Test TS Justicia

Los jueces y tribunales deben motivar sus decisiones en las sentencias y Autos que dicten. No es una exigencia legal sino moral. Es una exigencia legal, si bien tradicionalmente se la saltan y no pasa nada. Es una exigencia constitucional, su infracción determina la invalidez de la decisión. Es una práctica no legal que no invalida la decisión.

El requisito final del desamparo supone: Que basta que exista un incumplimiento de los deberes de protección para que se pueda decretar. Que además de producirse ese incumplimiento, es necesario que haya privación de la necesaria asistencia moral o material. No existe, en la nueva regulación, el requisito fina.

El menor de 12 años: No responde penalmente ni tampoco es sometido a medida alguna de protección de la legislación general (LO 1/96, de 15 de enero). Es sometido a la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. Es sometido al Código Penal. No responde penalmente, pero se remite su expediente a los servicios generales de protección jurídica del menor.

La Secretaría General de Instituciones penitenciarias es un órgano perteneciente. El Ministerio de Justicia. Consejo General del Poder Judicial. Ministerio del Interior. Es un organismo autónomo.

"Cualquier proceso que permita a la víctima y al infractor participar activamente, si dan su consentimiento libremente para ello, en la solución de los problemas resultantes de la infracción penal con ayuda de un tercero imparcial" es una definición de. Mediación penal. Sistemas alternativos de resolución de conflictos. Justicia restaurativa. Ninguno de los anteriores.

El conjunto ordenado de medidas adoptadas para alcanzar la igual de trato entre hombres y mujeres en una empresa se denomina: Distintivo empresarial de igualdad. Planes de igualdad. Unidades de igualdad. Ninguna de las anteriores.

El menor que convive con su madre la cual es víctima de violencia de género: No es considerado como víctima puesto que solo afecta a su madre. Es considerado víctima de violencia general. Es considerado víctima de la violencia de género. Es considerado víctima de violencia física o psicológica hacia su persona.

El extranjero podrá gozar: Del acceso a los derechos y prestaciones de la red de Servicios Sociales, sin distinción, igual que los españoles. Del acceso a los derechos y prestaciones básicos de la red de Servicios Sociales, en todo caso; además si es residente legal, podrá gozar de los demás específicos. No podrá gozar de los derechos y prestaciones de la red de Servicios Sociales, pues solo corresponden a los españoles. Del acceso a los derechos y prestaciones de la red de Servicios Sociales si son residentes legales.

Si una persona presta su consentimiento para ser internada, pero una vez en el centro cambia de opinión: El internamiento deberá cesar inmediatamente, excepto que las condiciones de la persona hagan preciso que se solicite una autorización judicial para mantenerlo. El internamiento deberá cesar inmediatamente. El internamiento solo cesará cuando se estime que la persona esté restablecida.

Juan, de once años de edad y que va a ser adoptado, deberá: Dar su asentimiento para la adopción. Dar su consentimiento para la adopción. Ser simplemente oído.

Los equipos técnicos de los Juzgados de Familia están integrados. Por un trabajador social y un psicólogo. Por un trabajador social, un médico y un educador social. Por un psiquiatra y un trabajador social. Por un trabajador social únicamente.

La intervención del trabajo social en el ámbito de la Justicia: Solo se produce dentro de los equipos técnicos o forenses de los diferentes juzgados y tribunales. Se produce siempre, ordinariamente, dentro de los equipos técnicos o forenses de los juzgados y tribunales, salvo en el caso de los servicios de mediación. Se produce, además de en los equipos técnicos o forenses de los diferentes juzgados y tribunales, en el marco de la denominada prueba pericial. Se produce, además de en el ámbito de la prueba pericial, realizada por los equipos técnicos y forenses de los juzgados o tribunales o libremente, en el ámbito de otras pruebas, documental y testifical realizadas por el trabajador social.

La prueba pericial: Solo introduce conocimientos científicos o técnicos a unos hechos ya determinados por otras pruebas. Introduce conocimientos científicos o técnicos a unos hechos que también, con los mismos, son valorados por el perito o peritos. Solo introduce descriptivamente unos hechos observados por el perito o peritos. Introduce hechos descriptivamente relatados por el perito o peritos para que el juez, junto con las demás pruebas, los valore.

