Trat Jur

El Convenio global contra el terrorismo de las Naciones Unidas: Está recibiendo el mismo consenso que recibió en su día la Convención interamericana contra el terrorismo. No se ha logrado aprobar hasta el momento por falta de Estados firmantes. No se ha logrado aprobar hasta el momento por utilizarse un enfoque general y deductivo. No se ha logrado aprobar hasta el momento por utilizarse un enfoque específico e inductivo.

Uno de los principales puntos de discusión a la hora de elaborar el Convenio global contra el terrorismo de las Naciones Unidas es: La inclusión de acciones de los movimientos de liberación nacional que se enfrentan a las fuerzas armadas de los Estados en situaciones de conflictos armados. La exclusión de actores no estatales que se enfrentan a las fuerzas armadas de los Estados en situaciones de conflictos armados. La inclusión de los actos estatales. Todas las respuestas son correctas.

Es importante que exista un convenio global contra el terrorismo porque: Muchas peticiones de extradición podrían ser denegadas por falta de entendimiento en esta materia. Existe una gran presión por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas desde el 11/09/01. Contribuiría a que la asistencia penal mutua fuera más eficaz. A y C son correctas.

¿Cuáles son los instrumentos utilizados en relación con la aviación civil?. Convenio sobre las infracciones y ciertos actos cometidos a bordo de aeronaves. Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves. Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil. Todas las respuestas son correctas.

La Convención Internacional contra la toma de rehenes: Establece la obligación de los Estados de castigar con penas adecuadas que tengan en cuenta la gravedad de los hechos cometidos. Fue adoptada por la Asamblea de Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1999. Establece la debida cooperación de los Estados en el ámbito preventivo. A y C son correctas.

El Convenio Internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear establece como conducta típica: La ilícita posesión de material radioactivo o la fabricación de dispositivos de ese tipo con el objeto de causar daños. La ilícita posesión de material potencialmente radioactivo o la fabricación de dispositivos de ese tipo con el objeto de causar daños. La utilización de instalaciones nucleares con el objeto de causar daños. A y C son correctas.

Los objetivos marcados por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre la lucha contra el terrorismo son los siguientes: Sostenimiento de un concepto común de terrorismo. Atentados suicidas y prevención especial. Atribución de responsabilidad civil por dirigir y organizar actos de terrorismo. Control del uso de internet con fines políticos.

La nueva Directiva de la Unión Europea de 15 de marzo de 2017 relativa a la lucha contra el terrorismo trata algunos temas como: La tipificación penal de los viajes a otro país con fines terroristas. La recepción de adiestramiento con fines políticos. La financiación de organizaciones criminales. Todas las opciones son correctas.

El Convenio Antiterrorista para Europa, de 16 de mayo de 2005: Fue un texto normativo del Consejo de Europa. Fue un texto surgido en el seno de la Unión Europa. Se abrió a países no miembros. A y C son correctas.

La cláusula de solidaridad: Está contenida en el Tratado de Lisboa. Se definirán las modalidades de aplicación mediante Decisión adoptada por el Consejo. Supone que en caso de ataque terrorista los Estados miembros se movilizarán para ayudar al Estado víctima. A y C son correctas.

En la Resolución 1840 (2011) sobre «Derechos humanos y la lucha contra el terrorismo» del Consejo de Europa, la Asamblea Parlamentaria ha afirmado que: El terrorismo puede plantear soluciones de compromiso entre la protección de los derechos humanos y una efectiva acción antiterrorista. El CEDH puede aplicarse para que los Estados lleven a cabo una acción proporcionado y razonable para defender la democracia y los derechos humanos contra el terrorismo. La cláusula derogatoria del art. 15 CEDH no permite que en situaciones de guerra se suspenda el ejercicio de ciertos derechos. Todas las opciones son correctas.

En el caso Lawless c. Irlanda: El TEDH consideró que el gobierno irlandés había actuado razonablemente al considerar que existía una emergencia pública que amenazaba la vida de la nación. El TEDH no consideró que el gobierno irlandés hubiera actuado razonablemente al considerar que existía una emergencia pública que amenazaba la vida de la nación. El TEDH llegó a la misma conclusión que en el caso Aksoy c. Turquía. A y C son correctas.

En el caso A y otros c. el Reino Unido: El TEDH condenó al Reino Unido por mantener a nueve extranjeros en detención por un período de tiempo sin concretar en virtud de la legislación adoptada tras el 11- S. EL TEDH estimó que se había aplicado razonablemente la cláusula derogatoria del art. 15 CEDEH. Se deduce que el recurso a la cláusula derogatoria no pueda hacerse con una mera finalidad preventiva para evitar que la situación se agrave. A y C son correctas.

jurisprudencia del TEDH demuestra que el TEDH: Ha privilegiado la seguridad nacional de los Estados frente al respeto de los derechos humanos. Ha privilegiado el respeto absoluto de los principios y derechos de la CEDH sobre las consideraciones de seguridad nacional. Ha demostrado que se ha hecho un uso excesivo de la cláusula derogatoria por parte de los Estados. Ninguna de las respuestas es correcta.

La fuerza vinculante de las sentencias de la TEDH: Ha provocado la modificación de unos de los motivos del Recurso de Revisión ante el Tribunal Supremo. No está prevista en el CEDH. No está garantizada en todas las situaciones. Ninguna respuesta es correcta.

Los primeros tratados fundacionales de las Comunidades Europeas: Recogían un elenco de derechos humanos, pero no establecían su fuerza obligatoria. No hacían ninguna mención de los derechos humanos. Siguieron la evolución de los tratados internacionales de protección de los derechos humanos. A y C son correctos.

El TEDH en un caso en el que se cuestionaba la vulneración de la libertad de expresión: Consideró que la condena a periodistas por publicar declaraciones hechas por presuntos miembros de un grupo terrorista armado tenía que rectificarse. Consideró que la condena a una multa por complicidad en la apología del terrorismo era adecuada, dadas las circunstancias del caso, dos días después del 11S. Consideró que no se podía tolerar la suspensión de publicación de periódicos en aplicación de la legislación especial antiterrorista. B y C son correctas.

Las referencias extrajudiciales hacen referencia a: Las medidas que implican el traslado de una persona de un Estado a otro, para detenerla fuera del sistema judicial ordinario. La expulsión de un territorio por la comisión de actos de terrorismo. Las medidas que implican el traslado de una persona de un Estado a otro, para interrogarla fuera del sistema judicial ordinario. A y C son correctas.

La primera sentencia del TEDH se emitió: En 1960. En 1970. En 1962. En 1964.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos: Está compuesta por 7 jueces, nombrados por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Está compuesta por 47 jueces, nombrados por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Solo puede juzgar la vulneración de derechos humanos llevados a cabo en las 21 jurisdicciones que han aceptado su jurisdicción.

