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Título del Test:
tramitación PI

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Fecha de Creación: 2024/09/11

Categoría: Otros

Número Preguntas: 104

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Según el artículo 41 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la publicidad que comporte una conducta discriminatoria se considerará: a) Publicidad ilegitima, de conformidad con lo previsto en la legislación general de publicidad y de publicidad y comunicación institucional. b) Publicidad ilícita de conformidad con lo previsto en la legislación general de publicidad y de publicidad y comunicación institucional. c) Publicidad desleal, de conformidad con lo previsto en la legislación general de publicidad y de publicidad y comunicación institucional. d) Publicidad engañosa, de conformidad con lo previsto en la legislación general de publicidad y de publicidad y comunicación institucional.

2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, el Consejo de Participación de las Personas LGTBI dependerá del: a) Ministerio de Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género. b) Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. c) Ministerio de Juventud e Infancia. d) Ministerio de Inclusión Económica y Social, a través de la Secretaría General de Inclusión.

3. Según el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, por esta ley se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a: a) Las mujeres víctimas de violencia de género únicamente. b) Las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos menores en exclusiva. c) Las mujeres víctimas o no de violencia de género y a sus hijos mayores. d) Las mujeres, a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, víctimas de esta violencia.

4. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, garantiza en cuanto a la asistencia jurídica gratuita, que las víctimas de violencia de género podrán personarse como acusación particular en el procedimiento: a) Solamente antes del trámite de calificación. b) Solamente en la querella o denuncia. c) Solamente antes del acto del juicio oral. d) En cualquier momento del procedimiento.

5. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, establece que la prestación económica por riesgo durante el embarazo garantizará: a) El 75% de los derechos económicos. b) El 90% de los derechos económicos. c) La plenitud de los derechos económicos. d) El 80% de los derechos económicos.

6. De conformidad con la ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de hombres y mujeres, ¿a partir de qué número de trabajadores tiene la empresa la obligación de elaborar un plan de igualdad?: a) De 50 trabajadores. b) De 75 trabajadores. c) De 100 trabajadores. d) De 150 trabajadores.

7. Conforme a la regulación de la justicia gratuita en la Carta de Derecho de los Ciudadanos, los responsables por velar del correcto desarrollo de la función del Abogado y Procurador son: a) Los Letrados de la Administración de Justicia. b) Los Jueces y Magistrados. c) El Ministerio de Justicia. d) Los Colegios de Abogados Y Procuradores.

8. Con relación a la regulación del Plan de Trasparencia Judicial, señale cuál de los siguientes no es instrumento de este: a) La estadística judicial. b) Tecnologías de la información y comunicaciones. c) Buenas prácticas procesales. d) Estadísticas oficiales publicadas por el banco de España.

9. Según la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la justicia, los ciudadanos afectados por cualquier tipo de discapacidad sensorial, física o psíquica, en relación con su obligación de comparecer ante los órganos judiciales, señale la respuesta correcta: a) No es necesario que comparezcan, ya que pueden hacerlo mediante videoconferencia ante las fuerzas y Cuerpo de seguridad del Estado. b) No es necesario que comparezcan, pues el Juez siempre se personara en su domicilio. c) Solamente deberán comparecer ante el órgano judicial cuando resulte estrictamente necesario conforme a la ley. d) No es necesario que comparezcan, pues las manifestaciones siempre se realizaran por escrito.

10. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, la determinación de los puestos de trabajo de las unidades Administrativas corresponderá al: a) Al Ministerio de Hacienda. b) Al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. d) Al Consejo General del Poder Judicial. c) Al Ministerio de Justicia ya las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, en sus respectivos ámbitos.

11. Los funcionarios que prestan sus servicios en las Oficinas Judiciales, dependen orgánicamente: a) En todo caso, del Ministerio de Justicia. b) Del Ministerio de justicia o de las Comunidades Autónomas con competencias asumidas es sus respectivos ámbitos. c) Del órgano superior judicial del ámbito territorial donde presten sus servicios. d) Del Consejo General del Poder Judicial.

12. Los puestos de trabajo de las Oficinas del Registro Civil serán cubiertos con personal: a) Al servicio de la Administración del Estado. b) Designado por la Dirección del Registro y el Notariado. d) Al servicio de las Administraciones Públicas. c) Al servicio de la Administración de Justicia.

13. Según el art. 273 de la ley de Enjuiciamiento Civil, cuál de los siguientes sujetos señalados no están obligados a intervenir en todo caso a través de medios electrónicos con la Administración de Justicia: a) Las personas jurídicas. b) Los Notarios y Registradores. c) Las entidades sin personalidad jurídica. d) Las personas que no estén representados por Procurador.

14. Según el artículo 470 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los funcionarios que integran los Cuerpos de Médicos Forenses, de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, de Gestión Procesal y Administrativa, de Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, de Tramitación Procesal y Administrativa, de Auxilio Judicial y de Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, tendrán el carácter de: a) Cuerpos Superiores. b) Cuerpos Estatales. c) Cuerpos Oficiales. d) Cuerpos Nacionales.

15. Según el tenor literal del artículo 504.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, quienes, tras la superación de las correspondientes pruebas selectivas hubiesen sido nombrados funcionarios en prácticas y ya estuviesen prestando servicios remunerados en la Administración de Justicia como funcionarios, tendrán derecho a una licencia extraordinaria durante: a) El tiempo estrictamente necesario, sin que en ningún caso pueda exceder de dos meses naturales. b) El tiempo estrictamente necesario, sin que en ningún caso pueda exceder de tres meses naturales. c) El tiempo que se prolongue dicha situación y percibirán las retribuciones que ya vinieran disfrutando por los servicios prestados en la Administración de Justicia. d) El tiempo que se prolongue dicha situación y percibirán las retribuciones que para los funcionarios en prácticas establezca la normativa vigente.