Los equipos técnicos de los Juzgados de Menores. Solo existen desde la Ley de Responsabilidad Penal del Menor del año 2000. Fueron plenamente formados a partir de 1979, si bien los asistentes sociales realizaban labores dentro del marco de los Tribunales Tutelares de Menores creados en 1948. No actúan en dicho ámbito. Solo pueden existir desde la Constitución de 1978, antes en una dictadura no existía propiamente poder judicial.

En la legislación sobre las Oficinas de Asistencia a las Víctimas de Delitos. Se plantean cuatro fases de intervención: la acogida-orientación, la información, la intervención y el seguimiento. No se plantean las fases de intervención por no ser un campo que regularmente está legislado. Se plantean sólo tres fases: acogida-orientación, intervención y seguimiento. Solo se plantean fases de intervención (3) para los casos de víctimas de delitos contra la libertad sexual.

En las pruebas periciales: Nunca hay intervención de los peritos en juicio ante el Juez, las partes del proceso y el Ministerio Fiscal. Solo se permite su intervención si, a partir del informe, se denuncia su invalidez. Se permite su intervención si, a criterio del Juez, o solicitud de cualquiera de las partes del proceso, se entiende necesaria para exponer o aclarar algún punto del informe. No es necesaria en los casos de los equipos técnicos o forenses adscritos a los juzgados o tribunales.

El informe pericial social. Tiene naturaleza de investigación social y siempre promueve una intervención. . No tiene naturaleza de investigación, si bien promueve siempre una intervención. Tiene naturaleza de investigación social y no promueve una intervención. No tiene naturaleza de investigación social, y sólo en ocasiones se puede plantear una intervención.

Si un trabajador social es reclamado por un juzgado para dar a conocer datos que han sido suministrados por un usuario. No los suministrará alegando secreto profesional. Los suministrará si considera que puede hacerlo, en caso de duda, planteará la cuestión a la Comisión Deontológica del Colegio Profesional y reclamará, en caso negativo, respeto al juzgado. Lo suministrará si considera que puede hacerlo, si no, la Comisión Deontológica del Colegio Profesional decidirá en todo caso. Lo suministrará si considera que puede hacerlo, si no lo comunicará al juzgado que deberá respetar la decisión.

Son elementos de todo informe social. La situación penitenciaria del individuo sobre el que se realiza la pericial. La situación laboral del individuo sobre el que se realiza la pericial. La situación de la vivienda del individuo sobre el que se realiza la pericial. El objeto del informe.

Una vez transcurrido el plazo de dos años que el Código Civil concede a los padres para que puedan solicitar el cese de la suspensión de la patria potestad y la revocación del desamparo. Los padres solo podrán facilitar información a la entidad pública o al Ministerio Fiscal sobre el cambio de circunstancias que provocaron el desamparo. Los padres no pueden solicitar directamente el cese de la suspensión de la patria potestad, sino que tienen que informar al Ministerio Fiscal para que sea quien lo solicite. No existe plazo máximo legalmente establecido que limite la posibilidad de los padres de impugnar la declaración de desamparo.

La declaración de desamparo debe ser. Puesta en conocimiento del juez del domicilio de los padres, tutores o guardadores el plazo de cuarenta y ocho horas. Comunicada al Ministerio Fiscal y notificada en legal forma a los padres, tutores o guardadores en el plazo de cuarenta y ocho horas. No existe obligación legal de comunicación, aunque se aconseja ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal, como máximo responsable en la defensa del menor.

La tutela que es asumida por la entidad pública encargada de la protección de los menores en el supuesto de desamparo. Nace como consecuencia de una decisión judicial. Nace como consecuencia de una decisión del Ministerio Fiscal. Es automática y se produce cuando la entidad constate el desamparo.

Los informes emitidos por los equipos técnicos que son órganos técnicos auxiliares de la Administración de Justicia. Son obligatorios (siempre y en todo caso) y vinculantes. Son vinculantes, pero no obligatorios, pues sólo se dan por petición del propio juez. No son vinculantes, en ningún caso.

