación territorial. b. Es todo falso. c. Es la Cámara de representación proporcional y territorial.

En cada provincia se elegirán por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica: a. 2 diputados. b. 4 senadores. c. Todas son correctas.

En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo Insular, constituirá una circunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondiendo a cada una de las islas mayores –Gran Canaria, Mallorca y Tenerife–: a. 2. b. 3. c. 4.

A cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma, a efectos de elección de senadores: a. 1. b. 2. c. 3.

Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas: a. 1 senador. b. 2 Senadores. c. 3 senadores.

Las Comunidades Autónomas designarán además: a. Un Senador. b. Otro más por cada 2 millones de habitantes de su respectivo territorio. c. La designación corresponderá a la presidente de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los Estatutos, que asegurarán, en todo caso, la adecuada representación proporcional.

Determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores: a. Un reglamento de las cámaras. b. El código civil. c. La ley electoral.

Inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores comprenderán en todo caso según la CE, señala la incorrecta: a. A los componentes del Tribunal Constitucional. b. A los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley, sin excepción. c. Al Defensor del Pueblo.

Inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores comprenderán en todo caso según la CE, señala la incorrecta: a. A los Magistrados, Jueces y Fiscales. b. A los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo. c. A los miembros de las Juntas Electorales.

La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas Cámaras: a. Estará sometida al control judicial. b. En los términos que establezca la ley electoral. c. Ambas son correctas.

Los Diputados y Senadores gozarán por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones: a. De inmunidad. b. De inviolabilidad. c. De ambas.

La inviolabilidad significa: a. Que Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. b. Y además no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. c. Ambas son falsas.

Conforme al artículo 161 de la Constitución Española, la impugnación por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional de las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas producirá la suspensión de éstas, pero dicho Tribunal deberá ratificarla o levantarla en un plazo: a. No superior a cinco meses. b. Inferior a un mes. c. No superior a tres meses. d. Inferior a quince días.

El Título VII de la Constitución lleva por rúbrica: a. Del Gobierno y de la Administración. b. Del Poder Judicial. c. De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. d. Economía y Hacienda.

¿En qué fecha fue publicada en el BOE la actual Constitución Española?. a. El 6 de diciembre de 1978. b. El 29 de diciembre de 1978. c. El 31 de octubre de 1978. d. El 27 de diciembre de 1978.

El mandato constitucional a los poderes públicos para que aseguren la protección social, económica y jurídica de la familia, se encuentra recogido en el Título I de la Constitución de 1978, dentro del Capítulo: a. Tercero "De los principios rectores de la política social y económica". b. Segundo "Derechos y libertades". c. Primero "De los españoles y los extranjeros". d. Cuarto "De las garantías de las libertades y derechos fundamentales".

El Presidente del Tribunal Constitucional es nombrado: a. Por el Pleno del Parlamento, a propuesta del Pleno del Tribunal Constitucional, por votación secreta de entre sus miembros. b. Por el Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad de sus miembros. c. Por el Rey, a propuesta del Pleno del Tribunal Constitucional, por votación secreta de entre sus miembros. d. Por el Pleno del Tribunal Constitucional, por votación secreta de entre sus miembros.

Conforme a la Constitución Española, la validez de las actas y credenciales de los miembros del Congreso de los Diputados y Senado estará sometida al control: a. Del Gobierno. b. Del Vicepresidente del Gobierno. c. Judicial. d. Del Ministerio del Interior.

Una de las siguientes afirmaciones no es correcta. Indique cuál: a. La aprobación de leyes orgánicas exige mayoría absoluta del Congreso, con una votación final sobre el conjunto del proyecto. b. Las Cortes Generales pueden delegar en el Gobierno, mediante una Ley de Bases, la elaboración de una Ley que desarrolle la libertad religiosa. c. Los Estatutos de Autonomía se aprueban por Ley Orgánica. d. El régimen electoral general se establece por Ley Orgánica.

Para distribuir el Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión entre las Comunidades Autónomas y provincias, se iniciará un procedimiento por: a. El Congreso aprobándolo la mayoría absoluta de cada una de las Cámaras. b. El Senado aprobándolo la mayoría absoluta de cada una de las Cámaras. c. El Congreso aprobándolo la mayoría de cada una de las Cámaras. d. El Senado aprobándolo la mayoría de cada una de las Cámaras.

Señale la respuesta incorrecta. Están legitimados para el ejercicio del recurso de inconstitucionalidad cuando se trate de Estatutos de Autonomía y demás Leyes del Estado, orgánicas o en cualesquiera de sus formas, y disposiciones normativas y actos del Estado o de las Comunidades Autónomas con fuerza de ley, Tratados Internacionales y Reglamentos de las Cámaras y de las Cortes Generales: a. El Defensor del Pueblo. b. El Fiscal General del Estado. c. El Presidente del Gobierno. d. 50 Diputados o 50 Senadores.

El Título VII de la Constitución Española lleva por rúbrica: a. De la Organización Territorial del Estado. b. Del Poder Judicial. c. Economía y Hacienda. d. De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.

El Título III de la Constitución Española lleva por rúbrica: a. De los derechos y deberes fundamentales. b. De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. c. De las Cortes Generales. d. De la Corona.

El Título V de la Constitución Española lleva por rúbrica: a. De las Cortes Generales. b. De las relaciones entre gobierno y las Cortes Generales. c. Del gobierno y de la Administración. d. Del Poder Judicial.

En nuestra Constitución, la libertad de enseñanza: a. Se reconoce y garantiza. b. Se reconoce, garantiza y protege. c. Se garantiza. d. Se reconoce.

La Constitución española de 1978: a. No se ha reformado nunca. b. Sólo se ha reformado en 1992 para adecuar el artículo 13.2 CE al Tratado de la Unión Europea. c. Sólo se ha reformado en 2011 para introducir el principio de estabilidad presupuestaria en el art. 135 CE. d. Se reformó tanto en el año 1992 como en el año 2011.

La Regencia de la Corona se ejercerá: a. Por mandato legal y siempre en nombre del Rey. b. Por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey. c. Por mandato constitucional y siempre en nombre del pueblo español. d. Por mandato legal y siempre en nombre de las Cortes Generales.

El Congreso y el Senado: a. Se pueden reunir únicamente de forma ordinaria anualmente en dos periodos: de septiembre a diciembre y de febrero a junio. b. Se pueden reunir únicamente de forma ordinaria o extraordinaria ( a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de cualquiera de las Cámaras). c. Se pueden reunir de forma ordinaria, extraordinaria o en sesión conjunta. d. Ninguna respuesta es correcta.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto de todos los derechos contenidos en la Sección II, Capítulo II, del Título I de la Constitución Española?. a. Que su ejercicio sólo puede regularse por ley. b. Que están protegidos por un procedimiento preferente y sumario ante todos los tribunales ordinarios. c. Que están tutelados por el recurso de amparo. d. Que para su reforma ha de seguirse el procedimiento establecido en el artículo 168 del texto constitucional.

De acuerdo con lo dispuesto en el Título II de la Constitución Española, dedicado a la Corona: a. Todos los actos del Rey estarán siempre refrendados y carecerán de validez sin dicho refrendo. b. Para ejercer la regencia es preciso ser español, mayor de edad y haber sido nombrado por las Cortes Generales. c. Las abdicaciones y renuncias se resolverán por una ley orgánica. d. Sólo el Rey puede conceder indultos generales.

Entre los principios contemplados en el artículo 9.3 de la Constitución Española se mencionan: a. Publicidad de las normas, legalidad y responsabilidad. b. Libertad, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. c. Legalidad, igualdad e irrectroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. d. Jerarquía normativa, igualdad y seguridad jurídica.

Entre los principios que han de regir la actuación de la Administración Pública citados expresamente en el artículo 103.1 de la Constitución, se encuentran: a. Jerarquía, igualdad y eficacia. b. Igualdad, coordinación y descentralización. c. Eficacia, descentralización y justicia. d. Coordinación, jerarquía y desconcentración.

Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de: a. 9 años. b. 8 años. c. 4 años. d. 6 años.

Señale la respuesta incorrecta. Es un valor superior del ordenamiento jurídico, recogido en el artículo 1 de la Constitución Española: a. Democracia. b. Igualdad. c. Justicia. d. Libertad.

Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados: a. Por un periodo de nueve años y se renovarán por mitades cada tres. b. Por un periodo de seis años y se renovarán por mitades cada tres. c. Por un periodo de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres. d. Por un periodo de seis años y se renovarán por terceras partes cada tres.

El Título VI de la Constitución Española lleva por rúbrica: a. Economía y Hacienda. b. De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. c. Del Poder Judicial. d. De la Organización Territorial del Estado.

Según el artículo 167 de la Constitución, aprobada la reforma de la Constitución por las Cortes Generales: a. Será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los veinte días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. b. Será sometida a dictamen del Consejo de Estado. c. Será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. d. Será sometida a control previo de constitucionalidad del Tribunal Constitucional.

¿Qué finalidad tiene, según el artículo 17 de la Constitución Española, el procedimiento de "habeas corpus"?. a. Establecer la duración máxima que puede tener la detención preventiva. b. Establecer el derecho que asiste a toda persona detenida a ser informada de sus derechos y de las razones de su detención. c. Producir la inmediata puesta a disposición judicial de cualquier persona detenida ilegalmente. d. Establecer la inmediata puesta en libertad, o a disposición judicial, de toda persona detenida.

Una de las siguientes no es función constitucional del Rey. Indique cuál: a. Sancionar y promulgar las leyes. b. Aprobar los Estatutos de Autonomía. c. Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución. d. El mando supremo de las Fuerzas Armadas.

¿Se reconoce en la Constitución Española el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran España?. a. Sí, en el artículo 2. b. Sí, en el artículo 150. c. Sí, en el artículo 149. d. No, en ningún caso.

Según la Constitución Española, las abdicaciones, renuncias y cualquier duda de hecho o derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por: a. Orden Ministerial. b. Ley Orgánica. c. Real Decreto. d. Reglamento Sucesorio.

La cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional podrá ser planteada por: a. El Defensor del Pueblo. b. El Ministerio Fiscal. c. Los órganos judiciales. d. Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo.

Según el artículo 56 de la Constitución, el Rey es el Jefe del Estado: a. Símbolo de su unidad y permanencia. b. Símbolo de su unidad y estabilidad. c. Símbolo de su unidad, estabilidad y permanencia. d. Símbolo de su unidad.

Señale la afirmación correcta: Son funciones de las Cortes Generales: a. Controlar la acción del Gobierno y dirigir la política interior y exterior. b. Ejercer la potestad legislativa y dirigir la política interior. c. Controlar la acción del Gobierno y ejercer la potestad legislativa. d. Ejercer la potestad legislativa, controlar la acción del Gobierno y dirigir la política interior.

La cuestión de inconstitucionalidad debe ser promovida por: a. Un Juez o Tribunal. b. El Presidente del Gobierno. c. El Congreso de los Diputados. d. A y B son correctas.

¿Quiénes estarán legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad?. a. El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 25 Diputados, 25 Senadores, los órganos colegiados superiores ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. b. El Rey, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. c. El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. d. El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Ministerio Fiscal.

Indique cuál de los siguientes actos no corresponde formalmente al Rey: a. Ejercer el derecho de gracia. b. Nombrar a un Presidente de Comunidad Autónoma. c. Convocar referéndum en los casos previstos en la Constitución Española. d. Expedir una orden ministerial.

El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros, nombrados por el Rey; 4 de ellos: a. A propuesta del Senado por mayoría de 3/5 de sus miembros. b. A propuesta del Congreso por mayoría de 2/3 de sus miembros. c. A propuesta del Gobierno. d. A propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

Señale cuál de los siguientes derechos no se contiene en la Sección 1ª Capítulo 2º Título I de la Constitución referente a los derechos fundamentales: a. Derecho a la educación. b. Derecho a la propiedad privada. c. Derecho al honor. d. Derecho a la vida.

El artículo 24 de la Constitución Española reconoce: a. El derecho de libertad religiosa. b. El derecho de asociación. c. El derecho a la vida y a la integridad física. d. El derecho a la tutela judicial efectiva.

¿Qué Sala presidirá el Vicepresidente del Tribunal Constitucional?. a. La Sala Segunda. b. La Sala Primera, en ausencia del Presidente. c. Ninguna. d. La Sala Primera.

¿De cuántas Salas consta el Tribunal Constitucional? ¿Cuántos miembros hay en cada Sala?. a. Tres Salas, cada una de ellas con cuatro Magistrados. b. Cuatro Salas, cada una de ellas con tres Magistrados. c. Dos Salas, cada una de ellas con seis Magistrados. d. Tres Salas, cada una de ellas con tres Magistrados.

Según el artículo 62 de la Constitución Española, ¿Cuál de las siguientes funciones no corresponde al Rey?: a. Autorizar indultos generales. b. Proponer al candidato al Presidente de Gobierno. c. Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros. d. Nombrar al Presidente de Gobierno.

¿En qué fecha fue aprobada por las Cortes la actual Constitución Española?. a. El 31 de Octubre de 1978. b. El 6 de Diciembre de 1978. c. El 27 de Diciembre de 1978. d. El 29 de Diciembre de 1978.

El Título IX de la Constitución Española lleva por rúbrica: a. De la Organización Territorial del Estado. b. Economía y Hacienda. c. Del Tribunal Constitucional. d. De la reforma constitucional.

¿Cuándo procederá el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad?. a. Cuando por vía interpretativa no sea posible la acomodación de la norma al ordenamiento constitucional. b. Cuando por vía interpretativa sea posible la acomodación de la norma al ordenamiento constitucional. c. Cuando a través de la jurisprudencia no pueda interpretarse la norma. d. Cuando a través de la costumbre no pueda interpretarse la norma.

El Titulo I de la Constitución Española lleva por rúbrica: a. De la Corona. b. De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. c. Del Gobierno y de la Administración. d. De los derechos y deberes fundamentales.

Tal y como establece el artículo 56 de la Constitución Española, el Rey asume la más alta representación del Estado Español en las relaciones internacionales, pero matiza que dicha representación será especialmente con: a. Con las naciones integrantes de la Unión Europea. b. Con las naciones de su comunidad histórica. c. Con las naciones de su entorno cultural y geográfico. d. Con las naciones iberoamericanas.

No están legitimados para interponer recurso de inconstitucionalidad: a. 50 Senadores. b. Los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas. c. El Ministerio Fiscal. d. El Defensor del Pueblo.

El Título I de la Constitución, en su Capítulo II, contiene: a. Un solo artículo, que proclama la igualdad de todos ante la ley. b. Dos Secciones, respectivamente tituladas "De los españoles y los extranjeros" y "De los derechos y deberes de los ciudadanos". c. Tres Secciones, respectivamente tituladas "De los españoles y los extranjeros", "De los derechos y libertades" y "De los deberes de los ciudadanos". d. Dos Secciones, respectivamente tituladas "De los derechos fundamentales y de las libertades públicas" y "De los derechos y deberes de los ciudadanos".

Pueden ser nombrados Magistrados del Tribunal Constitucional: a. Las mismas personas que reúnan los requisitos para ser nombrados Consejeros natos del Consejo de Estado. b. Sólo miembros de las carreras judicial y fiscal, con más de diez años de ejercicio profesional efectivo. c. Juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. d. Ciudadanos españoles que sean magistrados, fiscales, profesiones de universidad, funcionarios públicos o abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con un mínimo de veinte años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función.

¿Cuál de las siguientes materias no tiene que regularse necesariamente por Ley Orgánica?. a. Funciones del Tribunal de Cuentas. b. El Estatuto Jurídico del Personal al servicio de la Administración de Justicia. c. Constitución, funcionamiento y gobierno de Jueces y Tribunales. d. El Estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno.

El plazo del Senado para vetar un Proyecto de Ley declarado urgente es de: a. 10 días naturales. b. 20 días naturales. c. 30 días naturales. d. 15 días naturales.

En cuanto a la suspensión de derechos y libertades contemplada en el artículo 55 de la Constitución Española: a. Sólo cabe la suspensión cuando se acuerde la declaración del estado de alarma, de excepción o de sitio. b. En caso de estado de sitio, se exceptúa la posibilidad de suspensión del derechos de toda persona detenida de ser informada inmediatamente de sus derechos y de las razones de su detención. c. Cabe la suspensión del derechos de reunión pacífica y sin armas cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio. d. No puede afectar en ningún caso a los derechos susceptibles de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

¿Quién preside el Pleno del Tribunal Constitucional a falta del Presidente y el Vicepresidente?. a. El Magistrado más antiguo en el cargo. b. El Magistrado más joven. c. El Magistrado de menor antigüedad en el cargo. d. El Magistrado de mayor edad.

En la Constitución Española de 1978, el pluralismo político: a. Es uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico que se reseñan en el Titulo Preliminar. b. Es uno de los derechos y libertades especialmente protegidos por el procedimiento que se establece en el art. 53.2 de la Constitución. c. Se recoge en el preámbulo de la Constitución, como exigencia de una sociedad democrática avanzada. d. Se recoge en el Título Primero, como fundamento del orden político y de la paz social.

El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen: a. El derecho de conocerla y usarla. b. El derecho de conocerla y el deber a usarla. c. El deber de conocerla y usarla. d. El deber de conocerla y el derecho a usarla.

Además del castellano, las demás lenguas españolas: a. Serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con lo que dispongan las leyes estatales y los Estatutos. b. Serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con lo que dispongan las leyes estatales. c. No serán oficiales en ningún caso. Lengua oficial es únicamente el castellano. d. Serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

La Constitución Española de 1978 consta de: a. Un Preámbulo, y 168 artículos estructurados en un Título Preliminar y 12 Títulos. b. 169 artículos, estructurados en un Título Preliminar y 12 Capítulos. c. Un Preámbulo, y 170 artículos estructurados en un Título Preliminar y 10 Títulos. d. Un Preámbulo, y 169 artículos estructurados en un Título Preliminar y 10 Títulos.

¿Qué artículo de la Constitución establece la mayoría de edad de los españoles?. a. Ninguno, la mayoría de edad se determina en el Código Civil. b. El artículo 12 de la Constitución. c. El artículo 13 de la Constitución. d. El artículo 11 de la Constitución.

Señale la respuesta correcta en relación a la estructura de la Constitución Española: a. Todos los Títulos se dividen en Capítulos que a su vez se dividen en Secciones. b. Algunos Títulos están divididos en Capitulos. c. Todos los Títulos están divididos en Capítulos. d. Algunos Títulos están divididos en Secciones.

Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona: a. Se resolverán mediante Ley Orgánica. b. Se resolverán mediante Decreto del Presidente del Gobierno. c. Se resolverán mediante Decreto Ley. d. Se resolverán mediante Ley ordinaria.

El Congreso se compone de: a. Un mínimo de 150 y un máximo de 200 diputados elegidos por sufragio universal, libre, igual , directo y secreto, en los términos que establece la Ley. b. Un mínimo de 200 y un máximo de 300 diputados elegidos por sufragio universal, libre, igual , directo y secreto, en los términos que establece la Ley. c. Un mínimo de 400 y un máximo de 500 diputados elegidos por sufragio universal, libre, igual , directo y secreto, en los términos que establece la Ley. d. Un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establece la Ley.

El recurso de amparo es para la tutela de: a. Los derechos y libertades reconocidos en el art. 14 y en la Sección Primera y Segunda del Capítulo II del Título I CE. b. Los derechos y libertades reconocidos en el art. 14 y en la Sección Primera del Capítulo II del Título I CE, incluidos los derechos del art. 30. c. Los derechos y libertades reconocidos en el art. 14 y en la Sección Primera del Capítulo II del Título I CE, incluida la objeción de conciencia del art. 30. d. Los derechos y libertades reconocidos en la Sección Primera del Capítulo II del Título I CE.

Según la Constitución, para ejercer la Regencia de la Corona se requiere: a. Ser español, mayor de edad y estar en el pleno ejercicio de los derechos civiles. b. Ser español, mayor de edad y diputado en Cortes. c. Ser mayor de edad. d. Ser español y mayor de edad.

El Título II de la Constitución Española lleva por rúbrica: a. Del Gobierno y la Administración. b. De la Corona. c. De los Derechos y Deberes Fundamentales. d. De las Cortes Generales.

El Tribunal Constitucional no es competente para conocer: a. De los conflictos constitucionales de competencia entre Comunidades Autónomas. b. De las impugnaciones por el Gobierno de las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. c. De los conflictos de jurisdicción entre los órganos judiciales y la Administración. d. De los conflictos de defensa de la autonomía local.

El Título X de la Constitución Española lleva por rúbrica: a. Del Tribunal Constitucional. b. De la reforma constitucional. c. De la Corona. d. De la Organización Territorial del Estado.

Pueden tomar la forma de Decreto Ley: a. Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada. b. Las disposiciones del Gobierno que se limiten a refundir o armonizar texto legales aprobados por las Cortes. c. Cualquier disposición del Gobierno adoptada en caso de extraordinaria y urgente necesidad. d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Según el artículo 78 de la Constitución Española en cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de: a. 23 miembros. b. 19 miembros. c. 17 miembros. d. 21 miembros.

El recurso de inconstitucionalidad se formulará a partir de la publicación de la Ley, disposición o acto con fuerza de Ley impugnado, dentro del plazo de: a. Seis meses. b. Tres meses. c. Dos meses. d. Un mes.

Según el artículo 68.5 de la Constitución Española, ¿Quiénes son elegibles para los cargos de Diputados?. a. El Defensor del Pueblo. b. Magistrados, Jueces y Fiscales en activo. c. Los miembros de las Juntas Electorales. d. Todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos.

¿Cuál de los siguientes principios no se encuentra garantizado en la Constitución?. a. La retroactividad de una disposición sancionadora desfavorable. b. La jerarquía normativa. c. La publicidad de las normas. d. La responsabilidad de los poderes públicos.

¿Pueden dos Comunidades Autónomas federarse?. a. Sí, si lo establecen sus respectivos Estatutos de Autonomía y se aprueba el Proyecto por mayoría absoluta en las dos Asambleas Legislativas implicadas. b. Sí, si lo establecen sus respectivos Estatutos de Autonomía y se aprueba el Proyecto por mayoría absoluta en las dos Asambleas Legislativas implicadas y además, lo aprueba el Congreso de los Diputados. c. Sí, previo informe favorable del Consejo de Estado y si el proyecto es aprobado por mayoría simple de las dos Asambleas Legislativas afectadas. d. No, nunca.

Según la Constitución Española, los valores superiores del ordenamiento jurídico son: a. La libertad, la justicia, la democracia y el pluralismo político. b. La igualdad, la libertad, la democracia y la monarquía parlamentaria. c. La igualdad ante la Ley, la libertad, la unidad de la nación española y el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. d. La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

En cuanto a la reforma constitucional, señale la afirmación correcta: a. El único caso en que no puede iniciarse es en tiempo de guerra. b. Puede iniciarse mediante iniciativa legislativa popular, salvo en materias propias de ley orgánica. c. Una vez aprobada, deberá ser ratificada por referéndum en todo caso. d. No podrá iniciarse durante la vigencia de los estados de alarma, excepción y sitio.

Con carácter general, ¿Quién refrenda los actos del Rey?. a. El Presidente del Gobierno y, en su caso, los Ministros competentes. b. El Presidente del Senado. c. El Fiscal General del Estado. d. El Presidente del Congreso.

¿Cuál de estos derechos no es susceptible de fundamentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional?. a. La libertad religiosa. b. El derecho de asociación. c. El derecho a la educación. d. El derecho de propiedad.

Conforme al artículo 133 de la Constitución Española, la potestad originaria para establecer tributos corresponde: a. Al Gobierno, a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos. b. Al Gobierno y a las Comunidades Autónomas de régimen foral. c. A todas las Administraciones Públicas, cuando así lo prevea la Ley de Presupuestos. d. Exclusivamente al Estado.

¿Quién tendrá preferencia para ocupar la Regencia en caso de inhabilitación del Rey?. a. El padre o la madre del Rey. b. El pariente de mayor edad más próximo a suceder. c. La persona que designen las Cortes Generales. d. El Príncipe heredero, si fuere mayor de edad.

Entre las atribuciones que la Constitución Española de 1978 confiere al Senado en exclusiva, le corresponde: a. Autorizar las medidas adoptadas por el Gobierno para obligar a las Comunidades Autónomas a cumplir las obligaciones constitucionales. b. Ratificar los tratados internacionales. c. Dar instrucciones a las Comunidades Autónomas para que cumplan con las obligaciones constitucionales. d. Retirar la confianza del Presidente del Gobierno.

Las libertades de cátedra, de producción y de creación artística, ¿en qué derecho o libertad fundamental pueden encuadrarse?. a. En el derecho a la educación y libertad de enseñanza. b. En el derecho a la libertad de expresión. c. En el derecho a la libertad ideológica y religiosa. d. En el derecho de participación.

Las Diputaciones Permanentes pueden asumir algunas de las facultades que corresponden a las Cámaras en caso de que éstas hubieren sido disueltas o expirado su mandato. Entre ellas no se encuentran las relacionadas con: a. Los estados del artículo 116 de la Constitución. b. Los decretos-leyes. c. Ninguna es correcta. d. Los decretos legislativos.

El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un periodo de: a. 4 años. b. 5 años. c. 3 años. d. 2 años.

En el artículo 24 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva, no se menciona: a. El derecho a no confesarse culpable. b. La presunción de inocencia. c. El derecho a la defensa y a la asistencia de letrado. d. El procedimiento de "habeas corpus".

El artículo 9.3 de la Constitución Española dispone que la Constitución garantiza: a. El principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. b. El principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. c. El principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. d. Las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas.

Dispone el artículo 9 CE, que la Constitución garantiza: a. El principio de legalidad y la publicidad de las normas. b. El principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, y la responsabilidad. c. El principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. d. El principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Las personas tienen plena capacidad para obrar por sí mismas: a. A los 12 años. b. A los 16 años. c. A los 18 años. d. A los 14 años.

El Tribunal Constitucional se compone de: a. De 8 miembros nombrados por el Rey, de ellos 2 a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros, 2 a propuesta del Senado, con idéntica mayoría, 4 a propuesta del Gobierno y 4 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. b. De 11 miembros nombrados por el Rey, de ellos 1 a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros, 2 a propuesta del Senado, con idéntica mayoría, 4 a propuesta del Gobierno y 4 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. c. De 14 miembros nombrados por el Rey, de ellos 4 a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros, 5 a propuesta del Senado, con idéntica mayoría, 3 a propuesta del Gobierno y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. d. De 12 miembros nombrados por el Rey, de ellos 4 a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros, 4 a propuesta del Senado, con idéntica mayoría, 2 a propuesta del Gobierno y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

El Tribunal Constitucional conocerá: a. Todas las demás respuestas son correctas. b. De los conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí. c. Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades públicos relacionados en el artículo 53.2 de la Constitución. d. Del recurso y de la cuestión de inconstitucionalidad contra Leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley.

¿Quién nombra a los miembros del Tribunal Constitucional, según el artículo 159 de la Constitución Española?. a. El Consejo General del Poder Judicial. b. Las Cortes Generales. c. El Rey. d. Cuatro el Congreso, cuatro el Senado, dos el Gobierno y dos el Consejo General del Poder Judicial.

De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales se ocupa: a. El Título VI de la Constitución. b. El Título VIII de la Constitución. c. El Título V de la Constitución. d. El Título IV de la Constitución.

¿Cuántos miembros deben estar presentes en la toma de acuerdos en las Secciones del Tribunal Constitucional?. a. Dos miembros, salvo que haya discrepancia, requiriéndose entonces la de sus tres miembros. b. Dos tercios de los miembros que en cada momento las compongan. c. La mayoría de los miembros presentes. d. Al menos cinco miembros.

Señale la respuesta incorrecta. Dispone el artículo 9 CE, que la Constitución garantiza: a. La retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. b. La jerarquía normativa. c. El principio de legalidad. d. La interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Señale la respuesta incorrecta. El Ministerio Fiscal puede: a. Ejercitar acciones civiles dimanantes de delitos o faltas. b. Promover conflictos de jurisdicción. c. Interponer recurso de inconstitucionalidad. d. Prestar el auxilio judicial internacional.

¿A qué órgano constitucional le corresponde acordar el estado de alarma o de excepción?. a. Al Congreso de los Diputados. b. Al Ministro del Interior. c. Al Presidente del Gobierno. d. Al Consejo de Ministros.

La bandera de España está formada por tres franjas horizontales: a. Roja, amarilla y roja, siendo las rojas de doble anchura que la amarilla. b. Amarilla, roja y amarilla, siendo las amarillas de doble anchura que la roja. c. Roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. d. Amarilla, roja y amarilla, siendo la roja de doble anchura que cada una de las amarillas.

Según el artículo 82 de la Constitución, la delegación legislativa cuando su objeto sea la formación de textos articulados, deberá otorgarse mediante: a. Un Decreto Ley. b. Una Ley de bases. c. Una Ley Orgánica. d. Una Ley Ordinaria.

El Título VIII de la Constitución Española lleva por rúbrica: a. De la reforma constitucional. b. Del Tribunal Constitucional. c. Economía y Hacienda. d. De la Organización Territorial del Estado.

Señale la respuesta incorrecta. Es un valor superior del ordenamiento jurídico, recogido en el artículo 1 de la Constitución Española: a. Igualdad. b. Libertad. c. Responsabilidad social. d. Pluralismo político.

¿Qué órgano debe reconocer la imposibilidad del Rey para el ejercicio de su autoridad?. a. El Congreso. b. Las Cortes Generales. c. El Senado. d. El Consejo de Ministros.

En cuanto al control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas previsto en el artículo 153 de la Constitución Española, éste puede ser ejercido por: a. El Tribunal Constitucional respecto a la constitucionalidad de las disposiciones normativas con fuerza de ley. b. El Rey, con el refrendo del Presidente del Gobierno. c. El Tribunal de Cuentas, previo dictamen del Consejo de Estado. d. La jurisdicción penal y la contencioso-administrativa.

El artículo 82 bis del ROCSJ reconoce a los LAJ el derecho a. a) Sindicación plena. b) Huelga. c) Libre asociación profesional. d) Negociación colectiva.

La libre asociación profesional reconocida en el artículo 82 bis implica que los LAJ pueden. a) Integrarse únicamente en asociaciones autorizadas por el Ministerio de Justicia. b) Crear y afiliarse libremente a asociaciones profesionales. c) Afiliarse solo a una asociación por territorio. d) Asociarse exclusivamente a través del CGPJ.

Las asociaciones profesionales de LAJ deberán tener como finalidad principal. a) La defensa de intereses políticos. b) La negociación salarial directa. c) La promoción y defensa de los intereses profesionales. d) La representación sindical en mesas de negociación.

Según el artículo 82 bis, el ejercicio del derecho de libre asociación profesional. a) Puede limitarse por razones disciplinarias. b) Está condicionado a la antigüedad del Letrado. c) No podrá menoscabar el cumplimiento de los deberes profesionales. d) Exige autorización previa de la Administración.

De acuerdo con la LOPJ, las asociaciones profesionales de LAJ tienen derecho a ser oídas en. a) Únicamente en cuestiones disciplinarias. b) Solo en cuestiones organizativas. c) En cuestiones retributivas, estatutarias, de organización de la oficina judicial y modificaciones legales que afecten al servicio. d) Exclusivamente en materia retributiva.

Para disfrutar de interlocución con el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, la asociación deberá acreditar una implantación efectiva mínima del. a) 1% del Cuerpo en servicio activo. b) 2% del Cuerpo en servicio activo. c) 5% del total del Cuerpo. d) 10% del Cuerpo en activo o excedencia.

El porcentaje de implantación del 2% se calcula sobre. a) El total histórico de integrantes del Cuerpo. b) Los Letrados destinados en el ámbito territorial correspondiente. c) Los integrantes del Cuerpo en servicio activo. d) Los afiliados existentes a 31 de diciembre.

Para el cálculo anual del grado de implantación, las asociaciones deberán presentar listas de personas asociadas. a) Cerradas a 1 de enero. b) Cerradas a 30 de junio. c) Cerradas a a 30 de septiembre. d) Cerradas a 31 de diciembre.

Las listas de personas asociadas deben presentarse ante. a) El CGPJ. b) El Ministerio de Justicia. c) El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. d) La Secretaría General de la Administración de Justicia.

La audiencia a las asociaciones profesionales en materias retributivas debe realizarse. a) Con carácter potestativo. b) Tras la adopción de la decisión. c) Únicamente si lo solicitan las asociaciones. d) Con carácter previo a la adopción de la decisión.

Según el artículo 83.1 ROCSJ, los LAJ deberán cumplir sus deberes. a) Conforme a los acuerdos de las asociaciones profesionales. b) De acuerdo con los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad. c) Atendiendo a instrucciones sindicales. d) Según criterios de oportunidad.

¿Qué artículos de la CE recoge el principio de exclusividad del ejercicio de la función jurisdiccional?. a) Artículo 117, apartado tercero. b) Artículo 117, apartado cuarto. c) Artículo 117, apartado quinto. d) Artículo 117, apartado segundo.

El artículo 57 de la LOPJ dispone que en las causas por delitos atribuidos a la Fiscalia Europea contra las personas a las que se refieren los números 2º y 3º del apartado 1 del propio artículo, se designará de entre los miembros de la Sala, conforme a un turno preestablecido. a) Un instructor, que no formará parte de la misma para enjuiciarlas. b) Un Juez de garantías, que no formará parte de la misma para enjuiciarlas. c) Un Fiscal Instructor adscrito a la Fiscalía Europea. d) Un Fiscal de garantías adscrito a la Fiscalía Europea.

De acuerdo con el artículo 67 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, de los procesos sobre conflictos colectivos cuya resolución haya de surtir efecto en un ámbito territorial superior al de una CCAA conocerá en única instancia. a) La Sala de lo Social de la AN. b) La Sala de lo Social del TS. c) La Sala de lo Contencioso Administrativo de la AN. d) La Sala de lo Contencioso Administrativo del TS.

¿Qué órgano judicial es competente para conocer de la solicitud del Gobierno para la revocación de los acuerdos de explotación de redes, conforme al artículo 58 Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial?. a) La Sala de lo Contencioso Administrativo del TS. b) La Sala de lo Contencioso Administrativo del AN. c) La Sala de lo Civil del TS. d) TC.

Según el artículo 72 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, ¿qué Salas integran el TSJ?. a) De lo Penal, de lo Contencioso Administrativo, de lo Social y de Apelación. b) De lo Civil y Penal, de lo Contencioso Administrativo y de lo Social. c) De lo Civil, de lo Penal y de lo Social.

Según el artículo 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, señale la respuesta correcta. a) El Presidente del TS y del CGPJ es la primera autoridad judicial de la nación y ostenta la representación del Poder Judicial pero no del órgano de gobierno del mismo. b) El Presidente del TC es la primera autoridad judicial de la nación y ostenta la representación del Poder Judicial y del órgano de gobierno del mismo. c) El Presidente del TS y del CGPJ es la primera autoridad judicial de la nación y ostenta la representación del Poder Judicial y del órgano de gobierno del mismo. d) El Presidente TC es la primera autoridad judicial de la nación y ostenta la representación del Poder Judicial pero no del órgano de gobierno del mismo.

El CGPJ tiene las siguientes atribuciones. a) Proponer el nombramiento en los términos previstos por la presente Ley Orgánica, del Fiscal General del Estado. b) Ser oído por el Gobierno antes del nombramiento del Fiscal General del Estado. c) Ser oído por las Cortes Generales antes del nombramiento del Fiscal General del Estado. d) ser oído por el Rey antes del nombramiento del Fiscal General del Estado.

El CGPJ, determinará los órganos jurisdiccionales y otros servicios de la Administración de Justicia que han de permanecer en servicio de guardia, oídos, entre otros: a) El Ministerio de Presidencia y Justicia. b) Los Colegios de Abogados y Graduados Sociales de cada demarcación. c) La Fiscalía General del Estado. d) Los Colegios de Procuradores de cada demarcación.

EL CGPJ tiene las siguientes atribuciones (señale la respuesta incorrecta). a) Ser oído por el Gobierno antes del nombramiento del FGE. b) Regular y convocar las oposiciones de ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. c) Ejercer la alta inspección de Tribunales. d) Participar, en los términos legalmente previstos, en la selección de Jueces y Magistrados.

Señale la respuesta incorrecta respecto al CGPJ. a) Participa en la selección de Jueces y Magistrados. b) Emite informe sobre los anteproyectos de ley y disposiciones generales que versen sobre el estatuto orgánico del personal al servicio de la Administración de Justicia. c) Es oído por el Gobierno antes del nombramiento del FGE. d) Propone al Ministro de Justicia el nombramiento del Director de la Escuela Judicial.

EL CGPJ tiene las siguientes atribuciones. Señale la incorrecta. a) Ejercer la alta inspección de Tribunales. b) Ser oído por el Gobierno antes del nombramiento del FGE. c) Proponer, previa justificación de la necesidad, las medidas de refuerzo que sean precisas en concretos órganos judiciales. d) Regular la estructura y funcionamiento del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), así como nombrar a su Director y a sus profesores.

Para la ordenación de los señalamientos de juicios por delitos leves se dictará los reglamentos oportunos por: a) El CGPJ coordinadamente con el MF. b) El CGPJ coordinadamente con el Ministerio de Justicia. c) El CGPJ coordinadamente con el Secretario General de Justicia. d) El CGPJ coordinadamente con los órganos competentes de las CCAA.

¿Cuál de las siguientes respuestas no es correcta? El Presidente del TS y del CGPJ. a) Será nombrado por el Gobierno. b) Podrá ser reelegido. c) Es la primera autoridad judicial de la nación. d) Convoca las sesiones del Pleno del CGPJ.

El Presidente del TSJ, en el desempeño de su cargo: a) Tendrá consideración de Magistrado de la AN. b) Tendrá consideración de Vocal del CGPJ. c) Tendrá consideración de Magistrado del TS. d) Tendrá consideración de Presidente de Sala del TS.

Compete a la Comisión Permanente del CGPJ. a) El ejercicio de todas las atribuciones del CGPJ que no estén expresamente reservadas a la Presidencia, al Pleno, a la Comisión Disciplinaria, a la Comisión de Igualdad o a la Comisión de Asuntos Económicos. b) El ejercicio de las competencias que le puedan ser delegadas por el Gabinete Técnico. c) La resolución de los expedientes disciplinarios promovidos contra Jueces y Magistrados incoados por infracciones graves y muy graves. d) Únicamente preparar las sesiones del Pleno y velar por la inejecución de sus acuerdos.

El Secretario General del CGPJ será nombrado. a) Por el Rey. b) Por el Pleno del CGPJ. c) Por el Presidente del CGPJ. d) Por el Ministerio de Justicia.

Según el reglamento 2/2010 del CGPJ de homogeneización de los Servicios Comunes procesales, la dirección y gestión de los servicios comunes en sus aspectos técnicos-procesales corresponde: a) Al Juez Decano respectivo. b) Al Secretario Coordinador que esté al frente de los servicios comunes. c) Al Magistrado-Juez encargado de la unidad procesal. d) Al Secretario Judicial Director que esté al frente de los servicios comunes.

Los actos de la Sala de Gobierno de los TSJ. a) Gozan de ejecutoriedad y por tanto no podrán ser recurridos. b) Serán recurribles en alzada ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ. c) Serán recurribles en vía contencioso administrativa ante la AN. d) Serán recurribles en alzada ante el CGPJ.

Habrá un Secretario de Gobierno en: a) El TS, en la AN y en cada TSJ, así como en las ciudades de Ceuta y Melilla. b) El TS, en la AN, en cada TSJ y en las AP, así como en las ciudades de Ceuta y Melilla. c) En cada TSJ y en las AP, así como en las ciudades de Ceuta y Melilla. d) El TS, en la AN, en cada TSJ y en las AP.

En el nombramiento del Secretario de Gobierno del TS, se recabará informe: Del Consejo del Secretariado. Del Pleno del CGPJ. De la Comisión Permanente del CGPJ. Del Consejo de Estado.

La distribución de asuntos entre los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de una misma población se aprobará: Por la Sala de Gobierno del TSJ, a propuesta de la Junta de jueces de este orden jurisdiccional. Por acuerdo de la Junta de jueces de este orden jurisdiccional. Por la Sala de Gobierno del TSJ previo informe de Juez Decano. Por acuerdo de Juez Decano.

Los jueces que asciendan a categoría de Magistrado mediante prueba selectiva con especialización en el orden contencioso administrativo o social: No conservarán los derechos a concursar a plazas de otros órdenes jurisdiccionales. Conservarán los derechos a concursar a plazas de otros órdenes jurisdiccionales, de acuerdo con su antigüedad en el escalafón del orden contencioso administrativo o social. Conservarán los derechos a concursar a plazas de otros órdenes jurisdiccionales, de acuerdo con su antigüedad en el escalafón común. No conservarán los derechos a ser nombrados a plazas de libre designación.

De acuerdo con la LOPJ, los procedimientos de separación, traslado, jubilación por incapacidad permanente y rehabilitación de jueces y magistrados se formarán: Con audiencia del interesado e informe del MF y de la Sala de Gobierno respectiva. Con audiencia del interesado y del Ministerio de Justicia e informe de la Sala de Gobierno respectiva. Con Conocimiento del interesado e informe del MF y de la Sala de Gobierno respectiva. Con audiencia del interesado, del MF y de la Sala de Gobierno respectiva.

De acuerdo con la LOPJ, conocerá de las demandas de responsabilidad civil dirigidas contra magistrados de los TSJ por hechos realizados en el ejercicio de sus cargos: El TS. Las AP. Los TSJ. Los TSJ o las AP, según los casos.

De acuerdo con la LOPJ, la sede de los juzgados de Vigilancia Penitenciaria la establecerá: El Ministerio de Justicia. El Gobierno, previa audiencia de la CCAA afectada y del CGPJ. El Gobierno, a propuesta de la CCAA afectada y previo informe del CGPJ. El Consejo de Ministros, previo informe de la CCAA afectada y del CGPJ.

El cargo de juez o magistrado es incompatible con (señale la correcta): Con el ejercicio de la abogacía y la procuraduría. Con todo tipo de asesoramiento, sea o no retribuido. Con el ejercicio de toda actividad mercantil por sí, pero no por otro. Con los empleos de cualquier clase en otros Juzgados o Tribunales.

La AN está integrada por las siguentes Salas: De lo Civil, de lo penal, de lo contencioso administrativo y de lo social. De apelación, de lo civil, de lo penal y de lo contencioso. De lo civil, de lo penal, de lo contencioso administrativo, de lo social y de lo militar. De apelación, de lo penal, de lo contencioso administrativo y de lo social.

No constituye una función de Ministerio Fiscal: Ejercer cuantas funciones le atribuya la ley en defensa de la independencia de los jueces y tribunales. Interponer las cuestiones de constitucionalidad en los términos establecidos en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Velar por el respeto de las instituciones constitucionales y de los derechos fundamentales y libertades públicas con cuantas acciones exija su defensa. Tomar parte, en defensa de la legalidad y del interés público o social, en los procesos relativos al estado civil.

Dispone el artículo octavo del Estatuto Orgánico del MF que: El CGPJ podrá interesar del FGE que promueva ante los Tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público. Los Jueces y Magistrados podrán interesar del FGE que promueva ante los Tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público. El Gobierno podrá interesar del FGE que promueva ante los Tribunales las acciones pertinentes en orden a la defensa del interés público. Las Cortes Generales podrán interesar del FGE que promueva ante los Tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público.

Respecto a la intervención en los procesos civiles del MF, señale la respuesta incorrecta: En ningún caso se impondrán las costas al MF en los procesos en que intervenga como parte. Los actos de comunicación al MF se tendrán por realizados el día de la fecha de recepción que conste en la diligencia. El MF asumirá la representación y defensa de las personas menores de edad no emancipadas cuando no hubiere persona que legalmente las represente o asista para comparecer en jucio, hasta que se produzca el nombramiento del defensor judicial. El MF podrá ser parte en los procesos ante los tribunales civiles respecto de los procesos en que, conforme a la ley, haya de intervenir como parte.

Los Fiscales de Sala del TS se hallan equiparados a: Presidentes de Sala del TS. Presidente de la AN. Magistrados de los TSJ. Magistrados del TS.

La Fiscalía Antidroga de la AN tiene las siguientes funciones (señale la respuesta incorrecta): Colaborar con la autoridad judicial en el control del tratamiento de los drogodependientes a quienes se haya aplicado la remisión condicional, recibiendo los datos precisos de los centros acreditados que participen en dicho tratamiento. Coordinar las actuaciones de las distintas Fiscalías en orden a la prevención y represión del tráfico ilegal de drogas y el blanqueo de capitales relacionado con dicho tráfico. Las Fiscalías de los Tribunales Militares colaborarán con la Fiscalía Antidroga en relación con los hechos cometidos en centros, establecimientos y unidades militares. Intervenir directamente en todos los procedimientos relativos al tráfico de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, o blanqueo de capitales relacionado con dicho tráfico, que sean competencia de la AN y de los Juzgados Centrales de Instrucción conforme a los artículos 65 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Investigar, en los términos del Artículo Quinto del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, los hechos que presenten indicios de ser constitutivos de alguno de los delitos contra el Patrimonio.

¿Cuál es el plazo máximo por el que serán designados el Teniente Fiscal Inspector y los Fiscales de la Inspección Fiscal?. 4 años. 5 años. 10 años. 12 años.

¿Quién nombra a los jueces según la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial?. El Rey. El CGPJ. El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. El TSJ que corresponda.

Según la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial ¿cómo serán nombrados los Magistrados?. Por el Rey, a propuesta del CGPJ. Por RD, a propuesta del CGPJ, refrendado por el Ministerio de Justicia. Por el Presidente del TS, a propuesta del Ministerio de Justicia. Por Resolución del CGPJ, a propuesta del TS.

Es atribución del MF. Mantener la integridad de la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales, promoviendo los conflictos de jurisdicción. Recibir quejas de los ciudadanos en materias relacionadas con la Administración de Justicia. Regular la estructura y funcionamiento de Centro de Documentación Judicial. Velar por el respeto de las instituciones judiciales y de los derechos y libertades derivadas.

De acuerdo con la LOPJ, antes del nombramiento del FGE, el CGPJ debe: Ser oído por el Gobierno. Ser informado por el Gobierno. Emitir informe. Autorizar el nombramiento.

Según el artículo 234 de la LOPJ, apartado segundo: Cualquier persona que acredite un interés legítimo y directo tendrá derecho a acceder a la información existente en los procedimientos judiciales y a consultar, en la forma dispuesta en las leyes procesales y, en su caso, en la ley que regule el uso de las tecnologías en la Administración de Justicia, los escritos y documentos que consten en los autos, no declarados secretos ni reservados. También tendrán derecho a que se les expidan los testimonios y certificados en los casos y a través del cauce establecido en las leyes procesales. Las partes personadas que acrediten un interés legítimo y directo tendrán derecho a acceder a la información existente en los procedimientos judiciales y a consultar, en la forma dispuesta en las leyes procesales y, en su caso, en la ley que regule el uso de las tecnologías en la Administración de Justicia, los escritos y documentos que consten en los autos, no declarados secretos ni reservados. Las partes y cualquier persona que acredite un interés legítimo y directo tendrán derecho a obtener, en la forma dispuesta en las leyes procesales y, en su caso, en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, copias simples de los escritos y documentos que consten en los autos. A y b son correctas.

Dispone el artículo 269 de la LOPJ: "Los Juzgados y Tribunales solo podrán celebrar juicios o vistas de asuntos fuera de la población de su sede cuando así lo autorice la ley": Solo pueden celebrar juicios y vistas en su sede sin excepciones. Y además si las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, previa determinación del número de causas que justifican los traslados y siempre que su desplazamiento venga justificado por una mejor administración de justicia, dispondrán que los Jueces de cualquier jurisdicción, asistidos del Letrado de la Administración de Justicia, se constituyan para celebrar juicios orales en las ciudades donde tengan sede los Juzgados que hayan instruido las causas. El Consejo General del Poder Judicial, cuando las circunstancias o el buen servicio de la administración de justicia lo aconsejen, y a petición de las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, podrá disponer que los Juzgados y las Secciones o Salas de los Tribunales o Audiencias se constituyan en población distinta de su sede para despachar los asuntos correspondientes a un determinado ámbito territorial comprendido en la circunscripción de aquéllos. b y c son correctas.

Dispone el artículo 129 bis de la LEC: Se adoptarán las medidas necesarias para asegurar que en el uso de métodos electrónicos se garantizan los derechos de todas las partes del proceso. En especial, el derecho a la asistencia letrada efectiva, a la interpretación y traducción y a la información. Se adoptarán las medidas necesarias para asegurar que en el uso de métodos electrónicos se garantizan los derechos de todas las partes del proceso. En especial, el derecho a la asistencia letrada efectiva, a la interpretación y traducción y a la información, acceso a los expedientes judiciales. Se adoptarán las medidas necesarias para asegurar que en el uso de métodos electrónicos se garantizan los derechos de todas las partes del proceso. En especial, el derecho a la asistencia letrada efectiva, a la interpretación y traducción y a la información y acceso a los expedientes judiciales. Se adoptarán las medidas necesarias para asegurar que en el uso de métodos electrónicos se garantizan los derechos de partes personadas en el proceso. En especial, el derecho a la asistencia letrada efectiva, a la interpretación y traducción y a la información y acceso a los expedientes judiciales y a la tutela judicial efectiva.

Según el artículo 258 bis LECrim, ¿cuál es el criterio general sobre la celebración de los actos procesales una vez constituido el órgano judicial?. Todos los actos procesales deben celebrarse únicamente de forma presencial. Todos los actos procesales se celebrarán preferentemente por medios telemáticos, salvo decisión motivada en contrario. Todos los actos procesales deben celebrarse simultáneamente presencial y telemáticamente. La presencia física solo es obligatoria para las partes, pero no para testigos ni peritos.

Según el artículo 258 bis LECrim, ¿en qué casos es necesaria la presencia física del acusado en la sede del órgano judicial?. Solo cuando el acusado lo solicite él mismo o su abogado. En los juicios por delito grave y en los juicios con Tribunal del Jurado, entre otros supuestos motivados. En todos los juicios por delitos leves sin excepción. Únicamente en la fase de instrucción, pero no en la de juicio oral.

Respecto a las declaraciones de víctimas, testigos o peritos, ¿qué establece el artículo 258 bis LECrim sobre su intervención telemática?. Solo se permite telemáticamente si la víctima reside en el extranjero. Se prohíbe expresamente la declaración telemática de testigos por vulnerar el principio de inmediación. Se facilitará especialmente su intervención telemática en determinados supuestos, salvo decisión motivada en contrario. Solo podrán declarar telemáticamente bajo autorización del Ministerio Fiscal.

Según el artículo 130 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿qué días tienen la consideración de inhábiles a efectos procesales?. Los sábados, domingos, festivos nacionales y autonómicos. Los sábados, domingos, días de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la respectiva Comunidad Autónoma o localidad y mes de agosto. Únicamente los domingos y festivos nacionales. Todos los días no laborables para la Administración de Justicia.

Conforme al artículo 131 LEC, ¿quién puede habilitar días u horas inhábiles para la práctica de actuaciones judiciales?. Exclusivamente el Letrado de la Administración de Justicia. El juez o tribunal, mediante resolución motivada, cuando exista causa justificada. El Ministerio Fiscal en casos de urgencia. Cualquiera de las partes mediante simple solicitud.

Se dicta una resolución el 30 de julio siendo notificada al procurador a las 13:55 de ese mismo día que abre un plazo de 20 días hábiles para recurrir. No se trata de una actuación urgente. ¿Cuándo comienza el cómputo del plazo?. El 31 de julio. El 1 de agosto. El 1 de septiembre. El 31 de agosto.

Según el artículo 135 LEC, cuando se establece un plazo que se fija por días, el cómputo: Comienza el mismo día en que se notifica la resolución que lo fija. Comienza al día siguiente de la notificación de la resolución que lo fija. Comienza al segundo día hábil siguiente a la notificación. Comienza al tercer día, excepto que sea urgente.

Una resolución se notifica el 15 de julio (martes). Se fija un plazo de 5 días hábiles para interponer recurso. ¿Cuándo vence el plazo?. 19 de julio (sábado). 21 de julio (miércoles). 22 de julio (martes). 20 de julio (domingo).

Según el artículo 204 de la LECrim, los autos y decretos deben dictarse: En el plazo máximo de 3 días desde que surgen las pretensiones. Al día siguiente de que surgen las pretensiones o las actuaciones llegan al estado procesal que lo exige. Solo cuando lo solicite alguna de las partes. Dentro del mismo día, sin posibilidad de demora.

Cuando un escrito se presenta fuera del horario de audiencia, según el artículo 206 de la LECrim: Se da cuenta al Juez o Tribunal el mismo día. Se da cuenta al día siguiente y se deja constancia del día y hora de entrega. Se archiva sin efectos hasta la próxima audiencia. Se devuelve al presentante para que lo entregue dentro del horario judicial.

Dispone el artículo 207 de la LECrim que las notificaciones, citaciones y emplazamientos en la capital del juzgado deben practicarse: Como tarde, al siguiente día de dictarse la resolución que lo ordena. Dentro de los tres días siguientes, sin excepciones. Solo si no es día inhábil. En cualquier momento, respetando el plazo de 24 horas desde la resolución.

En un procedimiento judicial, la ley establece un plazo de 5 días para recurrir. Ninguna de las partes solicita prórroga. El plazo vence un viernes y el lunes siguiente es festivo. Según el art. 134 de la LEC, ¿cuándo se considera vencido el plazo?. El viernes. El sábado. El lunes. El martes, primer día hábil siguiente.