16. Según el artículo 475 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los cuerpos de funcionarios, cuando su cometido suponga esencialmente el desempeño de funciones objeto de una profesión o titulación especifica se clasifican en: a) Cuerpos definidos. b) Cuerpos especiales. c) Cuerpos generales. d) Cuerpos técnicos.

17. En el juicio ordinario regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el trámite de la audiencia previa al juicio, al efecto del intento de arreglo o transacción, cuando las partes no concurrieren personalmente ni otorgaren poder a su procurador o procuradora, para renunciar, allanarse o transigir, se les tendrá por: a) No comparecidos a la audiencia. b) Comparecidos a la audiencia. c) Desistidos de la acción reclamada. d) Allanados a las pretensiones de la contraparte.

18. Conforme al art. 431 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, señale cuál de las siguientes actuaciones no son objeto de práctica durante la celebración del juicio: a) La práctica de las pruebas de declaración de las partes. b) Los informes orales y contradictorios de peritos. c) La impugnación de la falta de jurisdicción o de competencia del Tribunal. d) El reconocimiento judicial en su caso y reproducción de palabras, imágenes y sonidos.

19. Admitida la demanda de juicio verbal regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil, se dará traslado de ella al demando para que la conteste en el plazo de: a) Diez días. b) Quince días. c) Veinte días. d) Cinco días.

20. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 250 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, señale cuál de las siguientes demandas no se decidirán en juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía: a) Las que soliciten alimentos debidos por disposición legal o por otro título. b) Las que supongan el ejercicio de la acción de rectificación de hechos inexactos y perjudiciales. c) Las que supongan el ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y difusos de los consumidores y usuarios. d) Las demandas relativas a derechos honoríficos de la persona.

21. Si en un procedimiento civil declarativo ordinario el defecto no subsanado afectase a la personación en forma del demandado, procede: a) Declararle en rebeldía, sin que de las actuaciones que hubiese llevado a cabo quede constancia en autos. b) Declarar la suspensión del procedimiento por sesenta días. c) Declarar desierta la audiencia previa. d) Reiterar por segunda vez el emplazamiento del demandado.

22. Dispone el artículo 437.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que en la demanda, en la que se solicite el desahucio de finca urbana por falta de pago de las rentas o cantidades debidas al arrendador, el demandante podrá anunciar en ella que asume el compromiso de condonar al arrendatario todo o parte de la deuda y de las costas, con expresión de la cantidad concreta, condicionándolo al desalojo voluntario de la finca dentro del plazo que se indique por el arrendador, que no podrá ser inferior al plazo de: a) Veinte días desde que se notifique la sentencia. b) Cinco días desde que se notifique la sentencia. c) Quince días desde que se notifique la demanda. d) Diez días desde que se notifique la demanda.

23. Cuando el título ejecutivo sea un laudo arbitral será competente para denegar o autorizar la ejecución y el correspondiente despacho: a) El Juzgado de Primera Instancia del lugar en que se haya dictado el laudo arbitral. b) La Audiencia Provincial del lugar en que se haya dictado el laudo arbitral. c) La Comisión de Arbitraje del lugar donde conste el domicilio del ejecutado. d) El Tribunal Superior de Justicia que hubiere conocido en primera instancia del laudo arbitral.

24. En los procesos de ejecución adoptarán la forma de decreto las resoluciones que: c) Acuerden la terminación de la ejecución forzosa por la completa satisfacción del acreedor ejecutante. d) Que contengan la orden general de ejecución por la que se autoriza y despacha la misma. b) Decidan sobre la oposición a la ejecución definitiva basada en motivos procesales o de fondo. a) Resuelvan las tercerías de dominio.

25. Conforme al artículo 566 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿qué pronunciamiento procesal procede, en la tramitación de la ejecución de sentencia, cuando se estime la revisión o cuando, después de rescindida la sentencia dictada en rebeldía, se dicte sentencia absolutoria del demandado?: c) Se declarará la nulidad de la ejecución por el Tribunal. d) Se declarará la nulidad de la ejecución por el letrado de la Administración de Justicia. b) Se sobreseerá por el Letrado de la Administración de Justicia la ejecución. a) Se sobreseerá por el Tribunal la ejecución.

26. De conformidad con el artículo. 575 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la ejecución dineraria, para la determinación de la cantidad y despacho de la ejecución en el supuesto de ejecución de vivienda habitual las costas exigibles al deudor ejecutado no podrán superar el: a) 5 por cien de la cantidad que se reclame en la demanda ejecutiva. b) 10 por cien de la cantidad que se reclame en la demanda ejecutiva. c) 30 por cien de la cantidad que se reclame en la demanda ejecutiva. d) 20 por cien de la cantidad que se reclame en la demanda ejecutiva.

27. Según lo dispuesto en el artículo 629 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando el embargo recaiga sobre bienes inmuebles u otros bienes o derechos susceptibles de inscripción registral, el Letrado de la Administración de Justicia de justicia, a instancia del ejecutante, librará: a) Mandamiento para que se haga anotación preventiva de embargo en el Registro de la Propiedad. b) Exhorto para que se haga anotación preventiva de embargo en el Registro de la Propiedad. c) Carta-Orden para que se haga anotación preventiva de embargo en el Registro de la Propiedad. d) Suplicatorio para que se haga anotación preventiva de embargo en el Registro de la Propiedad.

