TRAMI PROMO INTERNA 2017-18

El tribunal europeo de derechos humanos tiene su sede en: La Haya. Estrasburgo. Maastricht. Bruselas.

El art. 15 de la ley orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, establece que el principio de igualdad de trato informará la actuación de todos los poderes públicos con carácter: General. Transversal. Universal. Preferente.

En relación a los derechos de las víctimas de violencia de género: Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral. La organización de estos servicios por parte de las CCAA y corporaciones locales responderá al principio de presencia. Con carácter general, la acreditación de las situaciones de violencia de género ejercida sobre las trabajadoras se realizará con un informe del MF. Las ayudas sociales, recogidas en el art. 2 de la LO 1/2004, concedidas a las víctimas de violencia de género se financian con cargo al presupuesto de cada CCAA. Las mujeres víctimas de violencia de género serán consideradas colectivos prioritarios en el acceso a las residencias públicas de mayores.

Según establece la carta de derechos de los ciudadanos ante la justicia, el ciudadano que declare como testigo en un proceso judicial tiene derecho a: Recibir, en todo caso, una compensación económica. Ser adecuadamente protegido. No declarar, salvo en procesos penales. Declarar desde su propio domicilio, en el caso de que se sienta intimidado.

El art. 230.3 de la LOPJ establece que las actuaciones orales y vistas grabadas y documentadas en soporte digital: No podrán transcribirse en ningún caso. Se transcribirán siempre a petición de parte interesada. No podrán transcribirse, salvo en los casos expresamente previstos en la ley. Se transcribirán sólo cuando el LAJ lo considere necesario.

A efectos del código de conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al servicio de la administración de justicia, se considerará usuario: A todos los profesionales que prestan sus servicios en los órganos judiciales. A todos los ciudadanos, siempre y cuando actúen en calidad de parte en un procedimiento judicial. Sólo a los funcionarios de la administración de justicia que presten sus servicios en la oficina judicial. Únicamente a los abogados y procuradores que actúen en procedimientos judiciales.

A la unidad de la oficina judicial que, sin estar integrada en un órgano judicial concreto, asume labores centralizadas de gestión y apoyo en actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes procesales, se la denomina: Servicio común procesal. Unidad procesal de apoyo directo. Juzgado decano. Unidad administrativa.

Corresponde a los funcionarios del cuerpo de tramitación procesal y administrativa: La tramitación general de los procedimientos, mediante el empleo de los medios mecánicos u ofimáticos que corresponda. Expedir, con el conocimiento del LAJ y a costa del interesado, copias simples de escritos y documentos que consten en autos no declarados secretos ni reservados. Realizar las funciones de archivo de autos y expedientes judiciales, bajo la supervisión del LAJ. Documentar los embargos, lanzamientos y demás actos cuya naturaleza lo requiera con el carácter y representación que le atribuyan las leyes.

La jubilación forzosa de los funcionarios de carrera del cuerpo de gestión procesal y administrativa se declarará: De oficio al cumplir el funcionario los 65 años de edad, pudiendo prolongar voluntariamente su permanencia en servicio activo, como máximo hasta que cumplan 70 años de edad. A solicitud del funcionario al cumplir los 65 años de edad, sin posibilidad de prolongar voluntariamente su permanencia en servicio activo. De oficio al cumplir el funcionario los 67 años de edad, pudiendo prolongar voluntariamente su permanencia en servicio activo, como máximo hasta que cumplan 72 años de edad. De oficio al cumplir el funcionario los 67 años de edad, sin posibilidad de prolongar voluntariamente su permanencia en servicio activo.

A tenor de los dispuesto en la LOPJ, los funcionarios del cuerpo de gestión procesal y administrativa tendrán derecho por razón de matrimonio a: Un permiso de 8 semanas de duración con plenitud de derechos económicos. Un permiso de 9 días de duración con derecho a percibir las retribuciones básicas y las prestaciones por hijo a cargo. Una licencia de 1 mes con derecho a percibir las retribuciones básicas y las prestaciones por hijo a cargo. Una licencia de 15 días de duración con plenitud de derechos económicos.

