U SEP 2025

Señale la respuesta correcta (Art. 9.1 del Título Preliminar de la Constitución Española, en adelante, CE): Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Los ciudadanos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución. Los ciudadanos y los poderes públicos no están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

La bandera de España está formada por (art. 4.1 CE): Tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. Tres franjas horizontales, amarilla, roja y amarilla, siendo la roja la mitad de anchura que cada una de las amarillas. Tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla la mitad de anchura que cada una de las rojas. Tres franjas horizontales, amarilla, roja y amarilla, las tres de la misma anchura.

Según el artículo 6 de la CE, expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política: Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales. Los partidos políticos. Las Fuerzas Armadas. El Parlamento.

España se constituye en un Estado (art. 1.1 CE): Político y democrático de Derecho. Social y democrático de Derecho. Político y totalitario de Derecho. Social y totalitario de Derecho.

La Administración civil (art. 25.3 CE): Podrá imponer sanciones que, subsidiariamente, impliquen privación de libertad. Podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad. No podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de líbertad . Ninguna es correcta.

El artículo 27 de la CE, sobre la educación, reconoce: La libertad de enseñanza. La libertad de cátedra. La libertad de expresión. Todas son correctas.

En el artículo 27.1 O de la CE, se reconoce: La autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca. La independencia de las Universidades, en los términos que la ley establezca. La sumisión de las Universidades, en los términos que la ley establezca. La subordinación de las Universidades, en los términos que la ley establezca.

Según el art. 2.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias, los poderes de la Comunidad Autónoma de Canarias emanan: Del Parlamento, de la Presidencia y del Gobierno. De la Constitución y del pueblo canario. De las transferencias de los Cabildos Insulares. De las competencias transferidas por el Gobierno de la nación.

Gozan de la condición política de canarios, de conformidad con el artículo 6 del Estatuto de Autonomía de Canarias: Todos los residentes en Canarias. Las personas con nacionalidad española que, de acuerdo con las leyes del Estado, tengan vecindad administrativa en cualquier municipio de Canarias. Los españoles y ciudadanos de otros países que de acuerdo con las leyes del Estado sean residentes canarios. Todos los nacidos en Canarias.

Según el artículo 48.1 del Estatuto de Autonomía, ¿quién elige a la persona titular de la Presidencia del Gobierno de Canarias?. El Parlamento, de entre cualquier ciudadano mayor de edad que tenga la condición política de canario. El Consejo de Gobierno de Canarias. El Consejo de Ministros del Gobierno de la nación. El Parlamento de Canarias, de entre sus miembros.

La iniciativa por el procedimiento general de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias (art. 200 Estatuto de Autonomía): Es competencia exclusiva del Parlamento de Canarias. Requerirá la aprobación de 2/3 de los miembros del Parlamento de Canarias. Es competencia exclusiva del Gobierno de Canarias. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

En el procedimiento de reforma abreviado del Estatuto de Autonomía de Canarias, señale la que no es correcta (art. 201.b): Afectará al capítulo 11 del título I del Estatuto. La propuesta de reforma será aprobada por mayoría de tres quintas partes de losmiembros del Parlamento de Canarias. Aprobada la propuesta de reforma, no se someterá a consulta de las Cortes Generales. Aprobada la propuesta de reforma, se someterá a consulta de las Cortes Generales.

De conformidad con el artículo 149.1.30 de la Constitución Española, la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos: Es una competencia de las Comunidades Autónomas. Es una competencia del Estado. Es una competencia compartida en cuanto a las condiciones de obtención y expedición. Esta materia no está regulada en la Constitución Española.

Entre las competencias que pueden asumir las Comunidades Autónomas, según el artículo 149.1.10 de la Constitución Española. Señale cuál es la incorrecta. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. Organización de sus instituciones de autogobierno. Los montes y aprovechamientos forestales. Régimen aduanero y arancelario.

La reforma de los Estatutos de Autonomía se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales mediante: Decreto Legislativo. Real Decreto. Ley de cada uno de los gobiernos autonómicos. Ley Orgánica.

El sector público institucional se integra, entre otros, por (art. 2.2.a de la Ley 39/2015): Cualesquiera organismos públicos o privados y entidades de derecho público o privado, vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas. Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley. Las Universidades públicas, que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la Ley 39/2015. Las Universidades Privadas.

Las Corporaciones de Derecho Público se regirán por (art. 2.4 de la Ley 39/2015): Su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública, y supletoriamente por la Ley 39/2015. La Ley 39/2015, y supletoriamente por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública. Únicamente por su normativa específica. Únicamente por la Ley 39/2015.