28. En el procedimiento para la división de la herencia, regulado en el Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que regula los procesos especiales, convocada la Junta para designar contador y peritos, señale la respuesta correcta: a) Deberá asistir siempre el Ministerio Fiscal. b) No serán llamados, ni podrán comparecer, los acreedores, salvo que estén personados en el procedimiento. c) Serán convocados los herederos y legatarios de parte alícuota. d) No podrá comparecer a la misma el cónyuge sobreviviente.

29. En el ámbito del juicio cambiario establece el artículo 820 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es competente para conocer del mismo: b) El Juzgado de Primera Instancia del domicilio del demandado. a) El Juzgado de lo Mercantil del domicilio del demandado. c) El Juzgado de Primera Instancia o de lo mercantil del domicilio del demandado, a elección del demandante. d) El Juzgado de Primera Instancia del domicilio del demandante.

30. En relación con el proceso monitorio regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil, señale la repuesta correcta. a) La petición inicial deberá presentarse valiéndose de abogado y procurador, en cualquier caso. c) Para la presentación de la petición inicial no será preciso valerse de procurador y abogado. b) Sólo será necesaria la intervención de abogado y procurador para la petición inicial cuando la cuantía reclamada exceda de dos mil euros. d) Para la petición inicial será preciso valerse de abogado, pero no de procurador.

31. En el ámbito de los procesos matrimoniales regulados en la Ley de Enjuiciamiento Civil, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 770 de la misma, señale la respuesta correcta: b) La reconvención se propondrá con la contestación a la demanda. a) Podrá proponerse reconvención por el demandado en cualquier momento antes de la celebración de la vista. c) La reconvención deberá presentarse dentro de los cinco primeros días del plazo para contestar a la demanda. d) No se admite la reconvención en este tipo de procedimientos.

32. Establece el artículo 815 de la Ley Enjuiciamiento Civil, en el ámbito de la regulación del proceso monitorio, que el Letrado o Letrada de la Administración de Justicia requerirá al deudor para que pague o formule oposición, en el plazo de: a) Veinte días. b) Diez días. c) Cinco días. d) No se establece plazo.

33. Podrán promover expedientes de provisión de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad: a) La propia persona con discapacidad. b) Su cónyuge, aunque esté separado de hecho. c) Cualquier persona que tenga conocimiento de una situación que pueda requerir la adopción de alguna medida. d) Cualquier familiar hasta el cuarto grado de parentesco.

34. De conformidad con lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, no se admitirán las peticiones de conciliación que se formulen en relación con (señale la respuesta incorrecta): a) Procedimientos en que se reclamen cantidades dinerarias líquidas, vencidas y exigibles. b) Juicios que estén interesados los menores. c) Procesos en los que se promuevan materias no susceptibles de transacción ni compromiso. d) Procesos de reclamación en materia de responsabilidad civil contra Jueces y Magistrados.

35. En los expedientes de jurisdicción voluntaria, en relación con la apreciación de oficio de la falta de competencia objetiva, señale la respuesta correcta: a) Será el Letrado de la Administración de Justicia, en todo caso, quien acordará el archivo del expediente. b) Si el Letrado de la Administración de Justicia entiende que no existe competencia objetiva para conocer, siempre deberá dar cuenta al Juez, quien acordará lo que proceda. c) El Letrado de la Administración de Justicia examinará de oficio la competencia objetiva, pudiendo acordar el archivo del expediente en aquellos que sean de su competencia; dando cuenta al Juez en aquellos que no lo sean. d) El Juez examinará de oficio la competencia objetiva, acordando lo que proceda con audiencia del Ministerio Fiscal.

36. Conforme a lo previsto en el artículo 148 de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, podrá ejercitarse la acción de nulidad frente a lo convenido en un acto de conciliación, en el plazo de: a) Quince días desde que se celebró la conciliación. b) Quince días desde la notificación de la última resolución dictada en el proceso. c) Cinco años desde la firmeza de la resolución definitiva. d) En cualquier momento.

37. La jurisdicción voluntaria viene regulada en la actualidad en la: a) Ley 15/2015, de 2 de julio. b) Ley 5/2015, de 2 de junio. c) Ley 5/2005, de 2 de julio. d) Ley 15/2005, de 2 de junio.

38. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1 de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, tendrán competencia objetiva para conocer y resolver los expedientes de jurisdicción voluntaria: a) Los Juzgados de Instrucción. b) Exclusivamente los Juzgados de Primera Instancia y de Paz. c) Los Juzgados de Primera Instancia o de lo Mercantil. d) Los Registros Civiles Únicos.

39. Según lo dispuesto en el artículo 299 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las actuaciones dirigidas a preparar el juicio y practicadas para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación, y la culpabilidad de los delincuentes, asegurando sus personas y las responsabilidades pecuniarias de los mismos, constituyen: b) El sumario. a) Las diligencias indeterminadas. c) El procedimiento abreviado. d) El procedimiento sobre delitos leves.