La duración de la jornada general de trabajo efectivo en cómputo anual de los funcionarios de la administración de justicia será fijada: Por resolución del órgano competente del ministerio de justicia, previo informe de las CCAA con competencias asumidas y negociación con las organizaciones sindicales más representativas. Por resolución del órgano competente del ministerio de justicia o de las CCAA con competencias asumidas dentro de su respectivo territorio. Por resolución del CGPJ, previo informe del ministerio de justicia. Por el ministerio de política territorial y función pública, previo informe del ministerio de justicia y de las CCAA con competencias asumidas y negociación con las organizaciones sindicales más representativas.

Según el art. 254 de la LEC, contra la diligencia de ordenación por la que el LAJ acuerda dar al asunto la tramitación que corresponda, cabrá recurso de: Reposición. No cabe recurso alguno. Reposición y subsidiario de apelación. Directo de revisión.

En el juicio civil ordinario se impugnará la adecuación del procedimiento por razón de la cuantía: En el acto de la vista y se resolverá en sentencia. En la contestación a la demanda y se resolverá en el plazo de 5 días. En la contestación a la demanda y se resolverá en la audiencia previa al juicio. En la audiencia previa al juicio y se resolverá con carácter previo al juicio.

En el orden jurisdiccional civil, contra el auto que acuerde las diligencias preliminares: Cabe recurso de reposición. No cabe recurso alguno. Cabe recurso directo de revisión. Cabe recurso de reposición y subsidiario de revisión.

Si un litigante denuncia la inexactitud de una copia entregada, el tribunal acordará: Declarar la nulidad de lo actuado si la inexactitud afectase a la defensa de la parte. La entrega inmediata de una nueva copia exacta al original y ampliar el plazo de alegaciones. Suspender el plazo de alegaciones hasta entregar nueva copia. Requerir a la parte para que presente el original y el juzgado expedirá nueva copia.

Según la LEC, el importe de la indemnización a los testigos lo fija: El LAJ por decreto. El juez por providencia. El LAJ en la tasación de costas. El juez en la sentencia definitiva.

El momento preclusivo de la acumulación de acciones en un procedimiento civil ordinario, se produce: 5 días antes de la celebración de la audiencia previa. Dentro de los 10 primeros días del emplazamiento al demandado. Hasta el momento de la celebración del juicio. Antes de la contestación a la demanda.

Si faltare a la audiencia previa el abogado del demandado: Se dictará sentencia estimatoria de la demanda. Se seguirá la audiencia con el demandante en lo que resulte procedente. El magistrado dictará auto de sobreseimiento del proceso por desistimiento unilateral. Se señalará nueva audiencia previa con apercibimiento de multa al letrado si no compareciese.

En el procedimiento verbal civil, la celebración de vista se solicitará: Siempre por escrito en la demanda. Por el demandado dentro de los 5 primeros días del emplazamiento. Por el demandante en los 5 días siguientes desde el traslado del escrito de contestación. Por el demandado necesariamente en su escrito de contestación.

Según el art. 518 de la LEC, la acción ejecutiva fundada en sentencia judicial, resolución arbitral o acuerdo de mediación, caducará si no se interpone la correspondiente demanda ejecutiva en el plazo de: 3 años siguientes desde la notificación de la sentencia o resolución. 4 años siguientes a la firmeza de la sentencia o resolución. 2 años siguientes a la fecha de la sentencia o resolución. 5 años siguientes a la firmeza de la sentencia o resolución.

Dictado el auto despachando ejecución, el LAJ dictará decreto conteniendo las medidas ejecutivas concretas, de localización y averiguación de bienes del ejecutado, en el plazo de: 1 audiencia. 2 días hábiles. En el mismo día o en el siguiente hábil. No existe plazo alguno.

