Treinta y nueve (C)

1. De acuerdo con la Ley 39/2015, señale la respuesta correcta en relación con la solicitud de informes para la instrucción de un procedimiento: a) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes. b) El informe emitido fuera de plazo no podrá ser tenido en cuenta en ningún caso al adoptar la correspondiente resolución. c) Los informes serán emitidos a través de medios electrónicos en el plazo de quince días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor. d) Si el informe debiera ser emitido por una Administración Pública distinta de la que tramita el procedimiento en orden a expresar el punto de vista correspondiente a sus competencias respectivas, y transcurriera el plazo sin que aquél se hubiera emitido, no se podrán proseguir las actuaciones.

2. Conforme a la Ley 39/2015, ¿qué órgano es competente para resolver un recurso potestativo de reposición?. a) El órgano que dictó el acto administrativo recurrido. b) El superior jerárquico del órgano que dictó el acto administrativo recurrido. c) El órgano del orden jurisdiccional contencioso-administrativo que fuera competente para conocer del asunto conforme con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. d) El órgano que dictó el acto administrativo o el superior jerárquico del órgano que dictó el acto recurrido, en función de la materia recurrida.

3. Según la Ley 39/2015, ¿es posible que el órgano competente para la revisión de oficio de un acto o disposición nulos de la Administración General del Estado inadmita a trámite las solicitudes formuladas por los interesados sin necesidad de recabar Dictamen del Consejo de Estado?. a) No. El Dictamen del Consejo de Estado es requisito imprescindible para la revisión de oficio de actos o disposiciones nulos, de acuerdo con el artículo 106 de la Ley 39/2015. b) Sí, cuando las solicitudes de revisión no se basen en alguna causa de nulidad de pleno derecho o carezcan de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales. c) Sí, pero si no acude al Consejo de Estado debe impugnar la solicitud en vía contencioso-administrativa. d) Si, pero debe hacerlo en el plazo de 6 meses o se producirá la caducidad del procedimiento y, en ese caso, deberá acudir bien al Consejo de Estado o bien a la Jurisdicción contencioso-administrativa para impugnar la solicitud del interesado.

4. Según el art 106 de la ley 39/2015, en un procedimiento de revisión de disposiciones y actos nulos iniciado de oficio, de no dictarse resolución en el transcurso de seis meses desde su inicio se producirá: a) suspensión de las actuaciones. b) la prescripción del procedimiento. c) la caducidad del procedimiento. d) la desestimación por silencio administrativo de las pretensiones.

5. Según el art 107 la declaración de lesividad de actos anulables NO podrá adoptarse una vez transcurridos: a) Cuatro años desde que se dictó el acto administrativo. b) Tres años desde que se dictó el acto administrativo. c) Dos años desde que se dictó el acto administrativo. d) Un año desde que se dictó el acto administrativo.

6. De conformidad con el artículo 106.5 de la ley 39/2015, si un procedimiento de revisión de oficio se hubiera iniciado a solicitud del interesado, transcurrido el plazo máximo sin dictarse resolución: a) Se producirá la invalidez del acto administrativo. b) Se podrá entender la solicitud estimada por silencio administrativo. c) Se podrá entender la solicitud desestimada por silencio administrativo. d) Se producirá la caducidad del procedimiento.

7. De conformidad con la ley 39/2015, se podrá sustituir el recurso de alzada en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje por medio de: a) Instrucción. b) Orden Ministerial. c) Disposición administrativa de carácter general. d) Ley.

8. Conforme al artículo 109 de la ley 39/2015, ¿puede la Administración revocar sus propios actos?. a) Si, puede revocar sus actos de gravamen o desfavorables, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. b) Si, siempre que sea a instancia de los interesados, se trate de errores materiales, de hecho, o aritméticos existentes en sus actos y que éstos no hayan prescritos. c) Si, siempre y cuando sean actos nulos de pleno derecho que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. d) No, la Administración no puede ir contra sus propios actos.

9. En relación al recurso de alzada, ¿Cuál de las siguientes es la afirmación verdadera?: a) Las resoluciones que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. b) El plazo para la interposición del recurso de alzada será de tres meses si el acto fuera expreso. c) El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo. d) Contra la resolución de un recurso de alzada no cabe ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso potestativo y previo de reposición, en determinados casos.

10. Según el artículo 116 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, entre las causas de inadmisión de un recurso se encuentra la siguiente: a) No haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso. b) Carecer de legitimación el recurrente. c) Tratarse de un acto susceptible de recurso. d) Ser competente el órgano administrativo.

11. Según el artículo 107 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la declaración de lesividad: a) Será susceptible de recurso. b) No exige la previa audiencia de los interesados. c) Es previa a la impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo respecto de actos favorables para los interesados que sean anulables. d) Podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo.

12. En relación con el recurso de alzada previsto en el artículo 121 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta CORRECTA: a) El recurso de alzada tendrá que interponerse en todo caso y exclusivamente, ante el órgano que dictó el acto que se impugna. b) Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, éste deberá remitirlo al competente en el plazo de quince días, con su informe pero sin necesidad de remitir el expediente. c) Son susceptibles de recurso de alzada las resoluciones y actos que pongan fin a la vía administrativa. d) El recurso de alzada podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo.

13. De acuerdo con el artículo 123 de la Ley 39/2015, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación al recurso potestativo de reposición: a) Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el superior jerárquico del órgano que los dictó o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. b) Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. c) Los actos administrativos que no pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. d) Los actos administrativos que no pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el superior jerárquico del que los dictó o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

14. Indique el plazo para interponer recurso extraordinario de revisión conforme a lo previsto en el Art. 125 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) 4 años ó 3 meses dependiendo de las circunstancias que concurran de acuerdo con lo establecido en dicho artículo. b) 1 año. c) 6 meses. d) 20 días.

15. Según el Art. 117 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indicar el plazo en el que se entenderá suspendida la ejecución de un acto impugnado desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para decidir sobre la misma. a) 30 días hábiles. b) 3 meses. c) Un mes. d) 20 días naturales.

16. De acuerdo con el artículo 118 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario, se pondrán de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes. El plazo para poder realizarlo será: a) 15 días en todo caso. b) No inferior a 15 días ni superior a 30 días. c) No inferior a 10 días ni superior a 15 días. d) 20 días en todo caso.

17. En relación con los recursos administrativos y según el art. 112 de la Ley 39/2015, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas señale la respuesta CORRECTA: a) Contra las disposiciones administrativas de carácter general cabrá recurso potestativo de reposición. b) Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa. c) Contra las disposiciones administrativas de carácter general cabrá cualquier tipo de recurso en vía administrativa. d) Contra las disposiciones administrativas de carácter general cabrá recurso de alzada.

18. De acuerdo con el artículo 114 de la Ley 39/2015, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ponen fin a la vía administrativa: a) Las resoluciones de los recursos potestativos de reposición. b) Las resoluciones de los recursos de alzada. c) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, en todo caso. d) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que no tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.

19. En relación con la interposición de un recurso en vía administrativa y de acuerdo con el artículo 115 de la Ley 39/2015, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta CORRECTA: a) El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente será obstáculo para su tramitación aunque se pueda deducir su verdadero carácter. b) El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, aunque no se deduzca su verdadero carácter. c) El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente será obstáculo para su tramitación en todo caso. d) El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter.

20. Según el artículo 122 de la Ley 39/2015, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación al recurso de alzada: a) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 24.1, tercer párrafo de la Ley. b) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de seis meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 24.1, tercer párrafo de la Ley. c) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender estimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 24.1, tercer párrafo de la Ley. d) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de seis meses. Transcurrido este plazo, se entenderá desestimado el recurso, aunque posteriormente recayese una resolución expresa estimatoria.

21. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 112 establece que se ajustarán a los procedimientos establecidos por su legislación específica: a) Los procedimientos de conciliación. b) Los procedimientos de arbitraje. c) Las reclamaciones económico-administrativas. d) Los procedimientos de mediación.

22. ¿Puede una ley, cuando la especificidad de la materia y en ámbitos sectoriales determinados, sustituir el recurso de alzada por otros procedimientos de impugnación?. a) No es posible en el recurso de alzada, sólo en el de reposición. b) No es posible en ningún caso. c) Si, siempre que se respeten los principios, garantías y plazos que la Ley 39/2015 reconoce en todo procedimiento administrativo. d) Si, pero solamente en el ámbito de la Administración Local.

23. De acuerdo con el artículo 111 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la competencia para la revisión de oficio de las disposiciones y los actos nulos y anulables en la Administración General del Estado corresponde a: a) El Consejo de Ministros, respecto de sus propios actos y de los actos dictados por los Ministros. b) El Consejo de Ministros, respecto de sus propios actos, pero no de los actos dictados por los Ministros. c) El Consejo de Ministros, únicamente respecto de sus propios actos y disposiciones. d) Los Secretarios de Estado, respecto de sus propios actos y disposiciones.

24. Señale la opción correcta en relación con los plazos para la interposición de recursos contencioso-administrativos: a) El plazo de interposición será de tres meses desde el día siguiente a la publicación de la disposición impugnada. b) Si el recurso se dirigiera contra una actuación en vía de hecho, el plazo para interponer el recurso será de quince días a contar desde el día siguiente al requerimiento a la Administración Pública. c) El plazo para interponer recurso de lesividad será de dos meses desde el día siguiente a la fecha de declaración de lesividad. d) En los litigios entre administraciones, el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo será de un mes, salvo que por Ley se establezca otra cosa.

25. Se notifica expresamente a un interesado la resolución a su solicitud, que pone fin a la vía administrativa. Transcurrido el plazo legal de interposición del recurso de reposición sin que el interesado haya procedido a presentar el recurso, ¿qué opciones tiene?. a) Únicamente podrá interponer recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio de la procedencia del recurso extraordinario de revisión, en su caso. b) Podrá interponer recurso de alzada al no ser un acto firme en vía administrativa. c) Con la no interposición de recurso administrativo, el acto adquiere firmeza y no es posible continuar en vía contencioso-administrativa. d) Podrá interponer recurso de reposición en cualquier momento a partir del día siguiente al que se produzca la notificación, sin límite de plazo.

26. ¿En cuál de los siguientes supuestos el órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados sin necesidad de recabar Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma?. a) Cuando se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales. b) Cuando dichas solicitudes se basen en alguna de las causas de nulidad. c) Cuando se hubieran estimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales. d) Debe recabar el Dictamen en todo caso.

27. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se suspenderá, en todo caso, cuando: a) Deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados, y la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora, que también deberá serles comunicada. b) Deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente. c) Los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento, desde que ésta se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del recusado. d) Para la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de un previo pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional, desde el momento en que se solicita, lo que habrá de comunicarse a los interesados, hasta que la Administración tenga constancia del mismo, lo que también deberá serles comunicado.

28. Señale la respuesta correcta en relación con el trámite de audiencia en los procedimientos administrativos. a) Está reconocido expresamente en la Constitución en su artículo 105. b) Se realiza inmediatamente después de redactar la propuesta de resolución. c) El plazo será no inferior a quince días, ni superior a veinte. d) Es un trámite necesario, del que no se puede prescindir en ningún supuesto.

29. Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas. ¿Cuándo quedarán sin efecto, en todo caso, estas medidas provisionales?. a) Cuando sean objeto de recurso administrativo. b) Si, una vez iniciado el procedimiento, éste se paraliza por causa imputable al interesado. c) Si no se inicia el procedimiento en los quince días siguientes a su adopción o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas. d) Cuando puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes.