Cuando nos encontramos ante un acogimiento judicial, podrá cesar. Cuando lo decida unilateralmente la entidad pública. Por decisión de los acogedores, previa comunicación a la entidad pública. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Cuando el menor tenga menos de 6 años, el acogimiento familiar elegido debe ser. Acogimiento de urgencia. Acogimiento permanente. Acogimiento simple.

El acogimiento familiar permanente, se produce: Directamente, en caso de menores con necesidades especiales. Pasados 2 años desde el establecimiento del acogimiento temporal, por no ser posible su reintegración familiar. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Señale la respuesta incorrecta: En la guarda administrativa establecida a petición de los padres, estos no ostentan ningún derecho sobre el menor, no pudiendo decidir sobre temas importantes de la patria potestad que deberán ser solventados por el juez. En la guarda administrativa establecida a petición de los padres, las decisiones importantes sobre la patria potestad la seguirán ostentando los titulares de la patria potestad. En la guarda administrativa establecida a petición de los padres, el guardador solo decidirá sobre los actos más usuales que exija el cuidado del menor.

La estructura de acceso de la ciudadanía al sistema público de Servicios Sociales de carácter polivalente y organizados territorialmente en equipamientos básicos, se denomina: Atención Social Primaria. Atención Social Especializada. Atención Social Terciaria.

La regulación de la responsabilidad penal del menor. Es competencia exclusiva del Estado, tanto a nivel de ley como de reglamento. No es competencia exclusiva del Estado pues, aun habiendo una sola ley estatal, sus desarrollos reglamentarios pueden estar en manos de las comunidades autónomas. Es competencia exclusiva de las comunidades autónomas, al estar contemplado como materia del art. 148 de la CE. Es competencia compartida: al Estado le corresponde la ordenación normativa, mediante una ley y reglamento estatal, y a las comunidades autónomas, la gestión administrativa de los servicios. Es competencia compartida: al Estado le corresponde la ordenación normativa, mediante una ley y reglamento estatal, y a las comunidades autónomas, la gestión administrativa de los servicios.

El principio de interés superior del menor. Condiciona la actividad de los jueces en el ámbito de la responsabilidad penal del menor, si bien no tienen por qué ser asistidos por ningún equipo técnico, dado su especialidad en menores. No condiciona la actividad de los jueces dado que la finalidad legal es correctora y preventiva. Condiciona la actividad del Ministerio Fiscal en el ámbito de la responsabilidad penal del menor, sea o no asistido por los equipos técnicos; asistencia que es discrecional. Condiciona la actividad de los jueces en el ámbito de la responsabilidad penal del menor, sirviendo como garantía procesal la asistencia de un equipo técnico para considerar respetado el principio.

Los equipos técnicos de los Juzgados de Menores están formados generalmente. Por un médico, un psicólogo y un trabajador social. Por un trabajador y un educador social. Por un psicólogo, un trabajador y un educador social. Por un psicólogo y un educador social.

Las prestaciones en beneficio de la comunidad. Es una medida general que se puede imponer hasta un máximo de 50 horas en delitos leves, hasta 100 horas en el resto, salvo que tengas 14-15 años en cuyo caso pueden ser hasta 150 horas y, en el caso de 16-17 años, hasta un máximo de 200 horas. Es una medida general que se puede imponer hasta un hasta un máximo de 50 horas en delitos leves, hasta 100 horas en el resto. Es una medida que se puede imponer hasta un máximo de 150 horas, si tienes menos de 15 años, y de 200 horas si tienes más de 15 años, para cualquier tipo de delitos. No es una medida general sino específica para los casos en donde ha fracasado la mediación por culpa de la víctima.

Las medidas limitativas de la libertad ambulatoria (internamiento, asistencia a Centro de Día, etc) tendrán una duración máxima. En todo caso de 2 años. En todo caso de 6 años. En general de 2 años, si bien, en función de la edad, puede ser de 3 años (14-15 años) o 6 años (16-17 años). En general de 3 años, si bien, en función de la edad, pueden ser de 4 años (14-15 años) o 6 años (16-17 años).