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en relación con la aplicación extraterritorial de la CEDH: Ha afirmado la aplicación territorial del derecho internacional también cuando se trata de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Ha admitido la aplicación extraterritorial bajo las bases del requisito de autoridad o control efectivo. Ha modificado su posición con el paso del tiempo. A y C son correctas.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la hora de proteger el derecho a la libertad: Mantiene una postura muy estricta. Insiste en las garantías contenidas en el art. 3 de la CEDH. Aplica una prueba de legalidad y una de arbitrariedad. A y C son correctas.

Recientemente el TEDH con respecto a la doctrina de devolución: Ha aplicado el art. 6 de la CEDH. Ha afirmado que se puede aplicar si existe un riesgo real de que las pruebas se obtengan mediante tortura. La prueba obtenida a través de tortura es excluida para proteger la integridad del proceso judicial. Todas las opciones son correctas.

La Inmigration and Nationality Act de Estados Unidos: Incluyó las actividades terroristas como motivo de inadmisibilidad y expulsión. Se aprobó en 2001. Modificó la Antiterrorism and Effective Death Penalty Act de 1996. Ninguna opción es correcta.

Los cambios más importantes para el estatuto jurídico de los extranjeros se produjeron: Con la USA PATRIOT ACT. Tras los atentados de Oklahoma City. Al aumentar la discrecionalidad ejecutiva en materia de persecución de extranjeros. A y C son correctas.

A nivel internacional, el problema migratorio en relación con el terrorismo se ha intentado resolver: A través de Resoluciones de las Naciones Unidos que establecen el peligro de infiltración de terroristas a través del estatuto de refugiado. Mediante sanciones económicas a quien de asilo a sospechosos de terrorismo. Cerrando las fronteras. A y C son correctas.

Las preocupaciones de la Unión Europea en materia migratoria se manifestaron: Tras los atentados de septiembre de 2001. En el Acta Única Europea de 1986. En el Tratado de Lisboa. Cuando se creó la CEE.

El impacto de la lucha contra el terrorismo ha tenido un efecto: Poco significativo en la determinación de los motivos de expulsión. Poco significativo en la determinación de las causas de denegación de admisión de residencia. Significativo en la determinación de las causas de denegación de admisión de residencia. A y C son correctas.

La expresión «tela de araña» de Dick Marty hace referencia a: El entramado de utilizaron los americanos en su lucha contra el terrorismo. La imposibilidad de entrar en el territorio de Estados Unidos por parte de ciudadanos de algunos países. La red de lugares de detenciones secretas de la CIA. A y C son correctas.

¿En qué países se han creado centros de detención de la CIA?. Polonia y Rumanía. Austria y Grecia. Suiza y Alemania. Ninguna de las opciones es correcta.

El derecho internacional humanitario se basa en dos principios fundamentales: El principio de proporcionalidad. El principio de responsabilidad. El principio de distinción. A y C son correctas.

El Ius in bello es: El derecho de los conflictos armados. La normativa sobre el uso de la fuerza. Un concepto en desuso. Ninguna de las opciones es correcta.

¿El terrorismo es un conflicto armado internacional?: Algunos autores afirman que lo es. Así está recogido en los Convenio de Ginebra. No, pero sí un conflicto armado no internacional. Ninguna de las opciones es correcta.

El Estatuto de prisionero de guerra se aplica: En el marco de cualquier conflicto internacional. En el marco de conflictos armados internacionales. En toda clase de conflictos tanto internos como internacionales. De manera consuetudinaria.

El relator especial para la promoción y la protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas: Ha afirmado la necesidad de garantizar el derecho a un juicio imparcial en las causas por terrorismo. Ha afirmado que se puede restringir el acceso de los materiales a la acusación. Ha afirmado que los tribunales militares solo se pueden utilizar para enjuiciar al personal militar. A y C son correctas.

Para que podamos calificar una acción de hostilidad tienen que darse los siguientes requisitos: Debe afectar a las operaciones militares. Tiene que existir una relación causa-efecto. Es necesario un nexo con los beligerantes. Todas las opciones son correctas.

La normativa internacional, en relación con los civiles que participan en hostilidades: No da ninguna respuesta satisfactoria a los problemas jurídicos que se plantean. Afirma que la contribución indirecta no es importante. Afirma que si la contribución es directa no estará protegido por el DIH. A y C son correctas.

El derecho internacional humanitario: Prohíbe que en los conflictos armados se cometan actos de terror. Ayuda a establecer una definición global de terrorismo. Ordena distinguir entre personas y bienes civiles y objetivos militares. A y C son correctas.

Las guerras de liberación nacional se han considerado: Conflictos armados internacionales. Conflictos armados nacionales. Fuera del derecho internacional humanitario. Ninguna respuesta es correcta.

En las situaciones de opresión en las que los opositores son torturados: El derecho internacional humanitario resuelve los problemas jurídicos que se plantean. El derecho internacional humanitario no resuelve los problemas jurídicos que se plantean. Existe un conflicto armado. No se aplica la normativa internacional.

El comportamiento internacionalmente ilícito por parte de un Estado puede consistir en: Una acción. Varias acciones. Una acción o varias acciones. Ninguna respuesta es válida.

Para hablar de la existencia de un comportamiento internacionalmente ilícito por parte de un Estado, es necesario que: El comportamiento sea atribuible al Estado según el derecho internacional. Ese comportamiento consista en la violación de los derechos humanos. Ese comportamiento consista en la violación de una obligación internacional del Estado. A y C son correctas.

Si el Estado pone a disposición de otro sus órganos: Quedaría excluida su responsabilidad en los casos de prestación de ayuda. Quedaría excluida su responsabilidad en los casos de prestación de ayuda y asistencia. Sería responsable si las fuerzas armadas de un Estado son enviadas al territorio de otro. Nunca sería responsable.

El recurso a la guerra como un medio para solucionar conflictos entre Estados: Ha sido admitido durante mucho tiempo en el derecho internacional. Ha sido rechazado desde el siglo XIX. Ha sido analizado en los casos de naciones no civilizadas. Todas las respuestas son correctas.

Según el Pacto Briand-Kellog: Las partes aceptaban el uso de la guerra como instrumento de política nacional. Las partes aceptaban el uso de la guerra para arreglar los conflictos internacionales. Las partes condenaban el uso de la guerra para arreglar los conflictos internacionales. A y B son correctas.

El Pacto de la Sociedad de Naciones: Prohibía la guerra. No prohibía la guerra porque intentaba que no se produjera. Contempla la guerra defensiva. Ninguna respuesta es correcta.

La Carta de las Naciones Unidas recoge en su artículo 2: El principio de la prohibición del uso de la fuerza. El principio de la prohibición del uso de la fuerza, pero no la amenaza de esta. El principio de la prohibición del uso de la fuerza solo si se ha logrado la solución del conflicto de manera pacífica. A y C son correctas.