30. Las Administraciones Públicas no iniciarán ninguna actuación material de ejecución de resoluciones que limite derechos de los particulares: a) Sin que se haya concedido al interesado el trámite de alegaciones. b) Sin el preceptivo trámite de información previa. c) Sin que previamente haya sido adoptada la resolución que le sirva de fundamento jurídico. d) En ningún caso.

31. ¿Cuál de los siguientes medios de ejecución forzosa de los actos administrativos es incorrecto?. a) Compulsión sobre las personas. b) Apremio sobre el patrimonio. c) La multa. d) La ejecución subsidiaria.

32. En la interposición de recurso administrativo cabe dar audiencia a los interesados: a) Siempre por plazo no inferior a diez días ni superior a quince, para que formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes. b) Solo cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario. c) No procede dar audiencia porque el interesado siempre coincide con recurrente. d) La audiencia no procede en materia de recurso administrativo.

33. En el procedimiento sancionador, la resolución sea ejecutiva, se podrá suspender cautelarmente: a) Las resoluciones sancionadoras son ejecutivas y por tanto no cabe ningún tipo de suspensión. b) Si el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución firme en vía administrativa. c) Solo cuando el interesado interponga recurso contencioso-administrativo contra la resolución firme en vía administrativa, y solicite expresamente la medida cautelar de suspensión. d) Solo en materia tributaria, cuando el interesado interponga recurso contencioso-administrativo contra la resolución firme en vía administrativa, y solicite expresamente la medida cautelar de suspensión, constituyendo la debida garantía mediante aval o certificado de caución.

34. ¿Qué plazo debe de transcurrir desde que se inició el procedimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo propio de la terminación convencional, para entender que la resolución es contraria a la indemnización del particular?. a) Tres meses. b) Seis meses. c) Un año. d) En el caso de los daños de carácter físico o psíquico a las personas, será de un año, pero solo en este caso, empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.

35. Los documentos electrónicos: a) Siempre requieren firma electrónica y sello de tiempo. b) No requerirán de firma electrónica cuando sean emitidos por las Administraciones Públicas para que se publiquen con carácter meramente informativo, siendo necesario identificar el origen de estos documentos. c) Debe disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, que tiene que incorporarse al expediente electrónico. d) Las respuestas a) y c) son ciertas.

36. Respecto de los recursos administrativos no es cierto que: a) Su interposición produce automáticamente la suspensión de la ejecución del acto que se recurre. b) Su interposición no produce efectos suspensivos del acto impugnado, salvo que una disposición establezca lo contrario. c) El órgano competente para resolver, previa ponderación razonada de las circunstancias podrá acordar la suspensión en determinados supuestos. d) Cuando el recurso tenga por objeto un acto que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, la suspensión de su eficacia habrá de ser publicada en el periódico oficial en que aquél se insertó.

37. El plazo de interposición de un recurso de reposición contra un acto administrativo es de: a) Un mes. b) Dos meses. c) Tres meses. d) Cuatro meses.

38. Respecto del cómputo de plazos es cierto que: a) Que siempre y, en todo caso, cuando los plazos se señalen por días se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos. b) Si el plazo se fija en meses o años, estos se computan a partir del día de la notificación o publicación. c) Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquél en que comienzo el cómputo, se entenderá que expira el primer día del mes siguiente. d) Cuando los plazos se señalen por días naturales, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones.

39. Son actos anulables: a) Los que lesionan los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. b) Los que sean de contenido imposible. c) Los que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico e incluso la desviación de poder. d) Los dictados prescindiendo total o absolutamente del procedimiento legalmente establecido.

40. Respecto de la ordenación del procedimiento administrativo no es cierto que: a) Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento suspenden la tramitación del mismo. b) Solamente la revocación, como cuestión incidental suspende el procedimiento. c) El procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites. d) Se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan una impulsión simultánea y no sea obligado su cumplimiento sucesivo.