En los casos de internamiento en régimen semicerrado: Todas las actividades educativas se realizan fuera del centro. Las actividades educativas se realizan dentro del centro, si bien el interno tiene posibilidad de llevar otras actividades de ocio, culturales y de relajo, fuera durante un horario. Las actividades educativas de contención se realizan dentro del centro solo. Pueden realizarse actividades formativas total o parcialmente fuera del centro, si bien, según el seguimiento, pueden suspenderse.

El proyecto de intervención realizado por el equipo técnico del centro de internamiento: Es el mismo que el programa individualizado de ejecución que se realiza por la entidad protectora en el momento posterior a la sentencia judicial, pero aplicado al caso de internamiento. Es un programa de ejecución realizado colectivamente por el equipo técnico del centro para todos los internos. No es el programa individualizado de ejecución, sino una programación diferenciada de intervención en donde se consignan las actividades educativas a realizar en el centro por el interno, con su seguimiento y evaluación. No existe en el ámbito de la responsabilidad penal del menor.

La solución del expediente mediante la conciliación y reparación: Cabe en todo tipo de delitos. Solo cabe en delitos leves. Cabe en todo tipo de delitos, menos en los muy graves que comporten la utilización de violencia o intimidación. No cabe en los delitos muy graves o en aquellos que comporten violencia o intimidación graves.

La mediación como medio para la conciliación y reparación del daño con menores infractores. Debe realizarse, en todo caso, durante el primer informe que solicita el Ministerio Fiscal, nada más llegar la noticia de los hechos considerados como delictivos. Puede hacerse hasta la sentencia del juez de menores que resuelve la responsabilidad penal del adolescente infractor. Puede realizarse en todo momento, incluso durante la ejecución de las medidas acordadas por el juez. No cabe la mediación en el ámbito penal, a pesar de ser con menores infractores.

La ejecución de una sentencia corresponde. Al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. A la Secretaría General de Instituciones penitenciarias. Al Consejo general del Poder Judicial. Al Juzgado o Tribunal que la haya dictado.

La suspensión de la pena no podrá concederse en ningún supuesto, salvo enfermedad grave con padecimientos incurables, cuando la pena exceda de. Dos años. Tres años. Cuatro años. Cinco años.

La dirección de los equipos técnicos en un centro penitenciario corresponde a: El subdirector de Régimen. El subdirector de Tratamiento. El subdirector de Seguridad. El jefe de Servicios.

La libertad condicional básica requiere entre sus requisitos mínimos: Encontrarse clasificado en tercer grado. Tener una condena inferior a cinco años. Encontrarse interno en un CIS. Haber desarrollado actividades laborales u ocupacionales.

En relación con la libertad condicional, el trabajador social del centro penitenciario o del CIS deberá confeccionar. Acta de compromiso de acogida. Acta de arraigo. Informe pronóstico de integración social. Programa puente.

La libertad condicional supone: Una progresión en grado. La suspensión de la pena. El licenciamiento de la pena. El acceso al tercer grado.

El recurso de reforma se interpone contra: Resoluciones de la junta de tratamiento. Sanciones disciplinarias del centro penitenciario. Autos del juez de vigilancia penitenciaria. Denegaciones de permisos por el centro penitenciario.

Los Equipos Técnicos en el orden judicial penal apoyan la función de: La fiscalía. Los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Los Juzgados Centrales de Instrucción.

La norma administrativa específica en orden al Trabajo Social en el ámbito penitenciario. La instrucción que establece el Manual de Procedimiento de Trabajo Social en Centros Penitenciarios. La instrucción que contiene el Protocolo para la Intervención Social en Centros Penitenciarios. La Ley Orgánica General Penitenciaria. La circular que establece de Ordenación y Funcionamiento de los Servicios Sociales penitenciarios.

¿Cómo se regula la mediación penal en el marco europeo?. A través de una recomendación. A través de una directiva. A través de un reglamento. No se regula.