Plazo A: 5 días para contestar demanda, vence viernes 31 de enero. Plazo B: 7 días para presentar pruebas, comienza al día siguiente hábil al vencimiento de A. Si el lunes 3 de febrero es festivo, ¿cuándo comienza el plazo B y cuándo vence?. Comienza lunes 3 de febrero y vence lunes 10 de febrero. Comienza martes 4 de febrero y vence martes 11 de febrero. Comienza lunes 3 de febrero y vence martes 11 de febrero. Comienza martes 4 de febrero y vence lunes 10 de febrero.

El abogado presenta un escrito a través de la sede electrónica, dentro del plazo y antes de las 15:00 del día hábil siguiente al vencimiento. Según el art. 135.5 de la LEC, ¿qué sucede?. Se admite porque está dentro del plazo ("día de gracia"). Se admite solo si el juez lo acepta. No se admite, porque los escritos deben presentarse en el juzgado correspondiente. Se admite parcialmente, con observación.

Plazo de 10 días hábiles para presentar pruebas vence viernes 15 de febrero. Del lunes 11 al miércoles 13, el juzgado está cerrado por inundación. Según art. 134 y 135 de la LEC, ¿cuándo puede presentarse el escrito?. Viernes 15 antes de medianoche. Lunes 18 antes de las 15:00. Jueves 21 antes de las 15:00. Miércoles 20 antes de las 15:00.

El plazo para contestar una demanda vence el sábado 25 de enero. El lunes 27 es hábil. Según el art. 135.5 de la LEC, ¿cuándo es el último momento para presentar el escrito?. Sábado 25 antes de medianoche. Lunes 27 antes de las 15:00. Martes 28 antes de las 15:00. Miércoles 29 antes de las 15:00.

En relación con los delitos de los artículos 257 y 258 del Código Penal, la publicidad procede cuando: Exista sentencia condenatoria. El perjudicado sea cualquier acreedor. El acreedor defraudado sea la Hacienda Pública. Exista responsabilidad civil subsidiaria.

La cuantía que debe constar en el certificado según el artículo 235 bis de la LOPJ es la correspondiente: A la multa penal impuesta. A la responsabilidad civil directa. Al perjuicio causado a la Hacienda Pública por todos los conceptos. A la deuda tributaria principal, excluidos recargos e intereses.

El Vicepresidente del Gobierno: Siempre tendrá la Condición de Ministro. Tendrá la condición de Ministro pero no tendrá que asumir un Departamento Ministerial. Cuando asuma la titularidad de un Departamento Ministerial ostentará, además, la condición de Ministro. No es posible ser Ministro y asumir además la titularidad de un Departamento Ministerial.

¿Cuál de las siguientes competencias no corresponde a los Ministros?: Aprobar las propuestas de los estados de gastos de su Ministerio. Desempeñar la jefatura superior de todo el personal del Departamento. Resolver de los recursos administrativos y declarar la lesividad de los actos administrativos cuando les corresponda. Proponer los planes de empleo del Ministerio y los Organismos públicos de él dependientes.

La evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social es una competencia propia de: El Municipio. El Pleno. El Alcalde. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

De acuerdo con el art. 111 CE, el Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las Cámaras. Para esta clase de debate los Reglamentos establecerán: Un tiempo máximo diario. Un tiempo mínimo mensual. Un tiempo mínimo diario. Un tiempo mínimo semanal.

¿Quién preside la Comisión territorial de asistencia en las Comunidades Autónomas pluriprovinciales según el artículo 79 LRJSP?. El Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma. El Subdelegado del Gobierno de la provincia capital. El Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. El Presidente de la Comunidad Autónoma.

El Derecho estatal: Prevalece en todo caso, sobre el Derecho de las Comunidades Autónomas. Será en todo caso, supletorio del Derecho de las Comunidades Autónomas. Sólo tiene competencia en las materias que establece el artículo 149 de la Constitución Española. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

En cada una de las provincias de las Comunidades Autónomas pluriprovinciales, existirá un Subdelegado del Gobierno: Que estará bajo la inmediata dependencia del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Que estará bajo la inmediata dependencia del Ministerio del Interior. Que estará bajo la inmediata dependencia del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Que estará bajo la inmediata dependencia del Delegado del Gobierno.

¿Qué atribución del Alcalde puede ser delegada en la Junta de Gobierno Local, según el artículo 21 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local?. El nombramiento de los Tenientes de Alcalde. La dirección del gobierno y la administración municipal. La concertación de operaciones de crédito. La aprobación de instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general.

¿Según el artículo 3 Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuál de los siguientes principios NO se menciona como orientador de la actuación de las Administraciones Públicas?. La eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. La buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. La planificación y dirección por objetivos y control de la gestión. La imparcialidad política como base de la representación institucional.

Los cambios de denominación de los Municipios solo tendrán carácter oficial: Desde el momento en que son anotados en el registro creado por la Administración del Estado para la inscripción de todas las entidades a que se refiere la LRBRL. Cuando, tras haber sido anotados en el registro creado por la Administración del Estado para la inscripción de todas las entidades a que se refiere la LRBRL, se publiquen en el Boletín Oficial del Estado. A los dos días desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Desde el momento en que son anotados en el registro creado por la Administración del Estado para la inscripción de todas las entidades a que se refiere la LRBRL, una vez transcurrido el plazo de alegaciones.

Según el art. 57.3 LRJSP, la determinación del número, la denominación y el ámbito de competencia respectivo de los Ministerios y las Secretarías de Estado se establecen: Por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno. Por mayoría simple del Congreso de los Diputados. Por el Rey.

En virtud de lo establecido en la Ley, la asesoría jurídica es: Un órgano administrativo responsable de la asistencia jurídica al Alcalde, a la Junta de Gobierno Local y a los órganos directivos, comprensiva del asesoramiento jurídico y de la representación y defensa en juicio del ayuntamiento. Un órgano administrativo responsable de la asistencia jurídica, que colabora de forma colegiada en la función de dirección política y ejerce las funciones ejecutivas y administrativas que se señalan en el artículo 127 de la LRBRL. Un órgano administrativo responsable de la asistencia jurídica a los órganos directivos exclusivamente, comprensiva del asesoramiento jurídico y de la representación y defensa en juicio del ayuntamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 447 LOPJ. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Establece el art. 139 CE que: El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Todas las respuestas son correctas.

Según el artículo 130 LRBRL, son órganos superiores: El Secretario general del Pleno, el Alcalde y los miembros de la Junta de Gobierno Local. El interventor general municipal, el Secretario general del Pleno, el Alcalde y los miembros de la Junta de Gobierno Local. Los directores generales u órganos similares que culminen la organización administrativa dentro de cada una de las grandes áreas o concejalías. El Alcalde y los miembros de la Junta de Gobierno Local.

¿Quién nombra y separa a los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas?. El Congreso de los Diputados, previa comparecencia. El Presidente del Gobierno, mediante orden ministerial. El Consejo de Ministros, mediante Real Decreto, a propuesta del Presidente del Gobierno. El Ministerio competente por razón de la materia.

El Presidente del Gobierno en funciones puede ejercer las siguientes facultades: Proponer al Rey la disolución de alguna de las Cámaras. Plantear la cuestión de confianza. Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. Representar al Gobierno.

En la provincia de Segovia, ¿quién es competente para dirigir y coordinar los Servicios de Protección Civil?: El Delegado del Gobierno. El Subdelegado del Gobierno. El Ministro del Interior. El Presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

En el procedimiento para el nombramiento de Presidente y del resto de miembros del Gobierno, establece el art. 99 CE que, si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores. Si transcurrido el plazo: De dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso. De tres meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso. De cinco meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso. De un mes, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.

Los Subdirectores generales: Son los responsables inmediatos, bajo la supervisión del Director general o del titular del órgano del que dependan, de la ejecución de aquellos proyectos, objetivos o actividades que les sean asignados, así como de la gestión ordinaria de los asuntos de la competencia de la Subdirección General. Son los responsables subordinados, bajo la supervisión del Secretario General o del titular del órgano del que dependan, de la ejecución de aquellos proyectos, objetivos o actividades que les sean asignados, así como de la gestión ordinaria de los asuntos de la competencia de la Subdirección General. Son los responsables inmediatos, bajo la supervisión del Director general o del titular del órgano del que dependan, de la ejecución de aquellos proyectos, objetivos o actividades que les sean asignados, así como de la gestión extraordinaria de los asuntos de la competencia del Secretario General. Todas las respuestas son incorrectas.

El asesoramiento legal al Pleno y a las comisiones será preceptivo, entre otros, en los siguientes supuestos: Cuando una ley así lo exija en las materias de la competencia plenaria, y, cuando, en el ejercicio de la función de control y fiscalización de los órganos de gobierno, lo solicite el Presidente o la cuarta parte, al menos, de los Concejales. Cuando una ley así lo exija en las materias de la competencia plenaria, y, cuando, en el ejercicio de la función de control y fiscalización de los órganos de gobierno, lo solicite el Presidente o dos tercios de los Concejales. Siempre que se trate de asuntos sobre materias para las que se exija una mayoría especial, para la redacción y custodia de las actas, y para Asegurar la gestión de los servicios propios de la Comunidad Autónoma cuya gestión ordinaria esté encomendada a la Diputación. Cuando una ley así lo exija en las materias de la competencia plenaria y para la inspección y sanción de establecimientos y actividades comerciales.

Una de las siguientes afirmaciones no es correcta. Señale Cuál: El superior jerárquico directo de un Secretario de Estado es el Ministro correspondiente. Un Secretario General Técnico tiene la categoría de Secretario General. Los Subsecretarios ostentan la representación ordinaria de un Ministerio. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas tienen rango de Subsecretario.

¿Qué documento debe incluir, entre otros contenidos, el análisis de impacto económico, de género y climático en la elaboración de normas, según el artículo 26 LG?. El dictamen del Consejo de Estado. La exposición de motivos de la norma. El informe del Ministerio de Hacienda. La Memoria del Análisis de Impacto Normativo.

No podrá crearse una Comarca si a ello se oponen expresamente: Las tres cuartas partes de los Municipios que debieran agruparse en ella, siempre que, en este caso, tales Municipios representen al menos la mitad del censo electoral del territorio correspondiente. Las tres cuartas partes de las Diputaciones Provinciales que debieran agruparse en ella, siempre que, en este caso, tales Diputaciones representen al menos la mitad del censo electoral del territorio correspondiente. Las dos quintas partes de las Diputaciones Provinciales que debieran agruparse en ella, siempre que, en este caso, tales Diputaciones representen al menos la mitad del censo electoral del territorio correspondiente. Las dos quintas partes de los Municipios que debieran agruparse en ella, siempre que, en este caso, tales Municipios representen al menos la mitad del censo electoral del territorio correspondiente.

La Jefatura de la Policía Municipal, corresponde: Al Alcalde. Al Secretario o Delegado correspondiente. Al Secretario General. Al funcionario jefe designado al efecto.

El órgano de máxima representación política de los ciudadanos en el gobierno municipal es: El Pleno. La Junta de Gobierno Local. El Consejo Municipal. La Administración Municipal.

¿Qué rango tienen los Subdelegados del Gobierno en las provincias?: Secretario General. Subsecretario. Director General. Subdirector General.

La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual, es competencia: De la Junta de Gobierno Local. Según sea el caso, del Pleno municipal en los Ayuntamientos, y de la Asamblea vecinal en el régimen de Concejo Abierto. En todo caso, del Pleno municipal en los Ayuntamientos, y de la Asamblea vecinal en el régimen de Concejo Abierto. Del Pleno.

Según el art. 4.1 LG, los Ministros, como titulares de sus Departamentos, tienen competencia y responsabilidad en la esfera específica de su actuación, y les corresponde el ejercicio de las siguientes funciones: Desarrollar la acción del Gobierno en el ámbito de su Departamento, de conformidad con los acuerdos adoptados en Consejo de Ministros o con las directrices del Presidente del Gobierno. Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento y de otros Departamentos. Ejercer cuantas otras competencias le atribuya la Constitución Española. Todas las respuestas son correctas.

¿Quién nombra a los Subdelegados del Gobierno?: El Delegado del Gobierno. El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. El Presidente del Gobierno. El Consejo de Ministros.

¿Qué aspecto no se contempla en el artículo 105 de la Constitución Española?. La garantía de audiencia en el procedimiento administrativo. El acceso a archivos y registros administrativos con límites. La audiencia de los ciudadanos en la elaboración de disposiciones administrativas. El control judicial directo sobre las decisiones del Consejo de Ministros.

Si, de acuerdo con el art. 114 CE, el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación de Presidente del Gobierno: Según lo dispuesto en el artículo 99. Según lo dispuesto en el artículo 111. Según lo dispuesto en el artículo 100. Según lo dispuesto en el artículo 101.

¿De quién dependen los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas?: De las Cortes Generales. De la Presidencia del Gobierno. De la Presidencia de la Comunidad Autónoma. Del Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.

¿Qué régimen de incompatibilidades será de aplicación a los Secretarios de Estado?: El previsto para los órganos Superiores de la Administración General del Estado. El previsto para los órganos directivos de la Administración General del Estado. El previsto para los altos cargos de la Administración General del Estado. El que en cada caso se determine en su nombramiento.

De conformidad con el art. 102 CE, la responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso: Ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Ante la Sala de lo Penal del Tribunal Constitucional. Todas las respuestas son incorrectas.

Conforme a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, impulsar, supervisar e inspeccionar los servicios no integrados en las provincias, corresponde: Al Subdelegado del Gobierno. Al Delegado del Gobierno. Al Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Al Presidente de la Diputación de la Provincia.

¿Cómo se nombran los Directores de los Gabinetes del Presidente, Vicepresidentes y Ministros, según el artículo 16 LG?. Por acuerdo conjunto del Congreso y el Senado. Por Resolución de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno. Por Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros. Por Orden Ministerial del titular del Departamento correspondiente.

¿Cómo se nombra y separa a los Secretarios de Estado?: Por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Presidente del Gobierno o del miembro del Gobierno a cuyo departamento pertenezca. Por Real Decreto del Presidente del Gobierno a propuesta del miembro del Gobierno a cuyo Departamento pertenezca. Por Orden del Ministro a cuyo Departamento se adscriba. Ninguna es correcta.

¿Cómo se denomina el órgano de gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas en un departamento ministerial?: Secretaría General Técnica. Secretaría General. Subdirección General. Dirección General.

La supresión de una Dirección General del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes se lleva a cabo: Por Orden Ministerial, a iniciativa del Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y a propuesta del Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Por Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y a propuesta del Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública. Por Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y a propuesta del Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Por Orden Ministerial, a iniciativa del Ministro de Justicia y a propuesta del Ministro de Hacienda y Función Pública.

Conforme al art.61 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, es competencia del Ministro: Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento. Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. Mantener las relaciones con las Comunidades Autónomas y convocar las Conferencias sectoriales y los órganos de cooperación en el ámbito de las competencias atribuidas a su Departamento. A y c son correctas.

El Secretario de Estado de Justicia es nombrado por: Orden del Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Real Decreto del Presidente del Gobierno, aprobado a propuesta del Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Real Decreto del Consejo de Ministros, aprobado a propuesta del Presidente del Gobierno o del Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Real Decreto del Consejo de Ministros, aprobado a propuesta del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de: Eficiencia, jerarquía, descentralización, concentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Eficacia, jerarquía, centralización, desconcentración y subordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Todas las respuestas son incorrectas.

Según el artículo 23 de la LRBRL, la asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones, es función: Del Pleno. De la Junta de Gobierno Local. De los Concejales. De la Administración delegante.

Para la válida constitución de la Junta de Gobierno Local se requiere: Que el número de miembros de la Junta de Gobierno Local que ostentan la condición de concejales presentes sea inferior al número de aquellos miembros presentes que no ostentan dicha condición. Que el número de miembros de la Junta de Gobierno Local que ostentan la condición de concejales presentes sea igual al número de aquellos miembros presentes que no ostentan dicha condición. Que el número de miembros de la Junta de Gobierno Local que ostentan la condición de concejales ausentes sea superior al número de aquellos miembros presentes que ostentan dicha condición. Que el número de miembros de la Junta de Gobierno Local que ostentan la condición de concejales presentes sea superior al número de aquellos miembros presentes que no ostentan dicha condición.

Corresponde a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios: El examen de todos los asuntos que vayan a someterse a aprobación del Consejo de Ministros, incluidos los nombramientos, ceses, ascensos a cualquiera de los empleos de la categoría de oficiales generales. El análisis o discusión de aquellos asuntos que, siendo competencia del Consejo de Ministros o sus Comisiones Delegadas, afecten a varios Ministerios y sean sometidos a la Comisión por su presidente. El análisis o discusión de aquellos asuntos que, sin ser competencia del Consejo de Ministros o sus Comisiones Delegadas, afecten a varios Ministerios y sean sometidos a la Comisión por su presidente. Todas las respuestas son correctas.

Las Comunidades Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149 de la Constitución: Reformando en cualquier momento sus Estatutos. Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus Estatutos. Transcurridos dos años, y mediante la reforma de sus Estatutos. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

¿Según el artículo 17 LG, por qué normas se rige la organización y funcionamiento del Gobierno?. Por las decisiones del Consejo de Estado y del Presidente del Congreso. Por las órdenes ministeriales y resoluciones judiciales. Por la Ley del Gobierno, los Reales Decretos del Presidente del Gobierno y las disposiciones organizativas internas emanadas del Presidente o del Consejo de Ministros. Por la Constitución Española y las instrucciones del Tribunal Constitucional.

Se determinarán las islas en las que existirá un Director Insular de la Administración General del Estado, con el nivel que se determine en la relación de puestos de trabajo: Por Decreto Ley. Por ley Orgánica. Reglamentariamente. Todas las respuestas son correctas.

¿Qué función le corresponde al Consejo de Ministros según el artículo 5 de la Ley del Gobierno?. Aprobar los proyectos de ley y su remisión al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado. Aprobar los Estatutos de las Comunidades Autónomas. Autorizar los viajes oficiales del Presidente del Gobierno. Convocar elecciones generales en caso de disolución anticipada de las Cortes Generales.

Según el artículo 138 de la Constitución Española, el principio de solidaridad está garantizado por: Las Comunidades Autónomas. El Gobierno. El Estado. El Fondo de Compensación Interterritorial.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 225 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de LEC, los actos procesales serán nulos de pleno derecho: Cuando se produzcan por o ante Tribunal con falta de competencia territorial. Cuando se prescinda de normas del procedimiento. Cuando se realicen bajo violencia o intimidación. Ninguna de las anteriores es correcta.

En relación con el incidente de nulidad de actuaciones, previsto en el artículo 228 de la LEC, indique la respuesta correcta: Contra la providencia de inadmisión del incidente cabe recurso de apelación. Contra la resolución que resuelva el incidente no se dará recurso alguno. Contra el auto de inadmisión del incidente cabe recurso de apelación. Será competente para conocer este incidente el tribunal jerárquico superior a aquél que dictó la resolución que hubiese adquirido firmeza.

De conformidad con lo establecido en el artículo 214 de la LEC relativo a la invariabilidad de las resoluciones judiciales,señale la respuesta correcta: La rectificación de error material del que adolezca una resolución firmada sólo se podrá hacer a instancia del Ministerio Fiscal. No cabrá recurso alguno contra la resolución que decida sobre la aclaración o corrección. La aclaración de algún concepto oscuro del que adolezcan las resoluciones una vez firmadas no se podrán hacer de oficio. La rectificación de error material del que adolezca una resolución firmada sólo se podrá hacer a instancia de parte.

El Juzgado o Tribunal cuidará de que puedan ser subsanados los defectos en que incurran los actos procesales de las partes: Obligando a su subsanación. No teniendo por efectuado y declarándolo nulo. Siempre que, en dichos actos se hubiese manifestado la voluntad de cumplir los requisitos exigidos por la ley. Concediendo para ello un plazo de 20 días hábiles.

De conformidad con el artículo 453.2 de la LOPJ, los LAJ expedirán: Actas o certificaciones de las actuaciones judiciales no declaradas secretas ni reservadas a las partes, con expresión de su destinatario y el fin para el que se solicitan. Certificaciones o actas de las actuaciones judiciales no declaradas secretas ni reservadas a las partes, con expresión de su destinatario, excluyendo el fin para el que solicitan. Certificaciones o testimonios de las actuaciones judiciales no declaradas secretas ni reservadas a las partes, con expresión de su destinatario y el fin para el que se solicitan. Actas o testimonios de las actuaciones judiciales no declaradas secretas ni reservadas a las partes, con expresión de su destinatario y el fin para el que se solicitan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 142 LEC, en cuanto a la utilización de la lengua oficial en las actuaciones judiciales (señale la respuesta incorrecta): Las actuaciones judiciales realizadas y los documentos presentados en el idioma oficial de una CCAA tendrán, sin necesidad de traducción al castellano, plena validez y eficacia. En todas las actuaciones judiciales, los Jueces, Magistrados, Fiscales y LAJ y demás funcionarios de Juzgados y Tribunales usarán el castellano, lengua oficial del Estado. Las partes, sus procuradores y abogados, así como los testigos y peritos, sólo en las manifestaciones orales podrán utilizar la lengua que sea también oficial en la CCAA en cuyo territorio tengan lugar las actuaciones judiciales. Las actuaciones judiciales realizadas y los documentos presentados en el idioma oficial de una CCAA tendrán, sin necesidad de traducción al castellano, plena validez, pero se procederá de oficio a su traducción cuando deban surtir efecto de la jurisdicción de los órganos judiciales sitos en las CCAA.

Según el artículo 182 de la LOPJ, ¿Quién podrá habilitar los días declarados inhábiles para las actuaciones judiciales en aquellos casos no previstos expresamente por las leyes?. Ministerio de Justicia. La Sala de Gobierno del TSJ. CGPJ. Consejo de Estado.

Según el artículo 182 LOPJ los sábados son inhábiles a efectos: Procesales. Laborales. Administrativos. Disciplinarios.

Según el artículo 182 LOPJ, ¿Quien podrá habilitar los días declarados inhábiles a efectos de actuaciones judiciales en aquellos casos no previstos expresamente por las leyes?. Ministerio de justicia. La Sala de Gobierno TSJ. CGPJ mediante reglamento. Consejo de Estado.

Dispone el artículo 129 bis de la LEC: Se adoptarán las medidas necesarias para asegurar que en el uso de métodos electrónicos se garantizan los derechos de todas las partes del proceso. En especial, el derecho a la asistencia letrada efectiva, a la interpretación y traducción y a la información. Se adoptarán las medidas necesarias para asegurar que en el uso de métodos electrónicos se garantizan los derechos de todas las partes del proceso. En especial, el derecho a la asistencia letrada efectiva, a la interpretación y traducción y a la información, acceso a los expedientes judiciales. Se adoptarán las medidas necesarias para asegurar que en el uso de métodos electrónicos se garantizan los derechos de todas las partes del proceso. En especial, el derecho a la asistencia letrada efectiva, a la interpretación y traducción y a la información y acceso a los expedientes judiciales. Se adoptarán las medidas necesarias para asegurar que en el uso de métodos electrónicos se garantizan los derechos de partes personadas en el proceso. En especial, el derecho a la asistencia letrada efectiva, a la interpretación y traducción y a la información y acceso a los expedientes judiciales y a la tutela judicial efectiva.

Una resolución se notifica el 15 de julio (martes). Se fija un plazo de 5 días hábiles para interponer recurso. ¿Cuándo vence el plazo?. 19 de julio (sábado). 21 de julio (miércoles). 22 de julio (martes). 20 de julio (domingo).

Según el artículo 204 de la LECrim, los autos y decretos deben dictarse: En el plazo máximo de 3 días desde que surgen las pretensiones. Al día siguiente de que surgen las pretensiones o las actuaciones llegan al estado procesal que lo exige. Solo cuando lo solicite alguna de las partes. Dentro del mismo día, sin posibilidad de demora.

Dispone el artículo 207 de la LECrim que las notificaciones, citaciones y emplazamientos en la capital del juzgado deben practicarse: Como tarde, al siguiente día de dictarse la resolución que lo ordena. Dentro de los tres días siguientes, sin excepciones. Solo si no es día inhábil. En cualquier momento, respetando el plazo de 24 horas desde la resolución.

En un procedimiento judicial, la ley establece un plazo de 5 días para recurrir. Ninguna de las partes solicita prórroga. El plazo vence un viernes y el lunes siguiente es festivo. Según el art. 134 de la LEC, ¿cuándo se considera vencido el plazo?. viernes. sábado. lunes. Martes, primer día hábil siguiente.

En relación con los delitos de los artículos 257 y 258 del Código Penal, la publicidad procede cuando: Exista sentencia condenatoria. El perjudicado sea cualquier acreedor. El acreedor defraudado sea la Hacienda Pública. Exista responsabilidad civil subsidiaria.

Cuando en la votación de una sentencia o un auto no se alcanzase la mayoría necesaria, la LOPJ considera que: Volverá a discutirse y votarse los puntos sin acuerdo y si no se alcanzase, se procederá a la apertura del trámite de discordia, con la concurrencia de un número de Magistrados igual al que no llegó al acuerdo para resolver. Volverá a discutirse y votarse los puntos sin acuerdo y si no se alcanzase, se procederá a la apertura del trámite de discordia, con la concurrencia de los Magistrados que hubiesen asistido a la primera votación, aumentándose tres más si hubiese sido impar el número de discordantes y dos más en el caso de ser par. Volverá a discutirse y votarse los puntos sin acuerdo y si no se alcanzase, se procederá a la apertura del trámite de discordia, con la concurrencia de los Magistrados que hubiesen asistido a la primera votación, aumentándose dos más si hubiese sido impar el número de discordantes y tres más en el caso de ser par. El presidente de Sala concurrirá al trámite de discordia si hubiese asistido previamente.

La absolución se entenderá, según lo regulado por nuestra Ley de Enjuiciamiento criminal como: Libre en determinados casos. No se realiza ninguna consideración con respecto a la absolución. Libre o parcial. Ninguna de las anteriores es correcta.

Según el art. 258 LOPJ, se verá de nuevo el asunto, sustituyéndose el impedido, separado o suspenso en la forma establecida en esta Ley: Cuando no hubiere votos bastantes para constituir la mayoría que exige el artículo 159. Cuando no hubiere votos bastantes para constituir la mayoría que exige el artículo 25. Cuando no hubiere votos bastantes para constituir la mayoría que exige el artículo 55. Cuando no hubiere votos bastantes para constituir la mayoría que exige el artículo 255.

De acuerdo con el artículo 204.1 de la LEC, las resoluciones judiciales serán firmadas por el Juez o por todos los Magistrados no impedidos: Dentro del plazo de tres días. Dentro del plazo de siete días. Dentro del plazo de quince días. Dentro del plazo establecido para dictarlas.

En cuanto a la posibilidad de emitir votos particulares en nuestras sentencias, la Ley Orgánica del Poder Judicial determina que: Los votos particulares no son de posible emisión. Los votos particulares, no formarán parte del Libro de Sentencias ni serán comunicados a las partes. Los votos particulares pueden emitirse en sentencias y en autos decisorios de incidentes. El voto particular no será objeto de publicación cuando lo sean las sentencias en las que se dictaron.

Cuando la Ley no exprese la resolución que deba dictarse, nuestra LEC exige que: Se dictará decreto cuando la resolución tenga por objeto dar a los autos el curso que la ley establezca. Se dictará decreto cuando se admita la demanda y cuando se ponga término al procedimiento del que el Letrado de la Administración de Justicia tuviera atribuida competencia exclusiva. Se dictará decreto cuando se admita la demanda, cuando se ponga término al procedimiento del que el Letrado de la Administración de Justicia tuviera atribuida competencia exclusiva y, en cualquier clase de procedimiento, cuando fuere preciso o conveniente razonar lo resuelto. En los procesos de ejecución se regirá por las normas recogidas en otros artículos, diferente al proceso declarativo.

De acuerdo con lo recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada mediante Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta?. Son providencias las que resuelven cuestiones procesales reservadas al juez y que no requieran la forma de auto. Son autos cuando decidan cuestiones como: incidentes, puntos esenciales que afecten de manera directa a los investigados o encausados, responsables civiles, acusadores particulares o actores civiles; cuando decidan la competencia del Juzgado o Tribunal, la procedencia o improcedencia de la recusación, cuando decidan recursos contra providencia o decretos, la prisión o libertad provisional, la admisión o denegación de prueba o del derecho a la justicia gratuita o afecten a un derecho fundamental, y finalmente, las demás que según las Leyes deben fundarse. Son sentencias firmes, cuando no caben contra ellas únicamente recursos ordinarios, salvo el de revisión. Son Sentencias cuando decidan definitivamente la cuestión criminal.

Conforme a lo regulado por nuestra LOPJ, los autos y sentencias se adoptarán por: Mayoría absoluta de votos. Mayoría de tres quintos. Mayoría simple. Mayoría absoluta de votos sin excepciones.

Las resoluciones dictadas en la jurisdicción social incluirán: Lugar y fecha en que se adopten, quien la dicta, si es o no firme, recurso que proceda, depósitos y consignaciones que sean necesarios y forma de efectuarlos. Lugar y fecha en que se adopten, quien la dicta, si es o no firme, recurso que proceda, plazo de interposición, depósitos y consignaciones que sean necesarios y forma de efectuarlos. Lugar y fecha en que se adopten, quien la dicta, si es o no firme, recurso que proceda, ante qué órgano se interpone, plazo y requisitos para ello, así como los depósitos y consignaciones que sean necesarios y forma de efectuarlos. Lugar y fecha en que se adopten, quien la dicta, recurso que proceda, ante qué órgano se interpone, plazo y requisitos para ello, así como los depósitos y consignaciones que sean necesarios y forma de efectuarlos.

Cuando el Magistrado impedido de votar, no pudiese votar ni siquiera con el mecanismo recogido por el artículo 257 LOPJ: Se votará por lo no impedidos que hubiesen asistido a la vista, y si hubieren los necesarios para formar la mayoría, estos dictarán Sentencia. No podrá resolverse el asunto. Resolverá el Presidente de la Sala. Este mecanismo no se recoge en nuestra LOPJ.

Las resoluciones de los Letrados de la Administración de Justicia se denominarán: Diligencias. Órdenes. Autos. Sentencias.

Las diligencias del Letrado de la Administración de Justicia, según lo estipulado por la Ley 6/1985 del Poder Judicial tendrán la siguiente consideración: De ordenación, de constancia, de comunicación. De ordenación, de constancia, de comunicación y de ejecución. De ordenación, constancia y ejecución. De ordenación, comunicación y ejecución.

La cosa juzgada material, supondrá, de acuerdo con lo recogido por nuestra LEC: Que no se inicie cualquier procedimiento posterior con idéntico objeto. La cosa juzgada únicamente afectará a las partes pero no a sus herederos o causahabientes. Las sentencias dictadas sobre impugnación de acuerdos societarios no tendrán efectos frente a todos los socios. Las sentencias sobre estados civiles afectarán a todos, desde que se dicten.

En las resoluciones dictadas en celebración de una vista, audiencia o comparecencia ante el Tribunal o Letrado de la Administración de Justicia, nuestra LEC determina que: Son siempre orales sin excepción. No puede declararse la firmeza de la resolución, en ningún caso, en el mismo acto oral en el que se dicta. El plazo para recurrir comenzará a contar desde la notificación de la resolución debidamente redactada, salvo la excepción recogida en el artículo 210 LEC. Las sentencias orales no serán motivadas.

Por lo que respecta a la publicación y comunicación de las sentencias en el orden civil, la LEC determina que: Las sentencias que se dicten en los procedimientos sobre la aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea o los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia se comunicarán por el Letrado de la Administración de Justicia a la Comisión Internacional de la Competencia. Las Sentencias serán publicadas y depositadas en la oficina judicial por el Juez. La publicidad será en la forma permitida u ordenada por la Constitución y las leyes. Los Letrados de la Administración de Justicia pondrán en las sentencias certificación literal de los autos.

De acuerdo con el art. 209 LEC, las sentencias se formularán conforme a lo dispuesto en el artículo anterior y con sujeción, además, a las siguientes reglas. En el encabezamiento deberán expresarse los nombres de las partes y, cuando sea necesario, la legitimación y representación en virtud de las cuales actúen, así como los nombres de los abogados y procuradores y el objeto del juicio. En los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad y la concisión posibles y en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que las funden, que hubieren sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que hayan de resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado y los hechos probados, en su caso. En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de hecho y de derecho fijados por las partes y los que ofrezcan las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. Todas las respuestas son correctas.

En cuanto a la carga de la prueba nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil determina que: Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y reconvención. Las normas contenidas en el artículo 217 LEC se aplicarán con carácter preferente a cualquier previsión legal sobre la carga de la prueba. En los procesos de competencia desleal y sobre publicidad ilícita corresponde, al demandante la carga de la prueba de la exactitud y veracidad de las manifestaciones realizadas. En los procesos relativos a discriminación por razón de sexo la carga probatoria corresponde al demandante.

De conformidad con lo recogido en la LOPJ, cuando un magistrado quede imposibilitado, después de recaído el fallo y votado, para poder firmar, lo hará por él: El que presidió el Tribunal, expresando su nombre y las palabras “Voto en Sala, pero no pudo firmar”. El que presidió el Tribunal, expresando el nombre de aquel por quien firme y después las palabras “Voto en Sala y no pudo firmar”. El Magistrado más antiguo del Tribunal, expresando el nombre de aquel por quien firme y después las palabras “Voto en Sala y no pudo firmar”. El Magistrado más antiguo.

Las resoluciones de los Letrados de la Administración de Justicia y Tribunales se dictarán, según lo recogido por la Ley de Enjuiciamiento Civil: En un plazo de 20 días. En un plazo de 10 días. En el plazo que consideren conveniente. En el plazo que la ley establezca.

Con respecto a las siguientes afirmaciones recogidas en la LEC, ¿Cuál de ellas no es correcta?. Las sentencias de condena no establece el importe exacto de las cantidades. Las sentencias de condena pueden establecer con claridad o precisión las bases para su liquidación que deberán consistir en una operación aritmética que se efectuará una vez que se haya dictado esta. Cuando se reclame en juicio el pago de una cantidad de dinero determinada no podrá limitarse la demanda a pretender una sentencia meramente declarativa del derecho a percibirlos. La sentencia de condena establecerá el importe exacto de las cantidades respectivas.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta según lo recogido en la LOPJ?. Las diligencias de ordenación y los decretos dictados por el Letrado de la Administración de Justicia son recurribles en los casos y formas previstos por las leyes. Se llama decreto a la resolución del Letrado de la Administración de Justicia con el fin de admitir la demanda, poner término al procedimiento del que tenga competencia exclusiva o cuando sea preciso o conveniente razonar su decisión. Los decretos serán siempre motivados y contendrán en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en que se basa. Las resoluciones de carácter gubernativas dictadas por los Letrados de la Administración de Justicia se denominan pactos.

De acuerdo con lo regulado en la LRJS 36/2011: Los Letrados de la Administración de Justicia dictarán autos, providencias, y decretos. Los Letrados de la Administración de Justicia dictarán diligencias. Los Letrados de la Administración de Justicia dictaran diligencias, decretos y sentencias de aquellos procedimientos en lo que tenga competencia para resolver. Los Letrados de la Administración de Justicia únicamente dictarán decretos.

De conformidad con el art. 221 LEC, en las sentencias estimatorias de una acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios el Tribunal, si lo estima procedente, y con cargo al demandado: a) Podrá acordar la publicación total o parcial de la sentencia. b) O, cuando los efectos de la infracción puedan mantenerse a lo largo del tiempo, una declaración aclaratoria. c) A y b son correctas. d) A y b son incorrectas.

A tenor de lo regulado por la LEC, las resoluciones dictadas contendrán la siguiente forma: En el caso de sentencias y autos, habrá de indicarse el Tribunal que las dicte, con expresión del Juez o Magistrado que lo integren y su firma, e indicación del ponente en caso de órgano colegiado. En el caso de providencias dictadas por las salas de justicia, bastará con la firma de los integrantes que lo componen. En el caso de sentencias y autos, habrá de indicarse el Tribunal que las dicte, con expresión del Juez o Magistrado que lo integren y su firma, e indicación del ponente en caso de órgano colegiado. En el caso de providencias dictadas por las salas de justicia, bastará con la firma del ponente. Los decretos y autos no serán motivados. En las resoluciones de los Letrados de la Administración de Justicia no se extenderá su firma.

De conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial, empezada la votación: No podrá interrumpirse en ningún momento. Podrá interrumpirse en caso de caso fortuito o fuerza mayor. Podrá interrumpirse en caso de fortuito y fuerza mayor. No podrá interrumpirse sino en caso de fuerza mayor.

Según el tenor literal del artículo 143 LECRIM, las ejecutorias se encabezarán: En nombre del Presidente del Gobierno. En nombre del Rey. En nombre del CGPJ. Ninguna de las anteriores es correcta.

De conformidad con nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial: Las sentencias se firmarán por el Juez o por los Magistrados no impedidos dentro del plazo establecido para dictarlas. Las sentencias se firmarán solo por el Juez. Las sentencias se firmarán por el Juez o por la mayoría de los Magistrados. Las sentencias se firmarán por el Juez o por los Magistrados no impedidos en cualquier tiempo.

Dentro de las resoluciones que puede adoptar el Juez en el proceso penal, de acuerdo con lo recogido en la LECRIM: Los autos son siempre motivados, y contendrán en los mismos párrafos los fundamentos de hecho y derecho. Lo autos pueden ser firmados por cualquier Juez o Magistrado, lo hayan dictado o no. Las providencias podrán ser sucintamente motivadas sin sujeción a requisito alguno cuando se estime conveniente y en los casos en los que se disponga por Ley. Las providencias podrán ser sucintamente motivadas sin sujeción a requisito alguno cuando se estime conveniente.

Las sentencias dictadas oralmente en el ámbito social, pueden dictarse: Cuando termine el juicio y salvo que proceda recurso de recurso de suplicación por razón de la materia o la cuantía. No procede dictar sentencia oral en casos de allanamiento total. No procede dictar sentencia oral en los términos de ejecución de sentencia cuando sean propuestos de común acuerdo entre las partes si manifiestan su decisión de no recurrir cuando proceda recurso. El Juez no puede dictar únicamente el fallo oralmente, cualquiera que sea la cuantía o a materia, con motivación suscinta, sin perjuicio de la redacción posterior de la sentencia dentro de plazo y en la forma legalmente previstos.

A tenor del tenor literal del artículo 218 de la Ley 1 /2000 de Enjuiciamiento Civil: Las sentencias deben ser claras y concisas con las demandas, y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. Harán las declaraciones que ellas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate. Las sentencias deben ser claras y precisas con las demandas, y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. Harán las declaraciones que aquellas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate. Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas, y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. Harán las declaraciones que aquellas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate. Las sentencias deben ser claras y congruentes con las demandas, y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. Harán las declaraciones que aquellas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate.

Las resoluciones judiciales deben ser firmadas, tal y como lo recoge el articulado de la LEC: Cuando después de decidido un asunto por un tribunal colegiado se imposibilitare algún magistrado de los que hubieren votado y no pudiese firmar la resolución, lo hará por el quien lo hubiese sustituido. Cuando después de decidido un asunto por un tribunal colegiado se imposibilitare algún magistrado de los que hubieren votado y no pudiese firmar la resolución, el que lo hubiese presidido lo hará por él, expresando el nombre del Magistrado por quien firma y haciendo constar que el Magistrado imposibilitado votó, pero no pudo firmar. Si el impedido fuera el presidente, el Magistrado que lo sustituya firmará por él. Si el impedido fuera el presidente, no podrá firmar nadie por él.

En caso de reclamación de rentas periódicas, cuando se acumule a la acción de desahucio por falta de pago o por expiración legal o contractual del plazo, nuestra LEC dispone que: Se tomará como base de la liquidación de las rentas futuras el último importe de la mensualidad reclamada al presentar la demanda. Tiene que instarse por el demandante expresamente en su escrito de demanda. Se condena a las rentas debidas que se devenguen con posterioridad a la presentación de la demanda hasta la entrega de la posesión efectiva de la finca. Todas las anteriores son correctas.

Con respecto a las resoluciones dictadas por los Letrados de la Administración de Justicia, la LECRIM dispone que: Los decretos expresarán en párrafos numerados y separados los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la subsiguiente parte dispositiva. Los decretos nunca contendrán un razonamiento. Contras las resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia nunca cabe recurso. Los Letrados de la Administración de Justicia pueden dictar diligencias, decretos y providencias.

Según el art. 456.5 LOPJ, las resoluciones de carácter gubernativo de los Letrados de la Administración de Justicia se denominarán: Autos. Acuerdos. Decretos. Orden.

Según el tenor literal del artículo 213 bis LEC: En cada Tribunal se llevará, bajo la responsabilidad y custodia del Letrado de la Administración de Justicia, un libro de decretos, en el que se incluirán firmados todos los firmes, que serán ordenados cronológicamente. En cada Tribunal se llevará, bajo la responsabilidad y custodia del Juez, un libro de decretos, en el que se incluirán firmados todos los definitivos, que serán ordenados cronológicamente. En cada Tribunal se llevará, bajo la responsabilidad y custodia del Letrado de la Administración de Justicia, un libro de decretos, en el que se incluirán firmados todos los definitivos que serán ordenados cronológicamente. No existen los libros de decretos.

Los autos y sentencias se deliberarán y votarán inmediatamente después de las vistas, y cuando así no pudiese hacerse, dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial: Señalará el ponente el día que deba votarse. Señalará el Presidente el día en que deba votarse. Señalará el Presidente el día en que deba votarse, en cualquier tiempo. Señalará el Presidente el día en que deba votarse, dentro del plazo señalado para dictar la resolución.

Cuando a la hora de la votación no pudiese alcanzarse la mayoría exigida por el artículo 255 LOPJ: Se verá de nuevo el asunto, sustituyéndose el impedido, separado, o suspenso en la forma establecida por la ley. Se trasladará el asunto a un órgano superior para su resolución. Se adoptará por una mayoría simple de votos. Ninguna de las anteriores es correcta.

En los casos de sentencias dictadas en procesos de asociaciones de consumidores y usuarios, nuestra LEC determina que: En el supuesto de un pronunciamiento único o principal o como presupuesto de la condena, la sentencia determinará si, conforme a la legislación de consumidores y usuarios, la declaración ha de surtir efectos procesales no limitados a quienes hayan sido parte en el proceso correspondiente. Cuando en las condenas de obligaciones de hacer, dinerarias, de no hacer o de dar cosa específica, no puedan determinarse individualmente a los consumidores o usuarios, se entenderá que todos los consumidores o usuarios se verán beneficiarios de manera general. Si se hubiesen personado consumidores o usuarios determinados, la sentencia determinará aquellas características para poder exigir el pago. Ninguna de las anteriores es correcta.

En los Tribunales, corresponderá el señalamiento de las vistas o trámite equivalente y el del comienzo de sesiones del juicio oral a, según lo recogido en la Ley Orgánica del Poder Judicial: a) Presidentes de Sala. b) Presidentes de Sección. c) La respuesta a y b son ambas correctas. d) Magistrado que corresponda.

En los Tribunales, concluida la vista de los autos, podrá cualquier Magistrado pedirlos para su estudio, pero en el caso de que existan varios, la Ley Orgánica del Poder Judicial, determina que: El Letrado de la Administración de Justicia del Tribunal que custodia los mismos, determinará el orden. Podrá ser objeto de estudio conjunto. El que Presida acordará su estudio en cualquier tiempo. El que Presida fijará el plazo que haya de tenerlos cada uno.

De conformidad con lo estipulado en la LECRIM, las sentencias se redactarán con sujeción a las siguientes reglas: En el considerando se hará mención, entre otras cuestiones: de los fundamentos doctrinales y legales de la calificación de los hechos probados, de la participación de cada uno de los procesados, de las circunstancias modificativas de la responsabilidad, sobre la responsabilidad civil, resoluciones en materia de costas y declaración de querella calumniosa. Se consignará en Resultandos numerados los hechos que estuviesen enlazados con las cuestiones que hayan de resolverse en el fallo, haciendo una declaración tácita y terminante de los que se estimen probados. Se consignarán las conclusiones definitivas de la acusación y no de la defensa y la que en su caso hubiese propuesto el Tribunal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 733. En el considerando se hará mención, entre otras cuestiones: de los fundamentos doctrinales y legales de la calificación de los hechos probados, de la participación de cada uno de los procesados, de las circunstancias atenuantes, sobre la responsabilidad civil, resoluciones en materia de costas y declaración de querella calumniosa.

Nuestra LOPJ determina que, al llevarse a cabo la votación en el ámbito del Tribunal, votarán: Primero el ponente, posteriormente los magistrados comenzando por el más antiguo. Primero el ponente, posteriormente los magistrados por orden inverso al de su antigüedad. El que presida vota en último lugar. Primero el ponente, posteriormente los magistrados comenzando por el más antiguo. El que presida votará el último. Primero el presidente, posteriormente los magistrados por orden inverso al de su antigüedad. El ponente vota en último lugar.

Conforme a lo recogido en la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial: Las vistas de los asuntos se señalarán según el orden su conclusión siempre. Las vistas de los asuntos se señalarás según el orden de su iniciación siempre. Las vistas de los asuntos se señalarán según el orden de su conclusión, salvo en que la ley se disponga otra cosa. Las vistas de los asuntos se señalarán según el orden de su iniciación, salvo en que la ley se disponga otra cosa.

Establece el art. 256 LOPJ que, cuando fuere trasladado o jubilado algún Juez o Magistrado: a) Deliberará, votará, redactará y firmará las sentencias, según proceda, en los pleitos a cuya vista hubiere asistido y que aún no se hubieren fallado. b) Salvo que concurriera causa de incompatibilidad o proceda la anulación de aquélla por otro motivo. c) A y b son correctas. d) A y b son incorrectas.

Las resoluciones firmes según lo regulado en nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000: a) No tienen autoridad de cosa juzgada. b) Son las que ponen fin a la primera instancia y las que deciden los recursos interpuestos frente a estas. c) Frente a las que no caben recurso, únicamente por no preverlo la ley. d) Ninguna de las anteriores es correcta.

Cuando algún Magistrado se encuentre imposibilitado para poder votar, nuestra LOPJ determina que: a) No podrá votar. b) Si no pudiese escribir ni firmar lo extenderá ante el Presidente de la sala. c) Dará un voto fundando que lo remitirá al Letrado de la Administración de Justicia de la Sala. d) El Voto que se emita, en la forma estipulada por el artículo 257 LOPJ, se unirá a los demás y se conservará, rubricado por el que presida, con el libro de sentencias.

Los Tribunales Civiles decidirán los asuntos, tal y como recoge la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, en virtud de: a) Las pruebas aportadas por el Tribunal. b) Los hechos aportados por el Tribunal. c) Las pretensiones aportadas por el Tribunal. d) Ninguna de las anteriores es correcta.

De acuerdo con lo recogido en la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985: a) Sólo el Juez podrá tener a su disposición los autos para dictar sentencia o resolución decisoria de incidentes o recursos. b) El Presidente y Magistrados pueden examinar los autos al inicio del procedimiento. c) El Juez o el Ponente tendrán a su disposición los autos para dictar únicamente sentencias. d) El Presidente y Magistrados pueden examinar los autos en cualquier tiempo.

En el ámbito de los títulos ejecutivos regulados en la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿quién tiene la facultad de concreción de los bienes del ejecutado, la adopción de las medidas necesarias para la efectividad del despacho ordenando los medios de averiguación patrimonial que fueran necesarios conforme al artículo 589 y 590 LEC?. a) El Secretario del Gobierno. b) El Letrado de la Administración de Justicia. c) El Juez. d) El Tribunal.

Según lo estipulado por la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, ¿cuál de las siguientes competencias corresponde al Letrado de la Administración de Justicia?. a) Ejecución, salvo las competencias reservadas a los Jueces y Tribunales, jurisdicción voluntaria, conciliación, tramitación y, su caso, resolución de procedimientos monitorios, mediación y arbitraje. b) Ejecución, salvo las competencias reservadas a los Jueces y Tribunales, jurisdicción voluntaria, conciliación, llevando a cabo la labor mediadora, tramitación y, su caso, la resolución de procedimientos monitorios, mediación y arbitraje. c) Ejecución, salvo las competencias reservadas a los Jueces y Tribunales, jurisdicción voluntaria, conciliación, llevando a cabo la labor mediadora, tramitación y, su caso, la resolución de procedimientos monitorios, mediación, entre otras que expresamente se prevean. d) Ejecución, salvo las competencias reservadas a los Jueces y Tribunales, jurisdicción voluntaria, conciliación, llevando a cabo la labor mediadora, tramitación y, su caso, la resolución de procedimientos monitorios, mediación.

Como establece el art. 26.3 LOR, cuando se trate de elecciones a Junta de Personal, las Mesas electorales obtendrán de la Administración el censo de funcionarios y confeccionarán con los medios que les habrá de facilitar la Administración pública correspondiente la lista de electores, que se hará pública en los tablones de anuncios de todos los centros de trabajo: a) Mediante su exposición durante un tiempo no inferior a veinticuatro horas. b) Mediante su exposición durante un tiempo no inferior a doce horas. c) Mediante su exposición durante un tiempo no inferior a cuarenta y ocho horas. d) Mediante su exposición durante un tiempo no inferior a setenta y dos horas.

El derecho a sindicarse libremente está recogido en el artículo: a) 25.1 de la Constitución. b) 26.1 de la Constitución. c) 27.1 de la Constitución. d) 28.1 de la Constitución.

El RD 67/2010 será de aplicación: a) En los organismos privados vinculados de ella que tengan personal a su servicio, ya tengan o no, además, personal laboral. b) En la Administración General del Estado. c) En los organismos públicos vinculados o dependientes de ella que tengan personal funcionario o estatutario a su servicio, ya tengan o no, además, personal laboral. En caso de que existan ambos tipos de personal, las previsiones serán igualmente aplicables a ambos. d) B y c son correctas.

¿Qué efecto jurídico tiene el acuerdo logrado mediante mediación o arbitraje en los conflictos colectivos, según el artículo 45 TREBEP?. a) Tiene carácter confidencial y no puede ser impugnado judicialmente. b) Debe ser aprobado por los tribunales para ser ejecutable. c) El mismo que un Pacto o Acuerdo, siempre que las partes tengan la legitimación adecuada. d) Es solo una recomendación sin fuerza vinculante para las partes.

Cuando la huelga afecte a empresas encargadas de cualquier clase de servicios públicos, el preaviso del comienzo de huelga al empresario y a la autoridad laboral habrá de ser, al menos de: a) Diez días hábiles. b) Cinco días naturales. c) Diez días naturales. d) Cinco días hábiles.

No tendrán derecho a la atribución de representantes en el Comité de Empresa aquellas listas que no hayan obtenido como mínimo el: a) 5 por 100 de los votos de cada colegio. b) 10 por 100 de los votos de cada colegio. c) 7 por 100 de los votos de cada colegio. d) 15 por 100 de los votos de cada colegio.

Las Juntas de Personal elaborarán su propio Reglamento de procedimiento, que deberá ser aprobado por los votos favorables de: a) Al menos, dos tercios de sus miembros. b) Al menos, tres quintos de sus miembros. c) La mayoría absoluta de sus miembros. d) La mayoría simple de sus miembros.

El art. 1 del Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado (en adelante RD 67/2010 establece que el objeto de este real decreto es: a) La adaptación a la Administración General del Estado de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y sus normas de desarrollo. b) Así como del Real Decreto 30/1997, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. c) Así como del Real Decreto 29/1997, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. d) La adaptación a la Administración General del Estado de la Ley 11/1994, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y sus normas de desarrollo.

Conforme a la Ley 9/87, de 12 de junio, de Órganos de Representación, serán electores y elegibles: a) Los funcionarios públicos que se encuentren en las situaciones administrativas de excedencia, suspensión y servicios especiales. b) Los funcionarios que se encuentren en servicio activo. c) Los interinos y el personal eventual. d) b) y c) son correctas.

Las Juntas de Personal se constituirán, según el art. 39.3 del EBEP: a) En unidades electorales que cuenten con un censo mínimo de 20 funcionarios. b) En unidades electorales que cuenten con un censo mínimo de 40 funcionarios. c) En unidades electorales que cuenten con un censo mínimo de 50 funcionarios. d) En unidades electorales que cuenten con un censo mínimo de 30 funcionarios.

Los principios generales establecidos en el art. 31 del EBEP establecen que: a) Por negociación colectiva, a los efectos de esta ley, se entiende el derecho a negociar la determinación de condiciones de trabajo de los directivos de la Administración Pública. b) Por representación, a los efectos de esta ley, se entiende la facultad de ser elegido representante y constituir órganos a través de los cuales se instrumente la interlocución entre las Administraciones Públicas y sus empleados. c) Por participación institucional, a los efectos de esta ley, se entiende el derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en los órganos de control y seguimiento de las entidades u organismos que legalmente se determine. d) Todas las respuestas son correctas.

Establece el art. 8 del RD 67/2010 que para poder ejercer las funciones de nivel intermedio y superior en el ámbito de la Administración General del Estado será necesario acreditar que se dispone de la formación requerida en cada caso, a través de alguna de las siguientes vías: a) Certificación acreditativa de que se ha superado un programa formativo con el contenido establecido en los anexos I y II, respectivamente, del Real Decreto 39/1997. b) Titulación académica o profesional específica, que oficialmente haya sido establecida al efecto. c) Con carácter alternativo, en el caso de funcionarios, haber superado una oposición con un contenido equivalente al establecido en los anexos III o VII, respectivamente, del citado Real Decreto 39/1997. d) Todas las respuestas son correctas.

La comunicación de huelga deberá hacerse: a) Oralmente. b) Oralmente y notificada con cinco días naturales de antelación, al menos, a su fecha de iniciación. c) Por escrito y notificada con cinco días hábiles de antelación, al menos, a su fecha de iniciación. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

No podrán afiliarse a las organizaciones sindicales constituidas: a) Los trabajadores por cuenta propia, en todo caso. b) Los trabajadores en paro. c) Los trabajadores que hayan cesado en su actividad laboral, como consecuencia de su incapacidad o jubilación. d) Todos los anteriores pueden filiarse a las organizaciones Sindicales constituidas.