La Carta de las Naciones Unidas recoge las siguientes excepciones al recurso de la fuerza armada: El derecho a la legítima defensa y la acción coercitiva de las Naciones Unidas. La guerra preventiva. Las medidas autorizadas por las Naciones Unidas. A y C son correctas.

La Uniting Against Terrorism de 2006: Proclama la supremacía de los Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo global. Recoge la necesidad de que los Estados adopten cualquier tipo de medidas contra el terrorismo. Considera una obligación de los derechos humanos para los Estados la adopción de medidas efectivas contra el terrorismo. A y C son correctas.

La US National Security Strategy de 2017: Señala la necesidad de investigar las redes digitales que utilizan los terroristas. Autoriza la acción defensiva del Estado antes incluso de que exista una amenaza. Proclama la necesidad de actuar contra los santuarios del terrorismo yihadista. Todas las opciones son correctas.

La Decisión Marco de 15 de marzo de 2001 considera que las víctimas directas e indirectas: Tienen derechos diferentes. No tienen que distinguirse. Solo cita a las víctimas directas. Ninguna de las opciones es correcta.

En la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el terrorismo en la Resolución 60/288, de septiembre de 2006: Se refiere específicamente a los derechos y la función de las víctimas del terrorismo. Hace mención a las víctimas del terrorismo sin hablar de sus derechos. Afirma que el reconocimiento de las víctimas del terrorismo constituye un componente fundamental de la lucha contra el terrorismo. A y C son correctas.

El foro mundial contra el terrorismo: Organizó una reunión de un grupo de expertos los días 24 y 25 de noviembre de 2014 en Madrid. Reunió a expertos de los Estados Miembros del Consejo de Europa. Recopiló una lista de prácticas que representan buenas prácticas de apoyo a las víctimas del terrorismo. Todas las opciones son correctas.

En el ámbito internacional: Todavía no se ha elaborado un estatuto jurídico proprio para las víctimas del terrorismo. Todavía no se ha elaborado un estatuto jurídico proprio para las víctimas del terrorismo. Se ha ido creando un estatuto jurídico proprio para las víctimas del terrorismo. Se ha ido creando un estatuto jurídico propio para otros colectivos de víctimas del delito. A y C son correctas.

En la Resolución 1566/2004 de 8 de octubre, el Consejo de Seguridad: Afirmaba que era necesario establecer un fondo internacional para indemnizar a las víctimas del terrorismo, pero no sus familias. Afirmaba que era necesario establecer un fondo internacional para indemnizar a las víctimas del terrorismo y sus familias. Afirmaba que los Estados estaban obligados a indemnizar a las víctimas del terrorismo porque eran responsables de la seguridad de su territorio. Las opciones A y C son correctas.

En el ámbito del Consejo de Europa: Se refiere específicamente a las víctimas del terrorismo el Convenio europeo sobre indemnización de 24 de noviembre de 1983. La Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido que tiene que haber un vínculo directo entre la víctima y el perjuicio. Los instrumentos jurídicos de protección a las víctimas del delito se han aprobado con posterioridad a los de la Unión Europa. Todas las opciones con correctas.

La liga de los Estados árabes en su Convención árabe de lucha contra el terrorismo: No hace referencia a las víctimas de atentados terroristas. Establece un estatuto jurídico completo de protección a las víctimas del terrorismo. Se recogen normas para proteger a los testigos de los atentados terroristas, incluyendo las víctimas como testigos. Ninguna opción es correcta.

En el Informe del relator Especial (A/HCR/2014) se recoge la categoría de víctimas indirectas del terrorismo, que incluiría los siguientes supuestos: Rehenes o espectadores que hayan perdido la vida o sufrido lesiones por el empleo de la fuerza contra personas sospechosas de terrorismo. Testigos que hayan sufrido lesiones mentales graves o no graves por presenciar un atentado terrorista. Personal de rescate que haya sufrido lesiones físicas o mentales graves por participar. que sufra lesiones físicas o mentales graves por participar en actividades de socorro. Las opciones A y C son correctas.

La Directiva 2012/29/UE, del 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos: Hace un especial hincapié en la victimización secundaria. Afirma que las víctimas del terrorismo tienes unas necesidades especiales. Reconoce expresamente que las víctimas del terrorismo sufren atentados que están dirigidos a hacer daño a toda la sociedad. Todas las opciones son correctas.

La Directiva 2017/541/UE de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo, dice sobre la definición de víctima de terrorismo que: Es idéntica a la prevista en la Decisión Marco de 15 de marzo de 2001. Añade, con respecto a la anterior normativa, que los familiares de las víctimas supervivientes del terrorismo tienen acceso a servicios de apoyo a las víctimas. Modifica toda la regulación prevista en la Decisión Marco de 15 de marzo de 2001. Ninguna opción es correcta.

La nueva directiva de 2018 sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: Rebaja el umbral del anonimato en la transacción de las tarjetas prepago a 250 euros. Rebaja el umbral del anonimato en la transacción de las tarjetas prepago a 150 euros. Elimina el anonimato en cualquier transacción de las tarjetas prepago. Ninguna de las opciones es correcta.

La Agenda Europea de Seguridad reconoció, en abril de 2015: La necesidad de adoptar nuevas medidas para hacer frente a la financiación del terrorismo de manera más eficaz. Presentó una nueva Directiva contra el blanqueo. La incapacidad de la Unión Europea de prevenir atentados como el de Charlie Hebdo. Las opciones A y C son correctas.

La primera vez que se hace referencia, a nivel europeo, al uso de las transferencias de moneda virtual para financiar el terrorismo ha sido en la: Directiva 91/308/CEE de 10 de junio de 1991. Directiva 2001/97/CE de 4 de diciembre de 2001. Directiva 2005/60/CE, de 26 de octubre de 2005. Ninguna de las opciones es correcta.

En las primeras normativas internacionales de la lucha contra el blanqueo de capitales ha estado relacionada con: La lucha contra el tráfico de drogas. La lucha contra el tráfico de armas. La lucha contra la trata de seres humanos. Cualquier tipo de delito.

La Convención Internacional contra la toma de rehenes: Solo ha aprobado un Convenio sobre blanqueo relacionado con cualquier tipo de delito. Solo ha aprobado un Convenio sobre blanqueo relacionado con los delitos de tráfico de drogas. Ha aprobado el último Convenio sobre blanqueo y financiación del terrorismo en 2005. Ha sido la primera organización internacional que ha relacionado el blanqueo con la financiación del terrorismo.

El Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo: No pertenece al GAFI. Creó el GAFI. Está formada por ocho países. Pertenece al GAFI.