Según el artículo 7 de la Ley 39/2015, cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán: Con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y, en su defecto, con el que figure en primer término. Con el que figure en primer término, y, en su defecto, con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado. Con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y, en su defecto, con todos ellos. Con todos ellos, y, en su defecto, con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado.

Toda notificación deberá contener, como mínimo (art. 40.2 Ley 39/2015): El texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos. Indicar si pone fin o no a la vía contencioso-administrativa. Expresar los recursos que procedan, únicamente en vía administrativa. Indicar el órgano ante el que hubieran de presentarse los recursos que procedan sin necesidad de indicar el plazo para interponerlos.

La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva (art. 35.2 Ley 39/2015): Se realizará de conformidad con lo que disponga la presente ley. Se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte. fundamentos de la resolución que se adopte. Se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, sin necesidad de que queden acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte. fundamentos de la resolución que se adopte. No precisarán de motivación.

Las disposiciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria (art. 47.2 Ley 39/2015): Son nulas de pleno derecho. Son anulables. Son válidas. No son recurribles.

Según el artículo 70.1 de la Ley 39/2015, se entiende por expediente administrativo: El conjunto ordenado de documentos que sirven de antecedente y fundamento a la instrucción del procedimiento, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la instrucción del procedimiento, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. El conjunto ordenado de documentos que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.

Conforme a lo establecido en el artículo 3.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Administraciones públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos a través de medios electrónicos (señale la opción incorrecta): Que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas. Que faciliten el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos. Que garantizarán la protección de los datos de carácter personal. Que facilitarán preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados.

Respecto a la delegación de firma, el artículo 12 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que: La delegación de firma alterará la competencia del órgano delegante. Para la validez de la delegación de firma será necesaria su publicación. En las resoluciones que se firmen por delegación se hará constar esa circunstancia y la autoridad de procedencia. Los titulares de los órganos administrativos podrán delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares de los órganos o unidades administrativos que de ellos dependan, y también, siempre que se publique la correspondiente resolución en un boletín oficial, en órganos o unidades que no dependan de ellos.

Los artículos 16 y 19 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación con los secretarios de los órganos colegiados, establecen que entre sus funciones está la de (señale la opción incorrecta): Acordar la convocatoria de las sesiones. Velar por la legalidad de las actuaciones del órgano colegiado. Certificar las actuaciones del órgano colegiado. Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden del Presidente.

Para la válida constitución del órgano colegiado, el artículo 17.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público establece que: Se requerirá la asistencia presencial del Presidente y del Secretario, y la de la mitad, al menos, de los miembros del órgano. Se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, del Presidente y del Secretario, y la de la mitad, al menos, de los miembros del órgano. Se requerirá la asistencia presencial de todos los miembros del órgano colegiado. Se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, de todos los miembros del órgano colegiado.

El artículo 18.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público establece que podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano colegiado. Al respecto, es cierto que: La grabación requiere el consentimiento previo de los asistentes a la sesión. El fichero resultante de la grabación podrá acompañar al acta de las sesiones, sin necesidad de hacer constar en ella los puntos principales de las deliberaciones. El fichero resultante de la grabación podrá acompañar al acta de las sesiones, pero en todo caso será necesario hacer constar en ella los puntos principales de las deliberaciones. El fichero resultante de la grabación acompaña al acta de las sesiones, sin que sea necesaria una certificación expedida por el Secretario de la autenticidad e integridad del mismo.

Conforme al artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, son motivos de abstención los siguientes (señale la opción incorrecta): Tener interés personal en el asunto de que se trate. Tener parentesco de consanguinidad hasta el segundo grado con cualquiera de los interesados. Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto.

El artículo 30.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público indica que, si las leyes que establecen las infracciones y sus sanciones no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán: A los tres años. A los dos años. Al año. A los seis meses.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público establece en su artículo 49 que la duración de los convenios, salvo que normativamente se prevea un plazo superior, no podrá ser superior a: Dos años. Tres años. Cuatro años. Cinco años.

El artículo 141 .2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que la asistencia y colaboración requerida entre Administraciones Públicas sólo podrá negarse cuando el organismo público o la entidad del que se solicita (señale la opción incorrecta): No esté facultado para prestarla de acuerdo con lo previsto en su normativa específica. No disponga de medios suficientes para ello. Cuando la información solicitada tenga carácter confidencial o reservado. Cuando, de hacerlo, causara un perjuicio leve a los intereses cuya tutela tiene encomendada.

De acuerdo con el artículo 1.3 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, en toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva: Criterios sociales y medioambientales siempre que guarden relación con el objeto del contrato. Criterios éticos y de transparencia, aunque no guarde relación con el objeto del contrato. Criterios éticos y de transparencia, siempre que guarde relación con el objeto del contrato. Criterios sociales y medioambientales, aunque no guarde relación con el objeto del contrato.