En España la mediación penal está regulada en: La Ley 5/2012 de mediación. La Ley 4/2015 del estatuto de la víctima. La Ley 5/2000 reguladora de la responsabilidad del menor. Ninguna de las anteriores.

El menor con responsabilidad penal en España se encuentra entre los: 10 y 18 años. 12 y 18 años. 14 y 18 años. 16 y 18 años.

Para que pueda darse la mediación penal es necesario: El reconocimiento de los hechos. El perdón de la víctima. La reparación. Todos los anteriores.

El termino conciliación en el ámbito de la mediación penal implica: La comparecencia ante el juez instructor para tratar de alcanzar un acuerdo. El reconocimiento del daño causado y la petición de disculpas. La necesidad de que el acuerdo sea puesto por escrito. La comparecencia ante la persona mediadora para tratar de alcanzar el acuerdo.

Cuáles de las siguientes reformas se han llevado a cabo a través de la Ley 4/2015 de regulación del estatuto de la víctima del delito: La posibilidad de requerir medidas de control para garantizar la seguridad de la víctima cuando el reo quede en libertad condicional. Reducción al máximo de las declaraciones procurando que sea siempre la misma persona la que hable con ella. Podrán recurrir la libertad condicional, aunque no estén personados en el juicio si la pena del delito es superior a 5 años. Todas las anteriores.

Las oficinas de Asistencia a la Víctima pueden: Realizar las mediaciones penales. Proponer al órgano judicial la aplicación de la mediación penal. Asistir e informar a la víctima sobre la persona mediadora más conveniente en su caso. Ninguna de las actuaciones anteriores pueden ser llevadas a cabo por las oficinas de Asistencia a la Víctima.

El desistimiento de la incoación del expediente: Supone imponer al agresor una pena inferior a la establecida en el Código Penal. Requiere que no haya existido violencia o intimidación a las personas. Puede ser solicitada por cualquier persona interesada en el proceso. Ninguna de las anteriores es correcta.

El sobreseimiento del expediente: Es una facultad del Ministerio Fiscal. Puede solicitarse por el mero intento de llevar a cabo la mediación. Puede llevarse a cabo cuando el menor haya cumplido necesariamente con su obligación de reparar a la víctima. No puede ser utilizado en ningún caso en mediación penal.

La «Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer» es de: 1959. 1979. 2009. No existe tal convención.

La Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en España es de: 1999. 2004. 2007. No existe tal ley.

«La situación en la que en atención a su sexo es tratada de manera menos favorable que otra persona en situación comparable» es la definición de: Discriminación directa. Discriminación indirecta. Violencia de genero. Acoso sexual.

Existirá composición equilibrada en los consejos de administración de las empresas cuando: Existan al menos un 40 % de mujeres. Cuando estemos en una proporción de 50 % de mujeres y hombres. Cuando las personas de cada sexo no superen el 60 % ni tengan menos del 40 %. . Ninguna de las anteriores es correcta.

Las unidades de igualdad se encuentran en: Cada departamento de la empresa. En cada empresa debe haber uno. En cada departamento ministerial que tenga funciones relacionadas con el principio de igualdad. En el Ministerio de Igualdad.

«El comportamiento de los padres y madres fundamentado en el interés superior del niño que cuida y desarrolla sus capacidades, no es violento y ofrece reconocimiento y orientación permitiendo el pleno desarrollo del niño» es la definición de: Custodia compartida. Ejercicio positivo de la parentalidad. Paternidad y maternidad responsable. Conciliación de la vida familiar.

Los planes de coparentalidad: No están regulados en nuestra normativa. Están regulados a nivel nacional. Están regulados a nivel autonómico. Están regulados a nivel nacional y autonómico.

El permiso de paternidad es de: 2 semanas. 4 semanas. 8 semanas. 16 semanas.

El permiso de lactancia: Solo puede ser disfrutado por la madre. Puede ser disfrutado tanto por el padre como por la madre indistintamente cuando ambos trabajan. Puede ser disfrutado por el padre solo cuando la madre no pueda disfrutarlo por no trabajar. Ninguna de las anteriores es correcta.