EL GAFI ha elaborado 40 recomendaciones que: Han ido actualizándose. Establecen un estándar internacional contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Se redactaron en 1990. Todas las opciones son correctas.

La UIF es: Un órgano administrativo coordinado por la Comisión Europa para luchar contra el blanqueo de dinero. Un órgano europeo creado por el GAFI. Un órgano administrativo de la Comisión Europea para luchar contra el blanqueo de dinero. Ninguna opción es correcta.

¿En qué delitos no es necesario que los fondos se utilicen efectivamente para financiar el terrorismo?. Delitos de terrorismo. Delitos de recepción de adiestramiento para el terrorismo. Delitos de viaje con fines terroristas. Las opciones A y C son correctas.

La Directiva 2018/843 establece la creación de: Registros públicos de beneficiarios finales de las empresas. Registros públicos de beneficiarios reales de empresas fiduciarias. Registros públicos de cuentas bancarias y cajas de seguridad. Todas las opciones son correctas.

En nuestro Código Penal la punición del terrorismo se recoge en: El Capítulo VII, del Título XXII del Libro II, titulado «De las organizaciones y grupos terroristas y de los delitos de terrorismo», artículos 571 a 580. El Capítulo V, del Título XXI del Libro II, titulado «Delitos de terrorismo», artículos 572 a 581. El Capítulo VII, del Título XX del Libro II, titulado «De las asociaciones terroristas y de los delitos de terrorismo», artículos 570 a 580.

A los efectos del Código Penal se entiende por organización o grupo terrorista: La agrupación formada como mínimo por dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido. La agrupación formada por más de dos personas que tenga por finalidad u objeto la comisión de delitos de terrorismo, ya sea de manera concertada y coordinada, con reparto de tareas y funciones, y con carácter estable o tiempo indefinido. La agrupación que, reuniendo las características respectivamente establecidas en el artículo 578 CP tenga por objeto finalidades terroristas con carácter estable o tiempo definido.

El delito de integración en organización terrorista sanciona en el artículo 572 CP: A quienes colaboran de forma activa, financiando una organización o grupo terrorista y a quienes provocan un atentado terrorista. B.A quienes participen en adiestramiento de organizaciones terroristas para formarse en la comisión de delitos considerados terroristas, previstos en los artículos 573 y siguientes. A quienes promovieran, constituyeran, organizaran o dirigieran una organización o grupo terrorista, y a quienes participaran activamente en la organización o grupo, o formaran parte de ellos.

Se define el terrorismo como: No hay una definición legal de terrorismo, sino que ésta viene impuesta por la jurisprudencia en atención a las acciones cometidas. En el artículo 571 como finalidad de alterar o hacer desaparecer el Estado democrático, las libertades públicas y la ejecución de actos violentos orientados a intimidar a la población. En el artículo 573 a través de la exposición de unas finalidades que motivarían que una conducta violenta genérica (que veremos en el epígrafe siguiente) sea calificada como terrorista.

De las siguientes, son finalidades terroristas: Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo; y alterar gravemente la paz pública. Subvertir el funcionamiento de una organización internacional, desestabilizar el funcionamiento de las instituciones políticas, y alterar el orden inconstitucional. Evitar el orden inconstitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.

Los delitos materialmente terroristas: Se regulan en los artículos 580 y siguientes del Código Penal, y son delitos que afectan al orden constitucional y al funcionamiento de las instituciones políticas o estructuras económicas y sociales del Estado. Se regulan en los artículos 571 y siguientes del Código Penal, y son delitos que afectan al mismo bien jurídico protegido, que es la paz pública. Se regulan en los artículos 573 y siguientes del Código Penal, y son delitos pluriofensivos, al afectar los supuestos tipificados a varios bienes jurídicos.

Cuando un atentado terrorista se produzca el resultado de muerte: Se castiga como delito de asesinato del artículo 140 CP por concurrir la agravante de alevosía. Se castiga como delito de terrorismo del artículo 573 CP, con independencia de que se trate de un delito de asesinato. Se castiga como delito de homicidio del artículo 138 CP en concurso ideal con el delito de terrorismo del art. 573 CP.

Son delitos comunes que pueden cometerse con finalidades terroristas: Los previstos en el artículo 573.1, los delitos informáticos del art. 197 y 264, el delito de desórdenes públicos y el delito de rebelión y sedición. No hay delitos comunes que puedan cometerse con finalidades terroristas, pues los delitos de terrorismo son independientes de los demás delitos previstos en el Código. Los delitos previstos en artículos 574 a 579 CP.

Cuando el delito terrorista se comete contra los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad o de las fuerzas armadas: Se convierte en un atentado contra la autoridad del art. 550 CP agravado, de forma que se sanciona con la pena superior en grado a la prevista en ese precepto. Se impone la pena prevista en función del delito concreto cometido, en su mitad superior. Se sanciona como delito de atentado terrorista del artículo 577 CP, imponiendo la pena de prisión de 10 a 15 años.

El delito de rebelión y el terrorismo: Son equiparables porque persiguen los mismos fines, aunque con distinta forma de actuar. No son equiparables porque la rebelión es un delito político y supone un ataque frontal y directo al Estado y el terrorismo persigue otras finalidades previstas en el art. 573 CP. Son delitos que se sancionan con la misma pena y ambos tienen en común que consiste en alzarse de forma violenta y pública para unos fines concretos, como son derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Con.

El depósito de armas o municiones, la tenencia o depósito de sustancias o aparatos explosivos es: Un delito común contra el orden público que se convierte en delito especial contra el terrorismo cuando se comete con las finalidades previstas en el art. 573 del Código Penal. Es un delito especial por la finalidad terrorista de los artículos 563 a 570 del Código Penal. Es un delito genérico de terrorismo que únicamente se sanciona penalmente cuando las armas, sustancias o aparatos sirven para cometer atentados terroristas.

Son conductas de colaboración con organizaciones o grupos terroristas: Aquellas que recoge el art. 573 del Código Penal y pongan en peligro la vida, integridad física, la libertad o el patrimonio. Únicamente las que se reflejan en el párrafo segundo del art. 577.1 del Código Penal, que recoge las conductas numerus clausus que son actos de colaboración. Las que se reflejan en el párrafo primero del art. 577.1 del Código Penal, que son llevar a cabo, recabar o facilitar de cualquier modo las actividades o finalidades de la organización, grupo o elemento terrorista o para cometer cualquiera de los delitos de terrorismo.

En el delito genérico de colaboración del art. 577 del Código Penal: Se encuentra la figura típica del que recibe adiestramiento terrorista. Se encuentra la figura típica de la captación de terroristas, adoctrinamiento o adiestramiento. Se encuentra la figura típica de la captación de terroristas, adoctrinamiento o adiestramiento y del que recibe el adiestramiento.

Es constitutivo de delito: La conducta imprudente por la que se facilite adiestramiento o instrucción sobre la fabricación o uso de explosivos, armas de fuego u otras armas o sustancias nocivas o peligrosas, o sobre métodos o técnicas especialmente adecuados para la comisión de delitos de terrorismo, cuando no se toman las medidas de control para conocer la finalidad a la que va destinada esa formación. Facilitar adiestramiento o instrucción sobre la fabricación o uso de explosivos, armas de fuego u otras armas o sustancias nocivas o peligrosas, o sobre métodos o técnicas especialmente adecuados para la comisión de delitos de terrorismo, con la intención o conocimiento de que van a ser utilizados para ello. Facilitar adiestramiento o instrucción sobre la fabricación o uso de explosivos, armas de fuego u otras armas o sustancias nocivas o peligrosas, o sobre métodos o técnicas especialmente adecuados para la comisión de delitos de terrorismo.

Cuando los actos de captación, adoctrinamiento o adiestramiento se hubieran dirigido a menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección o a mujeres víctimas de trata con el fin de convertirlas en cónyuges, compañeras o esclavas sexuales de los autores del delito: Se impondrá la misma pena, pero, además, los delitos autónomos cometidos. Se impondrá la pena superior en grado, pudiéndose llegar a la superior en grado, sin perjuicio de imponer las que además procedan por los delitos contra la libertad sexual cometidos. Puede imponerse la pena superior en grado, sin perjuicio de imponer las que además procedan por los delitos contra la libertad sexual cometidos.

Los delitos de colaboración con organización o grupos terroristas del art. 577 del Código Penal: Solo pueden ser dolosos. Pueden ser dolosos y por imprudencia grave. Solo pueden ser cometidos por imprudencia grave.

El adoctrinamiento o adiestramiento pasivo para cometer actividades terroristas: Se sanciona penalmente tanto al que recibe adiestramiento prestado por otros como al autodidacta. No se sanciona penalmente. Se sanciona penalmente solo cuando se imparte por otros que, a su vez, cometen el delito de colaboración con organización o grupo terrorista.

En el tipo básico de financiación del terrorismo del art. 576 apartado primero, se castiga: La utilización de los bienes para llevar a cabo atentados terroristas. La mera intención de destinar los bienes o valores al desarrollo de actividades terroristas. Solo cuando los bienes ya están disponibles para la organización y para su empleo en finalidades terroristas.

El órgano encargado de la vigilancia de las actividades de financiación del terrorismo que puedan cometerse por imprudencia grave es: El servicio de prevención del blanqueo de capitales del Banco de España. La Brigada de lucha contra el terrorismo de la Policía Nacional, en colaboración con la Interpol. El servicio de prevención de financiación del terrorismo integrado en el Ministerio del Interior.

La persona jurídica puede cometer: Cualquier delito de terrorismo que pueda ser imputable a una sociedad, conforme al art. 31 bis del Código Penal. Únicamente el delito de financiación del terrorismo por imprudencia grave. Cualquier delito de financiación del terrorismo.

El delito de enaltecimiento del terrorismo: Se introdujo en nuestro Derecho como delito autónomo por la LO 7/2000, de reforma del Código Penal en delitos de terrorismo. Se incorporó a nuestro Código Penal como delito autónomo por la LO 2/2015. Se introdujo en nuestra legislación por la LO 7/2002, de reforma del Código Penal en materia de terrorismo.

Para que concurra el delito de enaltecimiento del terrorismo: Es necesario ensalzar o justificar conductas terroristas o a las personas que hayan participado en ellas o realizar actos que entrañen humillación a las víctimas o sus familiares. Es necesario ensalzar o justificar de manera pública conductas terroristas o a las personas que hayan participado en ellas o realizar actos que entrañen humillación a las víctimas o sus familiares. Basta la existencia de acciones o palabras por las que se ensalza el terrorismo.

La diferencia entre apología del art. 18 CP y enaltecimiento del terrorismo del art. 578 CP es: Que en la apología se exige una invitación directa a cometer un delito y en el enaltecimiento no. Que en la apología no se exige una invitación directa a cometer un delito y en el enaltecimiento sí. No hay diferencias, pues el enaltecimiento es delito especial que se aplica con preferencia a la apología cuando hay una invitación directa a cometer un delito.

Los actos preparatorios punibles de nuestro derecho son: Los que pertenecen a la fase interna: la ideación, la deliberación y la resolución. La conspiración, la proposición y la provocación para delinquir de modo general y en todo tipo de delitos. La conspiración, la proposición y la provocación para delinquir solo en los casos expresamente previstos por la ley.

La conspiración existe, dice el art. 17.1 CP: Cuando cinco o diez personas se conciertan para la ejecución de un delito. Cuando una persona convence a dos o más para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo. Cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo.

La proposición existe, dice el art. 17.2 CP: Cuando el que ha resuelto cometer un delito convence a otra u otras personas para que sean estas últimas quienes lo ejecuten. Cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a ejecutarlo. Cuando el que ha resuelto cometer un delito se concierta con otro para que este último lo ejecute.

La provocación existe, dice el art. 18. 2 CP: Cuando directamente se incita por medio que facilite el secreto de las comunicaciones a otras personas a la perpetración de un delito. Cuando directamente se incita por medio de la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante, que facilite la publicidad, o ante una concurrencia de personas, a la perpetración de un delito. Cuando directamente se incita por medio de la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro medio a cometer un delito en el que participan tanto la persona que incita a otras y ha resuelto ejecutarlo, como quienes son incitados a su perpetración.

En los delitos de terrorismo: Hay un tipo específico, el art. 579.1 y 2 CP, que recoge los actos preparatorios punibles, no castigándose por los tipos generales de los arts. 17 y 18 CP, sino por estos. Se recogen unas figuras complejas en los apartados 1 y 2 del art. 579 CP por las que se castiga difundir mensajes terroristas y humillar a las víctimas. Se recogen unas figuras complejas en los apartados 1 y 2 del art. 579 CP por las que basta para la punición que los actos públicos de difusión de mensajes o consignas sean idóneos para incitar a otros a la comisión de alguno de los delitos de terrorismo.

El delito de encubrimiento del terrorismo se diferencia de la colaboración o integración en banda terrorista: En que son actos de colaboración los que se producen con posterioridad a su ejecución mientras que el encubrimiento es actuar como miembro activo de una organización terrorista. En que la colaboración implica una intervención en la organización terrorista y cometer actos terroristas mientras que el encubrimiento implica cooperar en el atentado. En que son actos de colaboración aquellos que tienen un carácter permanente, mientras que el encubrimiento es posterior a la ejecución.