Son causas de oposición a la ejecución fundada en resoluciones arbitrales: La prescripción. La caducidad. La existencia de cláusulas abusivas en el título. La pluspetición y compensación.

Procede el requerimiento de pago al ejecutado, cuando la ejecución para la entrega de cantidades determinadas de dinero se funde en: Decretos del LAJ. Transacciones judiciales. Acuerdos de mediación. Resoluciones no arbitrales ni procesales.

Son bienes inembargables del ejecutado: La pensión cuya cuantía no exceda del doble del salario mínimo interprofesional. Los bienes sacros. El menaje de la casa del ejecutado considerado superfluo. Los bienes con contenido patrimonial.

El LAJ encargado de la ejecución, a instancia del ejecutante, librará mandamiento para que se haga la anotación preventiva de embargo cuando este recaiga sobre: Bienes inmuebles exclusivamente. Bienes o derechos susceptibles de inscripción registral. Solo para bienes muebles e inmuebles. Bienes no inmatriculados.

Para tomar parte en la subasta de bienes muebles los licitadores deberán cumplir uno de los siguientes requisitos: Hacer pujas por encima del 5% del valor de los bienes. Ser ejecutante o ejecutado sin someterse a requisito alguno. Identificarse de forma suficiente. Haber consignado el 15% del valor de los bienes.

Cuando la mejor postura ofrecida en la subasta de bienes inmuebles sea inferior al 70% del avalúo: El ejecutado podrá en el plazo de 10 días presentar tercero que mejore la postura. El ejecutante en el plazo de 10 días podrá pedir la adjudicación del inmueble. Se aprobará el remate a favor del mejor postor. Se convocará nueva subasta.

Según el art. 771 de la LEC, los efectos y medidas acordados solo subsistirán si se presenta demanda de nulidad, separación o divorcio en el plazo de: 20 días desde la notificación del auto que acuerde las medidas. 20 días prorrogables, desde la adopción de las medidas. 30 días siguientes a su adopción. 30 días siguientes a la firmeza de la resolución que acuerde las medidas.

Será exclusivamente competente para el proceso monitorio el juzgado de primera instancia: Del dominio o residencia del deudor. Del lugar en el que el deudor pudiera ser hallado. Del domicilio laboral del deudor. Del partido judicial del demandante.

El demandado en un procedimiento monitorio, deberá valerse de procurador y abogado: No será preciso. Cuando su intervención fuera necesaria por razón de la cuantía, según las reglas generales. Por la razón de la cuantía, cuanto ésta sea superior a 900€. Sólo será necesaria la intervención de abogado.

El deudor podrá interponer demanda de oposición al juicio cambiario: En el plazo de 10 días siguientes al requerimiento de pago. Dentro de los 5 primeros días del requerimiento de pago. En los 15 días siguientes al requerimiento de pago. En los 10 días siguientes al requerimiento de pago, siempre que este hubiere sido atendido por el deudor cambiario.

En la oposición cambiaria, si ninguna de las partes solicitara la celebración de la vista: El tribunal resolverá siempre y sin más trámites la oposición. Se celebrará la vista si el tribunal lo considera procedente. La vista se sustituye por alegaciones escritas. La acordará el LAJ.

En las demandas de separación y divorcio, y las de nulidad de matrimonio, sólo se admitirá la reconvención: Cuando el cónyuge demandado de nulidad no pretenda la separación. Cuando el cónyuge demandado de separación o de nulidad pretenda el divorcio. Cuando el cónyuge demandado no pretenda la adopción de medidas definitivas que puedan acordarse de oficio. No es admisible la reconvención en este tipo de procedimientos.

El MF actúa en los expedientes de jurisdicción voluntaria en calidad de: Parte, cuando el tribunal así lo acuerde. Interesado, en todo caso. Parte, cuando esté comprometido el interés de un menor. Solicitante en procesos de incapacidad, exclusivamente.