40. A tenor del artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si el delito fuere público y resulte necesario para prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación o del proceso, señale la respuesta correcta: a) Deberá el Ministerio Fiscal solicitar el secreto para todas las partes personadas, por tiempo superior a un mes. d) Podrá el Juez de Instrucción, a propuesta del Ministerio Fiscal, de cualquiera de las partes personadas o de oficio, declararlo, mediante auto, total o parcialmente secreto para todas las partes personadas, por tiempo no superior a un mes. c) Podrá cualquiera de las partes personadas solicitar por escrito declararlo parcialmente secreto para el Mº Fiscal, por tiempo no superior a un mes. b) Podrá el Juez de Instrucción, a propuesta del Ministerio Fiscal, de cualquiera de las partes personadas o de oficio, declararlo, mediante providencia parcialmente secreto para todas las partes personadas, por tiempo no superior a tres meses.

41. De conformidad con lo establecido en el artículo 623 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, concluido el sumario, se notificará el auto a las partes, emplazándoles para que comparezcan: a) Ante la respectiva Audiencia en el término de diez días, o en el de quince si el emplazamiento fuese ante el Supremo. d) Ante la respectiva Audiencia en el término de veinte días, o en el de treinta si el emplazamiento fuese ante el Supremo. c) Ante la respectiva Audiencia en el término de cinco días, o en el de diez si el emplazamiento fuese ante el Supremo. b) Ante la respectiva Audiencia en el término de quince días, o en el de veinte si el emplazamiento fuese ante el Supremo.

42. En el marco del artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una vez practicadas las diligencias pertinentes, el Juez adoptará alguna de las siguientes resoluciones: a) Auto, si estimare que el hecho no es constitutivo de infracción penal o que no aparece suficientemente justificada su perpetración, acordará el sobreseimiento que corresponda. d) Auto, transcurridos diez días desde la finalización del juicio oral. b) Providencia, si reputare falta el hecho que hubiere dado lugar a la formación de las diligencias. c) Providencia, si el hecho estuviese atribuido a la jurisdicción militar, se inhibirá a favor del órgano competente.

43. Según el artículo 784 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el Procedimiento Abreviado, ¿a partir de qué trámite procesal es preceptiva la intervención de Procurador?: d) Desde la personación de la acusación particular. c) Desde el Auto de Apertura de Juicio Oral. b) Desde el inicio del procedimiento. a) Antes de la presentación por el Ministerio Fiscal del escrito de acusación.

44. En virtud de lo dispuesto en el artículo 789 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Juez competente dictará sentencia: d) Podrá hacerlo de forma oral en el propio acto, cuando exista acuerdo entre las partes. b) Podrá hacerlo de forma oral en el propio acto, documentándolo en el acta con expresión en el fallo y una sucinta motivación, sin perjuicio de la ulterior redacción de aquélla. a) En el transcurso de diez días desde la finalización del juicio oral. c) En el transcurso de tres días desde la finalización del juicio oral y esta Sentencia podrá imponer pena más grave de la solicitada por las acusaciones.

45. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 846 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los autos que supongan la finalización del proceso por falta de jurisdicción o sobreseimiento libre son recurribles: d) En revisión ante la Sala de lo Civil de Penal de los Tribunales Superiores de Justicia del territorio correspondiente y será resuelta por auto. c) En apelación ante la Sala de lo Civil de Penal de los Tribunales Superiores de Justicia del territorio correspondiente y será resuelta en sentencia. b) En apelación ante las Audiencias Provinciales y se resolverá en sentencia. a) En revisión ante las Audiencias Provinciales y se resolverá por auto.

46. Según lo dispuesto en el artículo 306 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tan pronto como se ordene la incoación del procedimiento para las causas ante el Tribunal de Jurado se pondrá en conocimiento: c) Del Tribunal Superior de Justicia respectivo, dando parte mensual de su tramitación. d) Del Ministerio Fiscal, quien comparecerá e intervendrá en cuantas actuaciones se lleven a cabo ante el Juez instructor. b) Del Ministerio Fiscal, a fin de que autorice la continuación del procedimiento por dichos trámites. a) De la Audiencia provincial respectiva, dando parte mensual de su tramitación.

47. Los plazos previstos en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la práctica de las diligencias de instrucción quedarán interrumpidos: b) En caso de acordarse el sobreseimiento provisional de la causa. d) Cuando el Juez de instrucción acuerde diligencias complementarias. c) Cuando se alce el secreto de las actuaciones. a) En caso de acordarse el sobreseimiento libre de la causa.

48. En el procedimiento de la Ley del Jurado, si se hubiese obtenido la mayoría necesaria en la votación sobre los hechos, se someterá a votación la culpabilidad del acusado para la que serán necesarios: a) Siete de los nueve votos del jurado. d) Seis de los nueve votos del jurado. c) Ocho de los nueve votos del jurado. b) Cinco de los nueve votos del jurado.

49. Dispone el artículo 967 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que para el enjuiciamiento de delitos leves: a) En las citaciones que se efectúen al denunciante, al ofendido o perjudicado y al investigado para la celebración del juicio, se les informará de que pueden ser asistidos por abogado si lo desean. d) La citación del investigado llevará los apercibimientos legales para el caso de no comparecer podrá acordarse su detención. b) La citación del investigado se acompañará copia de la demanda que se haya presentado. c) En las citaciones que se efectúen al investigado para la celebración del juicio, se le informará de que debe ser asistidos por abogado y procurador en todo caso.