Las modalidades de comisión de la acción típica, en el delito de encubrimiento del terrorismo, son: El auxilio a los autores o cómplices para que se beneficien del provecho, producto o precio del delito, con ánimo de lucro de propio; y la ayuda a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes, o a sustraerse a su busca y captura. El auxilio a los autores o cómplices para que se beneficien del provecho, producto o precio del delito, sin ánimo de lucro ajeno y la ocultación, alteración o inutilización del cuerpo, los efectos o los instrumentos de un delito, para impedir su descubrimiento. El auxilio a los autores o cómplices para que se beneficien del provecho, producto o precio del delito, sin ánimo de lucro de propio; la ocultación, alteración o inutilización del cuerpo, los efectos o los instrumentos de un delito, para impedir su descubrimiento; y la ayuda a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación (…).

La pena máxima que puede imponerse en los supuestos de terrorismo es de: La prisión permanente revisable. Depende del delito que se cometa, pero nunca podrá ser mayor a la prevista en el art. 139 CP. La prisión de 40 años.

Los requisitos para revisar la prisión permanente revisable en supuestos de terrorismo son: Que el penado haya cumplido veintidós años de su condena, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 78 bis para los casos regulados en el mismo; Que se encuentre clasificado en segundo grado; Y que el penado se haya arrepentido de sus actos y abandonado sus actividades delictivas. Que el penado haya cumplido veinte años de su condena, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 78 bis para los casos regulados en el mismo; Que se encuentre clasificado en libertad condicional; Y que el Tribunal pueda fundar la existencia de un pronóstico favorable de reinserción social. Que el penado haya cumplido veinticinco años de su condena, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 78 bis para los casos regulados en el mismo; Que se encuentre clasificado en tercer grado; que el Tribunal pueda fundar la existencia de un pronóstico favorable de reinserción social; y que el pando muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines de la actividad terrorista y haya colaborado activamente con las autoridades.

A los condenados por terrorismo se les impone, siempre, como pena principal: La establecida en el art. 579 bis 1 CP, consistente en la inhabilitación absoluta e inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en los ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo que superará entre seis y veinte años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en la Sentencia. La prevista en el art. 55 CP de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena si nos encontramos con una pena de prisión igual o superior a diez años, o la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo. La establecida en el art. 48 CP de privación de residir en determinados lugares, de aproximarse o comunicarse con la víctima o familiares.

La libertad vigilada en supuestos de terrorismo: Es una pena obligatoria y consiste en cumplir el condenado una serie de medidas penitenciarias impuestas por el Juzgado Central durante el tiempo de la condena. Es obligatoria y consiste en el sometimiento del condenado, una vez extinguida la pena privativa de libertad, al control judicial a través del cumplimiento por su parte de alguna o algunas de las medidas previstas en el en el art. 579 bis 2 CP. Es potestativa y consiste en que el penado, una vez le sea concedido el tercer grado, sea sometido al control judicial a través del cumplimiento por su parte de alguna o algunas de las medidas previstas en el en el art. 579 bis 2 CP.

En los delitos de terrorismo cabe la figura del arrepentido cuando: El sujeto se arrepiente de los delitos cometidos una vez que sea detenido y confiesa los hechos y pide perdón a las víctimas, además de colaborar con las autoridades para detener a otros responsables. El sujeto haya abandonado voluntariamente sus actividades delictivas, se presente a las autoridades confesando los hechos en que haya participado y colabore activamente con las autoridades para impedir la producción del delito, o la detención de otros responsables. El sujeto haya abandonado voluntariamente sus actividades delictivas y cesa en ellas, delatando a otros miembros de la organización y siendo la atenuación de la pena mayor en función de la mayor colaboración que exista.

La agravante de reincidencia se les impone a los condenados por terrorismo: Cuando hayan sido condenados previamente por un delito de terrorismo en cualquier país miembro de la Unión Europea, no pudiendo imponerse cuando la condena es de un país no miembro. Cuando se produzca después de la condena española una condena por terrorismo en cualquier país del mundo. Cuando hayan sido condenados previamente por un delito de terrorismo en cualquier país del mundo.

Las consecuencias accesorias del artículo 129 CP: Solo podrán imponerse, en supuestos de terrorismo, según el art. 129.2, cuando se cometa el delito de financiación del terrorismo del art. 576 bis CP. Podrán imponerse, en supuestos de terrorismo, a todas las personas que cometan los delitos previstos en los arts. 573 a 577 CP. Solo podrán imponerse, en supuestos de terrorismo, conforme dispone el art. 129.1, a todas las entidades con personalidad jurídica.

A los internos de peligrosidad extrema que cumplan condena en centros penitenciarios por delitos de terrorismo: Se les clasifica en tercer grado y se les destina a establecimientos de régimen abierto. Se les clasifica en segundo grado y se les destina a departamentos especiales. Se les clasifica en primer grado y se les destina a establecimientos de régimen cerrado.

El tercer grado penitenciario en supuestos de condenados por terrorismo puede concederse: Cuando la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años, cuando se haya cumplido la mitad de la misma (art. 36.2 CP), requisito que puede eludirse cuando exista un pronóstico favorable de reinserción social. Cuando la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años, cuando se haya cumplido la mitad de la misma (art. 36.2 CP), requisito que no puede eludirse cuando exista un pronóstico favorable de reinserción social. Cuando la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años, cuando se haya cumplido tres cuartas partes de la misma (art. 36.2 CP), requisito que no puede eludirse cuando exista un pronóstico favorable de reinserción social.

El cumplimiento efectivo de las penas que establece el art. 78 CP supone que: Si la pena a cumplir resultase inferior a la mitad de la suma total de las impuestas, el juez o tribunal sentenciador no puede acordar por sí solo los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la clasificación en tercer grado y el cómputo de tiempo para la libertad condicional, pues necesitará que la Junta de Tratamiento valore la concesión con un pronóstico individualizado. Si la pena a cumplir resultase superior a la mitad de la suma total de las impuestas, el juez o tribunal sentenciador puede acordar que los permisos de salida, la clasificación en tercer grado y el cómputo de tiempo para la libertad condicional se refieran al doble de las penas impuestas en Sentencia. Si la pena a cumplir resultase inferior a la mitad de la suma total de las impuestas, el juez o tribunal sentenciador puede acordar que los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la clasificación en tercer grado y el cómputo de tiempo para la libertad condicional se refieran a la totalidad de las penas impuestas en Sentencia.

La informática forense consiste en: El análisis de los instrumentos tecnológicos en busca de pruebas. La redacción del informe donde se contiene la descripción del delito informático cometido. La puesta en marcha y mantenimiento de los equipos utilizados por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para el rastreo de los ciberdelincuentes.