Según la normativa, la protección de la mujer en situaciones de violencia doméstica debe ser: Especializada por ámbitos. Especializada y en el ámbito jurídico. Integral y multidisciplinar. Integral y social.

La acreditación de una situación de violencia se produce: Por una sentencia condenatoria. Por una orden de protección. Por ninguna de las anteriores. . Por ambas circunstancias anteriores.

Cuando nos referimos a la diferencia fundamentada en las características biológicas derivadas de la apariencia corporal en función de los órganos genitales o el desarrollo físico, estamos refiriéndonos al: Sexo. Género. Violencia. Ninguno de los anteriores.

La violencia psicológica es: Cualquier agresión intelectual, moral o conducta verbal en la que se produzca una desvalorización de la mujer siempre que se produzca en el ámbito de las parejas con vinculo de parentesco y convivencia. Cualquier agresión intelectual, moral o conducta verbal en la que se produzca una desvalorización de la mujer que se produzca en tanto en el ámbito familiar como en el ámbito laboral. Cualquier agresión intelectual, moral o conducta verbal en la que se produzca una desvalorización de la mujer que se produzca en el ámbito familiar sin necesidad de convivencia. Ninguna de las anteriores es correcta.

La privación del acceso a los recursos para el bienestar físico o psicológico de la mujer es un ejemplo de: Violencia psicológica. Desamparo. Machismo. Violencia económica.

La mujer víctima de violencia de género puede: Tener derecho a la pensión de viudedad en supuestos de separación. Derecho a la renta activa de inserción. Derecho al anticipo por impago de prestaciones alimenticias. Todas las anteriores.

En relación a la orden de alejamiento que puede ser decretada por el juez: Es necesario celebrar audiencia. Es necesario oír al investigado o presunto agresor. No es necesario que declare la víctima. Ninguna de las anteriores es correcta.

Los Puntos de Encuentro Familiar son: Servicios Judiciales. Servicios Sociales. Servicios prestados por asociaciones. Servicios que deben ser retribuidos por los usuarios al ser privado.

Los Puntos de Encuentro Familiar intervienen en situaciones de: Violencia de género. Alta conflictividad de los progenitores a la hora de desarrollar el derecho de visitas. Toxicomanías y drogodependencias de algún progenitor. Todas las anteriores.

Dentro de una conferencia sectorial, la Administración del Estado presenta, para su aprobación, a las comunidades autónomas: Los reglamentos de desarrollo de la legislación de extranjería. Un programa de actuaciones coordinadas en materia de extranjería. Un plan estratégico de ciudadanía e inmigración, actualmente ha habido dos cuatrianuales. Los desarrollos legislativos que afecten a los inmigrantes.

La regulación nacional en materia de inmigrantes: Diferencia a estos de nuestros nacionales, especialmente en materia de derechos fundamentales y libertades públicas, como regla general. No diferencia a estos de nuestros nacionales, especialmente en materia de derechos fundamentales y libertades públicas, como regla general. . Las diferencias entre extranjeros y nacionales se marcan por la existencia o no, de tratados internacionales con sus países de origen; si no los hay, no tienen derechos. Las diferencias entre extranjeros y nacionales se marcan por su integración o no en la Unión Europea, aquellos que no son nacionales de alguno de los Estados de la Unión Europea no tienen derechos.

La Unión Europea: Tiene una política común en materia de inmigración dirigida a la inmigración legal como colectivo sobre el que basar la idea de integración recíproca con la comunidad. No tiene política común en materia de inmigración, cada país de la Unión tiene plena capacidad de legislar y gestionar su flujo migratorio. Tiene una política común de seguridad en donde se pretende prevenir la inmigración ilegal, pero en cuanto a la legal no se inmiscuye con las políticas nacionales. Tiene una política común en materia de derechos fundamentales y libertades públicas, pero no se inmiscuye en las políticas nacionales sobre inmigración o flujos migratorio.