50. En el marco del procedimiento de los delitos leves, y según lo dispuesto en el artículo 968 de la Ley de enjuiciamiento Criminal, en el caso de que por motivo justo no pueda celebrarse el juicio oral en el día señalado o de que no pueda concluirse en un solo acto: c) El Letrado de la Administración de Justicia señalará para su celebración o continuación el día más inmediato posible y, en todo caso, dentro de los siete siguientes, haciéndolo saber a los interesados. d) El Letrado de la Administración de Justicia señalará día para su celebración o continuación, en todo caso, dentro de los diez siguientes, haciéndolo saber a los interesados. b) El Juez de Instrucción señalará su celebración dentro de los cinco siguientes. a) El Juez de Instrucción señalará su celebración el día más inmediato posible.

51. En el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos y de conformidad con el artículo 801.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el acusado podrá prestar su conformidad ante el juzgado de guardia y dictar éste sentencia de conformidad, cuando concurran, entre otros, los siguientes requisitos: c) Que los hechos objeto de acusación hayan sido calificados como delito castigado con pena de hasta tres años de prisión, con pena de multa cualquiera que sea su cuantía o con otra pena de distinta naturaleza cuya duración no exceda de 10 años. d) Que se hubiera constituido acusación particular y el Ministerio Fiscal hubiera solicitado la apertura del juicio oral y, así acordada por el juez de guardia, aquél hubiera presentado en el acto escrito de acusación. a) Que los hechos objeto de acusación hayan sido calificados como delito castigado con pena de hasta cinco años de prisión, con pena de multa cualquiera que sea su cuantía o con otra pena de distinta naturaleza cuya duración no exceda de 15 años. b) Que, tratándose de pena privativa de libertad, la pena solicitada o la suma de las penas solicitadas no supere, reducida en un tercio, los tres años de prisión.

52. Según el artículo 984 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la ejecución de la sentencia en los juicios sobre delitos leves corresponde: a) Al órgano que haya conocido del juicio. b) Al Juez de Instrucción que haya conocido de la apelación. c) Al Juez de Instrucción del domicilio del condenado. d) Al Servicio Común de actos de comunicación de la circunscripción del Juzgado que dictó la sentencia.

53. Para la ejecución de la sentencia en los delitos leves en cuanto se refiere a la reparación del daño causado e indemnización de perjuicios, se aplicarán las disposiciones establecidas: a) En la Ley de Enjuiciamiento Civil, si bien será en todo caso promovida por el ofendido por el delito. d) En la Ley de Enjuiciamiento Civil, si bien será en todo caso promovida de oficio por el Juez que la dictó. c) En la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si bien será en todo caso promovida por el Ministerio Fiscal. b) En la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si bien será en todo caso promovida por la parte que reclama la reparación del daño.

54. En el procedimiento en primera o única instancia, regulado en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, las alegaciones previas referentes a determinar la incompetencia del órgano jurisdiccional, deberá efectuarlas la Administración demandada: a) Dentro de los primeros cinco días del plazo para contestar la demanda debiendo la Administración acompañar el expediente administrativo si no lo hubiere remitido antes. d) Dentro de los primeros ocho días del plazo para contestar la demanda sin necesidad de acompañar el expediente. c) Dentro de los primeros quince días del plazo para contestar la demanda sin necesidad de acompañar el expediente. b) Dentro de los primeros diez días del plazo para contestar la demanda debiendo la Administración acompañar el expediente administrativo si no lo hubiere remitido antes.

55. En el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona; conclusas las actuaciones, el órgano jurisdiccional dictará sentencia en el plazo de: d) Cinco días. a) Tres días. b) Diez días. c) Dos días.

56. Según el artículo 1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, de las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial y la actividad administrativa de los órganos de gobierno de los Juzgados y Tribunales, conocerán: b) Los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo. d) El Consejo de Ministros. c) La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. a) El Pleno del Consejo General del Poder Judicial.

57. Según el 8 de LJCA, los recursos que se deduzcan frente a actos de las entidades locales o de las entidades y corporaciones dependientes o vinculadas a las mismas, excluidas las impugnaciones de cualquier clase de instrumentos de planeamiento urbanístico, conocerán: Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, en única o primera instancia. Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso-Administrativo de la AN. Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS.

58. Cuál de las siguientes sentencias dictadas por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo no serán susceptibles de recurso de apelación: a) Las dictadas en asuntos de materia electoral contra actos de las Juntas Electorales de Zona. b) Las que resuelvan litigios entre Administraciones Públicas. c) Las que resuelvan impugnaciones indirectas de disposiciones generales. d) Las dictadas en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona.

59. De las cuestiones de competencia que se susciten entre los Juzgados de lo Social de la misma CCAA conocerán: a) El Juzgado de lo Social Decano. b) La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. b) La Sala de lo Social del Tribunal SUperior de Justicia. b) La Sala de lo Social de la Audiencia Provincial.

60. En el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona, regulado en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, conclusas las actuaciones, el órgano jurisdiccional dictará sentencia en el plazo de: a) Tres días. b) Diez días. c) Dos días. d) Cinco días.

61. El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona es de: a) Dos meses. b) Quince días. c) Setenta y dos horas. d) Diez días.

62. Según el artículo 92.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, referente a la tacha de testigos en el proceso ordinario, señale la respuesta correcta: a) Los testigos no podrán ser tachados. b) Los testigos podrán ser tachados al comienzo del juicio. c) Los testigos podrán ser tachados en el acto de conciliación previo al juicio. d) Los testigos podrán ser tachados al inicio del interrogatorio.

63. Según el artículo 12 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, si el demandado pretendiese comparecer en el juicio asistido de Abogado, pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado: a) Al inicio del acto administrativo de conciliación. b) Al momento del juicio. c) Dentro de los cinco días siguientes al de su citación para juicio. d) Dentro de los dos días siguientes al de su citación para juicio.

