¿Qué derechos vincularán a todos los poderes públicos tal y como así señala nuestra Constitución de 1978?: Los reconocidos en los Capítulos Primero y Segundo del Título Primero de la misma. Los reconocidos en los Capítulos Primero, Tercero y Cuarto del Título Primero de la misma. Los reconocidos en el Título Preliminar y Capítulo Segundo del Título Primero de la misma. Los reconocidos en el Capítulo Segundo del Título Primero de la misma.
De entre los siguientes derechos, siempre en la forma establecida por Ley, ¿cuál podrá ser objeto de interposición de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por parte de cualquier ciudadano cuando tal derecho hubiera sido violado?: El derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado. El derecho al trabajo. La objeción de conciencia reconocida en el artículo 30 de la Constitución Española. El derecho a la protección de la salud.
¿A quién o quiénes vincularán los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del Título Primero de la Constitución Española?: A las Administraciones Públicas en tanto que principios rectores de la política social y económica. Al Defensor del Pueblo de manera preferente. A los poderes públicos. A la Ley.
¿Cuál de los siguientes derechos no queda tutelado, según el artículo 53 de la Constitución Española, mediante el recurso de amparo?: El derecho al trabajo. El derecho a la intimidad familiar. El derecho a la objeción de conciencia. Todos los anteriores lo son.
¿Cómo podrá regularse el ejercicio de los derechos y libertades onecidos en el Capítulo segundo del Título Primero de la Constitución Española según el literal de lo contenido en su artículo 53?: Sólo por Ley. Mediante Ley orgánica al tratarse de derechos fundamentales. Mediante legislación autonómica de desarrollo. Mediante desarrollo reglamentario de las Leyes orgánicas que les sirvan de fundamento.
¿Cómo se tutelarán los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del Título 1 de la Constitución Española?: De acuerdo con lo previsto en una Ley orgánica en los términos indicados en el artículo 116 de la Constitución. Según lo previsto en el artículo 161 de la Constitución Española. Mediante procedimientos eficaces. Mediante la aplicación de la legislación positiva, la práctica judicial y la supervisión de los poderes públicos.
Según el artículo 53 de nuestra Constitución Española ¿cómo se tutelará el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del Título Primero de la Constitución Española?: Mediante la institución del Defensor del Pueblo, en tanto que alto comisionado de las Cortes Generales. De acuerdo con lo previsto en el artículo 161.1.a) de la Constitución Española. Mediante recurso de amparo ante la Jurisdicción competente. Mediante la aplicación de la legislación positiva, la práctica judicial y la supervisión de los poderes públicos.
Tal y como así establece nuestra Constitución de 1978, ¿qué informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos?: El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo segundo del Título primero de la Constitución Española. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero del Título tercero de la Constitución Española. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en Ja Sección segunda del Título primero de la Constitución Española. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero del Título primero de la Constitución Española.
¿Ante qué Jurisdicción podrán ser alegados los principios reconocidos en el Capítulo tercero del Título primero de la Constitución Española?: Ante la especial que conoce de los derechos contemplados en el Título Primero. Ante cualquiera. Ante la ordinaria. La pregunta está enunciada de manera incorrecta conforme a lo previsto en el texto constitucional.
¿Cómo se tutelarán los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo 11 del Título 1 de la Constitución Española?: De acuerdo con lo previsto en el artículo 161 de la Constitución Española. A través del recurso de apelación. A través del recurso de súplica. A través del recurso de inconstitucionalidad.
¿Ante quién podrá interponerse el recurso de amparo para la tutela de los derechos y libertades reconocidos por el artículo 14 así como en la sección 1. ª del Capítulo 11 del Título 1 de la Constitución Española?: Ante los Tribunales Superiores de Justicia en primera instancia. Ante el Tribunal Supremo. Ante el Tribunal Constitucional. Ante la Audiencia Nacional en primera instancia.
¿Ante quién podrá interponerse el recurso de amparo para la tutela de la objeción de conciencia aludida por el artículo 30 de la Constitución de 1978?: Ante los Tribunales ordinarios mediante un procedimiento preferente y sumario. Ante el Defensor del Pueblo. Ante el Tribunal Supremo. Ante el Tribunal Constitucional.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según nuestra Constitución Española?: Que nadie podrá ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en la Constitución y las Leyes. Que el derecho a la libertad y a la seguridad son incompatibles cuando se trate del sentido de la pena. Que el derecho a la libertad y a la seguridad se reconocen en nuestra Constitución en su artículo 18, teniendo la consideración de principio rector fundamental de la política social y económica. Que el derecho a la libertad y a la seguridad implican mutuamente que los ciudadanos disfrutarán de tanta seguridad como libertad para circular por todo el territorio nacional.
Según la literalidad de lo contenido en nuestra Carta Magna, ¿qué deberá respetar en todo caso la Ley que regule el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del Título Primero de la Constitución Española?: Su contenido esencial. Su contenido esencial y accesorio. Su pleno ejercicio. Su tutela.
Según lo previsto en el artículo 53 de nuestra Constitución Española, ¿qué derechos son tutelados mediante el recurso de amparo?: Los contenidos en la Sección Segunda del Capítulo Segundo del Título Primero y, además, en los artículos 14 y 30 (objeción de conciencia). Los contenidos en la Sección Primera del Capítulo Segundo del Título Primero. Los contenidos en las Secciones Primera y Segunda del Capítulo Segundo del Título Primero. Los contenidos en la Sección Primera del Capítulo Segundo del Título Primero y, además, en los artículos 14 y 30 (objeción de conciencia).
¿Qué puede decirse del derecho a la protección de la salud referenciado en nuestra Constitución Española?: Que su reconocimiento, respeto y protección informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Que sólo puede tutelarse ante los Tribunales ordinarios mediante un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad. Que su desarrollo se realizará mediante una Ley Orgánica. Que podrá ser alegado ante el Tribunal Constitucional de acuerdo con lo que dispongan las leyes que lo desarrollen siempre en defensa de la indispensable salud colectiva.
¿Cómo se tutela en nuestro texto constitucional el derecho a participar en asuntos públicos?: Un procedimiento que podrá ser alegado ante la Jurisdicción ordinaria, previa actuación de los poderes públicos. Un procedimiento de amparo ante los Tribunales, basado en la economía procesal y preferencia. Una legislación, vía Ley orgánica, que deberá priorizar su contenido esencial. Un procedimiento, ante los Tribunales ordinarios, basada en los principios de preferencia y sumariedad.
Se podrá recabar, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, la tutela de: Todos los derechos comprendidos en el título I de la Constitución Española. Las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capitulo segundo del título primero de la Constitución, así como el derecho a la Objeción de Conciencia reconocido en el artículo 30. La materia regulada en los títulos I, III; y VIII de la Constitución Española. Los derechos y libertades recogidos en los Capítulos I, lll, y IV del Título 1 de la Constitución Española.
De acuerdo con la Constitución española, los principios rectores de la política social y económica recogidos en sus artículos 39 a 52 del capítulo tercero del Título I, podrán ser objeto de protección ante la jurisdicción ordinaria: Mediante un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad. Mediante el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. De acuerdo con lo que dispongan las Leyes que los desarrollen. Mediante el recurso de inconstitucionalidad a aquellas Leyes que los desarrollen.
Conforme a las previsiones de la Constitución Española y en relación a la protección jurisdiccional de las libertades Y derechos reconocidos en el arto 14 y la Sección Primera del Capítulo II del Título I de la misma, sólo una de las siguientes afirmaciones es cierta: Se podrá recabar su tutela exclusivamente a través del Recurso de Amparo ante el Tribunal. Se podrá recabar su tutela ante los tribunales ordinarios por los procedimientos generales, no existiendo ningún otro procedimiento específico salvo el Recurso de Amparo. Se podrá recabar su tutela ante la jurisdicción especial establecida al efecto, a través de un procedimiento preferente y sumario y, en su caso, a través del Recurso de Amparo. Se podrá recabar su tutela ante los Tribunales ordinarios, por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional.
Según lo dispuesto en el arto 53 de la Constitución Española, la reserva de ley concierne a: Los derechos fundamentales y libertades públicas garantizados en el Capítulo II del Título I de la Constitución. Todos los derechos constitucionales. Todos los derechos constitucionales garantizados en el Título primero de la Constitución. Sólo a los derechos fundamentales garantizados en los artículos 14 a 29 de la Constitución.
La vía jurisdiccional extraordinaria de protección de los derechos fundamentales reconocidos en lo Constitución viene constituida por: El recurso de inconstitucionalidad. El recurso de amparo. Un procedimiento especifico basado en los principios de preferencia y sumariedad. El recurso de revisión.
La objeción de conciencia: Podrá ser objeto de recurso de amparo en caso de ser vulnerado tal derecho. No está reconocida en la Constitución. Deberá ser regulada por Ley Orgánica. No está reconocida en la Constitución como un derecho fundamental.
La objeción de conciencia: Está reconocida por la Constitución. Es un derecho que, de ser vulnerado, podrá dar lugar a la interposición del recurso de amparo. Está regulada y fijados sus requisitos por una ley, por mandato de la Constitución. Todas las respuestas son correctas.
Para que los derechos reconocidos en la Constitución sean directamente aplicables y, por tanto, directamente invocados ante los Tribunales, será preciso: Que se refiera a los derechos y libertades del Capítulo II del Título I. Que se refiera a los derechos y libertades del Título Preliminar. Que se refiera a los derechos y libertades del Capítulo I del Título II. Que se refiera a cualquier derecho o libertad reconocidos en la Constitución.
El desarrollo legislativo de alguno de los derechos considerados fundamentales requiere: Ley Orgánica. Ley Ordinaria. Decreto del Consejo de Ministros. Decreto-Ley.
Se puede Interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional con el fin de defender los siguientes derechos: Los recogidos en el Título Preliminar. Los recogidos en el Art 14, Sección 2º del Capítulo II del Título I. Los recogidos en la Sección del Capítulo II del Título II y el Art 30. Los recogidos en el Art 14, Sección II del Capítulo II del Título I y el 30.2.
De acuerdo con el Art. 53.3 de la C.E, los principios rectores de la política social y económica recogidos en sus artículos 39 a 52 del capitulo tercero del titulo I, podrán ser objeto de protección ante la jurisdicción ordinaria: Mediante un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad. Mediante el recurso de amparo ante el tribunal constitucional. De acuerdo con fo que dispongan las leyes que los desarrollan. Mediante el recurso de inconstitucionalidad a aquellas leyes que los desarrollan.
Conforme a las previsiones de la Constitución Española y en relación a la protección jurisdiccional de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección Primera del Capitulo II del Titulo I de la misma, sólo una de las siguientes afirmaciones es cierta: Se podrá recabar su tutela ante los Tribunales ordinarios por los procedimientos generales, no existiendo ningún otro procedimiento específico salvo el recurso de amparo. Se podrá recabar su tutela ante la jurisdicción especial establecida al efecto, a través de un procedimiento preferente y sumario y, en su caso, a través del recurso de amparo. Se podrá recabar su tutela exclusivamente a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Se podrá recabar su tutela ante los Tribunales ordinarios, por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Según lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Española, la reserva de la ley concierne a: Los derechos fundamentales y libertades públicas garantizados en el Capítulo II del Título I de la Constitución. Todos los derechos constitucionales. Todos los derechos constitucionales garantizados en el Titulo primero de la Constitución. Sólo a los derechos fundamentales garantizados en los artículos 14 a 29 de la Constitución.
Señale cuál de los siguientes derechos no goza de las garantías que otorga el artículo 53.2 de la Constitución: La libertad ideológica, religiosa y de culto. El derecho a la protección de la salud. La libertad de cátedra. El derecho de asociación.
La garantía normativa de reserva de Ley de los derechos constitucionales concierne: A los derechos fundamentales y libertades públicas garantizados en los artículos 24 a 29 de la Constitución. A los derechos constitucionales reconocidos como principios rectores de la política social y económica. A todos los derechos constitucionales sancionados en el Título primero de la Constitución. A los derechos fundamentales garantizados en los artículos 14 a 29 de la Constitución y a la objeción de conciencia.
Cuando se viola un derecho o libertad fundamental, integrado en los artículos 15 a 29 de la Constitución, cometiendo un delito regulado y previsto en el Código Penal, la garantía jurisdiccional penal de ese derecho violado, se tramitará a través de: Un procedimiento ordinario. Un procedimiento abreviado. La jurisdicción ordinaria, en un procedimiento sumario y preferente. La jurisdicción contencioso-administrativa.
Cuál de estos derechos y libertades no es susceptible del derecho de amparo: El derecho de asociación. La libertad ideológica, religiosa y de culto. El derecho a la huelga. La libertad de empresa.
Según lo establecido en el artículo 53.2 de la Constitución, mediante el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional no se podrá recabar la tutela de: La objeción de conciencia como causa de exención del servicio militar obligatorio. El derecho de propiedad. El derecho de reunión. El derecho de participación.
De acuerdo con el Art. 53.3. de la C.E., los principios rectores de la política social y económica recogidos en sus Artículos 39 a 52 del Capítulo III del Título I, podrán ser objeto de protección ante la jurisdicción ordinaria: Mediante un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad. Mediante el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. De acuerdo con lo que dispongan las Leyes que los desarrollen. Mediante el recurso de inconstitucionalidad a aquellas Leyes que los desarrollen.
Según lo dispuesto en el art. 53 de la Constitución Española, la reserva de ley concierne a: Los derechos fundamentales y libertades públicas garantizados en el Capítulo II del Titulo I de la Constitución. Todos los derechos constitucionales. Todos los derechos constitucionales garantizados en el Título primero de la Constitución. Sólo a los derechos fundamentales garantizados en los artículos 14 a 29 de la Constitución.
¿Cómo deberá regularse la institución del Defensor del Pueblo según lo dispuesto en el artículo 54 de nuestra Constitución Española?: Mediante una Ley de bases. Mediante una Ley orgánica. Mediante una Ley ordinaria. Reglamentariamente por parte de las Cortes Generales.
¿Cuál de las siguientes respuestas es correcta en relación con la Constitución del Defensor del Pueblo según lo señalado en el artículo 54 de nuestra Constitución Española?: Que será designado por el Rey. Que podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. Que deberá ser necesariamente un miembro de las Cortes Generales. Que será propuesto por el Rey.
¿Quién designa al Defensor del Pueblo según lo señalado en el artículo 54 de nuestra Constitución Española?: Las Cortes Generales. El Gobierno. Las Cortes Generales mediante Ley orgánica. El Rey.
Según lo señalado en el artículo 54 de nuestra Constitución de 1978. ¿a quién deberá dar cuenta el Defensor del Pueblo de su tarea de supervisar la actividad de la Administración?: A los Jueces y Tribunales. Al Rey. Al Presidente del Gobierno. A las Cortes Generales.
¿Cómo podrá actuar el Defensor del Pueblo para ejercer su defensa de los derechos comprendidos en el Título primero de la Constitución Española?: Supervisando la actividad del Estado. Supervisando la actividad de la Administración. Promoviendo el conocimiento de la actividad de la Administración. Mediante cauces ágiles y eficaces.
¿Cómo define el artículo 54 de nuestra Constitución Española al defensor del Pueblo?: Como alto comisionado de las Cortes Generales. Como el alto representante de las Cortes Generales ante la Administración. Como delegado de las Cortes Generales. Como alto delegado de las Cortes Generales.
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