Cuando se están tramitando simultáneamente dos o más expedientes de jurisdicción voluntaria con idéntico objeto: Deberán acumularse todos ellos al más antiguo. Se continúa la tramitación del primero y se archivan todos los demás. Se tramitan simultáneamente todos ellos hasta que queden pendientes de resolución. Resolverá la jurisdicción contencioso-administrativa.

De conformidad con la LJV, será competente para conocer de los actos de conciliación: El juez de paz. Solo los LAJ. El juzgado de primera instancia o de lo mercantil, a elección del demandante. En todo caso, el LAJ del domicilio del demandante.

Según la LJV, si el requerido de conciliación no compareciere ni alegare justa causa para no concurrir, se pondrá fin al acto, teniendo la conciliación por: Intentada sin efecto. Celebrada sin avenencia. Intentada a todos los efectos legales. Comparecido y por desistido de su celebración.

Contra lo convenido en acto de conciliación civil solo podrá ejercitarse la acción de nulidad en un plazo de: 15 días desde la celebración de la conciliación. 1 año desde la celebración de la conciliación. 15 días desde que se dicte el decreto haciendo constar la avenencia. 10 días desde la última notificación.

En el procedimiento penal ordinario, las actuaciones encaminadas a preparar el juicio se denominan: Sumario. Diligencias previas. Diligencias urgentes. Diligencias preparatorias de juicio.

Sin perjuicio de lo establecido en los procesos especiales, el procedimiento abreviado se aplicará para el enjuiciamiento de los delitos castigados con cualquier tipo de pena que no sea de prisión, cualquiera que sea su cuantía o duración, y además, los delitos castigados con pena de prisión: Superior a 3 años. No superior a 5 años. No superior a 9 años. Superior a 9 años.

El auto de procesamiento es la resolución judicial por la cual en el procedimiento ordinario: Se acuerda el inicio de las diligencias para investigar un hecho punible. Se constata la existencia de indicios de criminalidad contra determinada persona y se manda entender con ella las diligencias en el modo y forma dispuesto por la ley. Se da por concluida la fase de investigación penal. Se acuerda la apertura del juicio oral contra el encausado, a la vista del contenido de los escritos de acusación.

La declaración de secreto de las actuaciones por parte del juez instructor significa que, mientras se mantenga el secreto, las diligencias son secretas para: Todas las partes procesales, incluido el MF. Todas las partes excepto el MF. Todas las partes excepto el MF y el investigado. El público en general, pero no para las partes procesales.

Las diligencias de instrucción son: Reservadas, sin necesidad de declaración expresa. Reservadas, cuando así lo declara el juez instructor. Públicas, salvo que el juez o tribunal acuerden su carácter reservado. Públicas, sin que el juez o tribunal tenga facultad de declararlas reservadas.

En las diligencias previas, la instrucción sin sobreseimiento o calificación como delito leve o hecho competencia de la jurisdicción militar o de menores, termina mediante: El auto de conclusión del sumario. Un auto que acuerda la continuación del procedimiento por los trámites del procedimiento abreviado y que haga de contener la determinación de los hechos punibles y la persona a la que se le imputan. El auto de apertura de juicio oral, que contendrá los hechos objeto de la acusación, la persona contra la que se dirige y el órgano competente para el enjuiciamiento. El auto de declaración de pertinencia de pruebas y señalamiento de juicio oral.

Una vez recibidas las actuaciones para su enjuiciamiento en el juzgado de lo penal, el juez dictará auto: Admitiendo las pruebas pertinentes y rechazando las demás, señalando día para el inicio de las sesiones del juicio. Admitiendo las pruebas pertinentes y rechazando las demás, correspondiendo al LAJ establecer el día y hora en que deban comenzar las sesiones del juicio. Aprobando o revocando la conclusión de las diligencias por parte del juez instructor. Señalando el inicio de las sesiones del juicio oral, pronunciándose sobre la pertinencia de la prueba en el acto del juicio.