Completado el expediente de contratación, según el artículo 117.1 de la Ley 9/2017, se dictará resolución motivada por el órgano de contratación que, con carácter general, implicará: El establecimiento de la garantía definitiva. La aprobación del gasto. La acreditación de la solvencia económica y financiera. La exigencia de clasificación.

Cuando el único criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de (art. 158.1 Ley 9/2017): 10 días a contar desde el siguiente al de la apertura de proposiciones. 15 días a contar desde el siguiente al de apertura de proposiciones. 20 días a contar desde el siguiente al de apertura de proposiciones. No hay plazo establecido.

En los contratos que celebren las administraciones públicas, la adjudicación se realizará ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de (art. 131 .2 Ley 9/2017): Mejor relación calidad-precio. Mejor relación tiempo de ejecución-precio. Mejor relación tiempo de ejecución-calidad. Mejor relación tiempo de ejecución-calidad-precio.

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán aprobarse (art. 122.1 Ley 9/2017). Previamente a la autorización del gasto. Posteriormente a la autorización del gasto. Previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella. Posteriormente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella.

Según el artículo 3.3.g), se considerarán poderes adjudicadores a los efectos de la Ley 9/2017, señale la incorrecta: Las Administraciones Públicas. Las fundaciones públicas. Las entidades sin personalidad jurídica propia. Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

En el Presupuesto de gastos de la ULPGC, en la clasificación económica, el artículo 12 se relaciona con gastos de: Personal. Transferencias corrientes. Inversiones reales. Según se redacte ese artículo 12.

La clasificación económica del Presupuesto de la ULPGC atiende a: Unidad de gasto. Programación del gasto. Naturaleza del gasto. UGA y programa.

En el Capítulo 4 del Presupuesto de Gastos de la ULPGC se aplican todos los/as: Tasas y precios públicos. Operaciones corrientes. Transferencias corrientes. Gastos de Capital.

¿Cuándo se prorrogará el presupuesto ULPGC del ejercicio anterior?. Si el Presupuesto no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente. Cuando así lo determine el Consejo Social. Si el Gerente emite un informe motivado. Ninguna respuesta de las anteriores es correcta.

El proyecto de presupuesto anual de la ULPGC será elaborado por: El Director/a del Servicio Económico y Financiero. El Gerente. El Vicerrectorado correspondiente. El Rector.

El proyecto de presupuesto anual de la ULPGC se elaborará siguiendo las líneas de actuación marcadas por: El Consejo Social. El Consejo de Gobierno. El Consejo de Dirección. El Claustro Universitario.

Señale la opción que no se encuadra, en lo que se refiere a la obligación de publicar información de carácter económico, presupuestario y estadístico a la que están obligados los sujetos regulados en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en su artículo 8. Las subvenciones y ayudas públicas concedidas, con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios. Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables y las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo. Las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de los textos normativos, en particular, la memoria del análisis de impacto normativo. La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos que sean de su competencia, en los términos que defina cada administración competente.

El incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa reguladas en el capítulo 11 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, tendrá la consideración, a efectos de la aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora, (art. 9.3): Infracción grave. Infracción grave, si se tratara de un incumplimiento reiterado. Infracción muy grave. Infracción muy grave, si se tratara de un incumplimiento reiterado.

En relación con los límites al derecho de acceso a la información pública (art. 14.1) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, estos se aplicarán: Cuando suponga un perjuicio para, entre otros, la seguridad nacional, la defensa, la política económica y monetaria o la protección del medio ambiente. Cuando pueda suponer un perjuicio para, entre otros, la seguridad nacional, la defensa, la política económica y monetaria o la protección del medio ambiente. Cuando pueda suponer un perjuicio para, entre otros, el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial y la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. No existen más límites que los derivados de la protección de datos de carácter personal, por lo que solo se aplicarán límites al objeto de proteger este tipo de datos.

Tras ponderar una solicitud de acceso a información, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 16 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno ¿se puede conceder el acceso parcial a la información solicitada?. No, el acceso a la información ha de ser total, en todo caso. Sí, a juicio del funcionario o cargo público responsable de proporcionarla. Sí, si aparecen los datos de carácter personal convenientemente disociados. Sí, en los casos en que la aplicación de alguno de los límites previstos en el artículo 14 de la ley de transparencia no afecte a la totalidad de la información solicitada, previa omisión de la parte afectada por el límite, salvo que de ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido. En este caso, deberá indicarse al solicitante que parte de la información ha sido omitida.