64. Establece el artículo 21 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social que: a) La intervención de abogado, graduado social colegiado y/o procurador, tendrán carácter facultativo en la instancia. b) La intervención de abogado y procurador es preceptiva para todas las partes y en todas las fases del procedimiento. c) La intervención de abogado, graduado social colegiado y/o procurador es facultativa para el trabajador, pero preceptiva para el empresario en la instancia. d) Las partes deberán comparecer por sí mismas en el ámbito de la jurisdicción social, sin que se admita la intervención de abogado, graduado social colegiado y/o procurador.

65. Si el despido se declara improcedente, señale la respuesta correcta: b) El empresario podrá anticipar su opción entre readmisión o indemnización, para el caso de declaración de improcedencia, de forma expresa en el acto del juicio. c) De no manifestarse la opción en el plazo concedido por ninguna de las partes, se archivará el procedimiento. d) La opción podrá ejercitarse por cualquiera de las partes, siendo prevalente la que efectúe el trabajador. a) El trabajador podrá optar por la readmisión o el abono de una indemnización, en el plazo de cuarenta y ocho horas desde la notificación de la sentencia.

66. En las demandas formuladas en materia de prestaciones de Seguridad Social, contra organismos gestores y entidades colaboradoras en la gestión, establece el artículo 140 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social que: b) El demandante deberá acreditar haber agotado la vía administrativa correspondiente. a) El demandante deberá acreditar el intento de conciliación previa entre las partes. c) La falta de acreditación del requisito de agotamiento de la vía administrativa no es subsanable. d) La acreditación del agotamiento de la vía administrativa deberá hacerse por el organismo gestor o la entidad colaboradora en la gestión con carácter previo a la celebración del juicio.

67. En el ámbito de la jurisdicción social, en relación con el recurso de suplicación, señale la respuesta correcta: a) Se interpondrá en el plazo de diez días desde la notificación de la sentencia. b) Deberá anunciarse en el plazo de los diez días siguientes desde la notificación de la sentencia. c) Deberá anunciarse en el plazo de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia. d) Se interpondrá en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia.

68. En la jurisdicción social tienen tramitación preferente los siguientes procedimientos: a) Todos los relativos a materias de seguridad social. b) Los procesos relativos a conflictos colectivos. c) Los procesos de impugnación de sanciones. d) El procedimiento ordinario general.

69. En el marco de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el recurso de reposición deberá interponerse: b) En el plazo de cinco días, expresándose la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente. a) En el plazo de tres días, expresándose la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente. c) En el plazo de diez días, expresándose la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente. d) En el plazo de dos días, expresándose la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente.

70. Según lo dispuesto en el artículo 450 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Todo recurrente podrá desistir del recurso: c) Antes de que sobre él recaiga resolución. d) Antes del señalamiento de la vista. b) Antes del traslado a la parte contraria. a) En cualquier momento.

71. En el ámbito de la Ley de Enjuiciamiento Civil, contra los decretos por los que se ponga fin al procedimiento o impidan su continuación: a) Cabrá recurso directo de revisión. b) Cabrá recurso de reposición. c) Cabrá recurso de apelación. d) No cabrá recurso.

72. Contra todos los autos del Juez de Instrucción, de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cabe interponer: c) Recurso de reforma. d) Recurso de revisión. b) Recurso de apelación. a) Recurso de súplica.

73. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, contra una resolución del Juez de Instrucción inadmitiendo a trámite un recurso de apelación: No cabe interponer recurso. Cabe interponer recurso de queja. Cabe interponer recurso de revisión. Cabe interponer recurso de reforma.

74. En virtud de lo dispuesto por el artículo 854 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no puede interponer Recurso de Casación: a) El condenado en la sentencia. b) El Ministerio Fiscal. c) Los herederos de los que hayan sido parte en el juicio. d) El Defensor del Pueblo.

75. Respecto a la regulación contenida en el artículo. 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en referencia a la lengua oficial de las actuaciones judiciales, señale la proposición incorrecta: c) Los funcionarios de Juzgados y Tribunales podrán usar la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma, aunque alguna de las partes se opusiere alegando indefensión por desconocimiento. d) En todas las actuaciones judiciales, los Jueces, Magistrados, Fiscales, Letrados de la Administración de Justicia y demás funcionarios de Juzgados y Tribunales usarán el castellano, lengua oficial del Estado. b) Cuando una actuación judicial, realizada en el idioma oficial de una Comunidad Autónoma, deba surtir efecto fuera de la jurisdicción de los órganos judiciales sitos en otra Comunidad Autónoma, que no tengan lengua oficial propia coincidente, se procederá de oficio a su traducción. a) Las actuaciones judiciales realizadas en el idioma oficial de una Comunidad Autónoma tendrán plena validez y eficacia, sin necesidad de traducción al castellano.

76. Según dispone el artículo. 232 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, excepcionalmente, por razones de orden público y de protección de los derechos y libertades, son competentes para limitar el ámbito de la publicidad y acordar el carácter secreto de todas o parte de las actuaciones: c) Los Jueces y Tribunales mediante resolución motivada. d) Los Fiscales mediante resolución motivada. b) El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial en visita extraordinaria de inspección. a) Los Letrados de la Administración de Justicia mediante resolución motivada.