Los principios rectores de las medidas de investigación establecidas en los artículos 588 bis a 588 octies son: Que si la medida es restrictiva de los derechos fundamentales exista autorización judicial inmotivada, dictada con plena sujeción a los principios de proporcionalidad e idoneidad constitucional. Que exista autorización judicial dictada con plena sujeción a los principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad de la medida. Según la medida, se exigirá o no autorización judicial, aunque sea restrictiva de derechos, siempre y cuando se ejecute con plena sujeción a los principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad de la medida.

La resolución judicial que autorice la medida de investigación requiere: La mera sospecha de delito por parte de la Policía o Guardia Civil. Indicios racionales de criminalidad contra las personas que se acuerde y en las que se funde la medida. Que exista una querella admitida a trámite y la Policía Judicial haya investigado previamente la existencia de delito.

Los operadores de telecomunicaciones tienen la obligación: De colaborar siempre con el juez, Ministerio Fiscal y Policía judicial y sin necesidad de autorización judicial. De colaborar solo con el Juez y cuando se dicte, previamente, una resolución judicial. De colaborar con el juez, Ministerio Fiscal y Policía judicial y guardar secreto.

El Ministerio Fiscal o la Policía judicial pueden: Realizar la investigación de forma directa sin autorización judicial cuando se quiera obtener identificación de la dirección IP o el número IMSI o identificar a los titulares de un número de teléfono. Realizar la investigación de forma directa y dirigirse a los prestadores de servicios de telecomunicación sin autorización judicial para obtener la identificación del usuario de la dirección IP y su localización concreta. Realizar la investigación de forma directa, aunque siempre con autorización judicial para obtener cualquier información de los prestadores de servicios de telecomunicación.

En la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el elemento clave para la interceptación de comunicaciones es: La autorización judicial previa solicitud de la Brigada de Delitos Tecnológicos por el tiempo que ésta considere oportuno. La autorización judicial posterior a la interceptación que ratifique la medida. La autorización judicial previa con una duración máxima de 3 meses prorrogables.

Para la captación de la imagen en lugares o espacios públicos: No se requiere autorización judicial, cuando sea necesaria esta medida para facilitar la identificación del autor del delito, para localizar los instrumentos o efectos del delito o para obtener datos relevantes para el esclarecimiento de los hechos. Se requiere autorización judicial porque se trata de una medida que afecta al derecho a la privacidad e intimidad de las personas recogida en el artículo 18 de la Constitución. No se requiere autorización judicial concurren razones de urgencia, pero en plazo máximo de veinticuatro horas debe darse cuenta a la autoridad judicial, quien podrá ratificar la medida adoptada o acordar su inmediato cese en el mismo plazo, supuesto en el que la información obtenida a partir del dispositivo colocado carecerá de efectos en el proceso.

El registro remoto de equipos informáticos: No requiere autorización judicial y puede ser utilizado como una medida de control preventivo por la Policía judicial para la investigación de los delitos. Requiere autorización judicial y puede acordarse en cualquier supuesto de delito grave y con los requisitos establecidos en el artículo 588 quater de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Requiere autorización judicial y solo puede acordarse en el supuesto de investigación de delitos y con los requisitos determinados en el artículo 588 septies de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La medida de infiltración judicial o agente encubierto: Debe ser autorizada con carácter restrictivo, solo en supuestos de delincuencia organizada, con autorización judicial y mediante Auto motivado. Debe ser autorizada con carácter amplio, sin que sea necesaria la autorización judicial, pues pueden llevarla a cabo los funcionarios de policía de forma directa. Puede ser autorizada en el marco de cualquier investigación para prevenir delitos y debe ser autorizada judicialmente mediante Auto motivado.

La prueba pericial de inteligencia: Se trata de una auténtica prueba pericial consistente en aportar al Tribunal conocimientos artísticos o científicos sobre una determinada materia. Se trata de una prueba específica realizada por funcionarios de policía, que responde a un patrón diseñado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y es vinculante. Se trata de una prueba singular realizada por funcionarios de policía, que se debe valorar de forma libre por el Tribunal, no es vinculante y consiste en relacionar información.

En los delitos de terrorismo: Se aplica el principio de justicia universal y la jurisdicción es, en todo caso, de los tribunales españoles, salvo las excepciones del art. 23.5 LOPJ. Se aplica el principio de justicia rogada y la jurisdicción es de los Tribunales españoles cuando el delito se haya cometido en territorio español o a bordo de buques o aeronaves españolas. Se aplica el principio de justicia universal y la jurisdicción es, en todo caso, de los Tribunales españoles.

La competencia de la Audiencia Nacional en materia de terrorismo o delitos cometidos por bandas armadas: Se prevé en el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, junto con los demás delitos cuya competencia se atribuye a este Tribunal. Se establece a través de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la Ley Orgánica 14/1988, de 27 de mayo. Se reconoció por primera vez en el Real Decreto Ley 3/1977, de 4 de enero, sobre competencia jurisdiccional en materia de terrorismo, y fue ratificada en la Disposición Transitoria única de la Ley Orgánica 4/1988, de 25 de mayo, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Los órganos encargados de instruir las causas como supuestos terroristas son: Los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional.

La detención de personas que cometen algún delito de los previstos en los arts. 571 y siguientes del Código Penal puede practicarla: Cualquier particular, autoridad o policía judicial por iniciativa propia o por ejecución de una decisión judicial. Cualquier particular, autoridad o policía judicial por iniciativa propia o por ejecución de una decisión judicial, salvo cuando se trate de delitos leves. La autoridad o policía judicial por iniciativa propia o por ejecución de una decisión judicial.

Los plazos de la detención de presuntos terroristas son: Setenta y dos horas más una posible prórroga de cuarenta y ocho horas, siempre que la prórroga se solicitara en las primeras veinticuatro horas, debiendo acordarse en las cuarenta y ocho horas siguientes. Setenta y dos horas sin posibilidad de prórroga, pues la Constitución marca este plazo máximo para la detención. Setenta y dos horas más una posible prórroga de cuarenta y ocho horas, siempre que la prórroga se solicitara en las primeras cuarenta y ocho horas, debiendo acordarse en las veinticuatro siguientes.

La detención incomunicada de presuntos terroristas puede acordarse: A solicitud del Ministerio Fiscal mediante un escrito motivado al magistrado encargado de las diligencias, teniendo que esperar a la decisión para proceder con la medida. A solicitud de los investigadores o el Ministerio Fiscal mediante un escrito motivado al magistrado encargado de las diligencias, quedando incomunicado el detenido desde ese momento, sin perjuicio de estar asistido por abogado. A solicitud de los investigadores mediante escrito dirigido al Ministerio Fiscal, quien debe plantearlo al magistrado instructor, quedando incomunicado el detenido desde ese momento, sin perjuicio de estar asistido por abogado.