Según la Ley 9/87, de Órganos de Representación, en la celebración de elecciones sindicales, la Mesa Electoral coordinadora estará formada por: a) El Presidente, que será el funcionario de más antigüedad y un vocal que será el funcionario de mayor edad entre los incluidos en el censo. b) El Presidente, que será el funcionario de más edad y dos vocales que serán los funcionarios de mayor y menor antigüedad de entre los incluidos en el censo. c) El Presidente, que será el funcionario de más antigüedad y un vocal que será el funcionario de menor edad de entre los incluidos en el Censo. d) El Presidente, que Será el funcionario de más antigüedad y dos vocales que Serán los funcionarios de mayor y menor edad de entre los incluidos en el censo.

Tendrán la consideración de sindicatos más representativos a nivel estatal: a) Los que acrediten una especial audiencia, expresada en la obtención, en dicho ámbito del 20 por 100 o más del total de delegados de personal, de los miembros de los comités de empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones Públicas. b) Los que acrediten una especial audiencia, expresada en la obtención, en dicho ámbito del 15 por 100 o más del total de delegados de personal, de los miembros de los comités de empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones Públicas. c) Los que acrediten una especial audiencia, expresada en la obtención, en dicho ámbito del 10 por 100 o más del total de delegados de personal, de los miembros de los comités de empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones Públicas. d) Los que acrediten una especial audiencia, expresada en la obtención, en dicho ámbito del 25 por 100 o más del total de delegados de personal, de los miembros de los comités de empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones Públicas.

De conformidad con el art. 21, apartado tercero de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, las asociaciones representativas de los trabajadores autónomos intersectoriales a nivel estatal y, además, las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, gozarán de una posición jurídica singular, que les otorga capacidad jurídica para actuar en representación de los trabajadores autónomos a todos los niveles territoriales con las siguientes funciones: a) Ostentar representación general ante las Administraciones Públicas u otras entidades u organismos de carácter estatal o de comunidad autónoma que la tengan prevista. b) Ser consultadas cuando las Administraciones Públicas opten a las políticas públicas que incidan sobre el trabajo autónomo. c) Colaborar en el diseño de programas públicos dirigidos a los trabajadores autónomos en los términos previstos legalmente. d) Todas las respuestas son incorrectas.

Conforme el art. 10 de la Ley de Libertad Sindical, a falta de acuerdos específicos al respecto, el número de delegados sindicales por cada sección sindical de los sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100 de los votos en la elección al Comité de Empresa o al órgano de representación en las Administraciones públicas se determinará según la siguiente escala: a) De 25 a 75 trabajadores: Uno. b) De 751 a 2.000 trabajadores: Dos. c) De 2000 a 4.000 trabajadores: Cuatro. d) De 5.001 en adelante: Cinco.

¿Podrán ser revocados, mediante asamblea convocada al efecto, los miembros de la Junta y Delegados de personal durante el mandato, por decisión de quienes los hubieran elegido?: a) Sí, por un tercio como mínimo de sus electores y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta de éstos mediante sufragio personal, libre, directo y secreto. b) SÍ, por dos tercios como mínimo de sus electores y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta de éstos mediante sufragio personal, libre, directo y secreto. c) Sí, por dos tercios como mínimo de sus electores y por acuerdo adoptado por unanimidad de éstos mediante sufragio personal, libre, directo y secreto. d) No, no podrán ser revocados de su mandato.

En relación con el ejercicio del derecho de huelga, indique la afirmación que no es correcta: a) Durante la huelga se entenderá suspendido el contrato de trabajo. b) El trabajador en huelga permanecerá en situación de alta especial en la Seguridad Social. c) En tanto dure la huelga, el empresario no podrá sustituir en ningún caso a los huelguistas por trabajadores no vinculados a la empresa. d) Los trabajadores en huelga podrán llevar a efecto recogida de fondos sin coacción alguna.

Según el art. 7 del RD 67/2010, la organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas se realizará por los órganos competentes con arreglo a alguna de las modalidades siguientes, o a cualquier combinación de las mismas, según se especifica en los puntos siguientes: a) Constituyendo un servicio de prevención propio. b) Designando a cinco empleados públicos para llevarla a cabo. c) Recurriendo a un servicio de prevención propio. d) Todas las respuestas son incorrectas.

¿Según el artículo 6 de la LOLS, qué requisito deben cumplir los sindicatos para ser considerados como más representativos a nivel estatal?. a) Haber participado en al menos una negociación colectiva estatal en los últimos dos años. b) Tener implantación en todas las Comunidades Autónomas. c) Haber obtenido al menos el 10% del total de delegados de personal y miembros de comités de empresa y órganos equivalentes en las Administraciones públicas. d) Contar con una antigüedad mínima de cinco años desde su constitución.

Conforme dispone la Ley de órganos de Representación, podrán promoverse elecciones parciales cuando existan: a) Un 25 por ciento de vacantes en las Juntas de Personal. b) En 25 por ciento de vacantes de Delegados de Personal. c) Un 50 por ciento de vacantes de Delegados de Personal. d) Cuando se produzca un aumento del 10 por ciento de la plantilla.

Según el art. 7 de la LOLS, tendrán la consideración de sindicatos más representativos a nivel de Comunidad Autónoma: a) Los sindicatos de dicho ámbito que acrediten en el mismo una especial audiencia expresada en la obtención de, al menos, el 20 por 100 de los delegados de personal y de los representantes de los trabajadores en los comités de empresa, y en los órganos correspondientes de las Administraciones públicas, siempre que cuenten con un mínimo de 1.500 representantes y no estén federados o confederados con organizaciones sindicales de ámbito estatal. b) Los sindicatos de dicho ámbito que acrediten en el mismo una especial audiencia expresada en la obtención de, al menos, el 15 por 100 de los delegados de personal y de los representantes de los trabajadores en los comités de empresa, y en los órganos correspondientes de las Administraciones públicas, siempre que cuenten con un mínimo de 1.500 representantes y no estén federados o confederados con organizaciones sindicales de ámbito estatal. c) Los sindicatos de dicho ámbito que acrediten en el mismo una especial audiencia expresada en la obtención de, al menos, el 45 por 100 de los delegados de personal y de los representantes de los trabajadores en los comités de empresa, y en los órganos correspondientes de las Administraciones públicas, siempre que cuenten con un mínimo de 1.500 representantes y no estén federados o confederados con organizaciones sindicales de ámbito estatal. d) Los sindicatos de dicho ámbito que acrediten en el mismo una especial audiencia expresada en la obtención de, al menos, el 75 por 100 de los delegados de personal y de los representantes de los trabajadores en los comités de empresa, y en los órganos correspondientes de las Administraciones públicas, siempre que cuenten con un mínimo de 1.500 representantes y no estén federados o confederados con organizaciones sindicales de ámbito estatal.

¿Cuál de las siguientes funciones corresponde a las Juntas de Personal de la Administración de Justicia en las Comunidades Autónomas?: a) Elaborar estadísticas sobre el Índice de absentismo. b) Ser informados de las sanciones impuestas por faltas muy graves. c) Fijar la jomada laboral y el horario de trabajo. d) Concesión de permisos y licencias.

Según la Ley de Órganos de Representación, no tendrán la condición de elegibles para formar parte de las Juntas de Personal los funcionarios públicos que desempeñen puesto de personal eventual: a) En todo caso. b) Salvo que ocupen puestos de confianza, sin otra condición. c) Salvo que ocupen puestos de confianza y hayan sido declarados en la situación de servicios especiales. d) Los funcionarios que desempeñen puestos de personal eventual nunca pierden la condición de legibles.

Según el art. 34 del EBEP, respecto de la mesa de negociación, qué respuesta es la correcta: a) Se constituirá una Mesa Específica de Negociación en el ámbito de la Administración General del Estado, así como en cada una de las Comunidades Autónomas, ciudad de Melilla y Entidades Locales. b) Se reconoce la legitimación negocial de las asociaciones de municipios, así como la de las Entidades Locales de ámbito supramunicipal. c) Son competencias propias de las Mesas Generales la negociación de las materias relacionadas con condiciones de trabajo cuando haya problemas muy graves de los funcionarios. d) Todas las respuestas son correctas.

Según el art. 17 de la LOR, podrán presentar candidatos a las Juntas de Personal y a Delegados de personal las Organizaciones sindicales legalmente constituidas o las coaliciones de éstas. También podrán presentarse candidaturas avaladas por un número de firmas de electores de su misma unidad electoral: a) Equivalente, al menos, al doble de los miembros a elegir. b) Equivalente, al menos, a la mitad de los miembros a elegir. c) Equivalente, al menos, a la quinta parte de los miembros a elegir. d) Equivalente, al menos, al triple de los miembros a elegir.

De conformidad con el art. 9 del RD 67/2010, cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadoras de otra u otras Administraciones Públicas o de otra u otras empresas o autónomos, se deberán adoptar las medidas y establecer los medios de coordinación que procedan: a) Según establece el Real Decreto 164/2002, de 30 de febrero, por el que se desarrolla el artículo 23 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. b) Según establece el Real Decreto 166/2005, de 31 de enero, por el que se desarrolla el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. c) Según establece el Real Decreto 165/2003, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 21 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. d) Según establece el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.

Según el artículo 42 del Estatuto Básico del Empleado Público, el mandato de los miembros de las Juntas de Personal será de: a) Cuatro años, no pudiendo ser reelegidos. b) Cinco años, pudiendo ser reelegidos. c) Cuatro años, pudiendo ser reelegidos. d) Cinco años, no pudiendo ser reelegidos.

El plazo que debe transcurrir, desde el depósito de los Estatutos, para que un Sindicato adquiera personalidad jurídica y plena capacidad de obrar es de: a) 10 días hábiles. b) 20 días hábiles. c) 15 días hábiles. d) un mes.

De conformidad con el art. 44 del EBEP, el procedimiento para la elección de las Juntas de Personal y para la elección de Delegados de Personal se determinará reglamentariamente teniendo en cuenta los siguientes criterios generales: a) La elección se realizará mediante sufragio personal, directo, libre y secreto que podrá emitirse por correo o por otros medios telemáticos. b) Serán electores y elegibles los funcionarios que se encuentren en la situación de servicio activo. c) Podrán presentar candidaturas las organizaciones sindicales legalmente constituidas o las coaliciones de éstas, y los grupos de electores de una misma unidad electoral, siempre que el número de ellos sea equivalente, al menos, al triple de los miembros a elegir. d) Todas las respuestas son correctas.

Establece el art. 3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (en adelante LPRL) que la presente Ley no será de aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones públicas de: a) Policía, seguridad y resguardo aduanero. b) Centros y establecimientos militares. c) Personal con relación de carácter administrativo o estatutario. d) Sociedades cooperativas, constituidas de acuerdo con la legislación que les sea de aplicación, en las que existan socios cuya actividad consista en la prestación de un trabajo personal, con las peculiaridades derivadas de su normativa específica.

Conforme el art. 4 del RD 67/2010, con carácter general y sin menoscabo de lo establecido en la normativa específica aplicable a los colectivos que se citan en el artículo 2, apartados 2 a 5, de este real decreto, corresponden: a) A las Juntas de Personal, Comités de Empresa, delegados de personal y representantes sindicales, las funciones a las que se refiere el artículo 34.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre. b) A los Delegados de Prevención, las competencias y facultades establecidas en el artículo 30 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre. c) A los Comités de Seguridad y Salud, las competencias y facultades establecidos en el artículo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre. d) Todas las respuestas son correctas.

El art. 3 del RD 67/2010 establece que la actividad preventiva a desarrollar en cada Departamento u organismo público afectados por este real decreto deberá integrarse en su correspondiente sistema general de gestión: a) En los términos establecidos en los apartados 1 y 6 del artículo 5 del Real Decreto 29/1998, de 16 de septiembre. b) En los términos establecidos en los apartados 2 y 4 del artículo 3 del Real Decreto 39/1999, de 15 de marzo. c) En los términos establecidos en los apartados 1 y 2 del artículo 1 del Real Decreto 9/1987, de 17 de enero. d) En los términos establecidos en los apartados 1 y 2 del artículo 1 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

Si se produjera un empate en la elección para Delegados de Personal, resultará elegido: a) El candidato que pertenezca al Sindicato más representativo. b) El candidato de mayor edad. c) El candidato de mayor antigüedad en la función pública. d) El candidato que resulte elegido en una segunda votación.

Establece el art. 4 del RD 67/2010 que la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, dependiente de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, regulada por el artículo 36.3 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público: a) Será el órgano específico de participación y negociación de las organizaciones sindicales en materia de prevención de riesgos laborales, según se establece en el artículo 27 del citado Estatuto Básico. b) Será el órgano específico de participación y negociación de las organizaciones sindicales en materia de prevención de riesgos laborales, según se establece en el artículo 17 del citado Estatuto Básico. c) Será el órgano específico de participación y negociación de las organizaciones sindicales en materia de prevención de riesgos laborales, según se establece en el artículo 37 del citado Estatuto Básico. d) Será el órgano específico de participación y negociación de las organizaciones sindicales en materia de prevención de riesgos laborales, según se establece en el artículo 7 del citado Estatuto Básico.

En la Administración Local se constituirá una Junta de Personal: a) Una en cada uno de los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y Consejos Insulares. b) Una en cada uno de los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos Insulares y demás Entidades Locales. c) Una en cada uno de los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares. d) Ninguna es correcta.

¿Puede establecerse en un convenio colectivo un canon económico para la financiación de sindicatos?. a) No, la financiación sindical solo puede establecerse por acuerdo individual entre trabajador y sindicato. b) Sí, y será obligatorio para todos los trabajadores que no hayan impugnado el convenio. c) Sí, siempre que se respete la voluntad individual del trabajador expresada por escrito. d) Sí, pero solo si el trabajador ha sido afiliado automáticamente tras su contratación.

¿En qué plazo deberá comunicarse la declaración de huelga, cuando no afecte a empresas encargadas de cualquier clase de servicio público?: a) Al menos con cinco días naturales de antelación. b) Al menos con cinco días hábiles de antelación. c) Al menos con diez días naturales de antelación. d) Al menos con diez días hábiles de antelación.

¿En qué plazo deberá comunicarse la declaración de huelga, cuando no afecte a empresas encargadas de cualquier clase de servicio público?: a) AI menos con cinco días naturales de antelación. b) Al menos con cinco días hábiles de antelación. c) Al menos con diez días naturales de antelación. d) AI menos con diez días hábiles de antelación.

¿Quiénes pueden revocar a los miembros de la Junta de Personal y Delegados de Personal durante su mandato?. a) Los sindicatos mayoritarios representados en la Junta, mediante acuerdo interno comunicado al órgano competente. b) La mayoría simple de los trabajadores, sin necesidad de asamblea, si han transcurrido seis meses desde su elección. c) El órgano superior de la Administración, si los representantes incumplen sus funciones o pierden la confianza del personal. d) Solo quienes los eligieron, en asamblea convocada por al menos un tercio de sus electores y acuerdo adoptado por mayoría absoluta mediante sufragio personal, libre, directo y secreto.

¿Qué requisito es necesario para que un Acuerdo negociado en las Mesas de Negociación tenga eficacia directa sobre el personal funcionario?. a) Que se publique en el Boletín Oficial del Estado antes de su aplicación. b) Que no esté sujeto a reserva de ley. c) Que lo firmen todos los sindicatos representativos. d) Que sea aprobado expresamente por el órgano de gobierno competente.

Según el art. 29 de la LOR, apartado segundo, la oficina pública dará traslado al árbitro del escrito: a) En el día hábil posterior a su recepción, así como de una copia del expediente electoral administrativo. b) En el segundo día hábil posterior a su recepción, así como de una copia del expediente electoral administrativo. c) En el tercer día hábil posterior a su recepción, así como de una copia del expediente electoral administrativo. d) En el cuarto día hábil posterior a su recepción, así como de una copia del expediente electoral administrativo.

De acuerdo con el art. 13.5 LOR, podrán promoverse elecciones parciales cuando exista, al menos, un 50 por 100 de vacantes en las Juntas de Personal o de los Delegados de personal, o cuando se produzca un aumento de, al menos, un 25 por 100 de la plantilla. La duración del mandato de los representantes elegidos: a) Será por el tiempo que falte para completar los tres años. b) Será por el tiempo que falte para completar los cuatro años. c) Será por el tiempo que falte para completar los cinco años. d) Será por el tiempo que falte para completar los siete años.

La comunicación por parte de los promotores, al órgano competente en materia de personal en la unidad electoral correspondiente y a la oficina pública de registro del propósito de celebrar elecciones se realizará: a) Con un plazo mínimo de un mes de antelación al inicio del proceso electoral. b) Con un plazo máximo de un mes de antelación al inicio del proceso electoral. c) Con un plazo mínimo de dos meses de antelación al inicio del proceso electoral. d) Con un plazo mínimo de al menos tres meses al inicio del proceso electoral.

La comunicación de huelga que no afecte a empresas encargadas de cualquier clase de Servicios públicos deberá hacerse por escrito y notificada, al menos: a) Con cinco días naturales de antelación a su fecha de iniciación. b) Con cinco días hábiles de antelación a su fecha de iniciación. c) Con siete días naturales de antelación a su fecha de iniciación. d) Con diez días hábiles de antelación a su fecha de iniciación.

De conformidad con el art. 37 de la LRPL, el empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones: a) La formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios medios o mediante concierto con organismos o entidades especializadas en la materia. b) Deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos, repitiéndose periódicamente si fuera necesario. c) El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de Prevención. d) Todas las respuestas son correctas.

Según el artículo 43 del Estatuto Básico del Empleado Público, podrán promover la celebración de elección a Delegados y Juntas de Personal: a) Los sindicatos que hayan obtenido el cinco por ciento de los representantes. b) Las coaliciones electorales que sumen un cinco por ciento, al menos, del total de representantes. c) Los funcionarios de la unidad electoral, por acuerdo mayoritario. d) El cinco por ciento de los funcionarios de la unidad electoral.

A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los siguientes criterios: a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a seis meses se computarán como trabajadores fijos de plantilla. b) Los contratados por término de hasta dos años se computarán según el número de días trabajados en el período de un año anterior a la designación. Cada cien días trabajados o fracción se computarán como un trabajador más. c) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se computarán como trabajadores fijos de plantilla. d) Los contratados por término de hasta tres años se computarán según el número de días trabajados en el período de un año anterior a la designación. Cada ciento cincuenta días trabajados o fracción se computarán como un trabajador más.

¿En cuál de los siguientes casos serán competentes los Tribunales españoles aunque el demandado no tenga domicilio en España, según el artículo 22 quinquies LOPJ?. a) Cuando el contrato haya sido firmado en un país miembro de la Unión Europea. b) Si el demandado acepta comparecer voluntariamente, sin importar el contenido del litigio. c) Cuando el hecho dañoso en una obligación extracontractual se haya producido en territorio español. d) Cuando el contrato haya sido redactado en idioma español, independientemente de su ejecución.

¿A quién corresponde en exclusiva el ejercicio de la potestad jurisdiccional según el artículo 2 LOPJ?. a) A los fiscales en el ámbito penal y a los jueces en el ámbito civil. b) Al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Supremo. c) A los jueces, juezas y Tribunales determinados en las leyes y en los tratados internacionales. d) A los órganos administrativos con funciones de inspección y control.

¿Qué tipo de pruebas no surtirán efecto según el artículo 11 LOPJ?. a) Las practicadas fuera de plazo legal. b) Las propuestas por las partes sin asistencia letrada. c) Las obtenidas, directa o indirectamente, violentando derechos o libertades fundamentales. d) Las que no hayan sido ratificadas ante el juez o tribunal.

¿Qué documentación debe acompañar al requerimiento de inhibición según el artículo 46 LOPJ?. a) Solo el auto dictado por el juez o tribunal requirente. b) Los informes emitidos por el Consejo General del Poder Judicial. c) La solicitud firmada por las partes interesadas. d) Testimonio del auto dictado por el juez requirente, escritos de las partes y del Ministerio Fiscal, y demás documentos que justifiquen la competencia.

¿En qué condiciones puede un órgano judicial superior corregir la interpretación del derecho hecha por un juez inferior, según el artículo 12 LOPJ?. a) Siempre que considere que se ha vulnerado la jurisprudencia del Tribunal Supremo. b) A través de instrucciones generales del Consejo General del Poder Judicial. c) Mediante la emisión de informes vinculantes internos del propio tribunal. d) Solo cuando conozca del asunto mediante los recursos que las leyes establezcan.

¿Quién es responsable de proveer a los juzgados y tribunales de los medios necesarios para su función según el artículo 37 LOPJ?. a) El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes o el órgano competente de la comunidad autónoma. b) El Consejo General del Poder Judicial en todas las comunidades autónomas. c) Los propios jueces y tribunales, mediante autofinanciación. d) El Ministerio de Hacienda y Función Pública, con asesoramiento del CGPJ.

¿Qué establece el artículo 120 CE respecto a las sentencias judiciales?. a) Solo deben motivarse si se trata de procesos penales. b) Podrán dictarse sin motivación cuando lo acuerde el juez competente. c) Deben ser siempre motivadas y pronunciarse en audiencia pública. d) Se dictarán en sesión privada salvo en causas constitucionales.

¿A quién corresponde promover la acción de la justicia y velar por la legalidad y los derechos de los ciudadanos, según la Constitución Española?. a) Al Tribunal Constitucional. b) Al Consejo General del Poder Judicial. c) Al Defensor del Pueblo. d) Al Ministerio Fiscal.

¿En qué caso se suspenderá un procedimiento por la existencia de una cuestión prejudicial penal, según el artículo 10 LOPJ?. a) Siempre que haya una cuestión penal planteada, con independencia de su relevancia. b) Cuando lo solicite el Ministerio Fiscal por razones de oportunidad. c) Cuando dicha cuestión penal condicione directamente la decisión y no pueda prescindirse de ella, salvo excepciones legales. d) Cuando el órgano jurisdiccional lo considere conveniente para no interferir en otro proceso.

¿Qué tienen prohibido desempeñar los Jueces, Magistrados y Fiscales mientras estén en activo, según el artículo 127 CE?. a) Funciones de docencia en universidades públicas. b) Representación en órganos colegiados del Poder Judicial. c) Otros cargos públicos y pertenencia a partidos políticos o sindicatos. d) Actividades económicas relacionadas con la abogacía.

¿Qué orden jurisdiccional conoce de las pretensiones relacionadas con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, según el artículo 9 LOPJ?. a) El orden civil. b) El orden penal. c) El orden contencioso-administrativo. d) El orden social.

¿Cómo se designan las Secciones cuando las Salas de los Tribunales se dividen en varias, según el artículo 27 LOPJ?. a) Por numeración ordinal. b) Por orden alfabético de los apellidos de sus miembros. c) Por antigüedad del Tribunal. d) Por asignación del Consejo General del Poder Judicial.

¿Quién resuelve los conflictos de competencia entre Juzgados o Tribunales de distinto orden jurisdiccional según el artículo 42 LOPJ?. a) Una Sala especial del Tribunal Supremo presidida por el Presidente y compuesta por dos magistrados designados anualmente. b) El Consejo General del Poder Judicial en pleno. c) El Tribunal Constitucional. d) El Ministerio Fiscal a través de su Fiscal General.

¿Qué plazo tienen las partes y el Ministerio Fiscal para ser oídos en un conflicto de competencia según el artículo 45 LOPJ?. a) Cinco días. b) Quince días. c) Diez días. d) Treinta días.

¿Cuál de los siguientes órganos tiene reconocido carácter de tribunal consuetudinario y tradicional según el artículo 19 LOPJ?. a) El Tribunal de las Aguas de la Vega Valenciana. b) El Tribunal Eclesiástico de Valencia. c) La Junta de Arbitraje de la Huerta Murciana. d) El Consejo General del Regadío Levantino.

¿Dónde administran Justicia los órganos de la jurisdicción militar según el artículo 3 LOPJ?. a) En todos los procesos penales civiles relacionados con miembros del ejército. b) En los procedimientos administrativos de personal militar. c) Exclusivamente en tiempos de guerra o conflicto armado declarado. d) En el ámbito estrictamente castrense y, en su caso, en las materias que establezca la declaración del estado de sitio.

¿Quién preside el órgano colegiado que resuelve los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados o Tribunales y la Administración, según el artículo 38 LOPJ?. a) El Presidente del Consejo General del Poder Judicial. b) El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. c) El Presidente del Tribunal Supremo. d) El Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

¿Quién debe indemnizar los daños causados por error judicial o por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia según el artículo 121 CE?. a) El Estado, conforme a la ley. b) El Consejo General del Poder Judicial. c) El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. d) El Tribunal Supremo.

¿Quién administra la Justicia en nombre del Rey, según el artículo 1 LOPJ?. a) Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente a la Constitución y al imperio de la ley. b) El Consejo General del Poder Judicial en representación del Rey. c) Los Tribunales Superiores de Justicia de cada Comunidad Autónoma. d) El Ministerio Fiscal, con sujeción al principio de legalidad.

¿Qué establece el artículo 118 CE respecto a las resoluciones judiciales?. a) Solo las Administraciones están obligadas a cumplir las sentencias firmes. b) Las resoluciones judiciales pueden ser objeto de negociación si afectan a derechos fundamentales. c) Es obligado cumplir las sentencias y resoluciones firmes, así como prestar la colaboración requerida por los Jueces y Tribunales. d) Solo se deben cumplir las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo.

¿En qué caso procede interponer recurso de revisión ante el Tribunal Supremo según el artículo 5 bis LOPJ?. a) Cuando el Tribunal Constitucional declare la nulidad de una ley posterior a la resolución judicial firme. b) Cuando existan nuevas pruebas que hubieran cambiado el fallo original. c) Cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que una resolución judicial firme vulnera derechos reconocidos en el Convenio Europeo y esa violación tenga efectos persistentes que no puedan cesar por otra vía. d) Cuando el Consejo General del Poder Judicial lo solicite expresamente.

¿Cómo deben ejecutarse las sentencias, según el artículo 18 LOPJ?. a) Según el criterio del órgano competente, salvo que se interponga recurso de revisión. b) Únicamente si no existe oposición de la parte condenada. c) A través del Consejo General del Poder Judicial, previa solicitud del Ministerio Fiscal. d) En sus propios términos, adoptando el Juez medidas para asegurar su efectividad si no fuera posible el cumplimiento pleno.

¿Quién resuelve las cuestiones de competencia entre juzgados y tribunales de un mismo orden jurisdiccional según el artículo 51 LOPJ?. a) El Tribunal Supremo en Sala General. b) El Consejo General del Poder Judicial. c) El Presidente del Tribunal Superior de Justicia correspondiente. d) El órgano inmediato superior común, conforme a las normas establecidas en las Leyes procesales.

¿En cuál de los siguientes casos serán competentes con carácter exclusivo los Tribunales españoles según el artículo 22 LOPJ?. a) Cuando se trate de cualquier tipo de contrato celebrado entre partes españolas. b) En todos los procedimientos penales contra ciudadanos extranjeros. c) Cuando se trate de derechos reales y arrendamientos de bienes inmuebles situados en España. d) Cuando el contrato tenga una duración superior a seis meses, con independencia del país de residencia.

¿En qué supuesto será competente, en todo caso, la jurisdicción contencioso-administrativa española según el artículo 24 LOPJ?. a) Cuando se impugne cualquier decisión administrativa dictada dentro del territorio de la Unión Europea. b) Cuando la pretensión se refiera a disposiciones generales o actos de las Administraciones Públicas españolas. c) Cuando exista conflicto entre particulares sobre la aplicación de normas fiscales. d) Cuando el acto impugnado provenga de una empresa pública extranjera con sede en España.

¿Quién es el encargado de nombrar a los veinte miembros del Consejo General del Poder Judicial según dispone la Constitución Española?. a) El Rey, por un período de cinco años. b) El Congreso de los Diputados, mediante mayoría absoluta. c) El Presidente del Tribunal Supremo, por delegación del Gobierno. d) El Consejo de Ministros, previa propuesta del Ministro de Justicia.

¿De quién depende la policía judicial en sus funciones de investigación, según el artículo 126 CE?. a) Del Ministro del Interior y del Consejo General del Poder Judicial. b) De los Jueces, los Tribunales y el Ministerio Fiscal. c) Exclusivamente del Ministerio Fiscal. d) De la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

¿En qué casos no conocerán los tribunales civiles españoles de una pretensión, según el artículo 21 LOPJ?. a) Cuando se formule respecto de sujetos o bienes con inmunidad de jurisdicción y de ejecución conforme al Derecho Internacional y la legislación española. b) Cuando la demanda sea presentada contra ciudadanos extranjeros residentes en España. c) Si la pretensión se basa en tratados no ratificados por el Parlamento. d) Cuando el asunto afecte a normas del Derecho de la Unión Europea.

¿Cómo deben aplicar el Derecho de la Unión Europea los Jueces y Tribunales españoles, según el artículo 4 bis LOPJ?. a) De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. b) Según su propio criterio, salvo que exista sentencia firme del Tribunal Constitucional. c) Únicamente cuando se trate de normas con rango de reglamento europeo. d) Aplicando la legislación europea solo si no contradice el ordenamiento jurídico español.

¿Qué característica tienen las resoluciones dictadas en los conflictos de competencia según el artículo 49 LOPJ?. a) Solo pueden ser recurridas ante el Tribunal Supremo. b) Pueden ser objeto de recurso extraordinario por infracción procesal. c) Son revisables por el Consejo General del Poder Judicial. d) No son susceptibles de recurso alguno, ni ordinario ni extraordinario.

¿Quiénes administran la justicia en nombre del Rey según el artículo 117 CE?. a) Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. b) Jueces de paz designados por los Ayuntamientos. c) Fiscales y letrados de la Administración de Justicia. d) El Consejo General del Poder Judicial en representación del Rey.

¿Qué efectos tiene la declaración de declinación de competencia o el requerimiento según el artículo 48 LOPJ?. a) Se archiva automáticamente el procedimiento sin posibilidad de reanudación. b) Continúa el procedimiento en paralelo en ambos órganos jurisdiccionales hasta resolución definitiva. c) Se suspende el procedimiento en el asunto afectado, salvo que se trate de actuaciones urgentes o preventivas necesarias para evitar daños irreparables. d) Se remite el asunto directamente al Tribunal Supremo para su resolución.

¿De qué forma pueden participar los ciudadanos en la Administración de Justicia según el artículo 125 CE?. a) Mediante la acción popular, el Jurado y los Tribunales consuetudinarios y tradicionales. b) A través del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal. c) Solo mediante la acción popular en causas civiles. d) Únicamente como testigos o peritos en procedimientos judiciales.

Qué orden jurisdiccional tiene preferencia según el artículo 44 LOPJ?. a) El orden contencioso-administrativo. b) El orden civil. c) El orden social. d) El orden jurisdiccional penal.

¿Qué órgano ejerce la máxima jurisdicción en todos los órdenes judiciales, salvo en lo relativo a garantías constitucionales, según la Constitución Española?. a) El Tribunal Supremo. b) El Tribunal Constitucional. c) El Consejo General del Poder Judicial. d) La Audiencia Nacional.

¿En qué supuesto serán competentes los Tribunales españoles según el artículo 22 ter LOPJ, en ausencia de sumisión expresa y tratándose de materias no reguladas en otros artículos?. a) Solo cuando ambas partes sean personas físicas residentes en España. b) Cuando el litigio verse sobre actos realizados fuera del territorio español. c) Únicamente si se trata de una persona jurídica con actividad económica en la Unión Europea. d) Cuando el demandado tenga su domicilio en España o concurra alguno de los foros previstos en los artículos 22 quáter o 22 quinquies.

¿Con qué intervención se establece la demarcación judicial según el artículo 35 LOPJ?. a) Únicamente mediante ley aprobada por el Congreso de los Diputados. b) A propuesta del Ministerio de Hacienda y sin intervención autonómica. c) Con la participación de las Comunidades Autónomas y previa elaboración normativa del Gobierno e informe del Consejo General del Poder Judicial. d) Exclusivamente por real decreto del Consejo de Ministros, sin necesidad de informe previo.

¿Quién debe promover las acciones pertinentes en defensa de la independencia judicial según el artículo 14 LOPJ?. a) El Ministerio Fiscal, por sí o a petición de los Jueces o Magistrados. b) El Consejo General del Poder Judicial, de oficio. c) El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, mediante resolución motivada. d) El Presidente del Tribunal Supremo, previa audiencia del interesado.

¿Quién preside la Sala de Conflictos de Jurisdicción que resuelve los conflictos entre la jurisdicción ordinaria y la militar, según el artículo 39 LOPJ?. a) El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. b) El Presidente del Consejo General del Poder Judicial. c) El Presidente del Tribunal Supremo. d) El Magistrado Decano de la Audiencia Nacional.

¿De qué formas pueden responder los Jueces y Magistrados por sus actos, según el artículo 16 LOPJ?. a) Penal, civil y disciplinariamente, en los términos establecidos por la ley. b) Solo disciplinariamente, conforme al reglamento del Consejo General del Poder Judicial. c) Civilmente y administrativamente, salvo casos de error judicial. d) Exclusivamente penalmente por delitos dolosos.

¿A quién corresponde plantear la cuestión de inconstitucionalidad cuando una norma con rango de ley pueda ser contraria a la Constitución, según el artículo 5 LOPJ?. a) Al órgano judicial que conozca del proceso, ante el Tribunal Constitucional. b) Al Tribunal Supremo, de oficio. c) Al Consejo General del Poder Judicial. d) Al Ministerio Fiscal, a través de escrito motivado.

¿Quiénes están obligados a colaborar con los Jueces y Tribunales en el curso de un proceso y en la ejecución de lo resuelto, según el artículo 17 LOPJ?. a) Solo las Administraciones Públicas y funcionarios públicos. b) Todas las personas y entidades públicas y privadas, según lo establecido en la ley. c) Únicamente los particulares directamente implicados en el procedimiento. d) Las entidades privadas con fines lucrativos, salvo en casos penales.

¿Con qué periodicidad mínima debe revisarse la planta de los tribunales según el artículo 29 LOPJ?. a) Cada cinco años. b) Cada tres años. c) Cada año. d) Cada diez años.

¿Qué principio deben garantizar en todo caso los jueces y tribunales al aplicar los derechos del Capítulo Segundo del Título I de la Constitución, según el artículo 7 LOPJ?. a) La subordinación de los derechos al interés general. b) La preferencia de los derechos colectivos sobre los individuales. c) La mediación previa obligatoria antes de acudir a la vía judicial. d) La tutela judicial efectiva, sin que pueda producirse indefensión.

¿Qué es un partido judicial según el artículo 32 LOPJ?. a) Un conjunto de tribunales especializados en un área concreta del Derecho. b) Una subdivisión administrativa de las Comunidades Autónomas para fines judiciales. c) La unidad territorial integrada por uno o más municipios limítrofes pertenecientes a una misma provincia. d) Un órgano jurisdiccional exclusivo para asuntos penales.

¿En qué casos será gratuita la justicia según el artículo 119 CE?. a) Siempre que el proceso se refiera a derechos fundamentales. b) Cuando el demandante sea persona física nacional española. c) Solo en los procedimientos penales y laborales. d) Cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, para quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

¿A qué se extiende la jurisdicción según el artículo 4 LOPJ?. a) Solo a los ciudadanos españoles y a los delitos cometidos dentro del territorio nacional. b) A todas las personas, a todas las materias y a todo el territorio español, conforme a la Constitución y las leyes. c) A las materias civiles y penales, excluyendo lo contencioso-administrativo y lo social. d) Únicamente a los órganos jurisdiccionales establecidos en cada Comunidad Autónoma.

¿En qué casos serán competentes los jueces y tribunales españoles en el orden social según el artículo 25 LOPJ?. a) Cuando los servicios se hayan prestado en España, el contrato se haya celebrado en territorio español o el demandado tenga domicilio o representación en España. b) Solo cuando el trabajador y el empresario tengan nacionalidad española. c) Exclusivamente en conflictos colectivos de trabajo, sin importar el lugar de prestación de servicios. d) Solo para pretensiones de Seguridad Social frente a entidades públicas.

¿Cuál es el plazo para interponer recurso por defecto de jurisdicción contra la resolución firme que declare falta de jurisdicción según el artículo 50 LOPJ?. a) Diez días. b) Cinco días. c) Quince días. d) Treinta días.

¿En qué supuesto es competente la jurisdicción española para conocer de un delito cometido fuera del territorio nacional, según el artículo 23 LOPJ?. a) Cuando el delito haya sido cometido fuera de España por un español y concurran los requisitos establecidos en el artículo 23.2. b) Solo cuando el delito se haya cometido contra un ciudadano español. c) Cuando la víctima lo solicite, sin necesidad de más requisitos. d) En todos los delitos cometidos fuera del territorio nacional por extranjeros.

En el proceso civil, la remisión de oficios y mandamientos se efectuará: a) Directamente por el Juez. b) Directamente por los Procuradores de las partes. c) Directamente por el LAJ. d) Por las partes si así lo solicitaren, sin que deban satisfacer los gastos que requiera su cumplimiento.

Según la LEC, por regla general, la petición de auxilio judicial entre órganos jurisdiccionales civiles españoles se hará: a) Por medio de sistema informático judicial o cualquier otro medio telemático o electrónico. b) En todo caso, por correo certificado con acuse de recibo. c) Por valija judicial interna. d) Por correo ordinario, en todo caso.

De conformidad con el artículo 195 LECRIM, en caso de urgencia, la comunicación de un juez a una autoridad o funcionario que no estuvieran bajo sus órdenes inmediatas, podrá hacerse: a) Verbalmente, haciéndolo constar en la causa. b) Por fax. c) Por exhorto urgente. d) Por oficio urgente.

Según la LECRIM, para ordenar el libramiento de una certificación cuya ejecución corresponde a registradores de la propiedad, se empleará la forma de: a) Oficio. b) Petición verbal. c) Mandamiento. d) Cédula.

Una vez cumplimentado un exhorto, el juzgado exhortado lo devolverá sin demora: a) Por correo certificado. b) En la misma forma en que lo hubiere recibido o en que se hubiese presentado. c) Por fax, en todo caso. d) Por correo ordinario.

La prestación de cooperación internacional sólo será denegada por los juzgados y tribunales españoles cuando: a) No se reciba traducida. b) No se trate de países europeos. c) El proceso de que dimane la solicitud de cooperación sea de la exclusiva competencia de la jurisdicción española. d) El objeto de la cooperación verse sobre un procedimiento civil seguido a instancia de parte.

La autoridad central española de cooperación jurídica internacional en materia civil es: a) El CGPJ. b) La Comisión delegada del Ministerio de Asuntos Exteriores. c) El Juzgado Decano al que se dirija. d) El Ministerio de Justicia.

Según la LOPJ, las resoluciones de los órganos judiciales se notificarán: a) Exclusivamente a los que sean parte en el pleito, causa o expediente. b) A todos los que sean parte en el pleito, causa o expediente y también quienes se refieran o puedan parar perjuicios, cuando así se disponga en esas resoluciones. c) A todos los que sean parte en el expediente y además al MF aunque no intervenga en el proceso. d) A todos los que sean parte en el pleito, causa o expediente y también a quienes se refieran o puedan parar perjuicios, si dichas personas lo solicitan expresamente al tribunal.

El acto de comunicación del tribunal, cuyo objeto es que el destinatario comparezca en un determinado lugar y día y actúe se formaliza mediante: a) Notificación. b) Citación. c) Emplazamiento. d) Requerimiento.

Los actos de comunicación se realizarán bajo la dirección de: a) El juez o tribunal. b) El LAJ. c) El funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial a quien se encomiende el acto. d) El procurador de la parte interesada.

Los actos de comunicación se ejecutarán por: a) El LAJ. b) Los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, exclusivamente. c) Los Procuradores, en todo caso. d) Los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial o por procurador de la parte que lo solicite.

Las notificaciones, citaciones y emplazamientos por correo en el proceso penal se entenderán practicados en la fecha: a) En que el destinatario haga constar su recepción en el acuse de recibo. b) De remisión del correo desde la oficina de Telégrafos. c) En que se reciba el acuse de recibo en la sede del tribunal. d) En que el interesado se dé por notificado.

Los actos de comunicación que hayan de practicarse por tribunal distinto del que los hubiere ordenado se remitirán por medio del sistema informático judicial excepto que: a) El LAJ disponga en su práctica en soporte papel. b) La parte que haya de ser notificada no tenga obligación de comunicarse electrónicamente con la ADJ. c) El acto vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico. d) Ninguna es correcta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 166 LECRIM, las notificaciones, citaciones y emplazamientos se practicarán en la forma prevista en el: a) Capítulo VI del Título VI del Libro I de la LEC. b) Capítulo IV del Título VI del Libro I de la LEC. c) Capítulo V del Título V del Libro I de la LEC. d) Capítulo IV del Título III del Libro I de la LEC.

En el orden jurisdiccional penal, cuando una autoridad judicial haya ordenado una diligencia judicial que haya de ser ejecutada por un tribunal superior en grado al ordenante, se encomendará su cumplimiento por medio de: a) Suplicatorio. b) Mandamiento. c) Carta-orden. d) Oficio.

El artículo 13 de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional, las solicitudes de cooperación jurídica internacional se ejecutarán: a) Sin dilación, conforme a lo solicitado. b) Sin dilación, conforme a las normas procesales del país que formula la solicitud. c) Sin dilación, conforme a las normas civiles españolas. d) Sin dilación, conforme a las normas procesales españolas.

De conformidad con la Ley de Cooperación Jurídica Internacional, en materia civil, cuando un escrito de demanda o un documento equivalente haya sido remitido a otro Estado, para su notificación o traslado, y el demandado no comparezca, no habiéndose podido certificar que la notificación ha tenido lugar: a) Transcurridos 8 meses desde la fecha de envío del documento, la autoridad competente proveerá de oficio. b) Transcurridos 6 meses desde la fecha de envío del documento, la autoridad competente proveerá a instancia de parte interesada. c) Transcurridos 6 meses desde la fecha de envío del documento, la autoridad competente proveerá de oficio. d) b) Transcurridos 8 meses desde la fecha de envío del documento, la autoridad competente proveerá a instancia de parte.

Los miembros de la Red Española de Cooperación Internacional serán seleccionados por: a) El Pleno del CGPJ. b) El Ministerio de Justicia, previo informe del de Asuntos Exteriores. c) La Comisión Permanente del CGPJ. d) El Consejo de la UE.

Señale la respuesta incorrecta según lo dispuesto en el artículo 152.3 LEC. Los actos de comunicación se efectuarán: a) A través del abogado, tratándose de comunicaciones a quienes estén personados en el proceso con un procurador y asistidos con un letrado. b) A través de medios telemáticos, cuando se trate del MF. c) Mediante entrega al destinatario de copia literal de la resolución que se le haya de notificar. d) Mediante correo, telegrama, correo electrónico o cualquier otro medio electrónico que permita dejar en los autos constancia fehaciente de la recepción, de su fecha y hora y del contenido de lo comunicado.

De conformidad con el RD 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la ADJ en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LEXNET, señale cuál de estas afirmaciones no es una funcionalidad del sistema LEXNET: a) La gestión del traslado de copias, quedando acreditadas la fecha y hora del efectivo traslado. b) La expedición de resguardos electrónicos integrables en las aplicaciones de gestión procesal. c) El traslado de los expedientes judiciales completos a los efectos de los informes periciales preceptivos y acordados por la autoridad judicial. d) La realización de actos de comunicación procesal conforme a los requisitos establecidos en las leyes procesales.

¿Podrá ordenarse que la remisión de las comunicaciones por correo, telegrama u otros medios semejantes se hagan de manera simultánea a varios lugares de los previstos en el apartado 3 del artículo 155 LEC?. a) Si, de oficio, pero a costa de quien interese. b) No, sólo se notificarán a otro domicilio cuando la comunicación al primero haya sido fallida. c) Si, a instancia de parte, y a costa de quien lo interese. d) Si, pero con el límite de 3 domicilios.

De conformidad con el artículo 159 LEC, señale la respuesta incorrecta en relación con las comunicaciones con testigos, peritos y otras personas que no sean parte en el juicio: a) No podrán realizarse las averiguaciones de domicilio por el Secretario Judicial, previsto solo para cuando el demandante manifestare que le es imposible designar un domicilio o residencia del demandado. b) Se remitirán a sus destinatarios por correo certificado o telegrama con acuse de recibo. c) La remisión se hará al domicilio que designe la parte interesada. d) Deberán comunicar a la Oficina Judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación del proceso.

La Carta de los Derechos de los ciudadanos ante la Justicia, se aprobó. a) Por mayoría simple. b) Por mayoría cualificada. c) Por unanimidad. d) Por mayoría absoluta.

¿Quiénes canalizan la información para facilitar su consulta en el marco de la transparencia?. a) Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas. b) Ministerio de Justicia, Comunidades Autónomas y el Consejo General del Poder Judicial. c) Ministerio de Justicia, Comunidades Autónomas y el Gobierno. d) Ministerio de Justicia exclusivamente.

¿En qué parte de la Carta se regula que las dependencias judiciales accesibles al público, tales como zonas de espera, salas de vistas o clínicas médico-forenses, deberán reunir las condiciones y servicios necesarios para asegurar una correcta atención al ciudadano?. a) Una justicia atenta con el Ciudadano. b) Una justicia responsable ante el ciudadano. c) Una justicia transparente. d) Una justicia comprensible.

¿Quiénes son los encargados de velar que en las vistas y comparecencias se utilice un lenguaje comprensible?. a) Jueces y Letrados de la Administración de Justicia. b) Exclusivamente el Juez. c) Jueces y Magistrados. d) Letrados de la Administración de Justicia.

Cómo se tramitarán las indemnizaciones económicas que corresponda percibir al ciudadano por los desplazamientos para acudir a una actuación judicial. a) Preferencia y urgencia. b) Preferencia y máxima celeridad. c) Ordenada y urgentemente. d) Ordenadamente y con máxima celeridad.

¿Cómo se comunica el ciudadano con la Administración de Justicia?. a) Correo electrónico, videoconferencia y otros medios telemáticos con arreglo a lo dispuesto en las leyes procesales. b) Correo electrónico, videoconferencia y otros medios telemáticos con arreglo a lo dispuesto en las leyes civiles. c) Correo electrónico, videoconferencia, telefax, y otros medios telemáticos con arreglo a lo dispuesto en las leyes procesales. d) Correo electrónico, videoconferencia, telefax, y otros medios telemáticos con arreglo a lo dispuesto en las leyes civiles.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta?. a) La segunda parte de la Carta se centra en la necesidad de prestar una especial atención y cuidado en la relación de la Administración de Justicia con aquellos ciudadanos que se encuentran más desprotegidos. b) La Carta se ocupa en su tercera parte de aquellos derechos que son característicos de la relación del ciudadano con los Abogados y Procuradores. c) Primera parte los principios de transparencia, información y atención adecuada contemplados en el Pacto de Estado, destacando la importancia de conseguir una Administración de Justicia responsable ante los ciudadanos, quienes podrán formular sus quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de la misma y exigir, en caso necesario, las reparaciones a que hubiera lugar. d) En la segunda parte de la Carta, se regula en primer término, los menores de edad, para evitar que se vea afectado su correcto desarrollo evolutivo.

La información sobre los horarios de atención al público se situará en un lugar: a) Claramente visible en las sedes de los órganos jurisdiccionales. b) Suficientemente visible en las sedes de los órganos jurisdiccionales. c) Visible en las sedes de los órganos jurisdiccionales y Consejo General del Poder Judicial. d) Visible en los tablones del Consejo General del Poder Judicial.

¿Quién tiene acceso a los documentos, libros, archivos y registros judiciales que no tengan carácter reservado?. a) Legitimado. b) Interesado. c) Toda persona. d) Los españoles.

Señala la respuesta correcta con respecto a los formularios para ejercer los derechos ante Tribunales. a) Se utilizan cuando es preceptiva la intervención de Abogado y Procurador. b) Se dispone de ellos en determinados Tribunales colegiados. c) Se encuentra en el apartado de una justicia Transparente. d) Son gratuitos en todo caso.

¿Quién es el encargado de informar de cualquier retraso en una actuación judicial?. a) Juez o Ministerio Fiscal. b) Jueces y Tribunales. c) Juez o Letrados de la Administración de Justicia. d) Exclusivamente jueces unipersonales.

¿Cuál es el horario al que tiene derecho a ser atendido el ciudadano ante el órgano judicial?. a) De mañana. b) De mañana y de tarde si por el volumen de asuntos se justifica el mismo. c) Está prohibido la atención de tarde. d) De mañana y de tarde, en todo caso.

¿Las respuestas a las reclamaciones o quejas por el funcionamiento de la Administración de Justicia se contestarán?. a) A la mayor celeridad. b) Como mínimo en el plazo de 1 mes. c) No tienen que ser contestadas. d) No hay un plazo máximo.

Las indemnizaciones derivadas de responsabilidad por error judicial o por funcionamiento anormal, se tramitan. a) Con preferencia y máxima celeridad. b) Con máxima celeridad. c) Con preferencia y celeridad. d) Preferentemente.

¿Tienen los ciudadanos el deber de aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración?. a) No. b) Siempre. c) No consta como principio en la Carta. d) Si, en casos dispuestos por la ley.

¿Quién es el encargado de velar porque el menor sea oído en un procedimiento?. a) Juez. b) La asistencia letrada. c) Ministerio Fiscal. d) Letrados de la Administración de Justicia.

En cuanto a las actuaciones judiciales donde intervenga una persona con discapacidad: a) Será obligatorio el uso videotextos y sistema de traducción de documentos a braille. b) Se promoverá el uso de medios técnicos tales como videotextos o sistema de traducción de documentos a braille. c) Se utilizan exclusivamente los sistemas de traducción de braille. d) La carta limita los medios que pueden ser utilizados a videotextos y teléfonos de textos.

El ciudadano tiene derecho a conocer si un Abogado o Procurador ha sido objeto de alguna sanción disciplinaria: a) Si, siempre, salvo que hayan sido canceladas. b) Tiene derecho a conocer de todas, tanto las vigentes como las canceladas. c) El colegio de abogados no presta dicho servicio. d) El ciudadano no tiene derecho ya que es una información confidencial de la asistencia letrada.

El profesional deberá entregar a su cliente copia de: a) Todos los escritos que presente y de todas las resoluciones judiciales que le sean notificadas. b) Todos los escritos que presenten o no, y de todas las resoluciones judiciales que le sean notificadas. c) Todos los escritos que presente y de todas las resoluciones judiciales relevantes que le sean notificadas. d) Todos los escritos que presente o no, y de todas las resoluciones judiciales relevantes que le sean notificadas.

¿Quién se encarga del seguimiento y evaluación permanente del desarrollo y cumplimiento de esta Carta?. a) Las Cortes Generales. b) El Senado, a través de la Comisión de Justicia e interior. c) El Gobierno. d) El Congreso de los Diputados, a través de la Comisión de Justicia e interior.

Las quejas y reclamaciones presentadas se harán constar: a) En una memoria anual que eleva el Congreso de los Diputados. b) En una memoria anual que eleva el Consejo General del Poder Judicial. c) En una memoria anual que eleva el Gobierno. d) No se hacen constar.

¿Quién se encuentra vinculado por la Carta?. a) Preferentemente Jueces y Tribunales. b) Funcionarios públicos y legitimados en el proceso. c) Todas las personas e Instituciones que cooperan con la Administración de Justicia. d) Exclusivamente Jueces, Ministerio Fiscal y Letrados de la Administración de Justicia.

¿Quién es el encargado de garantizar una formación de calidad a los abogados?. a) Consejo General del Poder Judicial. b) El Gobierno. c) Las Cortes. d) Colegios profesionales.

Están encargados de velar porque los extranjeros comprendan el significado y trascendencia jurídica de las actuaciones procesales en las que intervengan: a) Jueces y Ficales en procesos civiles. b) Jueces y Fiscales en cualquier tipo de proceso. c) Jueces y Letrados de la Administración de Justicia en procesos civiles. d) Jueces y Letrados de la Administración de Justicia en cualquier tipo de proceso.

La carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia fue aprobada: a) 16 de abril de 2002. b) 16 de abril de 2001. c) 16 de mayo de 2002. d) 16 de abril de 2003.

La Carta se considera: a) Una proposición de Ley. b) Un acuerdo. c) Una resolución. d) Una proposición no de ley.

Cuando se deniegue al ciudadano el acceso a una información de carácter procesal, debe hacerse constar los motivos: a) Expresamente. b) Vía escrita. c) Vía oral. d) No habrá que justificar motivos.

Miembros que componen el Tribunal Constitucional: a) 12 miembros nombrados por el Congreso de los Diputados. b) 12 miembros nombrados por el Presidente del Gobierno. c) 12 miembros nombrados por las Cortes. d) 12 miembros nombrados por el Rey.

¿De qué asunto no conoce el pleno del Tribunal Constitucional?. a) Recurso de amparo. b) Recurso de inconstitucionalidad. c) Cuestión de inconstitucionalidad. d) Conflictos de competencias.

Entre quienes se nombran a los miembros del TC: a) Magistrados, Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios, Abogados, juristas de reconocida competencia todos con 15 años de ejercicio. b) Magistrados, Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios, Abogados, juristas de reconocida competencia todos con más de 15 años de ejercicio. c) Magistrados, Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios, Abogados, juristas de reconocida competencia todos con más de 25 años de ejercicio. d) Magistrados, Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios, Abogados, juristas de reconocida competencia todos con 25 años de ejercicio.

¿Quién no se encuentra legitimado para interponer el recurso de inconstitucionalidad?. a) Presidente del Gobierno. b) 50 Diputados. c) 50 Senadores. d) Ministerio Fiscal.

¿Cuál es el plazo genérico para la interposición del recurso de inconstitucionalidad?. a) 9 meses. b) 6 meses. c) 3 meses. d) 1 mes.