77. De conformidad con lo dispuesto en el artículo. 151 de la ley de Enjuiciamiento Civil, todas las resoluciones dictadas por los Tribunales o Letrados de la Administración de Justicia se notificarán en el plazo máximo de: a) Tres días desde su fecha o publicación. b) Cinco días desde su fecha o publicación. c) Veinte días desde su fecha o publicación. d) Ocho días desde su fecha o publicación.

78. En el caso de acreditación por parte de una persona profesional de la procura de una causa de fuerza mayor como nacimiento y cuidado de un menor, los Colegios de Procuradores podrán suspender el reenvío del servicio de notificaciones durante un plazo máximo de: b) Tres días hábiles. c) Cinco días hábiles. d) Quince días hábiles. a) Dos días hábiles.

79. Según la regulación de la ley de Enjuiciamiento Civil, los actos de comunicación que se practiquen a través de los servicios de notificaciones organizados por los Colegios de Procuradores se tendrán por realizados: a) Al día siguiente hábil a la fecha de recepción. c) A los dos días siguientes hábiles a la fecha de recepción. c) A los cinco días siguientes hábiles a la fecha de recepción. c) A los tres días siguientes hábiles a la fecha de recepción.

80. ¿Los Tribunales podrán variar las resoluciones que pronuncien después de firmadas?: b) No podrán variar las resoluciones, pero si aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan. a) En ningún caso. c) En todo caso. d) Si, cuando se hayan dictado votos particulares.

81. Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando una diligencia judicial hubiere de ser ejecutada por autoridades, agentes y Jefes de fuerza armada que no estuvieren a las órdenes inmediatas de los Jueces y Tribunales, ¿cómo se les comunicará a estos?: a) Por mandamiento. b) Por exhorto. c) Por atento oficio, a no ser que la urgencia del caso exija verificarlo verbalmente, haciéndolo constar en la causa. d) Por suplicatorio.

82. Según el artículo 187 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ¿qué forma usarán los Jueces y Tribunales para dirigirse a Autoridades o funcionarios de otro orden?: b) Oficio o exposición, según el caso requiera. a) Mandamiento. c) Carta orden. d) Exhorto.

83. Según el artículo 165 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los actos de comunicación mediante auxilio judicial, ¿en qué plazo se cumplimentarán?: a) A la mayor brevedad posible. b) En un plazo máximo de un mes desde su recepción. c) En un plazo de veinte días, contados a partir de su remisión. d) En un plazo no superior a veinte días, contados a partir de su recepción.

84. Dispone el artículo 152 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que corresponde la responsabilidad de la adecuada organización del servicio para la realización de los actos de comunicación: a) A los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa. b) Al Juez y Magistrado responsable del órgano judicial. c) Al Letrado de la Administración de Justicia. d) A los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial.

85. Si se practicase un mismo acto de comunicación dos o más veces, tendrá eficacia a efectos procesales: a) La primera fecha en que se hubiera verificado, con independencia del medio que se hubiere empleado. b) La última fecha en que se hubiese verificado, con independencia del medio que se hubiere empleado. c) La fecha que el Letrado de la Administración de Justicia determine, con independencia del medio que se hubiere empleado. d) La fecha que el Juez determine, con independencia del medio que se hubiere empleado.

86. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿puede remitirse al interesado o interesada una cédula de emplazamiento, por correo, telegrama u otros medios semejantes, para que comparezca en la sede del tribunal o sede judicial electrónica para ser notificado, requerido o darle traslado de algún escrito?: a) En ningún caso. c) Cuando el destinatario tuviere su domicilio en el partido donde radique la sede del tribunal, y no se trate de comunicaciones de las que dependa la personación o la realización o intervención personal en las actuaciones. b) En todo caso. d) Únicamente cuando lo solicite el interesado por comparecencia ante el Letrado de la Administración de Justicia.

87. Según el artículo 182 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las notificaciones, citaciones y emplazamientos, se exceptúan de hacerse a los Procuradores: a) Cuando por disposición expresa de la Ley deban hacerse a los mismos interesados en persona, ni las citaciones que tengan por objeto la comparecencia obligatoria de estos. b) Cuando lo manifieste el interesado en comparecencia ante el órgano judicial. c) Cuando lo determine el Letrado de la Administración de Justicia. ) Cuando lo interese el Procurador.

88. Según el artículo 51 de la Ley del Registro Civil rige el principio de libre elección del nombre propio, indique cuál de las siguientes respuestas es incorrecta: b) No podrán consignarse dos nombres simples o uno compuesto. a) No podrán imponerse nombres que sean contrarios a la dignidad de la persona. c) No podrán imponerse nombres que hagan confusa la identificación. d) No podrá imponerse al nacido nombre que ostente uno de sus hermanos o hermanas con idénticos apellidos.

89. Según el artículo 88 de la Ley del Registro Civil, los procedimientos registrales serán tramitados y resueltos por el Encargado del Registro Civil, la tramitación del procedimiento se ajustará a las reglas previstas: a) En la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los términos que reglamentariamente se dispongan. b) En la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en los términos que reglamentariamente se dispongan. c) En la Instrucción de 9 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

90. El Encargado del Registro Civil puede mediante declaración de voluntad del interesado, autorizar el cambio de apellidos, en los casos siguientes (señale la respuesta incorrecta): a) La inversión del orden de los apellidos. b) La anteposición de la preposición “de” al primer apellido que fuera usualmente nombre propio o empezare por tal. c) La regulación ortográfica de los apellidos a cualquiera de las lenguas oficiales correspondiente al origen o domicilio del interesado. d) Que los apellidos que resulten del cambio no provengan de la misma línea.

91. El matrimonio en forma civil se celebrará ante, (señale la respuesta incorrecta): a) Magistrado-Juez. b) Juez de paz. c) Alcalde o Concejal en quien este delegue. d) Notario.

92. El Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado o Tribunal que hubiera dictado la resolución judicial firme de separación, nulidad o divorcio deberá remitir por medios electrónicos testimonio o copia electrónica de la misma a la Oficina General del Registro Civil, en el plazo de: a) En el mismo día o al siguiente hábil del dictado de la resolución. b) En los tres días siguientes al dictado de la resolución. c) En los cinco días siguientes al dictado de la resolución. d) En los diez días siguientes al dictado de la resolución.

93. Con cuál de las siguientes inscripciones se cerrará el registro individual: d) La de defunción. c) La de adopción. b) La del régimen económico matrimonial. a) La de matrimonio.

94. La adquisición de la nacionalidad española por residencia, carta de naturaleza y opción, así como su recuperación y las declaraciones de voluntad relativas a la vecindad, se inscribirán en el registro individual. Estas inscripciones tendrán carácter: c) Constitutivo. d) Consultivo. b) Esencial. a) Preferente.

95. Conforme al art. 22 de la Ley del Registro Civil, existirá una Oficina General del Registro Civil: a) En todas las poblaciones que sean sede de la capital de un partido judicial. d) Ninguna respuesta es correcta. c) En todas las poblaciones que se determine por el Ministerio de Justicia. b) En todas las poblaciones que sean sede del Tribunal Superior de Justicia.

96. Según el tenor literal del artículo 1 del Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales se entiende por archivo judicial: a) Exclusivamente el conjunto orgánico de documentos judiciales como el lugar en el que quedan debidamente custodiados y clasificados los documentos judiciales. b) Exclusivamente el lugar donde se custodia y se clasifica los documentos judiciales. d) El lugar donde el funcionario de Auxilio Judicial realiza la clasificación y custodia de los documentos judiciales. c) Tanto el conjunto orgánico de documentos judiciales como el lugar en el que quedan debidamente custodiados y clasificados los documentos judiciales.

97. Según el Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales, ¿cuál de los siguientes supuestos existentes en los distintos juzgados y tribunales están en su ámbito de aplicación?: d) Los documentos judiciales que sean consecuencia de la actividad judicial. c) Los expedientes relativos al Registro Civil. b) Los libros de piezas de convicción. a) Los libros de sentencias.

98. Según el artículo 17.1 del Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, ¿quién tiene competencia para convocar la Junta de Expurgo en sesión extraordinaria, en consideración al número de relaciones de expedientes judiciales y gubernativos elevados?: a) El técnico superior especialista en archivos. b) El 25% de los miembros de la Junta de Expurgo. c) El Fiscal, designado por el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia. d) El Presidente de la Junta de Expurgo.

99. De que plazo disponen los interesados que pretendan recuperar los documentos en su día aportados al proceso, una vez publicadas las relaciones de expedientes judiciales en el Boletín Oficial del Estado por la Junta de Expurgo: b) Dos meses. d) Un año. c) Seis meses. a) Un mes.

100. Quedan excluidos del ámbito de aplicación del Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales: a) Los documentos aportados por las partes al proceso por escrito. b) Los documentos aportados por terceros al proceso por medios electrónicos o telemáticos. c) Los expedientes gubernativos que se sustancien en los distintos juzgados y tribunales. d) Los libros de sentencias.

101. De conformidad con lo dispuesto en el art. 446 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, contra las resoluciones del tribunal sobre admisión o inadmisión de pruebas en el acto de la vista, solo cabrá: d) Recurso de reposición, que se sustanciará y resolverá en el acto. c) Formular protesta mediante recurso de queja. b) Recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. a) Recurso de revisión, que se sustanciará y resolverá en el acto.

102. En relación con los procesos relativos a la provisión de medidas judiciales de apoyo a las personas con discapacidad, filiación, matrimonio y menores, establece el art. 751 del mismo cuerpo legal que (señale la respuesta correcta): b) El desistimiento requerirá con carácter general la conformidad del Ministerio Fiscal, salvo los supuestos expresamente exceptuados. d) El demandado podrá allanarse en cualquier momento del procedimiento, sin ningún tipo de restricción. c) No es posible desistir de las pretensiones de contenido exclusivamente económico cuando se ventilen en el ámbito de alguno de estos procesos. a) No surtirá efecto la renuncia, pero sí el desistimiento.

103. En relación con los efectos de la admisión de la tercería de dominio señale la respuesta incorrecta: b) La admisión de una tercería de dominio será razón suficiente para que el letrado de la Administración de Justicia ordene de oficio, mediante diligencia de ordenación, la mejora de embargo. a) La admisión de la demanda de tercería solo suspenderá la ejecución respecto del bien a que se refiera. c) El Letrado de la Administración de Justicia deberá adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la suspensión acordada. d) El tribunal, previa audiencia de las partes si lo considera necesario, podrá condicionar la suspensión de la ejecución a que el tercerista preste caución por los daños y perjuicio que pudiera producir al acreedor ejecutante.

104. Según la regulación contenida en el artículo 477 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el desempeño de aquellas jefaturas que en las relaciones de puestos de trabajo de la Oficina judicial estén asignadas a este cuerpo, en la forma y condiciones que en las mismas se establezcan, corresponde al Cuerpo de: c) Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia. d) Letrados de la Administración de Justicia. b) Auxilio Judicial de la Administración de Justicia. a) Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia.

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