El objeto de la incomunicación en la detención de presuntos terroristas es: Según prevé el art. 520 de la LECrim, las comunicaciones con todas o alguna de las personas con las que tenga derecho a hacerlo, salvo con la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal y el médico forense, incluso a comunicarse y entrevistarse con su abogado. Según prevé el art. 527 de la LECrim, las comunicaciones con todas o alguna de las personas con las que tenga derecho a hacerlo, salvo con la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal y el médico forense, incluso a comunicarse y entrevistarse reservadamente con su abogado. Según prevé el art. 520 de la LECrim, las comunicaciones con todas o alguna de las personas con las que tenga derecho a hacerlo, salvo con la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal y el médico forense, incluso aunque sean menores de edad a comunicarse y entrevistarse con su abogado.

Los requisitos para llevar a cabo la extradición de un presunto terrorista son: La doble tipicidad de los hechos, que cuando se trate de investigación el delito esté castigado con penas privativas de libertad superiores a un año o si es condena, que esta sea superior a los cuatro meses, y que el condenado no lo haya sido en rebeldía. La doble tipicidad de los hechos y que cuando se trate de investigación el delito esté castigado con penas privativas de libertad superiores a cuatro meses o si es condena, que esta sea superior a un año. La tipicidad de los hechos en el país de solicitud, que cuando se trate de investigación el delito esté castigado con penas privativas de libertad superiores a medio año o si es condena, que esta sea superior a los cinco meses, y que el condenado no lo haya sido en rebeldía.

En los delitos de terrorismo, la duración de la prisión provisional: Es específica y el máximo de duración será la mitad de la pena impuesta al delito por el que está siendo investigado. Es la misma que en cualquier otro delito, es decir, cuatro años cuando el delito tenga señalada pena superior a tres años de prisión, salvo que se haya adoptado por riesgo de destrucción de pruebas, en el que el máximo son seis meses. Es la misma que en cualquier otro delito, es decir, dos años cuando el delito tenga señalada pena superior a tres años de prisión, salvo que se haya adoptado por riesgo de destrucción de pruebas, en el que el máximo son seis meses.

Las clases de la prisión provisional para investigados por terrorismo son: Comunicada, subsidiaria y atenuada. Comunicada, incomunicada y atenuada. Incomunicada, atenuada y automática.

La responsabilidad criminal se extingue: Por la muerte del reo, por el cumplimiento de la condena, por la remisión definitiva de la pena, por el indulto, por el perdón del ofendido en los casos que cabe, por la prescripción del delito y por la prescripción de la pena o medida de seguridad. Por la muerte del reo, por el ingreso y cumplimiento de la pena de prisión, por la remisión definitiva de la pena, por el indulto, por el perdón del ofendido, por la prescripción del delito salvo que se trate de delitos castigados con prisión permanente revisable y por la prescripción de la pena o medida de seguridad. Por la muerte de la víctima, por el cumplimiento de la condena de prisión, por el indulto, por el perdón del ofendido y por la prescripción del delito.

Los delitos de terrorismo: Prescriben cuando no se produce el fallecimiento de una persona en los mismos plazos que se establecen para los delitos de que se trate. No prescriben nunca porque se trata de delitos muy graves. Prescriben siempre en los plazos correspondientes a los delitos en función de las penas máximas señaladas y conforme establece el artículo 131 CP.

El plazo de prescripción de las penas en los delitos de terrorismo se computa: Dependiendo de la fecha en que esté previsto el cumplimiento de las penas. Dependiendo del delito cometido y el resultado producido, pues cuando se produce la muerte de una persona no prescribe la pena. Las penas impuestas por delitos de terrorismo no prescriben nunca.

La preinscripción de las penas se interrumpe: No se interrumpe nunca. Durante el periodo de suspensión de la ejecución de la pena y durante el cumplimiento de otras penas incompatibles. Cuando el condenado sea requerido para cumplimiento de la condena.

La responsabilidad civil ex delicto consiste: En el pago de los bienes procedentes del delito y la asistencia a la víctima para reparar los efectos del mismo. En el decomiso de todos los bienes, medios o instrumentos del delito, que es necesario para la reparación de los daños y perjuicios a la víctima. En la reparación de los daños y perjuicios causados y comprende la restitución, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios materiales y morales, como establece el artículo 110 del Código Penal.

En el caso de los delitos de terrorismo: El Estado asumirá el pago de los daños físicos o psíquicos que tengan las víctimas a consecuencia del delito, subrogándose en el derecho de crédito. El Estado asumirá todos los conceptos de responsabilidad civil impuestos en Sentencia firme sea cual sea su fundamento, conforme establece el artículo 20 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre. El Estado solo asumirá los daños materiales soportados por las víctimas, ya que los daños físicos o psíquicos corren de cargo de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo.

El especial tratamiento para las víctimas del terrorismo: Vino determinado por la Resolución de 18 de noviembre de 2009 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aunque ya la Decisión Marco 2001/485/JAI del Consejo de Europa, de 13 de junio de 2002, recogía la necesidad de adoptar las medidas específicas para «garantizar una adecuada asistencia a la familia de la víctima», así como la Directiva 2010/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre. Vino determinada por la Ley 29/2011, de 22 de septiembre de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que les daba la condición de «víctimas de violaciones de derechos humanos», y el Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, que la desarrolla. Está prevista en los artículos 109 y siguientes del Código Penal y en los artículos 589 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo: Depende del Ministerio de Justicia y tiene, entre sus funciones, facilitar información en todo momento del procedimiento y dar la posibilidad de participar en la ejecución penitenciaria, en los términos previstos en el artículo 13 del Estatuto de la víctima del delito. Depende del Ministerio de Justicia y tiene, entre sus funciones la asistencia inmediata e información a las víctimas, la colaboración con las asociaciones y demás instituciones para apoyo a las víctimas y de ayudas y prestaciones públicas y la gestión y tramitación de resolución de expedientes de ayudas. Depende del Ministerio de Interior y tiene, entre sus funciones la asistencia inmediata e información a las víctimas, la colaboración con las asociaciones y demás instituciones para apoyo a las víctimas y de ayudas y prestaciones públicas y la gestión y tramitación de resolución de expedientes de ayudas.

El Estatuto Jurídico de la Víctima del delito: Es específico para las víctimas del terrorismo y se creó por la trasposición a nuestro Derecho de la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. No es específico para las víctimas del terrorismo y se creó por la trasposición a nuestro Derecho de la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. No es específico para las víctimas del terrorismo y se creó por la trasposición a nuestro Derecho de la Directiva 2015/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.

La Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo. Se regula en el Estatuto Jurídico de la víctima y se encuentra en la Audiencia Provincial. Se regula en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo y se ubica en la Audiencia Nacional. Se regula en el Real Decreto 4/2016, por el que se desarrolla el Estatuto Jurídico de la Víctima y se encuentra en la Audiencia Nacional.