¿Quién está legitimado para interponer el recurso de amparo?. a) Presidente del Gobierno. b) Ministerio Fiscal. c) 50 Diputados. d) 50 Senadores.

Si el Defensor del Pueblo considera que norma con rango de ley infringe el derecho fundamental del art. 18 CE, ¿Qué tipo de procedimiento se interpondría?. a) Recurso de amparo. b) Conflicto de competencia entre órganos constitucionales. c) Recurso de inconstitucionalidad. d) Cuestión de inconstitucionalidad.

¿Cuándo tienen efecto de cosa juzgada las sentencias del Tribunal Constitucional?. a) Desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado. b) El mismo día de su publicación con los votos particulares si los hubiere. c) No tienen efecto de cosa juzgada. d) A los dos días siguientes de la publicación.

¿Quién es el encargado de proponer el estado de sitio?. a) Congreso. b) Cortes. c) Consejo General del Poder Judicial. d) Gobierno.

Si nadie puede ejercer la Regencia, ¿Cuál es el número a designar por las Cortes?. a) De 1, 3 o 4 personas. b) De 2, 3 o 5 personas. c) De 1, 2 o 5 personas. d) De 1, 3 o 5 personas.

La Reina consorte puede ejercer las funciones de: a) Tutor. b) No puede asumir funciones constitucionales. c) Regente. d) Todas las que así se le reconozcan.

Al Rey le corresponde declarar la guerra y hacer la paz: a) Autorizado previamente por el Presidente del Gobierno. b) Autorizado previamente por las Cortes. c) Autorizado previamente por el Congreso. d) Autorizado previamente por el Senado.

¿Puede ser objeto del recurso de amparo, el derecho al matrimonio?. a) Si, en los casos que se prevea. b) No, nunca, porque se encuentra regulado en el título I Capítulo II Sección I. c) No, nunca, porque se encuentra regulado en el título I Capítulo II Sección II. d) El derecho al matrimonio no aparece recogido en la CE.

El art. 23 CE reconoce el derecho a participar en asuntos públicos: a) A los ciudadanos. b) A los españoles. c) A los españoles. d) A los extranjeros.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?. a) La CE se ha modificado 2 veces desde su entrada en vigor. b) Las modificaciones producidas se han realizado a través de la vía del art. 167 y 168 CE. c) La última modificación afectó al art. 50 de la CE. d) No se puede modificar la CE mientras esté vigente un estado de alarma.

El referéndum consultivo es autorizado por: a) Por mayoría absoluta del Congreso. b) Por mayoría simple del Congreso. c) Por mayoría absoluta de las Cortes. d) Por mayoría simple de las Cortes.

De las siguientes afirmaciones de la iniciativa popular en el dictado de la ley, ¿cuál sería la correcta?. a) Se regula por Ley. b) No puede afectar a la prerrogativa real de gracia. c) Requiere un máximo de 500.000 firmas. d) Se denomina proyecto de Ley.

Determina los períodos de sesiones de las Cortes: a) Septiembre a diciembre. b) Septiembre a diciembre y febrero a julio. c) Septiembre a noviembre y febrero a julio. d) Septiembre a diciembre y febrero a junio.

Composición de la diputación permanente: a) 21 miembros. b) 21 miembros y su presidente. c) Mínimo de 21 miembros. d) Máximo de 21 miembros.

Número de Senadores totales elegidos en las ciudades de Ceuta y Melilla. a) 4. b) 2. c) 6. d) 8.

¿Qué derecho se encuentra regulado en el artículo 29 de la CE?. a) El derecho a la negociación colectiva. b) El derecho de petición colectiva reconocida a las fuerzas o institutos armados. c) El derecho de todos para realizar petición individual o colectiva. d) El derecho de los españoles de realizar petición individual o colectiva.

¿Qué acto con fuerza de ley puede dictar el Gobierno en casos de extraordinaria y urgente necesidad?. a) Decreto legislativo. b) Decreto-Ley. c) Ley. d) Decreto.

Para la práctica de todas las diligencias que fueren necesarias para la sustanciación de las causas criminales: a) Se requerirá el auxilio de las fuerzas de seguridad. b) Se requerirá el auxilio de los funcionarios del juzgado o tribunal. c) Los jueces y tribunales se auxiliarán mutuamente y se llevarán a efecto en el plazo máximo de sesenta días. d) Los jueces y tribunales se auxiliarán mutuamente.

Según la LEC, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta?. a) Los actos de comunicación pueden efectuarse por medios electrónicos, informáticos y similares en los términos previstos en el artículo 162 LEC. b) Las partes y profesionales que intervengan en el proceso deben comunicar a las Oficinas Judiciales el hecho de disponer los medios electrónicos, informáticos y similares previstos en el artículo 162 LEC. c) Las Oficinas Judiciales se constituirá un Registro accesible electrónicamente de los medios electrónicos, informáticos y similares previstos en el artículo 162 LEC y las direcciones correspondientes a los organismos públicos. d) La comunicación por medios electrónicos, informáticos y similares podrá entenderse efectuada legítimamente aunque el destinatario no acceda a su contenido si conecta su correcta remisión en los términos previstos en el artículo 162 LEC.

Según la ley 1/2000, de 7 de enero, LEC si el servicio de comunicaciones telemáticas o electrónicas resultase insuficiente para la presentación de los escritos o documentos, se deberá presentar en soporte electrónico en la oficina judicial: a) En el plazo de tres días, junto con el justificante expedido por el servicio de haber intentado la presentación sin éxito. b) En el plazo de diez días, junto con el justificante expedido por el servidor de haber intentado la presentación sin éxito. c) En el plazo de cinco días, junto con el justificante expedido por el servidor de haber intentado la presentación sin éxito. d) Ese día o el día siguiente, junto con el justificante expedido por el servidor de haber intentado la presentación sin éxito.

Están obligados a utilizar los sistemas electrónicos existentes en la Administración de Justicia, para la presentación de escritos y documentos y para la recepción de actos de comunicación (señale la respuesta incorrecta): a) Todos los graduados sociales. b) Todos los procuradores. c) Todos los trabajadores por cuenta propia. d) Los administradores concursales.

El Tablón Edictal Judicial Único, según el RD-L 6/2023, de 19 de diciembre, de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de Justicia, será publicado electrónicamente por: a) El Boletín o Diario Oficial de la CCAA o de la provincia respectiva. b) El Boletín o Diario Oficial de la CCAA o de la provincia respectiva y, simultáneamente, en la Agencia Estatal BOE. c) La Agencia Estatal BOE y, simultáneamente, en el Punto de Acceso General de la Administración de Justicia. d) La Agencia Estatal BOE.

De conformidad con el artículo 44 del RD-L 6/2023, de 19 de diciembre, el traslado de copias entre procuradores se realizará por vía telemática: a) En el día siguiente hábil a la presentación telemática de escritos originales ante el Tribunal. b) Dentro de los dos días siguientes hábiles a la presentación telemática del escrito ante el Tribunal. c) No se dará traslado de copias en los escritos presentados telemáticamente. d) De forma simultánea a la presentación telemática del escrito.

Señale cuál de estas competencias no corresponde al Pleno de una Diputación, de conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases del Régimen Local: a) La aprobación de la Oferta de Empleo Público. b) La fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios. c) La aprobación de la plantilla de personal. d) La aprobación y modificación de los Presupuestos.

Según el Tratado de Funcionamiento de la UE, señale cuál de las siguientes afirmaciones escorrecta: a) Los miembros del Tribunal de Cuentas son nombrados por la Comisión por mayoría cualificada, previa consulta al Parlamento Europeo. b) El Tribunal de Cuentas adquirió el rango de institución comunitaria con el Tratado de Ámsterdam. c) El Tribunal de Cuentas es un órgano jurisdiccional. d) Los miembros del Tribunal de Cuentas elegirán entre ellos al Presidente por un periodo de tres años.

El Pleno del CGPJ deberá celebrar sesión extraordinaria: a) Cuando así lo soliciten cinco vocales. b) Cuando así lo soliciten sus vocales. c) Cuando así lo soliciten cuatro vocales. d) Cuando así lo soliciten como mínimo siete vocales.

Según el artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el TS está integrado: a) Por cuatro salas: De lo Civil, de lo Penal, de lo C-A, de lo Social. b) Por cinco salas: De lo Civil, de lo Penal, de lo C-A, de lo Social y de lo militar. c) Por seis salas: De lo Civil, de lo Penal, de lo C-A, de lo Social, de lo militar y de lo mercantil. d) Por tres salas: De lo Civil y Penal, de lo C-A, de lo Social.

Con carácter general las AP se compondrán de: a) Un Presidente y cinco Magistrados. b) Un Presidente y cuatroMagistrados. c) Un Presidente y dos o más Magistrados. d) Un Presidente, un Vicepresidente y dos Magistrados.

Los Jueces de Paz son elegidos por: a) El alcalde del Ayuntamiento correspondiente. b) El Pleno del Ayuntamiento correspondiente por mayoría simple. c) El Pleno del Ayuntamiento correspondiente por mayoría absoluta. d) La Sala de Gobierno del TSJ correspondiente.

Señale la respuesta incorrecta. Corresponde a las Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia: a) La emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley. b) El reconocimiento y ejecución de las resoluciones que impongan sanciones pecuniarias transmitidas por las autoridades competentes de otros Estados miembros de la UE, cuando las mismas deban cumplirse en territorio español. c) La ejecución de las sentencias dictadas en causas por delito menos grave o leve por las Secciones de Instrucción. d) Enjuiciar las causas por delito que la ley determine.

Los LAJ, cuando así lo prevean las leyes procesales tendrán competencias: a) En materia de jurisdicción voluntaria asumiendo su tramitación y resolución, sin perjuicio de los recursos que quepa interponer. b) En materia de jurisdicción voluntaria, solo si no hay contienda entre las partes. c) En materia de jurisdicción voluntaria, asumiendo sólo su tramitación sin perjuicios de los recursos que quepa interponer. d) En materia de jurisdicción voluntaria, asumiendo sólo su tramitación, resolución y decisión de cualquier recurso que quepa interponer.

La ejecución de los embargos es competencia del cuerpo de: a) Auxilio judicial. b) Al Juez que así lo acuerdo en una resolución judicial. c) Gestión Procesal. d) Tramitación.

Según el artículo 521 de la LOPJ, se entederá por centro de destino: a) El Gabinete Técnico del TS. b) El conjunto de Servicios Comunes Procesales de un mismo municipio. c) Las Secretarías Coordinadoras Provinciales. d) Cada una de las Unidades Procesales de Apoyo Directo a órganos judiciales.

De conformidad al artículo 436.5 LOPJ, podrán estructurarse en áreas: a) Las unidades procesales de apoyo directo. b) La oficina judicial. c) Las unidades administrativas. d) Los servicios comunes.

Según el artículo 13.5 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, podrán promoverse elecciones parciales en una Junta de personal cuando concurra: a) Un aumento de, al menos, el diez por ciento de la plantilla. b) Al menos, un cincuenta por ciento de vacantes. c) Un aumento de al menos, el veinte por ciento de la plantilla. d) Al menos, un treinta por ciento de vacantes.

Si ninguna de las Cámaras hubiese efectuado, en el plazo legalmente previsto, la designación de Vocales del CGPJ correspondiente: a) En Consejo saliente continuará en funciones durante los cinco días posteriores al plazo previsto para la designación de los vocales. b) No puede constituirse el CGPJ. c) El Consejo saliente continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo. d) Se elegirá, en todo caso, al nuevo Presidente del CGPJ.

Contra el auto de procesamiento: a) Solo podrá interponerse recurso de reforma en cuanto a la situación personal del procesado. b) Cabe interponer recurso de reforma y subsidiario de apelación. c) Solo cabe interponer recurso de apelación directo en ambos efectos. d) Solo podrá interponerse recurso de reforma en cuanto a la fijación de la fianza.

En el orden civil, para la interposición del recurso de revisión contra las resoluciones del LAJ será precisa la consignación como depósito de: a) No se exige la constitución de depósito. b) La cantidad de 50€. c) La cantidad de 30€. d) La cantidad de 25€.

Según el artículo 141 LEC, las resoluciones de carácter judicial que dicten los Tribunales se denominarán providencias cuando: a) Resuelvan cuestiones procesales reservadas al Juez y que no requieran legalmente la forma de auto. b) Decidan definitivamente la cuestión criminal. c) Decidan incidentes o puntos esenciales que afecten de una manera directa a los investigados o encausados, responsables civiles, acusadores particulares o actores civiles. d) Decidan la competencia del Tribunal.

¿Qué efecto produce, conforme al artículo 136 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, el transcurso del plazo para la realización de un acto procesal de parte?. a) Prescripción. b) Preterición. c) Caducidad. d) Preclusión.

Conforme al artículo 10 de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, ¿cuándo se entenderá que se ha producido la terminación del proceso sin acuerdo?. a) Si transcurrieran 20 días naturales a contar desde la fecha de recepción de la solicitud inicial de negociación por la otra parte y no se mantuviera la primera reunión o contacto dirigido a alcanzar un acuerdo o no se obtenga respuesta por escrito. b) Si, una vez iniciada la actividad negociadora, transcurriera 30 días desde que una de las partes haga una propuesta concreta de acuerdo a la otra, sin que se alcance acuerdo ni se obtenga respuesta por escrito. c) Si transcurrieran 2 meses desde la fecha de celebración de la primera reunión sin que hubiera alcanzado un acuerdo. d) Si cualquiera de las partes se dirige por cualquier medio a la otra dando por terminadas las negociaciones, quedando constancia del intento de comunicación de ser esa su voluntad.

Las Juntas de Expurgo se constituyen: a) En cada CCAA y ejercerá sus competencias en todo el ámbito territorial de cada una de ellas. b) En cada partido judicial y ejercerá sus competencias en todo el ámbito territorial del partido. c) En el Ministerio de Justicia y ejercerá sus competencias en todo el territorio nacional, salvo en aquellas CCAA con competencias en la materia. d) En cada provincia y ejercerá sus competencias en todo el ámbito territorial de cada una de ellas.

De acuerdo con el art. 647 LEC, para tomar parte en la subasta los licitadores deberán estar en posesión de la correspondiente acreditación, para lo que será necesario: a) Haber consignado el 10 por ciento, del valor de los bienes. b) Haber consignado el 10 por ciento, del valor de los bienes, todo caso. c) Haber consignado el 5 por ciento, del valor de los bienes. d) Haber consignado el 5 por ciento, del valor de los bienes, todo caso.

Indique cuál de los siguientes documentos no es necesario presentar con la demanda, a tenor del artículo 264 LEC: a) La certificación del registro electrónico de apoderamientos judiciales o referencia al número asignado por dicho registro. b) El documento o dictamen que acredite el valor de la cosa litigiosa. c) El documento que acredite la representación que el litigante se atribuya. d) El documento que acredite la representación concedida al abogado.

Señale la respuesta incorrecta con relación a los Jueces de Paz: a) Tendrán, dentro de su circunscripción, el tratamiento y precedencia que se reconozcan en la suya a los Jueces de lo Civil e Instrucción. b) No pueden ejercer actividades mercantiles. c) El cargo de Juez de Paz es retribuido. d) No es necesario ser licenciado en Derecho.

Según la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, el ciudadano tiene derecho a formular reclamaciones, quejas y sugerencias relativas al incorrecto funcionamiento de la ADJ y a recibir respuesta a las mismas con la mayor celeridad y, en todo caso, dentro del plazo de: a) Un mes. b) Un año. c) Quince días. d) Tres meses.

La creación, modificación y supresión de las Comisiones Delegadas del Gobierno: a) Será acordada por el Consejo de Ministros mediante Orden Ministerial, a propuesta del Presidente del Gobierno. b) Será acordada por el Presidente del Gobierno, mediante Orden Ministerial, a propuesta del Consejo de Ministros. c) Será acordada por el Presidente del Gobierno mediante Real Decreto, a propuesta del Consejo de Ministros. d) Será acordada por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto, a propuesta del Presidente del Gobierno.

No es una competencia de la Secretaría de Estado de Justicia: a) La dirección, impulso y gestión de las atribuciones ministeriales relativas a la fe pública notarial. b) La dirección, impulso y gestión de las atribuciones ministeriales relativas al Registro General de Actos de Última Voluntad. c) Las relacionadas con la localización, recuperación, administración y realización de efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas. d) La ordenación, planificación, apoyo y cooperación con los órganos del CGPJ.

En el proceso civil, cuando el actor no vaya asistido por abogado o procurador, el demandado comunicará al tribunal su decisión de acudir al proceso con la asistencia de dichos profesionales: a) En cualquier momento del proceso. b) En el plazo de 3 días desde que se le notifique la demanda. c) En cualquier momento dentro del plazo para contestar a la demanda. d) En el plazo de los cinco días siguientes a la citación al juicio.

Según la LEC, las actuaciones realizadas por los procuradores en la práctica de los autos de comunicación serán impugnables: a) Ante el LAJ, y contra el decreto resolutivo de esta impugnación se podrá interponer recurso de revisión. b) Ante el LAJ, y contra el decreto resolutivo de esta impugnación no cabe recurso alguno. c) Ante el tribunal, y contra el decreto resolutivo de esta impugnación se podrá interponer recurso de reposición. d) Ante el tribunal, y contra el decreto resolutivo de esta impugnación no cabe interponer recurso alguno.

En cuanto a la designación de Procurador y Abogado recogida en el artículo 33 LEC, señale la proposición incorrecta: a) Fuera de los casos de designación de oficio previstos en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, corresponde a las partes contratar los servicios del procurador y del abogado que les hayan de representar y defender en juicio. b) El litigante que no tenga derecho a la asistencia jurídica gratuita podrá pedir que se le designe abogado, procurador o ambos profesionales, cuando su intervención sea preceptiva. c) El litigante que no tenga derecho a la asistencia jurídica gratuita, podrá pedir que se le designe abogado, procurador o ambos profesionales, cuando su intervención no sea preceptiva pero la parte contraria haya comunicado al Tribunal que actuará defendida por abogado y representada por procurador. d) Cuando la petición de designa de procurador y abogado se realice por el demandado, deberá formularla en el plazo de los veinte días siguientes a recibir la cédua de emplazamiento o citación.

El artículo 137 CE dispone que gozarán de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses: a) Las CCAA y las provincias. b) Las CCAA y los municipios. c) Las CCAA, los municipios y las provincias. d) Las CCAA, los municipios, las provincias y las islas.

Las decisiones del Consejo de Ministros que no deban adoptar la forma de real decreto se denominan: a) Instrucciones. b) Resoluciones. c) Acuerdos. d) Órdenes.

¿Se reconoce en nuestro Constitución el derecho a la justicia gratuita?. a) Si, en el artículo 25. b) Si, en el artículo 24. c) No, no se recoge expresamente en la CE. d) Si, en el artículo 119.

¿A quién corresponde la representación ordinaria de un Ministerio?. a) Al Director General que se determine en real decreto por el que se aprueba la estructura orgánica. b) Al Subsecretario. c) Al Secretario General. d) Al Secretario General Técnico.

Indique cuál de estos Tratados instituye el procedimiento de codecisión en materia legislativa: a) El Tratado de Amsterdam. b) El Acta Única Europea. c) El Tratado de Bruselas. d) El Tratado de Maastricht.

¿Qué órgano aprueba las normas de reparto de asuntos entre las Secciones de las AP del mismo orden jurisdiccional?: a) El Presidente del Tribunal de Instancia. b) La Sala de Gobierno del TSJ correspondiente. c) La Junta de Jueces del respectivo orden jurisdiccional. d) El CGPJ.

Señale cuál de los siguientes delitos no entra dentro de la competencia de la AN: a) Delitos de homicidio a funcionarios públicos. b) Tráfico de drogas o estupefacientes, siempre que sean cometidos por bandas o grupos organizados y produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas Audiencias. c) Delitos contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor o Sucesora, Altos Organismos de la Nación y forma de Gobierno. d) Falsificación de moneda y fabricación de tarjetas de crédito y débito falsas y cheques de viajero falsos o cualquier otro instrumento de pago distinto del efectivo, siempre que sean cometidos por organizaciones o grupos criminales.

De acuerdo con el artículo 467 LOPJ, ¿cuál de las siguientes no es una competencia del Secretario Coordinador?. a) Resolver las suplencias y sustituciones de los LAJ de su ámbito. b) Resolver los incidentes de abstención de los LAJ que de él dependan. c) Incoar y tramitar los expedientes disciplinarios que procedan en relación con los Secretarios Judiciales. d) Conceder, por delegación del Secretario de Gobierno, los permisos y licencias a los LAJ de su territorio.

Según el artículo 90 LOPJ, las Secciones de lo Penal: a) Son competentes para el reconocimiento y ejecución de las resoluciones que impongan sanciones pecuniarias impuestas por las autoridades competentes de otros Estados miembros de la UE, cuando las mismas deban cumplirse fuera del territorio español. b) Podrán establecerse en Tribunales de Instancia que tengan su sede en poblaciones distintas de la capital de provincia, delimitándose en cada caso el ámbito territorial de su jurisdiccion. c) Enjuiciarán las causas por delito que reglamentariamente se determinen. d) Son competentes para la instrucción de causas de delito grave o menos grave que no estén atribuidas a las Secciones de Instrucción, Secciones de VDG y Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia.

Con respecto a los derechos de los ciudadanos frente a los profesionales que le asisten y representan ante la Justicia, señale qué respuesta es correcta según la Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia: a) Todas son correctas. b) El ciudadano tiene derecho a conocer anticipadamente el coste aproximado de la intervención del profesional y la forma de pago. c) El cliente podrá exigir a su Procurador rendición de cuentas detalladas de los asuntos encomendados. d) El ciudadano podrá consultar con su Abogado las consecuencias de toda actuación ante un órgano jurisdiccional.

¿A quién corresponde salvaguardar el derecho de los ciudadanos a que en las vistas y comparecencias judiciales se utilice un lenguaje comprensible para los ciudadanos que no sean especialistas en la materia?. a) A los Jueces y Magistrados que las dirijan. b) A los LAJ que acudan a las mismas. c) Al CGPJ. d) Al MF.

En relación a la jornada y horarios, señale cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta, conforme a lo establecido en la LO 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial: a) El Ministerio de Justicia y las CCAA en sus respectivos territorios garantizarán la asistencia necesaria a los órganos o servicios judiciales en funciones de guardia. b) La incorporación de los funcionarios al servicio de la ADJ, a la jornada de mañana y tarde será voluntaria y deberá ir acompañada de medidas incentivadoras. c) El CGPJ, oído el MJ, determinará los órganos jurisdiccionales y otros servicios de la ADJ que han de permanecer en servicio de guardia. d) Se podrán establecer jornadas sólo de mañana o jornadas de mañana y tarde para determinados servicios u órganos jurisdiccionales.

Con carácter general, el plazo para la resolución de concursos específicos para la provisión de puestos singularizados será de: a) Un año, contados desde el día de presentación de solicitudes. b) Seis meses, contados desde el día siguiente al de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, y nunca podrá ser superior a un año. c) Tres meses, contados desde el día siguiente al de la finalización de presentación de solicitudes. d) Veinte días naturales, contados desde el día siguiente al de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La suspensión provisional, como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario, cuando se trate de una falta muy grave, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado, no podrá exceder de: a) Tres meses. b) Un año prorrogable a otro. c) Un año. d) Seis meses.

Señale cuál de las siguientes diligencias preliminares no se enumera en el artículo 256 LEC: a) Exhibición de los documentos y cuentas de la sociedad o comunidad, por petición de un socio o comunero. b) Exhibición, por quien lo tenga en su poder, del acto de última voluntad del causante de la herencia o legado, a petición del que se considere heredero, coheredero o legatario. c) Petición de la historia clínica al centro sanitario o profesional que la custodie. d) Todas son diligencias previstas en el art. 256.

Son cuerpos Generales de la ADJ: a) El Cuerpo de Médicos Forenses. b) El Cuerpo de Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. c) El Cuerpo de Técnicos de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. d) El Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.

En el proceso penal las denuncias: a) Podrán hacerse por escrito o soporte electrónico. b) Deberán hacerse de palabra. c) Podrán hacerse por escrito o de palabra. d) Deberán hacerse por escrito.

Con carácter general, recibido el expediente administrativo en el Tribunal y acordada la entrega al recurrente, éste deducirá demanda: a) En el plazo de diez días. b) En el plazo de veinte días. c) En el plazo de treinta días. d) En el plazo de quince días.

Cuando el despido fuese declarado improcedente por incumplimiento de los requisitos de forma establecidos y se hubiese optado por la readmisión del trabajador, podrá efectuarse un nuevo despido: a) Dentro del plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia. b) Dentro del plazo de siete días desde la notificación de la sentencia. c) Dentro del plazo de cinco días desde la firmeza de la sentencia. d) Dentro del plazo de siete días desde la firmeza de la sentencia.

Según el artículo 133.1 LEC, en el cómputo de los plazos procesales, el día del vencimiento expirará: a) A las ocho de la tarde. b) A las tres de la tarde. c) A las tres de la tarde del día hábil siguiente. d) A las veinticuatro horas.

Contra las resoluciones de habilitación de días y horas inhábiles: a) No se admitirá recurso alguno. b) Se admitirá recurso de reposición. c) Se admitirá recurso de apelación. d) Se admitirá protesta.

De conformidad con el art. 205 LEC, en relación con los votos particulares señale la respuesta incorrecta: a) No podrá formularse voto particular respecto de las providencias sucintamente motivadas. b) Todo el que tome parte en la votación de una sentencia o auto definitivo firmará lo acordado, aunque hubiere disentido de la mayoría. c) El voto particular, si lo hubiere, habrá de publicarse junto con la sentencia, cuando, de acuerdo con la ley sea preceptiva la publicación de la misma. d) Podrá, quien disienta, anunciándolo en el momento de la votación o en el de la firma, formular voto particular.

Cuando una Sección de lo Civil del Tribunal de Instancia se dirija a un notario solicitándole la expedición de la copia auténtica de una escritura pública que obre en su protocolo debe hacerlo por medio de: a) Un oficio. b) Un mandamiento. c) Un exhorto, siempre que no esté domiciliado en la misma población. d) Una cédula de requerimiento, en todo caso.

El archivo judicial Central está adscrito: a) A la Sala de Gobierno del TS. b) Al servicio de inspección del CGPJ. c) A la Secretaría General del CGPJ. d) Al MJ.

Según la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales no es un derecho de los ciudadanos en materia de protección de datos: a) El derecho de acceso. b) El derecho de rectificación. c) El derecho de réplica. d) El derecho a la portabilidad.

Serán competentes con carácter exclusivo y preferente los tribunales españoles: a) En materia de contratos de arrendamientos de bienes inmuebles celebrados para un uso particular durante un plazo máximo de seis meses consecutivos si el demandado estuviera domiciliado en España, siempre que el arrendatario sea una persona física y que éste y el propietario están domiciliados en el mismo Estado. b) En materia de contratos de arrendamientos de bienes inmuebles celebrados para un uso particular durante un plazo máximo de tres meses consecutivos si el demandado estuviera domiciliado en España, siempre que el arrendatario y el propietario están domiciliados en el mismo Estado. c) En materia de contratos de arrendamientos de bienes inmuebles celebrados para un uso temporal durante un plazo máximo de seis meses consecutivos si el demandado estuviera domiciliado en España, siempre que el arrendatario sea una persona física y que éste y el propietario están domiciliados en el mismo Estado. d) Ninguna respuesta es correcta.

Conforme al art. 15 Ley 4/2023, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, las empresas deberán contar con un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI cuando tengan más de: a) 10 trabajadores. b) 25 trabajadores. c) 40 trabajadores. d) 50 trabajadores.

Cuando en la demanda se ejercite una acción de desahucio por falta de pago del arrendatario, la citación a juicio se realizará: a) En el domicilio que figura en vigor en el Registro de Rebeldes Civiles. b) En el domicilio donde esté empadronado. c) En el lugar en que se desarrolle la actividad profesional o laboral no ocasional. d) En el domicilio fijado en el contrato de arrendamiento.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69.2 CE, el número de senadores que se eligen en cada provincia es: a) Un mínimo de dos, y uno más por cada millón de habitantes del censo electoral. b) Cuatro. c) Depende, está en función de la población de cada provincia, con un número mínimo de dos. d) Tres.

La Ley define la discriminación directa por razón de sexo como: a) La situación en que se encuentra una mujer que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que un varón en situación comparable. b) La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. c) Toda disposición, criterio o práctica aparentemente neutros que puedan poner a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas de otro sexo. d) Toda disposición, criterio o práctica aparentemente neutros que puedan poner a la mujer en desvantaja particular con respecto al varón.

¿Cómo se denomina el órgano de gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas en un departamento ministerial?. a) Secretaria General. b) Secretaría General Técnica. c) Subdirección General. d) Dirección General.

¿Dónde se encuentra la sede oficial del Parlamento Europeo?. a) Bruselas. b) Estrasburgo. c) Luxemburgo. d) La Haya.

¿Quién es competente para imponer a los Jueces y Magistrados sanciones por faltas muy graves cuando la propuesta de sanción consista en la separación de la carrera judicial?. a) El Presidente TS, de la AN y de los TSJ, a los jueces y magistrados dependientes de los mismos. b) La Comisión Disciplinaria. c) El Pleno CGPJ, a propuesta de la Comisión Permanente. d) El Pleno CGPJ, a propuesta de la Comisión Disciplinaria.

Según el artículo 73 LOPJ, ¿quién conoce de los recursos de apelación contra resoluciones dictadas en primera instancia por las AP en el orden penal?. a) La Sala de Apelación AN. b) La Sala de lo Penal de la AN. c) La Sala de lo Civil y Penal TSJ. D) La Sala de lo Penal TS.

Los Jueces de Paz son elegidos por: a) La Sala de Gobierno del TSJ correspondiente. b) El Pleno del Ayto correspondiente por mayoría absoluta. c) El Pleno del Ayto correspondiente por mayoría simple. d) El Alcalde del Ayto correspondiente.

La Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a aquellas personas físicas que careciendo de patrimonio suficiente cuenten con unos recursos e ingresos económicos brutos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, que no superen: a) El indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas no integradas en ninguna unidad familiar. b) Dos veces y media el indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas no integradas en ninguna unidad familiar. c) Dos veces el indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas no integradas en ninguna unidad familiar. d) Una vez el indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas no integradas en ninguna unidad familiar.

El CGPJ podrá acordar la especialización de una o varias plazas judiciales de Tribunales de Instancia de la misma provincia y del mismo orden jurisdiccional: a) Sólo cuando no se encuentren en el mismo partido judicial. b) Estén o no en el mismo partido judicial. c) Si están en el mismo municipio. d) Exclusivamente cuando no se encuentren en el mismo municipio.

¿Puede un Médico Forense realizar funciones como Médico de empresa?. a) Si, si obtiene el reconocimiento de compatibilidad. b) No, en ningún caso. c) Si, si desempeña un puesto que no sea de dedicación exclusiva, sin necesidad de solicitar el reconocimiento de compatibilidad. d) Si, en todo caso.

El ingreso en la Carrera Judicial por la categoría de juez se producirá mediante la superación de: a) Un concurso-oposición. b) Una oposición libre. c) Un concurso de méritos. d) Una oposición libre y un curso teórico-práctico de selección.

La LOPJ prevé que en las ofertas de empleo público de funcionarios al servicio de la ADJ se reservará un cupo: a) No inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad. b) No inferior al cinco por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad. c) No inferior al ocho por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad. d) No inferior al nueve por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad.

Los Jueces y Magistrados que se consideren inquietados o perturbados en su independencia, ¿a qué órgano deben dirigirse?. a) A los órganos de Gobierno que lo pondrán en conocimiento CGPJ. b) A sus órganos de Gobierno. c) Al órgano superior jerárquico que lo pondrá en conocimiento del CGPJ. d) Al CGPJ.

Los Tribunales Calificadores Únicos de los Procesos Selectivos en el ámbito de la ADJ estarán compuestos: a) Por un número impar de vocales, no inferior a tres. b) Por un número par de vocales, no inferior a seis. c) Por un número impar de vocales, no inferior a cinco. d) Por un número par de vocales, no inferior a cuatro.

Según el art. 167 LOPJ, en el caso del TCI, las normas de reparto se aprobarán por la Sala de Gobierno de: a) El TS. b) La AN. c) El TSJ. d) La AP respectiva.

¿En qué casos puede principiarse el juicio verbal por demanda sucinta?. a) En los juicios verbales en que no se actúe con abogado y procurador. b) En todos los casos, es el modo ordinario de interponer la demanda en el juicio verbal. c) En los juicios verbales en que se reclame una cantidad que no exceda de 6000€. d) En ningún caso, debe interponerse la demanda con el contenido y forma propios del juicio ordinario.

Señale la respuesta incorrecta. Corresponde a las Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia: a) La emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE que les atribuya la ley. b) El reconocimiento y ejecución de las resoluciones que impongan sanciones pecuniarias transmitidas por las autoridades competentes de otros Estados miembros de la UE, cuando las mismas deban cumplirse en territorio español. c) La ejecución de las sentencias dictadas en causas por delito menos grave o leve por las Secciones de Instrucción. d) Enjuiciar las causas por delito que la ley determine.

Si la sentencia que se dicte en un procedimiento de separación o divorcio solicitado de mutuo acuerdo no aprobase en todo o en parte el convenio regulador propuesto: a) Se concederá a las partes un plazo de 5 días para proponer nuevo convenio y el Tribunal dictará sentencia dentro del tercer día resolviendo lo procedente. b) Se concederá a las partes un plazo de 10 días para proponer nuevo convenio y el Tribunal dictará sentencia dentro del tercer día resolviendo lo procedente. c) Se concederá a las partes un plazo de 5 días para proponer nuevo convenio y el Tribunal dictará auto dentro del tercer día resolviendo lo procedente. d) Se concederá a las partes un plazo de 10 días para proponer nuevo convenio y el Tribunal dictará auto dentro del tercer día resolviendo lo procedente.

Según el artículo 6 de la Ley 15/2015 de Jurisdicción voluntaria, cuando se tramiten simultáneamente dos o más expedientes con idéntico objeto: a) Se proseguirá la tramitación del último que se hubiera incoado y se acordará el archivo de los expedientes anteriores. b) Se proseguirá la tramitación del que esté en una fase más avanzada y se acordará el archivo de los expedientes posteriores. c) Se acumularán de oficio en un único expediente. d) Se proseguirá la tramitación del que primero se hubiera inciado y se acordará el archivo de los expedientes posteriores.

En el sumario contra el auto denegatorio de las diligencias solicitadas por el MF o cualquiera de las partes personadas: a) Puede interponer recurso directo de revisión. b) Puede interponer recurso de apelación que será admitido en un solo efecto. c) Puede interponer recurso de apelación que será admitido en dos efectos. d) Puede interponer recurso de queja.

Según el artículo 796 LEC, ¿cuál de las siguientes diligencias no está expresamente previsto que la efectúe la Policia Judicial en el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos?. a) Practicar el reconocimiento en rueda del imputado. b) Remitir al Instituto Nacional de Toxicología las sustancias aprehendidas, cuyo análisis resulte pertinente. c) Recabar del Colegio de Abogados la designación de un letrado de oficio. d) Solicitar inmediatamente la presencia del perito para tasar algún objeto.

En el proceso C-A, si con el escrito de interposición del recurso no se acompañan los documentos exigidos en la ley (en el artículo 45 LJCA): a) El Juez o Tribunal requerirá inmediatamente la subsanación de los mismos, señalando un plazo de diez días para que el recurrente pueda llevarla a efecto. b) El Juez o Tribunal requerirá inmediatamente la subsanación de los mismo, señalando un plazo de cinco días para que el recurrente pueda llevarla a efecto. c) El LAJ requerirá inmediatamente la subsanación de los mismos, señalando un plazo de diez días para que el recurrente pueda llevarla a efecto. d) El LAJ requerirá inmediatamente la subsanación de los mismos, señalando un plazo de cinco días para que el recurrente pueda llevarla a efecto.

En el proceso laboral, una vez admitida la demanda, ¿ante quién se celebra el acto de conciliación?. a) Ante el Juez. b) Ante el LAJ. c) Ante el servicio administrativo. d) Ante el MF.

Según el artículo 446 LEC, ¿qué recurso cabe contra las resoluciones del Tribunal sobre admisión o inadmisión de pruebas?. a) No cabe recurso alguno. b) Cabe recurso de reposición. c) Cabe recurso de apelación. d) Cabe recurso de revisión.

La competencia para conocer de la acción de anulación de un laudo arbitral corresponde: a) A la Sección de lo Civil del Tribunal de Instancia del lugar donde se hubiere dictado. b) A la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia donde se hubiere dictado. c) A la AP del lugar donde se hubiere dictado. d) A la Sala de lo Civil y Penal del TSJ del lugar donde se hubiere dictado.

Las actuaciones judiciales realizadas fuera del tiempo establecido son: a) Anulables en todo caso. b) Nulas de pleno derecho. c) Irregulares. d) Anulables cuando lo imponga la naturaleza del término o plazo.

Señale cuál de las siguientes menciones no es una de las que deben contener los exhortos, a tenor de los dipuesto en el artículo 171 LEC: a) La mención de los documentos que se acompañen. b) La fecha y hora en que se hayan dictado. c) La designación de las personas que sean parte en el asunto, así como de sus representantes y defensores. d) La indicación del asunto que motiva la expedición del exhorto.

Respecto de los nacimientos que se hayan producido fuera de establecimiento sanitario, o cuando por cualquier causa no se haya remitido el documento en el plazo y condiciones previstos en el artículo 46 LRC 2011, los obligados a promover la inscripción deberán declarar el nacimiento ante la Oficina del Registro Civil o las Oficinas COnsulares de Registro Civil en: a) Un plazo de 5 días. b) Un plazo de 3 días. c) Un plazo de 10 días. d) Un plazo de 15 días.

¿Con qué frecuencia será convocada la Junta de Expurgo?. a) En sesión ordinaria una vez al año, y en sesión extraordinaria cada tres meses. b) En sesión ordinaria dos veces al año, y en sesión extraordinaria una vez al año. c) En sesión ordinaria una vez al año, y en sesión extraordinaria cada vez que el presidente lo considere necesario. d) En sesión ordinaria dos veces al año, y en sesión extraordinaria cada vez que el secretario lo considere necesario.

En el procedimiento abreviado, según la LECRIM: a) La sentencia se dictará dentro de los cinco días siguientes a la finalización del juicio oral. El Juez de lo Penal podrá dictar sentencia oralmente en el acto del juicio, documentándose en el acta con expresión del fallo y una sucinta motivación, sin perjuicio de la ulterior redacción de aquella. b) La sentencia se dictará dentro de los diez días siguientes a la finalización del juicio oral. El Juez de lo Penal podrá dictar sentencia oralmente en el acto del juicio, documentándose en el acta con expresión del fallo y una sucinta motivación, sin perjuicio de la ulterior redacción de aquella. c) La sentencia se dictará dentro de los cinco días siguientes a la finalización del juicio oral. El Juez de lo Penal no podrá dictar sentencia oralmente en el acto del juicio. d) La sentencia se dictará dentro de los diez días siguientes a la finalización del juicio oral. El Juez de lo Penal no podrá dictar sentencia oralmente en el acto del juicio.

En el ámbito de la jurisdicción C-A, procedimiento ordinario no es admisible el recurso C-A: a) Respecto de los actos que se produzcan en aplicación de las disposiciones de carácter general, fundada en que tales disposiciones no son conformes a Derecho. b) Respecto de los actos presuntos de la Administración Pública que pongan fin a la vía administrativa que sean definitivos. c) Respecto de la inactividad de la Administración. d) Respecto de los actos que sean reproducción de otros anteriores defnitivos y firmes y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma.

En la jurisdicción social, la asistencia al acto de conciliación: a) Es potestativa para los litigantes. b) Es obligatoria para los litigantes. c) Solo es obligatoria en los casos expresamente previsto en la ley. d) No es obligatoria si las partes lo acuerdan.

De conformidad con la LEC, cuando no se fije plazo ni término para la práctica de las actuaciones del proceso: a) Se entenderán que han de practicarse en el plazo improrrogable de 24 horas. b) Se entenderán que han de practicarse en el plazo improrrogable de 2 días. c) Se entenderán que han de practicarse en el plazo improrrogable de 5 días. d) Se entenderán que han de practicarse sin dilación.

Según el artículo 498 LOPJ, los funcionarios de los Cuerpos Especiales estarán sujetos al régimen de incompatibilidades previsto en la legislación general aplicable a los funcionarios al servicio de las Administraciones públicas, y en todo caso, su función será incompatible con: a) El ejercicio de funciones periciales privadas ante los Tribunales y Juzgados. b) Cualquier actividad pericial privada. c) El desempeño de los cargos de gerentes, consejeros o asesores de empresas que persigan fines lucrativos. d) El desempeño de todo tipo de asesoramiento jurídico, sea retribuido o no.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJ conocerá, como Sala de lo Civil: a) Exclusivamente del recurso extraordinario de revisión que establezca la ley contra sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la CCAA, en materia de derecho civil, foral o especial, propio de la CCAA. b) Del recurso extraordinario de revisión que establezca la ley contra sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la CCAA, en materia de derecho civil, foral o especial, propio de la CCAA, si el correspondiente Estatuto de Autonomía ha previsto esta atribución. c) Del recurso extraordinario de revisión que establezca la ley contra sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la CCAA, en materia de derecho civil común. d) Del recurso de suplicación que establezca la ley contra sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la CCAA, en materia de derecho civil, foral o especial, propio de la CCAA, si el correspondiente Estatuto de Autonomía ha previsto esta atribución.

Según la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, no se establece como principio rector, uno de los siguientes: a) Garantizar derechos económicos para las mujeres víctimas de género, con el fin de facilitar su integración social. b) Fortalecer el marco penal y procesal vigente para asegurar una protección integral, desde las instancias jurisdiccionales, a las víctimas de VDG. c) Promover la colaboración y participación de las entidades, asociaciones y organizaciones que desde la sociedad civil actúan contra la VDG. d) La Enseñanza para las personas adultas incluirá entre sus objetivos desarrollar actividades de resolución pacífica de conflictos y fomentar el respecto a la dignidad de las personas y a la igualdad entre hombres y mujeres.

El Personal laboral que preste servicio en la ADJ, se regirá: a) Por las disposiciones reglamentarias de los Cuerpos al servicio de la ADJ. b) Por la LOPJ. c) Por las disposiciones legales y reglamentarias, por el convenio colectivo que les sea de aplicación y por las estipulaciones de su contrato de trabajo. d) Por las disposiciones reglamentarias establecidas por el MJ.

Cómo se producirá el ingreso en la Carrera Judicial por la categoria de Juez: a) Se producirá mediante la superación de oposición libre o un concurso-oposición entre Juristas de reconocido prestigio. b) Se producirá exclusivamente mediante la superación de oposición libre. c) Se producirá mediante la superación de concurso-oposición y de un curso teórico de selección realizado en la Escuela Judicial. d) Se producirá mediante la superación de concurso-oposición y de un curso teórico y práctico de selección realizado en la Escuela Judicial.

Según la LOPJ, las resoluciones de los Jueces y Tribunales que resuelvan cuestiones incidentales se denominan: a) Diligencias. b) Providencias. c) Sentencias. d) Autos.

Una vez despachada una ejecución civil, el Tribunal revisará su competencia territorial: a) De oficio, en cualquier momento. b) No podrá de oficio revisar su competencia territorial. c) Por medio de declinatoria propuesta por el ejecutado, en los diez días del plazo de oposición a la ejecución. d) Por medio de declinatoria propuesta por el ejecutado, dentro de los diez días siguientes a aquel en que reciba la primera notificación del proceso de ejecución.

El Gobierno, según el artículo 1 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se compone de: a) Exclusivamente de los Ministros con el Presidente. b) El Consejo de Ministros. c) El Presidente, del Vicepresidente/s, en su caso, y de los Ministros. d) El Consejo de Ministros y las Comisiones Delegadas del Gobierno.

La condición de funcionario de carrera se adquirá: a) Con el nombramiento como personal funcionario de carrera publicado en el BOE. b) Únicamente con el juramento o promesa en el sentido de guardar y hacer guardar fielmente la CE y el resto del ordenamiento jurídico, lealtad a la Corona y cumplimiento de los deberes del cargo frente a todos. c) Con el juramento o promesa en el sentido de guardar y hacer guardar fielmente la CE y el resto del ordenamiento jurídico, lealtad a la Corona y cumplimiento de los deberes del cargo frente a todos; y la toma de posesión del primer destino. d) Exclusivamente con la toma de posesión del primer destino.

¿En qué momento se podrá pedir la ejecución provisional de las sentencias civiles de condena en primera instancia?. a) En cualquier momento desde la notificación de la sentencia en primera o segunda instancia. b) En cualquier momento desde la notificación de la resolución en que se tenga por interpuesto el recurso de apelación y antes de que haya recaído sentencia en este. c) En cualquier momento, pero necesariamente antes de haberse remitido los autos a la AP competente para conocer del recurso de apelación. d) En cualquier momento desde la notificación de la resolución que declara la firmeza de la sentencia en primera instancia.

¿Cuál de las siguientes funciones es competencia del Médico Forense?. a) Practicar análisis e investigaciones toxicológicas que sean ordenadas por las autoridades judiciales, las gubernativas y el MF. b) La emisión de informes y dictámenes a solicitud del Registro Civil, en los supuestos y condiciones que determine su legislación específica. c) Realizar análisis e investigaciones interesadas por organismos o empresas públicas en cuestiones que afecten al interés general. d) Difundir conocimiento en materia toxicológica, contribuir a la prevención de las intoxicaciones y resolver cuantas consultas se les formulan sobre las mismas.

Según lo preceptuado en el artículo 19 LECRIM, podrán promover y sostener competencia: a) Los jueces de instrucción, en cualquier momento del procedimiento. b) El MF, únicamente durante el sumario. c) El procesado, dentro de los tres días siguientes al que se le comunique la causa para la calificación. d) El actor civil, e cualquier momento del procedimiento, antes de incoarse sumario.

El Parlamento Europeo estará compuesto por representantes de los ciudadanos de la Unión y su número no excederá de: a) Setecientos cincuenta. b) Setecientos noventa, más el Presidente. c) Setecientos cincuenta, más el Presidente. d) El que determinen conjuntamente el Consejo Europeo y el Parlamento un año antes de las elecciones al Parlamento Europeo.

Las medidas restrictivas de derechos del artículo 68 LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la VDG, deberán adoptarse mediante auto motivado: a) No siendo necesaria la intervención del MF y debiendo respectar los principios de legalidad y tutela judicial efectiva. b) En todo caso, con intervención del MF y respeto de los principios de contradicción, audiencia y defensa. c) En todo caso, con intervención del MF y respeto de los principios acusatorio, de legalidad y proporcionalidad. d) No siendo necesaria en determinados casos la intervención del MF y debiendo de respetar los princpios de contradicción y tutela judicial efectiva.

En el juicio verbal, si a la vista señalada por el LAJ no asistiere el demandante: a) Se hará un nuevo señalamiento para la celebración de vista con citación de demandante y demandado bajo los apercibimientos y advertencias recogidos en el artículo 440. b) Si el demandado no alegara interes legítimo en la continuación del proceso, se le tendrá en el acto por desistido de la demanda, imponiéndole las costas causadas y condenándole a indemnizar al demandado comparecido. c) Si el demandado compareciere, en cualquier caso, se procederá a la celebración del juicio. d) Si el demandado no alegara interés legítimo en la continuación del proceso, se le tendrá en el acto por desistido de la demanda, imponiéndole las costas causadas por mitad y declarando finalizado el juicio.

Contra el decreto que dicte el LAJ imponiendo multas coercitivas periódicas al ejecutado que no respondiere debidamente al requerimiento para que manifestara bienes y derechos suficientes para cubir la cuantía de la ejecución, conforme a la LEC, cabe interponer: a) Recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo, ante el Tribunal que conozca de la ejecución. b) Recurso de reposición, sin efecto suspensivo, ante el Tribunal que conozca de la ejecución. c) No cabrá recurso. d) Recurso directo de revisión, en ambos efectos, ante el Tribunal que conozca de la ejecución.

Según el Estatuto Básico del Emplado Público, ¿quienes podrán promover las elecciones a Delegados y Juntas de Personal?. a) Los sindicatos que hayan obtenido un porcentaje de al menos un 10% en la unidad electoral en la que se pretenda promover elecciones. b) Los sindicatos que hayan obtenido un porcentaje de al menos un 5% en la unidad electoral en la que se pretenda promover elecciones. c) Los sindicatos que sin ser los más representativos hayan conseguido al menos el 5% de los representantes a que se refiere el Estatuto en el conjunto de las Administraciones Públicas. d) Los funcionarios de la unidad electoral por consenso.

La sección tercera del concurso de acreedores comprenderá lo relativo a: a) La administración concursal. b) La determinación de la masa pasiva. c) La determinación de la masa activa. d) La calificación del concurso y sus efectos.

Cuando, para una actuación en un proceso, no se señale plazo ni término en la Ley 1/2000, la misma ha de practicarse: a) En un plazo máximo de tres días. b) En un plazo máximo de diez días. c) En un plazo máximo de cinco días. d) Sin dilación.

En el caso de un despido declarado improcedente, la opción entre readmisión o indemnización puede ejercitarse: a) Dentro de los cinco primeros días desde la notificación de la sentencia, si fuera la de instancia. b) Durante los diez primeros días desde la firmeza de la sentencia. c) En el acto de juicio. d) Una vez firme la sentencia.

Siempre que el Juez o Tribunal entienda que procede la libertad o la modificación de la libertad provisional en términos más favorables al sometido a prisión: a) Podrá acordarla, en cualquier momento, de oficio, sin perjuicio de convocar la comparecencia del art.505 LECRIM en las 24 horas siguientes. b) Podrá acordarla, en cualquier momento, de oficio y sin someterse a petición de parte. c) Podrá acordarla, si bien, se requerirá solicitud del MF o de alguna parte acusadora, resolviéndose previa celebración de la comparecencia a que se refiere el art. 505 LECRIM. d) Convocará la comparecencia prevenida en el art.505 LECRIM.

El art. 386 LECRIM dispone que si el procesado estuviese detenido, se le recibirá la primera declaración dentro del término de 24horas: a) Este plazo es improrrogable al tratarse de causa con preso y estar el mismo a disposición del Juez. b) Este plazo podrá prorrogarse por otras c48 horas, si mediare causa grave. c) Este plazo podrá prorrogarse por otras 24 horas, si mediare causa grave. d) Este plazo podrá prorrogarse por otras 72 horas, si mediare causa grave.

Para el cumplimiento de su misión, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión: a) Adoptan acuerdos que obligan a los Estados miembros a reformar o adaptar su legislación. b) Toman decisiones que son obligatorias en todos sus elementos para todos sus destinatarios. c) Adoptan reglamentos que los Estados miembros han de convalidar necesariamente en el plazo que en ellos se establece. d) Emiten dictámenes que son siempre vinculantes.

¿Cual es la cuantía máxima que establece la Ley de Jurisdicción C-A para determinar que asuntos se tramitarán por el procedimiento abreviado?. a) 150.000€. b) 30.000€. c) 3.000€. d) 18.000€.

Indique el número de representantes que componen una Junta de Personal de una unidad electoral con 500 funcionarios: a) 13. b) 7. c) 11. d) 15.

El demandado presentará escrito de contestación a la demanda en el juicio declarativo ordinario previsto en la LEC en el plazo de: a) Diez días, pudiendo en el mismo negar o admitir los hechos aducidos por el actor, así como aducir las excepciones procesales y demás alegaciones que puedan obstar la válida prosecución y término del proceso mediante sentencia. b) Diez días, pudiendo en el mismo, por reconvención, formular pretensiones que le competen contra el actor, que serán admitidas por el tribunal con independencia de la existencia de conexión entre tales pretensiones y las que sean objeto de la demanda principal. c) Veinte días, pudiendo en el mismo negar o admitir los hechos aducidos por el actor, así como aducir las excepciones procesales y demás alegaciones que puedan obstar la válida prosecución y término del proceso mediante sentencia. d) Veinte días, pudiendo en el mismo, por reconvención, formular pretensiones que le competen contra el actor, que serán admitidas por el tribunal con independencia de la existencia de conexión entre tales pretensiones y las que sean objeto de la demanda principal.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 172.1 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, los exhortos se remitirán: a) En todo caso, directamente al órgano exhorta por medio del sistema informático judicial o cualquier otro medio telemático o electrónico. b) Directamente al órgano exhortado por medio del sistema informático judicial o cualquier otro medio telemático o electrónico, salvo los supuestos en los que deba realizarse en soporte papel por ir el acto acompañado de elementos que sean susceptibles de conversión en formato electrónico. c) Directamente al órgano exhortado por medio del sistema informático judicial o cualquier otro medio telemático o electrónico, salvo los supuestos en los que deba realizarse en soporte papel por ir el acto acompañado de elementos que sean susceptibles de conversión en formato electróncio. d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

¿Qué órgano judicial es competente para conocer de la solicitud del Gobierno para la revocación de acuerdos de explotación de redes, conforme al artículo 58 de la LO 6/1985, del poder judicial?. a) La Sala de lo C-A del TS. b) La Sala de lo C-A del AN. c) La Sala de lo Civil del TS. d) El TC.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, en los tribunales colegiados los autos y sentencias se dictarán: a) En todo caso, por mayoría simple de votos. b) Por mayoría simple de votos, salvo que expresamente la ley señale una menor proporción. c) Por mayoría absoluta de votos, salvo que expresamente la ley señale una menor proporción. d) Por mayoría absoluta de votos, salvo que expresamente la ley señale una mayor proporción.

Según lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 20/2011 del Registro Civil, sobre las clases de certificaciones: a) Salvo solicitud expresa en sentido contrario, se expedirá certificación literal. b) Las certificaciones en extracto comprenderán la totalidad del contenido del asiento/s a que se refieran. c) Las certificaciones literales contendrán los datos que se determinen reglamentariamente. d) Si no constara ningún asiento, la certificación será negativa.