41. No constituye un medio administrativo de ejecución forzosa: a) El apremio sobre el patrimonio. b) La ejecución subsidiaria. c) La compulsión sobre las personas. d) La expropiación forzosa.

42. En el procedimiento administrativo no tiene la consideración de interesado: a) El que lo promueve como titular de un derecho colectivo. b) El que sea titular de derechos que puedan resultar afectados por la decisión que se adopte. c) El que ostente la condición de denunciante como mero presentante de una denuncia. d) Las organizaciones representativas de intereses sociales como titulares de intereses legítimos colectivos en los términos reconocidos por Ley.

43. En el procedimiento administrativo tienen capacidad de obrar: a) Los patrimonios independientes cuando la Ley así lo declare expresamente. b) Las entidades sin personalidad jurídica que se personen en el procedimiento. c) Todas las personas físicas y jurídicas. d) Cualquier grupo de afectados ante un procedimiento iniciado por la Administración.

44. En todo caso, están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas: a) Las personas físicas. b) Las entidades sin personalidad jurídica. c) Quienes actúen en la condición de representante de un interesado. d) Los empleados públicos para cualquier tipo de trámite.

45. El plazo máximo de que dispone el Ayuntamiento para notificar una resolución expresa será: a) De seis meses. b) De tres meses. c) El que fije la norma reguladora del procedimiento sin que pueda exceder de tres meses. d) De tres meses cuando la norma reguladora del procedimiento no establezca plazo máximo.

46. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el cómputo del plazo máximo de resolución se contará: a) Desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración competente para resolver. b) Desde el acuerdo de incoación adoptado por el órgano competente. c) Desde el acuerdo de adopción de medidas provisionales, en su caso. d) Todos los anteriores son incorrectos.

47. Según lo establecido en el artículo 24 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, el sentido del silencio administrativo en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones tendrá carácter: a) Desestimatorio con carácter general. b) Estimatorio en todos los supuestos. c) Desestimatorio solo cuando lo disponga un Real Decreto Ley. d) Estimatorio siempre que se adquiera una facultad relativa al dominio público.

48. En relación con las medidas provisionales en el procedimiento administrativo, es cierto que: a) Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad. b) Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas. Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. c) Las medidas provisionales quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo. d) Todas las anteriores son ciertas.

49. Las medidas provisionales que se adopten antes de la iniciación del procedimiento administrativo, según regula el artículo 56 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deben ser: a) Levantadas en todo caso transcurrido un mes desde su adopción. b) No pueden acordarse. c) Sólo pueden referirse a caución económica. d) Quedan sin efecto si el acuerdo de iniciación no contiene un pronunciamiento expreso sobre las mismas.

50. Contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento administrativo: a) Cabe recurso de alzada. b) Cabe recurso de reposición. c) Cabe recurso extraordinario de revisión. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

51. Es cierto, respecto del recurso extraordinario de revisión: a) Que cabe su interposición contra los actos firmes en vía administrativa ante el órgano que los dictó, que también será competente para su resolución, siempre que concurra alguna de las circunstancias previstas en la Ley. b) Que cabe su interposición contra cualquier acto de la Administración, siempre que concurra alguna de las circunstancias dispuestas en la Ley. c) Que la interposición del recurso se interpone ante el órgano superior al que lo dictó, que será igualmente el órgano competente para su resolución. d) Que el plazo de interposición del recurso es de cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución impugnada.

52. En cuanto al recurso de alzada, resulta ser cierto que: a) Cabe su interposición contra actos que pongan fin a la vía administrativa. b) El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el órgano competente para resolverlo. c) El plazo de interposición de un recurso de alzada es de tres meses desde la notificación del acto. d) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso de alzada es de 6 meses.

53. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa: a) No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. b) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso potestativo será de un mes. c) Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el superior jerárquico del órgano que los hubiera dictado. d) Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso.