Las amenazas graves contra la vida o la integridad de una persona, civil, motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno: Dan derecho al reconocimiento como sujeto de protección subsidiaria en nuestra legislación de asilo. Dan derecho al reconocimiento como refugiado en nuestra legislación de asilo. Dan derecho al reconocimiento como desplazado en nuestra legislación de asilo. No dan derecho a ningún reconocimiento.

El arraigo social: Exige una permanencia en territorio español de 2 años, un contrato de trabajo, y no es necesario vínculos familiares con residentes legales. Exige una permanencia en territorio español de 1 año, un contrato de trabajo, y son necesario vínculos familiares. Exige una permanencia en territorio español de un año y vínculos familiares. Exige una permanencia en territorio español de 3 años, un contrato de trabajo y vínculos familiares con residentes legales.

Un residente legal desea agrupar a su pareja homosexual, no teniendo la oportunidad de reconocerse como tal por estar prohibida en su país: No es posible porque la LOE le exige que esté acreditada la relación en un registro público. Es posible, porque, a pesar de ser poder acreditarse públicamente, por razones humanitarias podrá reagruparse excepcionalmente. Es posible, si se puede acreditar por cualquier otro medio, siempre que sea una relación inmediatamente anterior a su entrada en España. No es posible porque nuestro país no reconoce dicha posibilidad.

Para que los programas de inserción socio-laboral y cultural que atienda un extranjero en situación irregular sirvan al objeto de realizar el informe de arraigo: Deben ser no solo atendidos por una asistencia regular, sino también deben ser superadas sus pruebas. Deben ser solo atendidos por una asistencia regular. Simplemente con pagar las cuotas sirve. Deben ser atendidos y superadas las pruebas en el plazo de 3 meses desde su presentación.

La mujer extranjera, víctima de violencia de género, en situación irregular: Puede solicitar autorización de residencia por circunstancias humanitarias desde la Orden de Protección o Decreto del Ministerio Fiscal sobre la existencia de indicios de violencia de género. Desde la sentencia condenatoria por delito de violencia de género o absolutoria en caso de prescripción de delito que determine su anterior existencia. Desde el auto de incoación de procedimiento penal. No puede solicitar autorización alguna, simplemente, se suspende durante la tramitación del procedimiento penal, el procedimiento de expulsión.

La mujer extranjera, víctima de violencia de género, en situación irregular: Es puesto a disposición de la Oficina de Extranjería con objeto de procurar su retorno a la familia de origen en su país. Es puesto a disposición de los representantes consulares de su país para procurar el retorno y reencuentro con su familia de origen. Es puesto a disposición de la Entidad Autonómica de Protección de Menores para que asuma la tutela legal automática.

Cuando hablamos de una institución de protección y amparo de menores ejercida por un sujeto que no tiene ningún poder legal para ello, nos referimos a: La guarda de hecho. La tutela. La curatela.

Según la nueva ley 8/2021, de 2 de junio, solo es posible incapacitar a una persona: En caso de discapacidad cognitiva o enfermedad mental grave. En caso de que concurra discapacidad y minoría de edad. En ningún caso.

La nueva ley 8/2021, de 2 de junio, prevé que las personas discapacitadas pueden disponer de: Curatela, guarda de hecho, defensor judicial y/o un sistema de apoyos individualizado. Tutela si es menor de edad no sujeto a patria potestad, curatela, guarda de hecho, defensor judicial y/o un sistema de apoyos individualizado. Tutela, curatela, guarda de hecho, defensor judicial y/o un sistema de apoyos individualizado.

Cuando la persona menor de edad está sujeta a patria potestad: Puede ser internada de manera involuntaria con el mero consentimiento de sus progenitores. Puede ser internada de manera involuntaria solo en un centro sanitario con el mero consentimiento de sus progenitores. Puede ser internada de manera involuntaria solo en un centro sanitario con informe favorable del equipo profesional.

¿En qué situación se mantiene vigente la tutela?. Para personas menores de edad extranjeras no acompañadas. Para personas menores de edad no sujetas a patria potestad. Las respuestas A y B son correctas.

El curador: Sustituye a la persona con discapacidad en los actos que tenga encomendados. Interviene apoyando a la persona con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica o en cualquier otro asunto que requiera. Representa a la persona con discapacidad en todos los actos de su vida que tengan relevancia jurídica.

La ley 8/2021, de 2 de junio, tiene carácter retroactivo. Sí, en todos los casos. Sí, en aquellos casos en que la persona no estuviera incapacitada, dado que esta es una condición inamovible. No. Solo tiene efectos a partir de su promulgación.

El sistema de apoyos que prevé la ley 8/2021, de 2 de junio: Aparece recogido en un catálogo en el propio texto de la ley. Es individualizado y solo alude a cuestiones patrimoniales o jurídicas. Es individualizado y su naturaleza es muy variada.

El internamiento no voluntario de una persona: Solo puede ser decretado por el Ministerio fiscal. Requiere siempre la autorización judicial, que puede ser otorgada a posteriori si existe justa causa que lo justifique. Requiere siempre autorización del juez, que necesariamente debe ser otorgada con anterioridad a ese internamiento, so pena de nulidad.

Suponiendo que Juan y Ana, que son pareja de hecho, tienen a Luis bajo guarda con fines de acogimiento desde hace trece meses, ¿quién deberá iniciar el expediente de adopción?. La entidad pública, en todo caso. Los propios adoptantes. Nadie, al haber transcurrido el plazo máximo de un año establecido en el Código Civil, habrá que proceder a una nueva medida de protección.

Pepe, de 30 años de edad, y Pepa, de 28, casados, pretenden adoptar a Juan, de 12 años, que es huérfano y sobrino de Pepe, iniciando ellos el expediente matrimonial, ¿pueden hacerlo conjuntamente?. Sí, pues cumplen con todos los requisitos legalmente previstos en el Código Civil, tanto para la adopción como para ser ellos quienes inicien el expediente. Sí, pues cumplen con todos los requisitos legalmente previstos en el Código civil en cuanto a la edad, aunque deberá ser la entidad pública la que inicie el expediente de adopción. No, pues no cumplen con el requisito de edad.

Lucas, de 24 años de edad, quiere adoptar a su sobrina Ana, de tres años, que se ha quedado huérfana tras un accidente, ¿puede hacerlo?. Sí, pues cumple con todos los requisitos. No, pues no tiene 25 años cumplidos. Sí, pues, aunque no tiene 25 años cumplidos, tiene 14 más que su sobrina.

La entidad pública, cuando no inicie ella el expediente de adopción: Deberá dar su consentimiento para la adopción. Deberá dar su asentimiento para la adopción. Deberá ser simplemente oída en la adopción.

Los padres de Ana fallecen en un accidente y los abuelos maternos pretenden adoptarla, ¿pueden hacerlo?: No, pues los ascendientes no pueden adoptar a los descendientes en ningún caso. No, pues los ascendientes no pueden adoptar a los descendientes, salvo que haya permiso expreso del juez, previo informe favorable vinculante del Ministerio Fiscal. Sí, pues no hay prohibición expresa para los ascendientes, sino solo para los colaterales en segundo grado.

La declaración de idoneidad para la adopción internacional, debe ser realizada: Por el OAAI correspondiente elegido libremente por los adoptantes. Por los Colegios Profesionales de Psicólogos y Trabajadores Sociales. Por la entidad pública correspondiente.

El certificado de idoneidad para la adopción internacional: Es general, y permite adoptar en cualquier país que haya ratificado la Convención de Derechos del Niño de 1989. Se otorga para un país concreto, pues hay que tener en cuenta la legislación propia del país de origen de los adoptados. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

La acreditación de los Organismos Acreditados de Adopción Internacional debe ser otorgado por: La Administración General del Estado, previo informe favorable y no vinculante de la Entidad Pública donde tengan su sede. La Administración General de Estado, previo informe favorable y vinculante de la Entidad Pública donde tengan su sede. La Administración General del Estado, sin que sea necesario el informe de la Entidad Pública correspondiente.

La declaración de idoneidad para la adopción internacional: Tiene un plazo máximo de vigencia de tres años. Tiene un plazo máximo de vigencia de cinco años. No tiene plazo máximo de vigencia.