Según el artículo 52 del Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la ADJ, en los concursos genéricos, cuando el adjudicatario de plaza obtenga con su toma de posesión el reingreso en el servicio activo, el plazo posesoria será de: a) Cinco días, si no implica cambio de localidad. b) Ocho días, si implica cambio de localidad dentro de la CCAA. c) Diez días. d) Veinte días.

¿Cual es la misión principal de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses?. a) Auxiliar a la ADJ y contribuir a la unidad de criterio científico. b) Auxiliar a la ADJ y contribuir a la calidad de la pericia analítica. c) Auxiliar a la ADJ al desarrollo de las ciencias forenses. d) Auxiliar a la ADJ en el ámbito de su disciplina científica y técnica.

¿Se puede proceder a la elección de un nuevo Presidente del CGPJ si el Consejo saliente continúa en funciones?. a) si. b) sólo si repite mandato. c) no. d) el CGPJ no tiene Presidente.

De conformidad con el artículo 51 de la LO 2/2007, evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad en sus respectivos ámbitos de actuación: a) Es uno de los deberes establecidos en la ley. b) Es uno de los principios directores de la LO 3/2004. c) Es uno de los criterios de actuación de las personas físicas o jurídicas recogidos en la LO 3/2007. d) Es uno de los criterios de actuación de las AAPP recogidos en la LO 3/2007.

¿En virtud de que principio el contenido y la forma de la acción de la UE no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados?. a) Principio de atribución. b) Principio de subsidiariedad. c) Principio de arbitrariedad. d) Principio de proporcionalidad.

Es competente para la expedición de oficios, mandamientos y exhortos y cualesquiera otros actos de comunicación que se acuerden interesando la práctica de actuaciones: a) El LAJ. b) El funcionario del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. c) El funcionario del cuerpo de Auxilio Judicial. d) El funcionario del cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.

Cuando, conforme a la Ley del Tribunal Jurado, haya de suspender la celebración del juicio oral, el Magistrado-Presidente podrá decidir la disolución del Jurado, que acordará, en todo caso, siempre que dicha suspensión se haya de prolongar durante: a) Tres días. b) Cinco o más días. c) No existe un plazo legal. d) Cuatro días.

Según el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción C-A, el plazo para interponer el recurso C-A será de: a) 60 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso. b) Seis meses desde el día siguiente al de la notificación del acto que ponga fin a la vía administrativa. c) Dos meses desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso. d) Un año desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada.

Conforme al artículo 248.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pertenecen a la clase de los procesos declarativos: a) El juicio verbal y el juicio abreviado. b) El juicio ordinario y el juicio verbal. c) El juicio verbal y el juicio cambiario. d) El juicio ordinario y el juicio abreviado.

Según la carta de derechos de los ciudadanos ante la Justicia, el ciudadano tiene derecho: a) A conocer la identidad y categoría de la autoridad o funcionario que le atienda, excepto cuando la persona titular del órgano judicial competente indique lo contrario, en cualquier tipo de procedimiento. b) A conocer la identidad y categoría de la autoridad o funcionario que le atienda, en todo tipo de procedimientos. c) A conocer la identidad y categoría de la autoridad o funcionario que le atienda, excepto cuando el LAJ competente indique lo contrario, en cualquier tipo de procedimiento. d) A conocer la identidad y categoría de la autoridad o funcionario que le atienda, salvo cuando esté justificado por razones de seguridad en causas criminales.

Cuando el funcionario de la ADJ no pueda acudir a su puesto de trabajo como consecuencia de haber sido privado por un Juez o Tribunal, en un proceso penal del derecho a residir en determinados lugares o de acercarse a determinadas personas, pasará a la situación de: a) Suspensión provisional. b) Separación de Servicio. c) Suspensión definitiva. d) Traslado forzoso.

¿Quiénes integran los Ayuntamientos según el artículo 140 CE?. a) Los Presidentes de Diputación y los Concejales. b) Los Alcaldes, los Tenientes de Alcalde y los Jueces de Paz. c) Los vecinos del municipio en asamblea. d) Los Alcaldes y los Concejales.

¿Quién nombra a los Secretarios Generales según el artículo 64 LRJSP?. a) La Secretaría de Estado de Función Pública mediante Resolución. b) El Consejo de Ministros mediante Real Decreto, a propuesta del titular del Ministerio o del Presidente del Gobierno. c) El Presidente del Gobierno mediante Decreto Ley. d) El Ministro correspondiente mediante Orden Ministerial.

¿En qué entidades se organiza territorialmente el Estado según el artículo 137 CE?. a) En municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. b) En municipios, mancomunidades y diputaciones generales. c) En regiones, provincias y comunidades históricas. d) En provincias, comarcas y cabildos insulares.

La resolución definitiva del procedimiento para la creación, supresión o alteración de términos municipales se hará por Dictamen de: a) La Administración General del Estado. b) l Consejo de Estado. c) Consejo de Estado o del órgano consultivo superior de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas. d) La Diputación Provincial.

El nombramiento de Subsecretario puede recaer en: a) Cualquier español, mayor de 18 años, tal y como dispone el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. b) Funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1, a que se refiere el artículo 76 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, o entre personas que hubieran perdido tal condición como consecuencia de su jubilación. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. c) Exclusivamente en un funcionario de carrera del Ministerio correspondiente. d) En un funcionario con categoría de Subdirector General, a que se refiere el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas son los titulares de las correspondientes Delegaciones del Gobierno y tienen, en los términos establecidos en este Capítulo, las siguientes competencias: a) Dirección y coordinación de la Administración General del Estado y sus Organismos públicos. b) Información de la acción del Gobierno e información a los ciudadanos. c) Coordinación y colaboración con otras Administraciones Públicas. d) Todas las respuestas son correctas.

El Consejo Social de la Ciudad está integrado por: a) Los coordinadores generales de cada área o concejalía. b) Representantes de las organizaciones económicas, sociales, profesionales y de vecinos más representativas. c) Los titulares de los máximos órganos de dirección de los organismos autónomos y de las entidades públicas empresariales locales. d) Representantes de todos los grupos que integren el Pleno, de forma proporcional al número de miembros que tengan en el mismo.

¿Quién nombra y separa a los Ministros según el artículo 12 LG?. a) El Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno. b) El Consejo de Ministros, con informe favorable del Rey. c) El Tribunal Constitucional, previa consulta al Consejo de Estado. d) El Congreso de los Diputados, a propuesta del Presidente del Gobierno.

Los Delegados del Gobierno serán nombrados y separados por: a) El Presidente de la Comunidad Autónoma. b) Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno. c) El Ministro del Interior. d) El Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.

¿A quién asiste el Secretariado del Gobierno en su función como órgano de asistencia según el artículo 9 LG?. a) Al Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. b) Al Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. c) Al Vicepresidente del Consejo de Ministros. d) A los Secretarios de Estado de cada Ministerio.

¿Quién propone la creación, modificación o supresión de una Comisión Delegada del Gobierno según el artículo 6 LG?. a) El Presidente del Gobierno. b) El Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma. c) El Secretario General del Consejo de Ministros. d) El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

¿Qué carácter tienen las deliberaciones del Consejo de Ministros, según establece el artículo 5 de la Ley del Gobierno?. a) Son públicas, salvo que el Presidente disponga lo contrario. b) Son secretas. c) Son confidenciales solo durante los seis meses posteriores a su celebración. d) Se publican en el Boletín Oficial del Estado junto con los acuerdos adoptados.

Las reuniones del Consejo de Ministros: a) Tendrán carácter decisorio. b) Tendrán carácter deliberante. c) Podrán tener Carácter decisorio o deliberante. d) Tendrán carácter consultivo.

Las unidades administrativas: a) Son los elementos organizativos básicos de las estructuras orgánicas. b) Las unidades comprenden puestos de trabajo o dotaciones de plantilla vinculados funcionalmente por razón de sus cometidos y orgánicamente por una jefatura común. Pueden existir unidades administrativas complejas, que agrupen cinco unidades menores. c) Las unidades comprenden puestos de trabajo o dotaciones de plantilla vinculados funcionalmente por razón de sus cometidos y orgánicamente por una jefatura común. Pueden existir unidades administrativas complejas, que agrupen una o dos unidades menores. d) Las unidades comprenden puestos de trabajo o dotaciones de plantilla vinculados funcionalmente por razón de sus cometidos y orgánicamente por una jefatura común. Pueden existir unidades administrativas complejas, que agrupen como máximo tres unidades menores.

De acuerdo con el art. 63 LRJSP, los Subsecretarios ostentan la representación ordinaria del Ministerio, dirigen los servicios comunes, ejercen las competencias correspondientes a dichos servicios comunes y, en todo caso, las siguientes: a) Apoyar a los órganos inferiores en la planificación de la actividad del Ministerio, a través del correspondiente asesoramiento técnico. b) Asistir al Ministro en el control de eficacia del Ministerio y sus Organismos públicos. c) Desempeñar la jefatura superior de parte del personal del Departamento. d) Todas las respuestas son correctas.

Señalar Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: a) Las Direcciones Generales de un Departamento Ministerial son creadas o suprimidas por Orden del Ministerio del que dependen. b) Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1, a que se refiere el artículo 76 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, o entre personas que hubieran perdido tal condición como consecuencia de su jubilación. c) Los Directores Generales obligatoriamente han de ser funcionario de carrera a los que se exija para su ingreso el título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente. d) Los Secretarios de Estado ostentan la representación ordinaria del Ministerio, en ausencia del Ministro.

¿Quién tiene la competencia para crear, modificar o suprimir áreas metropolitanas según el artículo 43 LRBRL?. a) Los Ayuntamientos afectados, mediante acuerdo plenario. b) El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, con autorización del Senado. c) El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad. d) Las Comunidades Autónomas, mediante Ley y previa audiencia de la Administración del Estado y de los Ayuntamientos y Diputaciones afectados.

Los acuerdos de las corporaciones locales se adoptan, como regla general: a) Por mayoría absoluta. b) Por mayoría simple de los miembros presentes. c) Por mayoría cualificada. d) Por mayoría reforzada de dos tercios de los miembros presentes y no presentes.

Establecer los programas de inspección de los Servicios del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes es una competencia de: a) El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. b) El Secretario de Estado de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. c) El Subsecretario de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. d) l Secretario General de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

De acuerdo con el art. 77 LRJSP, la asistencia jurídica y las funciones de intervención y control económico financiero en relación con las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno se ejercerán: a) Por la Abogacía del Estado y la Intervención General de la Administración del Estado respectivamente, de acuerdo con su normativa específica. b) Por Abogacía particular y la Intervención General de la Administración del Estado respectivamente, de acuerdo con su normativa específica. c) Por la Intervención General de la Administración del Estado y la Abogacía particular respectivamente. d) Todas las respuestas son incorrectas.

Señale cuál de las siguientes es una competencia de los Secretarios de Estado: a) Dirigir los servicios comunes. b) Ejercer la potestad reglamentaria. c) Nombrar a un Subdirector General de la Secretaría de Estado. d) Establecer los programas de inspección de los servicios del Ministerio.

¿Qué función corresponde a los servicios comunes de los Ministerios según el artículo 68 LRJSP?. a) Designar directamente al personal de los órganos superiores del Ministerio. b) Controlar la ejecución de los planes de los órganos constitucionales. c) Prestar asistencia para la eficiente utilización de medios y recursos materiales, económicos y personales. d) Coordinar la actividad legislativa de las Cortes Generales.

¿Cuál de las siguientes no es una entidad comprendida dentro de la Administración Local?. a) Provincia. b) Comarca. c) Villa. d) Municipio.

¿De quién dependen los servicios territoriales integrados según el artículo 71 LRJSP?. a) Del Delegado del Gobierno o, en su caso, del Subdelegado del Gobierno. b) Del Presidente de la Comunidad Autónoma donde se ubiquen. c) De la Dirección General de Coordinación Territorial del Ministerio de Hacienda. d) Del órgano central del Ministerio correspondiente.

La determinación del número, denominación y ámbito de competencia respectivo de los Ministerios y Secretarios de Estado: a) Se establece, sin más requisitos, por Real Decreto del Presidente del Gobierno. b) Se establece por Real Decreto del Presidente del Gobierno, previa aprobación del Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. c) Se establece por Real Decreto del Presidente del Gobierno, previo informe favorable del Ministro de Hacienda. d) Sólo pueden establecerse con ocasión de la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado que incluirá, en su caso, la dotación presupuestaria correspondiente.

Corresponderá al secretario general del Pleno: a) Establecer la organización y estructura de la Administración municipal ejecutiva. b) La división del municipio en distritos, y la determinación y regulación de los órganos de los distritos y de las competencias de sus órganos representativos y participativos, sin perjuicio de las atribuciones del Alcalde para determinar la organización y las competencias de su administración ejecutiva. c) Convocar y presidir las sesiones del Pleno y las de la Junta de Gobierno Local y decidir los empates con voto de calidad. d) La expedición, con el visto bueno del Presidente del Pleno, de las certificaciones de los actos y acuerdos que se adopten.

No es función del Presidente del Gobierno: a) Aprobar los Reales Decretos-Leyes y los Reales Decretos-Legislativos. b) Proponer al rey el nombramiento o separación de los Ministros. c) Interponer recurso de inconstitucionalidad. d) Resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los Ministerios.

Según el art. 78.2 LRJSP, la Comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica del Estado se encargará: a) De coordinar la actuación de la Administración central del Estado con los distintos Departamentos ministeriales. b) De coordinar la actuación de la Administración periférica del Estado con los distintos Departamentos ministeriales. c) De coordinar la actuación de la Administración periférica del Estado con los distintos Presidentes Autonómicos. d) Todas las respuestas son incorrectas.

El procedimiento de aprobación de los estatutos de las mancomunidades se determinará por: a) La legislación estatal. b) La legislación de las Comunidades Autónomas. c) La Junta de Gobierno. d) El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Para la defensa de los derechos de los vecinos ante la Administración municipal, el Pleno creará: a) Una Comisión especial de Sugerencias y Reclamaciones. b) El Consejo de Ciudades. c) Una Asesoría Jurídica. d) Un Reglamento Orgánico Municipal.

Los Directores generales serán nombrados y separados: a) Por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Departamento o del Ministerio de Hacienda. b) Por Diligencia de ordenación a propuesta del titular del Departamento o del Presidente del Gobierno. c) Por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Departamento o del Presidente del Gobierno. d) Todas las respuestas son incorrectas.

El Pleno de una Diputación Provincial celebrará sesión ordinaria como mínimo: a) Cada mes. b) Cada dos meses. c) Una vez al año. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

¿A quién le corresponde establecer el programa político del Gobierno?: a) Al Presidente del Gobierno. b) Al Consejo de Ministros. c) A la Comisión Delegada del Gobierno. d) Al Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

En virtud del artículo 143.2º CE: “la iniciativa del proceso Autonómico corresponde a…”: a) Todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular pertinente y a las tres cuartas partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. b) Todas las Diputaciones o al órgano municipal pertinente siempre que la población represente la mayoría del censo electoral en cada provincia o isla. c) Todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular pertinente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. d) Ninguna respuesta de las anteriores es correcta.

Los órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado ¿tienen la consideración de alto cargo?: a) Sí, todos ellos la tienen. b) Sí, excepto los Subdirectores Generales y asimilados. c) No tienen la consideración de alto cargo. d) No, excepto los Subdirectores Generales y asimilados.

Cuando el Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno: a) Conserva íntegramente todas las funciones que la Constitución y las leyes le atribuyen al Gobierno, sin limitación alguna. b) Continúan en vigor las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes Generales. c) Puede presentar Proyectos de Ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al de Senado. d) No puede aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.

El Presidente de la Diputación puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo: a) Convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno, decidir los empates con el voto de calidad, concertar operaciones de crédito, la jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio de funcionarios y el despido del personal laboral, y las enunciadas en los párrafos a), i) y j) del apartado 1 del artículo 34. b) La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materia de la competencia y la coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación integral y adecuada a que se refiere el apartado a) del número 2 del artículo 31. c) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y acordar su nombramiento y sanciones, incluida la separación del servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido del personal laboral. Esta atribución se entenderá sin perjuicio de lo previsto en el artículo 99.1 y 3 de esta Ley. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

¿Qué es el Municipio?. a) El Municipio es la entidad local accesoria de la organización territorial del Estado. b) El Municipio es la entidad local básica de la organización territorial del Estado, con personalidad de obrar. c) El Municipio es la entidad local básica de la organización territorial del Estado. Tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. d) Todas las respuestas son incorrectas.

Entre las funciones del Gobierno no figura la de: a) Dirigir la política interior y exterior. b) Dirigir la Administración civil y militar y la defensa del Estado. c) Ejerce la función ejecutiva y la potestad legislativa del Estado. d) Todas las anteriores funciones corresponden al Gobierno.

Los acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas necesitarán en todo caso la autorización de las Cortes Generales: a) Siempre, para todos los supuestos. b) Solamente para celebrar convenios entre ellas, para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas. c) Siempre que no se trate de prever supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios. d) Ninguna respuesta de las anteriores es correcta.

Los Gabinetes: a) Son órganos de apoyo político y técnico del Presidente del Gobierno, de los Vicepresidentes, de los Ministros y de los Secretarios de Estado. b) Los miembros de los Gabinetes realizan tareas de confianza y asesoramiento especial pudiendo adoptar actos o resoluciones que correspondan legalmente a los órganos de la Administración General del Estado o de las organizaciones adscritas a ella, en casos excepcionales. c) Asimismo, los directores de los gabinetes podrán dictar los actos administrativos propios o no de la jefatura de la unidad que dirigen. d) Todas las respuestas son correctas.

El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey. El decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones. La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura. No procederá nueva disolución: a) Antes de que transcurran seis meses desde la anterior. b) Antes de que transcurran dos años desde la anterior. c) Antes de que transcurra un año desde la anterior. d) Antes de que transcurran tres meses desde la anterior.

Formarán la Conferencia de ciudades: a) Las Comunidades Autónomas y los alcaldes de los municipios comprendidos en el ámbito de aplicación del título X de la LRBRL. b) Todos los órganos de Gobierno y de la Administración municipal. c) La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y los alcaldes de los municipios comprendidos en el ámbito de aplicación del título X de la LRBRL. d) Los miembros de la Junta de Gobierno Local y los alcaldes de los municipios comprendidos en el ámbito de aplicación del título X de la LRBRL.

Según establece el art. 69.1 LRJSP, en cada una de las Comunidades Autónomas: a) Existirán varias Delegaciones del Gobierno. b) Existirá una Delegación del Gobierno. c) Existirán tres Delegaciones del Gobierno. d) Todas las respuestas son incorrectas.

¿Quién controla la actividad económica y presupuestaria de los órganos de las Comunidades Autónomas según el artículo 153 CE?. a) El Ministerio de Hacienda a través de la Intervención General del Estado. b) El Consejo de Estado mediante informe motivado. c) La Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados. d) El Tribunal de Cuentas.

¿Qué institución ejerce el gobierno y la administración autónoma de las provincias según el artículo 141 CE?. a) Los Consejos Generales de Provincia. b) Las Delegaciones del Gobierno. c) Las Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo. d) Las Juntas de Comunidad.

¿Quién dirige la actuación de los Secretarios de Estado cuando están adscritos a la Presidencia del Gobierno?. a) El Vicepresidente del Gobierno. b) El titular del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. c) El Secretario General de la Presidencia. d) El Presidente del Gobierno.

Los órganos superiores de la Administración General del Estado directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un Sector de actividad específica o de un Departamento O de la Presidencia del Gobierno son: a) Los Secretarios de Estado. b) Los Ministros. c) Los Subsecretarios. d) Los Directores Generales.

Corresponde en todo caso al Presidente de la Diputación: a) La asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones. b) Las atribuciones que el Alcalde u otro órgano municipal le delegue o le atribuyan las leyes. c) Dirigir el gobierno y la administración de la provincia. d) Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales; alteración del término municipal; creación o supresión de municipios y de las entidades a que se refiere el artículo 45; creación de órganos desconcentrados; alteración de la capitalidad del municipio y el cambio de nombre de éste o de aquellas entidades y la adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo.

¿Qué pueden hacer las Cortes Generales mediante ley orgánica según el artículo 144 CE?. a) Aprobar la supresión de una comunidad autónoma por causas de interés nacional. b) Delegar en los Gobiernos autonómicos la competencia para aprobar sus propios Estatutos. c) Autorizar la incorporación de una comunidad autónoma a otra sin intervención del Senado. d) Autorizar la constitución de una comunidad autónoma de ámbito provincial que no cumpla los requisitos del artículo 143.1.

En los supuestos en que las responsabilidades civiles estén totalmente o parcialmente cubiertas por un seguro obligatorio de responsabilidad civil: a) La entidad responsable del seguro obligatorio será parte del proceso en todo caso. b) La entidad responsable del seguro obligatorio estará representada por el Consorcio de Compensación de seguros. c) La entidad responsable del seguro obligatorio no podrá, en tal concepto, ser parte del proceso, ni presentar ningún tipo de escrito en su defensa. d) La entidad responsable del seguro no podrá ser parte del proceso, sin perjuicio de su derecho de defensa en relación con la obligación de afianzar.

Contra el auto denegatorio de las diligencias solicitadas por el MF o las partes en el sumario, cabe: a) Recurso de queja. b) Recurso de apelación en un solo efecto. c) Recurso de apelación en ambos efectos. d) No cabe recurso.

Como normal general, si no hay autor conocido del delito, la Policia Judicial: a) Conservará el atestado a disposición del Fiscal Jefe, sin enviárselo. b) Conservará el atestado a disposición del MF, y de la autoridad judicial, sin enviárselo. c) Conservará el atestado a disposición de la autoridad judicial, y enviará una copia del mismo. d) Conservará el atestado a disposición del MF y de la autoridad judicial, y enviará una copia del mismo.

Contra los autos del artículo 748 LECRIM que acuerden la suspensión del juicio oral: a) Cabe recurso de reforma. b) No cabe recurso. c) Cabe recurso de apelación. d) Cabe recurso de queja.

Según el artículo 723 LECRIM, la sustanciación de los incidentes de recusación de los peritos tendrá lugar precisamente: a) En el tiempo que media desde la admisión de las pruebas propuestas por las partes hasta la apertura de las sesiones. b) Durante el acto de la vista, como cuestión previa. c) En el período que media desde el escrito de acusación hasta el dictado del auto de apertura de juicio oral. d) En cualquier momento, siempre que se realice antes de la celebración de la vista.

En los artículos de previo pronunciamiento, según el artículo 672 LECRIM: a) Se admitirá todos los medios de prueba previstos en la LECRIM. b) No se admitirá la prueba testifical. c) No se admitirá la prueba pericial. d) Se admitirá sólo la prueba documental.

Abierto el juicio oral, ¿qué plazo establece el artículo 649 LECRIM para que el MF y/o el acusador privado, en los casos que proceda, califique por escrito los hechos?. a) Tres días. b) Diez días. c) Siete días. d) Cinco días.

Según lo dispuesto en el artículo 324 LECRIM, la investigación judicial se desarrollará en un plazo máximo de: a) Doce meses desde la incoación de la causa. b) Seis meses desde la incoación de la causa prorrogable por otros seis meses. c) Dieciocho meses desde la incoación de la causa improrrogable. d) Tres meses desde la incoación prorrogables por períodos de tres meses.

Los jueces instructores formarán el sumario ante: a) El MF. b) El Presidente de la AN. c) Sus Secretarios, actualmente LAJ. d) El Juez Decano.

El procedimiento abreviado regulado en el Título II LECRIM se aplicará al enjuiciamiento de los delitos castigados con una pena privativa de libertad: a) No superior a nueve años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas no superior a nueve años. b) Superior a nueve años. c) Y con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas que no excedan de diez años. d) No superior a nueve años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualesquiera que sea su cuantía o duración.

El procedimiento abreviado en la LECRIM, se aplicará al enjuiciamiento: a) De los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración. b) De los delitos castigados con pena privativa de libertad superior a nueve años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración. c) De los delitos leves castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración. d) De los delitos leves castigados con pena privativa de libertad superior a nueve años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía.

El Juez concluirá la instrucción del sumario, según el artículo 324.4 LRECRIM, dictando: a) Auto. b) Providencia. c) Decreto. d) Sentencia.

Cuando en un juicio verbal se ejercite la pretensión de desahucio por falta de pago de las rentas, si el demandado no atendiere el requerimiento de pago o no compareciere para oponerse o allanarse: a) El juez dictará sentencia, con imposición de costas al demandado. b) El juez dictará auto dando por terminado el juicio, con imposición de costas al demandado. c) El LAJ dictará decreto dando por terminado el juicio, imponiendo las costas al demandado. d) El LAJ convocará a las partes a la celebración de la vista del juicio verbal.

De conformidad con el artículo 447 LEC, practicadas las pruebas en el juicio verbal, el tribunal podrá conceder a las partes un turno de palabra para formular oralmente conclusiones. A continuación: a) Se dará por terminada la vista y el Tribunal sentencia en el plazo de diez días. b) Se dará por terminada la vista y el Tribunal sentencia en el plazo de quince días. c) Se dará por terminada la vista y el Tribunal sentencia "in voce". d) Se dará por terminada la vista y el Tribunal sentencia en el plazo que considere oportuno por el volumen de asuntos que pendan en el Tribunal.

En el caso de juicio verbal de desahucio de finca urbana por falta de pago de la renta, si el demandado, transcurrido el plazo para ello, no atiende el requerimiento de pago o no comparece para oponerse o allanarse: a) Se declarará su rebeldía y se procederá sin más trámites a dictar sentencia estimatoria de la pretensión del demandante. b) El LAJ dictará decreto dando por teminado el juicio de desahucio y se procederá al lanzamiento en el día y hora fijados. c) El juicio continúa su tramitación normalmente sin volver a citar al demandado. d) La incomparecencia equivale en este caso a un allanamiento, dictándose sentencia con tal pronunciamiento.

¿Qué recurso cabe contra la inadmisión de prueba en la vista de un juicio verbal civil?. a) No cabe recurso alguno. b) Cabe recurso de reposición, que se sustanciará y resolverá en el acto. c) Cabe recurso de queja. d) Se formulará protesta, a efecto de hacerla valer, en su caso, en el recurso de apelación.

La sentencia dictada en el juicio verbal en el que se pretenda la recuperación de la plena posesión de una finca rústica o urbana, cedida en precario a que se refiere el artículo 250.1.2º LEC: a) No producirá efectos de cosa juzgada. b) Producirá efectos de cosa juzgada. c) Solo producirá efectos de cosa juzgada cuando se haya dictado sentencia de apelación confirmatoria de la dictada en Primera Instancia. d) Solo producirá efectos de cosa juzgada cuando haya comparecido el demandado al acto del juicio.

Terminada la vista del juicio verbal, el tribunal dictará sentencia: a) Dentro de los veinte días siguientes, o diez días, en los juicios de desahucio por falta de pago. b) Dentro de los diez días siguientes, o cinco días, en los juicios de desahucio por falta de pago. c) Dentro de los veinte días siguientes, o diez días, en los juicios de desahucio de finca urbana. d) Dentro de los diez días siguientes, o cinco días, en los juicios de desahucio de finca urbana.

En el juicio de desahucio por falta de pago, en el requerimiento que se efectúe al demandado por el LAJ, tras la admisión, y previamente a la vista que se señale, ¿cual de los siguientes enunciados es falso?. a) Se expresará que en caso de solicitar asistencia jurídica gratuita el demandado, deberá hacerlo en los cinco días siguientes a la práctica del requerimiento. b) Se le requerirá para que en el plazo de diez días pague al actor o, en caso de pretender la enervación, pague la totalidad de lo que deba o ponga a disposición de aquel en el tribunal o notarialmente el importe de las cantidades reclamadas en la demanda y el de las que adeude en el momento de dicho pago enervador del desahucio. c) Se le requerirá para que, en el plazo de diez días, desaloje el inmueble. d) El requerimiento expresará el día y la hora que se hubieran señalado para que tengan lugar la eventual vista en caso de oposición del demandado.

Las demandas que pretenda que el Tribunal resuelva, con carácter sumario, la suspensión de una obra nueva: a) Se decidirá en juicio ordinario, teniendo en cuenta la cuantía de la obra. b) Se decidirá en juicio verbal. El LAJ dirigirá inmediata orden de suspensión al dueño o encargado de la obra que deberá ofrecer caución para continuarle. c) Se decidirán en juicio ordinario. El Tribunal dirigirá inmediata orden de suspensión al dueño o encargado de la obra que podrá ofrecer caución para continuarla. El Tribunal únicamente podrá acordar que se lleve a cabo el reconocimiento judicial antes de la vista. d) Se decidirán en juicio verbal. El Tribunal podrá disponer que se lleve a cabo reconocimiento judicial. pericial o conjunto, antes de la vista.

Si en la demanda se solicitase el desahucio de finca urbana por falta de pago de las rentas o cantidades debidas al arrendador, o por expiración legal o contractual del plazo, el demandante podrá anunciar en ella que asume el compromiso de condonar el arrendatario todo o parte de la deuda y de las costas, con expresión de la cantidad concreta, condicionándolo al desalojo voluntario de la finca dentro del plazo que se indique por el arrendador: a) Que no podrá ser inferior al plazo de diez días desde que se notifique la demanda. b) Que no podrá ser inferior al plazo de quince días desde que se notifique la demanda. c) Que no podrá ser inferior al plazo de veinte días desde que se notifique la demanda. d) Que no podrá ser inferior al plazo de un mes desde que se notifique la demanda.

Que afirmación es correcta respecto al juicio verbal: a) En el juicio verbal no se admitirá en, ningún caso, la acumulación de acciones. b) En ningún caso se admitirá reconvención en los juicios verbales que, según la ley, deban finalizar por sentencia sin efectos de cosa juzgada. c) La vista del juicio verbal habrá de tener lugar dentro de veinte días desde la convocatoria. d) El Tribunal dictará sentencia dentro de los diez días siguientes, excepto en los juicios verbales en que se pida el desahucio por falta de pago, en que la sentencia se dictará en los cinco días siguientes.

En la citación a la vista del juicio verbal se indicará a las partes que deben indicar las personas que, por no poderlas presentar ellas mismas, han de ser citadas por el LAJ a la vista para que declaren en calidad de parte, testigos o peritos: a) En el plazo de los tres días siguientes a la recepción de la citación. b) En el plazo de los cinco días siguientes a la recepción de la citación. c) En el plazo de los diez días siguientes a la recepción de la citación. d) Con, al menos, diez días de antelación a la celebración de la vista.

Con respecto a las medidas de aseguramiento de prueba, ¿cual de estas afirmaciones es cierta?. a) La legitimación para solicitarlas corresponde exclusivamente al demandante. b) Se acuerdan por providencia. c) Solo pueden solicitarse una vez iniciado el proceso. d) El solicitante debe de prestar caución.

Cuando las medidas de aseguramiento de la prueba se hubiesen acordado antes del inicio del proceso, quedará sin efecto si el solicitante no presenta su demanda: a) En el plazo de cinco días siguientes a la fecha de la efectiva adopción de las medidas de aseguramiento acordadas. b) En el plazo de diez días siguientes a la fecha de la efectiva adopción de las medidas de aseguramiento acordadas. c) En el plazo de quince días siguientes a la fecha de la efectiva adopción de las medidas de aseguramiento acordadas. d) En el plazo de veinte días siguientes a la fecha de la efectiva adopción de las medidas de aseguramiento acordadas.

Propuesta la prueba anticipada conforme a lo dispuesto en el artículo 294 LEC, si se estimare fundada la petición, se accederá a ella: a) Por medio de auto disponiendo que las actuaciones se practiquen cuando se considere necesario, siempre con anterioridad celebración del juicio o vista, realizándose por el LAJ el oportuno señalamiento. b) Por medio de providencia disponiendo que las actuaciones se practiquen cuando se considere necesario, siempre con anterioridad a la celebración del juicio o vista, realizándose por el LAJ el oportuno señalamiento. c) Por medio de decreto realizándose por el LAJ el oportuno señalamiento. d) Por medio de diligencia de ordenación realizándose por el LAJ el oportuno señalamiento.

Según la LEC respecto de las medidas de aseguramiento de la prueba, señale la respuesta incorrecta: a) Se pretende evitar que por conductas humanas o acontecimientos naturales, se puedan destruir o alterar objetos materiales o estados de cosas. b) Podrán dirigirse mandatos de hacer o no hacer. c) Quedarán sin efecto si el solicitante no presenta su demanda en el plazo de dos meses desde la fecha de la efectiva adopción de las medidas acordadas. d) Se adoptarán previa audiencia de la persona que haya de soportarla.

Según el artículo 293 LEC la prueba anticipada se podrá solicitar cuando: a) Exista temor fundado de que, algún acto de prueba, por causas de las personas , no pueda realizarse en el momento procesal oportuno. b) Exista temor fundado de que, algún acto de prueba por causa de las personas o por el estado de las cosas, no pueda realizarse en el momento procesal oportuno. c) Exista temor fundado de que, algún acto de prueba, por el estado de las cosas, no pueda realizarse en el momento procesal oportuno. d) Ninguna de las anteriores es correcta.

Si un litigante denuncia la inexactitud de una copia entregada, el tribunal acordará: a) Declarar la nulidad de lo actuado si la inexactitud afectase a la defensa de la parte. b) La entrega inmediata de una nueva copia exacta al original y ampliar el plazo de alegaciones. c) Suspender el plazo de alegaciones hasta entregar nueva copia. d) Requerir a la parte para que presente el original y el Juzgado expedirá nueva copia.

En relación a la oposición de la persona requerida para la práctica de diligencias preliminares conforme a la LEC, ¿cual de las siguientes afirmaciones es incorrecta?. a) La persona requerida para la práctica de diligencias preliminares podrá oponerse a ellas de los cinco días siguientes a aquel en que reciba la citación. b) Las partes, en sus respectivos escritos de oposición y de impugnación de ésta podrán solicitar la celebración de vista. c) Si el tribunal considerare justificada la oposición, lo declarará así mediante auto, que podrá ser recurrido en reposición. d) Si el tribunal considerare injustificada la oposición, condenará al requerido al pago de las costas causadas por el incidente.

Respecto a las diligencias preliminares previstas en la LEC, indique la respuesta correcta: a) El LAJ las inadmitirá si no las considera justificadas. b) Se admitirán siempre por el Tribunal cuando vayan firmadas por abogado. c) El Tribunal tiene obligación de acordarlas pero exigiendo caución. d) El tribunal rechazará la petición si no las considera justificadas.

En el proceso civil, si la persona citada y requerida para la práctica de las diligencias preliminares consistentes en su declaración sobre hechos relativos a su capacidad, no atendiéndose el requerimiento ni formulare oposición, el tribunal acordará cuando resulte proporcionado: a) La entrada y registro en lugar determinado. b) El depósito o medida de garantía más adecuada a la conservación de la cosa. c) Que se tengan por ciertos, a los efectos del juicio posterior, las cuentas y datos que presente el solicitante. d) Que se tengan por respondidas afirmativamente las preguntas que el solicitante pretendiera formularle y los hechos correspondientes se considerarán admitidos a efectos del juicio posterior.

En el proceso civil, de conformidad con el artículo 256.3 LEC, los gastos que se ocasionen a las personas que hubieren de intervenir en las diligencias preliminares: a) Serán a cargo del solicitante de las diligencias preliminares quien, además, al solicitarlas ofrecerá caución para responder de tales gastos. b) Serán a cargo del demandado que deba soportar las diligencias preliminares. c) Serán a cargo de la ADJ. d) Serán a cargo de la parte que resulte condenada en costas tras la resolución de las diligencias preliminares.

En relación a las diligencias preliminares reguladas en los artículos 256 y siguientes LEC, señale la respuesta incorrecta: a) Contra el auto que acuerde las diligencias no se dará recurso alguno. b) Contra el auto que deniegue las diligencias cabrá recurso de reposición. c) El auto que acceda a la pretensión de las diligencias fijará la caución que deba prestarse. d) Si la caución no se prestare en tres días contados desde que se dicte el auto en que conceda las diligencias, se procederá al archivo definitivo de las actuaciones.

La regulación de las diligencias preliminares establece que: a) Pueden solicitarlas al juez que conoce del asunto principal tanto el demandante como el demandado. b) Deben solicitarse con la demanda. c) La persona requerida para la práctica de las diligencias preliminares no puede oponerse a ellas, si bien podrá formular protesta para hacerla valer en la segunda instancia. d) El solicitante ofrecerá caución para responder de los gastos como de los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona requerida.

Contra el auto que acuerde las diligencias preliminares en el proceso civil. ¿cabe algún recurso?. a) Recurso de reposición. b) Recurso de revisión. c) Recurso de apelación. d) No cabe recurso.

En el auto en el que se accede a la solicitud de diligencias, se citará a los interesados para que lleven a cabo la diligencia que ha sido solicitada y acordaa: a) Dentro de los 3 días siguientes. b) Dentro de los 5 días siguientes. c) Dentro de los 10 días siguientes. d) Dentro de los 15 días siguientes.

En el orden civil, contra el auto que deniegue las diligencias preliminares, cabe recurso de: a) Apelación. b) Reposición. c) Queja. d) No cabe recurso.

¿Qué recurso cabe contra el auto que acuerde las diligencias preliminares en el proceso civil?. a) Recurso de reposición. b) Recurso de apelación. c) No cabe recurso alguno. d) Recurso de queja.

¿Qué recurso cabe contra el auto que considere justificada la oposición a la práctica de las diligencias preliminares en el proceso civil?. a) Recurso de apelación. b) No cabe recurso. c) Recurso de reposición. d) Recurso de revisión.

Según el artículo 260 LEC ¿Que plazo tiene la persona requerida para oponerse a la práctica de las diligencias preliminares?. a) Dentro de los quince días siguientes a aquel en que reciba la citación. b) Dentro de los diez días siguientes a aquel en que reciba la citación. c) Dentro de los cinco días siguientes a aquel en que reciba la citación. d) No se puede oponer una vez requerido.

Según el art. 270.2 de la LEC, cuando un documento, medio o instrumento sobre hechos relativos al fondo del asunto, se presentase una vez precluidos los actos a que se refiere el apartado anterior, las demás partes podrán alegar en el juicio o en la vista la improcedencia de tomarlo en consideración, por no encontrarse en ninguno de los casos a que se refiere el apartado anterior. El tribunal resolverá en el acto y, si apreciare ánimo dilatorio o mala fe procesal en la presentación del documento, podrá, además: a) Imponer al responsable una multa de 120 a 1.200 euros. b) Imponer al responsable una multa de 180 a 12.000 euros. c) Imponer al responsable una multa de 280 a 1.200 euros. d) Imponer al responsable una multa de 180 a 1.200 euros.

Establece la Disposición Adicional Quinta de la LEC que, el Ministerio de Justicia, de acuerdo con la comunidad autónoma correspondiente con competencias en la materia, previo informe favorable del Consejo General del Poder Judicial, podrá crear: a) Oficinas de Señalamiento Instantáneo en aquellos partidos judiciales con separación entre Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Instrucción. b) Oficinas de Repercusión Inmediata en aquellos partidos judiciales con separación entre Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Instrucción. c) Oficinas de Señalamiento Inmediato en aquellos partidos judiciales con separación entre Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Instrucción. d) Todas las respuestas son incorrectas.

Según el art. 446 LEC, contra las resoluciones del tribunal sobre admisión o inadmisión de pruebas en el acto de la vista solo cabrá: a) Recurso de apelación, que se sustanciará y resolverá en el acto y, si se desestimare, la parte podrá formular protesta a efecto de hacer valer sus derechos, en su caso, en la segunda instancia. b) Recurso de revisión, que se sustanciará y resolverá en el acto y, si se desestimare, la parte podrá formular protesta a efecto de hacer valer sus derechos, en su caso, en la segunda instancia. c) Recurso de reposición, que se sustanciará y resolverá en el acto y, si se desestimare, la parte podrá formular protesta a efecto de hacer valer sus derechos, en su caso, en la segunda instancia. d) Todas las respuestas son incorrectas.

Contra los autos que resuelvan sobre la competencia territorial: a) No se dará recurso alguno. b) Sólo cabrá recurso de apelación. c) Sólo cabrá recurso de revisión. d) Sólo cabrá recurso de reposición.

¿En qué supuesto no se admitirá la reconvención en el juicio verbal según el artículo 438 LEC?. a) Cuando se trate de acciones personales sin garantía real. b) Cuando el juicio verbal deba finalizar por sentencia sin efectos de cosa juzgada. c) Cuando la cuantía del objeto de la reconvención sea inferior a la del procedimiento principal. d) Cuando el demandado no comparezca a la vista.

Según establece el art. 66, apartado segundo de la LEC, contra el auto por el que se rechace la falta de competencia internacional, de jurisdicción o de competencia objetiva: a) Sólo cabrá recurso de queja, sin perjuicio de alegar la falta de esos presupuestos procesales en la apelación contra la sentencia definitiva. b) Sólo cabrá recurso de revisión, sin perjuicio de alegar la falta de esos presupuestos procesales en la apelación contra la sentencia definitiva. c) Sólo cabrá recurso de apelación. d) Sólo cabrá recurso de reposición, sin perjuicio de alegar la falta de esos presupuestos procesales en la apelación contra la sentencia definitiva.

¿Cuál es uno de los fines de la audiencia prevista en el artículo 414 de la LEC?. a) Celebrar la vista oral con práctica de toda la prueba propuesta y admitida. b) Intentar que las partes alcancen un acuerdo o transacción que ponga fin al proceso. c) Determinar la fecha del juicio oral y dictar resolución sobre costas. d) Resolver mediante sentencia todas las cuestiones procesales y sustantivas del procedimiento.

Se decidirán en juicio verbal las demandas de cuantía inferior a: a) 15.000 euros. b) 3500 euros. c) 3700 euros. d) 10.000 euros.

En el juicio ordinario, una vez terminado el acto del juicio la sentencia se dictará: a) Dentro de los cinco días siguientes. b) Dentro de los diez días siguientes. c) Dentro de los veinte días siguientes. d) Dentro de los treinta días siguientes.

¿Cuándo se aplicarán las reglas legales atributivas de la competencia territorial según su carácter dispositivo?. a) Siempre que el demandante lo solicite en la demanda. b) Cuando no exista sumisión expresa o tácita de las partes a los tribunales de una determinada circunscripción. c) Únicamente cuando el tribunal lo considere oportuno por razones de economía procesal. d) Solo cuando ambas partes lo acuerden después de presentada la demanda.

¿Hasta cuándo puede ampliarse la demanda en juicio ordinario civil?: a) Hasta antes de la citación para la audiencia previa. b) Hasta antes de la contestación de la demanda. c) Hasta antes del emplazamiento del demandado. d) Hasta antes de la apertura del periodo probatorio.

¿Qué ocurre si un profesional de la justicia incumple la obligación de presentar los escritos por medios electrónicos y no subsana en el plazo concedido?. a) El escrito será admitido pero sin efectos procesales hasta su regularización. b) Se notificará el defecto a la parte contraria para que lo impugne. c) El juez dictará providencia concediendo un nuevo plazo adicional de cinco días. d) El escrito o documento se tendrá por no presentado a todos los efectos.

Establece el art. 271 de la LEC que no se admitirá a las partes ningún documento, instrumento, medio, informe o dictamen que se presente después de la vista o juicio: a) Sin perjuicio de lo previsto en la regla tercera del artículo 335, sobre diligencias finales en el juicio ordinario. b) Sin perjuicio de lo previsto en la regla tercera del artículo 435, sobre diligencias finales en el juicio ordinario. c) Sin perjuicio de lo previsto en la regla tercera del artículo 455, sobre diligencias finales en el juicio ordinario. d) Sin perjuicio de lo previsto en la regla tercera del artículo 405, sobre diligencias finales en el juicio ordinario.

¿Cuál es el plazo general para dictar sentencia tras la vista en el juicio verbal, salvo excepciones?. a) Diez días desde que se da por terminada la vista. b) Siete días desde la formulación oral de conclusiones por las partes. c) Quince días desde la finalización de la práctica de pruebas. d) Cinco días desde la finalización de la vista.

Según la LEC, es un procedimiento declarativo: a) El juicio ordinario. b) El proceso monitorio. c) El juicio cambiario. d) El procedimiento para división de la herencia.

En referencia al fuero general de las personas físicas que se regula en el art. 50 de la LEC, quienes no tuvieren domicilio ni residencia en España podrán ser demandados: a) En el lugar en que se encuentren dentro del territorio europeo. b) En el de su penúltima residencia en el territorio nacional. c) En el lugar del domicilio del actor. d) En el lugar del último trabajo.

En los juicios verbales en que no se actúe con abogado y procurador: a) El juicio se puede iniciar mediante demanda. b) El juicio se tiene que iniciar mediante demanda sucinta. c) El juicio se tiene que iniciar cumplimentando unos impresos normalizados que se hallarán a disposición del demandante en el órgano judicial correspondiente. d) El juicio se puede iniciar mediante demanda sucinta, donde se consignarán los datos y circunstancias de identificación del actor y del demandado y el domicilio o los domicilios en que pueden ser citados, y se fijará con claridad y precisión lo que se pida, concretando los hechos fundamentales en que se basa la petición.

Conforme el art. 272 de la LEC, cuando se presente un documento con posterioridad a los momentos procesales establecidos en esta Ley, según los distintos casos y circunstancias, el tribunal: a) Por medio de providencia, lo inadmitirá, de oficio o a instancia de parte, mandando devolverlo a quien lo hubiere presentado. b) Por medio de auto, lo inadmitirá, de oficio o a instancia de parte, mandando devolverlo a quien lo hubiere presentado. c) Por medio de sentencia, lo inadmitirá, de oficio, mandando devolverlo a quien lo hubiere presentado. d) Por medio de sentencia, lo inadmitirá, a instancia de parte, mandando devolverlo a quien lo hubiere presentado.

El compromiso de condonación de rentas y costas estará condicionado al desalojo voluntario de la finca: a) En el plazo inferior a 15 días desde que se le notifique la demanda. b) En plazo no inferior a 15 días desde que se notifica la demanda. c) En plazo inferior a un mes desde que se notifica la demanda. d) En plazo no inferior a un mes desde que se notifique la sentencia.

¿Qué debe consignar el demandante en la demanda si está obligado a comunicarse electrónicamente con la Administración de Justicia?. a) Sólo el domicilio físico del demandado y su número de teléfono. b) Un medio de contacto electrónico o postal, a elección del demandante. c) Una dirección de correo electrónico y, opcionalmente, un número de teléfono móvil. d) Un número de teléfono y una dirección de correo electrónico, de forma obligatoria.

¿Cuándo se entenderá efectuado el traslado de copias de escritos y documentos presentados telemáticamente cuando intervenga procurador?. a) Cuando el procurador destinatario confirme la recepción del escrito. b) En la fecha en que el Letrado de la Administración de Justicia dé traslado a las partes. c) En la fecha y hora que conste en el resguardo acreditativo de su presentación. d) En el momento en que el tribunal admita a trámite el escrito presentado.

De acuerdo con el art. 59 de la LEC, fuera de los casos en que la competencia territorial venga fijada por la ley en virtud de reglas imperativas, la falta de competencia territorial solamente podrá ser apreciada: a) Cuando el demandado de forma exclusiva propusieren en tiempo y forma la declinatoria. b) Cuando el demandado o quienes puedan ser parte legítima en el juicio propusieren en tiempo y forma la declinatoria. c) Cuando el demandado o quienes puedan ser parte ilegítima en el juicio propusieren en tiempo y forma la declinatoria. d) Todas las respuestas son incorrectas.

¿Qué deben hacer las partes si desean que determinadas personas comparezcan en la vista a declarar como testigos, peritos o partes?. a) Esperar a la fase de ejecución para proponer la declaración. b) Solicitarlo directamente al Ministerio Fiscal. c) Presentar la solicitud ante el juez en el acto de la vista. d) Indicarlo en el escrito de proposición de prueba facilitando todos los datos necesarios para su citación.

Establece el art. 390 de la LEC que, cuando las cuestiones supongan, por su naturaleza, un obstáculo a la continuación del juicio por sus trámites ordinarios: a) No se suspenderá el curso de las actuaciones. b) Se suspenderá el curso de las actuaciones hasta que aquéllas sean resueltas. c) Se suspenderá el curso de las actuaciones hasta que decida el Juez. d) A y b son correctas.

En el juicio ordinario, en la audiencia, el demandado no podrá impugnar: a) Cosa juzgada. b) Litispendencia. c) Falta de litisconsorcio. d) Falta de jurisdicción.

Los procedimientos declarativos se encuentran regulados: a) En el Libro V de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. b) En el Libro III de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. c) En el Libro I de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. d) En el Libro II de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

El art. 58 de la LEC regula que, cuando la competencia territorial viniere fijada por reglas imperativas, el Letrado de la Administración de Justicia: a) Examinará la competencia territorial inmediatamente después de presentada la demanda. b) Y, previa audiencia del demandante, si entiende que el Tribunal carece de competencia territorial para conocer del asunto. c) Dará cuenta al Juez para que resuelva lo que proceda mediante providencia remitiendo, en su caso, las actuaciones al Tribunal que considere territorialmente competente. d) Si fuesen de aplicación fueros electivos se estará a lo que manifieste el demandado, tras el requerimiento que se les dirigirá a tales efectos.

Descartado el acuerdo entre las partes, el tribunal resolverá, del modo previsto en los artículos siguientes, sobre cualesquiera circunstancias que puedan impedir la válida prosecución y término del proceso mediante sentencia sobre el fondo y, en especial, sobre las siguientes. a) Falta de capacidad de los litigantes o de representación en sus diversas clases. b) Cosa juzgada o litispendencia. c) Falta del debido litisconsorcio. d) Todas las respuestas son correctas.

¿Qué sucede cuando una parte no actúa representada por procurador y presenta un escrito o documento?. a) El escrito será trasladado a la otra parte únicamente si lo solicita expresamente el demandado. b) Debe firmar las copias, respondiendo de su exactitud, y el Letrado de la Administración de Justicia las entregará a la parte contraria. c) La oficina judicial no admite escritos sin procurador salvo en juicio verbal. d) Debe presentar tres copias compulsadas por notario para su traslado.

Conforme a la LEC, en el juicio ordinario si el demandado se opone a la acumulación de acciones: a) El Tribunal resolverá sobre la oposición en la sentencia. b) El tribunal resolverá sobre la expresada oposición en el acto del juicio. c) El tribunal resolverá sobre la oposición en la audiencia previa al juicio. d) El tribunal resolverá sobre la oposición dentro de los tres días siguientes a la formulación de la referida oposición.

¿Qué advertencia debe incluir la citación para la vista según el artículo 440 LEC?. a) Que el demandado será citado nuevamente si no comparece. b) Que las partes deberán aportar toda la prueba documental antes de la vista. c) Que el tribunal designará un abogado de oficio si alguna de las partes no comparece. d) Que la vista no se suspenderá por inasistencia del demandado y que, si no asiste quien haya sido llamado a interrogatorio, podrán considerarse admitidos los hechos.

Según el art. 66, apartado primero de la LEC, contra el auto absteniéndose de conocer por falta de competencia internacional, por pertenecer el asunto a tribunal de otro orden jurisdiccional, por haberse sometido el asunto a arbitraje o a mediación o por falta de competencia objetiva: a) Cabrá recurso de reposición. b) Cabrá recurso de revisión. c) Cabrá recurso de apelación. d) No cabrá recurso.

¿Qué sucede si ninguna de las partes comparece al juicio?. a) El tribunal archivará el procedimiento por incomparecencia de las partes. b) El tribunal declarará el pleito visto para sentencia sin más trámites. c) El tribunal suspenderá el juicio y señalará nueva fecha para su celebración. d) El tribunal dictará sentencia absolutoria para el demandado.

Según el art. 269 de la LEC, cuando con la demanda, la contestación o, en su caso, en la audiencia previa al juicio, no se presentara alguno de los documentos, medios, instrumentos, dictámenes e informes que, según los preceptos de esta Ley: a) Han de aportarse en esos momentos o no se designara el lugar en que el documento se encuentre, si no se dispusiese de él, no podrá ya la parte presentar el documento posteriormente, ni solicitar que se traiga a los autos. b) No es necesario aportarlos en esos momentos. c) Han de aportarse en esos momentos o no se designara el destino del documento. d) A y b son correctas.

El art. 7 de la LEC dice que por los concebidos y no nacidos comparecerán: a) Las personas que legítimamente los representarían si ya hubieren nacido. b) Los ascendentes directos en segundo grado si ya hubieren nacido. c) Las ascendentes directos en tercer grado si ya hubieren nacido. d) Nadie porque no tienen capacidad para ser parte.

Corresponde a los Juzgados de Primera Instancia el conocimiento, en primera instancia, de todos los asuntos civiles que por disposición legal expresa: a) No se hallen atribuidos a otros tribunales. b) Así como de los asuntos, actos, cuestiones y recursos que les atribuye la Ley Orgánica del Poder Judicial. c) A y b son correctas. d) A y b son incorrectas.

Podrán ser parte en los procesos ante los tribunales civiles, según el art. 6 de la LEC: a) Las personas físicas. b) El concebido no nacido, para todos los efectos que le sean favorables. c) Las personas jurídicas. d) Todas las respuestas son correctas.

De conformidad con el art. 265 de la LEC, a toda demanda o contestación habrán de acompañarse de: a) Los documentos en que las partes funden su derecho a la tutela judicial que pretenden. b) Los medios e instrumentos a que se refiere el apartado 2 del artículo 209, si en ellos se fundaran las pretensiones de tutela formuladas por las partes. c) Los apuntes sobre cualesquiera asientos registrales o sobre el contenido de libros registro, actuaciones o expedientes de clases específicas. d) Todas las respuestas son correctas.

