TRUDI T1-3

1. La periodicidad establecida para las sesiones ordinarias para el pleno, según lo dispuesto en el articulo 78 del reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, aprobado por RD 2568/1986, 28 de noviembre. La fija el presidente en sesión extraordinaria que habrá que convocar el pleno dentro de los 10 días siguientes al de la sesión constitutiba de la corporación.,. La fija el pleno en sesión extraordinaria que habrá de convocar el alcalde o presidente de los 10 días siguientes al de la sesión constitutiva de la Corporación. La fija el Presidente en sesión extraordinaria que habrá de convocar el Pleno dentro de los 30 días siguientes al de la sesión constitutiva de la Corporación. La fija el Pleno en sesión extraordinaria que habrá de convocar el Alcalde o Presidente dentro de los 30 días siguientes al de la sesión constitutiva de la Corporación.

2.- Según el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, el Pleno celebrará sesión ordinaria cada mes: En Ayuntamientos de municipios de más de 50.000 habitantes y en las Diputaciones Provinciales. En Ayuntamientos de municipios de una población entre 5001 y 20.000 habitantes. En Municipios de hasta 5000 habitantes. En Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes y en las Diputaciones Provinciales.

3.- Según el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, en ausencia del Presidente o de quién legalmente haya de sustituirle, el Pleno quedará válidamente constituido: Siempre que concurra la mitad del número legal de miembros del mismo, y será presidido por el miembro de la corporación de mayor edad entre los presentes. Siempre que concurra un tercio del número legal de miembros del mismo, y será presidido por el miembro de la corporación de mayor edad entre los presentes. El Pleno no puede quedar válidamente constituido sin la presencia del Presidente o de quién legalmente le sustituya. Siempre que concurra un tercio del número legal de miembros del mismo, y será presidido por el miembro de la Corporación de mayor antigüedad entre los presentes.

4.- En defecto de previsión expresa en el reglamento orgánico de la entidad, la Junta de Gobierno celebrará sesión ordinaria. Cada mes como máximo. Cada mes como mínimo. Cada 15 días como máximo. Cada 15 días como mínimo.

5.- Según el artículo 77 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986, de 28 de noviembre, existen tres tipos de sesiones del Pleno que son: Ordinarias, especiales y extraordinarias de carácter urgente. Ordinarias, urgentes y extraordinarias. Ordinarias, extraordinarias y extraordinarias de carácter urgente. Ordinarias, extraordinarias y de carácter urgente.

6.- Las sesiones extraordinarias del Pleno las convoca el Alcalde o Presidente, según establece el artículo 78 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986, de 28 de noviembre: Por iniciativa propia o por la solicitud de la 1/3 parte de miembros de la Corporación. Sólo puede convocarlas a solicitud de la 1/4 parte de miembros de la Corporación. Por iniciativa propia o por la solicitud de la 1/4 parte de miembros de la Corporación. Sólo puede convocarlas por iniciativa propia.

7.- Según el artículo 78 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986, de 28 de noviembre, las sesiones ordinarias del Pleno son aquellas que: Se convocan por el Presidente. Sólo tratan asuntos, pero no los votan. Tienen una periodicidad establecida de antemano. Se convocan a solicitud de los concejales.

8.- Dispone el artículo 78 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986, de 28 de noviembre, el plazo para convocar sesión extraordinaria solicitada es: Dentro de los 5 días siguientes a la petición. Dentro de los 10 días siguientes a la petición. Dentro de los 30 días siguientes a la petición. Dentro de los 4 días siguientes a la petición.

9.- ¿Quiénes tienen derecho a obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos de los órganos de gobierno y administración de las entidades locales, así como a consultar los archivos y registros? (Artículo 207 Reglamento de Organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986, de 28 de noviembre). Todos los ciudadanos. Todos los españoles. Todos los que tengan la condición de vecino del ámbito territorial. Todos los residentes en territorio español.

10.- El Pleno celebrará sesión ordinaria cada tres meses, según dispone el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local: En Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes y en las Diputaciones Provinciales. En Ayuntamientos de municipios de una población entre 5.001 y 20.000 habitantes. En Municipios de hasta 250 habitantes. En Municipios de hasta 5.000 habitantes.

