TS MONCOFA

¿Qué establece el artículo 1.1 de la CE?. La división territorial del Estado. Los derechos fundamentales de los ciudadanos. Los valores superiores del ordenamiento jurídico. La organización del poder judicial.

Según el art. 20.1 a) de la ley reguladora de las bases del régimen local 7/1985, de 2 abril. El alcalde, los teniente de alcalde y el pleno existen en todos los ayuntamientos. El alcalde y las comisiones informativas existen en todos los ayuntamientos. El alcalde, los teniente de alcalde, el pleno y la junta de gobierno local existen en todos los ayuntamientos. El alcalde, los teniente de alcalde, el pleno y la comisión especial de sugerencias y reclamaciones existen en todos los ayuntamientos.

En las sesiones plenarias, en virtud del art. 46.2 d) de la ley reguladora de las bases de régimen local 7/1985, de 2 de abril. La ausencia de uno o varios concejales o diputados, una vez iniciada la deliberación de un asunto, equivale, a efectos de la votación correspondiente a la abstención. La ausencia de uno o varios concejales o diputados, una vez iniciada la deliberación de un asunto, equivale, a efectos de la votación correspondiente, a voto en contra. La ausencia de uno o varios concejales o diputados, una vez iniciada la deliberación de un asunto, equivale, a efectos de la votación correspondiente, a votar lo que su grupo político haya votado mayoritariamente. Ninguna es correcta.

¿En qué ley se regula el régimen jurídico de las subvenciones otorgadas por las AP?. Ley general de subvenciones 38/2023. Ley general de subvenciones 38/2003. Ley general de subvenciones 40/2003. Ley general de subvenciones 38/2006.

En virtud del art. 37 del real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del estatuto básico del empleado público, son objeto de negociación colectiva obligatoria las materias. Que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los funcionarios, cuya regulación exija norma con rango de ley, los criterios generales sobre ofertas de empleo público y las materias referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, movilidad funcional y geográfica, así como los criterios generales sobre la planificación estratégica de los recursos humanos, en aquellos aspectos que afecten a condiciones de trabajo de los empleados públicos. Las decisiones de las AP que afecten a sus potestades de organización. Que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los funcionarios, cuya regulación exija norma con rango de ley, los criterios generales sobre ofertas de empleo público y la determinación de condiciones de trabajo de los puestos directivos. La regulación del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de los usuarios de los servicios públicos, así como el procedimiento de formación de los actos y disposiciones administrativas.

Según lo regulado en los artículos 58 y siguientes de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las AP, los procedimientos administrativos que se inician de oficio por acuerdo del órgano competente pueden ser por. Por propia iniciativa, como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia. Por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, únicamente. Por propia iniciativa, como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia. Los procedimientos sancionadores se iniciarán siempre a solicitud del interesado. Por propia iniciativa, como consecuencia de orden superior o a petición razonada de otros órganos.

Según lo regulado en el artículo 96 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las AP, se procederá a la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común. Cuando razones de interés público así lo aconsejen y siempre se habrá de acordar a petición del interesado. Cuando razones de interés público o falta de complejidad del procedimiento lo aconsejen y se podrá acordar de oficio o a solicitud del interesado. Cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento lo aconsejen y sólo se podrá acordar de oficio. No existe la tramitación simplificada en los procedimientos administrativos.

Relativo a la aprobación del procedimiento general de las EELL, según el art. 169 del texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales. Aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público, previo anuncio en el BOP, por 20 días. Aprobado inicialmente el presupuesto general por el alcalde, se expondrá al público, previo anuncio en el BOP, por 15 días. Aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público, previo anuncio en el BOP, por 15 días. Aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público, previo anuncio en el BOP, por 20 días y su aprobación definitiva habrá de realizarse antes del 1 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse.

Relativo a los bienes de las corporaciones locales, son principios relativos a los bienes de dominio público (o demaniales) los siguientes. Inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad. Los bienes de dominio público se pueden alienar y embargar. Inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad, sin necesidad de identificación y control a través de inventario. Inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad y dedicación preferente a su uso privativo frente al uso común.

En una solicitud de acceso a la información, en virtud del art. 17 de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. El solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso. Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la información. La ausencia de motivación será por si sola causa de rechazo de la solicitud. El solicitante está obligado a motivar su solicitud de acceso y la ausencia de motivación es por si sola causa de rechazo de la solicitud. El solicitante no puede motivar su solicitud ni exponer los motivos, ello podría ser causa de inadmisión de la misma. Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.

Según el artículo 10 de la ley 3/2019, de SS inclusivos de la CV, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta?. La asignación de una persona profesional de referencia. Recibir atención en un entorno que garantice la privacidad y la confidencialidad. Facilitar la información veraz y suficiente sobre sus circunstancias personales, familiares y económicas, que sea necesaria para el acceso a la prestación que corresponda. Renunciar a las prestaciones concedidas, salvo que la renuncia afecte a los intereses de personas menores de edad o de personas con capacidad modificada judicialmente.

El sistema público valenciano de SS se estructura funcionalmente. En dos niveles de atención, mutuamente complementarios y de carácter continuo e integrado: atención primaria y atención específica. En dos niveles de atención, mutuamente complementarios y de carácter continuo, integrado y sinérgico: atención primaria y atención secundaria. En dos niveles de atención, mutuamente complementarios y de carácter continuo e integrado: atención primaria y atención secundaria. En dos niveles de atención, mutuamente complementarios: atención primaria y atención específica.

Según el artículo 25 de la ley 3/2019 de SS inclusivos de la CV, la competencia para declarar un espacio vulnerable corresponderá a. La Generalitat y los ayuntamientos. Conselleria competente en materia de SS y a los ayuntamiento. Conselleria competente en materia de SS. La Generalitat.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO se recoge en el artículo 9 derecho y deberes de las personas familiares y allegadas de las personas usuarias del decreto 27/2023 por el que se regulan la tipología y el funcionamiento de los centros, servicios y programas de SS, y su ordenación dentro de la estructura funcional, territorial y competencial del SPVSS. Las personas familiares y allegadas de las personas usuarias de programas y centros de SS están sujetas a los derechos y deberes incluidos en las correspondientes y respectivas normas de funcionamiento o reglamento de régimen interior. Las personas familiares y allegadas de las personas usuarias de los SS tendrán derecho a recibir información sobre su situación, siempre que, previa consulta a la persona usuaria, esta lo consienta de forma manifiesta. El ejercicio del derecho de las personas familiares y allegadas a realizar visitas ordinarias a las personas usuarias de un centro de SS dependerá, en todo caso, de la voluntad de estas últimas expresadas mediante consentimiento informado y que constará en la historia social única de la persona usuaria. Las personas familiares y allegadas tendrán de derecho a realizar visitas a las personas usuarias residentes en centros de SS.

En la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia define la dependencia en su artículo 2 como. El estado de carácter permanente o temporal en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal. El estado de carácter permanente o temporal en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal. El estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal. El estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal.