Transparencia, acceso a la información

¿Quiénes tienen derecho a acceder a la información pública?. Todos los interesados. Todos los españoles y los extranjeros residentes en España. Todas las personas. Todos los españoles.

¿En qué supuesto o supuestos podrá autorizarse el acceso a la información pública cuando contenga datos carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical, religión o creencias?. Cuando conste el consentimiento expreso y por escrito del afectado o éste hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso. Cuando conste el consentimiento expreso del afectado. Cuando conste autorización especial de la Administración y además el afectado no se haya opuesto expresamente. En ningún caso, dado que se trata de datos especialmente protegidos.

De acuerdo con la Ley 2/2015, ¿en qué caso las personas jurídicas privadas deberán de dar la adecuada publicidad a las ayudas o subvenciones que perciba de la administración autonómica durante el período de un año?. Cuando sea un por un importe igual o superior a 100.000 euros. Solo estarán obligadas las personas jurídicas públicas. Cuando sea un por un importe de 10.000 euros. Cuando sea un por un importe superior a 10.000 euros.

En relación a la publicación detallada de la información a través del Portal de Transparencia, ¿qué organismos podrán articular mecanismos de colaboración o sindicación de contenidos para cumplir con las previsiones de Ley 2/2015?. Consorcios adscritos. Fundaciones públicas de la Generalitat. Sociedades mercantiles. Todas las respuestas son correctas.

Señale la respuesta incorrecta. En el ámbito de la Administración General del Estado, existirán unidades especializadas que tendrán la función de: Mantener actualizado un mapa de contenidos en el que queden identificados los distintos tipos de información que obre en poder del órgano. Realizar los trámites externos necesarios para dar acceso a la información solicitada. Recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a la información. Realizar el seguimiento y control de la correcta tramitación de las solicitudes de acceso a la información.

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno tiene por objeto: Todas las respuestas son correctas. Ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública. Establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento. Regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a la actividad pública.

Si las solicitudes de acceso a la información pública, prevista en la Ley 2/2015, se refieren a información que afecte a los derechos o intereses de terceros, el órgano administrativo encargado de resolver dará traslado a las personas afectadas para que presenten las alegaciones pertinentes en un plazo de: Quince días hábiles. Diez días hábiles. Veinte días hábiles. Veinte días naturales.

En relación a las propuestas ciudadanas de iniciativas normativas, previstas en la ley 2/2015: Una vez evaluada la propuesta por el órgano competente, adoptará una resolución motivada en el plazo de seis meses. Estas propuestas deberán contar con el aval de, como mínimo, 20.000 firmas debidamente acreditadas. Las propuestas deberán corresponder íntegramente a competencias ejercidas por la Generalitat y el Estado español. La propuesta se entenderá desestimada si transcurre un plazo de dos meses, sin resolución.

La función de asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno corresponde, de acuerdo con el artículo 42 de la Ley 2/2015, a: El Consell. La Comisión Consultiva del Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. La consellería competente en materia de transparencia. La Comisión Ejecutiva del Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

Cuando se realice una solicitud de acceso a información pública, pero la información solicitada no se encuentra identificada de forma suficiente, se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de: Cinco días. Treinta días. Quince días. Diez días.

Señale la respuesta correcto en relación con la interposición de reclamaciones contra las resoluciones de las solicitudes de acceso a la información, de acuerdo con la Ley 2/2015: Se podrán interponer por las personas interesadas ante el Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, con carácter facultativo. Esta reclamación tiene carácter preferente respecto a la interposición de los recursos administrativos. Las resoluciones de las reclamaciones adoptadas por el Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno no serán publicadas. Se podrán interponer de manera previa a su impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

De conformidad con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿está obligado el interesado a motivar su solicitud de acceso a la información pública?. Sí, en todo caso. Sólo en ciertos casos, cuando la información solicitada sea compleja. Sólo a efectos estadísticos. No.

Para el ejercicio del derecho a la información pública, previsto en el artículo 11 de la Ley 2/2015: Los ciudadanos o ciudadanas tendrán derecho al acceso a la información solo a título individual. Las organizaciones legalmente constituidas, tendrán derecho de acceso a la información pública, sin necesidad de solicitud previa. No será necesario motivar la solicitud ni invocar la ley. Será necesario motivar la solicitud que se realice.

Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 19/2013, se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes de acceso a la información: Relativas a la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión. Relativas a los intereses económicos. Relativas a la información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. Relativas a infraestructuras críticas.

Según el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, relativo a la información de relevancia jurídica: Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, no podrán publicar los Anteproyectos de Ley hasta su aprobación. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, no podrán publicar los proyectos de Decretos Legislativos cuando se soliciten los dictámenes a los órganos consultivos. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, publicarán los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, no publicarán los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda.

Señale la opción incorrecta. Según la Ley 19/2013, en lo que atañe a la tramitación de la solicitud de acceso a la información: Cuando la información objeto de la solicitud, aun obrando en poder del sujeto al que se dirige, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro, se le remitirá la solicitud a éste para que decida sobre el acceso. Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información, se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de quince días, con indicación de que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución. Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. El solicitante deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación. Si la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante.

Indique cuál de las siguientes resoluciones acerca del acceso a la información pública no deberá de ser motivada, de conformidad con lo previsto en la Ley 2/2015: La que permita el acceso cuando haya habido oposición de un tercero. La que conceda el acceso parcial o a través de una modalidad distinta a la solicitada. La que ponga fin a la vía administrativa. La que deniegue el acceso a la información pública.

Las resoluciones del Presidente del Consejo de Transparencia, sobre una reclamación contra el acceso a la información pública, se comunicarán a: El Gobierno. El Defensor del Pueblo. El Ministerio Fiscal. El Presidente del Gobierno.

Señale la respuesta incorrecta en relación con la solicitud de acceso a información pública prevista en la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno: Los solicitantes de información podrán dirigirse a las Administraciones Públicas en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado en el territorio en el que radique la Administración en cuestión. Cuando se trate de información en posesión de personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, la solicitud se dirigirá a la Administración, organismo o entidad a las que se encuentren vinculadas. El procedimiento se iniciará con la presentación de la correspondiente solicitud, que deberá dirigirse al titular del órgano administrativo o entidad que posea la información. El solicitante está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información.

¿Qué principio, sobre el que se articula la interpretación y aplicación de la Ley 2/2015, se corresponde con garantizar una actividad pública fundada en la accesibilidad de la información y en la excepcionalidad de las restricciones, que sólo podrán fundarse en la protección de otros derechos?. Principio de libre acceso a la información pública por la ciudadanía. Principio de reutilización de la información. Principio de transparencia. Principio de modernización y neutralidad tecnológica.

La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso a la información pública deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de: Un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario sin necesidad de notificación al solicitante. Un mes desde la presentación de la solicitud. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. Un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. Un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse en un plazo no superior a la mitad del inicial en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante.

¿Qué tiene por objeto la Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana?. Fomentar la mejora continua de la calidad democrática de nuestra sociedad estableciendo los principios básicos para la implantación de un código de buen gobierno en el ámbito de la Administración autonómica. Promover y fomentar la participación ciudadana en los asuntos públicos, de forma individual o colectiva, y regular las relaciones de la Generalitat con la ciudadanía y con organizaciones y entidades de la sociedad civil de la Comunitat Valenciana. Regular y garantizar, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, el ejercicio del principio de transparencia y el derecho de libre acceso a la información pública, entendido como el derecho de la ciudadanía a recibir una información adecuada y veraz sobre la actividad pública. Todas las respuestas son correctas.

Las disposiciones de transparencia de la actividad pública contenidas en la ley 19/2013, ¿se aplica a las sociedades mercantiles?. Sí, pero sólo a aquellas sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades públicas previstas en la ley sea superior al 20 por 100. Sí, pero sólo a aquellas sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca totalmente a alguna de las entidades públicas previstas en la ley. No, no se aplica a las sociedades mercantiles. Sí, pero sólo a aquellas sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades públicas previstas en la ley sea superior al 50 por 100.

Señale la opción incorrecta. Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 19/2013, deberán hacer pública la información relativa a: Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas. Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios. Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados públicos pero no aquellas que autoricen el ejercicio de actividad privada al cese de los altos cargos de la Administración General del Estado o asimilados según la normativa autonómica o local. Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre ellos se emitan.

La reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno frente a una resolución en materia de acceso a información pública, se interpondrá en el plazo de: Un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado. Un mes a contar desde el día en que se dicte la resolución de la reclamación. Diez días a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado. Diez días a contar desde el día en que se dicte la resolución de la reclamación.

Señale la afirmación correcta sobre el derecho de acceso de información pública de acuerdo con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno: La ausencia de motivación de las solicitudes de acceso a la información pública será causa de rechazo de la solicitud. La solicitud de acceso a la información pública sólo se podrá presentar por medio electrónicos. El derecho de acceso a la información pública podrá ser limitado cuando suponga un perjuicio para los intereses económicos y comerciales. Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información solicitada, se pedirá al solicitante que la concrete en el plazo de quince días.

De acuerdo con la Ley 2/2015, si la información pública solicitada está afectada parcialmente por alguna de las limitaciones contempladas en el artículo 12 de esta ley: Se facilitará, siempre que sea posible, el acceso parcial, omitiendo la parte afectada por la limitación en todo caso. No se facilitará dicha información en ningún caso. Se facilitará, siempre que sea posible, incluida la parte afectada por la limitación, siempre que no se perjudique a terceras personas. Se facilitará, siempre que sea posible, el acceso parcial, omitiendo la parte afectada por la limitación, salvo que de ello resulte una información distorsionada, equívoca o carente de sentido.

¿Cuál es la estructura de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno?. Cuenta con 40 artículos estructurados en un título preliminar y 3 títulos más. Cuenta con 30 artículos estructurados en un título preliminar y 3 títulos más. Cuenta con 40 artículos estructurados en un título preliminar y 4 títulos más. Cuenta con 50 artículos estructurados en un título preliminar y 3 títulos más.

Según el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución de las reclamaciones ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: Será de tres meses, transcurridos los cuales la reclamación se entenderá estimada. Será de tres meses, transcurridos los cuales la reclamación se entenderá desestimada. Será de un mes, transcurrido el cual la reclamación se entenderá desestimada. Será de un mes, transcurrido el cual la reclamación se entenderá estimada.

De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 2/2015, deberán cumplir las obligaciones de transparencia establecidas en la legislación básica: Las entidades privadas o personas jurídicas. Las personas físicas que desarrollen actividades económicas o profesionales para las que hayan percibido, durante el periodo de un año, ayudas o subvenciones de la administración autonómica o de cualquier otra entidad por importe superior a 100.000 euros. Las entidades privadas que perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 10.000 euros. Los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales.

De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 2/2015, tratándose de información de relevancia jurídica, las administraciones públicas publicarán: La información básica sobre la financiación de la Comunitat Valenciana con indicación de los diferentes instrumentos de financiación. Los proyectos de reglamentos; si fuera preceptiva la solicitud de dictámenes a los órganos consultivos, cuando esta se haya cursado. El coste de las campañas de publicidad y de promoción institucional, desglosando los medios de comunicación empleados, el importe destinado a cada medio y el coste de los diferentes conceptos, al menos una vez al año. Una relación de las competencias y traspasos de funciones y servicios asumidos por la Comunitat Valenciana.

Respecto al ámbito subjetivo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, las disposiciones del Título I (Transparencia de la actividad pública) no se aplicarán a: Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en este artículo sea el 50 por 100. Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social así como las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras de la Seguridad Social. La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo. Las fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia de fundaciones.

¿Cuál de las siguientes entidades no está integrada en el ámbito de aplicación subjetivo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno?: Las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas a cualquiera de las Administraciones Públicas o dependientes de ellas, incluidas las Universidades públicas. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administración Local. Las corporaciones de Derecho Público, en lo relativo a todas sus actividades. La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo.

Indique cuál de los siguientes principios de actuación y conducta, de todas aquellas personas comprendidas en el ámbito de aplicación del Título II, no se encuentra recogido en el artículo 26 de la Ley 2/2015: Actuarán de acuerdo con criterios de austeridad, con el fin de lograr la consolidación presupuestaria, velando porque los recursos y bienes públicos se utilicen de forma prudente, eficiente y productiva. Protegerán y conservarán adecuadamente los recursos, de carácter público y privado, que podrán utilizarse para actividades o fines que estimen precisos para su debida gestión. No aceptarán regalos que sobrepasen los usos y costumbres de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el ejercicio de sus funciones. Garantizarán una gestión financiera justa y equitativa, dedicada a la mejora del bienestar de la ciudadanía.

De conformidad con Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el acceso a la información pública: Será gratuito, así como la expedición de copias o la trasposición de la información a un formato diferente al original. Será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la trasposición de la información a un formato diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de impuestos. Dará lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, o, en su caso, conforme a la normativa autonómica o local que resulte aplicable. Será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la trasposición de la información a un formato diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, o, en su caso, conforme a la normativa autonómica o local que resulte aplicable.

Según la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿en qué supuesto o supuestos podrá autorizarse el acceso a la información cuando contiene datos carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud o a la vida sexual, incluyese datos genéticos o biométricos o contuviera datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor?. Cuando conste el consentimiento expreso del afectado, o dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso. Cuando conste el consentimiento expreso del afectado y lo autorice expresa y especialmente la Administración responsable de los mismos. Cuando conste el consentimiento expreso del afectado o si aquél estuviera amparado por una norma con rango de Ley. En ningún caso.

De acuerdo con el artículo 17 de la Ley 2/2015, las solicitudes de acceso a información pública, deberán resolverse y notificarse al solicitante y a los terceros afectados que lo hayan solicitado, en el plazo: Máximo de treinta días desde la presentación de la solicitud por el interesado. Mínimo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Máximo de veinte días desde la presentación de la solicitud por el interesado.

¿Quién será competente para resolver el procedimiento de solicitud de acceso a la información pública, en el ámbito de la Administración de la Generalitat?. Los titulares de los centros directivos responsables funcionales de la información solicitada. Los órganos que determinen los estatutos o normas de funcionamiento. El Director del centro receptor de la información solicitada. El órgano máximo con funciones ejecutivas.

Señale la respuesta incorrecta. En relación a la publicidad activa, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la Ley 2/2015: Toda la información se suministrará o difundirá por medios o en formatos adecuados para que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos. En el ámbito de la Administración de la Generalitat y su sector público, se establecerán reglamentariamente los requerimientos técnicos y procedimientos adecuados para garantizar la accesibilidad de la información publicada. Las obligaciones de transparencia contenidas en el Capítulo I de la Ley, tienen carácter generales y parciales. La información se publicará de forma clara, estructurada, comprensible y fácilmente localizable.

De acuerdo con el artículo 22 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el acceso a la información pública: Se realizará necesariamente por la vía señalada por el solicitante. Se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Se realizará necesariamente por vía electrónica. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a quince días.