En el ámbito del tribunal del jurado, en la resolución en la que el juez instructor acuerda la apertura del juicio oral, se acordará también remitir al órgano de enjuiciamiento: Testimonio de todas las actuaciones. La causa original. Las piezas de convicción, exclusivamente. Testimonio de los escritos de calificación, documentación de diligencias no reproducibles y que hayan de ser ratificadas en el juicio, auto de apertura de juicio oral, así como las piezas de convicción.

Si los peritos o testigos citados a un juicio por delito leve no comparecen, serán sancionados con multa de: 100 a 1.000 €. 500 a 5.000 €. 200 a 2.000 €. 300 a 3.000 €.

El plazo legal para que el juez dicte sentencia después de celebrar un juicio por delito leve es de: 7 días. 10 días. 15 días. En el acto del juicio o dentro de los 3 días siguientes.

¿Cuál es el plazo para la interposición del recurso de apelación contra la sentencia dictada en un juicio por delito leve?. 3 días. 5 días. 7 días. 10 días.

La sentencia de un juicio por delito leve se notificará a: Las partes personadas, exclusivamente. Solo a denunciante y denunciado. Denunciante, denunciado y testigos. Partes personadas y perjudicados, aunque no se hayan mostrado parte.

En el supuesto de no conformidad en un juicio rápido por delito, el LAJ: Señalará el juicio ante el juzgado de lo penal, en cualquier caso dentro de los 15 días siguientes. Señalará el juicio el día hábil siguiente. Remitirá las actuaciones al decanato para su señalamiento. Señalará el juicio dentro del plazo de 30 días ante el juzgado de lo penal.

La sentencia de conformidad en un juicio rápido se ejecutará: Por el propio juzgado que la dictó. Por el juzgado de lo penal. Por la audiencia provincial. Por el ministerio de justicia.

La sentencia que dicta el juzgado de lo penal es apelable desde su notificación en el plazo legal de: 5 días. 3 días. 1 día. 1 mes.

La ejecución de una sentencia dictada en un juicio por delito leve es competencia: Del juzgado de instrucción que la dictó. Del juzgado de lo penal. De la audiencia provincial. Del decanato de los juzgados de la localidad.

Corresponden al orden jurisdiccional contencioso-administrativo: Las cuestiones atribuidas a los órdenes jurisdiccionales civil, penal y social relacionadas con la actividad de la administración pública. El recurso contencioso-administrativo. Los conflictos de jurisdicción entre los juzgados y tribunales y la administración pública. La responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas.

No pueden interponer recurso contencioso-administrativo contra la actividad de una administración pública: El MF. Las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo. Los miembros de los órganos colegiados de la administración pública respecto a la actividad de la propia administración de la que dependen. Las corporaciones.

Según lo dispuesto en el art. 50 de la LJCA, la administración se entenderá emplazada por: La reclamación del expediente. El envío del expediente. Su personación ante el tribunal. Ninguna es correcta.

No conocerán los óranos jurisdiccionales del orden social de: Los procesos de conflictos colectivos. La impugnación de los estatutos de los sindicatos. El régimen profesional de los trabajadores autónomos. La tutela de los derechos de libertad sindical y del derecho a la huelga relativa a los funcionarios públicos.

Se deberá designar un representante común, según lo dispuesto en el art. 19 de la LJS, en los procesos en los que demanden de una forma conjunta: Más de 10 actores. Más de 5 actores. Más de 3 actores. Más de 3 actores y menos de 10.

Según lo dispuesto en el art. 74 de la LJS, los jueces y tribunales del orden jurisdiccional social interpretarán las normas reguladoras del proceso social ordinario según los principios de: Inmediación, oralidad, concentración y celeridad. Inmediación, oralidad, eficiencia y celeridad. Inmediación, oralidad, concentración y eficacia. Inmediación, oralidad, eficiencia y eficacia.