En el juicio ordinario, cuando se admita la demanda se dará traslado de ella al demandado, para que conteste en el plazo de: a) Veinte días. b) Veinte días y uno más por cada treinta kilómetros de distancia. c) Nueve días. d) No se le da traslado para que conteste, sino para que se persone y verificado se le volverá a dar traslado para que conteste.

En el juicio ordinario, el plazo para que conteste el reconvenido es de: a) Veinte días. b) Quince días. c) Treinta días. d) Noventa días.

Conforme el art. 53 de la LEC, cuando hubiere varios demandados y pudiera corresponder la competencia territorial a los jueces de más de un lugar, la demanda podrá presentarse: a) Ante cualquiera de ellos, a elección del demandante. b) Ante cualquiera de ellos, a elección del demandado. c) Ante el Juzgado del domicilio del demandante con más interés en el litigio. d) A y b son correctas.

En el juicio ordinario, las conclusiones: a) Se formularán por escrito en el acto del juicio, después de practicada la prueba. b) Se formularán oralmente o por escrito en acto del juicio, una vez practicadas las pruebas. c) Se formularán por escrito, dentro de los diez siguientes a la finalización del juicio y antes de las diligencias finales. d) Se formularán oralmente en el juicio, una vez practicadas las pruebas.

Si en el juicio ordinario se alegase la inadecuación de procedimiento por razón de la cuantía y no hubiese acuerdo sobre el valor de la cosa litigiosa, si el juez acordare seguir los trámites del juicio verbal: a) Pondrá fin a la audiencia. b) Procederá a señalar fecha para la vista del juicio verbal salvo que la demanda apareciese interpuesta fuera del plazo de caducidad que, por razón de la materia, establezca la ley. c) En ningún caso declarará sobreseído el proceso. d) A y b son correctas.

Los documentos exigidos en casos especiales según el art. 266 de la LEC son: a) Los documentos que justifiquen cumplidamente el título en cuya virtud se piden alimentos, cuando éste sea el objeto de la demanda. b) Los documentos que constituyan un principio de prueba del título en que se funden las demandas de retracto y, cuando la consignación del precio se exija por ley o por contrato, el documento que acredite haber consignado, si fuere conocido, el precio de la cosa objeto de retracto o haberse constituido caución que garantice la consignación en cuanto el precio se conociere. c) Aquellos otros documentos que esta u otra ley exija expresamente para la admisión de la demanda. d) Todas las respuestas son correctas.

Según el art. 405.3 LEC, con relación al juicio ordinario, también habrá de aducir el demandado, en la contestación a la demanda, las excepciones procesales y demás alegaciones que pongan de relieve cuanto obste a la válida prosecución y término del proceso: a) Mediante diligencia de ordenación. b) Mediante auto sobre el fondo. c) Mediante sentencia sobre el fondo. d) Mediante providencia sobre el fondo.

Según establece el art. 392 de la LEC, las cuestiones incidentales se plantearán por escrito, al que se acompañarán: a) Los documentos pertinentes. b) Se propondrá la prueba que fuese necesaria. c) Se indicará si, a juicio de quien proponga la cuestión, ha de suspenderse o no el curso normal de las actuaciones hasta la resolución de aquélla. d) Todas las respuestas son correctas.

¿Cuándo se decidirán en juicio ordinario las demandas atendiendo a su cuantía?. a) Cuando la cuantía exceda de quince mil euros o su interés económico resulte imposible de calcular. b) Cuando la cuantía exceda de seis mil euros. c) Cuando la cuantía sea inferior a quince mil euros. d) Cuando la cuantía no supere los tres mil euros.

Como establece el art. 270 de la LEC, el tribunal después de la demanda y la contestación, o, cuando proceda, de la audiencia previa al juicio, sólo admitirá al actor o al demandado los documentos, medios e instrumentos relativos al fondo del asunto cuando se hallen en alguno de los casos siguientes: a) Ser de fecha posterior a la demanda o a la contestación o, en su caso, a la audiencia previa al juicio, siempre que no se hubiesen podido confeccionar ni obtener con anterioridad a dichos momentos procesales. b) Tratarse de documentos, medios o instrumentos anteriores a la demanda o contestación o, en su caso, a la audiencia previa al juicio, cuando la parte que los presente justifique no haber tenido antes conocimiento de su existencia. c) A y b son correctas. d) A y b son incorrectas.

¿Qué documento debe acompañar la demanda o la contestación cuando la ley exige una actividad negociadora previa como requisito de procedibilidad?. a) Una copia del poder general para pleitos otorgado ante notario. b) Una certificación del valor de la cosa litigiosa expedida por perito designado judicialmente. c) El documento que acredite haber intentado la actividad negociadora previa o una declaración responsable de su imposibilidad. d) El acta notarial de comparecencia de ambas partes.

De conformidad con el art. 51 de la LEC, salvo que la Ley disponga otra cosa, las personas jurídicas serán demandadas: a) En el lugar de su domicilio. b) En el lugar donde la situación o relación jurídica a que se refiera el litigio haya nacido o deba surtir efectos, siempre que en dicho lugar tengan establecimiento abierto al público o representante autorizado para actuar en nombre de la entidad. c) A y b son incorrectas. d) A y b son correctas.

El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres según la LO 3/2007, de 22 de marzo, supone: a) La ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo. b) La ausencia de toda diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo. c) Únicamente la ausencia de discriminación directa por razón de sexo. d) La ausencia de toda diferenciación, directa o indirecta.

Señale el criterio general de actuación correcto de los poderes públicos, según la LO 3/2007 para la igualdad de mujeres y hombres: a) La implantación de un lenguaje sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones culturales y artísticas. b) El establecimiento de medidas que aseguren la coordinación del trabajo y de la vida personal y familiar para las mujeres prioritariamente, así como el fomento de la corresponsabilidad en las labores domésticas y en atención a la familia. c) La adopción de las medidas innecesarias para la erradicación de la violencia de género, la violencia familiar y toda forma de acoso sexual y por razón de sexo. d) La integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas económica, laboral, social, cultural y artística, con el fin de evitar la segregación laboral y eliminar las diferencias retributivas, así como potenciar el crecimiento del empresariado femenino en todos los ámbitos que abarque el conjunto de políticas y el valor del trabajo de las mujeres, incluido el doméstico.

¿Cuál de los siguientes no será un criterio general de actuación de los poderes públicos en base a la Ley 3/2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres: a) El compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre mujeres y hombres. b) La colaboración y cooperación entre las distintas administraciones públicas en la aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades. c) La participación equilibrada de acceso de mujeres y hombres a las distintas administraciones públicas. d) El fomento de instrumentos de colaboración entre las distintas administraciones públicas y los agentes sociales.

Según establece el artículo 52 LO 3/2007, en relación a las personas titulares de órganos directivos de la ASGE: a) El Gobierno atenderá al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el nombramiento de las personas titulares de los órganos directivos de la ADGE y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. b) El Gobierno atenderá al principio de presencia paritaria de mujeres y hombres en el nombramiento de las personas titulares de los órganos directivos de la ADGE y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. c) El Gobierno atenderá al principio de presencia neutral de mujeres y hombres en el nombramiento de las personas titulares de los órganos directivos de la ADGE y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. d) El Gobierno atenderá al principio de presencia imparcial de mujeres y hombres en el nombramiento de las personas titulares de los órganos directivos de la ADGE y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella.

Según la LO 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de acuerdo con las leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, corresponderá probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad: a) A la persona demandada. b) A la persona demandante. c) Al órgano de la CCAA competente en materia de VDG, donde se presentó la denuncia. d) Al Juzgado de VDG donde se presentó la demanda.

El Gobierno aprobará, al inicio de cada legislatura, un Plan para la igualdad entre mujeres y hombres en la ADGE y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella y su cumplimiento será evaluado: a) Anualmente por el Consejo de Ministros. b) Trimestralmente por el Consejo de Ministros. c) Semestralmente por el Consejo de Ministros. d) Mensualmente por el Consejo de Ministros.

La LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en su estructura consta de: a) 8 títulos. b) 9 títulos. c) 10 títulos. d) 11 títulos.

Según la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en relación con la tutela judicial efectiva, establece que la capacidad y legitimación para intervenir en los procesos civiles, sociales y C-A que versen sobre la defensa de este derecho corresponden a: a) Únicamente a las personas físicas con interés legítimo. b) Únicamente a las personas jurídicas con interés legítimo. c) Únicamente a las personas que hayan sufrido acoso por razón de sexo. d) Todas aquellas personas físicas y jurídicas con interés legítimo, determinadas en las Leyes reguladoras de estos procesos.

Según la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en las actuaciones discriminatoria por razón de sexo, corresponderá probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad a: a) Los peritos designados por el órgano judicial. b) Los peritos designados de parte. c) La persona demandada. d) Cualesquiera de los anteriores designado a tal efecto por el órgano judicial.

Según la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en las actuaciones discriminatorias por razón de sexo, corresponderá probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad a: a) Los peritos designados por el órgano judicial. b) Los peritos designados de parte. c) La persona demandada. d) Cualquiera de los anteriores designado a tal efecto por el órgano judicial.

Según la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres, la corporación RTVE en el ejercicio de sus funciones de servicio público, no perseguirá en su programación uno de los siguientes objetivos: a) Reflejar adecuadamente la presencia de las mujeres en los diversos ámbitos de la vida social. b) Utilizar el lenguaje de forma no sexista. c) Adoptar, mediante la autorregulación, códigos de conducta tendentes a transmitir el contenido del principio de igualdad. d) Colaborar con las campañas no institucionales dirigidas a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres.

Según la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres, dentro del contenido de los planes de igualdad de las empresas no se contemplará: a) Proceso de selección y contratación. b) Clasificación profesional. c) Formación. d) Evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad.

Según la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en la suspensión del contrato de trabajo por paternidad en el supuesto de parto múltiple, además de los trece días ininterrumpidos tendrán derecho a: a) 1 día adicional por cada hijo a partir del segundo. b) 2 día adicional por cada hijo a partir del segundo. c) 3 día adicional por cada hijo a partir del segundo. d) 5 días adicionales independientemente del número de hijos.

Según la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, el Gobierno elabroará un informe periódico sobre el conjunto de sus actuaciones en relación con la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres, de este informe se dará cuenta a: a) La Comisión de Igualdad del Congreso. b) La Comisión de igualdad del Senado. c) A las Cortes Generales. d) Al Ministerio de Igualdad y al Consejo de Ministros.

La capacidad y legitimación para intervenir en los procesos civiles que versen sobre la defensa del derecho a la tutela judicial efectiva, según la Ley 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres corresponde: a) Únicamente a las personas físicas con interés legítimo determinadas en las Leyes reguladoras de estos procesos. b) A las personas físicas y jurídicas con interés legítimo determinadas en las Leyes reguladoras de estos procesos. c) Únicamente a las personas jurídicas con interés legítimo determinadas en las Leyes reguladoras de estos procesos. d) Cualquier persona.

El ámbito de aplicación de las diligencias establecidas en la Ley 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, es para: a) Toda persona física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español y sea únicamente de nacionalidad española. b) Toda persona física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español y sea únicamente de nacionalidad perteneciente a la UE. c) Toda persona física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español cualquiera que fuese su nacionalidad. d) Toda persona física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español y sea únicamente de nacionalidad europea.

Según la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la defensa del derecho de igualdad de trato entre mujres y hombres, cuando los afectados sean una pluralidad de personas indeterminada o de difícil determinación, la legitimación para demandar en juicio la defensa de estos intereses difusos corresponderá exclusivamente a: a) Los afectados. b) Los afectados y, con su autorización, a las asociaciones legalmente constituidas cuyo fin primordial sea la defensa de la igualdad de trato entre mujeres y hombres. c) Los organismos públicos con competencia en la materia, a los sindicatos más representativos y a las asociaciones de ámbito estatal cuyo fin primordial sea la igualdad entre mujeres y hombres. d) Los sindicatos y a las asociaciones de ámbito estatal cuyo fin primordial sea la igualdad entre mujeres y hombres.

Conforme al art. 14 de la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, indique cuál no es un criterio de actuación de los poderes públicos: a) La participación equilibrada de hombres y mujeres en las candidaturas electorales y en la toma de decisiones. b) La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas. c) El fomento de la efectividad del principio de igualdad entre hombres y mujeres en las relaciones en las empresas. d) La colaboración y cooperación entre las distintas administraciones públicas en la aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades.

Señale la afirmación incorrecta. El Plan de igualdad en la ADGE previsto en la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: a) Se aprobará por el Gobierno al inicio de cada legislatura. b) Establecerá los objetivos a alcanzar en materia de promoción de la igualdad de trato en el empleo público. c) Se negociará con la representación legal de los empleados públicos. d) Se evaluará semestralmente por la Agencia de Evaluación de las Políticas y Calidad de los Servicios.

Según la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, señale cual de las siguientes afirmaciones es incorrecta: a) Aun en casos de urgencia y siempre sin perjuicio de la prohibición de discriminación por razón de sexo, en la aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público deberá acompañarse de un informe de impacto de género. b) En principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la actuación de todos los poderes públicos. c) Los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística que se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros deberán incorporar un informe sobre su impacto por razón de sexo. d) La ADGE y las Administraciones CCAA cooperarán para integrar el derecho de igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de sus respectivas competencias y, en especial, en sus actuaciones de planificación.

¿cual de los siguientes no es un fin o principio rector de la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la VDG, según el art. 2?. a) Garantizar derechos económicos para las mujeres de VDG, con el fin de facilitar su integración social. b) Fortalecer el marco penal y procesal vigente para asegurar una protección integral, desde las instancias jurisdiccionales, a las víctimas VDG. c) Fomentar la especialización de los colectivos profesionales que intervienen en el proceso de información, atención y protección a las víctimas. d) Promover la colaboración de todas aquellas organizaciones y organismos internacionales especializados en la lucha contra la VDG.

La LO 1/2004, establece varios ámbitos de actuación para la sensibilización, prevención y detección de la VDG: a) Internet, educativo, sanitario y deporte escolar. b) Publicidad y medios de comunicación, sanitario y educativo. c) Sanitario, policial, educativo y medios de comunicación. d) Judicial, sanitario, publicitario, educativo y administrativo.

La Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la VDG, establece como principio rector, uno de los siguientes: a) La educación en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos, en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. b) La detección precoz de la violencia en el ámbito familiar, especialmente sobre la mujer y los hijos e hijas. c) La detección precoz de la violencia en el ámbito familiar, especialmente sobre la mujer y los hijos e hijas de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. d) Garantizar derechos económicos para las mujeres víctimas de VDG, con el fin de facilitar su integración social.

Según la LO 1/2004, la trabajadora víctima de género no tendrá derecho, en los términos establecidos en el ET: a) A la reducción o la reordenación de su tiempo de trabajo. b) A la movilidad geográfica. c) Al cambio de centro de trabajo. d) A una excedencia remunerada por un periodo no superior a un año.

Estará legitimada ante los órganos jurisdiccionales para intervenir en defensa de los derechos y de los interesados tutelados en la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la VDG, en colaboración con las administraciones competencias en la materia: a) El Observatorio contra la violencia doméstica y de género del CGPJ. b) La persona titular de la Delegación del Gobierno contra la VDG. c) La Ministra de igualdad. d) La Ministra de Justicia.

Las medidas restrictivas de derechos del artículo 88 de la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la VDG, deberán adoptarse mediante auto motivado: a) No siendo necesario la intervención del MF y debiendo respetar los principios de igualdad y tutela judicial efectiva. b) En todo caso, con intervención del MF y respecto de los principios de contradicción, audiencia y defensa. c) en todo caso, con la intervención del MF y respecto de los principios acusatorio, de legalidad y proporcionalidad. d) No siendo necesaria en determinados casos la intervención del MF y debiendo respetar los principios de contradicción y tutela judicial efectiva.

Según el artículo 6 LO 1/2004, de medidas de protección integral contra la VDG, en todos los procedimientos relacionados con la VDG: a) El juez competente solo de oficio deberá pronunciarse en todo caso sobre la pertinencia de las medidas cautelares y de aseguramiento determinando su plazo si se adoptaren. b)El juez competente de oficio o instancia de la víctima o de los hijos, deberá pronunciarse sobre la pertinencia de las medidas cautelares y de aseguramiento determinando su plazo si se adoptaren. c) El juez competente, de oficio o instancia de la víctima o de los hijos, los convivientes, los sometidos a guarda y custodia o MF, deberá pronunciar sobre la pertinencia de las medidas cautelares y de aseguramiento determinando su plazo si se adoptaren. d) El juez competente, de oficio o instancia de la víctima o de los hijos, los convivientes, los sometidos a guarda y custodia o MF o administración, deberá pronunciar sobre la pertinencia de las medidas cautelares y de aseguramiento determinando su plazo si se adoptaren.

El traslado o el cambio de centro de trabajo de una trabajadora víctima de VDG en distinta localidad para hacer efectiva su protección tendrán un duración máxima inicial de: a) Dos meses. b) Cuatro meses. c) Cinco meses. d) Seis meses.

De conformidad con la Ley 1/2004, las personas que convivan con la víctima de VDG ¿podrás instar una medida de protección ante el juez competente?. a) Si, en todos los procedimientos relacionados con la VDG. b) No, únicamente lo pueden instar los hijos de la víctima y el MF. c) No, únicamente lo pueden instar el MF y los servicios de atención a las víctimas. d) No, únicamente lo pueden instar el MF, los hijos de la víctima y los servicios de acogida de las víctimas.

Según la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, ¿en qué caso no se produce discriminación múltiple o intersectorial?. a) Cuando una persona o grupo en que se integra, debido a su relación con otra sobre la que concurra alguna de las causas previstas en el apartado primero del artículo 2 de esta ley, es objeto de un trato discriminatorio. b) Cuando una persona es discriminada de maneras simultánea o consecutiva por dos o más causas de las previstas en esta ley. c) Cuando concurren o interactúan diversas causas de las previstas en esta ley, generando una forma específica de discriminación. d) Cuando la motivación de la diferencia de trato, en los términos del apartado segundo del artículo 4, debe darse en relación con cada uno de los motivos de discriminación.

Según la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, se garantizará, a través de los medios necesarios que todas las personas víctimas de discriminación, especialmente aquellas con discapacidad, tengan acceso integral a la información. En cuanto a la lengua de signos será exclusivamente en lengua: a) Española y Catalana. b) Española y Vasca. c) Española y Gallega. d) Española.

La Estrategia estatal para la igualdad de trato y no discriminación de las personas Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales tendrá carácter: a) Anual. b) Semestral. c) Cuatrienal. d) Bianual.

La Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, determina que podrán solicitar la autorización judicial para la modificación de la mención registral del sexo en los términos del capítulo del título II de la Ley 15/2025, de Jurisdicción voluntaria: a) Las personas menores de dieciocho años y mayores de doce. b) Las personas menores de dieciséis años y mayores de doce. c) Las personas menores de quince años y mayores de once. d) Las personas menores de catorce años y mayores de doce.

¿Qué artículo de la CE recoge el principio de exclusividad del ejercicio de la función jurisdiccional?. a) Artículo 117, apartado tercero. b) Artículo 117, apartado cuarto. c) Artículo 117, apartado quinto. d) Artículo 117, apartado segundo.

El artículo 57 LOPJ dispone que en las causas por delitos atribuidos a la Fiscalia Europea contra las personas a las que se refieren los números 2º y 3º del apartado 1 del propio artículo, se designará de entre los miembros de la Sala, conforme a un turno preestablecido: a) Un instructor, que no formará parte de la misma para enjuiciarlas. b) Un Juez de garantías, que no formará parte de la misma para enjuiciarlas. c) Un Fiscal instructor adscrito a la Fiscalía Europea. d) Un Fiscal de garantías adscrito a la Fiscalía Europea.

De acuerdo con el artículo 67 LO 6/1985, del Poder Judicial, de los procesos sobre conflictos colectivos cuya resolución haya de surtir efecto en un ámbito territorial superior al de una CCAA conocerá en única instancia: a) La Sala de lo Social de la AN. b) La Sala de lo Social de la TS. c) La Sala de lo C-A de la AN. d) La Sala de lo C-A de la TS.

¿Qué órgano judicial es competente para conocer de la solicitud del Gobierno para la revocación de los acuerdos de explotación de redes, conforme al artículo 58 LO 6/1985, del Poder Judicial?. a) La Sala de lo C-A de la TS. b) La Sala de lo C-A de la AN. c) La Sala de lo Civil de la TS. d) El TC.

Según el artículo 72 LO 6/1985, del Poder Judicial, ¿qué Salas integran el TSJ?. a) De lo Penal, de lo C-A, de lo Social y de Apelación. b) De lo Civil y Penal, de lo C-A y de lo Social. c) De lo Civil, de lo Penal y de lo Social.

Según el artículo 105 LOPJ, señale la respuesta correcta: a) El Presidente del TS y del CGPJ es la primera autoridad judicial de la nación y ostenta la representación del PJ pero no del órgano de gobierno del mismo. b) El Presidente del TC es la primera autoridad judicial de la nación y ostenta la representación del PJ y del órgano de gobierno del mismo. c) El Presidente del TS y del CGPJ es la primera autoridad judicial de la nación y ostenta la representación del PJ y del órgano de gobierno del mismo. d) El Presidente del TC es la primera autoridad judicial de la nación y ostenta la representación del PJ pero no del órgano de gobierno del mismo.

El CGPJ tiene las siguientes atribuciones: a) Proponer el nombramiento en los términos previstos por la presente LO, del Fiscal General del Estado. b) Ser oído por el Gobierno antes del nombramiento del FGE. c) Ser oído por las CG antes del nombramiento del FGE. d) Ser oído por el Rey antes del nombramiento del FGE.

El CGPJ, determinará los órganos jurisdiccionales y otros servicios de la ADJ que han de permanecer en servicio de guardia, oídos, entre otros: a) El Ministerio de Presidencia y Justicia. b) Los Colegios de Abogados y Graduados Sociales de cada demarcación. c) La FGE. d) Los Colegios de Procuradores de cada demarcación.

El CGPJ tiene las siguientes atribuciones (señale la respuesta incorrecta): a) Ser oído por el Gobierno antes del nombramiento del FGE. b) Regular y convocar las oposiciones de ingreso en el Cuerpo de LAJ. c) Ejercer la alta inspección de los tribunales. d) Participar, en los términos legalmente previstos, en la selección de Jueces y Magistrados.

Señale la respuesta incorrecta respecto del CGPJ: a) Participa en la selección de Jueces y Magistrados. b) Emite informe sobre los anteproyectos de ley y disposiciones generales que versen sobre el estatuto orgánico del personal al servicios de la ADJ. c) Es oído por el Gobierno antes del nombramiento del FGE. d) Propone al Ministro de Justicia el nombramiento del Director de la Escuela Judicial.

El CGPJ tiene las siguientes atribuciones. Señale la incorrecta: a) Ejercer la alta inspección de tribunales. b) Ser oído por el Gobierno antes del nombramiento del FGE. c) Proponer, previa justificación de la necesidad, las medidas de refuerzo que sean precisas en concretos órganos judiciales. d) Regular la estructura y funcionamiento del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), así como nombrar a su director y a sus profesores.

Para la ordenación de los señalamientos de juicios por delitos leves se dictará los reglamentos oportunos por: a) El CGPJ coordinadamente con el MF. b) El CGPJ coordinadamente con el MJ. c) El CGPJ coordinadamente con el SGJ. d) El CGPJ coordinadamente con los órganos competentes de las CCAA.

¿Cuál de las siguientes respuestas no es correcta? El Presidente del TS y del CGPJ... a) Será nombrado por el Gobierno. b) Podrá ser reelegido. c) Es la primera autoridad judicial de la nación. d) Convoca las sesiones del Pleno del CGPJ.

El Presidente del TSJ, en el desempeño de su cargo: a) Tendrá la consideración de Magistrado de la AN. b) Tendrá la consideración de vocal de la CGPJ. c) Tendrá la consideración de Magistrado de la TS. d) Tendrá la consideración de Presidente de la TS.

Compete a la Comisión Permanente del CGPJ: a) El ejercicio de todas las atribuciones del CGPJ que no estén expresamente reservadas a la Presidencia, al Pleno, a la Comisión Disciplinaria, a la Comisión de Igualdad o a la Comisión de Asuntos Económicos. b) El ejercicio de las competencias que le puedan ser delegadas por el Gabinete Técnico. c) La resolución de los expedientes disciplinarios promovidos contra jueces y magistrados incoados por infracciones graves o muy graves. d) Únicamente preparar las sesiones del Pleno y velar por la inejecución de sus acuerdos.

El Secretario General del CGPJ será nombrado: a) Por el Rey. b) Por el Pleno del CGPJ. c) Por el Presidente del CGPJ. d) Por el Ministro de Justicia.

De acuerdo con el artículo 611 LO 6/1985, de 1 de julio, del PJ, no será órgano técnico del CGPJ: a) La Secretaría General. b) La Escuela Judicial. c) El Centro de Documentación Judicial. d) El Gabinete de la Presidencia.

Los actos de la Sala de Gobierno de los TSJ: a) Gozan de ejecutoriedad y por tanto no podrán ser recurridos. b) Serán recurribles en alzada ante la Sala de lo C-A del TSJ. c) Serán recurribles en vía C-A ante la AN. d) Serán recurribles en alzada ante el CGPJ.

El puesto de Secretario de Gobierno no se podrá ocupar: a) Más de ocho años. b) Más de cinco años. c) Más de cuatro años. d) Más de diez años.

Habrá un Secretario de Gobierno en: a) El TS, en la AN y en cada TSJ, así como en las ciudades de Ceuta y Melilla. b) El TS, en la AN y en cada TSJ y en las AP, así como en las ciudades de Ceuta y Melilla. c) En cada TSJ y en las AP, así como en las ciudades de Ceuta y Melilla. d) El TS, en la AN y en cada TSJ y en las AP.

En el nombramiento del Secretario de Gobierno del TS, se recabará informe: a) Del CGPJ. b) Del Pleno del CGPJ. c) De la Comisión Permanente del CGPJ. d) Del Consejo de Estado.

La distribución de asuntos entre los Juzgados de lo C-A de una misma población se aprobará: a) Por la Sala de Gobierno del TSJ, a propuesta de la Junta de Jueces de este orden jurisdiccional. b) Por acuerdo de la Junta de Jueces de este orden jurisdiccional. c) Por la Sala de Gobierno del TSJ previo informe del Juez Decano. d) Por acuerdo del Juez Decano.

Los jueces que asciendan a categoría de Magistrado mediante prueba selectiva con especialización en el orden C-A o social: a) No conservarán los derechos a concursar a plazas de otros órdenes jurisdiccionales. b) Conservarán los derechos a concursar a plazas de otros órdenes jurisdiccionales, de acuerdo con su antigüedad en el escalafón orden C-A o social. c) Conservarán los derechos a concursar a plazas de otros órdenes jurisdiccionales, de acuerdo con su antigüedad en el escalafón común. d) No conservarán los derechos a ser nombrados a plazas de libre designación.

De acuerdo con la LOPJ, los procedimientos de separación, traslado, jubilación por incapacidad permanente y rehabilitación de jueces y magistrados se formarán: a) Con audiencia del interesado e informe del MF y de la Sala de Gobierno respectiva. b) Con audiencia del interesado y del MJ e informe de la Sala de Gobierno respectiva. c) Con conocimiento del interesado e informe de la Sala de Gobierno respectiva. d) Con audiencia del interesado, del MF y de la Sala de Gobierno respectiva.

De acuerdo con la LOPJ, conocerá de las demandas de responsabilidad civil dirigidas contra magistrados de los TSJ por hechos realizados en el ejercicio de sus cargos: a) El TS. b) Las AP. c) Los TSJ. d) Los TSJ o las AP, según los casos.

De acuerdo con la LOPJ, la sede de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria la establecerá: a) El Ministro de Justicia. b) El Gobierno, previa audiencia de la CCAA afectada y del CGPJ. c) El Gobierno, a propuesta de la CCAA afectada y previo informe del CGPJ. d) El Consejo de Ministros, previo informe de la CCAA afectada y del CGPJ.

El cargo de juez o magistrado es incompatible con (señale la incorrecta): a) Con el ejercicio de la abogacía y la procuraduría. b) Con todo tipo de asesoramiento, sea o no retribuido. c) Con el ejercicio de toda actividad mercantil por sí, pero no por otro. d) Con los empleos de cualquier clase en otros Juzgados o Tribunales.

La AN está integrada por las siguientes salas: a) De lo civil, de lo penal, de lo C-A y de lo social. b) De apelación, de lo civil, de lo penal y de lo C-A. c) De lo civil, de lo penal, de lo C-A, de lo social y de lo militar. d) De apelación, de lo penal, de lo C-A y de lo social.

No constituye una función del MF: a) Ejercer cuantas funciones le atribuya la ley en defensa de la independencia de los jueces y tribunales. b) Interponer las cuestiones de constitucionalidad en los términos establecidos en la LO del TC. c) Velar por el respeto de las instituciones constitucionales y de los derechos fundamentales y libertades públicas con cuantas acciones exija su defensa. d) Tomar parte, de la legalidad y del interés público o social, en los procesos relativos al estado civil.

Dispone el artículo octavo del Estatuto Orgánico del MF que: a) El CGPJ podrá interesar del FGE que promueva ante los Tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público. b) Los Jueces y Magistrados podrán interesar del FGE que promueva ante los Tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público. c) El Gobierno podrá interesar del FGE que promueva ante los Tribunales las acciones pertinentes en orden a la defensa del interés público. d) Las CG podrán interesar del FGE que promueva ante los Tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público.

Respecto a la intervención en los procesos civiles del MF, señale la respuesta incorrecta: a) En ningún caso se impondrán las costas al MF en los procesos en que intervenga como parte. b) Los actos de comunicación al MF se tendrán por realizados el día de la fecha de recepción que conste en la diligencia. c) El MF asumirá la representación y defensa de las personas menores de edad no emancipadas cuando no hubiere persona que legalmente las represente o asista para comparecer en juicio, hasta que se produzca el nombramiento del defensor judicial. d) El MF podrá ser parte en los procesos ante los tribunales civiles respecto de los procesos en que, conforme a la ley, haya de intervenir como parte.

Los Fiscales se Sala del TS se hallan equiparados a: a) Presidentes de Sala del TS. b) Presidente de la AN. c) Magistrados de los TSJ. d) Magistrados TS.

La Fiscalía antidroga de la AN tiene las siguientes funciones (señale la respuesta incorrecta): a) Colaborar con la autoridad judicial en el control de tratamiento de los drogodependientes a quienes se haya aplicado la remisión condicional, recibiendo los datos precisos de los centros acreditados que participen en dicho tratamiento. b) Coordinar las actuaciones de las distintas fiscalías en orden a la prevención del tráfico ilegal de drogas y el blanqueo de capitales relacionado con dicho tráfico. Las fiscalías de los Tribunales Militares colaborarán con la fiscalía antidroga en relación con los hechos cometidos en centros, establecimientos y unidades militares. c) Intervenir directamente en todos los procedimientos relativos al tráfico de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, o blanqueo de capitales relacionado con dicho tráfico, que sean competencia de la AN y de los Juzgados Centrales de Instrucción conforme a los artículos 65 y 88 LOPJ. d) Investigar, en los términos del artículo quinto del Estatuto Orgánico del MF, los hechos que presenten indicios de ser constitutivos de alguno de los delitos contra el Patrimonio.

¿Cuál es el plazo máximo por el que serán designados el Teniente Fiscal Inspector y los Fiscales de la Inspección Fiscal?. a) 4 años. b) 5 años. c) 10 años. d) 12 años.

¿Quién nombra a los Jueces según la LO 6/1985, del PJ?. a) El Rey. b) El CGPJ. c) El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. d) El TSJ que corresponda.

Según la LO 6/1985, del PJ, ¿cómo serán nombrados los Magistrados?. a) Por el Rey, a propuesta del CGPJ. b) Por RD, a propuesta del CGPJ, refrendado por el MJ. c) Por el Presidente TS, a propuesta del MJ. d) Por resolución del CGPJ, a propuesta del TS.

Es atribución del MF: a) Mantener la integridad de la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales, promoviendo los conflictos de jurisdicción. b) Recibir quejas de los ciudadanos en materias relacionadas con la ADJ. c) Regular la estructura y funcionamiento del Centro de Documentación Judicial. d) Velar por el respeto de las instituciones judiciales y de los derechos y libertades derivadas.

De acuerdo con la LOPJ, antes del nombramiento del FGE, el CGPJ debe: a) Ser oído por el Gobierno. b) Ser informado por el Gobierno. c) Emitir informe. d) Autorizar el nombramiento.

¿Cómo podrán practicarse en España las notificaciones y traslados de documentos judiciales procedentes de una autoridad extranjera?. a) Exclusivamente a través de la autoridad central española, sin posibilidad de otras vías. b) A través de las vías previstas para su transmisión o mediante comunicación directa al destinatario por correo postal certificado o medio equivalente con garantía de recepción. c) Únicamente por vía diplomática a través del Ministerio de Asuntos Exteriores. d) Solo mediante exhorto judicial tramitado ante el Tribunal Supremo.

¿Qué efecto produce la falta de comparecencia del demandado cuando la demanda ha sido remitida a otro Estado para su notificación?. a) Se archivará el procedimiento por imposibilidad de notificación internacional. b) Se continuará el procedimiento en rebeldía sin necesidad de acreditar la notificación. c) Se suspenderá el procedimiento hasta que se acredite que el documento ha sido regularmente notificado, sin perjuicio de poder adoptar medidas provisionales y cautelares. d) Se declarará automáticamente la nulidad de actuaciones.

¿Cuál es el límite en el uso de los datos personales transmitidos en una solicitud de cooperación jurídica internacional?. a) Solo pueden utilizarse para fines directamente relacionados con la solicitud, salvo autorización expresa de la autoridad requirente. b) Pueden utilizarse para cualquier procedimiento judicial abierto en el Estado requerido. c) Podrán tratarse para fines estadísticos sin necesidad de autorización. d) Podrán cederse a otras autoridades si existe interés público apreciado por el Estado requerido.

¿Según el artículo 177 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cómo se cursarán los despachos para la práctica de actuaciones judiciales en el extranjero?. a) Exclusivamente conforme a los Tratados internacionales en que España sea parte, sin aplicación de normas internas. b) Conforme únicamente a la legislación interna española, con independencia de la existencia de normas comunitarias o Tratados. c) Conforme a las normas comunitarias aplicables, a los Tratados internacionales en que España sea parte y, en su defecto, a la legislación interna aplicable. d) Según las normas comunitarias aplicables y, en todo caso, con carácter preferente a cualquier Tratado internacional.

¿Qué es la orden europea de detención y entrega?. a) Una solicitud administrativa emitida por un Estado miembro para la localización de una persona en territorio de la Unión Europea. b) Una resolución judicial dictada en un Estado miembro de la Unión Europea para la detención y entrega por otro Estado miembro de una persona reclamada para acciones penales o para la ejecución de una pena o medida privativa de libertad. c) Una resolución judicial dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para ejecutar sentencias penales. d) Un mecanismo diplomático entre Estados miembros para el traslado voluntario de personas condenadas.

¿En qué lengua deben acompañarse los documentos objeto de notificación o traslado al extranjero?. a) Exclusivamente en castellano, salvo que exista tratado internacional en contrario. b) A la lengua oficial del Estado de destino o a una lengua que el destinatario entienda, sin perjuicio de lo que exija la ley del Estado de destino. c) En cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea. d) Únicamente en inglés o francés por ser lenguas de uso habitual en la cooperación internacional.

¿Están habilitadas las autoridades españolas para desplazarse a un Estado extranjero con el fin de practicar diligencias procesales?. a) No, salvo que exista tratado internacional que lo autorice expresamente. b) Sí, con carácter general, para llevar a cabo o intervenir en diligencias procesales que deban practicar en dicho Estado, ajustándose a la legislación específica. c) Sí, pero únicamente cuando actúen como autoridad central en materia de cooperación jurídica. d) No, en ningún caso pueden desplazarse para intervenir en diligencias procesales en el extranjero.

¿Puede el Gobierno denegar la cooperación jurídica internacional por falta de reciprocidad?. a) Sí, siempre que el Estado extranjero no garantice expresamente el principio de reciprocidad en cada solicitud. b) No, porque la ley exige reciprocidad obligatoria en todos los supuestos. c) No, en ningún caso puede limitarse la cooperación una vez solicitada por autoridad extranjera. d) Sí, mediante real decreto podrá establecer que no se coopere con un Estado extranjero cuando exista denegación reiterada de cooperación o prohibición legal por parte de sus autoridades.

¿Quién debe asumir, con carácter general, los gastos relativos al trámite y ejecución de las solicitudes de cooperación jurídica internacional?. a) Siempre la autoridad central española, con independencia de quién promueva la solicitud. b) La autoridad requirente o, en su caso, la parte a cuya instancia se realicen. c) El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. d) El Estado requerido, salvo que exista tratado en contrario.

¿Conforme al Reglamento 1/2018, cómo deben los jueces y tribunales españoles dar cumplimiento a las solicitudes de auxilio judicial provenientes de otros Estados?. a) Exclusivamente conforme a lo dispuesto en el Reglamento 1/2018, con carácter preferente sobre cualquier otra norma. b) En la forma prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en las leyes especiales y en el propio Reglamento, así como en los Tratados y Convenios Internacionales y en las normas de la Unión Europea aplicables. c) Únicamente conforme a los Tratados Internacionales ratificados por España. d) Según lo que determine en cada caso el Consejo General del Poder Judicial.

¿Cuáles son las divisiones que integran la Red Judicial Española de Cooperación Judicial Internacional?. a) Una división única que agrupa a todos los órdenes jurisdiccionales. b) REJUE-CIVIL y REJUE-PENAL, ambas integradas exclusivamente por magistrados del Tribunal Supremo. c) REJUE-CIVIL, integrada por jueces y magistrados de los órdenes civil o social, y REJUE-PENAL, integrada por jueces y magistrados de los órdenes penal o contencioso-administrativo. d) Una división civil y otra contencioso-administrativa, excluyéndose el orden penal.

¿De conformidad con el artículo 276 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cómo se tramitarán las peticiones de cooperación internacional?. a) De acuerdo con lo previsto en los tratados internacionales, las normas de la Unión Europea y las leyes españolas que resulten de aplicación. b) Conforme exclusivamente a lo dispuesto en las leyes procesales españolas. c) Según lo establecido únicamente en los tratados internacionales ratificados por España. d) De acuerdo con lo previsto en las normas de la Unión Europea, con preferencia absoluta sobre cualquier otra norma interna.

¿Qué debe hacerse si la competencia para ejecutar la solicitud corresponde a un órgano jurisdiccional de otro partido judicial?. a) Se archivará la solicitud y se comunicará al Estado requirente la falta de competencia. b) Se remitirá directamente al Consejo General del Poder Judicial para su redistribución. c) Tras su registro, se remitirá al partido judicial competente, quedando copia, y se hará constar en el acuse de recibo, si es posible, el partido judicial al que se ha remitido. d) Se devolverá a la autoridad requirente para que la dirija al partido judicial competente.

¿Cuántas divisiones integran, a efectos operativos, la Red de Especialistas en Derecho de la Unión Europea?. a) Seis divisiones: Derecho Civil, Derecho Mercantil, Derecho Penal, Derecho Administrativo, Derecho Social y Aspectos generales del Derecho de la Unión Europea. b) Cinco divisiones: Civil, Penal, Administrativo, Social y Mercantil. c) Cuatro divisiones correspondientes a los cuatro órdenes jurisdiccionales principales. d) Siete divisiones, incluyendo una específica para Derecho Internacional Públic.

¿Según el artículo 278 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuándo podrá denegarse la prestación de cooperación internacional por los Juzgados y Tribunales españoles?. a) Cuando la autoridad requirente no pertenezca a un Estado miembro de la Unión Europea. b) Cuando el objeto o finalidad de la cooperación solicitada sea manifiestamente contrario al orden público. c) Cuando la solicitud implique actuaciones que generen gasto para la Administración española. d) Cuando el procedimiento extranjero tenga naturaleza civil o mercantil.

¿De conformidad con el artículo 2 de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil, cuál es el carácter de aplicación de la propia ley?. a) Subsidiario respecto de las normas de la Unión Europea, los tratados internacionales y las normas especiales del Derecho interno. b) Preferente sobre las normas de la Unión Europea y los tratados internacionales. c) Aplicable únicamente cuando así lo acuerden expresamente las partes del procedimiento. d) De aplicación exclusiva en defecto de cualquier norma autonómica sobre cooperación judicial.

¿Quién puede recabar información sobre el estado de ejecución de una petición de asistencia judicial internacional remitida a un órgano jurisdiccional español?. a) El Servicio de Relaciones Internacionales del Consejo General del Poder Judicial, a instancias de un punto de contacto, órgano judicial extranjero u otra autoridad competente. b) El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en todo caso. c) La Fiscalía General del Estado de oficio. d) El Consejo de Ministros mediante acuerdo motivado.

¿Quién presta asistencia a los órganos jurisdiccionales españoles para la correcta remisión y ejecución de las peticiones de cooperación jurisdiccional?. a) El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. b) La Fiscalía General del Estado mediante la Red Judicial Española. c) El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. d) El Consejo General del Poder Judicial, a través de su Servicio de Relaciones Internacionales.

¿Conforme al Reglamento 1/2018, qué autorización es necesaria para el desplazamiento de jueces y magistrados a otro Estado para realizar actuaciones procesales?. a) La autorización de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. b) La autorización del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. c) La autorización del Presidente del Tribunal Supremo. d) La autorización de la autoridad central del Estado requerido.

¿Cuál es el alcance de los actos de cooperación jurídica internacional realizados por autoridades españolas?. a) No prejuzgan la determinación de la competencia judicial internacional ni el reconocimiento y ejecución en España de resoluciones judiciales extranjeras. b) Determinan automáticamente la competencia judicial internacional de los tribunales españoles. c) Implican el reconocimiento inmediato en España de las resoluciones judiciales extranjeras relacionadas. d) Suponen la ejecución provisional en España de las resoluciones extranjeras afectadas.

¿Cómo desarrollarán sus cometidos los miembros de la carrera judicial que formen parte de las redes en materia internacional del Consejo General del Poder Judicial?. a) Bajo la dirección exclusiva del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. b) De manera coordinada con el Servicio de Relaciones Internacionales del Consejo General del Poder Judicial. c) De forma independiente sin necesidad de coordinación con ningún órgano. d) Bajo la supervisión directa del Tribunal Supremo.

¿Qué deben reflejar los órganos jurisdiccionales en la estadística trimestral del Consejo General del Poder Judicial?. a) Únicamente las solicitudes de auxilio judicial internacional recibidas de otros Estados. b) Exclusivamente los desplazamientos autorizados de jueces y magistrados al extranjero. c) Las solicitudes de auxilio judicial internacional y los certificados o formularios de reconocimiento mutuo remitidos a otros Estados, así como los recibidos de Estados extranjeros. d) Solo las solicitudes tramitadas a través de la autoridad central española.

¿Según el artículo 1 de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil, qué regula dicha ley?. a) Exclusivamente la cooperación judicial penal entre órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de la Unión Europea. b) La cooperación jurídica internacional entre las autoridades españolas y extranjeras. c) La cooperación administrativa entre organismos públicos españoles y entidades privadas extranjeras. d) Únicamente la ejecución en España de resoluciones dictadas por tribunales extranjeros.

¿Cuál es la duración del mandato de los miembros de la Red Judicial Española de Cooperación Judicial Internacional y de la Red de Especialistas en Derecho de la Unión Europea?. a) Cuatro años, no renovables, mediante designación directa del Consejo General del Poder Judicial. b) Seis años, renovables por una sola vez, por acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial. c) Cinco años, renovables por períodos sucesivos de cinco años, siendo seleccionados por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial mediante procedimiento fundado en publicidad, igualdad, mérito y capacidad. d) Tres años, prorrogables automáticamente salvo renuncia expresa.

¿Qué puede solicitarse una vez realizada una diligencia de notificación o traslado en el marco de la cooperación jurídica internacional?. a) La remisión automática del expediente completo al Estado requirente. b) La validación previa de la diligencia por la autoridad central española. c) La emisión por el Estado requerido de un certificado relativo al cumplimiento de los trámites y la forma en que se ha llevado a cabo la diligencia. d) La homologación judicial del acto practicado por el Tribunal Supremo.

¿A quién puede recabar asistencia el órgano jurisdiccional que deba cursar una petición de auxilio judicial internacional para recibir asesoramiento técnico?. a) Exclusivamente al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. b) Al Servicio de Relaciones Internacionales del Consejo General del Poder Judicial, a los puntos de contacto de las redes judiciales para la cooperación internacional o a Eurojust. c) Únicamente a la Fiscalía General del Estado. d) Al Tribunal Supremo como órgano superior en todos los órdenes.

¿Cuáles son las redes judiciales directamente dependientes del Consejo General del Poder Judicial cuya actividad incide en el ámbito internacional?. a) La Red Judicial Europea en materia civil y mercantil y Eurojust. b) La Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed) y la Red Judicial Europea en materia penal. c) La Red Internacional de Jueces de la Conferencia de La Haya y la Red de Expertos Nacionales en Equipos Conjuntos de Investigación. d) La Red Judicial Española de Cooperación Judicial Internacional y la Red de Especialistas en Derecho de la Unión Europea.

¿Cómo se ejecutarán las solicitudes de cooperación jurídica internacional en España?. a) Conforme exclusivamente a las normas procesales del Estado requirente. b) Sin dilación y conforme a las normas procesales españolas. c) Aplicando prioritariamente las formalidades solicitadas por la autoridad extranjera, aunque contradigan la legislación española. d) Únicamente conforme a lo previsto en los tratados internacionales, sin aplicación del Derecho procesal interno.

¿Qué se entiende por comunicaciones judiciales directas?. a) Las que se realizan exclusivamente a través del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes como autoridad central. b) Aquellas que tienen lugar entre órganos jurisdiccionales nacionales y extranjeros sin intermediación alguna. c) Las que se producen únicamente mediante exhorto internacional. d) Las que se llevan a cabo entre órganos jurisdiccionales de Estados miembros de la Unión Europea.

¿Qué debe hacerse una vez practicada la prueba solicitada por una autoridad extranjera?. a) Remitir al requirente los documentos que acrediten el cumplimiento de la comisión rogatoria. b) Archivar las actuaciones sin comunicación posterior al Estado requirente. c) Elevar informe al Ministerio Fiscal antes de remitir la documentación. d) Solicitar autorización previa de la autoridad central para enviar los documentos.

¿En qué supuesto deberá llevarse a cabo también el reparto urgente de una solicitud de cooperación judicial internacional?. a) Únicamente cuando lo acuerde el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. b) Solo cuando la solicitud proceda de un Estado miembro de la Unión Europea. c) Exclusivamente cuando lo autorice el Presidente del Tribunal Supremo. d) Cuando lo soliciten los miembros nacionales de Eurojust en ejercicio de sus funciones o cuando la urgencia se deduzca de la propia naturaleza de la solicitud.

¿A qué actos se aplica el título al que pertenece el artículo 5 de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional?. a) Exclusivamente a las comisiones rogatorias en materia penal entre Estados miembros de la Unión Europea. b) A los actos de cooperación jurídica internacional, en particular a los actos de comunicación y traslado de documentos judiciales y extrajudiciales, así como a las comisiones rogatorias relativas a la obtención y práctica de pruebas. c) Únicamente a los actos de notificación de resoluciones judiciales firmes en materia civil. d) A cualquier tipo de cooperación administrativa internacional, con independencia de su naturaleza judicial.

¿Cuál de los siguientes supuestos constituye causa preceptiva de denegación de la ejecución de una orden europea de detención y entrega?. a) Que la persona reclamada haya sido indultada en España por los mismos hechos en que se funda la orden y éstos fueran perseguibles por la jurisdicción española. b) Que la persona reclamada sea nacional de un Estado miembro distinto del Estado emisor. c) Que la pena impuesta en el Estado emisor sea inferior a dos años de privación de libertad. d) Que la orden europea de detención y entrega no haya sido traducida al castellano en el momento de su recepción.

¿En qué condiciones podrán ejecutarse en el extranjero diligencias de un procedimiento tramitado ante autoridad judicial española por funcionario diplomático o consular español?. a) Siempre que exista tratado bilateral con el Estado receptor, aunque impliquen coacción. b) Cuando no impliquen coacción, la ley española no exija inexcusablemente la presencia de autoridad judicial, se realicen en la demarcación consular y no se oponga la legislación del Estado receptor. c) Únicamente cuando lo autorice expresamente el Ministerio de Justicia, con independencia del lugar de ejecución. d) Cuando la diligencia tenga carácter urgente y sea solicitada por la autoridad extranjera.

Si la solicitud de obtención de prueba consiste en tomar declaración a una persona, ¿qué extremos deberán detallarse?. a) Únicamente el nombre de la persona y el órgano jurisdiccional que solicita la diligencia. b) El nombre y dirección de la persona, las preguntas o hechos sobre los que verse la declaración, en su caso la existencia del derecho a no declarar, la solicitud de juramento o promesa y cualquier otra información necesaria. c) Exclusivamente las preguntas a formular, sin necesidad de identificar derechos procesales. d) Solo la indicación del procedimiento judicial del que trae causa la solicitud.

¿Qué información adicional deben contener las solicitudes de cooperación internacional en materia de obtención de pruebas?. a) Únicamente la identificación del órgano jurisdiccional requirente y del procedimiento principal. b) La descripción de las diligencias solicitadas, la indicación sobre el procedimiento aplicable del Estado requirente, el uso de medios tecnológicos y la posible asistencia de partes o funcionarios. c) Exclusivamente la relación de documentos cuya aportación se solicita. d) Solo la indicación del plazo en que debe practicarse la prueba.

¿Qué debe incluir necesariamente una solicitud de cooperación jurídica internacional en materia civil?. a) Únicamente la identificación de la autoridad requirente y una breve referencia al objeto del procedimiento. b) La identificación de la autoridad requirente y, si se conoce, de la autoridad requerida, los datos de las partes, la descripción detallada de la diligencia solicitada y los documentos debidamente traducidos, entre otros extremos. c) Exclusivamente la resolución judicial que motive la solicitud, sin necesidad de identificar a las partes. d) Solo la descripción de la diligencia solicitada, sin necesidad de aportar documentos traducidos o legalizados.

¿Por qué vías pueden transmitirse las solicitudes de cooperación jurídica internacional en materia civil?. a) Exclusivamente a través de la autoridad central española, cualquiera que sea la materia. b) Únicamente por la vía diplomática, salvo que exista tratado bilateral en contrario. c) Solo directamente entre órganos jurisdiccionales, sin posibilidad de intermediación. d) Por la vía consular o diplomática, a través de las autoridades centrales, directamente entre órganos jurisdiccionales o por conducto notarial si es compatible con la naturaleza del acto.

¿Qué actuación puede realizar la autoridad central española respecto del Derecho aplicable?. a) Determinar con carácter vinculante el Derecho extranjero aplicable en cada procedimiento judicial. b) Proporcionar información sobre Derecho español cuando proceda y sobre Derecho extranjero en los términos previstos legalmente. c) Imponer a los órganos jurisdiccionales la interpretación del Derecho extranjero suministrada. d) Sustituir a las partes en la prueba del Derecho extranjero ante los tribunales españoles.

¿Cómo se enviarán las solicitudes de cooperación jurídica internacional acordadas por autoridades españolas?. a) Directamente por el órgano jurisdiccional español al Ministerio de Asuntos Exteriores del Estado requerido, en todo caso. b) Mediante oficio a la autoridad central española, que las transmitirá a las autoridades competentes del Estado requerido por vía diplomática o consular, o a través de su autoridad central si existiere, pudiendo remitirse directamente cuando esté previsto en su legislación. c) Únicamente a través de la vía diplomática, sin posibilidad de utilización de autoridades centrales. d) Siempre mediante comunicación judicial directa, sin intervención de autoridad central alguna.

Para poder remitirse los documentos del archivo judicial de Gestión al Territorial, es necesario que además de transcurrir el tiempo previsto: a) Que los procedimientos o expedientes gubernativos no estuvieren pendientes de actuación procesal alguna. b) Que se haya dictado sentencia o auto definitivo. c) Que la resolución que ponga fin al procedimiento sea firme. d) No es necesario otro requisito más que el transcurso del tiempo.

Los programas y aplicaciones informáticas para la gestión de los archivos judiciales: a) Serán aprobados por el Ministerio de Justicia. b) Serán aprobados por el Consejo General del Poder Judicial. c) Serán aprobados por el Ministerio de Justicia o por las Comunidades Autónomas con competencias en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia. d) Las opciones a) y b) son correctas.

En la publicación por la Junta de Expurgo en los Boletines correspondientes, de las relaciones de expedientes se omitirá: a) La reseña del objeto del proceso. b) La identificación de las partes. c) El número y tipo de procedimiento. d) A) y b).

El Archivo Judicial Central estará adscrito a: a) La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo. b) El Ministerio de Justicia. c) El CGPJ. d) El Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

De conformidad con el art. 21.4 RD 937/2003, la destrucción de los expedientes judiciales y gubernativos se llevará a efecto: a) Bien mediante contrato administrativo. b) Bien a través de la celebración de un convenio de colaboración con una Administración pública que cuente con instalaciones adecuadas a tal fin. c) A y b son correctas. d) A y b son incorrectas.

Los datos contenidos en la documentación recibida en los archivos judiciales territoriales y en el Central únicamente podrán ser transmitidos: a) A las Juntas de Expurgos. b) A quienes tuvieran derecho a acceder a ellos de conformidad con lo establecido en la LOPJ. c) A cualquiera que tenga interés en conocer dichos datos. d) A) y b).

Las Juntas de Expurgo están adscritas: a) Al Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia. b) Al Ministerio de Justicia a través de la Secretaría de Estado de Justicia. c) Al Ministerio de Justicia o a la Comunidad Autónoma con competencias en la gestión de medios personales y materiales. d) Al CGPJ.