54. En relación a la declaración de lesividad de actos anulables es cierto que: a) Es competencia del Pleno la declaración de lesividad de los actos dictados por la Alcaldía, a propuesta de esta. b) La competencia para la declaración de lesividad de los actos de las entidades locales le corresponde a la Junta de Gobierno Local. c) Para la declaración de lesividad se requiere que las Administraciones impugnen ante el órgano jurisdiccional sus propios actos favorables. d) La competencia para la declaración de lesividad de los actos de la Administración Local le corresponde al Pleno o a la Alcaldía en función de sus atribuciones.

55. Respecto de la revocación de actos, es cierto que: a) La Administración puede revocar sus actos en cualquier momento. b) La Administración solamente puede revocar los actos favorables, siempre que no haya transcurrido más de 10 años desde que se dictó el acto. c) La Administración solamente puede revocar los actos de gravamen, siempre que no haya transcurrido más de 15 años desde que se dictó el acto. d) La Administración solamente puede revocar los actos de gravamen o desfavorables, siempre que no haya transcurrido el plazo de prescripción.

56. Respecto de la rectificación de errores es cierto: a) Que la Administración puede rectificar, en cualquier momento, errores materiales aritméticos o de hecho, de oficio o a instancia de interesado. b) La Administración solamente puede rectificar, de oficio, sus propios actos cuando incurran en errores. c) La Administración puede solamente rectificar sus propios actos cuando sea solicitado a instancia del interesado y no haya transcurrido el plazo de prescripción. d) Todas las anteriores son incorrectas.

57. Es cierto que la revisión de los actos administrativos: a) Pueden revisarse siempre, en cualquier momento. b) No pueden acudirse a la revisión cuando concurre prescripción de acciones. c) No puede acudirse a la revisión cuando su ejercicio resulte ser contrario a la equidad, a la buena fe, a los derechos de los particulares o a las leyes. d) Las respuestas b) y c) son correctas.

58. Ante un acto administrativo que pone fin a la vía administrativa, pero aún no es firme en esta, puede interponerse: a) Recurso extraordinario de revisión, exclusivamente. b) Recurso potestativo de reposición o recurso extraordinario de revisión. c) Recurso potestativo de reposición o recurso contencioso-administrativo. d) Recurso contencioso-administrativo, exclusivamente.

59. El desistimiento: a) Deberá formularse por todos los interesados cuando haya pluralidad de los mismos en el procedimiento. b) Podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable. c) Será aceptado de plano por la Administración. d) Todas las anteriores son correctas.

60. ¿En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, se podrá acordar de oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado cuando: a) En ningún caso. b) Así lo determine el Consejo de Estado. c) Se considere inequívoca la relación de causalidad, la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización. d) Únicamente cuando se inequívoca la cuantía de la indemnización.

61. La resolución de un procedimiento de responsabilidad administrativa: a) Debe seguir las consideraciones generales que sobre el contenido de las resoluciones contiene el art. 88 LPAC. b) Debe pronunciarse sobre la existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida. c) Debe contener, si procede, la valoración del daño causado, la cuantía y el modo de la indemnización. d) Todas las respuestas anteriores son correctas conjuntamente.

62. En la reclamación de responsabilidad a las Administraciones Públicas, el daño alegado deberá, en todo caso, ser: a) Evaluable económicamente. b) Individual, nunca colectivo. c) Efectivo económicamente. d) Evaluable con relación a una persona o grupo de personas.

63. El efecto del silencio administrativo en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas tiene carácter: a) Estimatorio. b) Desestimatorio. c) Caducidad. d) Allanamiento.

64. En los procedimientos administrativos es cierto que: a) La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. b) Se exceptúan de la obligación de resolver, los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración. c) En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. d) Todos los supuestos son ciertos.

65. El cómputo del plazo máximo de resolución de los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, comienza: a) Desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. b) Desde la apertura del expediente administrativo. c) Desde la fecha del acuerdo de incoación del procedimiento. d) Desde la fecha de notificación del acuerdo de incoación de procedimiento.