De conformidad con lo establecido en el art. 450 de la LEC, todo recurrente podrá desistir del recurso: Solamente antes del traslado a la parte contraria. En cualquier momento de su tramitación. Exclusivamente en la vista del recurso. Antes de que sobre él recaiga resolución.

Según la LEC, la interposición de recurso de reposición, respecto de la resolución recurrida: Tendrá efectos suspensivos. Podrá tener efectos suspensivos. No tendrá efectos suspensivos. Ninguna es correcta.

A tenor de lo dispuesto en el art. 482 de la LEC, presentado el escrito de interposición del recurso de casación, se remitirán todos los autos originales al tribunal competente, con emplazamiento de las partes ante dicha sala por término de: 20 días. 30 días. 15 días. 10 días.

Conforme dispone el art. 217 de la LECrim, contra todos los autos del juez de instrucción, cabe interponer: Recurso de apelación. Recurso de reposición. Recurso de revisión. Ninguna es correcta.

Según dispone el art. d238 bis de la LECrim, contra el decreto del LAJ que resuelva el recurso de reposición: No cabrá interponer recurso alguno. Cabrá recurso de apelación. Cabrá interponer recurso de queja. Cabrá, únicamente interponer recurso directo de revisión.

Las sentencias dictadas en el ámbito de la audiencia provincial y en primera instancia por el magistrado presidente del tribunal del jurado, serán apelables ante la sala correspondiente de: El TS. La audiencia nacional. El TSJ de la correspondiente CCAA. Ninguna es correcta.

Con carácter general, las actuaciones judiciales deben realizarse: Fuera del partido judicial donde radique la sede del tribunal que conozca del proceso. En la sede de la oficina judicial. En el domicilio de las partes. En cualquier lugar del territorio de su circunscripción.

De conformidad con el art. 130 de la LEC, son horas hábiles: Las 24 horas de cada día. Las comprendidas entre las 8 de la mañana a las 8 de la tarde, salvo que la ley disponga otra cosa. Desde las 12 de la mañana a las 12 de la noche. De 8 a 15 horas de la mañana.

Las actuaciones que deban realizarse fuera del partido judicial donde radique la sede del tribunal que conozca del proceso se practicarán: Por suplicatorio. Todas las actuaciones se practicarán en la sede del tribunal que conozca del proceso. Cuando procesa, por auxilio judicial. Las actuaciones solo podrán realizarse en cualquier lugar del territorio de su circunscripción.

Transcurrido el plazo o pasado el término concedido a una parte para la realización de un acto procesal se producirá: La habilitación. La caducidad. La preclusión. La prórroga.

Si los plazos estuviesen fijados por meses o años, ¿cómo se computarán?. De fecha a fecha. Por días, con exclusión solo de las fiestas locales. Por días, con exclusión solo de los sábado y domingos. Por días, con exclusión de los inhábiles.

El juzgado o tribunal cuidará de que puedan ser subsanados los defectos en que incurran los actos procesales de las partes: Obligando a su subsanación. No teniendo por efectuado el acto y declarándolo nulo. Siempre que, en dichos actos se hubiese manifestado la voluntad de cumplir los requisitos exigidos por la ley. Concediendo para ello un plazo de 20 días hábiles.

Todos los días y horas del año serán hábiles para la instrucción de las causas criminales: Sin necesidad de habilitación especial. Con habilitación especial. Con habilitación especial el mes de agosto. Con habilitación especial a partir de las 20 horas.

Las resoluciones del juez que ordenan materialmente el proceso se denominan: Autos. Providencias. Decretos. Diligencias de ordenación.

Con carácter general el contenido necesario de una providencia, además de su fecha y firma, es: Exclusivamente, la determinación de lo mandado. La determinación de lo mandado y del juez o tribunal que las disponga. La determinación de lo mandado, del juez o tribunal que las disponga y una sucinta fundamentación jurídica. Una fundamentación jurídica en párrafos separados y numerados de hechos y razonamientos jurídicos, además de los datos del juez o tribunal que la dicta.