Los documentos judiciales que estén contenidos en soportes electrónicos: a) No formalizarán parte de los archivos judiciales. b) Se remitirán a la oficina encargada del reciclaje de medios electrónicos y mecánicos. c) Podrán ser transformados a soporte escrito mediante mecanismos de reproducción. d) Necesariamente habrán de ser transformados a soporte escrito antes de proceder a su destrucción.

La competencia sobre el archivo judicial territorial se podrá delegar en: a) El Presidente de la Audiencia Provincial. b) El Juez Decano del partido judicial donde radique. c) En el Presidente del Tribunal Superior de Justicia. d) A) ó B).

¿Cómo tendrá constancia documentada el responsable del archivo judicial de Gestión de los acuerdos adoptados por la Junta de Expurgo respecto del destino definitivo de los documentos?. a) Mediante su publicación en los boletines oficiales correspondientes. b) Mediante certificación del acuerdo adoptado, remitida por el Secretario de la Junta de Expurgo. c) Mediante comunicación por vía telemática. d) No existe obligación de comunicar al responsable del archivo de Gestión los acuerdos aportados por la Junta de Expurgo respecto a los expedientes judiciales contenidos en las relaciones elevadas por aquellos.

¿A quién corresponde la decisión de remitir los documentos del archivo judicial de Gestión al Territorial?. a) Al Juez o Presidente. b) Al Letrado de la Administración de Justicia con el Visto bueno del Juez. c) Al responsable del Archivo Judicial de Gestión donde se hallasen los documentos judiciales. d) Al Letrado de la Administración de Justicia sin asistencia o asesoramiento alguno.

La documentación conservada en los Archivos Judiciales Territoriales y en el Central estará en todo momento a disposición: a) Del Ministerio de Justicia. b) Del Tribunal Superior de Justicia. c) Del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior de Justicia y de la Audiencia Nacional. d) Del órgano judicial al que pertenezca.

El Archivo Judicial Territorial existirá: a) Uno solo en cada Comunidad Autónoma. b) Como mínimo uno en cada Comunidad Autónoma. c) Sólo en aquellas CCAA que tengan las transferencias en materia de justicia. d) Uno en cada provincia.

Los documentos judiciales cuyo soporte sea papel que se hallen almacenados y custodiados en archivos judiciales: a) Continuarán conservados en dicho soporte de papel. b) Necesariamente habrán de convertirse en soporte magnético o cualquier otro que permita la posterior reproducción en soporte papel. c) Podrán convertirse a soporte magnético o a cualquier otro que permita la posterior reproducción en soporte papel. d) Continuarán conservados en soporte papel aun cuando se reproduzcan en soporte magnético.

El régimen jurídico de las Juntas de Expurgo se ajustará a: a) La LOPJ. b) Las Leyes de Enjuiciamiento. c) La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades establecidas en el Real Decreto que regula la modernización de los archivos judiciales. d) A la Ley de Colegios Profesionales.

¿Pueden los interesados solicitar la recuperación de documentos aportados a las actuaciones judiciales después de transcurrido el plazo fijado por la Junta de Expurgo?. a) Sí, siempre que no hayan transcurrido seis meses más. b) Sí, siempre que no hayan sido destruidos. c) No, teniéndose por decaído en su derecho. d) Sí, en cualquier momento.

¿En qué supuesto se podrá reducir el plazo que tiene que transcurrir antes de remitir los documentos el Archivo Judicial de Gestión al Territorial?. a) Cuando el espacio disponible aconsejara que el período de permanencia en el Archivo Judicial de Gestión fuera menor. b) Cuando antes de transcurrir dicho plazo se hubiere procedido a la transformación en soporte magnético o digital. c) Cuando requeridas las partes al efecto no mostraren disconformidad con dicha remisión. d) El plazo en ningún supuesto se podrá reducir aunque sí prorrogar.

¿Cómo serán gestionados los archivos judiciales de Gestión?. a) Con maestría y eficacia. b) Como un ordenado servidor público. c) Mediante programas y aplicaciones informáticas, compatibles con los ya existentes en Juzgados y Tribunales, adaptados a las funciones y cometidos de cada uno. d) Mediante programas y aplicaciones informáticas incompatibles con cualesquiera otros para su uso fraudulento.

La modernización de los archivos judiciales viene desarrollada: a) En la LOPJ. b) En la LEC. c) En el Real Decreto 937/2003, de 18 de julio. d) En el Real Decreto 267/2005, de 20 de marzo.

¿Quién preside la Junta de Expurgo?. a) El Presidente del Tribunal Superior de Justicia. b) El Secretario de Gobierno. c) Un Magistrado designado por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia. d) Un Secretario designado por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia.

No se consideran documentos judiciales: a) Las actuaciones procesales. b) Los documentos que hayan sido aportados por las partes sólo en virtud de requerimiento judicial. c) Los documentos que hayan sido aportados por terceros al proceso en virtud de requerimiento siempre que consten por escrito en soporte de papel, sin que tengan dicha consideración otros documentos. d) Las opciones b) y c) son correctas.

¿Quién puede ser el encargado o el responsable del Archivo Judicial Territorial?. a) Un Letrado de la Administración de Justicia. b) Un Letrado de la Administración de Justicia de la segunda categoría. c) El Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia o el Letrado de la Administración de Justicia del órgano en cuyo titular el Presidente del Tribunal Superior de Justicia hubiere delegado la competencia sobre el archivo. d) Todas son correctas.

Las disposiciones contenidas en la norma que regula la modernización de los archivos judiciales no serán de aplicación: a) A los documentos judiciales existentes en los distintos Juzgados y Tribunales de todos los órdenes jurisdiccionales, que sean consecuencia de la actividad judicial. b) A los expedientes gubernativos que se sustancien en los distintos Juzgados y Tribunales. c) A los libros de sentencias. d) A todos los anteriores les será de aplicación las disposiciones contenidas en la norma que regula la modernización de los archivos judiciales.

La conversión de documentos judiciales cuyo soporte sea el papel a soporte magnético o cualquier otro que permita la posterior reproducción en soporte papel requiere que la técnica que se utilice: a) Se apruebe por el Juez o Presidente del órgano judicial correspondiente. b) Garantice la integridad, autenticidad y conservación del documento. c) Sea aceptada por quienes hayan sido partes en el documento judicial a que se refiera. d) Lo solicite cualquiera de las partes del documento en cuestión.

Entre las clases de archivos judiciales no existe: a) El Provincial. b) El Central. c) El de Gestión. d) Todos los anteriores son archivos judiciales.

El plazo que tiene que transcurrir para remitir los documentos del Archivo Judicial de Gestión al Territorial se podrá: a) Reducir excepcionalmente. b) Ampliar a petición de alguna de las partes. c) Ampliar si concurren determinadas circunstancias. d) No se puede ni reducir ni ampliar en ningún supuesto.

El responsable del archivo judicial territorial o central donde radique los documentos judiciales para poder remitir la relación de documentos al Secretario de la Junta de Expurgo necesita: a) Remitir previamente al responsable del Archivo Judicial de Gestión una relación de los documentos en los que han transcurrido los plazos legales de prescripción o caducidad. b) Que el Letrado de la Administración de Justicia del Archivo Judicial de Gestión le confirme en el plazo de un mes el transcurso de los plazos de prescripción o caducidad. c) Que el Presidente del Tribunal Superior de Justicia le autorice. d) A) y b).

¿En qué lugares el Archivo Judicial Territorial estará a cargo de Letrados de la Administración de Justicia de la segunda categoría?. a) En todas las capitales de provincia. b) Únicamente en las capitales de las CCAA. c) En los partidos judiciales que cuenten con más de 150.000 habitantes de derecho. d) Ninguna es correcta.

Los documentos judiciales que pueden afectar a la intimidad de la vida privada de las personas, no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que hayan transcurrido desde su muerte: a) 40 años. b) 30 años. c) 20 años. d) 25 años.

El Archivo Judicial Central: a) Está adscrito a la sala de Gobierno del Tribunal Supremo. b) Está adscrito al Pleno del CGPJ. c) Está adscrito a la Comisión de Estudios e Informes del CGPJ. d) Está adscrito a la Sección de documentación de la Comisión Permanente del CGPJ.

El acta de los acuerdos adoptados por la Junta de Expurgo se aprobará: a) En la misma sesión sin que sea posible su aprobación en un momento posterior. b) En la siguiente sesión sin que sea posible su aprobación en la misma sesión en que se adoptaron los acuerdos. c) En la misma sesión o en la siguiente convocada expresamente a tal fin en el plazo de un mes. d) En la misma sesión o dentro de los diez días siguientes.

Después de publicadas las relaciones de expedientes judiciales por la Junta de Expurgo, quienes pretendan recuperar documentos propios aportados a las actuaciones judiciales u obtener testimonio o certificación de éstas por tener interés legítimo plantearán su solicitud: a) Ante el responsable del archivo de Gestión. b) Ante el responsable del Archivo Territorial o Central. c) Ante el Secretario de la Junta de Expurgo. d) Todas son correctas.

¿Quién designará a los Letrados de la Administración de Justicia encargados de los Archivos Judiciales Territoriales?. a) El Ministerio de Justicia. b) El CGPJ. c) La Sala de Gobierno respectiva. d) El Presidente del Tribunal Superior de Justicia.

Si solicitado el acceso a un documento judicial existente en el Archivo Judicial Central, el Letrado de la Administración de Justicia denegase el acceso al mismo: a) Dicho acuerdo denegatorio será revisable por el Juez o Presidente del órgano judicial al que corresponda la documentación. b) Dicho acuerdo denegatorio será susceptible de ser recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial respectiva. c) Dicho acuerdo denegatorio no será susceptible de recurso alguno. d) Dicho acuerdo denegatorio sólo será susceptible de ser recurrido en queja.

¿Quién será el responsable del archivo judicial Central en defecto de nombramiento?. a) El Ministerio de Justicia. b) El Director General de los Registros y del Notariado. c) El Secretario de Gobierno del Tribunal Supremo. d) El Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.

¿A quién le corresponde la enajenación o destrucción de los expedientes judiciales?: a) Al responsable del archivo judicial de Gestión, Territorial o Central, según proceda. b) A la Junta de Expurgo. c) A la Administración competente en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la administración de Justicia. d) A las Salas de Gobierno correspondientes.

El archivo judicial Central está adscrito: a) Al CGPJ. b) Al Pleno del Tribunal Supremo. c) A la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo. d) Al Ministerio de Justicia.

La finalidad de las Juntas de Expurgo es determinar: a) La exclusión o eliminación de los expedientes procesales o gubernativos del patrimonio documental. b) La transferencia de los expedientes procesales o gubernativos a la Administración competente en materia de patrimonio histórico. c) La conservación definitiva de la documentación judicial. d) A) o b).

Se entiende por archivo judicial: a) El conjunto orgánico de documentos judiciales. b) Tanto el conjunto orgánico de documentos judiciales como el lugar en el que quedan debidamente custodiados y clasificados los documentos judiciales. c) Sólo el espacio físico, existente dentro de la oficina judicial, en el que se archivan los documentos judiciales. d) La técnica consistente en la conversación de los documentos judiciales que se encuentren en tramitación o pendiente de resolución.

¿Cuál de las siguientes no es una clase de archivo según el art. 4 RD 937/2003 de 18 de julio?. a) Provincial. b) De Gestión. c) Territorial. d) Central.

Las Juntas de Expurgo son órganos: a) Colegiados. b) Unipersonales. c) Mixtos. d) De carácter técnico.

La remisión de los documentos que se hallen en un Archivo Judicial de Gestión al correspondiente Archivo Judicial Territorial o al Archivo Judicial Central, irá acompañada: a) Necesariamente de una relación de los procedimientos o actuaciones judiciales en los que se integran. b) De una memoria expositiva. c) De un resumen del contenido de cada documento. d) De la resolución por la que se acuerda remitir dichos documentos.

El responsable del archivo judicial de Gestión donde radiquen los documentos judiciales remitirá al Secretario de la Junta de Expurgo una relación de todos aquellos procedimientos: a) En los que haya terminado la ejecución. b) En los que se hubiese dictado una resolución que declare la prescripción o la caducidad. c) Que hayan terminado por sentencia. d) A) y b).

¿A quiénes pueden transmitir los datos las Juntas de Expurgo?. a) A la Administración competente en materia de patrimonio histórico. b) A quienes solicitasen la devolución de los documentos aportados. c) A cualquiera que manifieste interés en conocer dichos datos. d) A) y b).

El orden del día de las sesiones de la Junta de Expurgo será comprensivo: a) De las relaciones de expedientes judiciales objeto de la convocatoria. b) Del inventario de los documentos judiciales. c) De cualquier petición que haga cualquiera de sus miembros. d) De la organización y funcionamiento de la propia Junta.

¿En qué plazo se podrán remitir del Archivo Judicial de Gestión al Territorial los procedimientos con sentencia firme o cualquier otra resolución que ponga fin a dichos procedimientos?. a) Seis meses. b) Un año. c) Dos años. d) Tres años.

Las disposiciones contenidas en la norma que regula la modernización de los archivos judiciales serán de aplicación: a) A los libros de registro y otros de preceptiva llevanza. b) A los expedientes relativos al Registro Civil. c) A los expedientes de jurisdicción voluntaria. d) A todos los expedientes y documentos existentes en los juzgados y tribunales.

La sesión ordinaria de la Junta de Expurgo será convocada: a) Cada seis meses. b) Al menos una vez al año. d) Al menos una vez al año, a menos que no hubiere asuntos que tratar. c) Una vez al año.

¿Quién es el encargado de la ordenación, custodia y conservación del Archivo Judicial Territorial?. a) El Presidente de la Audiencia Provincial. b) El Decano. c) El Presidente del Tribunal Superior de Justicia. d) El Letrado de la Administración de Justicia designado.

El Archivo Judicial Territorial depende: a) Del Presidente de la Audiencia Provincial en todo caso. b) Del Presidente del Tribunal Superior de Justicia. c) Del Presidente de la Audiencia Nacional. d) Del Presidente del Tribunal Supremo.

De conformidad con el artículo 2 del RD 937/2003, de 18 de julio, de modernización de archivos judiciales, quedan excluidos del ámbito de aplicación de dicho decreto: a) Las actuaciones procesales. b) Documentos que hayan sido aportado por terceros al proceso. c) Expedientes Gubernativos. d) Expedientes relativos al Registro Civil.

En virtud del artículo 3 del RD 937/2003, de 18 de julio, de modernización de archivos judiciales, los programas y aplicaciones informáticas que gestionan los archivos judiciales serán aprobados por: a) El MJ a propuesta del CGPJ. b) Las CCAA con competencias en materia de provisión de medios materiales, a propuesta del MJ. c) El MJ a propuesta del CGPJ o de las CCAA con competencias en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la ADJ. d) El CGPJ a propuesta del MJ o de las CCAA con competencia en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la ADJ.

De conformidad con el artículo 13 del RD 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales, la remisión de los documentos que se hallen en un Archivo de Gestión al correspondiente Archivo judicial territorial se formalizará periódicamente: a) Como mínimo con carácter anual. b) Como mínimo cada dos años. c) Como mínimo cada cuatro años. d) Como mínimo cada cinco años.

Conforme a lo establecido en el artículo 14 del RD 937/2003, de 18 de julio, de modernización de archivos judiciales, se constituirá una Junta de Expurgo: a) En cada provincia que ejercerá sus competencias en todo el ámbito territorial de estas. b) En cada partido judicial que ejercerá sus competencias en todo el ámbito territorial de dicho partido. c) En cada CCAA que ejercerá sus competencias en todo el ámbito territorial de estas. d) En las localidades que se establezcan por RDL.

Conforme a lo establecido en el artículo 4 del RD 937/2003, de 18 de julio, de modernización de archivos judiciales, se considera archivo judicial: a) Archivo Judicial Provincial. b) Archivo Judicial Autonómico. c) Archivo Judicial Nacional. d) Archivo Judicial Central.

Conforme a lo establecido en el artículo 1 del RD 937/2003, de 18 de julio, de modernización de archivos judiciales, se entiende por expurgo: a) Conjunto orgánico de documentos judiciales. b) Lugar en que quedan debidamente custodiados dichos procedimientos. c) Procedimiento a través del cual se determina cuándo un documento pierde toda su utilidad o por el contrario ha de ser conservado. d) El procedimiento de archivo de los distintos procedimientos judiciales.

Conforme a lo establecido en el artículo 17 del RD 937/2003, de 18 de julio, de modernización de archivos judiciales, ¿con qué frecuencia será convocada la Junta de Expurgo en sesión ordinaria?. a) Una vez al año. b) Dos veces al año. c) Una vez cada dos años. d) Una vez cada cinco años.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15 del RD 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales, y según el artículo 5.2., el Archivo Judicial de Gestión podrá remitir al Archivo Judicial Territorial que le corresponda, aquellos asuntos que no estuviesen pendientes de actuación procesal alguna, tanto en fase declarativa como de ejecución, transcurridos: a) Cinco años desde la incoación de los procedimientos o expedientes gubernativos. b) Cinco años desde la última resolución dictada en los procedimientos o expedientes gubernativos. c) Menos de cinco años desde la incoación de los procedimientos o expedientes gubernativos. d) Menos de cinco años desde la última resolución dictada en los procedimientos o expedientes gubernativos.

Quién acuerda la publicación de las relaciones de expedientes judiciales que vayan a ser objeto de expurgo, en el BOE o diario oficial de la CCAA, según el ámbito territorial del órgano judicial de los que procedan, conforme al artículo 16 del RD 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales: a) El secretario de la Junta de Expurgo. b) El director del Archivo Judicial Central. c) El presidente de la Junta de Expurgo. d) El órgano competente de cada CCAA.

La remisión de los documentos que se hallen en un Archivo Judicial de Gestión al correspondiente Archivo Judicial Territorial o al Archivo Judicial Central se formalizará periódicamente, como mínimo con carácter: a) Anual. b) Trimestral. c) Semestral. d) Bienal.

Conforme al artículo 8 del RD 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales, en cada CCAA existirá: a) Como mínimo un Archivo Judicial Territorial. b) Un único Archivo Judicial Territorial. c) Un Archivo Judicial Territorial por cada Provincia. d) Un Archivo Judicial Territorial por cada Municipio.

Los Archivos Judiciales Territoriales dependerán del Presidente TSJ de la respectiva CCAA, quien podrá delegar la competencia en: a) El Presidente de la AP exclusivamente. b) El Presidente de la AP o Juez Decano del partido judicial donde radique. c) El Secretario de Gobierno de la respectiva CCAA. d) El Secretario de Gobierno de la respectiva CCAA o Secretario Coordinador del partido judicial donde radique.

El Archivo Judicial Central está adscrito a: a) La Sala de Gobierno del TS. b) La Sala de Gobierno TSJ de Madrid. c) Al Pleno del CGPJ. d) Al MJ.

La Junta de Expurgo será convocada en sesión ordinaria una vez: a) Al año. b) Cada dos años. c) Cada seis meses. d) Cada tres meses.

Los documentos que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen, podrán ser públicamente consultados según el artículo 7 del RD 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales: a) En ningún caso. b) Únicamente en el caso que medie el consentimiento expreso de los afectados. c) Si, podrá ser públicamente consultados si han transcurrido un plazo de 50 años desde la muerte de los afectados, si su fecha es conocida. d) Si, podrán ser públicamente consultados si han transcurrido un plazo de 50 años a partir de la fecha de los documentos.

Todas las resoluciones de la Junta de Expurgo: a) Podrán fin a la vía administrativa. b) Son susceptibles de recurso de alzada. c) Son susceptibles de recurso de reposición. d) Son firmes.

Según lo dispuesto en el artículo 11 del RD 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales, la ordenación, custodia y conservación del Archivo Judicial Central: a) Es una competencia propia del Secretario de Gobierno del TS. b) Será encargada a un LAJ especialmente designado por la Sala de Gobierno del TS. c) En defecto de nombramiento de LAJ, el responsable del Archivo Judicial Central será el Secretario de Gobierno del TS. d) Será encargada a un LAJ especialmente designado por el Pleno del CGPJ.

Indique la respuesta correcta a las Juntas de Expurgo reguladas en el artículo 14 RD 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales: a) Las Juntas de Expurgo son aquellos órganos colegiados de naturaleza jurisdiccional. b) Las Juntas de Expurgo adscritas al MJ a través de la Secretaría de Estado de Justicia tendrán su sede donde radique la presidencia de cada AP. c) Las Juntas de Expurgo tienen como finalidad determinar, por cuenta del órgano responsable del respectivo Archivo Judicial de Gestión, la exclusión de los expedientes procesales del Patrimonio Documental. d) Se constituirá una Junta de Expurgo en cada provincia que ejercerá sus competencias en todo el ámbito territorial de cada una de éstas.

Se consideran archivos judiciales según dispone el RD 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales: a) Archivos Judiciales de Tramitación. b) Archivos Judiciales Provinciales. c) Archivos Judiciales de Territoriales. d) Archivos Judicial Nacional.

Según el artículo 13 RD 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales, la remisión de los documentos que se hallen en un Archivo Judicial de Gestión irá acompañada de una relación de los procedimientos o actuaciones judiciales en los que se integran, que: a) Se remitirá mediante correo certificado. b) Se formalizará periódicamente, como mínimo con carácter mensual. c) Hará referencia únicamente al proceso o actuación judicial al que corresponden y el orden jurisdiccional en que se hubiesen sustanciado. d) Se elaborará con arreglo a un modelo uniforme y obligatorio aprobado por la administración pública competente.

Quienes pretendan recuperar documentos propios aportados a actuaciones judiciales u obtener testimonio o certificación de éstas por tener interés legítimo, plantearán su solicitud: a) Ante el Presidente de la Junta de Expurgo. b) Ante el Gerente Territorial de la Junta de Expurgo respectiva. c) Ante el Secretario de la Junta de Expurgo. d) Ante los locales de la Junta de Expurgo.

¿Qué clases de Archivos Judiciales existen?. a) Archivos judiciales de Gestión, Archivos judiciales Territoriales y Archivo judicial Central. b) Archivos judiciales de Gestión, Archivos judiciales Tramitación, Archivos judiciales Territorial y Archivo judicial Central. c) Archivos judiciales de Gestión, Archivos judiciales Territoriales y Archivo judicial Comarcal. d) Archivos judiciales de Gestión, Archivos judiciales de tramitación, Archivos judiciales Territoriales, Archivos judiciales Municipales y Archivo judicial Central.

Los programas y aplicaciones informáticas de gestión de los Archivos Judiciales serán aprobados por: a) El Encargado del Archivo Judicial. b) MF. c) MJ. d) CGPJ.

En cada CCAA existirá como mínimo un Archivo Judicial Territorial y será dependiente: a) Del Presidente de la AP, quién podrá delegar la competencia en el Presidente de su Sala de Gobierno o Juez Decano del partido judicial donde radique. b) Del Presidente TSJ, quien podrá delegar la competencia en el Presidente AP o Juez Decano del partido judicial donde radique. c) Del Presidente Sala de Gobierno TSJ correspondiente, quien podrá delegar la competencia en el Juez Decano del partido judicial donde radique. d) Del Presidente TSJ, quien podrá delegar la competencia en el Presidente de su Sala de Gobierno o Juez Decano del partido judicial donde radique.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 RD 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales, la remisión de los documentos que se hallen en un Archivo Judicial de Gestión al correspondiente Archivo Judicial Territorial o al Archivo Judicial Central se formalizará periódicamente: a) Cuando lo determine el tribunal. b) Como mínimo con carácter semestral. c) Como mínimo con carácter bianual. d) Como mínimo con carácter anual.

En lo referente a las relaciones documentales RD 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales, el responsable del Archivo Judicial de Gestión donde radiquen los documentos judiciales remitirá al secretario de la Junta de Expurgo una relación de todos aquellos procedimientos en los que: a) Haya terminado el proceso declarativo. b) Se hubiese dictado una resolución que declare la prescripción o la caducidad. c) Se hubiese dictado una resolución condenatoria. d) Haya terminado la ejecución provisional.

Se considerarán documentos judiciales según dispone el RD 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales: a) Únicamente las actuaciones procesales. b) Únicamente los documentos aportados por las partes al proceso por escrito. c) Las actuaciones procesales y los documentos aportados por las partes o por terceros al proceso por escrito exclusivamente. d) Las actuaciones procesales y los documentos aportados por las partes o por terceros al proceso por escrito o por medios electrónicos o telemáticos, con independencia de cuál sea el soporte material en que se encuentren recogidos.

En relación con las Juntas de Expurgo reguladas en el RD 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales, señale la proposición correcta: a) Son aquellos órganos colegiados de naturaleza administrativa que tienen por finalidad determinar, por cuenta del órgano responsable del respectivo Archivo Judicial de Gestión, la exclusión o eliminación de los expedientes procesales o gubernativos del Patrimonio Documental. b) Se constituirá una Junta de Expurgo en cada provincia que ejercerá sus competencias en todo el ámbito territorial de cada una de éstas. c) El régimen jurídico de las Juntas de Expurgo se ajustarán a las normas sobre órganos colegiados contenidas en el CC, sin perjuicio de las especialidades previstas en este RD. d) Las Juntas de Expurgo adscritas al MJ a través de la Secretaría de Estado de Justicia estarán presididas por un Fiscal.

La remisión de documentos de un Archivo Judicial de Gestión al correspondiente Archivo Judicial Territorial se efectuará periódicamente, como mínimo: a) Con carácter anual. b) Con carácter semestral. c) Con carácter trimestral. d) Con carácter mensual.

¿Cuántos archivos judiciales territoriales existirán en cada CCAA?. a) Un archivo judicial territorial, como mínimo. b) Uno por cada provincia que integre la CCAA. c) Únicamente dos archivos por CCAA. d) Tantos como el Presidente de la CCAA disponga.

¿ Por quién es designado el miembro de la carrera fiscal que integra la Junta de Expurgo adscrita al MJ?º. a) Un Fiscal de Sala TS. b) El FGE. c) El Presidente TS.

¿Cuándo se aprueba el acta de los acuerdos adoptados en la Junta de Expurgo?. a) Inmediatamente, pero no tendrán validez hasta pasada una semana. b) Se aprueban en la misma o en la siguiente sesión, convocada expresamente a tal fin el plazo de un mes. c) No es necesario aprobarla, tienen validez desde que se toma el acuerdo. d) En el plazo que señale el Secretario de la Junta.

Quedan excluidos del ámbito de aplicación del RD 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales: a) Los documentos aportados por las partes al proceso por escrito. b) Los documentos aportados por terceros al proceso por medios electrónicos o telemáticos. c) Los expedientes gubernativos que se sustancien en los distintos juzgados y tribunales. d) Los libros de sentencias.

La ordenación, custodia y conservación del archivo judicial de gestión corresponde: a) Al Juez o Magistrado titular del órgano judicial. b) A los funcionarios del Cuerpo de Auxilio judicial. c) A los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa. d) Al LAJ.

La remisión de los documentos que se hallen en un archivo judicial de gestión al correspondiente archivo judicial territorial o al archivo judicial central se formalizará periódicamente: a) Como mínimo con carácter anual, en función del volumen de gestión de cada archivo. b) Con carácter trimestral, una vez elaborado y remitido al CGPJ el Boletín Estadístico del trimestre de que se trate. c) Siempre en los meses de junio y diciembre. d) Obligatoriamente, con carácter mensual.

¿Quién preside las Juntas de Expurgo adscritas al MJ?. a) El Presidente TSJ. b) El Fiscal Jefe TS. c) El Secretario de Gobierno TSJ. d) Un Magistrado designado por el Presidente TSJ.

De conformidad con el RD de 18 de julio de modernización de los archivos judiciales, ¿cual de los siguientes no se considera archivo judicial?. a) Archivos Judiciales de Gestión. b) Archivos Judiciales de Territoriales. c) Archivos Judicial Central. d) Archivos Judiciales de Expurgo.

De conformidad con el artículo 5 RD 937/2003, no podrán ser remitidos del Archivo Judicial de Gestión al Archivo Judicial Territorial que le corresponda para su conservación y custodia: a) Los procedimientos o expedientes gubernativos que no estuviesen pendientes de actuación procesal alguna, tanto en fase declarativa como de ejecución, una vez transcurridos cinco años desde su incoación. b) Excepcionalmente, los procedimientos o expedientes gubernativos que no estuviesen pendientes de actuación procesal alguna, tanto en fase declarativa como de ejecución, una vez transcurridos cinco años desde su incoación cuando el espacio disponible aconsejara que el período de permanencia en el archivo judicial de gestión fuera menor. c) Los procedimientos con sentencia firme o cualquier otra resolución que ponga fin a éstos, una vez transcurrido un año desde la firmeza de la resolución. d) Los procedimientos de ejecución, independientemente de la fecha de su incoación, en los que no se haya dictado resolución procesal alguna en el plazo de un año por inactividad de las partes.

Los poderes públicos garantizarán la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad mediante pensiones: a) Adecuadas. b) Periódicamente actualizadas. c) Adecuadas y periódicamente actualizadas. d) Adecuadas, suficientes y periódicamente actualizadas.

Para que la cuestión de inconstitucionalidad pueda ser interpuesta, será preciso: a) Que la norma tenga rango de Ley Orgánica. b) Que la norma, a criterio del órgano judicial, sea o no aplicable al caso, vulnere la Constitución. c) Todas las otras respuestas son correctas. d) Que de la validez de tal norma dependa el fallo.

El artículo 24 de la Constitución Española establece: a) El derecho de los españoles a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales. b) El derecho de los ciudadanos a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales. c) El derecho de las personas a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales. d) El artículo 24 de la Constitución Española no trata esta cuestión.

El derecho de reunión pacífica y sin armas, que reconoce el artículo 21.1 de la Constitución: a) No precisa autorización previa. b) Sólo exige autorización previa cuando tenga lugar en un lugar de tránsito público. c) Exige autorización previa cuando existan razones fundadas para temer alteración del orden público. d) Se entiende que la reunión está autorizada, si transcurridos 10 días desde la comunicación de su celebración, no ha sido prohibida por la autoridad competente.

¿Qué es una Ley de Bases?. a) Una disposición del Gobierno que contiene legislación delegada. b) Una disposición legislativa que el Gobierno adopta en caso de extraordinaria y urgente necesidad. c) Aquella por la que las Cortes Generales delegan en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de Ley, para la formación de textos articulados. d) Aquellas por la que las Cortes Generales atribuyen, en materia de competencia estatal, a alguna Comunidad Autónoma, la facultad de dictar normas legislativas en su territorio.

El principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derecho individuales: a) Está expresamente reconocido como derecho fundamental en el Título I de la Constitución Española. b) Se recoge en el Título VI de la Constitución Española. c) Se recoge en el Título Preliminar de la Constitución Española. d) No tiene expreso reconocimiento constitucional.

El derecho a no ser discriminado: a) Es renunciable al adquirir la mayoría de edad. c) Es irrenunciable, salvo pacto en contrario. b) Es totalmente irrenunciable. d) Es renunciable en cualquier momento.

Los proyectos de reforma Constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de: a) Tres quintos del Congreso. b) Dos tercios de cada una de las Cámaras. c) Tres quintos de cada una de las Cámaras. d) Dos tercios del Congreso.

Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de: a) Los ciudadanos. b) La sociedad española. c) Los creyentes. d) Todos los residentes en el territorio nacional.

Los miembros del Tribunal Constitucional, en el desempeño de su mandato: a) Serán independientes y responsables. b) Serán independientes e inamovibles. c) Serán inamovibles e irresponsables. d) Serán irresponsables e independientes.

Todos tienen derecho a: a) La vida. b) La integridad física. c) La integridad moral. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

El hombre y la mujer ejercitan su derecho constitucional a contraer matrimonio: a) Conforme a la Ley personal del esposo en caso de ser distintas. b) Con plena igualdad jurídica. c) Con arreglo a la Ley personal común de ambos cónyuges si ésta fuera distinta a la nacional española. d) Con arreglo a la ley personal de cualquiera de los cónyuges y a elección de éstos.

De conformidad con el artículo 64.2 CE, de los actos del Rey serán responsables: a) El Gobierno y el Rey conjuntamente. b) Las personas que los refrendan. c) El Presidente del Senado. d) El Consejo de Ministros.

El Título Noveno de la Constitución finaliza en el artículo: a) 162. b) 161. c) 163. d) 165.

Según la Constitución Española, una vez acordada la declaración del estado de excepción, no podrá suspenderse: a) El derecho a elegir libremente residencia. b) El derecho de todo detenido a ser informado de sus derechos. c) El derecho al secreto en las comunicaciones. d) El derecho a circular por el territorio nacional.

Respecto del funcionamiento regular de las instituciones, el Rey: a) Arbitra y modera las mismas. b) Modera y dirige las mismas. c) Impulsa y modera las mismas. d) Modera y pacifica las mismas.

Según la Constitución Española, la Administración Civil: a) No podrá imponer sanciones económicas. b) Podrá imponer sanciones que subsidiariamente priven de libertad. c) Excepcionalmente podrá imponer sanciones privativas de libertad. d) No podrá imponer sanciones que subsidiariamente priven de libertad.

En el Título Preliminar de la CE se recoge: a) El derecho de las Comunidades Autónomas al autogobierno, con arreglo a lo previsto en sus respectivos Estatutos. b) El derecho de las regiones y nacionalidades que integran la Nación española a constituirse en CCAA. c) El derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la Nación española. d) El derecho de los pueblos de España a proteger sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.

Las Cámaras podrán reunirse en sesión extraordinaria a petición de: a) El Presidente del Gobierno. b) La mayoría absoluta del Consejo de Estado. c) El Gobierno. d) La mayoría simple de cualquiera de las Cámaras.

Según la Constitución Española, la inviolabilidad de Diputados y Senadores se extiende a: a) Todos los actos realizados durante su mandato. b) Todas las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. c) Todas las opiniones manifestadas durante su mandato. d) Las tres anteriores son falsas, son inmunes pero no inviolables.

La delegación legislativa para refundir varios textos legales en unos solo, deberá otorgarse mediante: a) Una Ley Ordinaria. b) Una Ley Orgánica. c) Una Ley de Bases. d) Una autorización para refundir.

Los españoles son iguales: a) Ante la Constitución. b) Ante el Gobierno. c) Ante la ley. d) Ante las Cortes Generales.

La más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales es asumida por: a) El Presidente del Gobierno. b) El Rey. c) El Presidente del Congreso. d) Ninguna de las contestaciones anteriores es correcta.

Según dispone la Constitución Española, ¿quién es el encargado de refrendar el nombramiento del Presidente del Gobierno, efectuado por el Rey?. a) El Consejo de Estado. b) El Presidente del Senado. c) El Presidente del Congreso de los Diputados. d) El Presidente del Tribunal Supremo.

La Constitución Española establece que las abdicaciones y renuncias en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por: a) El Presidente del Gobierno. b) El Consejo de Ministros. c) Las Cortes Generales a través de una Ley Ordinaria. d) Las Cortes Generales a través de una Ley Orgánica.

¿Qué proporción de miembros debe estar presente para que una Sala del Tribunal Constitucional adopte acuerdos?. a) Dos tercios de sus miembros. b) Todos los magistrados de la Sala. c) Un tercio de sus miembros. d) La mayoría absoluta de sus miembros.

Las Cámaras Legislativas funcionarán: a) En Cámaras y Camarillas. b) En Pleno y por Comisiones. c) En Pleno y en Plenillos. d) En Pleno y por Cámaras.

No está/n legitimado/s para interponer recurso de amparo: a) Toda persona jurídica que invoque interés legítimo. b) El Ministerio Fiscal. c) El Defensor del Pueblo. d) Las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas.

Según la Constitución Española, ¿cuál, de entre las funciones que se mencionan, es propia de las Diputaciones Permanentes de las Cámaras en las Cortes Generales?: a) Velar por los poderes de las Cámaras cuando éstas no estén reunidas. b) Resolver los conflictos de jurisdicción con otros poderes del Estado. c) Elaborar los Presupuestos Generales del Estado, siempre que no esté disuelto el Congreso. d) La elaboración de las Leyes de Bases por el trámite de urgencia.

Uno de los siguientes colectivos no podrá proporcionar miembros al Tribunal Constitucional: a) Funcionarios Públicos. b) Profesores de Universidad. c) Abogados. d) Jueces.

Los presupuestos para el funcionamiento de las Cortes Generales son aprobados por: a) Las Cortes Generales. b) El Rey. c) El Consejo de Ministros. d) El Ministro de Hacienda.

Es fundamento del orden político y de la paz social: a) La dignidad de las Instituciones. b) Los derechos consuetudinarios y la costumbre. c) El respeto a los derechos especiales. d) El libre desarrollo de la personalidad.

La Constitución Española se compone de: a) Un Título Preliminar y nueve Títulos. b) Un Título Preliminar y diez Títulos. c) Diez Títulos y el Título Final. d) Un Capítulo Preliminar y nueve Capítulos.

La libertad ideológica y religiosa, ¿tendrá alguna limitación en sus manifestaciones?: a) No. b) Sí, las que establezca una ley orgánica. c) No, salvo la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. d) No, salvo la necesaria para el mantenimiento del decoro y la moralidad pública.

Respecto del Estado, el Rey es símbolo de su: a) Unidad e integridad. b) Unidad y permanencia. c) Independencia y soberanía. d) Integridad y soberanía.

En materia de creencias religiosas, los poderes públicos mantendrán relaciones de cooperación con: a) La Iglesia Católica y Evangelista. b) Las confesiones inscritas en los Registros correspondientes. c) La Iglesia Católica exclusivamente. d) La Iglesia Católica y las demás confesiones.

El ejercicio del derecho a sindicarse libremente, según la Constitución Española debe regularse: a) Sólo por Ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial. b) A través de una Ley en su desarrollo reglamentario, o bien por Real Decreto. c) A través del Real Decreto únicamente. d) A través de Decretos-Ley.

Las Comunidades Autónomas designarán para el Senado: a) Dos Senadores. b) Un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. c) Un Senador por cada millón de habitantes de su respectivo territorio, únicamente. d) Dos Senadores y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio.

La detención preventiva no podrá durar más: a) De 24 horas. b) De 48 horas. c) Del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas. d) Ninguna de las contestaciones anteriores es correcta.

El derecho a la libertad y a la seguridad está reconocido en el artículo: a) 18.1 de la Constitución. b) 17.1 de la Constitución. c) 16.1 de la Constitución. d) 15.1 de la Constitución.

Según la CE, la creación y el ejercicio de la actividad de los partidos políticos tienen que ser: a) Libres. b) Democráticos. c) Libres dentro del respeto a la CE y a la ley. d) Ninguna es correcta.

Las Leyes aprobadas por las Cortes Generales serán sancionadas por el Rey: a) En el plazo de veinte días. b) En el plazo de veinticinco días. c) En el plazo de quince días. d) En el plazo de treinta días.

Según la Constitución Española, los Decretos acordados en el Consejo de Ministros, serán expedidos por: a) Las Cortes Generales. b) El Presidente del Gobierno. c) El Gobierno. d) El Rey.

¿Cuál de los siguientes principios no garantiza el artículo 9 de la Constitución Española?. a) La interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. b) La publicidad de las normas. c) La retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables. d) La jerarquía normativa.

De conformidad con el art. 81.2 CE, la aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá: a) Mayoría cualificada del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. b) Mayoría simple del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. c) Mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. d) Todas las respuestas son incorrectas.

¿Cuál de las siguientes no es una función del Gobierno?: a) Ejercer la potestad reglamentaria de acuerdo con la CE y las leyes. b) Conferir los empleos civiles. c) Dirigir la Administración civil y militar. d) Dirigir la política exterior.

Nadie puede ser privado de su libertad: a) Nunca. b) Salvo en los casos y forma previstos en la ley. c) Salvo con la observancia de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución. d) Son ciertas las respuestas B) y C).

Según la Constitución Española, las Cámaras deben reunirse en sesión conjunta: a) Para aprobar Estatutos de Autonomía. b) Para ejercer las competencias que la Constitución atribuye a las Cortes Generales en relación con la Corona. c) Siempre que lo acuerden, por mayoría absoluta, ambas Cámaras separadamente. d) La Constitución no prevé esta posibilidad.

Según el art. 6 LOTC, el Pleno está integrado por todos los Magistrados del Tribunal. Lo preside: a) El Vicepresidente del Tribunal y, en su defecto, el Presidente y, a falta de ambos, el Magistrado más antiguo en el cargo y, en caso de igual antigüedad, el de mayor edad. b) El Presidente del Tribunal y, en su defecto, el Vicepresidente y, a falta de ambos, el Magistrado más joven en el cargo. c) El Presidente del Tribunal y, en su defecto, el Vicepresidente y, a falta de ambos, el Magistrado más antiguo en el cargo y, en caso de igual antigüedad, el de mayor edad. d) Todas las respuestas son incorrectas.

Una de las siguientes afirmaciones no es cierta. Los miembros del Tribunal Constitucional serán propuestos: a) Dos a propuesta del Gobierno de la Nación. b) Cuatro por el Congreso de los Diputados por mayoría de tres quintos de sus miembros. c) Dos por el Senado, por mayoría de tres quintos de sus miembros. d) Dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

De conformidad con el RD 937/2003, de 18 de julio, de modernización de archivos judiciales, se entiende por documento judicial en materia de archivos judiciales: a) Únicamente las actuaciones procesales recogidas en soporte papel. b) En todo caso, las resoluciones dictadas por jueces y tribunales. c) Las actuaciones procesales y los documentos que hayan sido aportados por las partes o terceros al proceso por escrito o por medios electrónicos o telemáticos, con independencia de cual sea el soporte material en que se encuentren recogidos. d) Únicamente los documentos que hayan sido aportados por las partes o terceros al proceso por escrito o por medios electrónicos o telemáticos.

El encargado de la ordenación, custodia y conservación del archivo judicial central es: a) El Presidente TSJ. b) El LAJ especialmente designado por el MJ. c) El LAJ especialmente designado por el Secretario de Gobierno del TS. d) El Presidente de la AP por delegación.

Las juntas de expurgo están presididas: a) Por un Magistrado designado por el Presidente TSJ. b) Por el Gerente Territorial del MJ. c) Por el Secretario de Gobierno TSJ. d) Por un técnico superior especialista en archivos, designado por la autoridad competente en materia de patrimonio histórico.

El RD 937/2003, de 28 de julio, de modernización de archivos judiciales excluye de su ámbito de aplicación: a) Los expedientes gubernativos que se sustancien en los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional social. b) Los expedientes relativos al RC. c) Los expedientes judiciales existentes en los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional C-A. d) Los expedientes gubernativos que se sustancien en los juzgados y tribunales de orden jurisdiccional C-A.

Las juntas de expurgo, a excepción de la constituida para el TS y AN, extienden su competencia al ámbito territorial: a) De la provincia. b) Del partido judicial correspondiente. c) Ce la CCAA o ciudad autónoma. d) A todo el territorio nacional.

El acuerdo del secretario judicial responsable del archivo territorial en el que se deniegue el acceso de un interesado a los documentos judiciales que se encuentren en dicho archivo: a) No es susceptible de revisión. b) Es revisable por el Juez o Presidente del órgano judicial al que corresponda la documentación. c) Es revisable por el Secretario de Gobierno del TSJ. d) Es revisable por el Secretario de Gobierno del TS.

Las juntas de expurgo adscritas al MJ tendrán su sede en: a) Donde radique la Gerencia Territorial correspondiente del MJ. b) Donde radique el archivo histórico provincial o autonómico. c) Donde radique la Presidencia TSJ. d) Donde radique la sede MJ.

Según el RD 937/2003, de 18 de julio, de modernización de archivos judiciales ¿quien es el responsable de los documentos judiciales que se encuentren en el archivo general de la administracion?. a) El Secretario judicial responsable del archivo judicial de gestión. b) El Secretario de gobierno TS. c) El Secretario de gobierno TSJ. d) El subdirector general de los archivos estatales.

A los efectos RD 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales ¿qué se entiende por expurgo?. a) El conjunto de operaciones para la conservación de los documentos judiciales, mientras no exista una resolución firme en el procedimiento o expediente de que se trate. b) Es el procedimiento por el que quien tenga un interés legítimo puede recuperar documentos propios aportados a las actuaciones judiciales, una vez finalizado el correspondiente procedimiento. c) Es la enajenación de expedientes judiciales exclusivamente para tratamiento y posterior reutilización como papel de uso común. d) El procedimiento que determina cuando un documento pierde toda su utilidad o, por el contrario, ha de ser conservado, dándosele el curso correspondiente (conservación, destrucción, etc).

Para el expurgo de documentos judiciales debe constituirse una junta para todos los órganos judiciales con jurisdicción en todo el territorio nacional y además una junta de expurgo: a) En cada partido judicial. b) En cada provincia. c) En cada CCAA. d) En cada decanato.

¿Quién será el responsable del archivo judicial central en defecto de nombramiento por parte del MJ?. a) El Secretario de Gobierno AN. b) El Secretario de Gobierno TS. c) Quien ostente la presidencia AN. d) Quien ostente la presidencia TS.

Las juntas de expurgo se constituyen en: a) Cada CCAA, con competencia en todo su territorio. b) Cada provincia, con competencia en todo su territorio. c) Cada partido judicial, con competencia en todo su territorio. d) Ninguna de las anteriores es correcta.

De acuerdo con lo dispuesto en el RD 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales, los programas y aplicaciones informáticas serán aprobados: a) Por el CGPJ a propuesta del MJ o de las CCAA con competencias en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la ADJ, y deberán cumplir los requisitos exigidos en la legislación vigente. b) Por el MJ o de las CCAA con competencias en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la ADJ, y deberán cumplir los requisitos exigidos en la legislación vigente. c) Por el MJ o de las CCAA con competencias en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la ADJ, a propuesta del CGPJ y deberán cumplir los requisitos exigidos en la legislación vigente. d) Por el MJ a propuesta del CGPJ y deberán cumplir los requisitos exigidos en la legislación vigente.

La junta de expurgo de la ciudad de Melilla: a) Estará presidida por un magistrado de la sección sexta de la AP de Málaga. b) Estará presidida por un magistrado de la sección séptima de la AP de Cádiz. c) Estará presidida por un magistrado de la sección séptima de la AP de Málaga. d) Estará presidida por un magistrado de la sección sexta de la AP de Cádiz.

Conforme dispone RD 937/2003, de 18 de julio, las juntas de expurgo se reunirán en sesion ordinaria: a) Una vez al año. b) Una vez al mes. c) Al menos una vez cada seis meses. d) Con carácter bianual.

Según dispone el RD 937/2003, de 18 de julio, la remisión de los documentos que se hallen en un archivo judicial de gestión al archivo judicial territorial se formalizará periódicamente: a) Como mínimo con carácter bianual. b) Nunca se puede realizar la remisión. c) Con carácter obligatorio semestralmente. d) Como mínimo con carácter anual.

El responsable del archivo judicial central, en defecto de nombramiento será: a) El Secretario de Gobierno del TS. b) Un Secretario judicial de segunda categoría. c) El Presidente TSJ. d) Un Magistrado designado por el Presidente TSJ.

El ámbito de aplicación del RD de modernización de los archivos judiciales comprende: a) Todos los documentos judiciales existentes en los distintos juzgados y tribunales de todos los órdenes jurisdiccionales dependientes del MJ y que no hayan sido transferidos a las CCAA. b) Todos los documentos judiciales existentes en los distintos juzgados y tribunales de todos los órdenes jurisdiccionales que sean consecuencia de la actividad judicial, así como de los expedientes gubernativos que se sustancien en ellos. c) Todos los documentos judiciales existentes en los distintos juzgados y tribunales de todos los órdenes jurisdiccionales que sean consecuencia de la actividad judicial, excepto los expedientes gubernativos que se sustancien en ellos. d) Todos los documentos judiciales existentes en los distintos juzgados y tribunales de todos los órdenes jurisdiccionales, excepto de la jurisdicción social que sean consecuencia de la actividad judicial, así como de los expedientes gubernativos que se sustancien en ellos.

En cuanto a la dotación básica de las unidades procesales de apoyo directo a los órganos jurisdiccionales, según la Orden Jus/3244/2005, de 18 de octubre, cada unidad de apoyo directo tendrá un número mínimo de funcionarios del cuerpo de auxilio judicial de: a) Uno. b) Dos. c) Tres. d) No hay dotación de auxilio judicial.

Conforme al RD 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales, en cada CCAA existirá: a) Un archivo judicial dependiente del Juez Decano. b) Un archivo judicial dependiente del Secretario de Gobierno del TSJ. c) Como mínimo un archivo judicial territorial dependiente del Presidente del TSJ. d) Como mínimo un archivo judicial territorial dependiente del Secretario de Gobierno del TSJ.

Conforme al RD 937/2003, de 18 de julio, cuantas clases de archivos existen: a) Dos clases de archivos judiciales: archivo judicial provincial y archivo judicial territorial. b) Tres clases de archivos: archivos judiciales de gestión y documentación, archivos judiciales provinciales y archivos judiciales central. c) Tres clases de archivos: archivos judiciales de gestión, archivos judiciales provinciales y archivos judiciales central. d) Tres clases de archivos: archivos judiciales de gestión, archivos judiciales territoriales y archivos judiciales central.

Conforme el RD 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales, podrán ser remitidos para su conservación y custodia al archivo judicial territorial que le corresponde: a) Los procedimientos que no estuvieran pendiente de actuación procesal alguna en la fase declarativa y que además, hubiera transcurrido cuatro años desde la incoación. b) Los procedimientos que no estuvieran pendiente de actuación procesal alguna tanto en la fase declarativa como de ejecución. c) Los procedimientos transcurridos cuatro años desde su incoación. d) Los procedimientos con sentencia en firme o cualquier otra resolución que ponga fin a estos transcurridos dos años desde la firmeza de la resolución.

Conforme al RD 937/2003, de 18 de julio, la remisión de documentos judiciales y relaciones documentales se hará de la siguiente manera: a) Mediante programas y aplicaciones informáticas existentes. b) Mediante los programas informáticos existentes, cuya custodia corresponde al Magistrado juez. c) Mediante cualquier sistema de comunicación telemático, que se tendrá que remitir con carácter semestral. d) Únicamente, mediante el sistema de gestión procesal aprobados por el Ministerio de Justicia.

Según el RD 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales, los programas y aplicaciones informáticas de los archivos judiciales serán aprobados por: a) El MJ o las CCAA con competencias, previo informe del CGPJ. b) El CGPJ, a propuesta del MJ o de las CCAA con competencias. c) El Director de cada archivo judicial. d) El Presidente de cada TSJ en su ámbito.

Señale qué resoluciones de la Junta de Expurgo ponen fin a la vía administrativa, según el artículo 20.2 RD 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales: a) Todas las resoluciones. b) Solamente las que acuerden la transferencia de los expedientes judiciales a la Administración competente. c) Solamente las que acuerden su enajenación. d) Sus resoluciones no ponen fin a la vía administrativa.

Las disposiciones del RD 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales, se aplicarán: a) A los documentos generados por el MF que no se hubieran incorporado a expedientes correspondientes a actuaciones judiciales. b) A los archivos de los Juzgados togados y Tribunales militares. c) A los libros de sentencias y registros judiciales. d) A los expedientes gubernativos que se sustancien en los distintos juzgados y tribunales.

Las relaciones documentales se remitirán del archivo judicial de gestión al archivo judicial territorial: a) Por lo menos una vez al semestre. b) Por correo certificado. c) Mediante los programas y aplicaciones informáticas existentes. d) Por correo ordinario.

La ordenación, custodia y conservación del archivo judicial de gestión corresponderá al: a) Presidente TSJ. b) Gestor procesal y administrativo. c) Secretario judicial. d) Técnico de archivos judiciales.

La remisión de los documentos que se hallen en un archivo judicial de gestión al correspondiente archivo judicial territorial o al archivo judicial central se formalizará periódicamente, como mínimo: a) Cada año. b) Cada dos años. c) Cada tres años. d) Cada cuatro años.

¿Quién determinará las dotaciones básicas de las unidades procesales de apoyo directo?. a) EL CGPJ. b) El Secretario de Gobierno. c) El MJ. d) La Consejería de Justicia respectiva.

Según el artículo 1 del RD 937/2003, de modernización de los archivos judiciales, se entiende por expurgo el procedimiento por el cual: a) Se procede a la destrucción de documentos inútiles. b) Se determinará cuando un documento pierde toda su utilidad o, por el contrario, ha de ser conservado. c) Se determina si una actuación judicial ha sido concluída. d) Se realiza el traslado de documentos al archivo.

Existirá como mínimo un archivo judicial territorial: a) En cada CCAA. b) En cada Audiencia. c) En cada partido judicial. d) En cada término municipal.

Sin perjuicio de los dispuesto en el artículo 15 del RD 937/2003, de 18 de julio, los procedimientos con sentencia firme podrán ser remitidos para su conservación y custodia al archivo judicial territorial, una vez transcurrida desde la firmeza de la resolución el plazo de: a) Un año. b) Dos años. c) Tres años. d) Cinco años.

Los archivo judiciales de gestión, territoriales y central serán gestionadas mediante programas y aplicaciones informáticas, que serán aprobados por: a) El MJ. b) El CGPJ. c) Las CCAA con competencias en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la ADJ. d) Las Salas de Gobierno de los TSJ.

El archivo judicial central está adscrito.... a) A la Secretaría del CGPJ. b) A la Sala de Gobierno del TS. c) Al MJ. d) Al Servicio de Inspección del CGPJ.

En cada CCAA existirá como mínimo un archivo judicial territorial dependiente del Presidente TSJ, quien podrá delegar la competencia en: a) El Secretario de Gobierno del TSJ. b) El Juez Decano del partido judicial donde radique. c) El Secretario del Decanato del partido judicial donde radique. d) El responsable del archivo judicial de gestión del partido judicial donde radique.

El archivo judicial territorial dependerá del: a) Secretario de gobierno del TSJ. b) Secretario coordinador provincial. c) Presidente TSJ. d) Juez decano del partido judicial donde radique.