11.- ¿Para la adopción de qué tipo de acuerdos se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones según el artículo 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local? (Señale la opción incorrecta). Cesión gratuita de bienes a otras Administraciones o instituciones públicas. Enajenación de bienes, cuando su cuantía exceda del 30 por ciento de los recursos ordinarios de su presupuesto. Alteración de la calificación jurídica de los bienes demaniales o comunales. Cesión por cualquier título del aprovechamiento de los bienes comunales.

12.- Según el artículo 113 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986, de 28 de noviembre, entre la convocatoria y la celebración de la sesión de la Junta de Gobierno, no podrán transcurrir: Menos de dos días hábiles. Menos de 24 horas. Más de 24 horas. Más de diez días.

13.- El Pleno celebrará sesión ordinaria cada dos meses, según el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local: En Ayuntamientos de municipios de una población entre 10.001 y 50.000 habitantes. En Municipios de hasta 5.000 habitantes. En Ayuntamientos de municipios de una población entre 5.001 y 20.000 habitantes. En Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes y en las Diputaciones Provinciales.

14.- Cuando se produce un empate en una votación, ¿Qué ocurre según la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local?. Se repite la votación, y si el empate persiste, decide el voto de calidad del Presidente. Se vuelve a votar al final de la sesión, y en caso de persistir el empate, se queda sobre la mesa para la siguiente sesión. Se deja el asunto sobre la mesa. Se vuelve a votar, y si persiste el empate, se realiza una última votación.

15.- ¿Cómo se lleva a cabo el control y fiscalización por el Pleno de la actuación de los demás órganos de gobierno según lo dispuesto en el artículo 104 del Reglamento de Organización,Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986, de 28 de noviembre?. A través del Requerimiento de presencia e información de miembros corporativos que ostenten delegación o a través del debate sobre la actuación de la Comisión de Gobierno. Sólo existe la posibilidad de llevarlo a cabo a través de la Moción de censura al Alcalde o Presidente. El Reglamento Orgánico Municipal podrá establecer otros medios de control y fiscalización de los órganos de gobierno. El Reglamento Orgánico Municipal no podrá establecer otros medios de control y fiscalización de los órganos de gobierno.

16.- ¿Cuál se considera el sistema normal de votación en la sesiones del Pleno, según se dispone en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986, de 28 de noviembre?. El sistema normal de votación es indistintamente ordinaria y nominal. Para que el sistema de votación nominal sea el normal, requerirá la solicitud de un grupo municipal aprobada por el Pleno por una mayoría simple en votación ordinaria. El sistema normal será la votación ordinaria. El sistema normal será la votación secreta.

17.- La siguiente definición: " Es la propuesta de modificación de un dictamen o proposición presentada por cualquier miembro, mediante escrito presentado al Presidente antes de iniciarse la deliberación del asunto". ¿Con cuál de las siguientes se corresponde?. Ruego (artículo 97.6 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986, de 28 de noviembre). Moción (artículo 97. 3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986, de 28 de noviembre). Enmienda (artículo 97.5 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986, de 28 de noviembre). Dictamen (Artículo 97.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986, de 28 de noviembre).

18.- Señale cuál de las siguientes es una de las reglas relativas al orden de las intervenciones, en el caso de promoverse debate según dispone el artículo 94 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986, de 28 de noviembre: Sólo podrá hacerse uso de la palabra previa autorización de Alcalde o Presidente. Podrán admitirse otras interrupciones que así estime el Presidente como necesarias para el buen fin del debate. Quien se considere aludido por una intervención podrá solicitar del Alcalde o Presidente que se conceda un turno por alusiones, que será breve y conciso. Si lo solicitara algún grupo, se procederá a un segundo turno.

19.- Sobre el desarrollo de las sesiones, ¿qué establece el artículo 87 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986, de 28 de noviembre?. Toda sesión, ordinaria o extraordinaria, habrá de respetar el principio de unidad de acto y se procurará que termine en el mismo día de su comienzo. Durante el transcurso de la sesión, el Presidente podrá denegar interrupciones a su prudente arbitrio. Si la sesión terminase sin que se hubiesen debatido y resuelto todos los asuntos incluidos en el orden del día, el Presidente no podrá levantar la sesión hasta que no se fije la próxima fecha de celebración. Durante el transcurso de la sesión, el Presidente podrá acordar interrupciones a su prudente arbitrio, únicamente para descanso en los debates.

20.- Existe mayoría simple en un órgano colegiado local, según el artículo 99.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986, de 28 de noviembre, cuando: Los votos afirmativos son más que los negativos. Los votos afirmativos o superan a los negativos. Los votos afirmativos son la mitad más uno que el de votos negativos. Los votos afirmativos son más de la mitad del número legal de miembros de la Corporación.

21.- ¿Cuándo tendrán carácter de secreto las sesiones del Pleno según lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986, de 28 de noviembre?. Siempre y en todo caso, las sesiones serán públicas. Podrá ser secreto el debate y votación de aquellos asuntos que así acuerden por mayoría absoluta los miembros del Pleno. Podrá ser secreto el debate y votación de aquellos asuntos a que se refiere el artículo 18.1 de la Constitución Española, cuando así se acuerde por mayoría absoluta. Podrá ser secreto el debate y votación de aquellos asuntos a que se refiere el artículo 18.1 de la Constitución Española, cuando así se acuerde por unanimidad.

22.- ¿Cuáles se consideran sesiones ordinarias del Pleno, según el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986, de 28 de noviembre?. Aquellas que convoque el Alcalde o Presidente con tal carácter, por iniciativa propia o a solicitud de la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación. Aquellas cuya periodicidad esta preestablecida. Aquellas que convoca el Alcalde o Presidente cuando el asunto o asuntos debe ser tratados lo antes posible. Aquellas que tienen como punto del orden del día el pronunciamiento del Pleno sobre el motivo de la sesión.

23.- ¿Qué condición impone el artículo 79 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986, de 28 de noviembre, respecto a las sesiones extraordinarias urgentes?. No existen ese tipo de sesiones. Deben ser convocadas por el Alcalde y por los miembros de la Corporación. Tienen que celebrarse al día siguiente de su convocatoria. Debe incluirse como primer punto del orden del día el pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia. Si ésta no resulta apreciada por el Pleno, se levantará acto seguido la sesión.

24.- Conforme al artículo 112 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986, de 28 de noviembre, la Junta de Gobierno Local celebrará sesión constitutiva, a convocatoria del Alcalde o Presidente: Dentro de los diez días siguientes a aquel en que éste haya designado los miembros que la integran. Dentro de los veinte días siguientes a aquel en que éste haya designado los miembros que la integran. Dentro de los quince días siguientes a aquel en que éste haya designado los miembros que la integran. Dentro de los cinco días siguientes a aquel en que éste haya designado los miembros que la integran.

25.- Según el artículo 16 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986, de 28 de noviembre, ¿qué señala respecto a la consulta de los libros de actas y los libros de resoluciones del Presidente?. Sólo deberá efectuarse en el archivo. Sólo deberá efectuarse en la Secretaría General. Deberá efectuarse en el archivo o en la Secretaría General. Deberá efectuarse en las dependencias locales.

26.- Según el artículo 35.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuáles de los siguientes actos serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho?. Los actos que amplíen derechos o intereses. Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren la inadmisión. Los que continúen con el criterio seguido en actuaciones precedentes. Los actos que acepten pruebas propuestas por los interesados.

27.- Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el contenido de los actos se ajustará: A lo dispuesto por el Ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos. Exclusivamente a lo dispuesto por la presente ley y será determinado y adecuado a los fines del ordenamiento jurídico. A lo dispuesto por el Ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de la presente ley. Exclusivamente a lo dispuesto por la presente ley y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos.

28.- Dispone el artículo 39.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que cuando una Administración Pública tenga que dictar, en el ámbito de sus competencias, un acto que necesariamente tenga por base otro dictado por una Administración Pública distinta y aquélla entienda que es ilegal, podrá requerir a ésta previamente para que anule o revise el acto y, de rechazar el requerimiento, podrá interponer: Recurso extraordinario de revisión. Recurso de alzada. Recurso contencioso- administrativo. Recurso potestativo de reposición.

29.- Señala el artículo 36 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la forma de los actos administrativos, según el cual: Los actos administrativos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia, se producirán por escrito a través de medios electrónicos. Los actos administrativos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia, por escrito a través de medios no electrónicos. Los actos administrativos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia, por escrito a través de medios electrónicos o no electrónicos. Los actos administrativos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia, verbalmente.

30.- Respecto a la ejecutividad regulada en el artículo 38 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esta Ley. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contenciosa- Administrativa. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en la Constitución Española. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

31.- Excepcionalmente, dispone la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos: Cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios no existieran en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto. Cuando produzcan efectos desfavorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto. Cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto. Cuando produzcan efectos desfavorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios no existieran en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto.

32.- Según lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿Qué se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos?. La tramitación de los actos. La motivación de los actos. El fundamento de los actos. El contenido de los actos.

33.- Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde: La fecha en que se dicten, en cualquier caso. La fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. El día siguiente a la fecha en que se dicten, en cualquier caso. El día siguiente a la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

34.- Según el artículo 35.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: ¿En qué procedimientos la motivación de los actos se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que rigen sus convocatorias,debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte?. En todos los actos de los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva. En los actos que pongan fin a los procedimientos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva. En todos los actos que pongan fin a un procedimiento administrativo. En los actos que cada órgano competente estime convenientes, informando previamente a los interesados.

35.- En relación con la forma de los actos administrativo, en los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, ¿qué dispone el artículo 36.2 de la, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?. Si se trata de resoluciones, el titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal, con expresión de su contenido. Si se trata de notificaciones, el titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal, con expresión de su contenido. Si se trata de resoluciones, el titular deberá autorizar una relación de las que haya dictado de forma escrita, con expresión de su contenido. Si se trata de notificaciones, el titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de forma escrita, con expresión de su contenido.

36.- ¿Qué regula la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sobre la motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva?. No precisarán de motivación. La motivación se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte. La motivación se realizará de conformidad con lo que disponga la presente ley. La motivación se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, sin necesidad de que queden acreditadas en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.

37.- Respecto a la inderogabilidad singular recogida en el artículo 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Las resoluciones administrativas de carácter general no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter particular, salvo que aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. Las resoluciones administrativas de carácter general no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter particular, aunque aquéllas precedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, salvo que aquéllas precedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.

38.- La revisión de los actos nulos, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, puede tener lugar: Sólo a instancia del interesado. Dentro de los cuatro años siguientes a la notificación del acto. En cualquier momento. Sólo por propia iniciativa.

39.- Las Administraciones Públicas declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: En cualquier momento anterior al trámite de audiencia, por iniciativa propia, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere. En cualquier momento, a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad autónoma, si lo hubiere. En cualquier momento anterior al trámite de audiencia, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere. En cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere.

40.- Conforme al artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos: 6 meses desde que se dictó el acto administrativo. 1 año desde que se dictó el acto administrativo. 2 años desde que se dictó el acto administrativo. 4 años desde que se dictó el acto administrativo.

41.- Según el artículo 108 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, iniciado el procedimiento de revisión de oficio, el órgano competente para resolver podrá suspender la ejecución del acto: Siempre. Nunca. Antes del transcurso de 6 meses. Cuando la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

42.- Atendiendo al artículo 117.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida: Si transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro del órgano competente para decidir sobre la misma, éste no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto. Si transcurridos 60 días desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro del órgano competente para decidir sobre la misma, éste no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto. Si transcurridos 90 días desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro del órgano competente para decidir sobre la misma, éste no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto. Si transcurridos 15 días desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro del órgano competente para decidir sobre la misma, éste no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto.

43.- Sobre la declaración de lesividad regulada en el artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Requerirá en todo caso la aprobación expresa del Consejo de Ministros u órgano equivalente de las Comunidad Autónomas. Exigirá la oportuna autorización por el órgano competente en materia de Hacienda Pública. Requerirá previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere. Exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo.

44.- Según el artículo 122.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el recurso de alzada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de: Tres meses. Dos meses. Un mes. Quince días.

45.- Contra los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, se pondrán interponer: Los recursos de alzada y reposición. Recurso de revisión. Recurso ordinario. Recurso extraordinario.

46.- Según La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, un acto que tenga contenido imposible: Es nulo de pleno derecho y no puede ser objeto de convalidación. Es nulo de pleno derecho y puede ser objeto de convalidación. Es anulable y puede ser objeto de convalidación. Es anulable y no puede ser objeto de convalidación.

47.- Dispone el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que ponen fin a la vía administrativa: Los acuerdos y contratos financieros que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento. Las demás resoluciones de Administraciones Públicas cuando una disposición así lo establezca. La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Los pactos y convenios cuando una disposición reglamentaria así lo establezca.

48.- Según el artículo 121.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el recurso de alzada podrá interponerse: Únicamente ante el órgano que dictó el acto que se impugna. Sólo ante el órgano competente para resolverlo. Ante el superior jerárquico del órgano competente para resolverlo. Ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo.

49.- Respecto a la convalidación de los actos administrativos, no es correcto, según lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan. El acto de convalidación producirá efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto en el artículo 39.3 para la retroactividad de los actos administrativos. Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente. Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente siempre que no sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado.

50.- El recurso extraordinario de revisión regulado en el artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se interpondrá cuando al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente en el plazo de: 1 mes siguiente a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. 2 meses siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. 3 meses siguientes a la fecha de notificación de la resolución impugnada. 4 años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.

51.- Según el artículo 100 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará, respetando siempre el principio de proporcionalidad, por los siguientes medios: Apremio sobre el patrimonio; ejecución solidaria; multa coercitiva y compulsión sobre las personas. Apremio sobre las personas; ejecución solidaria; multa coercitiva y compulsión sobre el patrimonio. Apremio sobre el patrimonio; ejecución subsidiaria; multa coercitiva y compulsión sobre las personas. Apremio sobre las personas; ejecución solidaria; multa coercitiva y compulsión sobre el patrimonio.

52.- Según el artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo. Ahora bien, cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados: El órgano competente no podrá pronunciarse sobre las mismas. El órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas. El órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de manifiesto a aquéllos por un plazo no superior a 15 días. El órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de manifiesto a aquéllos por un plazo no superior a un mes.

53.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su Título IV, distingue los siguientes capítulos sobre el procedimiento administrativo común: Iniciación, Instrucción y Finalización. Iniciación, Ordenación, Instrucción, Finalización y Reclamación. Iniciación, Instrucción, Finalización y Ejecución. Garantías, Iniciación, Ordenación, Instrucción, Finalización, tramitación Simplificada y Ejecución.

54.- En relación con la ejecución forzosa que se encuentra regulada en el artículo 100 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: Se efectuará siempre respetando el principio de proporcionalidad. Si fueran varios los medios de ejecución admisibles, se elegirá el menos restrictivo de la seguridad individual. Si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado se necesitará en todo caso, autorización judicial. Se efectuará siempre respetando el principio de proporcionalidad e igualdad.

55.- Respecto al inicio del procedimiento a solicitud del interesado, según se refiere el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no es correcto afirmar lo siguiente: Las oficinas de asistencia en materia de registros estarán obligadas a facilitar a los interesados el código de identificación si el interesado lo desconoce. Las Administraciones Públicas deberán mantener y actualizar en la sede electrónica correspondiente un listado con los códigos de identificación vigentes. Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar, serán en todo caso formuladas en una única solicitud. De las solicitudes, comunicaciones y escritos que se presenten electrónicamente o en las oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración, podrán éstos exigir el correspondiente recibo que acredite la fecha y hora de presentación.

56.- Tal como dispone el artículo 77 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor acordará la apertura de un período de prueba por un plazo: No superior a treinta días ni inferior a cinco. No superior a diez días ni inferior a cinco. No superior a veinte días ni inferior a quince. No superior a treinta días ni inferior a diez.

57.- Según el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se podrá prescindir del trámite de audiencia: Cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. Cuando figuren en el procedimiento o sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos o alegaciones y pruebas adicionales a las aducidas por el interesado. Cuando lo autorice el superior jerárquico del órgano actuante. Nunca se podrá prescindir de este trámite.

58.- Dispone el artículo 76 de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que los interesados podrán alegar los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos preceptivamente señalados o la omisión de trámites que pueden ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto: En todo momento. En cualquier momento del procedimiento anterior al acuerdo de iniciación. En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de información pública.

59.- Cuando lo considere necesario, la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula que el instructor, a petición de los interesados, podrá decidir la apertura de un período extraordinario de prueba por un plazo: No superior a dos días. No superior a cinco días. No superior a 7 días. No superior a 10 días.

60.- De acuerdo con el artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de: Treinta días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto. Veinte días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto. Quince días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto. Diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.

61.- Respecto a la práctica de la prueba regulada en el artículo 78 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración comunicará a los interesados el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de las pruebas que hayan sido admitidas: Con 24 horas de antelación. Con 48 horas de antelación. Con 72 horas de antelación. Con antelación suficiente.

62.- Dispone el artículo 56.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los: 10 días siguientes a su adopción, el cual no podrá ser objeto de recurso. 15 días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. 15 días siguientes a su adopción, el cual no podrá ser objeto de recurso. 10 días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda.

63.- Dispone el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que el trámite de información pública será por un plazo: De veinte días. No inferior a veinte días. No superior a veinte días. De diez días.

64.- Se podrán adoptar medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer (artículo 56 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas): Antes de iniciar el procedimiento, el órgano administrativo competente para iniciar o instruir, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada. Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada. Antes de iniciar el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada. Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para iniciar o instruir, de oficio y de forma motivada.

65.- Según el artículo 58 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente: Por iniciativa propia. Como consecuencia de orden superior. A petición razonada de otros órganos. Por cualquiera de las anteriores, e incluso por denuncia.

66.- Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver, podrá adoptar, en los términos que previene el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las medidas provisionales que estime oportunas si lo hace: De oficio. De oficio o a instancia de parte. De oficio o a instancia de parte y de forma motivada. De manera electrónica.

67.- La multa coercitiva es, según se regula en el artículo 103 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Dependiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter e incompatible con ellas. Independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y compatible con ellas. Dependiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y compatible con ellas. Independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter e incompatible con ellas.

68.- A los interesados que no cumplan lo dispuesto en cuanto al cumplimiento de trámites se les podrá declarar decaídos en su derecho al trámite correspondiente. No obstante, se admitirá la actuación del interesado y producirá sus efectos legales, si se produjera: Antes del día que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo. (Art. 73.1 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). Antes o dentro del día que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo. (Art. 73.3 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). Hasta 24 horas después del día que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo. (Art.73.1 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). Hasta 48 horas después del día que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo. (Art. 73.3 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

69.- De acuerdo con el artículo 72 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el principio de simplificación administrativa implica: Se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y sea obligado su cumplimiento sucesivo. Se acordarán en sucesivos actos todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo. Se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo. Se acordarán en sucesivos actos todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y sea obligado su cumplimiento sucesivo.

70.- ¿Qué se entiende por Expediente Administrativo según lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?. El conjunto ordenado de documentos que sirven de antecedentes y fundamento a la instrucción del procedimiento, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la instrucción del procedimiento, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. El conjunto ordenado de documentos que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.

71.- Según el artículo 74 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento: Suspenderán la tramitación del mismo. No suspenderán la tramitación del mismo. No suspenderá la tramitación del mismo, salvo la recusación. Suspenderá la tramitación del mismo en ciertos casos.

72.- Respecto a la declaración responsable, regulada en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones podrán requerir que se aporte la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio: En cualquier momento y el interesado podrá no aportarla. Durante la fase de ordenación y el interesado podrá no aportarla. En cualquier momento y el interesado deberá aportarla. Durante la fase de ordenación y el interesado deberá aportarla.

73.- Respecto al inicio del procedimiento de oficio al que se refiere la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en el artículo 62, ¿qué se entiende por denuncia?. El acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo. La actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objetos del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación. La propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el mismo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento. La orden emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del competente para la iniciación del procedimiento.

74.- Establece el artículo 71 de la Ley 39/2015,de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que el procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de: Transparencia y publicidad. Economía y eficacia. economía y eficiencia. Transparencia e información pública.

75.- Según el artículo 103.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando así lo autorice una disposición administrativa, y en la forma y cuantía que éstas determine, las Administraciones Públicas pueden, para la ejecución de determinados actos, imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado, en los siguientes supuestos: Actos personalísimos en que proceda la compulsión directa sobre la persona del obligado. Actos en que, procediendo la compulsión, la Administración no la estimara conveniente. Actos cuya ejecución no pueda el obligado encargar a otra persona. Actos que impongan una obligación personalísima de no hacer.