Con carácter general, la resolución que resuelve una cuestión incidental adopta la forma de: Providencia. Decreto. Auto. Sentencia.

Las sentencias podrán dictarse de viva voz: Siempre, sin perjuicio de su ulterior documentación. Nunca. Cuando lo autorice la ley. Cuando la ley no lo prohíba.

Las deliberaciones y las votaciones de las resoluciones en los tribunales colegiados son: Secretas, sin perjuicio de lo dispuesto sobre la publicidad de los votos particulares. Públicas. Secretas las deliberaciones pero las votaciones son públicas. Públicas las deliberaciones y secretas las votaciones.

En los tribunales colegiados, las providencias las dicta o dictan: El magistrado ponente. El presidente de la sala o sección. Los integrantes de la sección, a propuesta del ponente. Todos los integrantes de la sección, a propuesta del presidente.

La admisión a trámite de una demanda civil se realiza, con carácter general y a falta de normativa específica mediante: Providencia. Auto. Propuesta de auto. Decreto del LAJ.

Los mandamientos y oficios: Serán remitidos por el funcionario del cuerpo de auxilio judicial. Si así lo solicitaren, las partes podrán diligenciarlos personalmente. Se remitirán siempre mediante auxilio judicial. Ninguna es correcta.

Para la práctica de todas las diligencias que fueren necesarias para la sustanciación de las causas criminales: Se requerirá el auxilio de las fuerzas de seguridad. Se requerirá el auxilio de los funcionarios del juzgado o tribunal. Los jueces y tribunales se auxiliarán mutuamente y se llevarán a efecto en el plazo máximo de 60 días. Los jueces y tribunales se auxiliarán mutuamente.

De conformidad con el art. 195 de la LECrim, en caso de urgencia, la comunicación de un juez a una autoridad o funcionario que no estuvieran bajo sus órdenes inmediatas, podrá hacerse: Verbalmente, haciéndolo constar en la causa. Por fax. Por exhorto urgente. Por oficio urgente.

Según la LECrim, para ordenar el libramiento de una certificación cuya ejecución corresponda a registradores de la propiedad, se empleará la forma de: Oficio. Petición verbal. Mandamiento. Cédula.

Una vez cumplimentado un exhorto, el juzgado exhortado lo devolverá sin demora: Por correo certificado. En la misma forma en que lo hubiere recibido o en que se le hubiese presentado. Por fax, en todo caso. Por correo ordinario.

La prestación de cooperación internacional sólo será denegada por los juzgados y tribunales españoles cuando: No se reciba traducida. No se trata de países europeos. El proceso de que dimane la solicitud de cooperación sea de la exclusiva competencia de la jurisdicción española. El objeto de la cooperación verse sobre un procedimiento civil seguido a instancia de parte.

La autoridad central española de cooperación jurídica internacional en materia civil es: El CGPJ. La comisión delegada del ministerio de asuntos exteriores. El juzgado decano al que se dirija. El ministerio de justicia.

Según la LOPJ, las resoluciones de los órganos judiciales se notificarán: Exclusivamente a los que sean parte en el pleito, causa o expediente. A todos los que sean parte en el pleito, causa o expediente y también a quienes se refieran o puedan para perjuicios, cuando así se disponga en esas resoluciones. A todos los que sean parte en el expediente y además al MF aunque no intervenga en el proceso. A todos los que sean parte en el pleito, causa o expediente y también a quienes se refieran o puedan para perjuicios, si dichas personas lo solicitan expresamente al tribunal.

El acto de comunicación del tribunal, cuyo objeto es que el destinatario comparezca en un determinado lugar y día y actúe se formaliza mediante: Notificación. Citación. Emplazamiento. Requerimiento.

La solicitud al registro mercantil, por parte de un tribunal, de una certificación o testimonio o cualquier otra actuación se realiza mediante: Mandamiento. Oficio. Requerimiento. Exhorto.

Los actos de comunicación se realizarán bajo la dirección de: El juez o tribunal. El LAJ. El funcionario del cuerpo de auxilio judicial a quien se encomiende el acto. El procurador de la parte interesada.

Los actos de comunicación se ejecutarán por: El LAJ. Los funcionarios del cuerpo de tramitación exclusivamente. Los procuradores, en todo caso. Los funcionarios del cuerpo de auxilio judicial o por procurador de la parte que lo solicite.

Las notificaciones, citaciones y emplazamientos por correo en el proceso penal se entenderán practicados en la fecha: En que el destinatario haga constar su recepción en el acuse de recibo. De remisión del correo desde la oficina de Telégrafos. En que se reciba el acuse de recibo en la sede del tribunal. En que el interesado se dé por notificado.

Los actos de comunicación que hayan de practicarse por tribunal distinto del que los hubiere ordenado se remitirán por medio del sistema informático judicial excepto que: El LAJ disponga su práctica en soporte papel. La parte que haya de ser notificada no tenga obligación de comunicarse electrónicamente con la administración de justicia. El acto vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico. Ninguna es correcta.

La sección tercera del registro civil contempla: Nacimientos y general. Matrimonios. Defunciones. Tutelas y otras representaciones.

La inspección ordinaria de los registros municipales se ejerce por: El correspondiente juez de instrucción. El correspondiente juez de paz. El correspondiente juez de primera instancia. El ministerio de justicia.

La dirección de hospitales, clínicas y establecimientos sanitarios comunicará a la oficina del registro civil que corresponda cada uno de los nacimientos que hayan tenido lugar en su centro sanitario en el plazo de: 48 horas. 72 horas. 24 horas. 36 horas.

Es competente para la instrucción del expediente previo a la celebración del matrimonio: El juez encargado o de paz, o el encargado del registro civil consular, correspondiente al domicilio de cualquiera de los contrayentes. El juez de paz o el encargado del registro civil consular, correspondiente al domicilio común de los contrayentes. El juez encargado o de paz, correspondiente al domicilio común de los contrayentes. Todas son incorrectas.

Los documentos judiciales en soporte papel almacenados en los archivos judiciales: No podrán ser objeto de conversión en soporte informático. Deberán convertirse en soporte magnético u otro que permita su reproducción en soporte papel, en el plazo establecido reglamentariamente. Deberán convertirse en soporte magnético u otro que permita su reproducción en soporte papel, en cualquier caso. Podrán convertirse en soporte magnético u otro que permita su reproducción en soporte papel, siempre que se garantice la integridad, autenticidad y conservación del documento.

De conformidad con el art. 435.2 de la LOPJ, la estructura básica de la oficina judicial estará basada en los principios de: Cooperación, coordinación y descentralización. Jerarquía, eficacia y especialización. Jerarquía, división de funciones y coordinación. Descentralización, desconcentración y coordinación.

En relación a la representación y defensa de las partes en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa: Ante órganos unipersonales las partes deben conferir su representación a un procurador y ser asistidos por abogado. Los funcionarios públicos pueden, en todo caso, comparecer sin la representación de procurador y la asistencia de abogado. Ante los juzgados de lo contencioso-administrativo las partes podrán conferir su representación a un procurador y serán asistidas, en todo caso, por abogado. Ante las salas de lo contencioso-administrativo de los TSJ las partes podrán conferir su representación a un procurador y serán asistidas, en todo caso, por un abogado.

En la jurisdicción social, el acuerdo de conciliación o de mediación: Sólo podrá ser impugnado por las partes. Podrá ser impugnado por las partes y por quienes pudieran sufrir perjuicio por aquel. No podrá ser impugnado por quienes pudieran sufrir perjuicio, por no ser parte. Ninguna es correcta.

Las juntas de expurgo se constituyen en: Cada CCAA, con competencia en todo su territorio. Cada provincia, con competencia en todo su territorio. Cada partido judicial, con competencia en todo su territorio. Ninguna es correcta.