Los programas y aplicaciones informáticas para gestionar los archivos judiciales, de conformidad con el artículo 3 RD 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales: a) Serán aprobados por el CGPJ a propuesta del MJ o de las CCAA que hayan asumido competencias. b) Serán aprobados por el MJ previo informe de la Dirección General de modernización de la ADJ. c) Serán aprobados por el MJ a propuesta del CGPJ, previo informe de las CCAA con competencias en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la ADJ. d) Serán aprobados por el CGPJ a propuesta del MJ previo informe de las CCAA con competencias en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la ADJ.

Las juntas de expurgo se constituyen: a) En el MJ y ejercerá sus competencias en todo el territorio nacional, salvo en aquellas CCAA con competencias en la materia. b) En cada CCAA y ejercerá sus competencias en todo ámbito territorial de cada una de ellas. c) En cada provincia y ejercerá sus competencias en todo el ámbito territorial de cada una de ellas. d) En cada partido judicial y ejercerá sus competencias en todo el ámbito territorial del partido, incluidos en su caso los juzgados de paz.

De conformidad con el artículo 1.2. del RD 937/2003, de modernización de los archivos judiciales, se entiende por archivo judicial: a) Procedimiento de clasificación de los documentos judiciales. b) Lugar en que quedan debidamente custodiados y clasificados los documentos judiciales. c) Procedimiento a través del cual se determina cuando un documento ha de ser conservado. d) Conjunto de documentos que pierden su utilidad.

En virtud del artículo 2 del RD 937/2003, de modernización de los archivos judiciales, no quedan excluidos del ámbito de aplicación de dicho RD: a) Los expedientes gubernativos que se sustancien en los documentos judiciales. b) Los libros de registro. c) Los libros de sentencias. d) Expedientes relativos al RC.

En virtud del artículo 10 del RD 937/2003, de modernización de los archivos judiciales, el archivo judicial central estará adscrito a: a) Sala de Gobierno del TS. b) Sala de Gobierno del TSJ. c) Sala de Gobierno del AP. d) Sala de Gobierno del AN.

De conformidad con el artículo 20 del RD 937/2003, de modernización de los archivos judiciales, todas las resoluciones de la junta de expurgo: a) Podrán fin a la vía administrativa. b) No podrán fin a la vía administrativa cuando sean desestimatorias. c) No podrán fin a la vía administrativa cuando sean estimatorias. d) No podrán fin a la vía administrativa.

Tras la reforma introducida por la LO 1/2025, la sentencia oral en el orden social: a) Solo puede dictarse cuando las partes renuncien al recurso. b) Desaparece completamente del procedimiento laboral. c) Puede dictarse en más supuestos y debe quedar registrada audiovisualmente. d) Solo puede dictarse en procedimientos de despido.

Conforme a la reforma de la LRJS, la conciliación y el juicio: a) Deben celebrarse necesariamente el mismo día. b) Pueden celebrarse separadamente. c) Solo pueden separarse en procedimientos de despido. d) Deben celebrarse con una diferencia mínima de 30 días.

En relación con la conciliación judicial tras la LO 1/2025: a) El LAJ pierde competencias de intervención conciliadora. b) Solo el juez puede promover acuerdos. c) Se potencia la intervención del LAJ en la gestión y promoción de acuerdos. d) La conciliación judicial desaparece.

La reforma de la LRJS impulsa especialmente: a) La oralidad y digitalización del procedimiento. b) La supresión de grabaciones audiovisuales. c) La obligatoriedad del papel en todos los procedimientos. d) La eliminación de actuaciones telemáticas.

Conforme a la reforma del recurso de casación en el orden social: a) Todo recurso debe admitirse automáticamente. b) Se elimina la casación para unificación de doctrina. c) Se refuerza el criterio del interés casacional. d) Solo cabe recurso en procedimientos colectivos.

En relación con la aportación de prueba documental tras la LO 1/2025: a) Toda la prueba debe aportarse exclusivamente en el acto del juicio. b) Se favorece la aportación anticipada de documentos y pruebas digitales. c) La documental deja de admitirse en el orden social. d) Solo puede aportarse prueba electrónica con autorización judicial previa.

La reforma de la LRJS aclara especialmente los efectos de la conciliación previa sobre: a) Competencia territorial. b) Medidas cautelares. c) Prescripción y caducidad. d) Capacidad procesal.

Tras la LO 1/2025, los Juzgados de lo Social: a) Se transforman progresivamente en Tribunales de Instancia. b) Desaparecen y sus competencias pasan a la jurisdicción civil. c) Se integran en las Audiencias Provinciales. d) Mantienen exactamente la misma organización anterior sin cambios.

Respecto de las grabaciones audiovisuales en el orden social tras la reforma: a) Solo son obligatorias en el Tribunal Supremo. b) Se eliminan para agilizar procedimientos. c) Se refuerzan como garantía procesal. d) Sustituyen completamente las actas procesales escritas.

Conforme a la nueva regulación del orden social, las actuaciones telemáticas: a) Quedan prohibidas salvo autorización expresa del CGPJ. b) Solo pueden utilizarse en fase de recurso. c) Se impulsan como parte de la modernización de la Justicia. d) Son exclusivas de la jurisdicción civil.

La condición de LAJ se pierde: a) Por renuncia voluntaria manifestada por escrito y aceptada expresamente por el MJ. b) Por renuncia voluntaria manifestada por escrito y aceptada expresamente por el Presidente del CGPJ. c) Por condena a pena privativa de libertad superior a dos años por razón de delito doloso. d) Por condena a pena privativa de libertad superior a tres años por razón de delito leve.

Conforme a lo establecido en la LOPJ, los LAJ no serán responsables de: a) Organizar la dación de cuenta. b) Formación de autos y expedientes. c) Buen funcionamiento del registro de recepción de documentos. d) Comprobar que los medios técnicos necesarios para el proceso judicial se encuentran en condiciones de utilización.

Según el RD 1184/2006, de 13 de octubre, por el que se regula la estructura, composición y funciones de la Comisión Nacional de Estadística Judicial, impulsar la aprobación de los planes estadísticos, generales y especiales de la ADJ, es una competencia que le corresponde: a) Al Instituto Nacional de Estadística. b) A la Comisión Nacional de Estadística Judicial. c) A la FGE. d) A las CCAA con competencias en esa materia, y en su defecto, al CGPJ.

De acuerdo con LOPJ, los LAJ, cuando así lo prevean las leyes procesales: a) Tienen competencia en materia de jurisdicción voluntaria, asumiendo su tramitación y resolución, sin perjuicio de los recursos que quepa interponer. b) Tienen competencia en materia de conciliación, sin posibilidad de llevar a cabo la labor mediadora. c) Tienen competencia en la tramitación, pero no resolución de los procedimientos monitorios. d) Ejercen la totalidad de competencias en materia de ejecución.

Los puestos de trabajo de LAJ en el TS se cubrirán por el sistema de libre designación entre aquellos candidatos que pertenezcan a: a) La primero o segunda categoría, con una antigüedad de al menos quince años en una de ellas o entre ambas y quince años de servicio en el orden jurisdiccional correspondiente. b) La primero o segunda categoría, con una antigüedad de al menos veinte años en una de ellas o entre ambas y quince años de servicio en el orden jurisdiccional correspondiente. c) La primero o segunda categoría, con una antigüedad de al menos quince años en una de ellas o entre ambas y veinte años de servicio en el orden jurisdiccional correspondiente. d) La primero o segunda categoría, con una antigüedad de al menos veinte años en una de ellas o entre ambas y veinte años de servicio en el orden jurisdiccional correspondiente.

Según lo dispuesto en el art 21 RD 1608/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, es competencia designar a los LAJ que formen parte de las Juntas de Expurgo, de conformidad con lo prevenido en la normativa de la modernización de los archivos judiciales: a) Del Secretario General de la ADJ. b) Del MJ. c) Del Ministro de la Presidencia, Justicia y relación con las Cortes. d) De los Secretarios de Gobierno.

Los protocolos de actuación en el procedimiento a los que deben atenerse los LAJ en el ejercicio de sus funciones como directores técnico-procesales de la Oficina Judicial, serán elaborados por: a) El Secretario Coordinador Provincial y aprobados por el Secretario de Gobierno. b) El LAJ y aprobados por el Secretario Coordinador. c) El Secretario de Gobierno y aprobados por el CGPJ. d) El Secretario de Gobierno y aprobados por el MJ.

Corresponde a los LAJ (señale la respuesta incorrecta): a) Autorizar y documentar el otorgamiento de poderes para pleitos, en los términos establecidos en las leyes procesales. b) Con exclusividad y plenitud, el ejercicio de la fe pública judicial. c) En el ejercicio de la función de la fe pública judicial, precisa la intervención de dos testigos. d) Expedir certificaciones o testimonios de las actuaciones judiciales no declaradas secretas ni reservadas a las partes.

El artículo 451.3 LOPJ establece que excepcionalmente podrán los funcionarios del cuerpo de gestión procesal y administrativa, en sustitución del LAJ, intervenir en calidad de fedatarios y levantar la correspondiente acta, cuando no hubiera suficiente número de LAJ, en los supuestos de entradas y registros en lugares cerrados acordado por: a) Un único órgano judicial de una AP y que deban ser realizados de forma simultánea. b) Un único órgano judicial de una AN y que deban ser realizados de forma simultánea. c) Uno o varios órganos judiciales de una AP que deban ser realizados en distintos partidos judiciales y de forma simultánea. d) El Juzgado Central de Instrucción de guardia de la AN, con autorización del Secretario Coordinador, que deban ser realizados en distintos partidos judiciales y de forma simultánea.

Conforme a LOPJ, ¿Quiénes son los responsables de la formación de autos y expedientes?. a) El gestor. b) El Juez. c) El tramitador. d) El LAJ.

La estadística judicial constituye un instrumento básico al servicio de las administraciones públicas y del CGPJ para la planificación, desarrollo y ejecución de las políticas públicas relativas a la ADJ, y en particular, para las siguientes finalidades: a) El ejercicio de la política legislativa del Estado en materia estadística. b) El ejercicio de la política legislativa del Estado en materia de justicia y la modernización de la organización judicial. c) El ejercicio de la función de inspección de las administraciones públicas. d) La planificación y gestión de la Comisión general de la estadística.

Según la LOPJ, las situaciones administrativas en que se puedan hallar los LAJ, así como su jubilación serán iguales a: a) La del resto de los funcionarios al servicio de la ADJ. b) La de los funcionarios de la AGE. c) La de los funcionarios de la administración local. d) La de los Jueces y Magistrados.

Los LAJ que sean designados encargados del registro civil podrán hallarse en situación de: a) Servicio activo. b) Servicios especiales. c) Comisión servicios. d) Excedencia voluntaria.

De conformidad con el art 456 LOPJ, ¿Cuál de las siguientes materias no es atribuida a los LAJ?. a) La jurisdicción voluntaria. b) La conciliación. c) La mediación. d) La resolución de inadmisión de demanda.

La función de dirección en el aspecto técnico-procesal al personal integrante de la oficina judicial es atribuida por la LOPJ a: a) Los Jueces y Magistrados. b) Los LAJ. c) Los funcionarios del cuerpo de gestión procesal. d) Los Secretarios Coordinadores Provinciales.

¿Cuál de las siguientes funciones no podrá ejercer un Secretario de Gobierno en su calidad de superior jerárquico?. a) La inspección de los servicios de los que sean responsables los Secretarios judiciales de su ámbito competencial. b) Proponer al MJ el nombramiento de Secretarios judiciales de libre designación en su ámbito de competencia. c) Impartir instrucciones particulares en casos concretos a un secretario judicial en el ejercicio de su función de ordenación y dirección del proceso. d) Dirección y organización de los secretarios judiciales que de él dependan.

En el nombramiento del secretario de gobierno del TS, se recabará informe: a) Del consejo del secretariado. b) Del Pleno del CGPJ. c) De la comisión permanente del CGPJ. d) Del consejo de estado.

De conformidad con el art 465 de la LO 6/1985 del poder judicial, corresponde incoar los expedientes disciplinarios por las infracciones que los LAJ puedan cometer en el ejercicio de sus funciones al: a) Secretario Coordinador. b) Secretario de Gobierno. c) Secretario Provincial. d) Consejo del Secretariado.

En virtud del art 466 LO 6/1985, del poder judicial, no se podrá ocupar el mismo puesto de secretario coordinador: a) Más de doce años. b) Más de quince años. c) Más de diez años. d) Más de veinte años.

Los órganos superiores de gobierno del cuerpo de LAJ son, por orden jerárquico, los siguientes: a) El Secretario General de la ADJ, los Secretarios de Gobierno y los Secretarios Coordinadores Provinciales. b) El Consejo de Secretariado, los Secretarios Coordinadores Provinciales y los Secretarios de Gobierno. c) Los Secretarios de Gobierno, el Secretario General de la ADJ y el Consejo de Secretariado. d) El Secretario General de la ADJ, los Secretarios Coordinadores Provinciales y los Secretarios de Gobierno.

Las funciones del Secretario Coordinador han sido asumidas por el Secretario de Gobierno en: a) La CCAA de Illes Baleares. b) La CCAA de Canarias. c) La CCAA de La Rioja. d) La CCAA del País Vasco.

En virtud del art 467 de la LOPJ, el Secretario Coordinador ejercerá sus competencias bajo la dependencia directa del: a) Secretario de Gobierno. b) Secretario General de la ADJ. c) Subsecretario del TSJ. d) Subsecretario del TS.

Según el reglamento orgánico del cuerpo de secretarios judiciales, ¿Quién elabora los protocolos de actuación en el procedimiento a los que deberán atenerse los secretarios judiciales en el ejercicio de sus funciones?. a) El Secretario General de la ADJ. b) El Secretario de Gobierno. c) El Secretario Coordinador Provincial. d) El Secretario judicial responsable de un servicio común.

Según el art 445 LOPJ, el permiso para ser dispensados los LAJ que se presenten como candidatos para acceder a cargos públicos representativos en las asambleas legislativas de las CCAA, de la prestación del servicio en sus respectivas oficinas judiciales durante el tiempo de la campaña electoral, podrá ser concedido por: a) El Secretario de Gobierno. b) El Secretario Coordinador Provincial. c) El Secretario General de la ADJ. d) El Director General de relaciones con la ADJ.

Respecto a los LAJ, ¿Cuál de las siguientes respuestas es falsa?. a) Es un cuerpo de carácter nacional. b) Es un cuerpo dependiente del CGPJ. c) Es un cuerpo al servicio de la ADJ. d) Tiene carácter de autoridad en el ejercicio de sus funciones.

Según el art 464 LOPJ, habrá un secretario de gobierno: a) En TS, en la AN y en cada TSJ, así como en las ciudades de Ceuta y Melilla. b) En TS, en cada AP, así como en las ciudades de Ceuta y Melilla. c) En TS, en cada TSJ, así como en las ciudades de Ceuta y Melilla. d) En TS, en la AN y en cada AP.

Los cuerpos de funcionarios al servicio de la ADJ, según la LOPJ: a) Tienen el carácter de cuerpos nacionales, cuerpos generales y cuerpos especiales. b) Tienen el carácter de cuerpos nacionales y se clasifican en cuerpos generales y cuerpos especiales. c) Se clasifican en cuerpos nacionales, cuerpos generales y cuerpos especiales. d) Se clasifican en cuerpos generales, cuerpos especiales y cuerpos específicos, perteneciendo a este último el cuerpo de ayudantes de laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

El personal laboral que preste servicio en la ADJ: a) Por las disposiciones reglamentarias de los cuerpos al servicio de la ADJ. b) Por las disposiciones reglamentarias establecidas por el MJ. c) Por LOPJ. d) Por las disposiciones legales y reglamentarias, por el convenio colectivo que les sea de aplicación y por las estipulaciones de su contrato de trabajo.

¿Qué libro de la LOPJ tiene por objeto la determinación del estatuto jurídico de los funcionarios que integran los cuerpos de gestión procesal y administrativa, de tramitación procesal y administrativa y de auxilio judicial?. a) Libro IV. b) Libro VI. c) Libro V. d) Libro VII.

¿Cuál es la denominación correcta del libro VI de la LOPJ?. a) Del Gobierno del Poder Judicial. b) De los LAJ y la oficina judicial. c) De los cuerpos de funcionarios al servicio de la ADJ y de otro personal. d) Del CGPJ.

El art 473 LOPJ establece que podrán prestar servicios en la ADJ funcionarios que: a) Con carácter ocasional, sean necesarios para auxiliar en actividades propias de los cuerpos de funcionarios a que se refiere el Libro VI de la LOPJ y que requieran conocimientos técnicos o especializados. b) Con carácter permanente, sean necesarios para auxiliar en actividades propias de los cuerpos de funcionarios a que se refiere el Libro VI de la LOPJ y que no requieran conocimientos técnicos o especializados. c) Con carácter ocasional o permanente, sean necesarios para auxiliar en actividades que no sean las propias de los cuerpos de funcionarios a que se refiere el Libro VI de la LOPJ y que no requieran conocimientos técnicos o especializados. d) Con carácter ocasional o permanente, sean necesarios para auxiliar en actividades que no sean propias de los cuerpos de funcionarios a que se refiere el Libro VI de la LOPJ y que requieran conocimientos técnicos o especializados.

Según RD 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional del personal funcionario al servicio de la ADJ, en las ofertas de empleo público se reservará un cupo: a) No superior al cinco por ciento de la vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento. b) No inferior al cinco por ciento de la vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento. c) No superior al cinco por ciento de la vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad en grado igual o inferior al 33 por ciento. d) No inferior al cinco por ciento de la vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad en grado igual o inferior al 33 por ciento.

Según el art 32 RD 1451/2005, de 7 de diciembre, con respecto a la promoción interna del personal funcionario al servicio de la ADJ, la misma se efectuará mediante el sistema de: a) Oposición libre, sin que sea necesaria la valoración de méritos, con sujeción a los principios de igualdad, capacidad y publicidad. b) Concurso-oposición, con sujeción a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. c) Libre designación, con sujeción a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. d) Consolidación, con sujeción a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Señale la afirmación correcta a los cuerpos especiales al servicio de la ADJ: a) Realizan cuantas actividades tengan el carácter de apoyo a la gestión procesal, según el nivel de especialización del puesto desempeñado. b) Su cometido supone esencialmente el desempeño de funciones objeto de una profesión o titulación específica. c) Realizan tareas tengan carácter de auxilio a la actividad de los órganos judiciales. d) Colaboran en la actividad procesal de nivel superior, así como la realización de tareas procesales propias.

Según el art 477 LOPJ, la realización de cuantas actividades tengan carácter de apoyo a la gestión procesal, según el nivel de especialización del puesto desempeñado, bajo el principio de jerarquía y de conformidad con lo establecido en las relaciones de puestos de trabajo corresponde al: a) Cuerpo de tramitación procesal y administrativa. b) Cuerpo de gestión procesal y administrativa. c) Cuerpo de auxilio judicial. d) Cuerpo de LAJ.

La asistencia técnica a juzgados, tribunales, fiscalías y oficinas de registro civil en las materias de su disciplina profesional, tanto en el campo de la patología forense y prácticas tanatológicas como en la asistencia o vigilancia facultativa de los detenidos, lesionados o enfermos, que se hallaren bajo la jurisdicción de aquellos, en los supuestos y en la forma que determinen las leyes, es una función de: a) Los técnicos especialistas de laboratorio del Instituto de toxicología y ciencias forenses. b) Los facultativos del Instituto de toxicología y ciencias forenses. c) Los médicos forenses. d) Ayudantes de laboratorio del Instituto de toxicología y ciencias forenses.

Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera del cuerpo de médicos forenses son (señale la afirmación incorrecta): a) El sistema de concurso que podrá aplicarse sólo en virtud de Decreto, con carácter excepcional. b) El sistema de oposición. c) El sistema de concurso-oposición. d) El sistema de concurso que podrá aplicarse sólo en virtud de Ley, con carácter excepcional.

Según lo establecido en la LOPJ, cual de las siguientes funciones no corresponde al cuerpo de tramitación procesal y administrativa: a) La tramitación general de los procedimientos. b) Realizar las tareas de registro, recepción y distribución de escritos y documentos, relativos a asuntos que se estuvieran tramitando en juzgados y tribunales. c) La formación de autos y expedientes, bajo la supervisión del superior jerárquico. d) La confección de las cédulas pertinentes para la práctica de los actos de comunicación que hubieran de realizarse.

Según el art 476 LOPJ, no corresponde al cuerpo de gestión procesal y administrativa: a) La formación de autos y expedientes, bajo la supervisión del superior jerárquico. b) Realizar las tareas de registro, recepción y distribución de escritos y documentos, relativos a asuntos que se estuvieran tramitando en juzgados y tribunales. c) Practicar y firmar las comparecencias que efectúen las partes en relación con los procedimientos que se sigan en el órgano judicial, respecto a las cuales tendrá capacidad de certificación. d) Realizar cuantas funciones puedan asumir en orden a la protección y apoyo a las víctimas, así como de apoyo a actuaciones de justicia restaurativa y de solución extraprocesal.

¿Puede un funcionario del cuerpo de auxilio judicial desempeñar una jefatura en la oficina judicial?. a) Si, en todo caso. b) Solamente en casos excepcionales, con autorización del Secretario de Gobierno. c) No, las jefaturas solamente pueden ser desempeñadas por funcionarios del cuerpo de Secretarios judiciales. d) No, las jefaturas solamente pueden ser desempeñadas por funcionarios de los cuerpos de secretarios judiciales y de gestión procesal y administrativa.

¿Cuál es una función del cuerpo de gestión procesal y administrativa?. a) Ocupar, de acuerdo con lo establecido en las relaciones de puestos de trabajo, las jefaturas en que se estructuran las unidades de apoyo directo y servicios comunes procesales, en las que, sin perjuicio de realizar las funciones asignadas al puesto concreto, gestionarán la distribución de las tareas de personal, respondiendo del desarrollo de las mismas. b) La formación de autos y expedientes, bajo la supervisión del superior jerárquico. c) La confección de las cédulas pertinentes para la práctica de los actos de comunicación que hubieran de realizarse. d) Comprobar que los medios técnicos necesarios para el proceso judicial se encuentren en condiciones de utilización, requiriendo, en su caso, la presencia de los servicios técnicos que correspondan, para permitir el adecuado funcionamiento de dichos dispositivos, poniendo en conocimiento del LAJ las anomalías detectadas que pudieran impedir la celebración de actos procesales.

De acuerdo con la LOPJ, no le corresponde al cuerpo de tramitación procesal y administrativa, la siguiente función: a) El registro y la clasificación de la correspondencia. b) Expedir, con conocimiento del LAJ, y a costa del interesado, copias simples de escritos y documentos que consten en autos no declarados secretos ni reservados. c) La formación de autos y expedientes, bajo la supervisión del superior jerárquico. d) La confección de las cédulas pertinentes para la práctica de los actos de comunicación que hubieran de realizarse.

Conforme al art 478 LOPJ no es función del cuerpo de auxilio judicial: a) El desempeño de aquellas jefaturas que en las relaciones de puestos de trabajo de la oficina judicial estén asignados a este cuerpo. b) La práctica de actos de comunicación. c) Documentar los lanzamientos. d) Actuar como Policía Judicial con el carácter de agente de la autoridad.

Según la LOPJ, con carácter general corresponde al cuerpo de tramitación procesal y administrativa: a) Practicar y firmar las comparecencias que efectúen las partes. b) La realización de cuantas actividades tengan carácter de apoyo a la gestión procesal, según el nivel de especialización del puesto desempeñado, bajo el principio de jerarquía y de conformidad con lo establecido en las relaciones de puestos de trabajo. c) Realizar las tareas de registro, recepción y distribución de escritos y documentos, relativos a asuntos que se estuvieran tramitando en juzgados y tribunales. d) Velar por las condiciones de utilización de la sala de vistas y mantener el orden de la misma.

Según la LOPJ señale cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta: a) El Instituto Nacional de Toxicología y ciencias forenses es un órgano técnico adscrito al MJ. b) El cuerpo especial de técnicos especialistas de laboratorio realizará funciones de apoyo propias de su formación en las actividades científicas y de investigación propias del Instituto Nacional de Toxicología y ciencias forenses, así como en los Institutos de Medicina legal. c) El régimen estatutario de los médicos forenses será el establecido en la LOPJ. d) Los médicos forenses estarán destinados en un Instituto de Medicina legal o en el Instituto Nacional de Toxicología y ciencias forenses. Excepcionalmente y cuando las necesidades del servicio lo requieran, podrán ser adscritos a órganos jurisdiccionales, fiscales u oficinas de registro civil.

De conformidad con el art 496 LO 6/1985, del Poder Judicial, no es un derecho colectivo de los funcionarios de la ADJ: a) El derecho a la huelga. b) El derecho de reunión. c) El derecho a la libre actividad profesional. d) El derecho a la actividad sindical.

Conforme al art 498 LO 6/1985, del Poder Judicial, no es una actividad compatible que pueda desempeñar un funcionario perteneciente al cuerpo de auxilio judicial: a) El desempeño de cargo de asesor de empresa que no persiga fines lucrativos. b) El desempeño de asesoramiento jurídico que no sea retribuido. c) El desempeño de de servicios de gestoría administrativa. d) El desempeño de la condición de agentes de seguros.

De conformidad con lo establecido en la LO 6/1985, del Poder Judicial, ¿a qué cuerpo corresponde la confección de las cédulas pertinentes para la práctica de los actos de comunicación?. a) Al cuerpo de gestión procesal y administrativa. b) Al cuerpo de tramitación procesal y administrativa. c) Al cuerpo de auxilio judicial. d) AL cuerpo de LAJ.

Los funcionarios del cuerpo de auxilio judicial tendrán derecho a un permiso por asuntos particulares de: a) Cinco días. b) Siete días. c) Nueve días. d) Diez días.

¿Cuál de las siguientes funciones corresponde al cuerpo de auxilio judicial?. a) Gestionar la tramitación de asuntos ante el TS. b) Redactar resoluciones judiciales y sentencias. c) Practicar actos de comunicación que consistan en notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos. d) Realizar informes periciales en causas penales.

Es un cuerpo especial de personal funcionario al servicio de la ADJ (señale la respuesta correcta): a) Gestión procesal y administrativa. b) Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y ciencias forenses. c) Tramitación procesal y administrativa. d) Auxilio judicial.

Según la LOPJ, a los funcionarios del cuerpo de médicos forenses, les serán de aplicación las prescripciones que establezcan las normas procesales respecto a la recusación: a) De jueces-magistrados. b) De los LAJ. c) De peritos. d) Del resto de los funcionarios al servicio de la ADJ.

No es una función de los médicos forenses: a) La asistencia técnica a Juzgados, Tribunales y Fiscalías en las materias de su disciplina profesional, emitiendo informes y dictámenes en el marco del proceso judicial o en las actuaciones de investigación criminal que aquellos soliciten. b) La asistencia o vigilancia facultativa de los detenidos, lesionados o enfermos, que se hallaren bajo la jurisdicción de Juzgados, Tribunales y Fiscalías, en los supuestos y en la forma que determinen las leyes. c) La emisión de informes y dictámenes a solicitud del registro civil, en los supuestos y condiciones que determine el Ministerio. d) La emisión de informes y dictámenes a solicitud de particulares en las condiciones que se determinen reglamentariamente.

No es función atribuida al cuerpo de médicos forenses: a) La emisión de informes y dictámenes a solicitud del registro civil, en la forma que lo ordene el gestor procesal competente. b) La asistencia técnica a Juzgados, Tribunales, Fiscalías en las materias de su disciplina profesional, emitiendo informes y dictámenes en el marxo del proceso judicial. c) La realización de funciones de docencia, periciales o de investigación por motivos de interés general. d) La realización de funciones de investigación y colaboración que deriven de su propia función.

En virtud art 475 LO 6/1985, del Poder Judicial, el cuerpo de médicos forenses es: a) Un cuerpo general al servicio de la ADJ. b) Un cuerpo especial al servicio de la ADJ. c) Un cuerpo general al servicio de la ADJ, cuando estén destinados en Juzgados y Tribunales. d) Personal laboral al servicio de la ADJ.

De conformidad con lo establecido en el art 479.5 LO 6/1985, del Poder Judicial, no es una función del médico forense: a) La asistencia técnica al Instituto de Medicina legal en las materias de su disciplina profesional, emitiendo informes y dictámenes en el marco del proceso judicial. b) La emisión de informes y dictámenes, a solicitud del registro civil, en los supuestos y condiciones que determine su legislación específica. c) La emisión de informes y dictámenes, a solicitud de particulares en las condiciones que se determinen reglamentariamente. d) La realización de funciones de docencia, periciales o de investigación, por motivos de interés general, de acuerdo con las instrucciones que establezcaa el MJ o la CCAA con competencias en materia de Justicia, en el marco de posibles acuerdos o convenios.

Conforme al art 472.1 LO 6/1985, del Poder Judicial, los funcionarios de carrera de los cuerpos al servicio de la ADJ estarán vinculados a dicha administración en virtud de: a) Superación del proceso selectivo. b) Toma de posesión en el primer destino. c) Nombramiento legal. d) Juramento o promesa.

De conformidad con el art 479.6 LO 6/1985, del Poder Judicial, en el curso de sus actuaciones procesales, el personal destinado en los Institutos de Medicina legal y ciencias forenses estarán a las órdenes de: a) Los médicos forenses. b) El Director del Instituto de Medicina legal y ciencias forenses. c) Los jueces. d) Los facultativos del Instituto de Medicina legal y ciencias forenses.

Las funciones de auxilio técnico especializado en las actividades científicas y de investigación propias del Instituto de Nacional de Toxicología y ciencias forenses. a) Los médicos forenses. b) Los facultativos del Instituto de Nacional de Toxicología y ciencias forenses. c) Los técnicos especialistas del Instituto de Nacional de Toxicología y ciencias forenses. d) Los ayudantes de Laboratorio del Instituto de Nacional de Toxicología y ciencias forenses.

Señale la respuesta incorrecta respecto al personal funcionario de carrera de los cuerpos al servicio de la ADJ: a) La diferencia entre cuerpos generales y cuerpos especiales estriba en que el cometido de los primeros consiste esencialmente en tareas de contenido procesal y el cometido de los segundos el desempeño de funciones objeto de una profesión o titulación específica. b) La titulación exigida para el acceso al cuerpo de médicos forenses deberá ser licenciado en una carrera universitaria en ciencias experimentales y de la salud. c) Con respecto a los cuerpos generales, estos pueden realizar funciones administrativas vinculadas a las tareas de contenido procesal. d) Para el acceso al cuerpo de ayudantes de Laboratorio del Instituto de Nacional de Toxicología y ciencias forenses se exigirá estar en posesión del título de técnico en formación profesional o equivalente de las familias profesionales que se determinen en las bases de las convocatorias de los procesos selectivos, de conformidad con el contenido de los puestos de trabajo que se oferten.

Según la LOPJ no es función del cuerpo de médicos forenses: a) La emisión de informes y dictámenes, a solicitud de particulares en las condiciones que se determinen reglamentariamente. b) La realización de funciones de investigación y colaboración que deriven de su propia función, en los términos contemplados reglamentariamente. c) La asistencia o vigilancia facultativa de los detenidos, lesionados o enfermos, que se hallaren bajo la jurisdicción de Juzgados, Tribunales y Fiscalías, en los supuestos y en la forma que determinen las leyes. d) Efectuar estudios de toxicología y ciencias forenses, en las condiciones que se determinen reglamentariamente.

Según la LOPJ, los cambios de situaciones administrativas del personal al servicio de las ADJ deberán ser comunicados: a) Al registro de personal del TSJ. b) Al registro de personal del CGPJ. c) Al registro central de personal a que se refiere el art 481, para su anotación y podrán tener lugar, siempre que reúnan los requisitos exigidos en cada caso, sin necesidad del reingreso previo al servicio activo. d) Ninguna es correcta.

Según el art. 448.1 LOPJ, la cuantía del sueldo se establecerá para cada una de las categorías en que se estructura el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y la antigüedad se remunerará mediante un incremento sucesivo del cinco por ciento del sueldo inicial correspondiente a la categoría de ingreso: a) Por cada dos años de servicio. b) Por cada año de servicio. c) Por cada tres años de servicio. d) Por cada cinco años de servicio.

¿Quién ostenta la dirección jerárquica de los letrados de la Administración de Justicia en las oficinas judiciales de los Tribunales Superiores de Justicia y en las ciudades de Ceuta y Melilla?. a) El Secretario de Gobierno. b) El Presidente del Tribunal Superior de Justicia. c) El Secretario Coordinador Provincial. d) El Vocal del Consejo General del Poder Judicial encargado del territorio.

Cuál de las siguientes conductas tiene la consideración de falta muy grave según el artículo 468 bis LOPJ?. a) La ausencia injustificada al trabajo durante un solo día laborable. b) La utilización de la condición de Letrado de la Administración de Justicia para obtener un beneficio indebido para sí o para un tercero. c) La utilización inadecuada de los medios informáticos sin causar perjuicio. d) La falta de consideración con los ciudadanos en el ejercicio de sus funciones.

Según el art. 455 LOPJ, será responsabilidad del Letrado de la Administración de Justicia: a) Organizar la dación de cuenta, que se realizará en los términos establecidos en leyes penales. b) Organizar exclusivamente la suspensión de la dación de cuenta, que se realizará en los términos establecidos en las leyes procesales. c) Organizar la dación de cuenta, que se realizará en los términos establecidos en las leyes procesales. d) Todas las respuestas son incorrectas.

Se consideran faltas leves, según el art. 468 bis LOPJ: a) El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución en el ejercicio de la función pública. b) El abandono del servicio. c) Causar daño grave en los documentos o material de trabajo, así como en los locales destinados a la prestación del servicio. d) La desatención o retraso injustificado en el cumplimiento de sus funciones, cuando no constituya falta más grave.

Corresponde al Letrado de la Administración de Justicia el impulso del proceso en los términos que establecen las leyes procesales. En el ejercicio de esta función: a) Dictarán las resoluciones necesarias para la tramitación del proceso, salvo aquellas que las leyes procesales reserven al Ministerio de Justicia. b) Los Letrados de la Administración de Justicia dictarán diligencias cuando con tal resolución se trate de poner término al procedimiento del que tengan atribuida exclusiva competencia, o cuando sea preciso o conveniente razonar su decisión. c) Será responsabilidad de los Letrados de la Administración de Justicia la dación de cuenta, que se realizará en los términos previstos en las leyes procesales. d) Todas las respuestas son correctas.

El Letrado de la Administración de Justicia durante la práctica de una diligencia de entrada y registro de la que esté encargado: a) No podrá ser recusado. b) Podrá ser recusado por el detenido o imputado. c) Podrá ser recusado por el Abogado defensor de quien viva en el domicilio que se está registrando. d) Sólo podrá ser recusado por el Ministerio Fiscal en cuyo caso será sustituido por el sustituto legal.

Los letrados de la Administración de Justicia serán responsables del Archivo Judicial de Gestión, en el que, de conformidad con la normativa establecida al efecto, se conservarán y custodiarán aquellos autos y expedientes cuya tramitación no esté finalizada, salvo el tiempo en que estuvieren en poder del juez o del magistrado ponente u otros magistrados integrantes del tribunal: a) Por ley orgánica se establecerán las normas reguladoras de la ordenación y archivo de autos y expedientes que no estuviesen pendientes de actuación alguna, así como del expurgo de los archivos judiciales. b) Por real decreto se establecerán las normas reguladoras de la ordenación y archivo de autos y expedientes que no estuviesen pendientes de actuación alguna, así como del expurgo de los archivos judiciales. c) Por diligencia de ordenación se establecerán las normas reguladoras de la ordenación y archivo de autos y expedientes que no estuviesen pendientes de actuación alguna, así como del expurgo de los archivos judiciales. d) Todas las respuestas son incorrectas.

¿Cuál es el tiempo máximo que se puede permanecer en el mismo puesto como Secretario Coordinador o Secretaria Coordinadora?. a) Cinco años, prorrogables. b) Hasta alcanzar la jubilación si no hay relevo. c) Diez años. d) Ocho años, con posibilidad de ampliación por acuerdo del Ministerio de Justicia.

¿Qué competencia corresponde a los Secretarios de Gobierno según el artículo 465 LOPJ?. a) Nombrar directamente a los jueces sustitutos en caso de baja médica. b) Dirigir las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia. c) Aprobar resoluciones judiciales en casos de urgencia administrativa. d) Inspeccionar los servicios bajo responsabilidad de los Letrados de la Administración de Justicia de su ámbito competencial.

¿Qué órgano se constituye como instrumento de participación democrática del colectivo del Cuerpo de Letrados de la ADJ?: a) El Consejo Consultivo. b) El Consejo del Secretariado. c) El Secretariado de Gobierno. d) La Junta del Secretariado.

Las gratificaciones: a) Es un concepto retributivo básico. b) Es un concepto retributivo complementario. c) Es una retribución especial. d) No es un concepto retributivo.

Bajo la dependencia directa del Secretario de Gobierno, el Secretario Coordinador ejercerá las siguientes competencias: a) Dictar instrucciones de servicio a los Letrados de la Administración de Justicia que no sean de su ámbito territorial para el adecuado funcionamiento de los servicios que tienen encomendados. b) Controlar la correcta ejecución de las circulares e instrucciones de servicio que dicte el Secretario de Gobierno del que no dependa. c) Dar cuenta de forma inmediata al Secretario de Gobierno de cuantos hechos sean relevantes al buen funcionamiento de la Administración de Justicia, así como de las necesidades de medios personales y materiales de las secretarías ubicadas en su territorio. d) Todas las respuestas son correctas.

¿A quién le corresponde dictar las disposiciones pertinentes para el desarrollo y aplicación de las normas generales de organización y funcionamiento de los Institutos de Medicina legal y de actuación de los Médicos Forenses?: a) Al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. b) Al Gobierno. c) Al Ministerio de Justicia o al órgano competente de la Comunidad Autónoma en el ámbito de sus respectivas competencias. d) Al CGPJ.

Son competentes para la incoación de expedientes disciplinarios a los funcionarios del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia: a) El Ministerio de Hacienda, el Secretario de Gobierno y los Secretarios Coordinadores Provinciales. La tramitación de los mismos corresponde al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. b) El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el Secretario de Gobierno y los Secretarios Coordinadores Provinciales. La tramitación de los mismos corresponde al Ministerio del Interior. c) El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el Secretario de Gobierno y los Secretarios Coordinadores Provinciales. La tramitación de los mismos corresponde al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. d) Todas la respuestas son incorrectas.

Los funcionarios de carrera del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia adquirirán una categoría personal por el desempeño de un puesto de trabajo de la categoría correspondiente durante: a) Cuatro años continuados. b) Cinco años continuados o siete con interrupción. c) Cuatro años continuados o siete con interrupción. d) Cinco años continuados u ocho con interrupción.

¿A quién corresponde la competencia en materia de selección, formación y régimen disciplinario del personal al servicio de la Administración de Justicia?. a) A las Cortes Generales, mediante resolución parlamentaria individualizada. b) A las Delegaciones del Gobierno en cada comunidad autónoma. c) Exclusivamente al Consejo General del Poder Judicial, como órgano de gobierno del poder judicial. d) Al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes o a las comunidades autónomas con competencias asumidas, según lo establecido en la ley.

El Letrado de la Administración de Justicia, cuando se utilicen medios técnicos de grabación o reproducción, garantizará la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido, y esa garantía se prestará mediante: a) En todo caso mediante la incorporación de firma electrónica reconocida. b) Preferentemente mediante la incorporación de firma electrónica reconocida. c) En todo caso mediante la incorporación de la firma electrónica avanzada. d) Preferentemente mediante la incorporación de firma electrónica avanzada.

La condición de Letrado de la ADJ se pierde: a) Por la incoación de procedimiento penal por hechos dolosos cometidos en el ejercicio de sus funciones. b) Por no tomar posesión dentro del plazo establecido. c) Por dictarse contra él auto de procesamiento. d) Por renuncia voluntaria manifestada por escrito y aceptada expresamente por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

¿Quién resolverá una pieza de recusación de un Letrado de la Administración de Justicia?: a) Otro Letrado de la ADJ de igual o superior categoría. b) Otro Letrado de la ADJ de superior categoría. c) El mismo Juez o Magistrado competente para conocer del asunto. d) El Secretario de Gobierno.

¿Qué sanción sólo puede imponerse a los Letrados de la Administración de Justicia por la comisión de faltas leves?. a) Cese en el puesto de trabajo. b) Suspensión de funciones por un máximo de un año. c) Multa de hasta 3.000 euros. d) Apercibimiento.

Serán responsables de la elaboración de la estadística judicial como instrumento básico al servicio de las Administraciones públicas y del Consejo General del Poder Judicial para la planificación, desarrollo y ejecución de las políticas públicas relativas a la Administración de Justicia. Los Letrado de la Administración de Justicia: a) Se responsabilizarán de la elaboración de la estadística conforme a los criterios que establezca la Cooperación Nacional de Estadística Judicial, por cuyo cumplimiento velarán los Secretarios de Gobierno respectivos, contrastando la veracidad de los datos. b) Se responsabilizarán de la elaboración de la estadística conforme a los criterios que establezca la Comisión Nacional de Estadística Objetiva, por cuyo cumplimiento velarán los Secretarios de Gobierno respectivos, contrastando la veracidad de los datos. c) Se responsabilizarán de la elaboración de la estadística conforme a los criterios que establezca la Comisión Nacional de Estadística Judicial, por cuyo cumplimiento velarán los Secretarios de Gobierno respectivos, contrastando la veracidad de los datos. d) Todas las respuestas son incorrectas.

Según establece el art. 19 ROCSJ, en relación con el cese de los Secretarios de Gobierno y de los Secretarios Coordinadores Provinciales, podrán optar con carácter preferente a cualquier plaza de su categoría de las que deban proveerse por concurso voluntario: a) Durante los tres años posteriores a la fecha de su cese. b) Durante los dos años posteriores a la fecha de su cese. c) Durante el año posterior a la fecha de su cese. d) Durante los cuatro años posteriores a la fecha de su cese.

Las situaciones administrativas en que se puedan hallar los Letrados de la Administración de Justicia, así como su jubilación, serán: a) Iguales y procederá su declaración en los supuestos y con los efectos establecidos en esta Ley Orgánica para Jueces y Magistrados. b) Iguales que las establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial para el personal al servicio de la Administración de Justicia. c) Iguales que las establecidas en el Régimen General de Funcionarios de la Administración General del Estado. d) Específicas para el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.

¿Qué intervención tienen los Letrados de la ADJ en el registro de recepción de documentos?: a) Son los encargados de dicho registro. b) Serán responsables del buen funcionamiento. c) Realizarán personalmente los asientos correspondientes a los distintos documentos sin posibilidad de delegar dicha función. d) No tienen intervención alguna.

De acuerdo con el art. 441.1 LOPJ, los puestos de trabajo cuyo desempeño esté reservado al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, se clasifican: a) En dos categorías, teniendo lugar el ingreso en el mismo por la segunda categoría. b) En tres categorías, teniendo lugar el ingreso en el mismo por la tercera categoría. c) En cuatro categorías, teniendo lugar el ingreso en el mismo por la cuarta categoría. d) Todas las respuestas son incorrectas.

¿Qué cuerpo de funcionarios al servicio de la ADJ son aquellos en que su tarea consiste esencialmente en tareas de contenido procesal, sin perjuicio de la realización de funciones administrativas vinculadas a las anteriores?: a) Los Cuerpos Generales. b) Los Cuerpos Especiales. c) Los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa. d) Todos los Cuerpos.

Según el art. 10 ROCSJ, corresponde al Letrado de la Administración de Justicia mantener el orden en todas aquellas actuaciones que se celebren únicamente ante él en las dependencias de la Oficina judicial o fuera de ellas, en su caso, a cuyo efecto acordará lo que proceda, así como amparar en sus derechos a los presentes: a) De conformidad con lo dispuesto en el Código Civil. b) De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil . c) De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial. d) Todas las respuestas son correctas.

¿Quién propone el nombramiento del Secretario Coordinador o Secretaria Coordinadora en cada provincia?. a) El Consejo General del Poder Judicial. b) El Consejo del Secretariado directamente. c) El Secretario o Secretaria de Gobierno, de acuerdo con las comunidades autónomas con competencias asumidas. d) La Sala de Gobierno del tribunal correspondiente.

¿Cuál es el sistema ordinario de ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia?. a) Concurso de méritos según baremo del Ministerio. b) Concurso-oposición restringido a funcionarios de carrera del grupo A. c) Oposición libre. d) Concurso de traslados desde otros cuerpos del grupo A1.

Los funcionarios en prácticas que ya estuviesen prestando servicios remunerados en la Administración de Justicia, durante el periodo de prácticas: a) Podrán percibir remuneración alguna por el puesto de trabajo de origen y podrán optar por una remuneración de igual importe a la que les correspondía en el puesto de trabajo de origen o por la que les corresponda como funcionario en prácticas. b) No podrán percibir remuneración alguna por el puesto de trabajo de origen y podrán optar por una remuneración de igual importe a la que les correspondía en el puesto de trabajo de origen o por la que les corresponda como funcionario en prácticas. c) No podrán percibir remuneración alguna por el puesto de trabajo de origen y podrán optar por una remuneración de distinto importe a la que les correspondía en el puesto de trabajo de origen o por la que les corresponda como funcionario en prácticas. d) Todas las respuestas son incorrectas.

Las faltas muy graves prescribirán, según el art. 469.1 bis LOPJ: a) A los dos años. b) Al año. c) A los tres años. d) No prescriben.

Serán aplicables, de conformidad con el art. 446 LOPJ, a la recusación de los Letrados de la Administración de Justicia las prescripciones que establece esta Ley para Jueces y Magistrados en el artículo 223, con las siguientes excepciones: a) Los Letrados de la Administración de Justicia podrán ser recusados durante la práctica de cualquier diligencia o actuación de que estuvieren encargados. b) La pieza de recusación se resolverá por el Ministro de Justicia. c) Presentado el escrito de recusación, el Letrado de la Administración de Justicia recusado informará detalladamente por escrito si reconoce o no como cierta y legítima la causa alegada. d) Todas las respuestas son correctas.

El complemento general del puesto de los Letrados de la ADJ retribuye: a) Las características generales de los puestos. b) Las condiciones particulares de los puestos. c) El especial rendimiento. d) La actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe su trabajo.

De acuerdo con el art. 449.1 LOPJ, los funcionarios que se encuentren en periodo de prácticas o desarrollando cursos selectivos a los que se refiere el artículo 485 serán nombrados: a) Funcionarios en prácticas y percibirán una retribución equivalente al sueldo exclusivamente correspondientes al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia de la tercera categoría. b) Funcionarios en prácticas y percibirán una retribución equivalente al sueldo y las pagas extraordinarias correspondientes al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia de la segunda categoría. c) Funcionarios en prácticas y percibirán una retribución equivalente al sueldo y las pagas extraordinarias correspondientes al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia de la tercera categoría. d) Todas las respuestas son incorrectas.

En la imposición de sanciones por los órganos competentes deberá observarse la debida adecuación o proporcionalidad entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerándose especialmente los siguientes criterios para la graduación de la sanción a aplicar: a) Precariedad. b) Intencionalidad. c) Falta de reiteración. d) Coincidencia.

Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los dos años; las impuestas por faltas graves al año, y las impuestas por faltas leves: a) A los dos meses. b) A los tres meses. c) A los seis meses. d) A los nueve meses.

¿Qué Letrados de la ADJ están excluidos de la limitación temporal para poder concursar?: a) Los de nuevo ingreso. b) Los que se encuentren en su primer destino. c) Los que no tengan destino definitivo y estén obligados a participar en los concursos de acuerdo con la normativa vigente. d) Todos los Letrados de la Administración de Justicia tienen obligación de dejar transcurrir el tiempo mínimo establecido para poder concursar.

¿Cuántos años debe desempeñar un Letrado de la Administración de Justicia un puesto de trabajo para consolidar la segunda categoría?: a) Dos años. b) Tres años continuados o cinco con interrupciones. c) Cuatro. d) Cinco años continuados o siete con interrupciones.

Establece el art. 450.1 LOPJ que, la provisión de puestos de trabajo se llevará a cabo por el procedimiento de concurso, que será el sistema ordinario de provisión. Cuando se trate de puestos de carácter directivo o de especial responsabilidad, podrán cubrirse por el procedimiento de libre designación. Los puestos de trabajo de Letrado de la Administración de Justicia en el Tribunal Supremo se cubrirán por el sistema de libre designación entre aquellos candidatos que pertenezcan a la primera o segunda categoría: a) Con una antigüedad de al menos quince años en una de ellas o entre ambas y quince años de servicio en el orden jurisdiccional correspondiente. b) Con una antigüedad de al menos veinte años en una de ellas o entre ambas y quince años de servicio en el orden jurisdiccional correspondiente. c) Con una antigüedad de al menos diez años en una de ellas o entre ambas y quince años de servicio en el orden jurisdiccional correspondiente. d) Con una antigüedad de al menos treinta años en una de ellas o entre ambas y quince años de servicio en el orden jurisdiccional correspondiente.

Corresponde al Letrado de la Administración de Justicia, según establece el art. 7 ROCSJ, el impulso del proceso en los términos que establecen las leyes procesales. En el ejercicio de esta función: a) Dictarán las resoluciones necesarias para la tramitación del proceso, incluidas aquellas que las leyes procesales reserven a Jueces o Tribunales. b) Dictarán decretos cuando con tal resolución se trate de iniciar procedimiento del que tengan atribuida exclusiva competencia, o cuando no sea preciso o conveniente razonar su decisión. c) Garantizarán que el reparto de asuntos se realiza de conformidad con las normas que a tal efecto aprueben las Salas de Gobierno de los Tribunales de Justicia y serán responsables del buen funcionamiento del registro de recepción de documentos, expidiendo en su caso las certificaciones que en esta materia sean solicitadas por las partes. d) Todas las respuestas son incorrectas.

¿Cuál de las siguientes competencias corresponde a los Secretarios de Gobierno según la LOPJ?. a) La incoación de expedientes disciplinarios a los Letrados de la Administración de Justicia y la imposición de la sanción de apercibimiento. b) La propuesta de resoluciones judiciales en los procedimientos civiles. c) La designación directa de jueces sustitutos en su ámbito territorial. d) La aprobación de las decisiones adoptadas por las Salas de Gobierno.

¿Cuál es el tiempo máximo que puede permanecer una persona en el mismo puesto de Secretario o Secretaria de Gobierno?. a) Cinco años. b) Quince años. c) Indefinidamente, si cuenta con autorización del Consejo del Secretariado. d) Diez años.

Los Secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia serán nombrados libremente: a) Por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. b) Por el Presidente del Tribunal Supremo. c) Por el Presidente de la Audiencia Nacional. d) Por el Ministerio de Hacienda.

En las actuaciones orales, vistas y comparecencias que se registren en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y la imagen el acta a extender por el Letrado de la Administración de Justicia deberá consignar, y dará fe de los siguientes datos: a) El número y clase de procedimiento; lugar y fecha de su celebración; tiempo de duración; asistentes al acto; peticiones y propuestas de las partes; en caso de proposición de pruebas, declaración de pertinencia y orden en la práctica de las mismas; resoluciones que adopte el juez o tribunal; y cualquier otra circunstancia o incidencias que no pudieran constar en dicho soporte. b) El número y clase de procedimiento; lugar y fecha de su celebración; tiempo de duración; asistentes al acto, protestas de las partes y resoluciones que adopte el juez o tribunal. c) Solo será necesario recoger la duración de la actuación, las partes asistentes y las resoluciones dictadas. d) Solo será necesario recoger el número y clase de procedimiento, lugar y fecha de celebración, duración del acto, partes asistentes y resoluciones dictadas.

Los Letrados de la Administración de Justicia para comenzar a consolidar una categoría superior es preciso: a) Que al menos hayan permanecido cinco años en la categoría inferior. b) Que al menos hayan permanecido siete años en la categoría inferior. c) Que previamente hayan consolidado la categoría inferior. d) Que hayan superado los cursos correspondientes para el acceso a dicha categoría.

¿Quién nombra al Secretario o Secretaria de Gobierno según el artículo 464 LOPJ?. a) El Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del Ministro de Justicia. b) El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, sin necesidad de informes ni propuestas. c) El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, previo informe del Consejo del Secretariado y propuesta del órgano competente de la comunidad autónoma si procede. d) La Sala de Gobierno del tribunal correspondiente, con el visto bueno de la comunidad autónoma.

¿Quién será competente para dictar instrucciones de servicio a los Letrados de la Administración de Justicia de su ámbito territorial, para el adecuado funcionamiento de los servicios que tienen encomendados según el artículo 467 de la Ley Orgánica del Poder Judicial?: a) La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia. b) El Secretario Coordinador bajo la dependencia directa del Secretario de Gobierno. c) El Secretario Decano. d) La Junta de Secretarios.

Dentro de las funciones de los Letrados de la Administración de Justicia, establece el art. 11 ROCSJ que: a) Promoverán el empleo de los medios técnicos, audiovisuales e informáticos de documentación con que cuente la unidad donde no presten sus servicios. b) Serán responsables del archivo judicial de control de conformidad con la normativa reguladora de la ordenación de archivos de autos y expedientes, así como del expurgo de archivos judiciales, cuando fueren designados para ello por la Administración competente. c) Responderán del depósito de los bienes y objetos afectos a los expedientes judiciales, así como del de las piezas de convicción en las causas penales, en los locales dispuestos a tal fin. d) Todas las respuestas son incorrectas.

¿A quién se dirige la abstención del Letrado de la Administración de Justicia si se tratare de una Unidad de Apoyo Directo a un órgano judicial colegiado?: a) Al Secretario Coordinador Provincial. b) Al Ponente. c) Al Decano. d) A la Sala de Gobierno.